?REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 356ª Sesión 58ª, en miércoles 6 de agosto de 2008 (Ordinaria, de 10.42 a 13.58 horas) Presidencia de los señores Ceroni Fuentes, don Guillermo,y Ulloa Aguillón, don Jorge. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia7 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 Autorización a comisión para sesionar simultáneamente con la Sala11 Visita de Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia11 V.Orden del Día. Normativa sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas. Proposición de la Comisión Mixta11 Normativa sobre transparencia del gasto electoral. Primer trámite constitucional. (Continuación)13 VI.Proyectos de acuerdo. Apoyo a postulación de Ingrid Betancourt a Premio Nobel de la Paz38 VII.Incidentes. Alcances a llamado a licitación pública para exploración geotérmica en las regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota. Oficios40 Día del Minero42 Instalación de oficina del Servicio Nacional del Consumidor en Chiloé. Oficios43 Atrasos en estado de pagos a empresas constructoras de viviendas sociales. Oficio44 Revisión de cuota de captura asignada a Sindicato Independiente de Pescadores Artesanales de Caleta ColiumoPurema en Tomé. Oficio44 Mantención de recursos para financiamiento de obras de agua potable rural. Oficio45 Programa de mejoramiento del patrimonio familiar. Oficio46 Homenaje en memoria de la secretaria parlamentaria señora Carmen Barckhahn Thomas. Notas de condolencias47 Asfaltado de camino del sector de MaquehueZanja, comuna Padre Las Casas. Oficios48 Reiteración de oficio sobre transparencia en el cobro de servicios bancarios. Oficio49 Información sobre pérdida patrimonial de la Fundación Mi Casa. Oficio50 Información sobre retiro de fondos de emergencia. Oficios50 Problemas de la pequeña agricultura del sur de Chile. Oficio51 Eliminación de cotización de salud para jubilados y montepiados. Oficios52 Pág. VIII.Documentos de la Cuenta. Mensajes de S. E. la Presidenta de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos: 1.Crea la Subsecretaría de Asuntos Indígenas. (boletín N° 6018 06) 2.Aprueba el Protocolo Bilateral al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Guatemala, en Santiago el 7 de diciembre de 2007. (boletín N° 601910) IX.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios: De la Comisión de la Cultura y de las Artes por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para realizar sesiones ordinarias simultáneamente con la Sala los días jueves, de 10,45 a 12,30 horas. Contraloría General de la República: Diputada Valcarce, responsabilidad en filtración de preinforme emitido por Contraloría Regional de Tarapacá. Diputada Sepúlveda doña Alejandra, adjudicación en Fondo de Innovación para la Competitividad. Diputado Uriarte, auditoría a proceso de adjudicación realizado por la Junta Nacional de Auxilio Escobar y Becas para monitoreo y seguimiento de Tarjeta Nacional Escolar. Ministerio de Interior: Diputado Ward, solicitud de exonerado político que indica. diputado Errázuriz, (Art. 52), participación de mapuches en actos de violencias y que hayan recibido beneficios del Estado. Ministerio de Hacienda: Diputado Burgos, información contenida en aviso comercial de institución bancaria. Diputado Jaramillo, compensación a regiones a causa de proyectos sobre financiamiento del Transantiago. Diputado Robles, homologación de remuneraciones entre funcionarios de Fundación Integra y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Diputado Duarte, política destinada a generar plan de invierno. Ministerio de Educación: Diputada Saa, fiscalizaciones a escuelas y liceos realizadas por el Departamento Provincial de Educación Santiago Norte. Ministerio de Defensa Nacional: Diputado Lorenzini, fiscalización de barcos pesqueros de gran calado, que vienen de Talcahuano. Ministerio de Agricultura: Diputada Sepúlveda doña Alejandra, revestimiento y limpieza de tranques y canales. Diputado García, estudio levantar las barreras fitosanitarias a la papa. Diputado Galilea, créditos de enlace con garantía de certificado de futura bonificación. Diputada Cristi, sanciones a pasajeros en Controles Fronterizos. Diputado Latorre, situación productores del secano costero de la Sexta Región. Diputado Salaberry, "Licitación de Ideas de Proyectos Turísticos para las Áreas Silvestres Protegidas Región Metropolitana". Diputado Sule, sobre quemas forestales ilegales, reguladas por el DS. N° 100, de 1990, del Ministerio de Agricultura. Diputado Meza, ayuda a pequeños agricultores de la Novena Región, por mergencia agrícola. Diputado Espinoza don Fidel, problemas ocasionados por empresa forestal Anchile a pequeños campesinos de la localidad de Colonia la Radio, comuna de Fresia, Décima Región de Los Lagos. Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Diputado Meza, condiciones laborales de trabajadores panificadores. Diputado Espinoza don Marcos, situación laboral y previsional de trabajadores portuarios de la Empresa Soquimich. Planta de Tocopilla. Ministerio de Salud: Diputado Quintana, médicos de urgencia que deben existir en un centro de atención primaria. Diputado Silber, importación y comercialización de leche realizada por empresa R y P, desde Uruguay. Diputada Sepúlveda doña Alejandra, normalización del hospital Chimbarongo y nuevo hospital para San Vicente. Comisión Nacional de Energía: Diputado Accorsi, normas sobre uso de filtros en buses y camiones que circulan por Región Metropolitana. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Diputado Egaña, norma de televisión digital. Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Diputado Alinco, viáticos fiscales de Prefecto de Investigaciones de la XI Región de Aisén. Proyecto de Acuerdo 540, galardón a personas que denuncian infracciones a normativa sobre medio ambiente. Ministerio de Planificación y Cooperación: Diputado Ward, bitácora de vehículos asignados al ministerio entre 2007 y 2008. Ministerio Público: Diputada Saa, conductas constatadas por la Contraloría Regional en municipio de Viña del Mar. Fiscalía Nacional Económica: Diputado De Urresti, medidas por alza de los fertilizantes. Metro de Santiago: Diputado Burgos, construcción de estación del metro en cercanías del Edificio Costanera Center. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (111) NOMBRE(Partido*RegiónDistrito) --Accorsi Opazo, Enrique --Aedo Ormeño, René --Aguiló Melo, Sergio --Allende Bussi, Isabel --Alvarado Andrade, Claudio --ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro --Araya Guerrero, Pedro --Arenas Hödar, Gonzalo --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Bobadilla Muñoz, Sergio --Burgos Varela, Jorge --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Chahuán Chahuán, Francisco --De Urresti Longton, Alfonso --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Díaz, Marcelo --Dittborn Cordua, Julio --Duarte Leiva, Gonzalo --Egaña Respaldiza, Andrés --Eluchans Urenda, Edmundo --Encina Moriamez, Francisco --EnríquezOminami Gumucio, Marco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escobar Rufatt, Álvaro --Espinosa Monardes, Marcos --Espinoza Sandoval, Fidel --Estay Peñaloza, Enrique --Farías Ponce, Ramón --Forni Lobos, Marcelo --Fuentealba Vildósola, Renán --Galilea Carrillo, Pablo --García García, René Manuel --GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Briere, Guido --Godoy Ibáñez, Joaquín --Goic Boroevic, Carolina --González Torres, Rodrigo --Hales Dib, Patricio --Hernández Hernández, Javier --Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge --Isasi Barbieri, Marta --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jiménez Fuentes, Tucapel --Kast Rist, José Antonio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leal Labrín, Antonio --León Ramírez, Roberto --Lobos Krause, Juan --Lorenzini Basso, Pablo --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Meza Moncada, Fernando --Monckeberg Bruner, Cristián --Monckeberg Díaz, Nicolás --Monsalve Benavides, Manuel --Montes Cisternas, Carlos --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz D'Albora, Adriana --Nogueira Fernández, Claudia --Norambuena Farías, Iván --Núñez Lozano, Marco Antoni --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Pacheco Rivas, Clemira --Palma Flores, Osvaldo --Paredes Fierro, Iván --Pascal Allende, Denise --Pérez Arriagada, José --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rossi Ciocca, Fulvio --Saa Díaz, María Antonieta --Sabag Villalobos, Jorge --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Sepúlveda Hermosilla, Roberto --Sepúlveda Orbenes, Alejandra --Silber Romo, Gabriel --Sule Fernando, Alejandro --Súnico Galdames, Raúl --Tarud Daccarett, Jorge --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Turres Figueroa, Marisol --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valcarce Becerra, Ximena --Valenzuela Van Treek, Esteban --Vallespín López, Patricio --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Cárdenas, Mario --Venegas Rubio, Samuel --Verdugo Soto, Germán --Vidal Lázaro, Ximena --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio --Ward Edwards, Felipe Asistieron, además, los ministros de Planificación, doña Paula Quintana, y de la Secretaría General de la Presidencia, don José Antonio VieraGallo. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.42 horas. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 53ª se declara aprobada. El acta de la sesión 54ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- ¿Habría acuerdo para autorizar a la Comisión de la Cultura y de las Artes para sesionar simultáneamente con la Sala, los jueves de cada semana, de 10.45 a 12.30 horas? Acordado. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Antes de entrar en el Orden del Día, informo a la Sala que el estado de salud del Presidente de la Cámara, diputado Juan Bustos, es de extrema gravedad. Estamos en permanente contacto con los médicos que lo atienden, a fin de conocer detalles sobre el particular. VISITA DE VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE ITALIA. El Presidente en ejercicio, señor Guillermo Ceroni, saluda y da la bienvenida al vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia y destacado profesor de filosofía política, señor Rocco Buttiglione, invitado por el Vicepresidente, señor Jorge Ulloa. Aplausos. V. ORDEN DEL DÍA NORMATIVA SOBRE OPERACIÓN DE EMBALSES FRENTE A ALERTAS Y EMERGENCIAS DE CRECIDAS. Proposición de la Comisión Mixta. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Corresponde ocuparse de la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas, y otras medidas que indica. Antecedentes: Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 508115, sesión 57ª, en 5 de agosto de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 11. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Ramón Barros. El señor BARROS.- Señor Presidente, para resolver las diferencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto en estudio, recaídas en el inciso segundo del artículo 4º y en el artículo 12, quienes integramos la Comisión Mixta, luego de una intensa discusión, concordamos el siguiente texto para dichas disposiciones: Artículo 4º, inciso segundo: “En caso de incumplimiento de la obligación señalada en el inciso anterior, la DGA denunciará la infracción ante el juez de letras respectivo, quien deberá requerir el cumplimiento dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la fecha de la notificación, bajo apercibimiento de imponer multa a beneficio fiscal por un monto de 50 hasta 500 unidades tributarias anuales. En caso de reincidencia, el juez reiterará el apremio, tantas veces como sea necesario, hasta que se dé pleno cumplimiento a la resolución referida en el inciso precedente.”. Artículo 12: “Corresponderá a la DGA requerir del juez a que se refiere el artículo 15 de esta ley, la aplicación de sanciones a los operadores que incumplan con las medidas de operación aprobadas u ordenadas, una vez declarado el estado de alerta de crecidas. Para este efecto, se aplicará el procedimiento contemplado en el artículo 16 de esta ley, y a los operadores responsables se les sancionará con multa a beneficio fiscal, desde 200 hasta 6.000 unidades tributarias anuales.”. El monto de dichas multas va desde 72 millones hasta 2.160 millones de pesos, esto es, alrededor de 4.3 millones de dólares. En consecuencia, propongo a la Sala aprobar la proposición de la Comisión Mixta. He dicho. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. El proyecto se votará al término del Orden del Día. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar las proposiciones de la Comisión Mixta, recaídos en el proyecto de ley sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas, y otras medidas que indica. Algunas disposiciones requieren el voto afirmativo de 67 señores diputados en ejercicio por contener materias propias de ley orgánica. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Aprobadas. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Despachado el proyecto. NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA DEL GASTO ELECTORAL. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Corresponde continuar el debate del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, y establece normas contra la intervención electoral. Recuerdo a la Sala que los informes de las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda se rindieron en la sesión de ayer. Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy. El señor GODOY.- Señor Presidente, el proyecto es de gran importancia para el país, por varias razones. En primer lugar, pretende eliminar la intervención electoral. En segundo lugar, transparentar y controlar el gasto electoral. Por último, modernizar el sistema de inscripción electoral y el Servicio Electoral. Cabe hacer presente que la intervención electoral se hace con recursos públicos, del Estado, de todos los chilenos. Muchas veces esos recursos, en vez de llegar a las personas que realmente los necesitan, son utilizados con el ánimo de torcer la voluntad popular y, en el fondo, de dañar la democracia. Se dice que en 2004 y 2005 se gastaron 380 millones de pesos en programas de generación de empleo. Sin embargo, hay que aclarar que ese dinero no se utilizó para dar empleo a gente que realmente necesitaba poner el pan sobre su mesa, sino para pagar a personas que trabajaron en comandos de candidatos del gobierno de turno. Se dice que se gastaron 400 millones de pesos en Chiledeportes. Pero ese dinero no se gastó en las asociaciones de fútbol Alejo Barrios u O’Higgins de Valparaíso, para combatir el consumo de droga entre los jóvenes o para apoyar a don Roberto Echeverría, que gana 200 mil pesos mensuales, quien nos representará en los Juegos Olímpicos de Beijing como maratonista, sino en campañas electorales cercanas al gobierno de turno. El Presidente Lagos inauguró el tren al sur cinco días antes de la elección y dijo que se contaría con un medio de transporte expedito. Sin embargo, al mes nos dimos cuenta de que se trató de una inauguración fantasma y, al final, esa empresa ha perdido más de 1.300 millones de dólares de todos los chilenos. En 2001, se nos prometió en Valparaíso que con la inauguración del acceso sur se pondría fin al flujo de los camiones de entre 18 y 40 toneladas que transitan por el centro de la ciudad. Estamos en 2008 y todavía se mantiene esa situación. Ese acceso ha sido inaugurado en más de cuatro ocasiones por diferentes personeros del gobierno. En suma, esos recursos, que debieron usarse para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fueron a parar a campañas electorales, con lo cual se buscó torcer la voluntad popular. No soy yo quien está poniendo el asunto en el tapete, dado que dichas irregularidades son investigadas por los tribunales de justicia. Incluso más, durante la semana en curso, la Presidenta de la República envió un instructivo a los funcionarios públicos para que no se cometa más intervención electoral. En cuanto al tema de fondo, ¿el proyecto apunta en el sentido de terminar con la intervención electoral? Lamentablemente, no es así, porque lo que hoy se plantea como una novedad a fin de controlar la intervención electoral, ya está consagrado en otras normas sobre probidad. Por lo tanto, las normas que se proponen carecen del impacto que deseamos y necesitamos. Al respecto, la Alianza por Chile ha demostrado su mejor disposición y presentó varias indicaciones para, por ejemplo, impedir inauguraciones y donaciones en los sesenta días previos a la realización de elecciones. Sin embargo, los diputados de la Concertación votaron en contra de ellas. Así ocurrió, por ejemplo, con la que tenía por objeto que autoridades, como ministros, subsecretarios, gobernadores, intendentes, etcétera, no pudieran hacer campaña electoral, y lamentablemente el Ejecutivo no quiso hacerla suya. En ese sentido, nos preocupa su falta de voluntad para terminar con la intervención electoral. En relación con el control y el gasto electoral, aquí se han rasgado vestiduras y se ha intentado tender un manto de dudas sobre personas jurídicas y empresas privadas, tratando de vincularlas con hechos de corrupción y que pretenderían manipular, por medio de sus aportes, a parlamentarios o políticos. ¡Eso es totalmente falso! Lo que hoy está en cuestión son las empresas públicas. Cuando presentamos indicaciones para que empresas como Codelco, Ferrocarriles del Estado y la Empresa Nacional del Petróleo sean más transparentes, los diputados de la Concertación volvieron a votar en contra. ¿Qué ocurre hoy? En el país, las personas se agrupan en forma libre para enfrentar distintos desafíos. Sin embargo, los parlamentarios de la Concertación no quieren que esas agrupaciones aporten a campañas electorales. ¿Por qué? Simplemente, porque desean dictar una ley para financiar a los partidos políticos con plata de todos los chilenos. El Estado tiene una función fundamental, cual es generar igualdad de oportunidades a fin de luchar contra las inequidades que se producen en nuestro diario vivir. Pero ese proyecto de ley busca financiar a los partidos. Al respecto, cabe preguntar qué pasa con los independientes. Debería permitirse la existencia de la mayor gama de candidatos posibles, para que el ciudadano tenga la posibilidad de elegir entre muchos. Con ese proyecto se busca todo lo contrario. Por lo tanto, de nuevo vemos que el Gobierno y la Concertación, en vez de buscar el control y la transparencia en el gasto electoral, sólo apuntan a la generación de mecanismos para perpetuarse en el poder, lo cual nos tiene en conflicto permanente. Por otro lado, el proyecto en estudio plantea modernizar y mejorar el sistema de inscripción electoral y el Servicio Electoral, al cual se entregan nuevas obligaciones. Al respecto, cabe recordar que hace algunas semanas se inscribieron alrededor de 12 mil candidatos a las elecciones municipales. El Servicio Electoral subió a su página web una determinada nómina de candidatos, la que fue bajada pocas horas después, porque estaba incorrecta. Si el Servicio Electoral carece de capacidad para enfrentar sus obligaciones, es un error enorme la pretensión de entregarle, entre gallos y medianoche, nuevas obligaciones. Nuevamente, el Gobierno está legislando a última hora, encima de una elección, en circunstancias de que todas las materias a que me he referido las estamos viviendo desde 2001. El acceso sur se inauguró en ese año, oportunidad en que se prometió que el 2005 estaría listo. Sin embargo, los camiones todavía circulan por el centro de nuestra ciudad. Lo único acertado es que el ministro VieraGallo retirara la urgencia al proyecto para estudiarlo en segundo trámite reglamentado en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo. Al respecto, anuncio que renovamos varias indicaciones en el ánimo de buscar su perfeccionamiento, porque nuestro rol es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando se utilizan fondos del Estado no en beneficio de quienes los necesitan, sino para campañas electorales, se hace lo contrario de lo que se espera. Por lo tanto, llamo a la Concertación y al Gobierno a elaborar una buena ley, que beneficie al país, porque nuestro norte es impedir que cualquier gobierno, de la Alianza como esperamos que sea el próximo o de la Concertación, realice intervención electoral. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, es imprescindible que en nuestro sistema político exista una legislación que asegure la actuación proba y transparente de quienes asumirán la representación de la ciudadanía. Si bien la moral no se impone por ley, porque es una cuestión de actitud y de valores, es necesario contar con normas jurídicas que permitan regular el comportamiento de las personas que actúan en el ámbito político. Transparencia y probidad son cada vez más demandadas por nuestra sociedad, sobre todo a los actores políticos. Por ello, debemos legislar con calma, reflexión y profundidad sobre estas materias, porque en ellas está en juego el prestigio de la política, de los políticos, sus actores principales, y de nuestro régimen político. El proyecto que se somete a nuestra consideración, si bien apunta al meollo de la cuestión, es decir, asegurar que en el ejercicio de la política se actúe con probidad y transparencia, adolece, a mi juicio, de algunas debilidades que es necesario enmendar. Sobre este aspecto, quiero hacer un paréntesis. Las legislaciones de países vecinos apuntan también hacia ese mismo objetivo. He tenido oportunidad de conocer la legislación que impera en Argentina, donde existe financiamiento a los partidos políticos, pero también estrictas normas sobre la forma como hacer uso de él. Lo mismo ocurre en Brasil, Uruguay, Paraguay y en otros países de América del Sur. De modo que no es una cuestión ajena ni en la cual estemos en la vanguardia. Entrando en materia, anuncio que junto con el diputado señor Jorge Burgos presentaremos algunas indicaciones que dicen relación especialmente con las penas que se impondrán a quienes infrinjan la transparencia y la probidad en la rendición de los ingresos y gastos de campaña. A este respecto, considero insuficiente la pena estipulada en el artículo 27 B para el administrador electoral que presentare cuentas de ingresos y gastos maliciosamente falsos, de presidio menor en sus grados mínimo a medio, es decir, de 61 días a 3 años. A mi juicio, las personas que defraudan al Estado e incorporaran fraudulentamente a su patrimonio dineros estatales que no les corresponden, deben merecer las sanciones más drásticas, por cuanto burlan la fe pública, ponen en cuestión la credibilidad del sistema político y, en definitiva, perjudican la acción política que, con todos sus defectos y cualidades, contribuye al engrandecimiento y desarrollo de nuestro país. Asimismo, me parece insuficiente la pena que se aplicará al candidato que, a sabiendas, ocultare parte de los gastos electorales que hubiere realizado. No puede recibir la misma pena que la aplicada al administrador electoral. En efecto, el candidato involucrado en matufia, fraude o hurto de dineros al Estado debe recibir sanciones mucho más drásticas que las contempladas actualmente en el proyecto. Incluso más debe ser objeto de una pena accesoria de inhabilitación temporal para ocupar cargos u oficios públicos, por lo menos en su grado medio a máximo, es decir, de 5 a 10 años, porque una persona que actúa en forma dolosa para burlar al Estado y apropiarse de sus recursos no puede seguir desempeñándose en el ámbito estatal. El artículo 27 E fija penas accesorias al disponer que “Los condenados por los delitos establecidos en los artículos anteriores, no podrán desempeñarse como administradores electorales o Administradores Generales Electorales, ni percibir el financiamiento público a que se refiere el párrafo 2º de esta ley, durante un plazo de cinco años”. Concuerdo con la disposición, porque esa clase de acción resta categoría moral para recibir una remuneración del Estado a quien trata de defraudarlo en forma dolosa. El artículo 27 F señala que “Los candidatos y partidos políticos que se hubieren beneficiado de los delitos a que se refiere este párrafo deberán restituir los aportes públicos indebidamente percibidos”. La norma no se limita a la reparación del daño causado, que es lo mínimo que puede hacer una persona que ha incurrido en una falta o delito, puesto que también establece penas accesorias, como multas severas, con el objeto de impedir que se repitan esas situaciones. En definitiva, creemos que esta iniciativa hará bien a la política y a los actores políticos, los cuales estarán obligados a transparentar cada vez más los gastos de sus campañas y a dar a conocer a quiénes los apoyan desde el punto de vista pecuniario. Al mismo tiempo, resguardará ante la ciudadanía que los candidatos, que serán sus representantes populares si posteriormente son elegidos, no incurran en situaciones dolosas o fraudulentas. Lo que vivimos en la última elección parlamentaria, con casos de vasta connotación, no se debe repetir. En general, la política debe ser transparente y contar con grandes demandas y exigencias en materia moral, con el objeto de que quienes ejercemos esta actividad mantengamos la credibilidad ante la ciudadanía de que la actuación política es responsable y proba. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, como bien se ha dicho en la Sala, éste es un proyecto muy importante. Pero es conveniente hacer un poco de historia. La legislación que regula el gasto electoral es reciente, al punto de que hemos enfrentado sólo dos elecciones con ella. La iniciativa que hoy analizamos, originada en mensaje del Ejecutivo y enriquecida con algunas indicaciones parlamentarias, nace a raíz de ciertas irregularidades que se presentaron en las rendiciones de gastos de la última campaña electoral, en la que se utilizaron facturas falsas. Al respecto, nuevamente se hace un gran cuestionamiento sobre el financiamiento de la actividad política, tema que, por décadas, originó una permanente discusión y nunca se pudo llegar a formular un proyecto que pudiera abordarlo. Respecto del financiamiento de las campañas políticas, cabe recordar que la iniciativa surgió tras la formación de un grupo integrado por 25 personas de distintos institutos de estudios y que representaban a diferentes sectores políticos, encabezado por el investigador Salvador Valdés, del CEP. Dicha instancia hizo una propuesta concreta al Presidente Lagos que constituyó la base del proyecto. Indudablemente, éste es perfectible, pero hay que proceder con cierta altura de miras y no cuestionar todo, porque, si se mira desde un punto de vista objetivo, se trata de una iniciativa bastante aceptable. Al respecto, es muy interesante analizar las intervenciones de todos los estudiosos que plantearon las alternativas en la Comisión, de manera de ver cómo corregir sus imperfecciones. Sin embargo, hoy estamos enfrentados a dos grandes áreas de discusión. En primer lugar, se deben transparentar las platas en política, lo que no ocurre. Hoy, estamos tratando de perfeccionar el aspecto que dice relación con la rendición de los gastos políticos, materia que en el pasado se prestó para una serie de irregularidades, a raíz de lo cual se hicieron las modificaciones. En segundo lugar, es necesario establecer normas contra la intervención electoral. En ese sentido, la proposición del Ejecutivo es bastante modesta. Como señaló el diputado señor Godoy, existe una enorme cantidad de formas de intervención electoral, que han sido utilizadas en todas las elecciones por la Concertación. En ese sentido, a mi juicio no se ha actuado con generosidad y profundidad para ahondar sobre esa materia. Por ello, estimo necesario perfeccionar el proyecto, para lo cual debe volver a Comisión. El Ejecutivo señaló que no será posible aplicar las disposiciones recogidas en el proyecto en las próximas elecciones municipales. Sin embargo, lo importante es consensuar una iniciativa que significara un paso muy importante en la materia que nos convoca, pues resulta muy sano transparentar los gastos electorales. En una de las intervenciones pronunciadas en la Comisión de Gobierno Interior se señaló lo siguiente: “El 6 de diciembre de 2006 el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que dice buscar el aumento de la calidad política. Este propósito es loable, pues según una encuesta del CEP, en diciembre de 2006 el 73 por ciento de los encuestados opina que, en general, los candidatos financian sus campañas políticas a través de prácticas ilegales”. En consideración a lo anterior, es necesario aplicar medidas prácticas, por cuanto si se limitan en exceso las formas de financiamiento electoral, se dará pie para que se produzcan hechos irregulares. Por último, como bien señaló el diputado señor Dittborn, estamos ejerciendo un autocontrol en esta materia. Prueba de ello es que algunas disposiciones del proyecto se relacionan con acortar las campañas y limitar los tipos de mensaje. Al hacerlo, se nos critica el hecho de que no dejamos que otros actores participen en las campañas electorales en igualdad de condiciones con quienes legislamos sobre la materia, pues por medio del proyecto, por ejemplo, restringimos la difusión de propaganda radial, material gráfico, etcétera. En tal sentido, debemos ser cuidadosos y no imponer límites que afecten a quienes desean entrar a la actividad política en forma legal. Por lo anterior, votaré favorablemente el proyecto en general, a fin de que vuelva a la Comisión para estudiar su perfeccionamiento. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, se ha pospuesto el tratamiento del financiamiento de los partidos políticos. El proyecto en discusión fortalece los mecanismos de control del gasto electoral, refuerza la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales y evita la intervención electoral indebida por parte del Estado. El espíritu de la iniciativa refleja la necesidad de transparentar las acciones que se llevan a cabo en política, sobre todo en época de elecciones. En este caso, por tratarse de autoridades que ejercerán sus cargos como consecuencia de la elección popular, si ésta no se lleva adelante con transparencia, aquéllas no estarán legitimadas, pues el proceso no se habrá llevado adelante en forma limpia, competitiva y transparente. En tal sentido, es necesario ser cuidadosos, a fin de que las disposiciones del proyecto no alteren la transparencia ni el espíritu que lo anima. En cuanto al contenido del proyecto, éste se ocupa, por ejemplo, de regular los gastos menores. Como es sabido, en las campañas electorales resulta dificultoso chequear facturas, boletas y documentación afín. Sobre el particular, se señala que los candidatos no estarán obligados a rendir documentadamente estos gastos, salvo que excedieran el 20 por ciento del límite total autorizado. Otro punto que aborda la iniciativa se refiere a la relación laboral que vincula a candidatos con personas que colaboran de manera esporádica en sus campañas. Al respecto, cabe agregar que no son pocos los candidatos demandados por incumplimiento de contrato, en circunstancias de que no ha habido espíritu de contratación permanente. Por otro lado, se regulan los derechos de las personas que brindan servicios permanentes durante las campañas. Asimismo, el proyecto prohíbe a los candidatos efectuar erogaciones o donaciones que estén dirigidas al pago de los servicios de consumos básicos de los electores, o entregar a éstos alimentos u otros bienes o especies, pues con esto se pretende introducir un cohecho encubierto. Con todo, falta precisar que no deben estar afectas a dicha prohibición las especies relacionadas con el marketing, tales como llaveros u otras. Por otra parte, establece que las candidaturas presidenciales y parlamentarias, las candidaturas a alcaldes y concejales en comunas de más de diez mil electores y los partidos políticos, sólo podrán efectuar pagos por concepto de gastos electorales a los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores, con el propósito de dar fe a la facturación y demostrar que se ha efectuado determinado gasto. Asimismo, estoy de acuerdo con que las personas jurídicas no puedan efectuar aportes a las campañas electorales. En cuanto a las sanciones penales introducidas por el proyecto, debemos discutirlas más a fondo y efectuar las correcciones pertinentes. Estas se relacionan con la comisión de fraudes o adulteración de información relativa a gastos. Con todo, estos delitos también son penados por otras normativas, como la tributaria. No debemos perder de vista que esta normativa, que garantiza la transparencia y el juego limpio, se relaciona con no legitimar a candidatos que accedan ilegítimamente a un cargo. Sin embargo, el proyecto permite que los candidatos sobrepasen largamente el gasto electoral permitido. Es cierto que si lo hacen, deberán pagar la multa correspondiente; pero no por ello dejarán de hacer trampa, pese a lo cual es muy probable que resulten igualmente elegidos. En tal sentido, el proyecto debiera fijar sanciones más drásticas, incluso la pérdida del cargo en casos extremos o la inhabilitación para ejercer cargos públicos, aun cuando el candidato resulte elegido. Reitero: al candidato que cuente con los recursos necesarios para hacer trampa no le importará pagar la multa que fije la ley, pues de todos modos ganará la elección, aun cuando logre ese objetivo en forma fraudulenta. Por último, el proyecto prohíbe expresamente cualquier intervención del Estado en las campañas electorales. De hecho, estipula que los funcionarios públicos no podrán, en sus horarios de trabajo, realizar actividad política alguna. Pero la enumeración de un conjunto de prohibiciones para los funcionarios públicos no tiene por qué afectar a los ciudadanos que no tienen tal calidad. Al respecto, ocurre que la interpretación que autoridades y funcionarios dan a esa norma, en distintas partes del territorio nacional, es que tampoco los ciudadanos comunes pueden participar en actividades políticas, mucho menos en espacios de uso público pertenecientes a municipios o, eventualmente, al sector público, en circunstancias de que hay localidades que sólo disponen de un gimnasio o de una escuela para que la comunidad se reúna. Este proceso democrático, que hemos privilegiado y que cada vez estamos perfeccionando más, pretende establecer la forma como los ciudadanos pueden participar. Para estos efectos, los recintos públicos deben abrirse a la comunidad, de manera que los candidatos den a conocer sus propuestas en igualdad de condiciones. Podemos crear una reglamentación que permita regular esta materia. ¿De qué otra manera legitimamos un proceso democrático e informado, en el cual cada uno de los ciudadanos electores pueda conocer efectivamente dichas propuestas? Se deben facilitar los recintos existentes, especialmente en zonas del sur, por ejemplo, donde llueve nueve meses del año. De lo contrario, si a un candidato le toca ir en un día de lluvia a una localidad que no dispone de un local donde reunirse, no existirá posibilidad alguna de que sea escuchado. Entonces, ¿cómo los ciudadanos tendrán mejor información para elegir? De manera que el proyecto deberá contener un articulado que establezca que las autoridades facilitarán los recintos, en igualdad de condiciones, a todos los candidatos que soliciten su uso, no obstante las prohibiciones para que los funcionarios públicos ejerzan actividades políticas, favorezcan indebidamente a algún candidato o usen bienes del Estado para una campaña determinada. Por las razones expresadas, es bueno que el proyecto vuelva a la Comisión, con el objeto de que podamos efectuar las indicaciones que perfeccionen su texto y, en definitiva, el proceso demócratico. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, este es un proyecto largamente esperado por todos los parlamentarios, pero, por desgracia, un poco tardío. Después de analizarlo, me trajo a la memoria cuando todos hablábamos sobre la regionalización del país. No hay un solo parlamentario que esté en desacuerdo con ese proceso, porque la autonomía de las regiones es un bien esperado por todos. Pero, ¿cuál ha sido la principal traba de la regionalización? El Gobierno, porque perdería poder. Por eso, no le conviene la regionalización y centraliza todo en Santiago. ¿Por qué digo esto? Porque ahora ocurre lo mismo. Aquí se dice de que no habrá intervención electoral, que se podrán ocupar todos los locales disponibles, que los funcionarios públicos no podrán realizar actividades políticas dentro del horario dedicado a sus labores. ¡Fantástico! Pero eso no es así. Me ha tocado lidiar en varias compañas contra todo el aparataje de gobierno. Pero qué le vamos a hacer; será parte de las reglas del juego. Ahora se alzan voces sobre la transparencia, en circunstancias de que las bancadas de la Concertación son las que más han ocupado al gobierno en sus proyectos y propósitos electorales. Así, por ejemplo, cuatro o cinco días antes de una elección paraban toda una comuna y representantes de Chiledeportes llegaban a decir a la gente que gracias al diputado tanto les entregarían camisetas. Eso es intervención electoral. En mi distrito, quince días antes de las elecciones, el Indap empezaba con la fiebre de entregar bonos de cien mil pesos. ¿Eso no es intervencionismo electoral? Los colegas conocen lo que estoy diciendo. Entonces, no rasguemos vestiduras diciendo que ahora viene la transparencia. Se dice que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña política. Sin embargo, si los colegas analizan la lista de candidatos a concejales, advertirán que entre ellos figuran funcionarios públicos que están ejerciendo; incluso más, en la actualidad algunos entregan pensiones asistenciales. Eso es mucho más perverso. Si eso no es intervención, si no es estar metido en este aparataje, no sé qué es. Una cosa es el control de gastos en eso estoy de acuerdo de manera que existan limitaciones, pero no vengan a decir que no habrá intervención electoral. Al respecto, la Presidenta de la República envió un instructivo en el sentido de que no se ocupen autos fiscales y los funcionarios públicos no hagan proselitismo durante su jornada de trabajo. Después de veinte elecciones que ha habido en el país se dan cuenta de eso. Lo que buscamos con esto es que todos los candidatos estén en igualdad de condiciones y no se den privilegios a uno u otro sector. Si el Gobierno, por ejemplo, decide pavimentar un camino en una determinada comuna, esa obra se la atribuyen a un determinado diputado. Entonces, el seremi llama a algún dirigente y le dice al oído: vaya a hablar conmigo tal día. El dirigente concurre a la cita y se le explica lo del mejoramiento del camino, pero dejando en claro que lo consiguió tal diputado. Después, el dirigente afirma: tuvimos una reunión y, gracias al diputado equis, conseguimos este puente, este camino, estas casas, este pavimento participativo. Eso es claramente intervencionismo. Alabo mucho la “generosidad”, “transparencia” y “equidad” de las autoridades de Gobierno. Cuando hay inauguraciones, éstas se llevan a cabo los viernes o sábados, y las invitaciones nos llegan el viernes en la mañana. A los otros, en cambio, un mes antes, porque han hecho con ellos la distribución de todas las entregas. Por lo tanto, no vengan a hablar de transparencia, cuando las propias bancadas de la Concertación se mueren de lata al hablar de lo que no sienten y de referirse a una cosa que echarán mucho de menos. ¡Miren que curiosidad! En la Novena Región, hoy todo el mundo se da cuenta de lo ocurrido con las platas del Indap para la sequía. Sacaron las platas de los programas para los suelos degradados, aprobadas por el Congreso Nacional para compensar los perjuicios que ocasionaría la firma del Mercosur. Se reconoce que se sacaron esos recursos y que no se podrán reponer. Ahí quedaron todos los agricultores. Entonces, ahora los parlamentarios de la Concertación empiezan a levantar su voz para expresar que arreglarán el problema. Pero ya pasó el tiempo de siembras y, otra vez, no se tendrán esos dineros. En definitiva, para el otorgamiento de diversos beneficios, siempre se ha ocupado el aparataje de gobierno. Esto no se va a terminar, porque está encubierto. La Cámara de Diputados gasta millones de pesos para mejorar su imagen y mire lo que pasa. Cuando aprobamos por unanimidad el proyecto de reforma previsional, el Gobierno se llevó los honores y dijo que lo logró gracias a la Concertación, en circunstancias de que todos lo apoyamos. Incluso, como se recordará, Piñera propuso la iniciativa en su campaña presidencial y lo trataron de demagogo. Pucha que tenía razón. Hoy, felizmente, se están entregando las pensiones. Basta con que un proyecto no dé resultados para que la Presidenta de la República exprese que los políticos no lo aprueban, en circunstancias de que ella es quien maneja las urgencias. Algunos se refieren a los políticos como si ellos no lo fueran. Políticos son los senadores, los diputados, los concejales, los alcaldes, los seremis, los gobernadores, los intendentes. Entonces, ésa es una presión indebida que se ejerce en especial durante los períodos previos a las elecciones. Una candidata a alcaldesa de la Concertación entre paréntesis, es asistente social; gran profesión, lo digo de verdad fue nombrada a cargo de obras de infraestructura de la región de La Araucanía en el sector lacustre. Por lo tanto, ella anuncia todas las obras: que consiguió tal camino, que consiguió tal puente, que consiguió esto y lo otro, a sabiendas de que está participando en actos políticos. Eso se llama intervención, ni siquiera encubierta, sino descarada. Otra preocupación dice relación con que no existan inauguraciones en período de elecciones. Uno podría compartir o no la prohibición de inaugurar obras durante las campañas; pero la pregunta es qué hacer, entonces, con poblaciones que coincidentemente están listas para ser entregadas uno o dos meses antes de las elecciones. ¿Acaso esa gente, que ha esperado por años sus casas, tendrá que esperar que pasen las elecciones para que se inauguren sus poblaciones? Me parece que no. Por eso, habrá que decir a la gente que la población se inaugura gracias a un proyecto de Gobierno, que el Congreso Nacional aprobó los respectivos presupuestos y todas esas cosas. Respecto de la transparencia, de parte del Gobierno no la ha habido ni la habrá. En materia de gasto electoral, el aparataje estatal de propaganda está guardado bajo 7 llaves. Sabemos que varias instituciones del Estado, en sus gastos de publicidad, incluían un recorte para propaganda de las candidaturas presidencial y parlamentaria. Así se ha estado trabajando. La gente está cansada de las discusiones. Sabe que esto no parará porque el Gobierno no está defendiendo la transparencia, sino los puestos de trabajo de quienes se desempeñan en él. Al Gobierno no le interesa la transparencia, porque sabe que todo lo que hace es correcto para mantener el poder. Se dice que los candidatos no podrán hacer erogaciones o donaciones que consistan, por ejemplo, en la entrega de alimentos o de juegos de camisetas. La pregunta es si los parlamentarios ayudan con alimentos o juegos de camiseta sólo en períodos de campaña o es algo que hacen en forma permanente con la gente que necesita. Señor Presidente, si en pleno período de elección una familia que necesita me pide una colaboración, se la daré, aunque pierda mi cargo de diputado; me importaría un pepino perderlo si fuere por ayudar, por ejemplo, con 20 mil pesos a una familia que tiene un hijo enfermo terminal, de manera que puede comprar remedios. Tendría que ser un carajo para no ayudar a esa familia, independientemente de cual es su decisión al momento de votar. Sólo un descriteriado prestaría ayuda a cambio del voto. Repito, no podría negar mi ayuda a una familia que a ojos vista, necesita de ella. Imaginemos a una familia rural que logra, después de años, que la Teletón atienda a su hija minusválida, pero que no tiene plata para el pasaje. ¿Creen que debido a que la ley me lo prohibirá no lo compraré? Lo haré, aunque pierda mi cargo de diputado. Por eso, la ley debe dejarnos un espacio para ocupar el criterio. No estoy de acuerdo en el pago de servicios como electricidad, agua potable o gas. Sin embargo, todos los diputados presentes tenemos algo de humanitario. Por lo tanto, debemos usar el criterio al momento de ayudar a personas que realmente lo necesitan. Esto me atora; no hablo de remedios ni de pesos más o pesos menos, sino de vidas humanas, de esa señora lo he vivido que llega con su hija asmática, que no puede caminar porque le falta esa bombita para respirar, que cuesta bastante dinero. ¡Perdónenme, pero no creo que algún diputado vaya a negar su ayuda para un caso como ese, aunque estemos en período de campaña! Todos hemos ayudado en tales circunstancias. La pregunta es si lo hemos hecho de corazón. El mejor acto de transparencia de un parlamentario, de un alcalde o de un concejal es ser un servidor que jamás pregunta a qué partido pertenece o qué credo religioso profesa la gente. Las necesidades de las personas no tienen color político y la mejor ley contra la intervención son el criterio y la voluntad de hacer las cosas de cara el país y no en beneficio de alguna coalición. Por eso y porque estamos por la plena transparencia, votaremos favorablemente la idea de legislar. Después, con las indicaciones correspondientes, mejoraremos el proyecto, de manera que los candidatos de todas las coaliciones tengan las mismas oportunidades que tuvieron quienes hoy ocupan los cargos en disputa. He dicho. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente, la discusión del proyecto se inició el 13 de diciembre de 2006. Por eso, no peco si destino algunos minutos a responder algunos dichos del diputado señor René Manuel García, que no puedo dejar pasar. La semana pasada, Renovación Nacional usó los bienes públicos del municipio de Vitacura para iniciar la campaña municipal. Supongo que a eso se refería el diputado García cuando habló de usar los bienes públicos con fines electorales. Yo no hago escándalo por eso ni rasgo vestiduras con grandes discursos a fin de denunciar esos hechos, porque los bienes públicos deben estar al servicio de la voluntad ciudadana y de su formación. No soy de los que alega en Incidentes o en las reuniones con los ministros porque no me invitan a las inauguraciones. Normalmente, el alcalde de mi comuna, La Florida, hace inauguraciones entre martes y jueves, que es cuando estoy aquí en la Cámara, donde tengo ciento por ciento de asistencia. Por eso, casi nunca soy invitado a esas inauguraciones. Sin embargo, reitero, no rasgo vestiduras por eso ni atribuyo a otras cosas inapropiadas. Prefiero destacar el espíritu con que hemos estado trabajando en la Comisión, en procura de una mejor democracia y un mejor sistema electoral, que fortalezca nuestra convivencia y posibilite resolver nuestras controversias con respeto y cierta seriedad. En ese sentido, los actos públicos en democracia deben ser igualitarios. No cabe duda de que la publicidad que buscamos para la democracia es distinta al secretismo que tuvimos durante años en Chile y que también por años hemos tenido que perseguir en los tribunales. Entonces sí hubo secreto, incluso leyes secretas, al extremo de que aún ignoramos muchas cosas. Hoy buscamos profundizar la publicidad de los actos públicos, y hemos trabajado en serio para eso. Por eso, me molesta escuchar ciertas intervenciones en esta Sala, no por los juicios políticos que se hacen, sino por las descalificaciones al trabajo que, durante más de año y medio, hemos desarrollado trece diputados intentando construir acuerdos para contar con un mejor sistema electoral y una mejor forma de financiamiento y de control del gasto en política. El fortalecimiento de los mecanismos de control del gasto es una tarea en la cual todos debiéramos concordar. No hablo de la ayuda solidaria que cualquier persona bien nacida brinda a otra en situación de necesidad, sino de la entrega de medicamentos, alimentos, lentes, etcétera. El país ha sido testigo de la utilización de esa herramienta durante las compañas, que no es sino una forma encubierta de cohecho, práctica que debemos erradicar de la democracia chilena. De eso estamos hablando y eso queremos perseguir. En eso nos pusimos todos de acuerdo, lo que valoro enormemente. Por lo tanto, me molesta cuando se intenta ridiculizar una discusión sería como ésta. Hace algún tiempo, con ocasión de la utilización de las facturas de Publicam, caso que afectó la pasada campaña presidencial y parlamentaria, todos estuvimos de acuerdo en la necesidad de hacer transparencia y regular y mejorar los mecanismos de control del gasto. Me alegra saber que el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Electoral, en conjunto, establecieron un procedimiento mediante el cual los candidatos podrán verificar la pertinencia de sus proveedores y de las facturas que éstos emiten. Así vamos fortaleciendo la democracia. También nos hemos puesto de acuerdo para fortalecer los instrumentos que evitan la intervención electoral a nivel central y también local; porque, digámoslo con claridad, es un pecado no sólo de algunos, sino que afecta de manera transversal y hace mal a la democracia. Es verdad que rechazamos indicaciones. Los diputados Egaña y Godoy se refirieron sobre el particular. Pero debemos aclarar que muchas de las que votamos en contra eran inadecuadas, por lo que las sustituimos por otras, que corrigen los defectos de la iniciativa e incorporan a la discusión elementos que nos parecen sanos y positivos. Por supuesto, es necesario regular la acción de los empleados públicos pero con pleno respeto de sus derechos, para evitar el mal uso de la función pública que les otorga la sociedad. Queremos regular todas las inauguraciones del gobierno central, para que no se conviertan en un instrumento ilegítimo durante las campañas, pero también las de las municipalidades, porque hay de todo. Debemos regular la entrega de servicios y de beneficios en el ámbito de las políticas públicas, para evitar que la entrega de subsidios, de las llaves de las casas, etcétera, se usen con finalidades impropias en el contexto del proceso electoral. El proyecto de ley constituye un gran avance en todos estos ámbitos. También creemos necesario reforzar la transparencia en el financiamiento de la política. Al respecto, se debe poner el acento en algunas cosas que se han transformado en un grave problema en otros países. La política debe ser una actividad valorada; pero, al mismo tiempo, debe estar blindada como se dice hoy de la penetración de fuentes de financiamiento impropias. Por eso, el financiamiento de los partidos políticos con recursos públicos se convierte en una necesidad para garantizar que no entre a Chile la narcopolítica. El financiamiento de las campañas y las candidaturas constituye una herramienta insustituible y esencial para evitar que las fuerzas de la droga y del terrorismo influyan impropiamente en la vigencia y en el funcionamiento del sistema democrático chileno. Alguien me podría decir que eso no ocurrirá en Chile. Perdónenme, pero ha sucedido ya en demasiados países, por lo que no creo que no ocurra en Chile. A mi juicio, es necesario reforzar de manera muy fuerte los instrumentos de control del gasto de la actividad política. Por eso, me alegro de que mediante el proyecto se cree la Subdirección de Control del Gasto Electoral al interior del Servicio Electoral, repartición que tendrá facultades para auditar los gastos electorales. Espero que también tenga facultades para auditar los balances de los partidos y sus fuentes de financiamiento, porque, hablemos en serio, esto constituye el eje central y la esencia misma de un principio básico que rige nuestro ordenamiento jurídico, que es la igualdad de todos los hombres y mujeres en la convivencia social. No es posible que accedan a la política sólo los que tienen plata y que puedan funcionar sólo los partidos que tienen mecenas privados para su financiamiento. ¡No puede ser! ¡No es justo ni democrático! Agradezco a todos los miembros de la Comisión de Gobierno Interior, con quienes trabajamos durante más de un año y medio para elaborar este primer informe. Al respecto, anuncio que tenemos la mejor disposición para seguir trabajando, porque creemos que el proyecto apunta a fortalecer y mejorar la democracia, que regula la convivencia de los chilenos. He dicho. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward. El señor WARD.- Señor Presidente, vamos a votar a favor de la idea de legislar, porque estimamos que hay concordancia plena en cuanto a la existencia de un problema relacionado con el gasto electoral. También creemos que hay consenso en relación con las soluciones generales que se plantean por medio del proyecto de ley y la oportunidad legislativa. Es decir, la Sala está de acuerdo con la idea de legislar, por lo que, con seguridad, el proyecto será aprobado en su primer trámite reglamentario. Sin embargo, diputados de distintos sectores han presentado una serie de indicaciones, por lo que resulta muy razonable, justo y positivo que la iniciativa vuelva a discutirse en la comisión técnica. El proyecto aborda el aspecto relacionado con el gasto electoral, es decir, la relación entre el dinero y la política, aunque a veces esta frase se utiliza para denostar o para otro tipo de situaciones. Al respecto, el proyecto contiene artículos positivos, por lo que vamos a respaldarlos, y se han formulado indicaciones que lo perfeccionan. Pero hay un tema de fondo que no podemos delegar al Senado, a los parlamentarios del próximo período o al Gobierno. Llevamos dieciocho meses hablando de dinero y política. Creo que es necesario cambiar el eje, ya que no podemos seguir pensando que una buena campaña es exclusivamente aquella en que se rayan muchos muros, se ponen muchas palomas encima de los techos de las poblaciones y se hace mucha propaganda política a través de los medios de comunicación. Creo necesario, justo y razonable entregar más información a los ciudadanos, para que sepan que hay coaliciones, partidos políticos y personas que consideramos que el aborto es un delito y que otros estiman que es un derecho; que algunos pensamos que los padres y los profesores son mejores educadores, y otros creen que el Estado es el mejor educador. Es necesario que se note nítidamente la diferencia existente entre quienes valoramos la libertad y el libre emprendimiento, y quienes prefieren las regulaciones del Estado. En las campañas no estamos haciendo eso. La información que reciben los ciudadanos es completamente asimétrica e incompleta. Durante muchos años nos hemos dedicado a analizar las relaciones entre el dinero y la política, y a mejorar aspectos que tienen que ver con el gasto electoral. Ahora, creo necesario abordar la discusión de fondo, que dice relación con dicho cambio de eje, para que gane el candidato que tenga mejores ideas y sea capaz de transmitirlas a la ciudadanía. Al respecto existe una discusión pendiente. Insisto, no es justo ni responsable seguir delegando este debate a otros parlamentarios, al Senado o al Gobierno, porque se trata de una materia que debemos afrontar de manera conjunta. El diputado Duarte señaló que hay temas pendientes. Al respecto, creo que es incorrecto, injusto y absurdo el gallito si me perdonan la expresión que está haciendo el Gobierno en relación con la exclusión de las donaciones de personas jurídicas. Es necesario separar este tema del vinculado con el financiamiento de los partidos políticos. Es fundamental debatir sobre esa materia, más aún considerando que el tiempo de que se dispuso en la Comisión de Gobierno Interior para su discusión fue absolutamente insuficiente. Es necesario abordar el asunto en profundidad para llegar a una solución beneficiosa para el país, de manera de transparentar esta actividad que, lamentablemente, está muy alejada de la ciudadanía, lo que se debe, en parte, a este tipo de cosas. Por lo tanto, aquí también tenemos un trabajo que hacer. Al respecto, anuncio que estamos en condiciones y dispuestos a llevar a cabo la respectiva discusión en la comisión técnica y también en la Sala. Algunas normas sobre intervención electoral son completamente insuficientes. Al respecto, planteamos una serie de indicaciones con el colega Joaquín Godoy y con otros diputados de Renovación Nacional. Algunas fueron rechazadas por los diputados de la Concertación y otras resultaron aprobadas. Sin embargo, los avances en materia de intervención electoral son mínimos. Por ejemplo, se prohíben las colectas políticas por parte de los funcionarios de la administración pública y la participación en campañas utilizando la infraestructura pública y en horarios de trabajo. Pero si eso es obvio y evidente. Por lo tanto, si estamos legislando respecto de lo evidente y estableciendo en la ley cuestiones de sentido común, de cultura básica y que naturalmente debieran formar parte de la idiosincrasia política electoral de nuestro país, significa que estamos avanzando muy poco. Por eso, proponemos seguir profundizando la discusión sobre las normas relacionadas con intervención electoral. Seguiremos insistiendo en eso en la Sala y en la comisión respectiva, y esperamos contar en ambas con el apoyo de la mayoría de los diputados. Para terminar, me referiré a un asunto que señaló el ministro VieraGallo ayer. Él manifestó que la Presidenta de la República estaba indignada porque el presidente de mi partido, Juan Antonio Coloma, declaró que existe un espíritu de intervencionismo en las giras que realiza la Jefa de Estado a las regiones. Pues bien, eso es de fácil solución. Para que la Presidenta de la República no se siga enojando y pasando malos ratos, pedimos sin perjuicio de encontrar toda la razón a Juan Antonio Coloma que quien esté a cargo del protocolo o del gabinete ministerial en regiones, incluya a los candidatos o autoridades de la Alianza por Chile y a quienes no son de la Concertación en las invitaciones a las inauguraciones, eventos o actos. Eso es básico y de sentido común. Por eso no nos pareció lógico incluirlo en las propuestas legislativas en la Comisión de Gobierno Interior. A la vez, hemos descubierto que, lamentablemente, el sentido común no tiene sustituto. Se tiene o no se tiene. Como dije, lamentablemente, en estos casos, el gobierno no lo tiene. He dicho. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, intervenciones como las del diputado Ward, son las que enriquecen el contenido de un proyecto. Por eso, cuando escucho otros discursos que dan pábulo a que se confunda la credibilidad del país con la credibilidad política, me parece que se contradice la realidad de un país que avanza hacia el desarrollo, que es creíble, que cumple con sus compromisos y tiene una economía que otros países miran, incluso, con envidia. ¡Qué decir de ello! Por eso, con ciertas intervenciones, el ciudadano común coloca bajo sospecha, cada vez con más frecuencia, a quienes formamos parte de esta actividad. Al hablar mal de nosotros mismos, de los gobiernos anteriores o del actual, nos colocamos en el lado oscuro del pensamiento del ciudadano. Entonces, decir que no hay control, que no hay transparencia, da argumentos a cualquier persona que no simpatice, que no sintonice políticamente con nosotros o con algunos parlamentarios, a usar la internet para denostar a los parlamentarios y a las personas cercanas al mundo político, por supuesto, siempre usando el anonimato. Aunque el proyecto no busca solucionar este problema, se orienta a establecer normas sobre control y transparencia en el gasto electoral y contra la intervención electoral. Esa es la idea, no la demagogia que hemos escuchado. El proyecto tiene objetivos fundamentales, como reforzar la transparencia en el financiamiento de las campañas y evitar la intervención electoral por parte de agentes del Estado. Es una realidad que debemos enfrentar, pero no podemos prohibir, como dijo el diputado Eugenio Tuma, el derecho a tener ideas, las que se deben expresar en forma seria y responsable en las campañas, fuera del contexto de la labor desarrollada en los estamentos de gobierno, sea el central, regional o municipal. Para eso se establecen normas de control. Para lograr los objetivos de transparencia en el financiamiento, se han establecido normas interesantes, como la prohibición absoluta del pago de servicios básicos, mencionada por un diputado como no conveniente, aun cuando tendremos que hacer la diferencia cuando se trata de ayudar a alguien que está en situación de emergencia. Tenemos que asumir esos costos como cualquier ciudadano, no sólo como alcaldes, concejales o parlamentarios. Los chilenos tenemos fama de ser solidarios, y ese tipo de ayuda no es una forma de cohecho, cuestión que también aborda el proyecto. Respecto de la entrega de alimento también tengo mis dudas, porque una de las cosas que me agrada es satisfacer las necesidades de quienes tienen menos. ¿Eso será un delito? Entiendo que no. En el proyecto se establece la obligación de recurrir a los proveedores inscritos en el registro de compras y contratación pública y de que todo aporte superior a 20 UF se haga ante el Servicio Electoral, por medio de un mecanismo electrónico que permita la retractación dentro de las 24 horas. Por último, se establece una serie de obligaciones tendientes a otorgar transparencia a la labor de los administradores electorales, ya sea en la recaudación de aportes como en la rendición de las cuentas de la campaña. Es de gran importancia esta normativa, tendiente a evitar el intervencionismo electoral por parte del Estado y los municipios. Por eso, noventa días antes de una elección, deberán enviar al Servicio Electoral un listado de actividades que se realizarán en ese período, como inauguraciones, entrega de beneficios, becas estudiantiles, etcétera. Queda prohibido divulgar resultados de encuestas electorales, instalar publicidad en recintos públicos y que los funcionarios públicos realicen dicha actividad dentro de su lugar de trabajo. Allí puede haber malas prácticas, por eso se aplica a todos los funcionarios públicos, pues no todos son de gobierno. Me parecen adecuadas las diferentes indicaciones a este gran proyecto, porque para quien habla, y para muchos de nosotros, es un gran proyecto. Asimismo, es importante la definición de propaganda política, ampliándola a cualquier actividad destinada a inducir el voto, aun cuando no contenga frases, llamados o invitaciones expresas, con lo cual se termina con una vieja polémica en materia de interpretaciones, otorgando la facultad para retirar la propaganda. Por último, es importante concretar la creación de una unidad destinada a velar por el control del gasto electoral. Debemos ser conscientes de que esto es un avance importantísimo en la historia de nuestra vida política. Como país, avanzamos hacia el desarrollo. Debido a la demagogia de tantos de nosotros, a lo mejor, el ciudadano común entendió que el cohecho era una realidad, a pesar de que también vi llegar helicópteros a mi distrito, con algunos señores que también eran candidatos, llenos de cosas bonitas. Pero tengo que respetarlos como personas. Por eso, la iniciativa es interesante, pues ahora esto no se podrá hacer y se establecen obligaciones que tendremos que cumplir en el futuro cercano. En fin, es un gran proyecto, porque pone el dedo en la llaga y a nuestra actividad en el nivel que corresponde. He dicho. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, este proyecto forma parte de la agenda de probidad y transparencia que presentó la Presidenta Bachelet a fines de 2006, cuando se dieron a conocer muchas situaciones de corrupción vinculadas al financiamiento de campañas políticas a partir del desvío de fondos públicos, como ocurrió en Chiledeportes, o en la rendición de gastos con facturas falsas, como en el caso Publicam. Si bien la iniciativa original tiene buenas intenciones, lo cierto es que las propuestas contenidas son insuficientes para resolver los verdaderos problemas o vacíos que presenta la legislación sobre control de gastos de campañas electorales. Por ello, este proyecto, que ha tenido una larga tramitación, ha sido objeto de innumerables indicaciones, tanto por parte del Ejecutivo como de parlamentarios de la Concertación y de la Alianza, que han logrado mejorar poco a poco su contenido. En particular, entre las medidas propuestas que han resultado positivas se pueden señalar el perfeccionamiento acordado en torno a la rendición de cuentas, el mejoramiento de la definición de gasto electoral y la determinación de que los proveedores a los que recurran los candidatos corresponden a aquellos que están inscritos en el sistema establecido por la denominada ley de compras públicas. Asimismo, se destacan las modificaciones introducidas en relación con la rendición de gastos que realicen los candidatos vía internet y la profundización y mejoramiento de las atribuciones de fiscalización del Servel. También se pueden considerar como adecuados los cambios que mejoran los mecanismos para que las personas naturales puedan hacer donaciones a campañas, aunque sigue constituyendo un vacío de la legislación el hecho de que no puedan acogerse a beneficio tributario, como correspondería. En cuanto a los puntos negativos de la iniciativa, sigue siendo cuestionable la insistencia del Ejecutivo en suprimir la posibilidad de que las personas jurídicas hagan donativos a campañas políticas. En efecto, el proyecto prohíbe todo tipo de donaciones, reservadas o públicas, provenientes de personas jurídicas con fines de lucro. Además, suprime normas de la ley Nº 19.885 que otorgaban un tratamiento tributario especial a dichas donaciones. En este sentido, el proyecto propone suprimir una de las materias contempladas en la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral que ha funcionado de manera exitosa y sin contratiempos durante las últimas dos elecciones, lo que resulta todo un contrasentido respecto del objetivo que perseguía la iniciativa al momento de ser propuesta al Congreso Nacional, que era resolver los puntos de conflicto que tenía le legislación sobre gasto electoral. Por lo demás, esta materia es uno de los pilares sobre el cual está construida la arquitectura básica de toda legislación respecto del financiamiento de la actividad política, que nada tiene que ver, ni directa ni indirectamente, con las situaciones irregulares que se investigan. El argumento del Gobierno se basa en que las empresas no son ciudadanos, por lo que sería impropio que ellas financien la actividad política. Efectivamente, las empresas no tienen derechos ciudadanos, pues están restringidos a las personas naturales, pero lo que la ley plantea actualmente es algo distinto: permite que esas empresas financien campañas, contribuyan a costear mensajes, colaboren en la difusión de ideas, que son manifestaciones de la libertad de expresión, y posteriormente serán los ciudadanos los que libremente tomen su decisión. Por otra parte, el mérito de la legislación vigente es que permite un canal legítimo para que las empresas efectúen aportes y, de esa forma, quitar legitimidad a aquellas contribuciones que se realicen por vías irregulares. De modificarse esta norma, puede abrirse nuevamente un camino que, de una manera u otra, posibilite esos aportes irregulares y dé pie a la corruptela. Además, el proyecto contiene algunas propuestas tendientes a impedir la intervención electoral de las autoridades y funcionarios públicos. Sin embargo, las normas planteadas en esta materia son mínimas e insuficientes, no resuelven de verdad los vacíos o problemas que existen en este ámbito y dejan un amplio espacio para que la intervención se siga realizando, en desmedro de los candidatos opositores al Gobierno, por lo que resulta indispensable hacer cambios más profundos y efectivos en contra de esas acciones. En ese sentido, el proyecto en discusión tiene mucho que avanzar respecto del tema de la transparencia y de la intervención electoral del Gobierno. Con la plata de todos los chilenos se conforma el presupuesto nacional, que sirve para construir caminos, viviendas, hospitales, entregar subsidios y todo lo que nos corresponde aprobar en este hemiciclo y en el Congreso Nacional, pero, lamentablemente, a veces se tergiversan esas buenas intenciones y algunos funcionarios de gobierno, como los seremis, se apropian de esas obras construidas con el dinero de todos los chilenos. Se abusa de las inauguraciones que realiza el Gobierno, a veces de manera grotesca, lo que constituye uno de los mayores actos de intervención electoral. Esa intervención puede ser de varios tipos, pero me interesa referirme específicamente a dos. El primero es proselitista y constituye una descarada forma de propaganda política que beneficia a candidatos a alcaldes o a diputados de Gobierno. Ese tipo de intervención puede ser tan desvergonzada que, incluso, algunos se dan el gusto de decirle a la gente que son los únicos que van a las inauguraciones. ¡Pero cómo no van a ser los únicos si son los que manejan las fechas, horas y agenda de inauguraciones e intervienen en esos actos, además de esconder las invitaciones a los parlamentarios de la Alianza o, como señaló el diputado García, ellas llegan el mismo día de la inauguración! El segundo se produce cuando a un acto de inauguración llega el representante de la Alianza, aunque no haya sido invitado, ocasión en que las autoridades cambian el discurso, porque se cuidan un poco más de atribuir a determinados alcaldes o diputados la construcción de las obras, pero como son artistas en el ejercicio de la intervención electoral, en esos casos utilizan a algún dirigente comunal afín a la Concertación y le pasan el discurso para que sea el encargado de tirar las flores y adjudicar las obras correspondientes a ciertos alcaldes o diputados. También es importante legislar respecto de los candidatos a alcalde y a concejales. No puede ser que primero ocupen cargos públicos y repartan las inversiones públicas como prebendas y luego se presenten como candidatos a concejales y a alcaldes. Incluso, en algunos casos, algunos intendentes se presentan después como candidatos a diputados. ¿Qué pasa con el uso privilegiado de la información? Éste es otro tema que también es necesario discutir y profundizar en el proyecto. Muchos parlamentarios se ponen de acuerdo con los seremis, intendentes y ministros para saber con anterioridad las fechas de las inauguraciones y después, con desparpajo, a través de los medios de comunicación, se adjudican los diferentes proyectos de inversión. La gente les cree cada vez menos, pero, de acuerdo con la Constitución Política de la República, esos actos constituyen delitos e, incluso, pueden dar origen a la inhabilidad de esos parlamentarios. Podría seguir enumerando muchos casos y ejemplos de este tipo, sobre los que es necesario legislar, si efectivamente existe la voluntad política de tener una ley que garantice la transparencia y la igualdad de condiciones a todos los candidatos. Estamos ante un proyecto de debe volver a Comisión, porque requiere de muchas modificaciones. En todo caso, lo importante es tener una legislación cada vez más equitativa, que permita la postulación a cargos públicos y, al mismo tiempo, una reducción efectiva en lo que se refiere a intervención electoral. Ello es muy importante, sobre todo, porque no debemos olvidar que cinco días antes de una elección presidencial se inauguró el tren al sur, lo que duró un año y un mes. Eso no puede seguir ocurriendo. He dicho. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado don Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, estamos ante una iniciativa muy importante sobre transparencia, límite y control del gasto electoral y establece normas contra la intervención electoral. En mi opinión, nuestro sistema electoral es absolutamente injusto, porque priva a los electores de tener una justa representación en el Congreso Nacional, debido a que durante todo este tiempo ha operado un sistema binominal creado e incorporado a nuestra legislación durante la dictadura sin pedir la opinión de la ciudadanía. No obstante, es muy importante reforzar la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales, fortalecer los mecanismos de control del gasto electoral, y evitar la intervención electoral indebida por parte del Estado. Los parlamentarios de Derecha han señalado que se debe evitar el intervencionismo electoral, que el Gobierno es el culpable, que se inauguró el tren al sur cinco días antes de un acto eleccionario. ¿Pero son esos argumentos los que influyen en los electores o es la obra del gobierno? En términos de transparencia, debemos dejar establecido cuándo se debe iniciar una campaña electoral, porque hemos visto que el señor Piñera ya está en campaña presidencial. ¿O me va a decir la gente de la Derecha que no es un acto de proselitismo político el que un empresario viaje a Colombia para ver en terreno cómo funciona la seguridad y el sistema de transporte público en dicho país, en lugar de estar preocupado de sus empresas? ¿O cuando aparece en Chilevisión planteando temas no desde el punto de vista de un empresario, sino de un candidato presidencial? ¿O acaso no está usando recursos privados para sacar adelante su campaña? Por eso, creo que debe existir claridad frente a este tema. Piñera ha pedido transparencia y control respecto de los gastos, pero se necesitan los votos de la Derecha para avanzar en esta materia. Es necesario definir cuándo comienza una campaña electoral, sobre todo, porque en algunas comunas ya han aparecido paredes rayadas con alusiones al candidato a alcalde de la Derecha, incluso, antes de que se inscribiera como tal. Por eso, es importante saber cuándo comienza la campaña electoral y si el juez de policía local tiene potestad para sancionar a estas personas. Pero lo cierto es que no se da esta alternativa, porque las campañas se desatan y, finalmente, el que tiene más recursos es el que comienza a rayar primero y a gastar una cantidad enorme de recursos, a pesar de las limitaciones establecidas al gasto electoral. Pero, ¿quién controla esto? La ley establece que pueden apelar los partidos políticos o el candidato, si es independiente, después de producida la elección. Pero, ¿qué saca una persona con alegar cuando el efecto ya se ha producido? Por eso, se debe establecer una mayor regulación en la normativa legal, para lo cual hemos presentado algunas indicaciones. Por ejemplo, para que cualquier candidato pueda denunciar estos hechos, incluso, antes de la elección. Si una persona advierte en su comuna que un candidato a alcalde o a parlamentario está gastando una cantidad de recursos mucho mayor que la permitida, debe denunciarlo al organismo correspondiente. Además, es cosa de calcular, ya que una gigantografía cuesta 2.500 pesos el metro cuadrado, con IVA incluido. Ese es el precio que hoy se está ofreciendo a los candidatos. Si un candidato o candidata tiene miles de gigantografías, resulta fácil calcular la cantidad de plata que está gastando. Pero lo más importante es poder actuar antes de que se produzca el acto eleccionario, con el objeto de denunciar a ese candidato que está gastando una cantidad superior a la permitida por la ley. Es evidente que el que tiene más recursos va a tener la posibilidad de contar con una mayor cantidad de propaganda, con lo cual puede burlar la norma legal que restringe el gasto electoral. Por eso, es importante establecer las normas necesarias para ejercer un control efectivo sobre esta materia. Considero absolutamente adecuado lo que ha planteado el Gobierno en relación con la intervención electoral, en cuanto a inhibir drásticamente la acción de los funcionarios de gobierno en favor de actos proselitistas, como ocurre en otros países, siguiendo la legislación más moderna en términos electorales. Ello demuestra su interés por establecer normas que permitan evitar en forma efectiva la intervención electoral indebida por parte del Estado. No obstante, también resulta necesario que la Derecha demuestre con claridad que apoyará el establecimiento de un efectivo control del gasto electoral, sobre todo, porque a ella pertenece una parte de la sociedad que posee mayores recursos. En cada una de las elecciones que hemos participado ha sido evidente la cantidad enorme de recursos que la Derecha despliega en propaganda para estar en todas partes. Considero fundamentales estos tres elementos. En cuanto a la transparencia, es importante señalar el momento exacto en que se inicia el plazo para elevar las candidaturas a través de la propaganda y sancionar duramente a quien viola esa disposición. Para ello se requiere un Servicio Electoral que controle efectivamente este aspecto. También debe existir una normativa legal que determine el gasto electoral que puede efectuar un candidato en cada una de las campañas: presidencial, parlamentaria o municipal. Estoy absolutamente seguro de que esas cantidades se sobrepasan enormemente, porque no hay control ciudadano al respecto. Por ello, debemos permitir que la ciudadanía controle este tipo de elementos para que, efectivamente, se dé lo que quiere el Congreso Nacional en términos del gasto electoral a fin de que en todos los sectores haya una mínima igualdad para desarrollar campañas. En cuanto a la intervención electoral, si la Derecha considera que hay normas más importantes que las que el Gobierno ha incorporado en el proyecto, las debe plantear. Las indicaciones que presentó en la Comisión de Hacienda están todas orientadas a permitir un mayor gasto y a que las empresas entreguen recursos a sus candidatos. Ninguna estaba referida a un mayor control del gasto, a una mayor transparencia electoral o a un mayor control de la intervención electoral. Sus indicaciones estaban centradas, principalmente, en permitir el aporte de más dinero a las campañas y a evitar un mayor control. Debo reconocer que se da una paradoja, porque Piñera nos invita a tener mayor control y mayor transparencia en cuanto a la intervención electoral; sin embargo, las indicaciones planteadas por la Derecha iban todas en el sentido contrario. Para tener un mejor sistema electoral hacen falta muchas cosas. De una vez por todas se debe cambiar el sistema binominal y establecer normas legales que permitan a la ciudadanía expresarse en forma libre e informada y que esa libertad se exprese en las urnas. Ese es el sentido lógico de la democracia y los radicales siempre vamos a apoyar las iniciativas que vayan en ese camino. Espero que podamos avanzar en esta materia en forma eficiente. Aun cuando sabemos que muchas de estas normas no se van a poder aplicar en las próximas elecciones municipales, resulta igualmente importante lograr el consenso necesario para avanzar en términos de control, de transparencia y de límites al gasto electoral. He dicho. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Solicito el acuerdo unánime de la Sala para conceder siete minutos con esto, seguramente, vamos a exceder el tiempo del Orden del Día, a cada uno de los diputados inscritos que aún no ha hecho uso de la palabra: los señores Leal, Latorre y Correa. Hay otros inscritos, pero no están presentes en la Sala. ¿Habría acuerdo para distribuir el tiempo de esa forma, después de lo cual votaríamos en general el proyecto? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, estamos discutiendo un proyecto extraordinariamente importante, desde el punto de la vista de la transparencia, de la calidad y de la credibilidad en la política. Uno de los factores que puede contribuir no es el único a que la gente vuelva a sintonizar con la política, con los políticos, con los partidos políticos y con las instituciones, es que estos sean más transparentes, de manera que podamos dar fe de que no hay utilización de recursos públicos y de que no existe cohecho ni excesiva utilización de recursos privados. Creo que estamos en condiciones de dar un paso que está retrasado lo subrayo respecto de lo que existe en otros países de América Latina y del mundo en materia de control del gasto electoral. Si miramos el caso de Estados Unidos, allí se reúnen muchos recursos, no existe un límite para los gastos, incluso, en las elecciones primarias. Sin embargo, hay un control muy estricto, que es efectuado por un órgano del Estado, que regula el cumplimiento de la ley en lo que se refiere a los aportes a las campañas de parte del mundo privado. En el pasado, como consecuencia de un acuerdo político me correspondió suscribirlo en representación del Partido por la Democracia, aprobamos una ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. En ese momento, dicho acuerdo fue muy importante. Sin embargo, debo resaltar que después de la experiencia de la últimas elecciones parlamentaria y presidencial, nos dimos cuenta de que existen insuficiencias que quedaron en claro en esas elecciones y de que debemos modificar la ley. Por eso, las ideas matrices del proyecto son reforzar la transparencia del financiamiento de las campañas electorales, evitar la intervención electoral indebida por parte del Estado y fortalecer los mecanismos de control del gasto electoral, creando, además, una Subdirección de Control de Gasto Electoral. Habría preferido una superintendencia de control del gasto electoral, pero me parece adecuado empezar con un organismo que tenga máxima autonomía y una planta funcionaria que le permita llevar a cabo lo que hoy no puede hacer el Servicio Electoral, debido al recargo de trabajo que debe afrontar. Pero existen vacíos importantes en el proyecto y, por eso, la primera indicación que vamos a presentar apunta a impedir que las empresas, que son entes colectivos en los cuales existen distintas opiniones, aporten directamente a las campañas electorales. Además, sería muy saludable y muy bien recibido por todos los chilenos que los aportes que realizan las personas naturales sean personales y no deducibles de los impuestos que deben pagar. Cuando uno les explica a los chilenos que hay personas que realizan aportes a las campañas electorales que después descuentan de sus impuestos, les queda la sensación de que tales aportes son relativamente falsos, porque el Estado y, por ende, todos los chilenos, dejan de percibir parte de los impuestos que deben pagar las empresas o estas personas naturales. Es necesario también presentar una indicación, cuando corresponda, que modifique el carácter secreto de los aportes, porque ello le resta transparencia y credibilidad al proyecto. No hay transparencia si los aportes de las empresas acordamos que deberían ser efectuados por personas naturales y no por empresas son secretos. Es decir, si la persona natural o la empresa va al Banco del Estado, realiza el aporte correspondiente y, posteriormente, el certificado es entregado al Servicio Electoral en forma tan secreta que ni siquiera queda claro cuáles fueron las empresas o las personas naturales que aportaron a determinada candidatura, porque el Servicio Electoral no entrega información al respecto ni antes ni después, quiere decir que hay absoluta falta de transparencia. Por eso, invito a todos los colegas a que suscriban una indicación que establezca que los aportes serán públicos, de manera que la opinión pública sepa que determinados empresarios, profesionales o entes aportaron a determinadas campañas electorales. Por lo demás, es algo legítimo, legal. Detrás del hecho de ocultar los nombres de quienes aportan a las campañas, está la intención de resguardar el nombre de quienes están aportando porque, de lo contrario, podrían negarse a ello. Me parece que esto resta validez y transparencia a los aportes. Deberíamos publicar los nombres, que el Servicio Electoral informe que a las campañas de determinados candidatos aportaron tales o cuales personas. Considero que eso sería más transparente. Ahora, si esto no fuera posible porque no existe acuerdo es mi opinión personal, presenté una indicación para que, por lo menos, a los candidatos se les informe quiénes aportaron a sus campañas. En las últimas elecciones parlamentarias hubo experiencias muy complejas: algunos parlamentarios recibieron aportes de empresas que nunca solicitaron, nunca fueron informados de que iban a recibir aportes de esta naturaleza. Por eso, por lo menos, habría que informarle al candidato quiénes realizaron aportes a su campaña, porque de esa manera podría rechazarlos, ya que el secretismo se puede prestar, el día de mañana, para eventuales acciones en contra de algún candidato. Creo que lo peor que podría ocurrir sería mantener un secreto tan absoluto, que ni siquiera se le diga al candidato que tal empresa aportó tanto dinero. El secretismo es muy negativo para la transparencia de la ley y para el funcionamiento del sistema. Por otra parte, es necesario eliminar todas las formas de cohecho: pago del teléfono, de la luz, del agua potable, etcétera. Es algo poco frecuente en parlamentarios que llevamos mucho tiempo en el Congreso Nacional, pero si analizamos determinadas campañas en las cuales hay muchos recursos involucrados, veremos que algunos candidatos recurren a este tipo de mecanismos. Cuando se realiza este tipo de acciones relacionadas con dinero, estamos hablando de cohecho y, por eso, es necesario que esto quede absolutamente regulado. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Señor diputado, está terminando su tiempo. El señor LEAL.- Señor Presidente, también se debe abordar el problema de las facturas falsas, al igual que la intervención electoral, en general, ejercida por el Estado, por el dinero, mediante el control de los medios de comunicación, etcétera. Debemos legislar mirando el conjunto del cuadro de intervención electoral, sin tapujos, porque así tendremos un sistema político mejor, más transparente y más honesto. Ello beneficiará a todos los partidos políticos, de la Alianza y de la Concertación, es decir, a todos los sectores políticos, a las instituciones y la credibilidad en ellas. He dicho. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, me llama la atención el esfuerzo así se ha calificado aquí realizado por un grupo de colegas para transparentar nuestra acción política. Me parece que hay normas de buena conducta y de decencia que no deberían estar necesariamente escritas para que se cumplan, porque el desvío de recursos públicos a una campaña electoral es algo indebido y está penado por la ley, de manera que son los tribunales los que deben actuar cuando esto queda en evidencia. El argumento, utilizado también para justificar otras medidas, de que estos hechos ocurrieron en determinadas elecciones o que hubo personas que intervinieron en una elección haciendo uso y abuso de su autoridad, no significa que tengamos que transformar la actividad política en algo que desprestigia a quienes la ejercen, ni que los propios parlamentarios, en una actitud que me parece increíble, tengamos que aceptar que es necesario aprobar disposiciones legales absurdas que, por lo menos yo, no voy a votar favorablemente por motivo alguno. El proyecto contiene normas de carácter general que parecen bastante razonables, pero hay algunas francamente inaceptables, que atentan contra los derechos básicos de las personas. Por ejemplo, que a un funcionario público se le diga que no puede realizar actividades políticas es inaceptable, porque en Chile todos los ciudadanos, trabajen en el sector público o privado, tienen el derecho básico constitucional de ejercer actividades políticas y, en mi opinión, no corresponde establecer en un proyecto que un funcionario público no puede realizar actividades políticas, como señala textualmente la iniciativa. Me parece increíble que se diga que no se pueden utilizar recintos públicos de propiedad del Estado o de los municipios para determinados encuentros o actividades relacionadas con la política. Es inaceptable. Represento un distrito de carácter rural compuesto por 14 comunas, donde no hay ninguna dependencia apropiada para realizar un evento de carácter público que no sea de propiedad municipal o de algún grupo privado importante que sí lo puede usar como estime pertinente. Los clubes de rodeo, por ejemplo, son utilizados permanentemente por la Derecha como puntos de encuentro o de reunión para la gente de Derecha, que se siente interpretada por este proyecto y que tiene un doble estándar, porque le parece pecaminoso que la gente que no tiene dónde reunirse lo haga en un estadio, en un teatro u otro local que pertenezca a una entidad fiscal o a un municipio. Eso es atentar contra un derecho fundamental, porque todos los lugares públicos han sido construidos para ser utilizados, precisamente, en actividades pensadas para fortalecer el desarrollo integral de nuestro país, donde el ejercicio democrático juega un rol importante. A mi juicio, el proyecto establece disposiciones que van más allá de lo razonable. Hay un artículo que dice que durante los tres meses anteriores a la fecha de votación en primera vuelta de una elección presidencial lo doy a conocer para que la gente que ve esta transmisión se dé cuenta a qué niveles estamos llegando y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso, los candidatos a elección popular que representen a la coalición o partido gobernante, no podrán asistir a actos de inauguración de obras públicas. Perdónenme, pero esa norma me parece inaceptable. En todos los países del mundo, quienes están en el gobierno, que forman parte de una coalición política, nunca pierden el derecho de argumentar, favorecer o defender sus propuestas políticas y, desde luego, sus realizaciones durante un período determinado de gobierno. Sólo en Chile hay algunos que, probablemente por inmadurez política, porque no lo puedo atribuir a otras razones, pueden llegar a pensar que el hecho de que alguien defienda su rol en la política nacional, en cargos de gobierno en distintos niveles de responsabilidad, no puede realizar determinadas acciones en períodos electorales. Eso no es transparencia, es abuso de quienes pretenden imponer una norma que impida a las personas, por el solo hecho de estar en cargos de gobierno, pronunciarse libremente, como cualquier ciudadano. Hay algunos ámbitos en los cuales tienen sentido ciertas normas que consagra el proyecto. Por ejemplo, controlar las donaciones o el uso de determinados recursos para comprometer alguna voluntad electoral. Eso vale no sólo para los recursos fiscales. No nos olvidemos de que en Chile había una fundación que últimamente no ha sonado mucho, probablemente a raíz de algunos hechos ocurridos durante el último año, que fueron investigados, y se disolvió. Esa fundación se llamaba La Vaca y repartía lentes, paquetitos, alimentos, pagaba cuentas, en todo el país. Eso parece razonable que exista. ¿Quién donaba a esa fundación? ¿Alguna vez conocimos el listado de donantes de esa fundación? El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Señor diputado, está terminando su tiempo. El señor LATORRE.- Señor Presidente, me parece que la Oposición debe situarse en la perspectiva de que algún día tenga la posibilidad de estar en el gobierno, y entender que normas como éstas pueden ser concebidas para atentar contra derechos básicos de las personas, sean de Gobierno o de Oposición, sean funcionarios públicos o privados. En consecuencia el proyecto, que pretende mayor transparencia, no lo logra sino sólo en algunas normas. He dicho. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Sergio Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, me referiré a las palabras del diputado Robles, quien culpa al sistema binominal de toda la intervención electoral que hemos conocido. A mi juicio, nada tiene que ver una cosa con otra. El sistema binominal ha dado muy buenos resultados, incluso ha permitido que las minorías estén representadas en el Congreso Nacional. Sin ir más lejos, el propio diputado Alberto Robles, obtuvo nueve mil votos en su distrito, y como allí la Concertación dobló a la Alianza, salió electo diputado, pero es uno de los que tienen menos votos entre los representantes de esta Cámara de Diputados. Eso prueba que el sistema binominal funciona. Respecto del proyecto, las ideas matrices apuntan en el sentido correcto para lograr el objetivo que se persigue: la alternancia en el poder, esencia de la democracia, para que los gobiernos no se eternicen y que exista una posibilidad cierta de que un gobierno pueda ser sucedido por otro de distinta tendencia. Las tres ideas matrices de la iniciativa son: transparencia en el financiamiento, control del gasto y, lo más esencial, evitar la intervención electoral del Estado. Todos hemos sido testigos de la intervención electoral durante los últimos tiempos. El mismo proyecto en análisis tiene que ver con una iniciativa presentada por la Presidenta Michelle Bachelet, a fines de 2006, al acoger la agenda de probidad, para evitar el desvío de fondos públicos a organismos del Estado como Chiledeportes, Programa de Generación de Empleo, las facturas falsas de Publicam, etcétera. A raíz de ello, surge esta iniciativa que lleva dos años de tramitación y que nos tiene muy preocupados. Como las propuestas han sido insuficientes, se han presentado muchas indicaciones, lo que ha demorado su trámite. Su artículo 49 que es el que nos interesa establece una serie de prohibiciones a los órganos del Estado. Cuando digo órganos del Estado me refiero a empresas del Estado, municipalidades, autoridades, entre las que incluyo a ministros, subsecretarios e, incluso, al Presidente de la República. No es posible que a través de una intervención electoral abierta, el propio presidente Lagos haya anunciado, en vísperas de una elección, con bombos y platillos, la construcción del Transantiago, que nos tiene tan preocupados, porque realmente quería aparecer ante la historia como el ejecutor de ese nuevo sistema de transporte público. También inauguró en vísperas de una elección, en una intervención electoral abierta, el tren fantasma al sur, otro proyecto que nunca se ha terminado. No es posible que las autoridades asistan a inauguraciones, sea de viviendas, de obras públicas u otras, y que entreguen becas Presidente de la República ad portas de una elección. En una comuna de mi distrito, 30 días antes de una elección, se cita a la gente al teatro principal para entregar subsidios. En esa oportunidad, se proclamó al candidato a alcalde. De esa intervención electoral estoy hablando. No es posible que se ejerza en forma permanente tal tráfico de influencias para lograr el apoyo ciudadano. Conozco casos de diputados de Gobierno que en las inauguraciones o reuniones en que han participado, han entregado aportes de los fondos provenientes del ítem Gastos Reservados de la Presidenta de la República para construir una sede de juntas de vecinos. Sé del caso de un diputado que, incluso, dio un cheque. Debemos terminar con ese tipo de cosas. No se trata, como dice el diputado Latorre, de evitar la ocupación de sedes que pertenecen a determinados servicios públicos, sino de terminar con lo que es la esencia de la corrupción: la intervención electoral descarada que permite que los gobiernos se eternicen en el poder. Si la Concertación quiere perpetuarse en el poder, nosotros debemos evitarlo y lograr que exista igualdad de oportunidades y todos los candidatos a parlamentarios y concejales tengan los mismos derechos. He dicho. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Cerrado el debate. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar en general el proyecto que modifica la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, y establece normas contra la intervención electoral, con excepción de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º y 8º, permanentes, y 1º transitorio, cuya aprobación requiere quórum orgánico constitucional. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar en general los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º y 8º, permanentes, y 1º transitorio, cuya aprobación requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados en ejercicio. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Aprobados. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a Comisión para un segundo informe. Tiene la palabra el ministro VieraGallo. El señor VIERAGALLO (ministro secretario general de la Presidencia).- Señor Presidente, quiero agradecer a la honorable Cámara la aprobación unánime de la iniciativa. Espero que se repita en todos los proyectos del Ejecutivo. VI. PROYECTOS DE ACUERDO APOYO A POSTULACIÓN DE INGRID BETANCOURT A PREMIO NOBEL DE LA PAZ. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 606, de los señores Díaz, don Marcelo; Súnico, Jiménez, Rossi, Tarud, Accorsi, Encina, Girardi, Montes y señora Muñoz, doña Adriana, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Apoyar el trámite de postulación que promueve S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, a objeto que la Fundación Nobel de Noruega, le otorgue a la ex candidata a la Presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, el Premio Nobel de la Paz”. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, a nivel universal la liberación de la ex candidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, representó un momento relevante en la lucha de ese país por obtener la paz y poner fin al conflicto armado que durante mucho tiempo ha lacerado su convivencia. Su liberación también fue recibida como un mensaje de esperanza por parte de quienes todavía se encuentran secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, pues significa que es posible alcanzar su liberación. Desde esa perspectiva, la Presidenta de la República, interpretó y encabezó ese sentimiento universal, al ser la Primera Mandataria que propuso el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Ingrid Betancourt. Desde esa perspectiva, nos parece razonable que la Cámara de Diputados se pliegue a la posición de la Presidenta de la República, de manera que no sólo ella promueva y respalde la postulación de Ingrid Betancourt, sino también el Congreso Nacional. He dicho. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, aun cuando puede ser discutible, de alguna manera la iniciativa de la Presidenta Michelle Bachelet recoge el espíritu de paz que tiene Chile y con el cual deberíamos ayudar a Colombia. A mi juicio, dicho país es extraordinario, pero tiene un conflicto que se arrastra desde hace mucho tiempo y que todos conocemos. Además, Colombia está, dentro del concierto latinoamericano, en una situación difícil por las relaciones que se producen con el resto de los países. Entonces, a raíz de lo ocurrido con la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, con miles de otros ciudadanos colombianos, con muchos de los secuestrados que aún viven en la selva o con aquellos que fueron liberados por su propia acción, por la de las Fuerzas Armadas o por iniciativa de otros organismos, bien vale la pena hacer un reconocimiento por lo que significa recibir un premio internacional de esa envergadura. En Europa o en otros países sí tienen una especial atención sobre lo que ocurre en América Latina y en Colombia. En cambio, en Chile estamos un poco alejados de esa situación, pues a veces preferiríamos no involucrarnos ni saber mucho de lo que ocurrió allí. Ciertamente, lo sucedido a Ingrid Betancourt fue absolutamente impactante, porque casi fue rescatada de la muerte. En ese momento, ella entregó un mensaje de paz, de tranquilidad, de cordura y de racionalidad para Colombia y un ejemplo para el resto de América Latina. Sé que hay muchos otros personajes o instituciones que, de alguna manera, podrían estar en la mira de quienes quisieran otorgar el Premio Nobel de la Paz. Si en América Latina pudiéramos señalar como ejemplo lo ocurrido a Ingrid Betancourt, sería un ejemplo que conllevaría un mensaje de amistad entre los pueblos latinoamericanos que podría cambiar el curso de acción de los países en forma interna. Incluso, los gobernantes de Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil y Perú, que podrían mirar todo esto con cierta reticencia, en el fondo, quisieran que la paz se hiciera posible en Colombia, como todos lo deseamos. Felicito al diputado Marcelo Díaz, porque, como patrocinante del proyecto de acuerdo, ha tenido la visión de acompañar a la Presidenta Michelle Bachelet y de entender que una persona como Ingrid Betancourt, de la América Latina nuestra, puede ser merecedora de un premio tan importante como el Nobel de la Paz. Por eso, adhiero al proyecto de acuerdo. He dicho. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, la esencia del Premio Nobel es un reconocimiento que se otorga a una persona que ha hecho algo extraordinario en pro de la humanidad. Felicito a los diputados patrocinantes del proyecto de acuerdo, por la lealtad que han tenido con la Presidenta de la República, que en cierto momento manifestó esa opción. Creo que hay que valorar esa lealtad. Sin embargo, en estricto rigor, cuando se analiza cuáles serían los motivos para otorgar dicho premio, no veo la contribución a la humanidad, que en este caso sería el sufrimiento. Pero, por el sufrimiento y el martirio la gente se convierte en santo y es canonizada. En este caso, el Premio Nobel apunta derechamente a una contribución extraordinaria a la sociedad y a la humanidad entera. En esa misma lógica, dicha contribución fue rescatarla, por lo que el merecedor del premio sería quien gestó el rescate. Pero eso es algo puntual. En ese sentido, el mero hecho de haber sido sometida a un martirio no constituye de por sí un acto meritorio para ser postulada al Premio Nobel de la Paz. Obviamente, debe haber alguna acción, hecho o causa que sea proactiva y que incida en una conducta para poder aspirar a tan alto mérito. He dicho. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra a algún otro señor diputado para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- Nuevamente no hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados por 5 minutos. Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 5 abstenciones. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- No hay quórum. Queda pendiente la votación del proyecto de acuerdo para la próxima sesión. El texto íntegro del proyecto de acuerdo figura en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/ VI. INCIDENTES ALCANCES A LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA EN LAS REGIONES DE TARAPACÁ Y DE ARICA Y PARINACOTA. Oficios. El señor CERONI (Presidente en ejercicio).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista. Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi. El señor ROSSI.- Señor Presidente, la licitación pública llamada por el Ministerio de Minería para efectuar exploraciones geotérmicas en la regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota sienta un precedente nefasto para la protección ambiental y para la política pública que el Gobierno dice querer implementar a través del Snaspe, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. El Snaspe nace de convenciones internacionales suscritas por Chile y tiene como objetivo proteger sitios de gran riqueza desde el punto de vista de la biodiversidad relacionada con la flora y las formaciones vegetales, y con la fauna, en particular respecto de especies en peligro de extinción. Se trata de sitios de gran interés turístico. Así lo confirma el suplemento Domingo, de El Mercurio, de fecha 3 de agosto. En su portada aparece una fotografía del sitio que el Ministerio de Minería, a través de una licitación pública, pretende destruir. En 2006 se llamó a licitación pública, para lo cual la cartera señalada se amparó en el decreto Nº 32, de 2004, que fija el reglamento para la aplicación de la ley Nº 19.657, sobre concesiones de exploración y explotación de energía geotérmica, con lo cual vulneró la legislación vigente y los tratados internacionales suscritos por Chile. Incluso, la aplicación de ese decreto es contraria a la función que debe cumplir la Conaf, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, cuya misión fundamental es cuidar las áreas silvestres protegidas. ¡El Ministerio de Minería no entiende que los parques nacionales no pueden ser intervenidos a través de ningún tipo de proyecto, por cuanto se trata de áreas protegidas que cuentan con planes de manejo para su desarrollo sustentable! Hace dos semanas, en Humberstone, la Presidenta Bachelet anunció la creación de un clúster turístico y señaló que esa actividad debe apuntar a los sitios de interés especial. ¿Qué mejor ejemplo en ese sentido que los parques nacionales? ¡Sin embargo, el único parque nacional de la Región de Tarapacá pretende ser intervenido y destruido en virtud de un decreto del Ministerio de Minería! Por lo demás, ese decreto es contrario al reglamento de concesiones de energía geotérmica. En efecto, el numeral 6. del artículo 18 del decreto Nº 32, del Ministerio de Minería, señala que será causal suficiente para denegar la concesión que “la solicitud de energía geotérmica recaiga sobre terrenos declarados Parques Nacionales”. El sitio Nº 1 que pretende ser explorado desde el punto de vista de la energía geotérmica sus señorías pueden examinarlo en el mapa que exhibo es el denominado Polloquere 1, que corresponde a terrenos donde se emplazan las termas del mismo nombre, declaradas de interés turístico internacional y propiedad de privados. En otras palabras, el Ministerio de Minería está indicando que los privados deben permitir la exploración geotérmica en los terrenos que les pertenecen, en este caso el salar de Surire, declarado monumento natural. Como si eso fuera poco, el salar está siendo intervenido por la empresa Quiborax, que está destruyendo los sitios donde anidan flamencos. Como se sabe, el monumento natural es otra forma de protección establecida por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, amparado por la Constitución y, repito, por los tratados internacionales suscritos por Chile. Por su parte, los sitios Nºs 2 y 3, que también pretenden ser explorados desde el punto de vista de la energía geotérmica, están ubicados en el Parque Nacional Volcán Isluga, comuna de Colchane, Región de Tarapacá. Repito: el Ministerio de Minería ha violado la legislación chilena sobre la materia, en particular el reglamento que prohíbe efectuar exploraciones geotérmicas en los parques nacionales. El llamado a licitación pública en comento destruirá dos de los principales patrimonios naturales desde el punto de vista de la biodiversidad y de la riqueza de la flora y de la fauna de la regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota: el salar de Surire, sitio precioso y de proyección turística internacional, y el Parque Nacional Volcán Isluga, lugar donde se ubica la laguna Arabilla y el pueblo de Isluga, conocido por su carnaval. Resulta contradictorio que, por una parte, se hable de fomentar el turismo y de la necesidad de aumentar la superficie protegida, materias incluidas en los convenios internacionales suscritos por Chile, y por otra, que el Ministerio de Minería actúe como si nada de eso existiera, al margen de la ley. Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Agricultura subrogante, a fin de que instruya a la directora ejecutiva de la Conaf, con el propósito de que cumpla su misión de cuidar las áreas silvestres protegidas, en este caso, los sitios Nºs 1, 2 y 3 de Polloquere, en todos los cuales se pretenden intervenir para realizar exploraciones geotérmicas de acuerdo con la licitación pública llamada por el Ministerio de Minería, y fiscalice las faenas mineras llevadas a cabo por la empresa Quiborax, las que tienen lugar a pocos kilómetros de los sitios de anidamiento de los flamencos, en la reserva de vicuñas y en el monumento natural salar de Surire. En segundo lugar, solicito que se oficie al Consejo de Ministros, a fin de poner a ese estamento al tanto de la situación. Así me lo recomendó la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que no sólo conoce el caso, sino que comparte mis aprensiones. En este problema ambiental conviven dos almas: a algunos ministros de la Concertación no les interesa la preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable es una frase que queda en el olvido, metida en el cajón de algún escritorio; a otros, como a los responsables de la Conaf y la ministra Ana Lya Uriarte, sí les preocupa el tema. En tercer lugar, solicito que se oficie al ministro de Minería, a fin de que examine el reglamento que regula las concesiones de exploración y explotación de energía geotérmica y dé pie atrás en relación con el llamado a licitación para efectuar exploraciones geotérmicas en la regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota, que traerán como consecuencia la destrucción de uno de los patrimonios más importantes desde el punto de vista de la flora y de la fauna del norte chileno. He dicho El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican. DÍA DEL MINERO. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule. El señor SULE.- Señor Presidente, por conmemorarse este 10 de agosto la festividad de San Lorenzo, también conocida como el “Día del Minero”, y como representante de una región minera, quiero saludar y expresar mi más cálido homenaje a todos los trabajadores mineros, a los pirquineros del salitre, del carbón y del cobre; a los empresarios de la pequeña, mediana y gran minería; a los trabajadores de los subcontratistas, quienes día a día luchan contra la roca, el tiempo y la lejanía de sus seres queridos para extraer el mineral que tanto aporta al desarrollo del país. No cualquiera está preparado para realizar esa tarea, precisamente, por tal razón el carácter del hombre y la mujer de la minería, a lo largo de siglos de historia, es tan definido y particular: siempre decididos, fuertes, seguros de sí mismos. La minería ha sido, es y seguirá siendo la principal palanca para el desarrollo y mejoramiento económico de nuestro país. Chile entero está en deuda con sus trabajadores mineros. Ellos deben ser homenajeados como forjadores de los cimientos de nuestra patria. Por ello, me complace decirles que, en homenaje a su trabajo, está avanzando a paso firme un proyecto de ley, que presentamos junto con otros parlamentarios, para instaurar formal y legalmente el 10 de agosto como el día nacional de los mineros del país. Éste es un proyecto simple, pero que tiene un tremendo significado social y político. No obstante estar establecido en el decreto Nº 1040, de 1985, del Ministerio del Interior, el 10 de agosto como el Día del Trabajador Minero, este proyecto es un reconocimiento para los artífices de la actividad más importante del país. De esta manera, todos los 10 de agosto de cada año, el país entero celebrará el Día de los Mineros. Éste será un día para recordar a aquellos compañeros que ya no están y que dejaron su vida en busca de la riqueza que se alberga en las entrañas de nuestro subsuelo, y para agradecer a todos esos chilenos que se dedican con su esfuerzo a la noble actividad de la minería. Además, no basta con este proyecto. El mundo minero es amplio y, si bien hay muchos trabajadores que pasan por una buena situación económica, laboral y social, aún quedan muchos otros que no tienen esa suerte. El Estado no puede obviar la precaria situación laboral en que viven muchos pirquineros y mineros artesanales, que deben afrontar graves problemas de salud y deterioro físico, bajos niveles de escolaridad en general y mínimas condiciones de seguridad en el desarrollo de su trabajo. Lo más justo es que estos trabajadores puedan contar con el compromiso del Estado para superar los graves problemas que los afectan. Asimismo, debemos solucionar definitivamente la situación de los trabajadores de subcontratistas. En el país no pueden existir trabajadores de primera y segunda categoría. Por último, quiero extender este saludo a un gran luchador y defensor de los derechos de todos los trabajadores mineros, al ex diputado y fundador de la Federación de Trabajadores del Cobre, Héctor Olivares. “El negro”, como le dicen sus amigos, fue forjador de la nacionalización del cobre y siempre ha luchado por dignificar a los mineros. Además, debo destacar su calidad humana, pues siempre ha estado a disposición de quién lo necesite, aún hoy, cuando lucha contra un voraz cáncer que lo tiene en un grave estado de salud. Por eso, en esta celebración del Día del Minero, le rindo un gran homenaje al compañero y amigo Héctor Olivares. Finalmente, envío un mensaje de solidaridad a todos los trabajadores y trabajadoras ligados al área minera, quienes podrán contar con su diputado en esta lucha a la que no abdicaré hasta lograr los objetivos. Por eso, pido que mi intervención se envíe a todos los sindicatos de trabajadores relacionados con la minería, a los pirquineros y pequeños empresarios. Además, que se haga llegar una copia a Héctor Olivares, ex parlamentario del Partido Socialista. He Dicho Aplausos. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, se enviarán las copias de su intervención solicitadas y, en forma especial, a nuestro ex colega Héctor Olivares, con la adhesión de todos los parlamentarios que así lo indican a la Mesa. INSTALACIÓN DE OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR EN CHILOÉ. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité Independiente, el que ha cedido su tiempo al diputado señor Gabriel Ascencio. Tiene la palabra su señoría. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, agradezco al Comité Independiente que me haya cedido su tiempo para hacer presente una situación que me parece bien interesante. Los consumidores luchan cada vez más por el ejercicio y el respeto de sus derechos, por lo tanto, cada día hay más reclamos y peticiones sobre información, orientación y defensa. Estas peticiones se hacen al Servicio Nacional del Consumidor, cuyos funcionarios trabajan en cada una de las ciudades cabeceras de regiones a lo largo de todo Chile; sin embargo, lamentablemente, no alcanzan a cubrir otros territorios geográficos. En la Región de Los Lagos, especialmente en Chiloé, el Sernac es más necesario. Cada vez como decía hay más gente que va a pedir información, a formular denuncias y quiere que alguien la defienda frente a grandes proveedores que se están instalando allá; pero el Sernac no da abasto para su atención. Hay un convenio para las 316 comunas más pequeñas, entre ellas, diez de Chiloé. Los municipios facilitan las llamadas plataformas de atención. Colocan a una persona para atender a la gente. Muchas veces, el conductor o un trabajador administrativo que ya tiene demasiado trabajo o no necesariamente está calificado para asumir esa tarea, porque le dieron la labor y no tiene la preparación adecuada, lo que va en contra de la función que debe desarrollar el Sernac. Hoy, mucha gente de mi provincia está pidiendo que el Sernac instale en esos lugares alejados una oficina, la cual puede ser pequeña, con un funcionario y un abogado, que es imprescindible. Si en Ancud se reciben, más o menos, 800 denuncias; en Castro 600 ó 700, y así, sucesivamente, en cada una de las localidades, quiere decir que el Sernac es un servicio muy solicitado. Cada vez más gente formula denuncias. Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al señor ministro de Economía, con el objeto de que se estudie la posibilidad de que el Sernac instale en la provincia de Chiloé una oficina que cuente con un administrativo y un abogado, y a partir de eso, coordine todo el trabajo relacionado con las peticiones de información, de defensa, de denuncia, que los consumidores efectúan en esa provincia. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia del texto de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. ATRASOS EN ESTADO DE PAGOS A EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE VIVIENDAS SOCIALES. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el señor Barros. El señor BARROS.- Señor Presidente, he recibido una carta de representantes de numerosas empresas que trabajan con el Serviu en la construcción de viviendas sociales en la Sexta Región, en la que indican atrasos en el estado de pagos. Quiero ser muy preciso. Ésta no es una crítica política. El Serviu ha hecho sus mejores esfuerzos para intentar solucionar esa situación en la región; sin embargo, pido que se oficie a la Dirección de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda, para que informe al respecto. Ayer, incluso hubo una manifestación. Uno podrá estar de acuerdo o no; pero, en todo caso, pido que la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo me remitan esos antecedentes, en caso de tenerlos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. REVISIÓN DE CUOTA DE CAPTURA ASIGNADA A SINDICATO INDEPENDIENTE DE PESCADORES ARTESANALES DE CALETA COLIUMO PUREMA EN TOMÉ. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla. El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, me voy a referir a un problema que afecta al Sindicato Independiente de Pescadores Artesanales de la Caleta ColiumoPurema, en la comuna de Tomé, conformado por más de 35 esforzados hombres de mar y con una dotación de 15 naves merluzeras. A esa organización le fue asignada una cuota de captura de 16 toneladas para la presente temporada, la que contrasta con las fijadas a otras organizaciones, pero que están afiliadas a la Federación Regional de Pescadores Artesanales, cuestión que era obvia puesto que esta agrupación forma parte de la mesa que distribuye los recursos pesqueros en la Octava Región. Dicen que la cuota se asigna en virtud de la captura histórica de 2002. En el caso del sindicato en cuestión, este elemento habría servido de base para que le asignaran la cuota de 16 toneladas. Extraña la forma de llegar a ese promedio del año 2002, puesto que los certificados de desembarque tenidos a la vista muestran una captura de 6.295 toneladas con 5 de las 16 naves merluzeras. Es necesario que la Subsecretaría de Pesca intervenga y revise la cuota asignada al sindicato en cuestión, absolutamente discriminatoria respecto de la que recibieron las otras organizaciones de pescadores, de manera que se asigne una cuota de captura mayor a esas familias de pescadores, que por estos tiempos no la están pasando bien. Por lo anterior, pido que se oficie al subsecretario de Pesca para que disponga revertir la cuota de captura de 16 toneladas asignada al Sindicato Independiente de Pescadores Artesanales de la Caleta ColiumoPurema, toda vez que representa apenas un día de trabajo para las 16 naves. De mantenerse esta cuota, se vislumbra un futuro incierto para las familias de esos pescadores, con las consabidas necesidades, debido a que los recursos económicos provenientes de la cuota asignada permiten satisfacer lo elemental de la alimentación por no más allá de una semana. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. MANTENCIÓN DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE RURAL. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, me llama profundamente la atención que el Gobierno haya decidido rebajar las inversiones en obras de agua potable rural, en la partida del Ministerio de Obras Públicas. El anuncio es tremendamente preocupante, sobre todo cuando todavía existen lugares con población concentrada donde falta ese vital elemento para tener una mejor calidad de vida. No desconocemos que nuestro país ha avanzado en cobertura de agua potable rural y tenemos conciencia del beneficio que significa para la gente que vive en nuestros campos. Por eso, el Gobierno debería rebajar inversiones en otras partidas y no en ésta, ya que con esa decisión se afectará el derecho de acceso al agua potable de muchos conciudadanos. Por eso, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que reconsidere la medida de rebajar el presupuesto para obras de agua potable rural, porque no tiene lógica y porque creo que ha sido mal planteada. La Presidenta de la República señaló que no habrá disminución en el gasto social. ¡Bueno, qué más social que el acceso al agua potable de nuestros compatriotas de zonas rurales! Con el recorte presupuestario para esas obras causaremos un tremendo problema a la gente del campo, ya que desmejorará su calidad de vida y, por ende, su salud. Espero que todos los diputados presentes en la Sala me acompañen en la petición al ministro de Obras Públicas. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO FAMILIAR. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, en el último tiempo se han establecido políticas para mejorar la calidad de la vivienda y de su entorno, lo que ha sido muy positivo para la calidad de vida de las personas y para el ideal de ciudad y de barrio al que todos aspiramos. Los programas que ha impulsado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para mejorar las propiedades, como el Programa de Mejoramiento del Patrimonio Familiar, son un avance concreto y van en la dirección correcta. He observado el desarrollo de esos programas, he conocido las opiniones de los vecinos y he evaluado su aplicación en la práctica, que es donde se mide el impacto de toda política pública. He comprobando que existen situaciones que la autoridad responsable debe conocer, de manera de superar las dificultades. En primer lugar, muchas personas han testimoniado que al momento de abrir la libreta para la vivienda, el Banco del Estado las induce a tomar un seguro de vida. En segundo lugar, existen organismos facilitadores, encargados de entregar asesoría especializada a las familias que postulan a programas para comprar, construir, ampliar o mejorar su casa, como las entidades de gestión inmobiliaria social y los prestadores de asistencia técnica. La asistencia que brindan estos organismos es pagada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, razón por la cual el servicio es gratuito para las familias, aun cuando da la posibilidad de cobros adicionales, los cuales deben quedar establecidos al momento de firmar el convenio. Esos servicios son muy amplios y variados, ya que van desde todo lo que implica la preparación de los antecedentes, postulación al subsidio, tramitación al momento de comprar una vivienda, hasta el proceso de contratación de la empresa que va a realizar las construcciones. Es decir, es una amplia gama de servicios que deben brindar en forma gratuita, situación que no siempre se da por desconocimiento de las familias. Frente a ese abanico tan amplio de servicios gratuitos, mi pregunta es, ¿qué se cobra entonces? En tercer lugar, me preocupa la fiscalización, tanto del proceso de organización y lo que conlleva, como de la obra propiamente tal, respecto de lo cual estimo que, además de la empresa de gestión, la dirección de obras municipales correspondiente, debería tener un rol muy activo. Los puntos a que he hecho alusión sintetizan la problemática que observo en la aplicación de la normativa que sustenta al programa, motivo por el cual solicito oficiar a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo, con copia del texto de mi intervención, a fin de que analice la situación planteada. Asimismo, y sólo en el entendido de que mi única finalidad es contribuir al éxito de una política relevante para la mejor calidad de vida de las familias, me permito sugerir a nuestra máxima autoridad de la vivienda, incorporar en la página web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del serviu respectivo un ícono o carpeta que contenga información por comuna de las obras realizadas, su ubicación exacta, calidad de las mismas, empresas que las ejecutaron y las entidades que desarrollaron las asesorías correspondientes, así como también y en los mismos términos, una relación muy clara y precisa de la calidad del trabajo y la evaluación que sobre ellas posee el ministerio. En un mundo donde la opinión de las personas importa, sugiero además que se establezca un mecanismo objetivo recoger el parecer de los beneficiarios respecto de las obras realizadas y de los actores del proceso. Estoy convencido, como creo que lo estamos todos, de que en la medida en que las familias tengan información suficiente y de fácil acceso, garantizamos aún más la calidad de los trabajos y prestigiamos y reconocemos a las empresas y organizaciones que actúan responsable y eficientemente. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia del texto de su intervención y con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa. HOMENAJE EN MEMORIA DE LA SECRETARIA PARLAMENTARIA SEÑORA CARMEN BARCKHAHN THOMAS. Notas de condolencias. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, con profunda tristeza, pero con inmenso cariño, deseo hacer uso de esta tribuna para expresar unas breves palabras en reconocimiento a mi fiel amiga y secretaria parlamentaria señora Carmen Barckhahn Thomas, una gran dama, a quien hemos acompañado ayer en su misa de exequias y hasta su última morada. Todos los que tuvimos el honor de conocerla, fuimos testigos de su gran dulzura, amabilidad y excelente disposición para quienes, por una u otra razón, debieron alternar con ella. Carmen se prodigó con el máximo amor hacia sus semejantes, por lo que cosechó lo que sembró, sin generar enemistades ni recelos, sino que, por el contrario, sólo recibió el afecto y reconocimiento de todos. Durante sus 39 años de matrimonio, formó una hermosa familia, constituida por su esposo José, sus tres hijos y sus nietos, y supo alternar equilibradamente su rol de esposa, madre y dueña de casa con su trabajo, en el que destacó como secretaria de varios parlamentarios de nuestro partido, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Fue una destacada militante de Renovación Nacional desde su creación. Ocupó los cargos de vicepresidenta de nuestro distrito 14 y de consejera general por varios períodos, en los que demostró una lealtad inclaudicable con los principios de nuestra colectividad, lo que fue reconocido y valorado por todos los militantes que departieron con ella. Mujer culta e ilustrada. A los excelentes atributos que caracterizaban su labor de apoyo parlamentario, agregaba un amplio dominio del inglés y del alemán, por lo que también le correspondió desempeñarse en varias oportunidades como traductora de diversos documentos de trabajo redactados en esos idiomas que se recibieron en el Congreso. Todos estos antecedentes, unidos al amplio bagaje de conocimientos adquiridos como secretaria de diversos parlamentarios, me motivaron a pedirle que colaborara en similar cargo durante mi campaña para las elecciones parlamentarias de 2005, lo que aceptó espontáneamente, en el cual llevó a cabo un notable cometido y trabajó siempre, como ella decía, “de sol a sol”. Junto con mi asunción al cargo de diputado, ella se integró con mucho entusiasmo a mi equipo de trabajo en el Congreso, como secretaria de la oficina, donde efectuó su labor en forma abnegada y con mucho esfuerzo y sacrificio, pero sin cejar jamás y con plena dedicación, pese a los continuos episodios críticos que debió enfrentar, como consecuencia de su dolencia pulmonar que se iba acentuando en forma lenta pero progresiva, hasta culminar con su fallecimiento. En el desempeño de sus tareas, fue ampliamente conocida y respetada por todos los funcionarios de los diversos estamentos del Congreso, así como por asesores y secretarias parlamentarias de todas las bancadas, entre los cuales concitó grandes afectos, ya que valoraban su grandeza de espíritu. Prueba de lo anterior es que, en un hecho inédito, ayer se solicitó un minuto de silencio en el comedor de los funcionarios del Congreso en reconocimiento de su calidad humana. No me resta sino agradecer a Dios que me haya dado la oportunidad de conocer a Carmen, una distinguida señora, en el genuino sentido de la palabra, querida y admirada por todos, quien, a través de su límpida y transparente mirada que brotaba de sus hermosos ojos azules, exteriorizaba esa bondad de corazón que la caracterizaba, lo que indudablemente extrañaremos mucho. Estamos ciertos de que su alma descansa en paz y de que se encuentra en el lugar reservado a los limpios de corazón, porque los bienaventurados como ella verán a Dios, según nos enseñara el evangelista San Mateo. Fue una mujer que se entregó en cuerpo y alma a su trabajo, que tenía un sentido de responsabilidad pocas veces visto en el Congreso y en la vida en general. Quiero brindar mi reconocimiento a una mujer que muchas veces se postergó a sí misma y a su familia por ese sentido de responsabilidad que la inspiró siempre. Fui amigo de Carmen por más de veinte años, por lo que quiero, a través de estas palabras, hacer llegar un sentido mensaje de consuelo a su marido y a sus tres hijos. He dicho. Aplausos. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Adherimos al dolor que aflige al Comité de Renovación Nacional ante la pérdida de la señora Carmen. Se enviará copia del texto de su intervención a su esposo e hijos. ASFALTADO DE CAMINO DEL SECTOR DE MAQUEHUEZANJA, COMUNA PADRE LAS CASAS. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, en los últimos meses, durante mis visitas a diversas agrupaciones campesinas mapuches de la comuna de Padre Las Casas, me refiero a las comunidades Juan Pranao, Pancho Marivil, Torres Domingual, María Mariquita viuda de Inglés, José Calcumil, Domingo Quilaqueo, Huete Llancavil, Cristo Carril, Valentín Calhuin, Francisco Manqueñir, Paillanao Huenchuñir, Juana viuda de Cuminao, Andrés Huentemil e Inglés Ñancumil, sus representantes me han planteado su anhelo de que se materialice el proyecto de asfaltado de un camino en el sector MakeweZanja que va a mejorar el desarrollo productivo y calidad de vida de dichas comunidades. Hoy es plenamente posible avanzar en esta obra, porque las comunidades están ubicadas en el sector de Makewe, comuna de Padre Las Casas, que tenía una obra de asfalto planteada como prioritaria, la cual corresponde al camino MakewePelales. Son 25 kilómetros, aproximadamente, desde el enlace MakewePelales hasta la escuela Laurel Huacho, a la que asisten niños de todas estas comunidades, quienes deben caminar varios kilómetros por este camino, que en la actualidad se encuentra en deficientes condiciones debido, fundamentalmente, a la gran cantidad de tráfico por el sector. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, al subsecretario de Obras Públicas y al director regional de Vialidad, a fin de que consideren los recursos necesarios para realizar el estudio de prefactibilidad técnica y materializar la construcción de la carpeta asfáltica del camino MakeweZanja, entre el enlace MakewePelales hasta la escuela Laurel Huacho. Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención al concejo de Padre Las Casas. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE TRANSPARENCIA EN EL COBRO DE SERVICIOS BANCARIOS. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, el 3 de junio pasado, hace exactamente dos meses y tres días, pedí que se oficiara al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, a fin de que nos informara sobre la transparencia con que los bancos, instituciones fiscalizadas por el organismo que dirige, ofrecen sus servicios a los millones de chilenos que en ellos han abierto cuentas corrientes o mantienen tarjetas de débito o de crédito. Como dije, han pasado más de dos meses, pero el superintendente no se ha dignado a contestar. Sin embargo, hubo alguien que actuó más rápido. El diario electrónico “El Mostrador”, el cual, a propósito del informe que presenté al superintendente, publicado por un banco que daba cuenta de las diferencias de precio entre los servicios, sin mencionar a los bancos, publicó los nombres de estas instituciones y entregó los datos, aunque no oficialmente, sobre los cobros por los servicios que prestan a sus clientes. Es decir, lo que pedí al superintendente. Por ejemplo, consta en un documento, cuya copia entregaré a la Mesa, que mientras algunos ofrecen planes de banca de personas entre cero a 4.999 pesos, como el Banco Falabella, el BBVA ofrece de cero a 5.998 pesos; hay otro que los ofrece a 17 mil. Por compras internacionales con tarjeta de crédito, el Banco Santander cobra 2,50 por ciento de comisión por cada operación, en tanto que el Banco de Chile 1,68 por ciento. Por consulta de saldo no sabía que se debe pagar por esto el Banco Santander que es donde tengo cuenta corriente cobra 700 pesos, pero hay varios otros que no cobran este servicio. Por lo tanto, aun a riesgo de molestar al superintendente, voy a insistir en este oficio. ¿Por qué no es posible mayor transparencia? Hoy en Chile la transparencia se demanda para todo. Para los actores públicos, por cierto, pero también para los privados, y la Superintendencia de Bancos tiene por objeto generar transparencia en los procesos que le competen. ¿Qué problema hay en que trimestralmente publique los costos a que he hecho referencia, de tal suerte que la gente pueda elegir el banco que le cobre más barato? ¿Qué cuesta? Sé que el superintendente debe resolver situaciones mucho más complejas, pero insisto en que se reitere el envío de oficio, a fin de que conteste y nos diga si es posible que en Chile haya más transparencia en la información de cobro de los servicios bancarios para que los clientes decidan con conocimiento al abrir cuenta corriente o tener tarjeta de débito o de crédito. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se reiterará el envío del oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE PÉRDIDA PATRIMONIAL DE LA FUNDACIÓN MI CASA. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, me ha sorprendido el programa de televisión “En la Mira”, en el cual se tocó el tema de la Fundación Mi Casa. Al respecto, la señora Delia Del Gatto, cuando era directora del Servicio Nacional de Menores designó como interventor de la Fundación a Rodolfo Bonafos, ingeniero dedicado a asesorar empresas. Posteriormente, el 17 de mayo de 2006, la señora Del Gatto fue contratada como gerenta general de esa institución. El señor Bonafos ha vendido el 87 por ciento de las propiedades de que disponía esa institución, con un costo superior a 5 mil millones de pesos. Al respecto, quiero saber si la señora Delia del Gatto podía asumir como gerenta general, sin haber transcurrido al menos seis meses de haber dejado la dirección del Sename. Creo que debemos transparentar los hechos que he mencionado. Por eso, voy a enviar una carta personal al director de la Fundación Mi Casa, a fin de que me expliquen estas cuestiones. Resulta inconcebible que una institución como ésta, fundada hace tantos años por el padre Alfredo RuizTagle esté siendo desmantelada de la manera mostrada por el programa de televisión que mencioné y haya perdido más del 87 por ciento de su patrimonio. Por lo tanto, pido que se oficie al director nacional del Servicio Nacional de Menores, a fin de que nos informe sobre lo sucedido con el patrimonio de la Fundación Mi Casa, como una manera de fiscalizar estos procesos que resultan tan dolorosos en instituciones relacionaadas con niños de nuestro país. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE RETIRO DE FONDOS DE EMERGENCIA. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, cuando el país vive emergencias, los afectados recurren con urgencia a los ministerios pertinentes. ¿Cuál es la institución que se hace cargo de las tragedias cuando ocurren desastres naturales, como las erupciones volcánicas o las sequías? El sur de Chile vivió una gran sequía en la última primavera, que continuó durante el verano y se extendió hasta el otoño recién pasado. Se asignaron fondos de emergencia para paliar el mal momento, la escasez de alimentos para el ganado bovino y ovino y la falta del vital elemento, el agua, para los habitantes del sur. Muchas comunidades fueron afectadas por ese problema. Los ministerios debieron actuar, especialmente el de Agricultura. Se entregaron algunas bolsas de concentrados, de alimento para los pocos animales que tienen los pequeños agricultores, que al parecer siempre son discriminados en estos operativos de ayuda. Algunos recibieron bolsas de concentrados, pero, curiosamente, los que vivían más lejos y tienen mayores problemas, que no son muchos, hasta el día de hoy no han sido favorecidos. Me refiero especialmente al sector de Llancacura, de la comuna de La Unión. Seguramente el Ministerio de Agricultura, a través del Indap, debería encargarse de entregar esa ayuda. Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, constató la gravedad de la situación vivida en el sur a causa de la falta de agua. Sin embargo, hoy se sabe que los proyectos que solucionarían los problemas de agua potable rural situación que también fue denunciada por el diputado Masferrer hace un rato no se concretarían, por lo que no habrá una real solución, debido a que se han reducido los fondos del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para ese objetivo, esto es, para programas de agua potable rural. Se ilusionó a los afectados con proyectos de emergencia, con notificaciones y diversas reuniones; en ellas se les ofreció, de manera verbal, una solución y se les señaló que para el próximo verano no sufrirían el problema de la falta del vital elemento, lo que, obviamente, provocó mucha felicidad en esos agricultores. De hecho, todavía esperan el inicio de los trabajos, sin saber que los fondos destinados para tales efectos han sido rebajados. En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas y a la ministra de Agricultura, a fin de que nos entreguen la información correspondiente y nos confirmen oficialmente si es verídica esa nefasta noticia que nos han entregado algunos funcionarios de esas carteras. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia del texto de su intervención y la adhesión de quienes así lo señalan. PROBLEMAS DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA DEL SUR DE CHILE. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El tiempo restante del Partido por la Democracia fue cedido al diputado Fernando Meza. Tiene la palabra su señoría. El señor MEZA.- Señor Presidente, agradezco al Partido por la Democracia, particularmente al diputado Jaime Quintana, su jefe de bancada que espero que en un futuro cercano acceda a una senaduría, para hacer un recambio de rostros, puesto que cuando éstos se repiten demasiado terminan cansando el ambiente político nacional, por la gentileza de cederme su tiempo. Ya lo decía el distinguido parlamentario Enrique Jaramillo: la agricultura está en crisis y padece múltiples problemas. Pareciera ser que la gente que hace de todo termina por no hacer bien las cosas. El que dice saber de todo, termina sabiendo nada. En la agricultura, un tercio de la ruralidad, especialmente las chilenas y chilenos que se dedican a la pequeña agricultura, está sufriendo por los precios del petróleo, que se han disparado, y de los fertilizantes, así como por la caída del dólar, que afecta las exportaciones forestales y agropecuarias. Además, la agricultura se encuentra en crisis porque la mala administración del Ministerio de Agricultura y la pésima gestión del Indap han llevado a que miles y miles de pequeños agricultores de las regiones Octava, Novena y Décima no dispongan de los insumos necesarios para sus siembras. En días recién pasados, a la Novena Región se le recortaron casi 2 mil millones de pesos para destinarlas a asuntos completamente desconocidos. Y, lo que es peor, aunque se realizó un catastro de cientos y miles de pequeños agricultores que serían beneficiados con ayuda en tiempos de sequía a la que se refirió el diputado Jaramillo, aún no han sido atendidas sus demandas. Es necesario que se expliquen algunas cosas. Por ello, quiero expresar mi satisfacción porque ayer más de cuarenta diputados suscribieron una petición para citar a una sesión especial, a fin de que la Presidenta de la República, a través de sus ministros y de sus directores de servicios, también conozca lo que sucede en la agricultura. Pareciera ser que los asesores no están cumpliendo su tarea como corresponde y están elaborando diagnósticos equivocados. A fuerza de ser majadero, insisto en oficiar a la ministra de Agricultura, a fin de que nos informe lo antes posible sobre los problemas que he mencionado, dada la situación de angustia en que viven los pequeños agricultores. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan. ELIMINACIÓN DE COTIZACIÓN DE SALUD PARA JUBILADOS Y MONTEPIADOS. Oficios. El señor MEZA.- Señor Presidente, nuevamente rompo una lanza por los jubilados y montepiados. En innumerables oportunidades, todas las bancadas se han pronunciado acerca de la imperiosa necesidad de eliminar el 7 por ciento de cotización de salud de la pensión de los jubilados y montepiados. Siempre se habla de salud gratis para ellos, pero jamás será así si todos los meses se descuenta de sus escasos ingresos el 7 por ciento por concepto de salud. La Presidenta de la República y el ministro de Hacienda deben tener el corazón de pobre y entender que los 40 mil millones de dólares que están debajo del colchón tienen que servir hoy para superar esta crisis en la que está sumida la clase media, que pasa hambre con corbata. En un extremo de la sociedad están los subsidios para los pobres, y en el otro no se necesitan, pero en el centro se encuentra esta gigantesca clase media que no es beneficiaria de ningún tipo de subsidio, pero que debe soportar una carga impositiva cada vez más pesada. ¡Qué bueno sería que se estudiara la rebaja de dos puntos en el IVA, aunque sea por un plazo de dos años, para ir en ayuda de esa clase media que no recibe absolutamente ningún apoyo! Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Hacienda y se le exponga mi propuesta y, además, que se envíe copia de mi intervención a la señora Presidenta de la República, para que vea que el Chile que le describen los asesores del segundo piso del palacio presidencial no siempre corresponde al Chile de verdad, que los parlamentarios diariamente conocemos en terreno. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con el texto de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 13.58 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones Subrogante.