REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356ª
Sesión 23ª, en miércoles 30 de abril de 2008
(Ordinaria, de 10.44 a 13.38 horas)
Presidencia de los señores Bustos Ramírez, don Juan; 
Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Ulloa Aguillón, don Jorge.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE

I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.ORDEN DEL DÍA
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
VII.INCIDENTES
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
V.Orden del Día. 
Acuerdos de Chile con México y Guatemala para autorizar a familiares del personal del Servicio Exterior para desarrollar actividades remuneradas. Primer trámite constitucional12
Regulación del contrato de la prestación de servicios educacionales. Primer trámite constitucional15
VI.Proyectos de acuerdo. 
Condonación de patentes de acuicultura a recolectores de algas35
Extensión de período posnatal36
VII.Incidentes. 
Creación de Corte de Apelaciones en Osorno. Oficio38
Reactivación de estudio de reubicación de servicios públicos. Oficio39
Medidas para paliar cesantía por quiebra de aserraderos Paillaco S.A. 
Oficios40
Felicitaciones a cuarta comisaría de Carabineros de comuna de Río Bueno. Oficios40
Entrega de cuenta pública en Tocopilla. Oficios41
Investigación de irregularidades en municipalidad de Cunco. Oficio42
Información sobre multas cursadas por el Servicio de Salud a la Municipalidad de Antofagasta. Oficio42
Acceso expedito de los parlamentarios al Palacio de la Moneda. Oficio43
Destinación de fondos a entidades colaboradoras del Sename. Oficios43
Problema sanitario en sector San Rafael de la comuna de Calbuco. Oficios44
Aniversario de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado. Oficio45
Felicitaciones a carabineros de Cuarta comisaría de Río Bueno. Oficios46
VIII.Documentos de la Cuenta. 
1.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto de reforma constitucional que “suprime la referencia al número de Diputados”. (boletín N° 496807)
Pág.
2.Oficio de la Presidenta de la República por el cual comunica que formulará reserva a Tratado que aprueba el “Protocolo de Montreal N° 4 adoptado el 25 de septiembre de 1975, por los Estados Miembros de la Organización de la Aviación Civil Internacional y que fuere aprobado por el Congreso Nacional el 12 de octubre de 2006. (Oficio N° 526)
3.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con enmiendas, el proyecto que “tipifica el delito de robo de tapas de alcantarillado o de cauces y señala penas para el delito de receptación de cables eléctricos y tapas de cauces”. (boletín N° 426607 y 426707)
4.Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que “perfecciona el cumplimiento tributario de los contribuyentes”. (boletín N° 578505)
5.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Walker, Bustos, 
Ceroni; Díaz, don Marcelo; Errázuriz; Monckeberg, don Cristián; Ward y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Nogueira, doña Claudia, que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil”. (boletín N° 583707)
6.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Cardemil, Barros, Bauer, Hales, Latorre, Montes, Salaberry, Verdugo, Walker, y de la diputada señora Rubilar, doña Karla, que “concede, por gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote y educador don Heriberto Becker Rawn”, SVD. (boletín 
N° 584217)
7.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Chahuán, Escobar y Sepúlveda, don Roberto, que “mejora la información disponible para los afiliados de isapre”. (boletín N° 584311)
8.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Chahuán, Aedo, 
Escobar y Sepúlveda, don Roberto, que “ modifica los artículo 457 y 458 del Código Penal, con el objeto de sancionar con mayor drasticidad el delito de usurpación”. (boletín N° 584407)
9.Oficio de la Excelentísima Corte Suprema por el cual remite su opinión acerca el proyecto, iniciado en moción, que “modifica el artículo 24 del 
Código Procesal penal, para permitir que en casos excepcionales que indica, las notificaciones se puedan efectuar por agentes de la policía”. (boletín 
N° 576007)


VIII.Otros documentos de la Cuenta. 

1.Memoria.
Memoria de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana correspondiente al periodo de la Presidencia del Diputado señor Jarpa.
2.Oficios.
Oficio de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del 
Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al diputado señor Monsalve. 
Oficio del señor Presidente de la Corporación por el cual comunica que los Comités Parlamentarios de la Cámara accedieron participar en la Ceremonia de Izamiento del pabellón Nacional de la Fragata “Almirante Condell”, la que se realizará el día miércoles 28 de mayo, en la Base Naval de Portsmouth, Inglaterra, a la que asistirán la Diputada señora Cristi, doña María Angélica, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional y el Diputado señor Ulloa, como Vicepresidente de la Corporación. (044). 
Contraloría General de la República:
Diputado Monckeberg don Cristián, adquisición de aviones cisterna por la Corporación Nacional Forestal.
Ministerio de Hacienda:
Diputado Duarte, dejar sin efecto el oficio ordinario N° 2.890, de 11 de octubre de 2007. 
Ministerio de Obras Públicas:
Diputado Robles, extracción de aguas por parte de las empresas mineras. 
Diputada Turres, “Central de Generación Eléctrica 90 MW Trapén”. 
Diputado Forni, situaciones que afectan a vecinos del sector La Estancilla, en Llay Llay. 
Diputado Espinoza don Fidel, análisis de calidad del agua del río Maullín. 
Diputado Vargas, repavimentación del camino troncal La CaleraLa CruzQuillota. 
Diputado Lobos, cepas del Puente Calderones, sobre el río Duqueco. 
Ministerio de Bienes Nacionales:
Diputado Quintana, problemas que afectan a Malalcahuello, comuna de Curacautín. 
Diputado Ward, inmueble ubicado entre las calles Chorrillos, Merino, Bilbao y Río Loa, Población Eduardo Frei, comuna de Calama. 
Diputado Araya, concesión de la salitrera Chacabuco y de la Corporación que la administra. 
Diputado Chahuán, transferencia al Club Deportivo “Villa Independencia”, de Viña del Mar. 
Diputado Silber, visita al Persa Teniente Cruz de Pudahuel. 
Ministerio de Salud:
Diputado Kast, cotizaciones de salud de parte de la Universidad Tecnológica Metropolitana. 
Diputado Leal, aumento de personal de salud en la Región de Atacama. 
Diputado De Urresti, fiscalizaciones y sumarios sanitarios realizados con ocasión del fallecimiento de persona que se indica. 
Diputado Sepúlveda don Roberto, asesorías contratadas por el Ministerio de Salud, subsecretarías, secretarías regionales respectivas y sus servicios dependientes. 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
Diputado García, servicio realizado por empresa de transportes de pasajeros “Buses JAC; permiso de recorrido de buses entre las ciudades de Villarrica y Ñancul. 
Diputado Rojas, taxis “piratas” en Antofagasta. 
Diputado Jarpa, posibilidad de modificar el Decreto N° 1, de 1994. 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Proyecto de Acuerdo 525A, Programa de Familias de Acogida para el Adulto Mayor. 
Comisión Nacional del Medio Ambiente:
Diputada Pascal, aeródromo en El Monte. 
Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC):
Diputado Uriarte, permisos y autorizaciones de bomba de bencina ubicada en calle Circunvalación con Los Canelos, sector Tegualda, en Talagante. 
Servicio Nacional de la Mujer:
Proyecto de Acuerdo 529, fondo destinado al financiamiento de proyectos de inversión para mujeres. 
Municipalidad de Cerrillos:
Diputado Sepúlveda don Roberto, plan regulador de la comuna. 
Federación de Ski:
Diputado Egaña, que el Campeonato Mundial de Esquí del 2010 sean en las Termas de Chillán. 
Diputado Martínez, suspensión del Mundial Juvenil de Esquí en las Termas de Chillán.


I. ASISTENCIA

Asistieron los siguientes señores diputados: (100)
NOMBRE(Partido*RegiónDistrito)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Aguiló Melo, Sergio
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cubillos Sigall, Marcela
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--EnríquezOminami Gumucio, Marco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Lobos Krause, Juan
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Monsalve Benavides, Manuel
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Nogueira Fernández, Claudia
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende, Denise
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Rubilar Barahona, Karla
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Silber Romo, Gabriel
--Sule Fernando, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Cárdenas, Mario
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
Diputadas y diputados en misión oficial señoras Amelia Silva Herrera y Alejandra 
Sepúlveda Orbenes; señores Pablo Lorenzini Basso y Samuel Venegas Rubio.
Asistieron, además, la ministra del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señora Paulina Urrutia Fernández; y del ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo 
Andrade Lara.
Concurrió, también, el senador Hernán Larraín Fernández. 


II. APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 10.44 horas.
El señor CERONI (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor CERONI (Vicepresidente).- El acta de la sesión 18ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 19ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.


IV. CUENTA

El señor CERONI (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor CERONI (Vicepresidente).- El diputado señor Patricio Walker ha solicitado permiso constitucional para ausentarse del país por más de 30 días, a contar del 3 de mayo próximo, con el objeto de asistir a Alemania a un seminario.
¿Habría acuerdo?
El señor DITTBORN.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, quiero preguntar cuántos días dura el seminario al que quiere asistir el diputado Walker.
El señor CERONI (Vicepresidente).- El diputado Patricio Walker ha solicitado permiso por más de 30 días.
El señor DITTBORN.- Que se vote, señor Presidente.
El señor CERONI (Vicepresidente).- En votación el permiso constitucional solicitado por el diputado Patricio Walker.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 9 votos. No hubo abstenciones.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Rechazado el permiso constitucional solicitado por el diputado Patricio Walker, porque no se alcanzó el quórum requerido. Puede volver a solicitarlo en la próxima sesión. 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ceroni Fuentes Guillermo; Delmastro Naso Roberto; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Silber Romo Gabriel; Tuma Zedan Eugenio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Dittborn Cordua Julio; Forni Lobos Marcelo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Norambuena Farías Iván; Rojas Molina Manuel; Turres Figueroa Marisol; Ward Edwards Felipe.
El señor PAREDES.- Señor Presidente, mi voto no fue registrado.
El señor CERONI (Vicepresidente).- La votación ya se efectuó y el diputado Walker tiene derecho a solicitar nuevamente permiso constitucional en la sesión siguiente.


V. ORDEN DEL DÍA


ACUERDOS DE CHILE CON MÉXICO Y GUATEMALA PARA AUTORIZAR A FAMILIARES DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Primer trámite constitucional.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, los proyectos aprobatorios de los acuerdos celebrados por la República de Chile con los Estados Unidos Mexicanos y con la República de Guatemala, respectivamente, con el objeto de autorizar a los familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las misiones diplomáticas y consulares acreditadas para desarrollar actividades remuneradas en el respectivo estado receptor.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Carlos Abel Jarpa.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 560710, sesión 120ª, en 19 de diciembre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Mensaje, boletín Nº 560810, sesión 120ª, en 19 de diciembre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 2. 
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 132ª, en 16 de enero de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor JARPA.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, informo sobre los acuerdos aprobatorios de los tratados bilaterales celebrados por Chile, separadamente, con los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala, con el objeto de permitir, sobre una base de reciprocidad internacional, que los familiares dependientes de miembros de las respectivas misiones diplomáticas y consulares puedan ser autorizados a desempeñar actividades remuneradas en el Estado receptor, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
Estos dos tratados, celebrados bajo la forma de acuerdos, tienen propósitos y fundamento jurídico internacional comunes y, en lo sustancial, son de un mismo contenido normativo, de manera que por razones de economía procesal la Comisión ha acordado informarlos en un mismo acto, sin perjuicio de que la Cámara de Diputados adopte la decisión de aprobarlos o desecharlos en votación única o en votaciones separadas. 
Ambos acuerdos no contienen normas que requieran de quórum especial para su aprobación y tampoco necesitan ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Asimismo, fueron aprobados por unanimidad, con los votos de los diputados Pedro Pablo ÁlvarezSalamanca, Marcelo Díaz, Renán Fuentealba, Osvaldo Palma y el diputado que habla.
Nuestro país ha celebrado tratados bilaterales con diversos países, todos fundados en el principio de la reciprocidad internacional, ya aprobados por el Congreso Nacional por la unanimidad de ambas Cámaras. 
Estos acuerdos internacionales reconocen los vínculos de amistad entre los países que los celebran y el interés del personal diplomático y consular en orden a que se permita a los familiares dependientes que viven a sus expensas el ejercicio de un trabajo remunerado en el otro país, de manera de facilitarles su vida familiar y permitirles mejorar sus condiciones de vida y, además, una mayor integración social. 
Ambos tratados facultan a los gobiernos para autorizar el ejercicio de actividades remuneradas en el Estado receptor por los familiares dependientes de los miembros acreditados en sus respectivas misiones diplomáticas y consulares y regulan las condiciones para dicho ejercicio, los procedimientos administrativos aplicables para tramitar las solicitudes correspondientes, los alcances de la autorización y la expresión familiares dependientes.
Se entiende por familiares dependientes el o la cónyuge, los hijos menores de edad que vivan a cargo de sus padres, que cursen estudios de tiempo completo o estudios superiores en centros de enseñanza superior y los hijos solteros que vivan a cargo de sus padres y tengan alguna incapacidad física o mental.
En el Acuerdo con Guatemala las Partes convienen en que no habrá restricciones sobre la naturaleza o clase de empleo que pueda desempeñarse, entendiéndose, sin embargo, que al beneficiario se le podrá exigir el cumplimiento de las condiciones de calificación profesional exigidas por la normativa interna o se le podrá denegar la autorización para desempeñar empleos reservados a los nacionales del Estado receptor por razones de seguridad. 
Cabe señalar que la autorización de ejercer actividades remuneradas no libera al beneficiario de la obligación de cumplir los requisitos para el desempeño del empleo, en particular en materia de títulos y cualidades profesionales exigibles por el Estado receptor.
Durante el estudio de ambos proyectos, la Comisión escuchó al director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Claudio Troncoso Repetto, quien proporcionó, en general, antecedentes análogos a los proporcionados por los mensajes para fundamentar la conveniencia de aprobar los tratados internacionales.
Atendidos los antecedentes expuestos, la Comisión decidió, por unanimidad, recomendar a la Cámara de Diputados aprobar, en votación única o votaciones separadas, ambos proyectos de acuerdo, en los mismos términos propuestos por los respectivos mensajes; es decir, que los familiares dependientes del personal de las misiones diplomáticas y consulares de Chile, México y Guatemala desempeñen actividades remuneradas bajo las normativas del Estado receptor.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.- Señor Presidente, los acuerdos que nos convocan se basan en un acuerdo alcanzado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país con los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala.
Sus objetivos son permitir que los familiares de los diplomáticos chilenos, mexicanos y guatemaltecos puedan trabajar en dichos países.
El acuerdo es importante, porque ayuda a los familiares de los diplomáticos a trabajar en los Estados receptores y da una señal de confianza de dichos países.
Valoramos la iniciativa y nos parece positiva, porque apunta en la dirección correcta de permitir a los ciudadanos de estos tres países a estar más conectados.
Por eso, en el nombre de la Unión Demócrata Independiente, encabezada por su representante permanente en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, don Iván Moreira, anuncio que nos sumaremos gustosos a la aprobación de estos proyectos de acuerdo. Esperamos que nuestros colegas hagan lo mismo.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco las palabras del diputado Masferrer.
En segundo lugar, quiero señalar que muchas veces nos hemos sumado a este tipo de acuerdos, porque son positivos, contribuyen a que la familia no se disperse y dan la posibilidad de obtener ingresos extra con el trabajo remunerado de los familiares dependientes.
Hago presente que estos proyectos se fundan en el principio de la reciprocidad internacional, sobre el cual nuestro país ha firmado una infinidad de tratados bilaterales con diversos países.
Por eso, me parece que nuestro apoyo debe ser unánime.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, en esta línea la Comisión de Relaciones Exteriores siempre ha tenido ese criterio. Comparto lo señalado por el diputado Moreira, con quien en el último tiempo, extrañamente, hemos coincidido en estos temas.
Estamos de acuerdo en autorizar a los familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico para realizar trabajo remunerado en el otro país, porque hace bien desde el punto de vista del reconocimiento, para facilitarles su vida familiar y permitirles mejorar sus condiciones de vida y una mayor integración social.
Por eso, anuncio el voto favorable de la bancada del Partido Socialista a este proyecto, además que no es el primero y esperamos que vengan muchos más.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, la bancada del Partido por la Democracia también va a respaldar este iniciativa, porque es malo para la función diplomática en general que los miembros de las misiones tengan a sus familias disgregadas. Además, se trata de una situación que ocurre en varios países, no sólo en Guatemala y México, como se informa en el proyecto.
Por tal razón, es la ocasión para manifestar que hay una reforma en curso, una reestructuración de la Cancillería que tendrá que hacerse cargo de situaciones como éstas. Hay una serie de países donde los diplomáticos, embajadores y funcionarios de carrera, por la equivalencia de la moneda del país no están en las mismas condiciones.
Por lo tanto, se trata de la forma cómo cumplen su cometido dichos personeros que representan a nuestro Estado. Espero que sea considerado en el debate que se iniciará con una reforma institucional de ese organismo.
Por eso, vamos a aprobar el proyecto.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente, sólo para anunciar el voto favorable de la bancada Radical Social Demócrata a esta iniciativa, basado en que nuestro país ha logrado gran parte de su potencial económico con el comercio internacional, especialmente en este período de la globalización.
Me parece muy importante lo que se haga con el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos esperando el proyecto que lo modernizará.
Todos los tratados que se aprueben en este sentido fortalecen las facilidades que se dan al personal que labora en la Cancillería. También hay que entender que esto fomenta los lazos de amistad, ya que permite al o a la cónyuge y a sus hijos desempeñar labores remuneradas en el Estado receptor. Eso significa incrementar sus entradas y una mayor integración del personal en el Estado receptor.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).- Ofrezco la palabra
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El proyecto se votará al final del Orden del Día.


REGULACIÓN DEL CONTRATO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES. Primer trámite constitucional.

El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en moción, que regula el contrato de prestación de servicios educacionales y establece normas sobre derechos de los alumnos, padres y apoderados en el proceso educacional.
Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Mario Venegas.
Antecedentes:
Segundo informe, boletín Nº 286204, sesión 121ª, en 20 de diciembre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 6.
El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley que regula el contrato de prestación de servicios educacionales y establece normas sobre derechos de los alumnos, padres y apoderados en el proceso educacional. 
Se hace constar que el primer informe reglamentario recaído sobre esta iniciativa fue despachado por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, en virtud de un acuerdo en tal sentido adoptado por la Sala de la Cámara, en sesión 66ª, de fecha 19 de abril de 2005.
Posteriormente, en sesión 65ª, de fecha 10 de enero de 2006, luego de darse a conocer dicho informe en la Sala de la Corporación, ésta adoptó un acuerdo mediante el cual se encomendó a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación emitir un informe complementario al primer informe despachado por su similar de Economía, Fomento y Desarrollo, a la luz de lo señalado durante la discusión de esta iniciativa en la Sala.
Por último, en sesión 90ª de 16 de octubre de 2007, la Sala de la Corporación, luego de aprobar en general el proyecto de ley en referencia, acordó su vuelta a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, para un segundo informe.
Durante el análisis de esta iniciativa, para los efectos de este segundo informe, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del jefe de la División Jurídica, señor Rodrigo González López, y de la abogada asesora doña Misleya Vergara, ambos del Ministerio de Educación.
Respecto del proyecto original, todos artículos sufrieron modificaciones en el trámite de segundo informe.
No hay artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
En cuanto a los artículos suprimidos, se encuentran en esta situación los artículos 5º, 6º y 7º, contenidos en el Capítulo Segundo, denominado “De los derechos y deberes de los alumnos”, del texto aprobado en su primer informe por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.
En el artículo 5º figuraba una enumeración bastante exhaustiva de los derechos de los alumnos.
En el artículo 6º se establecían los deberes de los alumnos.
En el artículo 7º se consignaban los derechos mínimos de los padres y apoderados.
La supresión señalada se debe a la aprobación, por 6 votos a favor y 5 en contra, de una indicación de los diputados señores 
Correa, Recondo y Rojas.
Artículos modificados.
Se encuentran en esta situación los artículos 1º, 2º, 3º (que pasa a ser 4º), y 4º (que pasa a ser 5º) del texto aprobado en su primer informe por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.
En relación con el artículo 1º, que se refiere a la definición de contrato de prestación de servicios educacionales y su regulación, se formularon las siguientes indicaciones:
De la Comisión de Educación, para agregar en el inciso primero, después de las palabras “completa y parcial”, la frase “o mediante algún sistema de beca”.
De la Comisión de Educación, para eliminar, en el inciso primero, la frase “, mediante pago de un arancel anual o semestral, denominado derecho de matrícula y pagos mensuales, denominados colegiaturas”.
De la Comisión de Educación, para reemplazar, en el inciso segundo, la frase “de conformidad a los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios establecidos en los planes y programas oficiales de estudio o propios aprobados por el Ministerio de Educación” por “acorde con los planes y programas de estudio oficiales o propios de cada establecimiento y su proyecto educativo”.
La indicación pretende regular la prestación de servicios educacionales en todos los niveles del sistema, es decir, en la educación prebásica, básica, media y superior.
De los diputados señores Correa, Recondo y Rojas, para eliminar en el inciso segundo la frase final que dice: “en condiciones de seguridad y bienestar para los alumnos”.
De la Comisión de Educación, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:
“La presente ley se aplicará a los contratos educacionales suscritos por los sostenedores de los establecimientos educacionales que no perciban la subvención del DFL 
Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, y por las Instituciones de Educación Superior creadas en virtud del párrafo 3º, 4º y 5º del Título III del DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.”.
En este segundo informe, fueron ratificadas las indicaciones formuladas por la Comisión de Educación, por 6 votos a favor, 
4 en contra y una abstención. En tanto, la presentada por los señores Correa, Recondo y Rojas, fue aprobada por 6 votos a favor y 5 en contra.
Respecto del artículo 2º se formuló indicación de los diputados señores Correa, Recondo y Rojas para eliminar el inciso final, lo que fue aprobado por 6 votos a favor y 5 en contra. Ese inciso señalaba que se considera como parte integrante del contrato de prestación de servicios el reglamento interno de cada establecimiento educacional.
Respecto del artículo 3º (que pasa a ser 4º) se formularon las siguientes indicaciones:
De los diputados señores Correa, Recondo y Rojas, para reemplazar el nuevo inciso primero, que la Comisión de Educación propusiera intercalar, por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 4º, la remuneración del prestador de servicios educacionales comprenderá aquellos servicios que se acuerden en el contrato, los que podrán incluir, entre otros:
a) Un pago anual o semestral denominado derecho de matricula, y
b) Pagos mensuales, denominados colegiaturas o aranceles.”.
De la Comisión de Educación, para sustituir, en el inciso primero, que pasa a ser segundo, el primer párrafo del texto propuesto por la Comisión de Economía que comienza con la frase “En el contrato” y finaliza en el punto seguido, por el siguiente:
“En el contrato deberá consignarse el monto del derecho de matrícula y de las colegiaturas o aranceles, así como las cláusulas de reajustabilidad, que regirán hasta que el estudiante complete todos los cursos o asignaturas que comprenda el nivel respectivo, sea éste el de educación parvularia, enseñanza básica o media, o educación superior.”.
De los diputados señores Correa, Recondo y Rojas, para reemplazar en el primer párrafo del inciso primero, que pasa a ser segundo, referido en la indicación precedente, la frase “que regirán hasta que el estudiante complete todos los cursos o asignaturas que comprenda el nivel respectivo, sea éste el de educación parvularia, enseñanza básica o media, o educación superior” por “que regirán hasta el término o renovación del respectivo contrato.”.
De los mismos señores diputados, para eliminar el segundo párrafo del inciso primero, que pasa a ser segundo, del texto propuesto por la Comisión de Economía, que va desde “Si el prestador de servicios educacionales” hasta el punto final.
La indicación formulada por la Comisión de Educación fue ratificada por 6 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Las presentadas por los señores Correa, Recondo y Rojas fueron aprobadas por 6 votos a favor y 5 en contra.
El artículo 4º (que pasa a ser 5º) fue objeto de las siguientes indicaciones:
De la Comisión de Educación, para sustituir, en el inciso primero, la forma verbal “pagado” por “contratado”; agregar, a continuación de la expresión “año escolar” las palabras “o académico”, y eliminar la frase “dentro del horario normal de actividades educacionales”.
De los diputados señores Correa, 
Recondo y Rojas, para eliminar en el inciso primero la frase “Siempre que por causas ajenas a la voluntad de los alumnos no se realizare una clase, ésta deberá ser recuperada.”.
De la Comisión de Educación, para agregar en el inciso tercero, a continuación de la expresión “año escolar”, las palabras “o académico” y suprimir la frase “y egresar del sistema educacional respectivo si cumplen con las obligaciones académicas y conductuales establecidas por la autoridad o por la comunidad educativa”.
De la misma Comisión, para suprimir en el inciso cuarto la frase “los aranceles de” y las palabras “al pago”, la segunda vez que aparecen; sustituir la expresión “colegiaturas” por “mensualidades”; eliminar la frase “como son, por ejemplo, gastos de transporte escolar, pago de actividades programáticas y extra programáticas, seguros médicos o por accidentes y pago de materiales de uso para el proceso de enseñanza y aprendizaje”, y agregar, a continuación del punto final que pasa ser seguido, lo siguiente:
“En todo caso, dichos pagos serán exigibles solamente si han sido explícitamente aceptados por los apoderados, si tienen como finalidad el proceso educativo y si está definida en forma clara la utilización que se le dará a los recursos obtenidos con dichos pagos.”.
Las indicaciones formuladas por la Comisión de Educación fueron ratificadas por 6 votos a favor, 4 en contra y una abstención, mientras que la de los señores Correa, Recondo y Rojas fue aprobada por 6 votos a favor y 5 en contra.
Artículos nuevos introducidos.
En este segundo trámite reglamentario, la Comisión de Educación ratificó su anterior proposición a la Sala de agregar, en el texto propuesto por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, un artículo nuevo, esta vez modificado, al aprobar las siguientes indicaciones:
La signada en la hoja de tramitación con el Nº 10, de la Comisión de Educación (aprobada por 6 votos a favor, 4 en contra y una abstención), para intercalar un nuevo artículo 3º (pasando el 3º original a ser 4º y así, sucesivamente). Dicho artículo, que repone el concepto del contrato, es del siguiente tenor:
“El contrato de prestación de servicios educacionales regirá por todo el nivel educativo respectivo u ofrecido, sin perjuicio de las cláusulas de retractación que contemplen la ley o el contrato.
No obstante lo anterior, durante el transcurso de un determinado año escolar en la educación formal, o semestre o año académico en la educación superior, no se podrá cancelar la matrícula ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven de la situación de morosidad o del rendimiento académico de los mismos. La periodicidad estará definida por el tiempo que cubra la respectiva matrícula.
Asimismo, la falta de pago de los compromisos contraídos por el alumno, o por el padre o apoderado en su caso, no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos ni para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del prestador de los servicios educacionales.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por nivel educativo el de la educación parvularia, el de la enseñanza básica, el de la enseñanza media, o la carrera o programa de estudios de la educación superior, según sea el caso.”.
Quiero poner el acento en ese artículo, porque contiene, tal vez, el aspecto fundamental que desea cautelar el legislador.
La signada con el Nº 11, de los diputados señores Correa, Recondo y Rojas (aprobada por 6 votos a favor y 5 en contra), para suprimir el inciso primero del artículo 3º, propuesto por la Comisión de Educación, y la frase inicial del inciso segundo, que dice: “No obstante lo anterior,”.
No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda
En este segundo trámite reglamentario, deben entenderse rechazadas por la Comisión las siguientes indicaciones, por las razones que en cada caso se señalan:
Al artículo 1º. La signada en la hoja de tramitación con el Nº 5 de la Comisión de Educación, para suprimir el inciso tercero del texto propuesto por la Comisión de Economía (a causa de haberse aprobado, por 
6 votos a favor y 5 en contra, la indicación Nº 6, de los diputados señores Correa, 
Recondo y Rojas, para suprimir la letra d) del artículo 1º propuesta por la Comisión de Educación, esto es, aquella que elimina el inciso tercero del citado artículo).
Al artículo 2º. La signada con el Nº 8 de la Comisión de Educación, para reemplazar, en el inciso tercero, la frase “el capítulo II de esta ley” por “la ley, particularmente en el Capítulo Segundo de la presente ley y en la Convención de los Derechos del Niño” 
(a causa de haberse aprobado, por 6 votos a favor y 5 en contra, la indicación Nº 9, de los diputados señores Correa, Recondo y Rojas, para eliminar el inciso final del artículo 2º).
Al artículo 3º (que pasa a ser 4º). La signada con el Nº 12 de la Comisión de Educación, para intercalar un nuevo inciso primero (a causa de haberse aprobado, por 6 votos a favor y 5 en contra, la indicación Nº 13, que reemplaza dicho inciso).
A los artículos 5º, 6º y 7º. La signada con el Nº 22, de la Comisión de Educación, para eliminar, en el primer párrafo de la letra d) del artículo 5º, la oración que sigue al punto seguido (desde “El reglamento interno” hasta “evaluaciones obtenidas”), y agregar, a continuación de éste, reemplazándolo por una coma, la frase “según determine el reglamento de evaluación del establecimiento, el cual deberá contemplar la apelación de los alumnos, entre otras medidas.”.
La signada con el Nº 23, de los diputados señores Becker, Errázuriz y Verdugo, para eliminar en la letra b) del artículo 5º, la frase “y sus manifestaciones físicas”.
La signada con el Nº 24, de los diputados señores Becker, Errázuriz y Verdugo, para eliminar, en la letra d) del artículo 5º, propuesta por la Comisión de Educación, la frase “el cual deberá contemplar la apelación de los alumnos, entre otras medidas.”.
La signada con el Nº 25, de la Comisión de Educación, para reemplazar, en la letra b) del artículo 6º, las expresiones “del personal paradocente y administrativo” por “y al personal asistente de la educación”.
La signada con el Nº 26, también de la Comisión de Educación, para reemplazar la letra c) del artículo 6º por la siguiente: 
“c) Conocer y respetar el reglamento interno del establecimiento.”.
La signada con el Nº 27, de la misma Comisión, para eliminar el inciso final del artículo 6º.
La signada con el Nº 28, de la Comisión de Educación, para sustituir, en la letra e) del artículo 7º, la frase “proceso de enseñanza y aprendizaje” por “proceso educativo”.
La signada con el Nº 29, para sustituir la letra f) del artículo 7º por la siguiente:
“f) El derecho a ser consultados sobre modificaciones al proyecto educativo del establecimiento.”.
Finalmente, la Comisión estima que el proyecto es de la mayor trascendencia y, por lo tanto, invita a los colegas a prestarle su aprobación.
Es cuanto puedo informar.
He dicho. 
El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, el proyecto, que tuvo su origen en una moción que presentamos, en 2006, junto al colega Patricio Hales, se estudió en las comisiones de Economía y Educación. En la primera, se aprobó en forma unánime un texto que consagró los derechos de padres y apoderados y de alumnos.
El proyecto viene a llenar un vacío en la relación entre prestadores de servicios educacionales y sus alumnos. En efecto, estamos ante la única actividad contractual masiva no regulada por ley para obligar a los contratantes a establecer, por escrito, derechos, deberes y obligaciones de cada uno.
El proyecto define el contrato de prestación de servicios educacionales, fija las obligaciones de los contratantes de esos servicios y agrega que dichos contratos podrán ser anuales, semestrales, por ciclos o niveles. 
Sin embargo, mediante indicaciones parlamentarias de diputados de Oposición, en la Comisión de Educación se suprimió el aspecto más sustancial del proyecto, que dice relación con dar garantías y reconocimiento a los derechos de padres y apoderados y de alumnos. Al respecto, en el inciso final del artículo 2º, la Comisión de Economía estableció que “Las disposiciones contenidas en el reglamento interno de cada establecimiento educacional formarán parte integrante del contrato de prestación de servicios educacionales que se suscriba, en todo lo que no contradiga lo dispuesto en el capítulo II de esta ley”. 
Dicha disposición se encuentra en concordancia con la petición formulada por la Corporación de padres y apoderados de colegios particulares, cuyos representantes expresaron lo siguiente: “Es indispensable que la normativa contenida en el reglamento interno de cada colegio deba ser objetiva, conocida por padres y apoderados y alumnos, y contenga normas precisas y objetivas relacionadas con su interpretación y aplicación”. “De esta manera, la interpretación del reglamento interno dicen padres y apoderados y la consecuente aplicación de sus normas no pueden estar entregadas al arbitrio del propio colegio”.
Por esa razón, la Comisión de Economía estableció que el contrato de prestación de servicios educacionales deberá ser escriturado, y que las disposiciones contenidas en el reglamento interno de cada establecimiento educacional formarán parte integrante de dicho contrato.
Una de las razones que nos impulsó a presentar el proyecto dice relación con las arbitrariedades que cometen algunos establecimientos educacionales contra padres y apoderados y alumnos. En forma especial, cabe recordar lo que ocurre en institutos de capacitación o universidades, en que se conoce el costo de la matrícula para el primer año, pero no para el segundo y los posteriores. En ese sentido, es bueno tener presente que cuando algún padre y apoderado matricula a su hijo en alguna carrera profesional o técnica, lo hace pensando, entre otras cosas, en el costo que significará su financiamiento. Entonces, él conoce solamente el costo del primer año. Luego, el segundo año, el establecimiento, arbitrariamente, sin que exista ningún contrato, ninguna decisión, unilateralmente, pone un precio que es impagable para las familias. O lo pone en el segundo año, en el tercero o en el cuarto, pero ya está amarrado, está hipotecado, no tiene ninguna capacidad de negociación. Bueno, precisamente este inciso sólo obligaba a los establecimientos educacionales a ser trasparentes, a informar cuánto va a costar el ciclo, el segundo, tercero o cuarto año, aunque sea en unidades reajustables; pero la Oposición en la Comisión de Educación estimó que eso constituía un atentado contra el derecho del lucro y de quienes prestan servicios educacionales.
Señor Presidente, la inmensa mayoría de los establecimientos educacionales privado en el país respetan ese derecho; pero hay algunos que no lo hacen y en función de aquello es que presentamos este proyecto de ley.
Del mismo modo que esta Cámara de Diputados aprobó los derechos del consumidor cuando se estableció la ley respectiva ¿por qué no establecer derechos para padres y apoderados y alumnos para conocimiento, para transparentar, para saber cuánto va a costar, por ejemplo, como padre o apoderado, el ciclo completo del curso en la universidad? Eso también lo eliminó la Oposición con su mayoría circunstancial en la Comisión de Educación. 
Cuando se defiende tanto el lucro y la colaboración de los establecimientos particulares a la educación, es precisamente la Oposición quien presenta una indicación para suprimir la obligación, establecida en el contrato, de recuperar las horas perdidas cuando no se ejecutaran las clases por causas ajenas a los estudiantes. Eso se eliminó, ¿entonces aquí solamente somos representantes para defender los derechos de los prestadores de servicios y sus intereses con tal de no velar por el interés común de la educación? Aquí es nítido lamento que así sea cómo parlamentarios, que se supone están por el bien común, por medio de una mayoría circunstancial proponen indicaciones precisamente para vulnerar o debilitar los derechos que tendrían los alumnos de aprobarse un proyecto de ley como el que hemos presentado. 
El capítulo segundo del proyecto consta de tres artículos: Uno que regula los contratos y otro que establece taxativamente cuáles son los derechos mínimos e irrenunciables para los alumnos, como el de un trato digno y no discriminatorio, el derecho al respeto de la propia identidad personal, el derecho a asociarse, entre otros.
También establece los deberes de los estudiantes, como asistir a las actividades lectivas y extraprogramáticas debidamente planificadas por la autoridad académica, brindar un trato respetuoso y no discriminatorio a todos los partícipes del proceso de enseñanza y aprendizaje.
El artículo 7º señala los derechos mínimos de los padres y apoderados, como el de ser informados, el derecho a un trato digno y respetuoso, a participar en el proceso de enseñanza, a participar en el proceso de formación del proyecto educacional, etcétera. 
Los parlamentarios de Oposición presentaron una indicación que, de hecho se aprobó en la Comisión, para eliminar este capítulo segundo.
Otra de nuestras motivaciones fue determinar en la escritura del contrato los derechos y deberes de los padres y apoderados y de los alumnos.
Señor Presidente, voy a pedir votación separada de las indicaciones que vulneran los derechos de padres y apoderados, que han hecho del proyecto la nada misma, a fin de que se permita reponer los artículos suprimidos en las Comisiones de Economía y de Educación con una mayoría circunstancial que sólo defiende los derechos de quienes prestan servicios educacionales y de quienes lo hacen de mala fe.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente, por decir lo menos, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra se ha excedido en cuanto a su expresión “mala fe”. Eso no corresponde y el diputado debiera rectificar sus dichos, porque cuando uno presenta indicaciones, lo hace en el legítimo derecho y atribuciones que le otorga el Reglamento y la ley. Si él quiere desconocer nuestro derecho, que lo diga.
Habla de una mayoría circunstancial, pero él, en el fondo, quiere decir que hay diputados de su coalición que no asistieron a la Comisión de Educación, como debieran haberlo hecho, a defender su proyecto. Diga la verdad; no use subterfugios para señalar que no se aprobaron malas ideas. Porque eso fue lo que ocurrió.
Cuando se presenta un proyecto de ley que rigidiza, que burocratiza, que entrampa las relaciones entre las personas, estamos frente a un mal proyecto de ley. Y cuando se presenta uno que repite todo lo que dicen otras leyes, como los reglamentos de educación y los oficios del Ministerio, ahondamos en una materia que ya existe y enredamos los términos.
Aquí se dice que se suprimió el derecho a ser promovido y a obtener licencias, títulos, grados y certificaciones que imponen la ley y los reglamentos. Eliminamos algo que está absolutamente de más. Ya la ley y los reglamentos dicen cómo se obtienen las licencias y los certificados. Se señala: “d) Derecho a ser evaluados de manera objetiva y no discriminatoria.” 
Señor Presidente, ¿sabe qué pasa cuando a un alumno se le evalúa de manera subjetiva? Le pueden aplicar las sanciones más grave a su establecimiento.
Se indica: “c) Derecho de los estudiantes a asociarse entre ellos,” Al parecer, el señor diputado no estuvo en la tramitación de la ley de acreditación, donde hubo un acápite especial para determinar esto. Entonces, se expresa que se han eliminado las cosas más esenciales; en circunstancias que están en otras leyes vigentes que el mismo señor diputado ayudó a votar y a aprobarlas.
Entonces, cuando se habla de mala fe, hay que tener mucho cuidado en cómo se usan los términos.
Aquí, como en muchas ocasiones, se denota falta de información cuando se legisla; quizá, porque el proyecto de ley, cuyo propósito es resguardar ciertos derechos y obligaciones, viene de una comisión técnica, como la de Economía, pero se remite a otra comisión técnica como la de Educación y, muchas veces, no se conocen todas las normas jurídicas que existen y que reglamentan y resguardan los derechos de las distintas personas. 
En algún minuto, estuvimos ante una buena idea y, como muchas veces sucede, lamentablemente, las buenas ideas se malogran en la tramitación en Comisiones. Esto partió como una ley muy sencilla que obligaba a las partes a ponerse de acuerdo en fijar ciertas pautas mínimas que reglamentaban los derechos de unos y otros al ingresar a un establecimiento educacional. Eso se podía hacer y mejorar, pero con una ley sencilla.
Con esto, los contratos educacionales se transformarán en una especie de guía de teléfono o en un tratado tan largo que nadie va a leer, pero que todos van a firmar, porque el interés de los padres y apoderados, cuando acuden a un establecimiento educacional, es que sus hijos ingresen a él. Y los establecimientos educacionales van a tener que resguardarse de todas las situaciones, hasta de la más mínima, para enfrentar cualquier hecho que se produzca en el futuro.
Entonces, una ley que podría haber sido sencilla, de tramitación fácil, se transforma en una burocracia innecesaria que insisto rigidiza el sistema, sobre todo cuando hay otras leyes que regulan muy bien todo lo que está aquí.
Por lo demás, este proyecto es absolutamente discriminatorio, puesto que el artículo 1º señala que “La presente ley se aplicará a los contratos educacionales suscritos por los sostenedores de los establecimientos particulares que no perciban la subvención del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1988, del Ministerio de Educación, y por las instituciones de educación superior creadas en virtud de …”, es decir, a ninguna de las universidades del Consejo de Rectores.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle al diputado que presentó el proyecto que en algunos puntos esenciales donde más problemas hay es precisamente en las universidades del Consejo de Rectores. 
En el proyecto se dispone, por ejemplo lo que me parece bien, que a los alumnos no se les podrá restringir recibir de manera completa los servicios educacionales.
Asimismo, se establece que tendrán derecho a asistir a todas las clases, hacer uso de los medios de apoyo técnico pedagógicos como bibliotecas, laboratorios, espacios e instalaciones deportivas.
Señor Presidente, ¿sabe usted lo que le pasa hoy a un alumno de la universidad de Playa Ancha que no está al día en sus pagos? No puede entrar a la biblioteca; no puede dar sus exámenes. Es decir, ustedes han consagrado una enorme discriminación entre las universidades privadas y las del Consejo de Rectores. Me pregunto por qué las universidades del Consejo de Rectores no tendrían que regirse por este contrato, en circunstancias que existe la igualdad ante la ley. Ustedes están consagrando la desigualdad ante la ley y lo están haciendo conscientes. Una y otra vez les dijimos que la ley tenía que regir para todos; sin embargo, se dejaron orientar, quizás de mala manera, por asesores de la ex ministra de Educación. Digo que así fue, porque en algún minuto ustedes estuvieron de acuerdo en que la ley se aplicara por parejo a cualquier prestador de servicios educacionales, pero cambiaron de opinión y están consagrando por ley la discriminación. 
Por eso, respecto de este punto, artículo 1º del proyecto, haré reserva constitucional.
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra habló de todos los derechos que consagran las leyes, pero dijo muy poco de los deberes. Aplicado al tema que nos convoca, un establecimiento educacional presta un servicio, pero si es particular, tiene que ser remunerado; de lo contrario, no podría pagar profesores ni gastos corrientes del establecimiento. 
En definitiva, todo eso que he señalado, en el proyecto no queda bien resuelto, y los temas más urgentes van a quedar resueltos en la medida en que se avance en la ley general de Educación que está próxima a salir de la Comisión de Hacienda para ser votada en esta Sala. Están pendientes la Superintendencia de Educación y la Agencia de la Calidad. Este proyecto que debió haberse discutido después de que estos tres proyectos emblemáticos sean ley, porque muchos de los temas que trata esta iniciativa habrán sido regulados. También se lo plantemos a los diputados, pero no escucharon nuestras palabras en la Comisión, que apuntaban a buscar soluciones para la calidad de la educación, ya que el proyecto en debate nada aporta en tal sentido. Lo único que hace es entrampar, rigidizar y burocratizar una relación que hoy podría ser bastante más fluida.
Debió tratarse de un proyecto simple, que hubiese fijado ciertos parámetros básicos para firmar un contrato educacional, a lo que no nos oponemos; sin embargo, por la forma como salió, mataron una gran idea.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente, muchas veces, a propósito de la globalización, de la caída del muro del Berlín y de la supuesta desaparición de las diferencias, nos preguntan en qué nos diferenciamos la Concertación de la Derecha; en qué nos distinguimos, ahora que se acabó el socialismo. 
Por su intermedio, señor Presidente, quiero dar esa respuesta a la honorable Sala. En la forma de apreciar proyectos de ley como el que debatimos. Ahí está la diferencia. Nos distinguen los principios y los valores fundamentales que ordenan la sociedad. Por ejemplo, en el derecho a la educación marcamos una gran diferencia conceptual. Algunos de estos gurus de la educación o, mejor dicho, algunos de estos adalides de la economía de mercado, trasladan sus principios de negocios a cuestiones que para nosotros son fundamentales en la sociedad, como la educación. La defensa que hacen los diputados de Derecha es completamente distinta de la nuestra, desde el punto de vista de los principios enfocados a la educación.
Nosotros queremos una educación buena y garantizada; sin embargo, ellos han destruido, a la letra, no estoy caricaturizando a los señores diputados, sino estoy revelando lo que han hecho un proyecto de ley que presentamos desde estas bancadas, transformándolo en uno comercial. Tal como han defendido el lucro en tantas áreas de la sociedad chilena, también lo hacen ahora en la educación, de manera permítanme calificarlo, ya que dicen que no les gusta que les hablen de mala fe impúdica y, para mi gusto, un tanto repugnante, porque no puedo tragar, porque no pasa por mi garganta lo que esos diputados que hablan con respeto, que envaselinan el insulto, que son capaces de usar el estilete con vaselina, piden tranquilamente eliminar en el artículo 4º en el inciso correspondiente la frase “Siempre que por causas ajenas a la voluntad de los alumnos no se realizare una clase, ésta deberá ser recuperada dentro del horario normal de actividades educacionales.”. Es decir, estamos pidiendo que el colegio devuelva la clase que se le pagó, pero ellos pidieron eliminar la frase. Cuestiones como esta diferencian a la Concertación de la Derecha. A ellos los inspira, en el fondo de su concepción, basar el orden del estado de derecho en el buen ingreso de las platas, sin importar la actividad. Por eso dificultan los derechos de los trabajadores; por eso los problemas con los derechos laborales; por eso quieren imponer incluso sus propios valores y concepciones en las relaciones sexuales, en las relaciones de las personas; por eso en este caso particular destruyen un proyecto de ley que incorporaba deberes y derechos para los educandos y los educadores.
A un diputado de la UDI no le gustan las palabras del diputado señor Tuma, porque ellas nos distinguen de manera palmaria ante las personas. Cuando votamos los derechos de los trabajadores, a nuestras propuestas siempre dicen ¡no! Y hoy respecto de los derechos de los educandos y de los educadores también dicen ¡no! 
Señor Presidente, mire las diferencias. Nosotros decimos que son derechos mínimos e irrenunciables para los alumnos tener un trato digno y no discriminatorio. Eliminaron la frase. ¡Sabemos que ellos están por discriminar! Vea la discusión sobre la píldora del día después; vea la discusión sobre los derechos en todos los ámbitos de la sociedad; recuerde la discusión discriminatoria cuando vimos la ley del divorcio. Ese tipo de conceptos son los que inspiran hoy a esos diputados en este proyecto de educación.
Estos no son insultos a sus personas; puede que les duelan estas verdades palmarias. Entendemos que son concepciones distintas; ellos tienen una manera de regir y de ordenar el derecho de las personas de modo muy diferente. Nosotros, desde estas bancadas tenemos la convicción de que no se debió eliminar la letra b) del artículo 5º, que dice “La utilización de uniformes, insignias y otros distintivos de los establecimientos no será obligatoria, salvo acuerdo expreso de la comunidad escolar.” Es decir, no hay imposición. Lo mismo, respecto de la letra c) relativa al derecho de los estudiantes a asociarse entre ellos para la consecución de fines comunes de desarrollo personal y social; a participar en el centro de alumnos del establecimiento y en el consejo escolar en caso que sea procedente. La Derecha eliminó este derecho de los estudiantes. Nosotros queríamos consagrarlo por ley. 
Cuando preguntan en qué se distinguen nuestros partidos políticos de los de la Derecha, la respuesta es simple: Nos distinguimos en esto, señor Presidente. La sociedad debe escuchar este debate. Para eso es la Cámara; somos representantes y no técnicos en educación, representamos a la sociedad y estamos convencidos de que a la sociedad le interesa el uso de la libertad. 
Respeto el derecho a que existan partidos opositores que restringen la libertad; pero permítaseme no respetar el atentado a la libertad. Todas las ideas no son respetables; es respetable el derecho de las personas a expresar barbaridades, pero no tengo por qué respetarles la barbaridad y esto es una barbarie. 
Sigo: en la letra d) eliminaron el derecho a que los alumnos sean evaluados de manera objetiva y no discriminatoria. Pero ¿qué es esto? Si esto se lo leo a los ciudadanos en mi distrito, colegio por colegio, y además les leo la defensa del diputado UDI que acaba de insultar al diputado Tuma, imagine la vergüenza que van a tener que pasar al dar la cara. Va a ser parecida a la que vivieron cuando borraban desesperados sus nombres de la nómina de diputados que fueron a pedir que no se repartiera la T de cobre, petición que hicieron porque no les bastó con meterse en la educación, en la libertad y en el divorcio, sino que tenían que meterse en el útero y en la boca de las mujeres y prohibirles la T de cobre y la píldora del día después. Y como si fuera poco, ahora prohiben el derecho a ser evaluados de manera objetiva. 
Señor Presidente, pedimos que las evaluaciones finales estuvieran siempre a cargo de docentes especialistas en el área que se examina. Además, pedimos consagrar en la ley los deberes de los alumnos; señalar que eran deberes de los alumnos asistir a las actividades lectivas y extraprogramáticas y brindar trato respetuoso a sus docentes, etcétera. También lo eliminaron, pero ¡claro! como una forma de compensar para poder eliminar todas las otras obligaciones de los colegios. Como se trata de defender el negocio, dijeron: “Eliminemos también este inciso”, el cual establecía que, en el caso de los alumnos que estén cursando la educación general básica o media, el hecho de haber repetido no sería obstáculo para la renovación de su matrícula.
¿Sabe lo que imperó en los diputados cuando eliminaron esto? Que para los dueños de los colegios es mal negocio tener alumnos que repiten, no porque no paguen, sino porque ese alumno le baja el nivel del puntaje para competir a la hora de exhibir su propaganda. Entonces, sólo prefieren tener alumnos súper estrellas. ¿Ésa es vocación educacional? ¡Ésa es vocación de negocio! Ésa no es vocación de enseñar. Es una falta de respeto a los derechos de las personas. Digámoslo claramente: para algunos, la educación es un derecho; los que trabajan como privados, tendrán derecho a ganar algunos pesos, entendiendo que garantizan libertades, y para otros, la educación es un negocio y si tiene alumnos más o menos malos, los echa, pues debe eliminar todo lo que no funcione con el negocio.
El diputado Tuma me invitó a preparar este proyecto de ley, que ya lleva muchos años en trámite. ¡Que lo sepan los ciudadanos! Llevamos años en esto, así como también llevamos mucho tiempo tratando de obtener un proyecto que regule las antenas de celulares, porque son de las empresas, porque son el negocio. Tuvimos que esperar años para discutir sobre la ley del divorcio. Todo lo que significa libertades, derechos y no discriminación cuesta años para que salga de esta Cámara. Siempre está la dificultad.
Cuando el diputado Tuma me invitó a participar, trabajé a su lado, bajo su conducción, convencido de que estábamos haciendo lo correcto. ¡Miren lo que vuelven a eliminar! Que los apoderados tienen derecho a no ser objeto de cobros indebidos. ¿Se dan cuenta? Como que hubiésemos puesto un cobro específico que podría interpretarse como indebido. No decimos: “Elimínele este cobro.” Lo dejamos genérico, o sea, de una manera tan vaga, como para que pudieran cobrar lo que quisieran y que hubiera la dificultad de calificarlo de indebido. Lo dejamos en forma vaga para que pasara. Lo único que dijimos en el artículo 7º, letra g), que los apoderados tienen el derecho a no ser objeto de cobros ilegales. ¿No les gustó que pusiéramos que no podían tener cobros ilegales? ¿Cómo puede ser? Ahora entiendo…
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Señor diputado, le recuerdo que tiene un tiempo determinado para su intervención.
El señor HALES.- Señor Presidente, le agradezco su observación.
Ahora entiendo que el diputado de la Derecha, que sucedió al diputado Tuma en el uso de la palabra, se dedicara a Tuma y no al contenido del proyecto, porque todo lo que habíamos colocado en el proyecto es irredargüible.
Cuando pedimos que, por favor, aprobaran un artículo que dijera que los apoderados tienen derecho a no ser objeto de cobros indebidos, ilegales o arbitrarios y que siempre que se acuerden por parte de la comunidad escolar el pago de derechos o aportes que no sean aranceles, no se podrá condicionar la continuidad de los estudios del alumno o pupilo, al pago de estos derechos o aportes, era lo mínimo que se podía aprobar. Que los diputados hayan rechazado la posibilidad de no permitir un cobro ilegal, es el colmo.
Lamento no poder hablar más y llamo a reponer las indicaciones que fueron modificadas en la Comisión por una mayoría circunstancial.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Educación, debo señalar que, de pronto, la realidad no es la mejor garante de lo que estamos discutiendo en este proyecto de ley.
Quiero decir a los colegas que piensen en lo que está ocurriendo con los alumnos de la Utem, de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad La República, algunas de las cuales pertenecen al Consejo de Rectores y otras son privadas. Ahí jóvenes y sus familias están viviendo un verdadero drama.
El drama de los jóvenes es perder toda esperanza, pues se matricularon soñando tener una carrera determinada y hoy se ven frustrados. El drama de los padres es haber hecho un tremendo esfuerzo y ver perdido el dinero que invirtieron en sus hijos, sin siquiera posibilidad de recuperarlo. Este problema viene sucediendo en distintos estamentos del sistema educacional. Por eso, era pertinente este proyecto de ley, que busca regular los contratos celebrados entre quienes actúan en esta relación. Como dijo el diputado Hales, lo primero que debemos establecer es que no es una relación comercial cualquiera, que no se trata de una transacción de zapatos, de madera o de cualquier otra cosa, sino de un servicio educativo fundamental para la sociedad.
Por tanto, el acercamiento al tema debe ser distinto. El sentido original del proyecto se vio fuertemente desmejorado con las indicaciones aprobadas, presentadas por diputados de Oposición. Es falso que se diga que no había derechos. ¡Sí los había! Los artículos que se eliminaron hablaban acerca de los derechos y deberes, tanto de los alumnos y apoderados como también de las instituciones que prestan el servicio.
En consecuencia, si uno recuerda cómo se desarrollaron esas reuniones, sabrá que un conjunto de indicaciones no surgieron al calor del debate, sino que venían preparadas, lo que representa un estudio minucioso del proyecto original, para eliminar aquello que atentaba contra una manera de concebir la educación. Es público y notorio que no compartimos el criterio comercial con que se ve esta relación.
Eso explica lo que está ocurriendo con los alumnos que mencioné de la Universidad La República, de la Utem y de la Universidad de Valparaíso, cosa que también ha ocurrido antes en otras instituciones de educación superior. La gente clama, exige y pide a este órgano del Estado que regulemos ésa es nuestra tarea inherente y propia para terminar con esta situación tan desequilibrada entre la institución que presta el servicio y el usuario.
No soy autor del proyecto, pero cuando lo revisé, me pareció pertinente, adecuado, apropiado. Claramente, hay ideas fuerza contenidas en el proyecto original que en la Comisión fueron cercenadas. No se trata de mayorías o minorías circunstanciales ni de si se estaba o no presente, porque puede haber distintas razones, sino de cómo nos aproximamos a la educación en Chile, de cuál es la concepción que tenemos al respecto.
Lo que reclamamos, en nombre de muchos chilenos y chilenas que hoy están sufriendo, es que no lo veamos como un tema comercial, sino como un servicio fundamental para la Patria, para la República. Aquí estamos formando a los profesionales de nuestra sociedad; no estamos haciendo zapatos o cualquier otro bien, sino brindando un servicio fundamental, que necesariamente debe estar en una escala superior. La educación reclama un trato distinto.
Por ello, habría que ver si es posible reponer algunas indicaciones. Se podría discutir si los deberes de los alumnos contenidos en el artículo que se eliminó son insuficientes. Incluso, se podría agregar otro, como es la obligación de pagar por el servicio que han contratado, siempre que éste sea entregado por la institución en la forma establecida en el contrato. Se podría discutir respecto de los cobros ilegales, en fin.
Hoy, en las noticias dieron a conocer la situación que afecta a estudiantes de la Universidad La República, donde se están cerrando algunas carreras y los alumnos están sin clases. Es decir, la institución con la cual firmaron un contrato nunca les dio el servicio por el cual pagaron y que ella se comprometió a entregar; hay otras universidades que carecen de infraestructura para ubicar a sus alumnos como corresponde. Eso ocurre tanto en el sistema privado como en el público, lo cual es condenable y demuestra la necesidad de que existan normas legales que permitan una mayor fiscalización. Situaciones como las que allí se han producido no se pueden permitir bajo ninguna circunstancia. No me parece razonable el argumento.
Por eso, este proyecto es de la mayor importancia. Mientras estamos a la espera de que surjan otras iniciativas legales ¿qué va a pasar en el intertanto? ¿Qué va a ocurrir con estos jóvenes? No se trata de una decena, de treinta, ni de cuarenta, sino de miles de jóvenes. El concepto de que la educación se puede regir por los mismos mecanismos o reglas del mercado es lo que llevó a que se ofrecieran carreras como criminalística, a sabiendas de que los jóvenes no tendrían ninguna posibilidad laboral. Eso es engaño a la fe pública, lo que resulta inaceptable. Sin duda, el proyecto no era perfecto, pero quedó bastante más debilitado con la aprobación de un conjunto de indicaciones que, desgraciadamente, fueron en contra de su espíritu.
Por eso, invito a mis colegas a revisar con mucho cuidado esta iniciativa, en el entendido de que es la educación la que está en juego.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don José Antonio Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente, señalé que éste es un proyecto discriminatorio, precisamente, por los ejemplos dados por el diputado Mario Venegas, porque la solución a los problemas que hoy tienen la Utem y la Universidad de Valparaíso no se encuentran contemplados en el proyecto, ya que se excluye en forma expresa a las universidades del Consejo de Rectores.
Cuando un alumno pierde clases, éstas se recuperan por ley, porque es el Ministerio el que exige el cumplimiento de todos los horarios de clases. El drama insisto está en que hay parlamentarios que han hecho uso de su legítimo derecho a presentar una moción, pero sin conocer la actual legislación educacional que nos rige; sin conocer el proyecto de ley general de educación, en trámite, donde se recogen todos estos temas; sin conocer, incluso, lo que establece el artículo 19 de la Constitución Política, que protege los derechos y deberes de las personas.
Me voy a permitir, por intermedio de la Mesa, hacer una referencia a ciertas afirmaciones que hizo el diputado Hales. Dijo: ustedes refiriéndose a nosotros van a pasar vergüenza cuando circulen por los colegios. La vergüenza la va a sufrir el diputado Hales por no conocer las leyes. Él va a tener que explicar a sus electores el contenido de las leyes que rigen la Nación y por qué no las conocía y las reitera en este proyecto, lo que enreda todas las situaciones. La vergüenza la va a pasar el diputado Hales cuando tenga que ir a su distrito a explicar por qué en el hospital San José se entrega una salud de tan mala calidad.
El problema de Chile no es la píldora, sino que ustedes no han sido capaces de entregar a las personas una salud digna; el problema de hoy no es una píldora más o una píldora menos, porque existen sesenta píldoras anticonceptivas; el problema es que ustedes no han sido capaces de entregar en los hospitales y consultorios una buena calidad de salud; el problema de Chile es la falta de educación de calidad, pues los niños no saben sumar, restar, leer ni escribir, porque ustedes no han sido capaces de darles una educación de calidad; el problema de las personas en Chile es la seguridad ciudadana, ya que no pueden caminar tranquilas en la calle por riesgo a ser asaltadas y las mujeres violadas, porque ustedes no han sido capaces de entregar una mayor seguridad a los ciudadanos; tampoco han solucionado el problema del trabajo digno. 
Por último, quiero decir al diputado Hales por intermedio de la Mesa que lo único que van a lograr con este tipo de cosas es un Transantiago en la educación. Él presidió una Comisión que no fue capaz de decir dónde estaban los responsables y sólo se limitó a señalar que se estaban solucionando los problemas. Eso es engañar a las personas. Eso es demagogia, sobre todo, cuando se les quita el único recorrido que les permite llegar al hospital y ustedes aún no lo solucionan. Esa es la vergüenza que va a pasar el diputado Hales cuando recorra su distrito y tenga que hablar de educación de calidad, de salud digna para las personas, de trabajo digno, de seguridad ciudadana y de transporte público decente.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá.
La señora TOHÁ (doña Carolina).- Señor Presidente, sería bueno ponernos de acuerdo en la discusión de los proyectos en cuanto a si vamos a hablar en serio o no, ya que en este momento no sé en qué forma tengo que intervenir, si hablar en serio o sólo un bla bla. Voy a tratar de hablar en serio.
Lo que se quiere hacer con este proyecto es algo parecido, por ejemplo, a lo que existe en el contrato de arriendo. Éste es un contrato entre privados. Lo que se hace aquí no es regular la prestación de servicios públicos, los cuales tienen otro tipo de normativa, que podemos discutir si es buena o mala, pero ese es otro capítulo, sino los contratos que se realizan entre privados en el ámbito de la educación; es decir, entre una empresa privada que presta servicios educacionales y un estudiante que va a estudiar a esa institución, sea de educación general o de educación superior. Pero en este contrato entre privados no es todo posible, pues hay un marco de normas mínimas que el contrato no puede vulnerar. De esa manera, se protegen ciertas partes que en esta relación son débiles, particularmente, la situación del estudiante, ya que una vez que entra a una institución queda sometido a los cambios que ella puede sufrir, pero no tiene la libertad de cambiarse cada vez que se sienta disconforme. La educación no es como los yogures, que cuando sale uno malo al día siguiente se compra otro; la educación es distinta, porque una vez que la persona entra a una institución, queda bastante amarrada a ella. Por tanto, hay ciertos derechos mínimos que se deben preservar, razón por la cual es importante que las reglas del juego sean claras desde el primer día, tanto en lo económico como respecto de los derechos y deberes de las partes que convinieron el contrato. No obstante, hay ciertos derechos mínimos que se tienen que preservar, más allá de lo establecido en el contrato.
Por eso, primero, tenemos que ponernos de acuerdo en la materia que estamos tratando y después discutir si nos gustan o no las normas contenidas en el proyecto. Eso de meter la píldora y el problema de los hospitales en el debate, significa pensar que la gente que nos escucha es estúpida, cuando se trata de personas inteligentes.
Lo que el Congreso Nacional está haciendo es regular un contrato entre privados, poniéndole ciertos límites que son necesarios.
En segundo lugar, podremos discutir el contenido de la iniciativa, pero dado lo patético del debate, ni siquiera estamos en condiciones de entrar en ese nivel. 
La iniciativa obedece a la necesidad de que exista y lo normal es que la legislación se haga cargo de ello un marco regulado de contratos donde las partes quedan sometidas a aspectos muy relevantes y una de ellas está en posición de debilidad. Esta es la lógica del proyecto. Es lo mismo que ocurre con las leyes del trabajo, de arrendamiento y otras. Eso se hace respecto de muchas materias.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Sergio Correa.
El señor CORREA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero recordar a los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, que en la Comisión de Educación ellos son mayoría y no es posible que ahora vengan a criticar el hecho de que se hayan aprobado algunas indicaciones presentadas por la Alianza. Cabe recordar que ello ocurrió, precisamente, porque en el momento de la votación no se encontraban presentes todos los diputados de la Concertación que son miembros de la Comisión.
En el ejercicio democrático y en lo que se refiere a la Cámara de Diputados, la Alianza tiene perfecto derecho a presentar indicaciones. Ahora, si ellos no están presentes cuando se votan, que no nos vengan a decir que son malas o que no corresponden.
En segundo lugar, tal como lo señaló el diputado Kast, sin duda el proyecto discrimina entre las universidades privadas y las del Consejo de Rectores. En las numerosas ocasiones en que el proyecto fue debatido en la Comisión, se dijo que era redundante porque muchas de sus disposiciones e indicaciones también están contenidas en el proyecto que establece la ley general de educación consensuado entre el Gobierno y la Alianza. Por lo tanto, la aprobación de esta iniciativa podría ocasionar un serio problema cuando nos corresponda aprobar el proyecto definitivo de la ley general de educación.
El problema más grave que tenemos es la mala calidad de la educación, pero este proyecto no apunta a resolverlo. Para lograr tal objetivo debemos preocuparnos de solucionar el problema de las subvenciones. ¿Qué está haciendo la nueva ministra de Educación? Nombró un nuevo equipo encabezado por una distinguida profesional que, a su vez, está designando personas con capacidad para sacar adelante muchas cosas que estaban funcionando mal, como las subvenciones, aspecto que debe ser modificado.
Asimismo, es necesario preocuparse de modificar el Estatuto Docente, porque está entrabando el desarrollo y una mejor calidad de la educación.
Hay muchos otros problemas que resolver, pero este proyecto no va en esa dirección.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, quiero decirles a los colegas, en particular, al diputado Kast, que en toda democracia es muy importante que los deberes y los derechos de todos los ciudadanos queden claros, no sólo los de los poderosos y los de Dios. 
Digo esto, porque lo que ha podido ver la ciudadanía con gran indignación, diría, es que algunos se sienten representantes de Dios, asumiendo posturas tan absolutas que lo único que hacen es cercenar los derechos de los ciudadanos.
Éste es un caso muy especial. Durante muchos años fui Presidenta de la Comisión de Educación; lamentablemente, con el fin de dar posibilidades a otros diputados, no he podido participar nuevamente en ella. Pues bien, en esa Comisión siempre luchamos para que quedaran estipulados en forma muy clara los derechos y los deberes de los ciudadanos, porque es un asunto muy relevante. Se han presentado varios proyectos sobre la materia.
Entonces, ¿qué problema tienen los colegas de la UDI para que no queden consignados estos derechos tan esenciales? ¿Por qué tienen una posición contraria? Me refiero a derechos tan esenciales como trato digno y no discriminatorio. ¿Por qué tienen problemas con eso? ¿Cómo no va a ser importante que el padre, la madre o el apoderado firmen un contrato en virtud del cual el director del colegio se compromete a que el niño tendrá un trato digno y no discriminatorio? ¿Cómo es posible que los colegas de la UDI estén en contra de esto en realidad, no me cabe en la cabeza, o de que se respete el derecho a la identidad personal? ¿Cómo no va a ser importante que nuestros niños, es decir, los ciudadanos del futuro puedan desarrollar una identidad propia? ¿Qué problema hay en ello? ¿O acaso queremos tener niños uniformados, iguales, robots, que no exista distinción alguna entre ellos? ¿Cómo es posible? Queremos tener niños con identidad, con criterio. 
¿Cómo no va a ser importante que en el contrato se consagre el derecho de los estudiantes a asociarse? La asociación entre ellos, los centros de alumnos, son prácticas democráticas. Hagamos una encuesta entre nosotros y preguntemos cuántos fuimos presidentes de centros de alumnos. Por cierto, muchos; tal vez, los más jóvenes, los que estudiaron en tiempos de la dictadura no participaron en los centros de alumnos, porque estaban prohibidos. Pero ahora estamos en democracia. ¿Cómo no va a ser importante? Yo soy un poco más viejita y fui creadora y presidenta del centro de alumnas del Liceo Nº 7 de Niñas, de Providencia. Para mí fue una escuela fundamental de democracia. Entonces, ¿por qué se oponen a este proyecto? No me cabe en la cabeza. ¿Cómo se pueden oponer a que en el contrato se establezca que los alumnos tienen derecho a ser evaluados en forma objetiva y no discriminatoria? A veces, ocurren tremendas aberraciones y atropellos y los apoderados no saben cuál es la oficina 600 del Ministerio de Educación que no da abasto para recibir tantos reclamos. 
Nosotros queremos un país de personas libres, que ejerzan sus derechos; no queremos un país de rebaños, de ovejas, no queremos un país uniformado; queremos ciudadanos con identidad. Entonces, ¡protejamos estos derechos mediante un contrato!
Uno de los grandes problemas de la educación ha sido aquí está el colega Ortiz que lo puede ratificar el autoritarismo existente en los colegios. Fíjense que en 15 años no pudimos cambiar a los directores de la dictadura que tenían un concepto de mando y de autoridad tal que ni siquiera hacían funcionar los consejos de profesores. El país se construye entre todos, la educación se construye con la participación de la comunidad educacional.
Por eso digo que no me cabe en la cabeza que se considere pernicioso que estos derechos estén establecidos en un contrato. ¿Acaso no creen en la democracia? ¿No creen que las personas deben ser iguales? ¿Acaso los colegas quieren que todos sigamos las mismas normas? ¿Acaso los diputados de la Derecha quieren quitarles sus derechos a los ciudadanos? ¡Querían prohibir la T de cobre que es usada por dos millones de mujeres! ¡Cuántas mujeres creyentes se sintieron cuestionadas! Resulta que ahora son personas a las cuales se les cercenan sus derechos. ¡Hasta cuándo! 
Éste es un muy buen proyecto. ¿Cómo no va a ser importante así lo dirían los padres y apoderados, si se lo preguntáramos que en el contrato se especifique el costo de la carrera y que la tasa de reajuste será el IPC, que refleja el alza del costo de la vida, más un 2, 3, 5 ó 10 por ciento? Las reglas del juego deben ser claras para la ciudadanía. Hoy, el número de alumnos en la educación superior es enorme; muchos padres hacen tremendos esfuerzos por educar a sus hijos. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario que en el contrato se establezcan estos derechos? Les pregunto a los apoderados que están en las tribunas, ¿cómo no va a ser positivo que en las universidades se les diga que el primer año el costo de la carrera va a ser un millón de pesos y, el próximo, la misma suma, más el reajuste, más el IPC y más uno por ciento para eventualidades? ¿Cómo no va a ser bueno que esto quede establecido en un contrato? ¿Por qué se oponen? La Derecha ordenada, disciplinada, autoritaria, siempre dice que sólo se habla de derechos, pero no de deberes. Aquí también se habla de deberes, y eso es muy importante. Son deberes de los alumnos asistir a las actividades lectivas y extraprogramáticas y brindar un trato respetuoso y no discriminatorio a todos los participantes en el proceso enseñanzaaprendizaje. ¿Cómo no va a ser bueno que en los contratos de los colegios queden establecidos estos deberes? Así, cuando un alumno le pegue a un profesor como ha ocurrido, el director del colegio le podrá decir al apoderado que, de acuerdo con el contrato, el alumno se comprometió a ser respetuoso, pero le tiró un borrador por la cabeza a la profesora. ¿Cómo no va a ser buena una ley que garantiza todo eso? Entonces, ¿por qué se oponen? ¿Por qué el diputado Kast se opone a que la gente tenga derechos y deberes? ¿Por qué se oponen a cosas tan obvias? 
No debemos oponernos al proyecto porque, si lo hacemos, apareceremos ante la opinión pública como que estamos más preocupados de proteger a los sostenedores de los colegios, al lucro, que de velar por una verdadera enseñanza. 
Por eso, llamo a los colegas a que tomen conciencia de esto. Si estuviéramos expuestos a la opinión pública, no me cabe duda de que este proyecto sería ampliamente aplaudido. Por cierto, esto no va a salir publicado, porque los diarios sólo informan lo que les conviene; pero debemos ver la forma de que la ciudadanía sepa quiénes estamos de acuerdo con los derechos y deberes de los estudiantes; que los padres también los conozcan y que ello quede firmado en un contrato con el colegio.
Asimismo, que también sepan realmente quiénes no quieren que los alumnos tengan derecho a asociarse, a un trato respetuoso como deber, etcétera.
Los llamo a pensar, a abrir la mente, a colaborar con la democracia chilena. Por supuesto que un colegio con esas reglas de juego va a tener un hábitat más amable y más cálido, lo que redundará en un mejoramiento de la educación.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Muchas gracias, señorita Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, le ruego que me trate de señora. ¿Por qué hacer distinción de señora y señorita entre las mujeres y no de señor y señorito entre los varones? No he oído que le digan señorito a los diputados solteros. Le pido que me digan señora, a mí. Uniformemos el trato y no discriminemos.
Muchas gracias.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Señora diputada, la llamé así sólo por limitarme a la condición establecida en el Registro Civil.
Tiene la palabra el diputado Iván 
Paredes.
El señor PAREDES.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero pedirle al diputado Kast que nos sinceremos y reconozcamos que el gran problema de la Derecha en la educación es que tiene que servir a dos amos. El primero, obviamente, es hacer aportes y esfuerzos con el fin de mejorar la calidad de la educación que se le entrega a los niños y a los jóvenes en liceos o universidades. 
El drama de la Derecha es que el segundo amo al que debe servir ellos conocen las razones es, precisamente, a los sostenedores privados, que en buena medida se oponen a las cosas que el Congreso Nacional representa y defiende.
Es sorprendente que una de las cosas que haya que hacer, a propósito de los intereses de la gente por discutir los distintos argumentos que se entregan en la Cámara de Diputados, sea sincerarse.
Quiero hacer una reflexión y unos breves comentarios sobre lo que la Derecha considera negativo para imponer como norma a la educación privada.
Primero, hay que hacer la siguiente reflexión. Respecto de la educación, en ninguna parte los profesores, los auxiliares, los alumnos y los apoderados están más en la indefensión que en la educación privada. Por lo tanto, es pertinente y compete al Congreso Nacional pronunciarse por establecer un reglamento que regule la relación del sostenedor privado con los alumnos y con los apoderados.
Hay temas que han estado en boga en el último tiempo, que dicen relación con denuncias hechas ante el Ministerio de Educación respecto de la subvención. Sería interesante hacer una profunda investigación para saber quiénes o qué sector de la educación regularmente manipula las asistencias a clases para recibir subvenciones y no responder por ello.
Quiero reflexionar sobre algunos de los capítulos que la Derecha objetó en el proyecto en análisis, de manera que los ciudadanos que estén escuchando el canal de la Cámara de Diputados se formen su propia opinión.
Entre los derechos y deberes de los alumnos, se encuentra el derecho a un trato digno y no discriminatorio. No se podrá impedir el acceso o la continuidad de estudios a las personas que tengan discapacidad física o psíquica, que objetivamente no los hagan inhábiles de participar en proyectos educacionales del establecimiento. A eso, la Derecha se opone.
El derecho al respeto a la propia identidad personal y sus manifestaciones físicas. La utilización de uniformes e insignias y otros distintivos de los establecimientos no serán obligatorios. La Derecha se opone a eso, porque uno de los negocios de los privados, precisamente, es vender las insignias y los uniformes; por lo tanto, ojalá se exija el uso de uniforme, porque es un lucrativo negocio de muchos colegios privados.
El derecho ¡por favor, escuchen esto los apoderados! de los estudiantes a asociarse entre ellos, para la consecución de fines comunes de desarrollo personal y social. A la Derecha le molesta, le teme a los estudiantes secundarios o universitarios cuando se organizan para defender sus derechos, porque, obviamente, son nostálgicos de la dictadura, cuando las cosas se imponían por decreto y los alumnos no podían participar. 
Los espacios de participación que se ganaron los estudiantes en nuestro país se lograron a punta de manifestaciones, con temor a las balas, a las bayonetas y a los atropellos a los derechos en las universidades.
La Derecha se opone al derecho a ser promovido y obtener las licencias, títulos, grados y certificaciones que imponen la ley y los reglamentos.
Fíjense lo que rechazó la Derecha sobre los derechos de los apoderados: el derecho a ser informado de manera periódica sobre la situación académica y personal de sus hijos o pupilos en los establecimientos educacionales. Ése es un derecho esencial y básico que debe ser reconocido a un apoderado, porque está pagando por la educación que se le está entregando a sus hijos. Pero la Derecha se opone. No, los apoderados no tienen derecho a estar informados del tipo de educación y de cómo está funcionando el establecimiento en el que están estudiando sus hijos.
El derecho de los apoderados a ser escuchados por los docentes que tienen a cargo la educación de sus hijos y por las autoridades pedagógicas y administrativas de los establecimientos. Los apoderados no tienen derecho, según la Derecha, a ser escuchados por los sostenedores que están lucrando con la asistencia de sus hijos a clases.
La Derecha se opone al derecho de los apoderados a organizarse para la consecución de fines comunes, como la promoción académica y social de los establecimientos y la comunidad escolar.
La Derecha se opone al derecho a que los apoderados participen en el proceso de aprendizaje y enseñanza y en la formación valórica de sus hijos o pupilos.
La Derecha se opone a que los padres estén informados de los valores que les inculcan en el colegio a sus hijos; se opone a que participen en esa discusión con los sostenedores y con aquellos que están formando a sus hijos en un colegio privado.
La Derecha se opone a que los apoderados participen en el proceso de formación del proyecto educacional del establecimiento y a velar por su vigencia e integridad en el tiempo.
La Derecha se opone al derecho de no ser objeto de cobros indebidos, ilegales o arbitrarios, siempre que se acuerden por la comunidad escolar el pago de derechos o aportes que no sean aranceles. No se podrá condicionar la continuidad de los estudios del alumno o pupilo al pago de esos derechos o aportes. En miles de establecimientos privados se condiciona muchas veces la entrega del certificado de fin de año, de la promoción al año siguiente, a este tipo de cobros. Eso es abusivo.
Por su intermedio, señor Presidente, le digo al diputado señor Becker que me deje intervenir. Él es uno de los moderados dentro de la Derecha o era, antes del caso de la ministra Provoste y por eso me sorprende su actitud agresiva.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Señores diputados, ruego mantener el orden mientras interviene el diputado Paredes.
El señor PAREDES.- Señor Presidente, quiero decir que la Derecha se opone reitero a que estén prohibidos los cobros indebidos y abusos, porque se supone que la educación privada, en gran medida, se sostiene con la subvención que recibe en igualdad de condiciones con la educación pública. Ya es un abuso, una arbitrariedad, que un colegio privado reciba la misma subvención y en las mismas condiciones que un colegio municipalizado; ya es un abuso, porque el tipo de niños que se atiende en un sistema y en otro es muy distinto. Lo hemos dicho más de una vez. 
El niño de un colegio privado que falta a clases es porque le dio paperas, alfombrilla o a la mamá se le pinchó la rueda del auto cuando lo llevaba al colegio. En cambio, el niño que participa en un colegio municipal en muchos casos debe trabajar para ayudar a la manutención de su familia.
Es una pena tremenda que la gran motivación de un niño de una familia pobre para ir al colegio sea el plato de comida que le dan con fondos de la Junta Nacional de Auxilio Escolara y Becas, Junaeb.
Es lamentable que los colegios privados tengan la misma subvención, también amarrada a la asistencia y a la matrícula, porque la asistencia de un niño de un colegio público no es la misma que la de un niño de un colegio privado.
Si eso es abusivo, y se asume como normal, nos parece un tremendo exceso que, además, se condicionen los derechos de los alumnos y de los apoderados para otorgar más privilegios a la educación privada, a fin de que sigan lucrando y enriqueciéndose a costa de la educación, que debiera ser gratuita.
Nos parece vergonzoso que el señor Kast, quien está por la educación, no considere válido el argumento de que no es posible aceptar que cuando uno matricula a un estudiante en un colegio de una institución privada, sepa cuánto cuesta la matrícula y el año ecolar, pero no conozca el valor de la carrera. Es decir, cuando estoy amarrado con mi hijo matriculado, no sé cuánto voy a pagar el próximo año, pero debo pagar, y se aumentan drásticamente los valores que le cobraron inicialmente. Lo lógico es que uno sepa cuál es el valor de la carrera, aplicándole el IPC y las cosas que legalmente corresponda.
Quiero decir al señor Kast que lo menos que uno espera es que haya coherencia en lo que se discute aquí. Cuando se participa en la Comisión de Educación no se hace para defender los bolsillos de los sostenedores privados.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Ha llegado a su término el Orden del Día. Por lo tanto, la discusión del proyecto continuará en la próxima sesión.
Están inscritos para intervenir los diputados señores Meza, Correa, en su segundo discurso; De Urresti, Ortiz, Silber y Becker.
La Secretaría tomará nota de los demás diputados que deseen hacer uso de la palabra.
Queda pendiente la discusión del proyecto.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Corresponde votar los proyectos aprobatorios de los acuerdos celebrados por la República de Chile con los Estados Unidos Mexicanos y con la República de Guatemala, respectivamente, con el objeto de autorizar a los familiares del personal del Servicio Exterior para desarrollar actividades remuneradas en el respectivo Estado receptor.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Aprobados.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Despachados los proyectos.


VI. PROYECTOS DE ACUERDO


CONDONACIÓN DE PATENTES DE ACUICULTURA A RECOLECTORES DE ALGAS.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 559, de los señores Alvarado, Ulloa, De Urresti, Von Mühlenbrock, Egaña, Lobos y Rojas, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que remita a la brevedad un mensaje que modifique la Ley General de Pesca y Acuicultura, permitiendo la condonación de pago de las patentes de acuicultura de todos aquellos pequeños recolectores de algas, agrupaciones gremiales y sindicatos de algueros a fin de que ellos puedan regularizar su situación, no perder sus concesiones y puedan mantener una fuente laboral.
De igual forma solicitamos un estudio técnico, científico y jurídico que les entregue un estatus especial a estos trabajadores con mayores flexibilidades administrativas y legales para ejercer su actividad”.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo tiene relación con la crisis internacional originada en la caída del precio internacional del agar. Ese hecho ha afectado a numerosas familias de escasos recursos que durante muchos años se han dedicado a la extracción de algas, que es su forma de vida y fuente de ingresos.
Este drama los tiene sin la posibilidad de generar ingresos y dependiendo de los programas sociales del Gobierno.
La gravedad de la situación radica en que ellos para desarrollar su actividad se endeudaron. Hace muchos años el Gobierno los incentivó, como una manera de reconvertirlos y sacarlos de la pesca artesanal, a tener sus áreas de manejo o a solicitar áreas de concesiones, las cuales están afectas a una patente. Su no pago trae como consecuencia la caducación de la concesión. Al perder la concesión por no pago de la patente, debido a la falta de ingresos, el día de mañana no podrán ejercer esa actividad económica.
Con el diputado Ascencio estamos conscientes de que esta realidad afecta a cientos de familias. En el pasado, también defendimos una ley sobre esta materia, que permitió condonar las deudas por patentes de acuicultura a los algueros por problemas de mercado del producto.
En ese sentido, la propuesta que estamos formulando, de presentar un proyecto de ley con el objeto de solucionar un problema social que afecta a cientos de familias, no sólo en las provincias de Chiloé y Palena, sino a lo largo y ancho del país, debiera ser acogida por los señores parlamentarios y por el Gobierno.
En consecuencia, solicito la aprobación unánime del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, anuncio mi voto favorable al proyecto de acuerdo. Suscribo los argumentos dados por el diputado señor Claudio Alvarado. Sin embargo, quiero insistir en la necesidad de realizar el propio proyecto de acuerdo lo propone un estudio técnico, científico y jurídico que entregue un estatus especial a los recolectores de algas. En esta materia, el Gobierno debe mostrar una preocupación especial.
Solicito a la Sala que entregue su asentimiento unánime a la iniciativa. También sería positivo que la Mesa sugiera al Ejecutivo dar urgencia de discusión inmediata al proyecto, de modo de estudiarlo en el más breve plazo posible.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio; Araya 
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Espinosa Monardes Marcos; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Venegas Cárdenas Mario; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.


EXTENSIÓN DE PERÍODO POSNATAL.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se va a dar lectura al proyecto de acuerdo 
Nº 560.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 560 de las diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra; Vidal, doña Ximena; Tohá, doña Carolina, y de los diputados señores Accorsi, Quintana, Forni, Rossi, Jiménez, Girardi y Araya, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, la remisión a este Congreso Nacional de un proyecto de ley que, en lo esencial, otorgue a las madres chilenas el beneficio de 6 meses de post natal, con el objeto de estimular el apego, la lactancia materna y el mejor cuidado y estimulación del recién nacido, considerando que la materia solicitada es de iniciativa exclusiva de su excelencia.”
El señor BUSTOS (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo en discusión busca hacer justicia a una situación que afecta a cerca del 30 por ciento de las mujeres que trabajan en Chile.
La Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, ha encabezado el proceso de instalación de cientos de salas cunas a lo largo del país. Al respecto, hay que tener presente que empresas que ocupan veinte o más trabajadoras deben tener salas cunas. Además, a ellas se les otorga permiso para amamantar a sus hijos durante los primeros tres meses de vida.
En atención a estas razones, es importante que la Presidenta de la República envíe un proyecto de ley para establecer la extensión del permiso posnatal a seis meses, a fin de que las madres de Chile sigan entregando una nutrición adecuada a sus hijos. La leche materna es el alimento perfecto, ya que esta hecha sólo para el niño, lo protege de las infecciones, aumenta sus defensas, ayuda a mejorar la digestión y mejora su desarrollo psicomotor, social e intelectual. 
Por eso, la bancada radical apoyará con fuerza este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra la señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo en discusión es apoyado en forma transversal por todas las bancadas y hace bastante tiempo que el tema que aborda se ha hecho presente al Ejecutivo.
Hablaré no sólo como madre y mujer, sino como médico. 
La extensión del período posnatal a seis meses no tiene como objetivo que las madres se queden en casa. La Sociedad Chilena de Pediatría y las sociedades de pediatría del mundo han destacado los beneficios derivados de amamantar a los niños durante este período, en particular en cuanto a estimulación psicomotora y desarrollo inmunológico.
Por otra parte, extender el período posnatal a seis meses puede derivar en un significativo ahorro de dinero para el Estado. En efecto, durante ese período muchos médicos que conocen los beneficios de la leche materna otorgan licencias a las madres de niños menores de un año no para que éstas atiendan enfermedades graves de salud de sus hijos, sino para que los amamanten. Por eso, se hace necesario transparentar esta materia. Los mismos dineros destinados a pagar licencias médicas pueden beneficiar a mucha gente. Cuanto más se prolongue el período de lactancia, mayor será el ahorro de leche en los consultorios, menor la cantidad de enfermedades en los lactantes y menor el uso de salas cunas en las empresas, todo lo cual redundará en mayor productividad de las mujeres.
Por lo tanto, hago un llamado para que el próximo 21 de Mayo la Presidenta de la República nos sorprenda con el envío de un proyecto de ley que proteja la maternidad y a los niños y extienda el período posnatal a seis meses, anhelo de cualquier país desarrollado.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para que haga uso de la palabra el diputado señor Rossi, autor del proyecto de acuerdo?
Acordado.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, me sumo a lo señalado por la diputada señora Rubilar y el diputado señor Meza. No repetiré sus argumentos, pero sí entregaré un dato importante: la mayor parte de las licencias asociadas a enfermedades graves en niños menores de un año se cursan entre los tres y los seis meses de vida de los lactantes. Eso quiere decir que existen los recursos para financiar una ley que establezca un período posnatal de seis meses.
Es tan importante la presencia de la madre durante este período del hijo, que se recurre a mecanismos poco adecuados o que están fuera de la legalidad para lograrlo. Todos sabemos que el diagnóstico de reflujo gastroesofágico no es efectivo. Lo que ocurre en verdad es que cuando el hijo tiene entre tres y seis meses de vida, la madre requiere estar durante todo el tiempo con él, y hoy no puede hacerlo porque la ley se lo impide.
Por lo tanto, espero que, respecto de esta materia, la Presidenta de la República nos entregue una buena noticia el próximo 21 de Mayo, de manera de resolver ese serio problema que afecta a la sociedad chilena, que se relaciona con la protección de la infancia.
He dicho. 
El señor BUSTOS (Presidente).- Para impugnar del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones 
El señor BUSTOS (Presidente).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención. 
El señor BUSTOS (Presidente).- Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor BUSTOS (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. 
El señor BUSTOS (Presidente).- Por no haberse alcanzado el quórum requerido, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.


VII. INCIDENTES


CREACIÓN DE CORTE DE APELACIONES EN OSORNO. Oficio.

El señor BUSTOS (Presidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor 
Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, deseo plantear dos temas que tienen mucha relevancia para mi provincia y ciudad de Osorno.
En primer lugar, deseo referirme a la necesidad de creación de una corte de apelaciones en Osorno, sentida aspiración de sus habitantes y, en general, de toda la gente de la provincia.
Cuando se llevó a cabo la discusión sobre la división de la región, que terminó con la creación de la Región de Los Ríos, en la mesa de negociaciones estuvo presente la posibilidad de crear una corte de apelaciones en Osorno. Nuestra provincia se incorporaría a Valdivia y, por lo tanto, contaría con la referida corte. Sin embargo, al final eso no fue posible.
En la actualidad, la corte de apelaciones que tiene competencia para conocer las causas de los juzgados de Osorno está ubicada a 108 kilómetros de esa ciudad, lo que, sin duda, repercute en la falta de rapidez para la administración de justicia e inhibe a muchos abogados que, por la distancia, no alegan, debido a lo cual sus clientes quedan sin defensa. Eso no ocurre en el caso de quienes defienden a personas de mayores recursos, que sí se presentan ante la corte de apelaciones correspondiente.
Como se advierte, debido a lo indicado, el costo de la justicia se eleva en forma sustancial.
En la provincia existe una gran cantidad de tribunales y, por lo tanto, muchas causas pendientes. La situación se verá agravada debido a la creación de otros juzgados, como el del trabajo, y al aumento de jueces en los juzgados de familia.
Por lo tanto, para Osorno resulta absolutamente necesario contar con dicha corte de apelaciones, no sólo por cuestiones de orden práctico, sino también por consideraciones filosóficas y de doctrina, de manera de velar por la rapidez, transparencia y costo en la administración de justicia.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Justicia para que se efectúen los estudios respecto de la factibilidad de crear una corte de apelaciones en Osorno.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


REACTIVACIÓN DE ESTUDIO DE REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. Oficio.

El señor OJEDA.- Señor Presidente, en segundo lugar, deseo referirme al proceso de deslocalización de servicios, materia que fue objeto de debate hace algún tiempo.
Deslocalizar significa redistribuir los servicios regionales, llámense seremías o direcciones regionales. Es decir, se trata de un proceso de desconcentración de servicios públicos.
Ese proceso de deslocalización implica un nuevo modelo de gestión y una nueva forma de regionalización, materia que, reitero, estuvo en discusión y, con seguridad, lo seguirá estando, porque al respecto existen peticiones de muchas regiones.
En virtud de diferentes consideraciones, hace algún tiempo la provincia de Osorno se hizo acreedora a un proceso de deslocalización, eso significa que diferentes servicios públicos quedarían ubicados en la ciudad de Osorno. Sin embargo, eso no se produjo.
La deslocalización acerca a la gente hacia los servicios públicos y, a la vez, éstos tienen una relación más directa y cercana con las personas, con la base, con quienes necesitan satisfacer necesidades.
Los argumentos legales y constitucionales son variados. Así, por ejemplo, el artículo 26 de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, nos dice “Los ministerios, con las excepciones que contemple la ley, se desconcentrarán territorialmente mediante Secretarías Regionales Ministeriales, las que estarán a cargo de un Secretario Regional Ministerial,”
El artículo 28 establece: “Los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua.”. El artículo 29 dispone: “Los servicios públicos serán centralizados o descentralizados.
Por su parte, el artículo 30 dispone que la ley podrá desconcentrar territorial y funcionalmente a determinados órganos.
Además, la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, en el artículo 17 entrega a los gobiernos regionales la función de ordenamiento territorial y señala, en su letra f): “Proponer a la autoridad competente la localidad en que deberán radicarse las secretarías regionales ministeriales y las direcciones regionales de los servicios públicos, sin perjuicio de los traslados transitorios a otras localidades de la región.”
Todas estas disposiciones hablan de localización, de desconcentración, de trasladar servicios, secretarías regionales ministeriales o servicios regionales. 
Finalmente, la ley Nº 20.174, que creó la Decimocuarta Región de Los Ríos y la provincia de Ranco en su territorio, también hace presente que se va a procurar asegurar una gestión eficiente, eficaz y adecuadamente desconcentrada de los órganos que integran la administración pública regional.
Añade que, asimismo, prestará asesoría y coordinación.
Esta deslocalización se va a producir en las regiones de Los Lagos y de Los Ríos.
Señor Presidente, entonces, esto está pendiente. Aquí hubo instrucciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para proceder, función que estaba desempeñando y concretando el intendente regional de Los Lagos, pero ha quedado paralizada.
Por ello, solicito que se envíe un oficio al Ministerio del Interior para que la Subsecretaría de Desarrollo Regional instruya continuar con el proceso de deslocalización ya se habían dado los primeros pasos iniciado a instancias de esa Subsecretaría.
He dicho. 
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


MEDIDAS PARA PALIAR CESANTÍA POR QUIEBRA DE ASERRADEROS PAILLACO S.A. Oficios.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, lamentablemente, he recibido noticias no agradables del distrito Nº 54 que represento, especialmente de la comuna de Paillaco, donde hoy han sido despedidas 700 personas de la empresa Aserradores Paillaco S.A, Apsa, que utiliza maquinarias de última generación. Las razones son, por un lado, el valor del dólar y, por otro, la merma en las exportaciones de madera a Estados Unidos de América. 
Ese hecho ha concitado el interés de toda la televisión nacional que ahora está transmitiendo desde la ciudad de Paillaco. El grupo económico Apsa depende de la familia Léniz. Repito, es lamentable lo que está sucediendo en esa ciudad relativamente pequeña, en la que la cesantía de estas 700 personas gravitará seriamente en los planos social, económico y comercial. Esta información deplorable para esa ciudad, me lleva a pedir que se envíe oficio al subsecretario del Trabajo, a través del ministro del Trabajo, para que las autoridades de gobierno se preocupen de buscar la forma de entregar una pensión de cesantía a aquellos trabajadores con contratos a honorarios, o adelantar programas de trabajo que se ejecutan en junio o julio de cada invierno, para absorber la cesantía que se sufre allí y que nadie quisiera comentar.
Asimismo, quiero que se envíe copia de esta intervención al ministro del Interior.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.


FELICITACIONES A CUARTA COMISARÍA DE CARABINEROS DE COMUNA DE RÍO BUENO. Oficios.

El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, pero no sólo llegan las malas noticias, sino que también las buenas.
El 27 de abril recién pasado Carabineros de Chile celebró su aniversario que, para la Región de Los Ríos y, especialmente, para la provincia de Ranco, tuvo una connotación muy especial, puesto que la cuarta comisaría de la comuna de Río Bueno fue distinguida como la mejor no de regiones, no de provincias, no de zonas, sino del país. 
En la ceremonia estuvo presente el general de Carabineros de la Región de Los Ríos, señor Claudio Veloso, y el intendente, señor Iván Flores. En esa comuna, que es muy rural, existen varios retenes y me consta 
porque lo he visto el trabajo mancomunado y encomiable que realizan oficiales, suboficiales y carabineros. Eso sucede en Chile entero. El trabajo de Carabineros es valorado por todos los habitantes del país, pero también uno se siente un poquito orgulloso cuando le toca muy de cerca que los retenes de Carimallín, de Vivanco, de Mantilhue, de Diumén, la tenencia de lago Ranco y el retén fronterizo de Riñinahue hayan sido parte de esta distinción.
Por eso, a través de la Cámara quiero felicitar al señor Ricardo Fierro Amigo, un oficial especial, quien, hace poco, dejó de ser comisario en Río Bueno, para desempeñarse en Panguipulli. También felicito al señor Rolando Ernst, actualmente a cargo de la cuarta Comisaría.
Mis felicitaciones también a todos los carabineros de la Región de Los Ríos, de la provincia de Ranco y, en especial, de la comuna de Río Bueno, cuyos habitantes deben sentirse felices por este gran logro, del cual también me hago parte.
Solicito que se envíe copia de esta sencilla intervención al alto mando de Carabineros y, por supuesto, a la comisaría de la comuna de Río Bueno.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
En el tiempo del Comité Socialista, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.


ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA EN TOCOPILLA. Oficios.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa. 
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, en noviembre pasado la ciudad de Tocopilla se vio afectada por un terremoto con devastadoras consecuencias para la población y que tuvo como correlato directo la destrucción casi total de más del 50 por ciento de las viviendas y edificios públicos. La infraestructura vial y el equipamiento comunitario fueron severamente afectados. 
La intervención del Gobierno, que finalizó en febrero, fue planamente exitosa para enfrentar la emergencia: se garantizó la atención sanitaria de la población, se levantaron viviendas de emergencia y se habilitaron consultorios para atención hospitalaria.
Asimismo, considero elogiable la reacción del intendente regional de informar del estado de avance del plan de reconstrucción del puerto de Tocopilla. Es incuestionable que todos los parlamentarios podamos ser documentados. Sin embargo, me preocupa que esta cuenta se realice en la capital regional, Antofagasta, y no en la ciudad afectada.
Ese hecho es preocupante toda vez que la ciudadanía requiere información y respuestas de la autoridad regional, de los jefes de servicio, de los seremis y de las autoridades del gobierno regional a sus inquietudes y preocupaciones relacionados, por ejemplo, con posesiones efectivas, saneamientos de títulos, subsidios habitacionales, estado de avance del plan de descontaminación y otros temas que merecen ser conocidos por los tocopillanos. 
En tal virtud, pido que se oficie al ministro del Interior y al intendente de la Segunda Región de Antofagasta para solicitar que la próxima cuenta pública sobre el estado de avance de la reconstrucción de Tocopilla se realice en el mismo puerto siniestrado.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.


INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN MUNICIPALIDAD DE CUNCO. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz.
El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, en la comuna de Cunco, en mi región de La Araucanía, recibí denuncias de una serie de irregularidades ocurridas en el municipio y que están generando un cuadro preocupante desde el punto de vista de la transparencia y la probidad en el manejo de recursos y personal municipales.
Una de las denuncias se relaciona con la adjudicación del proyecto de construcción de juegos infantiles para las villas Las 
Araucarias, Los Lagos, Villa García y 
Choroico. Se señala que socios de la empresa adjudicataria estaban ligados por lazos de parentesco con el funcionario municipal encargado de supervisar los trabajos, amén de ser secretario comunal de Planificación, Secplac, y administrador municipal, por lo que la misma entidad podría haber sido privilegiada en la adjudicación.
Otra denuncia dice relación con la eventual responsabilidad del mismo funcionario al rechazar asesorías de un experto en la adquisición de equipo informático por un monto de 7 millones de pesos, parte del cual llegó fallado por lo que fue devuelto, involucrando al municipio en un juicio civil.
Una tercera denuncia se refiere al pago de emolumentos a la persona que ejerció el cargo de inspector técnico de obras en la construcción de casetas sanitarias de Los Laureles, quien no cumplió con la obligación de permanecer en la obra sino que desempeñó otras labores en lugares diferentes.
También deben investigarse acusaciones de suplantación de título profesional, cobro de horas extraordinarias supuestamente trabajadas, ya que corresponden a horarios en que los servicios públicos están cerrados. El secretario municipal denunció cobros indebidos de pasajes por traslado y de estacionamientos, uso de vehículos fiscales durante licencias médicas, uso de computador portátil fuera de su lugar de asignación, pago de horas extraordinarias a un funcionario que no marca tarjeta de control de asistencia y horario, asignación de recursos a organizaciones sin personalidad jurídica o con el reconocimiento cancelado, duplicidad en asignación de recursos para actividad extraescolar y pagos adicionales en un contrato vencido.
Dada la profusión y la gravedad de las irregularidades denunciadas, pido que se oficie al Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza Zúñiga, para que adopte las acciones que estime pertinentes.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Pedro Araya.


INFORMACIÓN SOBRE MULTAS CURSADAS POR EL SERVICIO DE SALUD A LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité Independiente, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya. 
El señor ARAYA.- Señor Presidente, desde que en Antofagasta se instaló el nuevo sistema de contenedores de basura hemos tenido un caos sanitario de marca mayor, a lo que se suma que el vertedero de la ciudad cumplió su ciclo de vida útil y la municipalidad aún no presenta un plan de cierre, lo que debió haber hecho hace un par de años, ni un proyecto para reemplazarlo por uno nuevo. 
Es de público conocimiento que el servicio de Salud ha cursado una serie de multas al municipio de Antofagasta en razón de no haber cumplido con los plazos para presentar ante la Conama un estudio de impacto ambiental de un relleno sanitario para la ciudad y por las condiciones en que están operando el vertedero y el sistema de recolección de basura. 
Por lo anterior, pido que se oficie al Servicio de Salud de la Segunda Región de Antofagasta para que remita a la Cámara de Diputados un listado de todas las multas cursadas a la municipalidad de Antofagasta, desde 2003 a la fecha, por el concepto señalado, indicando si están pagadas; en caso de no estarlo, que se señalen las razones. 
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.


ACCESO EXPEDITO PARA LOS PARLAMENTARIOS AL PALACIO DE LA MONEDA. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, mi intervención en Incidentes tiene por objeto abordar tres temas.
En primer lugar, hace unas semanas tuve una reunión en la Subsecretaría del Interior, en La Moneda, y a quienes somos parlamentarios, pero no figuras nacionales, como presidentes de partido, se nos hace muy difícil el acceso, pues tenemos que pasar por cada control, como cualquier ciudadano, lo cual está bien, pero lo menos que uno espera es que los funcionarios que trabajan en La Moneda y la guardia de palacio nos conozcan. No somos tantos como para ser rostros absolutamente desconocidos. Señalé:
“Necesito llegar a tal oficina.” Y me contestaron: “Sí señora, póngase en la fila.”
Por eso, en virtud del artículo 9º de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, para asegurar de que tendré respuesta, pido oficiar al subsecretario del Interior para que, por favor, adopte las medidas tendientes a que los funcionarios que trabajan en La Moneda y la guardia de palacio conozcan a los parlamentarios que representamos a los ciudadanos de nuestro país.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
En todo caso, señalo a la señora diputada que basta con presentar su carné que la identifica como parlamentaria para que, obligatoriamente, todas las autoridades del Estado le faciliten el acceso. No es un favor.


DESTINACIÓN DE FONDOS A ENTIDADES COLABORADORAS DEL SENAME. Oficios.

La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, en segundo lugar, quiero referirme a temas relacionados con el Sename que, como todos sabemos, realiza funciones de protección de los menores y otras que tienen que ver con la responsabilidad penal juvenil.
Hace poco tiempo salió un informe de la Contraloría sobre una auditoría financiera a un proyecto de 45 entidades colaboradoras del Sename, sólo en la Región Metropolitana. Hubo una serie de observaciones, algunas fueron salvadas y otras no.
Por lo tanto, pido oficiar al contralor general de la República, para que se pronuncie acerca de la procedencia del pago de indemnizaciones a trabajadores de esas entidades colaboradoras con fondos del Sename.
Debo hacer presente que hace algunos días, en una reunión que sostuve con gente que trabajó en esas entidades y que hoy están fuera, nos decían que el cambio de sistema, por el cual entidades que estaban trabajando en la protección de los menores y que hoy presentan proyectos relacionados con la responsabilidad penal juvenil, por ejemplo, con la libertad asistida, significó finiquitar a trabajadores, que siguen perteneciendo a estas mismas entidades, y se les habría pagado con fondos del Sename.
Por eso, quiero que la Contraloría, que hizo observaciones al Sename, porque se utilizaron fondos para pagar indemnizaciones, nos diga si es o no procedente que recursos destinados a la rehabilitación de menores sean destinados al pago de indemnizaciones de los trabajadores.
Ahora, ya que se efectuó una auditoría de ejecución presupuestaria, solicito que la Contraloría realice una auditoría a la ejecución de los proyectos que desarrollan las entidades colaboradoras. Hay muchos recursos que van a ellas a lo largo de todo el país y es imposible auditar y fiscalizar todo. Al menos, tener una idea de la forma en que estos recursos están siendo usados para dar cumplimiento al objetivo del Sename: rehabilitación y recuperación de los menores que están en situación irregular o que han infringido la ley.
En este sentido, pido también oficiar al subsecretario de Justicia, con el objeto de que nos informe sobre una entidad colaboradora especial, la Fundación Juan XXIII, que opera en la Décima Región, donde ha habido algunas investigaciones y sumarios administrativos por irregularidades denunciadas por gente que trabajó en ella. Quiero saber si efectivamente ha habido algún sumario o información sumaria y si la respuesta es afirmativa, que nos haga llegar los antecedentes a esta Corporación. Asimismo, solicito que se haga una auditoría financiera a la Fundación Juan XXIII para saber si en su caso hubo pago de indemnizaciones como el que aludí hace un momento.
En el caso de algunas ONG o fundaciones, que fueron auditadas financieramente por la Contraloría, es muy difícil conocer dónde están y dónde operan. Uno busca información en internet y no hay nada, pues ni siquiera tienen página web. A través del Servicio de Impuestos Internos o de Dicom también es difícil obtener información. Por lo tanto, quiero que el subsecretario de Justicia y el director del Sename nos informen dónde operan, la labor que desarrollan y el detalle de los proyectos de las siguientes instituciones: la ONG Corporación de Desarrollo y Educación El Quijote, cuyo domicilio, según Dicom, está en un departamento en la comuna de Ñuñoa, lo que no tiene mucho sentido; la Fundación de Beneficencia El Peregrino, la Fundación de Defensa Ecológica del Menor de Edad y la ONG Raíces.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.


PROBLEMA SANITARIO EN SECTOR SAN RAFAEL DE LA COMUNA DE CALBUCO. Oficios.

La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, por último, en el sector de San Rafael existe un problema sanitario que preocupa mucho en la comuna de Calbuco. En esa zona, donde hay una escuela nueva y muchas casas, emanan malos olores. Se presentó un recurso de protección y hay una sentencia que ordenó a la empresa sanitaria Essal poner término a esta situación.
Esta empresa ha hecho lo está a su alcance y ha solicitado información, tanto a la Superintendencia de Servicios Sanitarios como a la autoridad sanitaria, para dilucidar lo que podría estar ocurriendo.
Primero, pidió a la municipalidad que informara lo que hace con los residuos extraídos de las distintas fosas sépticas que hay en la zona. Esto no ha tenido respuesta. Se teme que todos esos residuos estén siendo depositados en la cámara de alcantarillados de la empresa.
Segundo, solicitó al secretario regional ministerial de Salud información acerca de la disposición de residuos que hacen empresas como Inversystem, Pacific Cold y Conservera Calbuco, todas clientes de agua potable, pero que no tienen alcantarillados ni tratamiento de aguas servidas.
Por lo tanto, pido oficiar a las autoridades antes mencionadas para entreguen la información necesaria, pues para aclarar lo que está pasando en ese sector, es tremendamente importante que se investigue lo que sucede con los residuos de todas estas empresas.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.


ANIVERSARIO DE LA CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por cuatro minutos y medio, el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, quiero agradecer la presencia en esta Sala del senador y presidente de la UDI, señor Hernán Larraín Fernández, que viene a dar un respaldo muy importante a la celebración de los 30 años de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem.
El 19 de abril de 1979 nació esta corporación con el objetivo de prevenir quemaduras, de ayudar a los niños quemados, que, en el Chile de hoy, de 12 mil dólares per cápita, representan una cifra alarmante: cien mil niños cada año en Chile.
Con la aprobación del proyecto de ley que presentaremos junto a otros parlamentarios recuerdo al ex diputado Isidoro Tohá, que prohibió la venta individual de fuegos artificiales, las cifras han ido bajando. 
Nuestra mayor preocupación era que, cada año, una mayor cantidad de niños terminaban con quemaduras debido al uso de fuegos artificiales en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Hoy, gracias a una iniciativa despachada por el Congreso Nacional, que regula la venta de fuegos artificiales, los quemados por fuegos artificiales prácticamente no existen o son mínimos.
No obstante, existen otros tipos de quemaduras, por ejemplo, las que se producen con agua caliente porque se dan vuelta las teteras u ollas y el líquido caliente daña los cuerpos de muchos niños, que hacen que hoy la Corporación de Ayuda al Niño Quemado atienda anualmente a 8 mil niños. En el transcurso de estos años, Coaniquem ha brindado atención a más de 80 mil niños que han pasado por sus recintos.
Actualmente, Coaniquem cuenta con tres establecimientos. Se inició con el que existe en Antofagasta; hoy tiene un hospital en la comuna de Pudahuel que me honro en representar en la Cámara, más el Centro de Atención de Salud de Puerto Montt, lo que hace que su inserción sea cada día más importante.
En el financiamiento de esta obra ha sido trascendental el aporte de miles de chilenos más de 30 mil, quienes, a través de mesadas mensuales, han permitido que Coaniquem pueda subsistir. A ello se deben agregar los programas de reciclaje del vidrio, a través de un convenio realizado por la Fundación con Cristalerías Chile y los aportes de distintas empresas, a los que se agregan coronas de caridad, tarjetas de Navidad y muchos aportes anónimos, que hacen que esta obra se financie y pueda atender a los niños quemados sin cobrarles ni un solo peso.
En esta oportunidad, quiero agradecer a todos los parlamentarios que, con su apoyo, permitieron que la iniciativa que prohibió la venta masiva de fuegos artificiales se transformara en ley de la República; asimismo, el apoyo de este Gobierno y de los anteriores 
cuyos mandatarios han visitado sus instalaciones, ya sea por la vía del Fondo Social Presidente de la República o a través del convenio que tenemos con el Ministerio de Salud, lo que ha contribuido, en parte, al financiamiento de esta obra que tanta ayuda le presta anualmente a miles de niños que sufren quemaduras, especialmente a los que provienen de hogares más pobres.
Coaniquem no ha querido restringir su atención sólo a los niños quemados, sino que también tiene la Casa Abierta, que ofrece a los niños y a uno de sus padres el alojamiento y la mantención de sus estudios en su escuela hospitalaria, lo que ha permitido que niños de todas las regiones y de 
Latinoamérica puedan recibir estos beneficios. Actualmente, Coaniquem atiende a niños de Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, especialmente en sus centros de Antofagasta y Santiago, brindando una atención muy importante a gente de más allá de nuestras fronteras.
La gratuidad en la atención permite que hoy más de 8 mil pacientes accedan cada año a un tratamiento que les devuelve su dignidad y permite su reinserción social. Además, no nos quedamos sólo en la atención. Digo nos quedamos, porque tengo el alto honor de formar parte del directorio de la Fundación de Coaniquem en las tareas de prevención.
Por eso, quiero hacer llegar un especial reconocimiento al presidente de Coaniquem, doctor Jorge Rojas Zegers, quien ha fundado y presidido la Corporación desde sus inicios. Para cumplir esta tarea con éxito ha convocado a un gran número de personas que sería largo enumerar que trabajan en los recintos hospitalarios, médicos, enfermeros y otros profesionales, asistentes y auxiliares que dan su tiempo a esta gran obra. Asimismo, quiero agradecer al Congreso Nacional el apoyo brindado en estos treinta años a través de iniciativas de ley; al actual Gobierno y a los anteriores por los aportes entregados y, especialmente, a esos miles de chilenos que con su apoyo permiten que esta obra tenga una mirada de futuro y pueda seguir realizando su labor.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que así le indican a la Mesa.


FELICITACIONES A CARABINEROS DE CUARTA COMISARÍA DE RÍO BUENO. Oficios.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Gastón Von 
Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero referirme al premio entregado a la comisaría de Río Bueno por ser la mejor de Chile, lo que hace historia y prestigia a nuestra comuna.
Por eso, hoy nos llena de orgullo que una comisaría, respecto de la cual hemos luchado tanto para que efectivamente tenga un cuartel como se merece, haya sido elegida a nivel nacional para merecer este galardón.Este premio nos lleva a reflexionar en forma importante, ya que esto se debe al trabajo de quien fue su comisario, mayor Ricardo Fierro Amigo, hoy comisario en Panguipulli, en el desempeño de su función se destacó por una interacción entre la comunidad y Carabineros. A pesar de no contar con la infraestructura por la que tanto hemos luchado esperamos que cuente con una comisaría como se merece, Río Bueno consiguió este preciado galardón.
La cuarta Comisaría tiene a su cargo los destacamentos policiales de los retenes de Carimallín, de Vivanco, de Mantilhue, de Diumén, y la tenencia de Lago Ranco y el retén fronterizo Reñinahue. Ello demuestra la extensión rural de su jurisdicción.
Por lo expuesto, pido que se haga llegar mis felicitaciones al mayor Ricardo Fierro y, por su intermedio, a todo el personal bajo su mando que hizo posible que la Comisaría de Río Bueno haya recibido este galardón. En todo caso, reitero la necesidad de construir un cuartel como ellos se merecen.
Pido que copia de mi intervención sea enviada al General Director de Carabineros de Chile, al alcalde y concejales de la comuna de Río Bueno.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 13.38 horas. 
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.