AUMENTO DE FEMICIDIOS EN CHILE. PROYECTOS DE ACUERDO.
AUMENTO DE FEMICIDIOS EN CHILE. PROYECTOS DE ACUERDO. El señor WALKER ( Presidente ).- La presente sesión ha sido citada a petición escrita de 47 honorables diputados y diputadas, con el objeto de “discutir las implicancias del preocupante aumento de femicidios en Chile, y sus vinculaciones con actos de violencia intrafamiliar, así como también analizar los resultados prácticos de la última reforma introducida por la ley Nº 20.066, y la ley Nº 19.968, sobre Tribunales de Familia , a fin de fortalecer las medidas preventivas y legislativas en la materia”. Han sido citados el ministro de Justicia , señor Carlos Maldonado, y la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer , señora Laura Albornoz Pollmann. Sin embargo, el ministro de Justicia excusó su inasistencia, debido a que a esta misma hora se encuentra en la Sala del Senado, donde se trata un proyecto de ley que forma parte de la agenda corta contra la delincuencia. En el tiempo previo de 15 minutos contemplado en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde al Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, esta sesión especial evidencia la preocupación que deberían tener la sociedad en su conjunto, el país y, por cierto, todos los parlamentarios y parlamentarias respecto de la violencia contra las mujeres, que en estos últimos días nos ha mostrado testimonios dramáticos. En lo que va del año, se ha llegado a la cifra de 49 femicidios. Karina Rojas , de 16 años, fue apuñalada y degollada por su pololo. Fue la víctima número 47. Haydeé Espinoza fue asesinada por su pareja, quien le disparó en el tórax y en la espalda. Catherine Casas-Cordero, a pesar de haber solicitado protección en dos oportunidades, fue degollada por su marido delante de sus hijos, de uno y tres años. Reitero, se ha llegado a la dramática cifra de 49 mujeres asesinadas en lo que va del año, 49 mujeres que murieron en manos de sus parejas en las 39 semanas que van de 2007. Otro caso es el de María Gabriela Alvarado , de 21 años, quemada -¡escuchen bien, señores diputados y señoras diputadas!- dentro de su automóvil, en Punta Arenas, con 38 semanas de embarazo. Logró salvarse y hoy recién pudo conocer a su hija Milagros. Sin embargo, esas cifras sólo las conocemos debido a la denuncia de los medios de comunicación. La violencia de género es un fenómeno histórico presente en gran parte de las civilizaciones humanas, que no tiene límite de edad, clase social, raza, religión o ideología, y es la expresión de la posición de inferioridad de las mujeres respecto de los hombres cuando dependen económica, social, cultural y emocionalmente de ellos. Su origen está en las relaciones de desigualdad de poder entre hombres y mujeres, respondiendo, así, a un orden socialmente construido. ¿Qué hemos hecho en el país para enfrentar esa realidad? La creación del Sernam permitió, en 1992, la implementación del Programa Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y la realización de las primeras mediciones en Chile. Se estableció que en uno de cada cuatro hogares se producía violencia y que el 26 por ciento de las mujeres sufría violencia física y 33 por ciento, violencia psicológica. De igual forma, por primera vez se logró sancionar ese tipo de violencia mediante la dictación de la ley Nº 19.325. Por otra parte, la creación de la Comisión Interministerial de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, que reunió a los ministerios de Salud, Educación, Justicia y Relaciones Exteriores, junto al Instituto Nacional de la Juventud, Carabineros, Investigaciones y la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, se ha orientado a promover el mecanismo de prevención. Inserción de un módulo obligatorio en los textos de enseñanza básica, labores de capacitación en el sector público, integración curricular en la formación de carabineros en el ramo de violencia intrafamiliar, son algunas expresiones de ello. En 2001 se inició la implementación, a lo largo del territorio nacional, de 17 centros de atención y prevención de la violencia intrafamiliar, que en la actualidad alcanzan a 29, junto a una serie de redes de apoyo. En 2005 se estableció una nueva ley de violencia intrafamiliar. Además, en este último período se han creado 16 casas de acogida para mujeres víctimas de violencia grave, que operan en coordinación con el Ministerio Público. ¿Ha sido suficiente? Por cierto que no, y tenemos mucho más que hacer. Aún no se logra resaltar bien la naturaleza y causa de la violencia contra las mujeres para atacarla en forma decidida. Según Naciones Unidas, la base del problema estriba en que mujeres, niñas y niños se ven subordinados a la autoridad masculina. Eso no se ha difundido de manera expresa. Lo que se instala más bien es la consecuencia de lo sufrido por las víctimas. Se nos dice, por ejemplo, “murió la mujer”, “la patearon”, “le pegaron”, “la acuchillaron”. Pero no es ahí donde debe ponerse el acento. No se asume, entonces, que esa violencia contra la mujer es consecuencia de la desigualdad entre hombres y mujeres y, de alguna manera, se invisibiliza el problema. El sistema judicial no está cumpliendo su rol y el mandato legal de proteger a las víctimas. De 45 femicidios cometidos en 2007, sólo en ocho se habían dictado medidas de protección. En muchos casos se suspende condicionalmente el procedimiento, lo que implica que aún este fenómeno se considera de menor importancia en relación con otros delitos porque ocurre en el ámbito de lo privado. Por eso, la ley debería señalar en forma expresa que no se admite la suspensión condicional del procedimiento y que no se puede aplicar, por cierto, el principio de oportunidad con que cuentan los fiscales para determinar si investigan o no, dependiendo de si se trata, teóricamente, de un caso de interés público o no. La violencia es un problema grave. ¿Qué puede tener mayor interés público que la protección de la familia? Conocemos, además, la gravedad del maltrato y la forma en que afecta a mujeres, a su entorno familiar y a futuras generaciones. La violencia debe detenerse siempre. Antes que todo, se debe dar protección a las víctimas. Asimismo, la violencia debe investigarse y, por cierto, sancionarse. En agosto de 1994 se dio un gran paso al promulgar la ley Nº 19.325, que sanciona por primera vez los delitos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, en su formulación y aplicación no se logró cumplir con uno de sus objetivos principales, cual es su carácter cautelar. Por cierto, la ley Nº 20.066 establece como un deber del Estado dar protección a las personas, debiendo prevenir, erradicar y sancionar todo acto de maltrato que afecte la integridad física o psíquica de los chilenos. En virtud de ello, incorpora la figura del maltrato habitual. Sin duda, esta ley representa avances claros respecto de la anterior, ya que establece la obligatoriedad de adoptar medidas de protección cuando exista una situación de riesgo y porque castiga, con la pena de presidio menor, en su grado mínimo, el delito de maltrato habitual. También dispone que el tribunal no podrá calificar como lesiones leves los actos de violencia intrafamiliar y eleva la pena a la equivalente a lesiones menos graves. Sin embargo, pese a estos avances, la ley tampoco cumple a cabalidad el objetivo para el cual fue concebida; es decir, preservar la integridad de esas chilenas. Entre las razones de fondo que explican esta disfuncionalidad, se encuentra el hecho de que el foco está puesto -como lo he señalado- más bien en las consecuencias físicas del maltrato y no en el origen vicioso de la violencia, que es el abuso de poder entre los sexos. Es así que, frente a una misma situación de violencia original, su gravedad es juzgada según sus consecuencias ulteriores. Los tribunales de familia se encargarán si se trata de violencia sicológica o física, sin marcas visibles en el cuerpo. Por el contrario, si la violencia ha dejado marcas, actúa el Ministerio Público y se sanciona de manera diferente, según se trate de lesiones graves, menos graves, abuso sexual con intimidación, violación u homicidio. Es decir, si se trata de violencia sicológica habitual, difícilmente va a ser sancionada. ¿En qué se traduce esto? Lamentablemente -hay que decirlo-, en el archivo de ese tipo de causas porque, muchas veces, existe la imposibilidad probatoria, de acuerdo al derecho penal. Según esta lógica, una mujer que sufre de maltrato habitual no puede recurrir a instancias penales que la ley define, sino que requiere que la habitualidad de la conducta haya sida calificada previamente por un tribunal de familia, lo que, como sabemos bien, puede demorar hasta seis meses, tiempo que, obviamente, ha hecho desistir a muchísimas mujeres. Del mismo modo, el Ministerio Público no puede tomar conocimiento directo de los casos de violencia intrafamiliar, sino sólo acoger las denuncias explícitas de lesiones, violaciones y homicidios, sin distinguir si se trata de delitos de asalto, de delincuencia común o de violencia de género. Esto último invisibiliza la ocurrencia del delito de maltrato por la justicia chilena. En definitiva, el delito de maltrato habitual, que configura esta ley, se convierte, en la práctica, en un delito residual, subsidiario de otros más graves. Con este enfoque se favorece la impunidad por sobre la sanción y no se propende hacia lo que debería ser un reproche social, claro y directo de las conductas violentas que se derivan del abuso en los hogares chilenos. La jueza Negroni , del Tercer Juzgado de Familia , justificó la demora en otorgar las audiencias por el colapso en los tribunales de familia. Todos estamos de acuerdo en que requerimos más tribunales y, sobre todo, más jueces. Ha llegado la hora de que haya un acuerdo entre el Gobierno y el Poder Judicial , como se lo decía esta mañana al presidente de la Corte Suprema ; pero nada ¡nada! impide ni debería impedir que demos protección inmediata ante una denuncia. Desde el inicio de la discusión parlamentaria sobre la materia sostuvimos, junto a muchas sensibilidades de mujeres, que debía configurarse la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, hasta ahora, ésta no ha sido la tendencia mayoritaria y hemos adoptado el sistema de la ley de violencia intrafamiliar. Es cierto que la ley Nº 20.066 -la segunda- consagró importantes avances -si la comparamos con la primera-, tales como la obligación del Estado de dar protección a la víctima; la posibilidad de actuación inmediata de la policía en caso de denuncia de violencia intrafamiliar, pudiendo, incluso, ingresar a lugares cerrados con la facultad de arrestar al autor flagrante; el establecimiento del delito de maltrato habitual en que el juez de familia, atendiendo el número de actos de violencia ejercido y la proximidad en el tiempo de aquéllos, califica la conducta violenta como habitual y puede derivar, entonces, los antecedentes al Ministerio Público para conocimiento y sanción del agresor; la eliminación de la calificación de las lesiones leves para actos de violencia intrafamiliar, elevando la pena equivalente a lesiones menos graves, y el castigo por desacato al agresor, en caso de incumplimiento de las medidas de protección impuestas. En fin, es evidente la reformulación del concepto de familia, para protegerla, ampliándose el número de integrantes. Además, no sólo hablamos de maridos, de convivientes, sino que de ex maridos, de ex convivientes o de aquellos respecto de los cuales se haya tenido un hijo en común sin haber convivido. Pero, todavía la legislación es insuficiente. El sistema de registro con que contamos es deficiente. En Chile no es posible cuantificar los delitos cometidos en el contexto de la violencia intrafamiliar. Estamos en el 2007 y la violencia contra las mujeres es increíble. Dicha violencia no existe en el registro de denuncias por lesiones, amenazas de muerte y homicidios que trimestralmente recoge el Ministerio del Interior, puesto que las tasas que corresponden a delitos y a detenciones no discriminan ni sexo ni edad ni la relación entre la víctima y el agresor. Incluso, el procesamiento de la información referida a delitos sexuales es parte de esta identidad y sólo se refiere a las denuncias y detenciones por violación, sin considerar la amplísima gama de delitos sexuales que afectan a las mujeres. El Ministerio del Interior, a través de la División de Seguridad Ciudadana, tiene a su cargo el sistema nacional de seguimiento y monitoreo de los delitos de mayor connotación, sobre la base de datos de Carabineros e Investigaciones. Este sistema lleva estadísticas trimestrales. Nuevamente, esas estadísticas dan cuenta de cifras absolutas que corresponden a tasas de delitos sin discriminar sexo, edad ni relación entre víctimas. Podríamos seguir explicando latamente la insuficiencia de nuestra estadística, la forma de medir y, por supuesto, de invisibilizar y no transparentar nuestra realidad. Por lo tanto, debemos ser capaces de modificar esto. Las 49 víctimas de femicidio que informa Carabineros se refieren a denuncias ante esta policía o a casos que la prensa ha recogido. Es indispensable el carácter cautelar o de protección de la legislación sobre la violencia, lo que parece ser aún inadvertido por algunos operadores del sistema de justicia. Es obligación del Estado adoptar las medidas conducentes para garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de los miembros de la familia. El acento de la legislación no está puesto en la violencia, como relación de abuso de poder, sino, reitero, en las consecuencias físicas. Debemos entender que la protección de las víctimas no sólo está dada por las medidas legales. También son importantes las redes de apoyo a la víctima, entre ellas, las que podamos entregar, personales, familiares, vecinales, de asociaciones y todo lo que hagamos por contribuir a apoyar y a evitar que se siga actuando casi impunemente. El delito de maltrato habitual es el único en Chile que impide a las víctimas su denuncia directa ante el Ministerio Público. Las mujeres que denuncian la violencia no tienen soluciones. Las cifras de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, tomadas entre octubre del 2005 y octubre del 2006, nos muestran que, del total de causas seguidas por maltrato habitual en la justicia penal, 61 por ciento terminaron con archivo provisional; 74 por ciento con suspensión condicional del procedimiento; 27 por ciento con principio de oportunidad y sólo 12 por ciento con sentencia condenatoria. Es más, hubo cuatro acuerdos reparatorios, en circunstancias de que se supone que están prohibidos. Es decir, el 75 por ciento corresponde a la suspensión condicional del procedimiento que, por lo demás, sólo implica un acuerdo entre el imputado y el fiscal, sin ni siquiera consultar a la víctima. Estamos observando, entonces, que, en materia de violencia contra las mujeres, el Estado de Chile está lejos de cumplir con los estándares internacionales que garantizan los derechos y protección a las víctimas, a los cuales estamos obligados. La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia establece el compromiso de obligatoriedad del Estado de Chile para actuar con la debida diligencia, prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Por lo demás, este tema no sólo es del ámbito de los derechos humanos, sino, además, de seguridad y de salud pública. Aprobamos la moción de los diputados Bustos y Burgos, en cuanto a permitir que el Ministerio Público pueda conocer de manera directa el delito de maltrato habitual y estamos de acuerdo con la moción de las diputadas Muñoz y Saa que busca tipificar la figura del femicidio. Hoy, tenemos la oportunidad de abordar la violencia contra las mujeres de modo integral. Necesitamos fiscales especializados, justicia más especializada y mejor focalización. De una vez por todas tenemos que llamar las cosas por su nombre. Necesitamos el reconocimiento explícito que consigne la violencia contra las mujeres como una violación grave a los derechos humanos. En este contexto, propongo lo siguiente: Primero. El reconocimiento explícito que consigne la violencia en contra de las mujeres como una grave violación a los derechos humanos. Segundo. Visibilizar la ocurrencia de violencia contra las mujeres, dentro y fuera del hogar, mediante sistemas estadísticos adecuados. Tercero. Como señal precisa y clara del Estado, sancionar a los agresores de delitos cometidos en contexto de violencia, con una pena agravada. Cuarto. Establecer un delito de violencia perseguible por el Ministerio Público. Quinto. Consagrar, de manera indubitable, la obligación de detener la violencia y proteger a la víctima como objetivo central de la legislación. Sexto. Sancionar el femicidio como la manifestación más extrema de una escalada de violencia contra las mujeres. El femicidio debe enmarcarse en una ley especial sobre la violencia contra la mujer, lo que implica revisar la ley de violencia intrafamiliar. Si sólo se tipifica el femicidio, estaremos excluyendo otras manifestaciones de violencia contra la mujer, como golpes, violencia sicológica, malos tratos, heridas leves, etcétera. La voluntad política para atender la violencia de género no puede quedar reducida a la sola ratificación de instrumentos internacionales. La violencia contra la mujer se puede prevenir y los femicidios, evitar; pero para ello necesitamos voluntad política, mayores recursos y una justicia ad hoc; necesitamos la sensibilidad de los fiscales y del Ministerio Público. Sólo en este contexto y con una legislación adecuada podremos evitar más mujeres víctimas de femicidio. He dicho. -Aplausos. El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres. La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , en gran medida me sumo a las expresiones vertidas por la diputada señora Isabel Allende. Sin embargo, deseo hacer algunas reflexiones generales sobre la violencia. Las conductas violentas son casi de la esencia del ser humano, y el desafío es poder controlarlas; lamentablemente, acompañan la historia de la humanidad. El más fuerte siempre se ha impuesto sobre el más débil y, dentro de este grupo, han sido las mujeres, los niños y los adultos mayores, quienes siempre las han padecido. Repito, este comportamiento ha acompañado la historia de la humanidad, pero el reconocimiento al valor de la vida como un derecho fundamental y, de alguna manera, el nacimiento del derecho penal, lo han ido cambiando a lo largo de los años. Sin ir más lejos, el año 1994, la ley sobre violencia intrafamiliar introdujo un cambio importante: sacó del ámbito de la vida privada la agresión dentro del hogar, pasando a ser de interés público. Fue un gran avance. Sin embargo, la sola dictación de una ley no disminuyó la violencia en el hogar y las mujeres siguen siendo víctimas de maltrato y de muerte. En 2005 murieron 70 a manos de sus parejas o cónyuges; en 2006, 81 corrieron igual suerte, y este año vamos en la número 49. Ante esta realidad, diversas propuestas legislativas han pretendido distinguir del homicidio y el parricidio, el femicidio, la muerte de la mujer a manos de la pareja o cónyuge. Sin embargo, en ningún caso la sola tipificación del femicidio va a terminar con la violencia dentro del hogar. Sabemos que las denuncias por violencia intrafamiliar han aumentando y también que juicios iniciados por las víctimas se estancan en el proceso seguido en los tribunales de familia, que se encuentran colapsados. Ha sido un verdadero desastre. Nadie imaginó que las expectativas que crearon en las mujeres iban a sobrepasar las proyecciones estimadas para estos tribunales. Las mujeres han cambiado de actitud como consecuencia de la violencia intrafamiliar y de la muerte de algunas de ellas a manos de sus parejas. Hoy se habla del empoderamiento de las mujeres, pero sólo el 36 por ciento deja su rol de dueña de casa y sale del hogar a trabajar. Es decir, alrededor del 64 por ciento todavía depende de un hombre para vivir el día a día. La ley de violencia intrafamiliar creó expectativas; la competencia para conocer los actos de violencia intrafamiliar salió de la justicia civil y pasó a los tribunales de familia; pero, lamentablemente, como dije, están colapsados. Tampoco existe una red de apoyo para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Valoro la creación de las casas de acogida y el trabajo que realiza la ministra Laura Albornoz ; pero eso es absolutamente insuficiente, porque sólo las mujeres en riesgo vital pueden ser recibidos en estas casas y durante tres meses. ¿Qué pasa con el resto? ¿Tendrán que estar en riesgo de muerte para recibir algún apoyo? Hablamos de las mujeres víctimas de violencia, de ese 64 por ciento que no trabaja fuera del hogar para mantener a sus niños y a sí mismos. Es decir, el discurso que escuchamos es sólo eso, porque no va acompañado de los recursos necesarios para que los tribunales de familia y el Sernam brinden el necesario apoyo que requieren las mujeres víctimas de violencia. Repito, valoro tremendamente el esfuerzo que está haciendo el Sernam; pero lo más importante de que hoy el femicidio sea tema es que nuestros hijos están creciendo con la conciencia de que en el hogar no debe imperar la violencia. Quiero dejar muy claro que, como mujer y como diputada de la UDI, valoro por sobre todo la vida, la de mujeres, hombres y niños. Mi vida no vale más que la de mi hermano, de mis colegas, de los funcionarios de la Cámara o de las personas que nos visitan en las tribunas. Por lo tanto, en lo personal, no creo que el tipo penal del femicidio sea el camino para evitar la violencia dentro del hogar. En materia legislativa sugiero dos áreas. Las causas por violencia intrafamiliar han desbordado los tribunales de familia. Por eso, con la reforma que acabamos de aprobar, cuando el maltrato sea habitual las mujeres podrán recurrir directamente al Ministerio Público. La pregunta es qué deberá entender por maltrato una mujer común y corriente, y que es habitual o no habitual, y así dirigirse o al tribunal de familia o al Ministerio Público. Toda violencia, incluida la violencia dentro del hogar debería ser conocida por el Ministerio Público y sancionada como delito por fiscales especializados, y no tener esta dualidad de que algunos casos deben ser conocidos por los tribunales de familia y, otros, por la justicia penal. Por otra parte, considero que nunca se debe aplicar la atenuante de haber obrado por estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato y obcecación cuando existen condenas previas por delitos de violencia intrafamiliar contra el autor, ya que jamás los celos -por ejemplo- pueden justificar el homicidio de una mujer. También propongo que se considere como agravante calificada, tanto en los delitos de maltrato habitual o en los parricidios, una condena anterior por violencia intrafamiliar, independiente de qué tribunal haya dictado la sentencia. Sin embargo, todo esto sería innecesario si el Gobierno hiciera bien su pega. Insisto en el tema que ya mencioné. Hay recursos en nuestro país, por lo que deben ser destinados y bien administrados. Por lo tanto, propongo que si el ex Presidente Lagos se equivocó al determinar un número menor de tribunales de familia que los necesarios, la Presidenta Bachelet califique la urgencia del proyecto que subsana esta situación y que lleva un año durmiendo en el Senado, ya que así demostraría que el tema importa de verdad. Por otra parte, solicito que la Presidenta cree un sistema de asistencia jurídica para que todas las víctimas de delitos, en especial las que sufren de violencia intrafamiliar, cuenten con un abogado que represente sus derechos ante los tribunales. No se protege a las mujeres y a la familia sólo con leyes. Se necesita que el Gobierno ponga en práctica iniciativas sobre la materia. No queremos más discursos, sino que más recursos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda. El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).- Señor Presidente, este tema tan sensible y doloroso por el cual se nos convoca se ha convertido en un asunto bastante recurrente en el último tiempo en nuestro país. Lo peor de todo, sin considerar las frías estadísticas que nos muestran que más de cincuenta mujeres son asesinadas anualmente por su pareja o ex pareja, es que se trata de asesinatos brutales de mujeres que, en su inmensa mayoría, se dan en el espacio de las relaciones íntimas de ellas, que son perpetrados por sus parejas, actuales o anteriores, que ocurren en un contexto de violencia intrafamiliar y en los que es posible identificar una especie de patrón común: el intento de dominación o posesión de las mujeres por sus victimarios. La mayoría de estos casos constituyen el resultado de constantes episodios calificados como violencia intrafamiliar, que en muchas ocasiones fueron denunciadas oportunamente por las mujeres, como ocurrió recientemente con el asesinato de Katherine Casas-Cordero, en Maipú, comuna a la que represento en este hemiciclo, quien había pedido medidas de protección en su momento, las que no se le otorgaron a tiempo por el tribunal requerido por meros formalismos incomprensibles, hasta que fue víctima de la acción mortal de su cónyuge. Quiero detenerme brevemente en este aspecto, ya que los miembros de los tribunales que son requeridos en casos de esta naturaleza y en que su falta de actuación oportuna puede originar un desenlace fatal de la víctima de violencia intrafamiliar que ha pedido su auxilio e intervención, no pueden asilarse en ritualismos o formalidades que dejen en la indefensión a las mujeres que piden su intervención. En este orden de ideas, cabe recordar que el inciso segundo del artículo 76 del capítulo VI de nuestra Constitución Política, que regula la institucionalidad y atribuciones de los tribunales, establece claramente lo siguiente: “Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión.” Asimismo, el artículo 7º de la ley Nº 20.066, sobre violencia intrafamiliar, vigente desde hace dos años, obliga a los jueces, cuando se trate de situaciones de riesgo, a adoptar las medidas cautelares correspondientes para dar protección a las mujeres que sean víctimas de violencia intrafamiliar y que puedan terminar asesinada. Esta situación nos demuestra claramente que algo está pasando cuando las instituciones no funcionan. Esto no se debe a falta de leyes, sino simplemente al hecho de que algunos jueces no aplican el espíritu de la ley con un criterio adecuado. Pero cabe preguntarse, ¿por qué se producen estas situaciones tan extremas, al punto de haberse convertido en un tema de debate nacional? Simplemente, porque en nuestro país ha aumentado la violencia en todos los ámbitos de la convivencia nacional, lo que hace indispensable erradicarla. Esta situación transversal se origina en la distorsión de los principios, enseñanzas y valores que desde los niveles educacionales básicos se ha ido produciendo en las últimas décadas, a raíz de lo cual se ha ido relajando el respeto a los valores y el respeto que se deben los cónyuges o convivientes entre sí. Asimismo, se aprecian muchas situaciones de quiebre en las relaciones que los hijos deben tener con sus padres. Esta situación también se refleja en otros ámbitos, como en la violencia en los estadios, en las acciones de violencia entre jóvenes en los establecimientos educacionales, conocidas como “bullying”; en la violencia diaria en las poblaciones, donde niños y adolescentes usan las armas en forma cotidiana como algo normal. Lamentablemente, estas situaciones van formando verdaderos hábitos francamente perniciosos en nuestra juventud, en que la violencia se considera algo casi normal, ya que muchas de las asesinadas eran mujeres jóvenes que tenían relaciones amorosas con los victimarios, es decir, en lo que en nuestro país se conoce comúnmente como “pololeo”. En consecuencia, se hace necesario desterrar definitivamente la violencia de nuestra sociedad, en especial la que se ejerce sobre las mujeres, las que en muchos casos culmina con su muerte. Para ello, se deben efectuar campañas públicas destinadas a rechazar toda forma de violencia, no tan sólo la que se ejerce en contra de las mujeres, como parte del respeto a los derechos humanos, principios que se deben incluir en la malla curricular escolar, como en la formación profesional de abogados, jueces, fiscales, defensores, médicos, psicólogos, policías, etcétera. También consideramos que quienes registren antecedentes de violencia intrafamiliar deben quedar absolutamente inhabilitados para desempeñar cargos públicos. Respecto de la atención y reparación, estimamos que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar deben ser consideradas como población prioritaria en las políticas gubernamentales de empleo, vivienda, educación y salud, de modo que logren una reinserción que les permita desarrollar sus actividades cotidianas exentas de los traumas que esas situaciones provocan. Finalmente, es necesario crear conciencia colectiva en la comunidad chilena de que la violencia intrafamiliar no debe formar parte de nuestra vida normal, tanto en las relaciones en nuestros hogares como con los demás miembros de la sociedad, y que las legítimas diferencias que pueden darse entre las personas deben abordarse con un diálogo sensato, exento de iras y pasiones, con pleno respeto por los derechos del otro y otorgando el máximo de consideración a las mujeres como tales. He dicho. -Aplausos. La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz. El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señora Presidenta, no cabe duda de que, con justa razón, las cifras espantan, ya que más de 70 mujeres fueron muertas por sus maridos, convivientes, novios o ex parejas en 2004. El número rondó los 50 casos en 2005 y en 2006, y a pesar de que faltan tres meses para terminar este año, la estadística se empina casi al medio centenar de mujeres asesinadas en la actualidad. Llámese parricidio, como lo rotula actualmente la legislación en vigor; femicidio, como lo postula el proyecto de ley presentado a tramitación por una decena de honorables colegas diputadas y que actualmente tramitamos en la Comisión de Familia, o feminicidio, como denominan ciertos tratadistas a estas conductas criminales, lo cierto es que, desgraciadamente, forman parte de la realidad del Chile del siglo XXI. El Congreso Nacional no ignora lo que está sucediendo y está abordando diligentemente esta circunstancia. Ello lo prueba no sólo el proyecto de ley que acabo de citar, refundido en nuestra Comisión de Familia con otro que modifica normas sobre parricidio, cuya autora principal es la diputada María Antonieta Saa , sino también la existencia de otras mociones, como las de los senadores Escalona y Bianchi, que estudia el honorable Senado, y que por diversa cuerda persiguen ampliar el tipo penal relacionado con estas conductas a los hechores que hayan sostenido relaciones personales con sus víctimas, ya sea de afectividad o de pareja. Junto con lo anterior, desde otro punto de vista, es muy relevante reconocer que no está funcionando como es debido la protección que la ley de violencia intrafamiliar y la normativa que creó los tribunales de familia deben otorgar a las mujeres amenazadas por el riesgo de sufrir esos ataques, ya sea porque los casos se producen al margen de las circunstancias previstas en los cuerpos legales mencionados o bien porque los tribunales de familia simplemente siguen sin dar abasto ante la avalancha de demandas que reciben. La respuesta que surja del Congreso Nacional para esa acuciante situación debe basarse en un acabado estudio. Tras la necesidad de analizar minuciosamente la eventual conveniencia de dictar nuevas leyes o de reformar algunas normativas vigentes, siempre estará en juego la aplicación del principio de protección de los más débiles, que en este caso son las mujeres, sus hijos y familias de origen, que padecen las consecuencias de los delitos señalados. Sin embargo, en conjunto o en subsidio de lo anterior, políticas que apunten a disminuir drásticamente la ocurrencia de esos hechos, orientadas a la educación, la prevención e inclusive, a la rehabilitación, como ha ocurrido en otros países como Inglaterra, según lo hemos visto en la Comisión, no deben ser desechadas y deben paralelamente ser implementadas con toda la urgencia que el caso amerita. La Comisión de Familia, la cual presido, seguirá trabajando intensamente en la discusión y elaboración de una legislación que regule adecuadamente esa nueva realidad, pero incumbe a toda la sociedad y a las autoridades judiciales y ejecutivas avanzar en los demás instrumentos a que he hecho mención, con el objeto de que la defensa de la vida y la integridad corporal de la mujer no sólo deba corresponder a la tardía aplicación de leyes punitivas que operan una vez que los hechos son irreversibles. He dicho. -Aplausos. La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta accidental ).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señora Presidenta, quiero agregar a lo planteado por algunos colegas que me han antecedido en el uso de la palabra que hoy vivimos una situación de catástrofe social y familiar, puesto que los cuarenta y nueve asesinatos de mujeres cometidos en las pasadas cuarenta semanas -más de una mujer asesinada a la semana- representan una catástrofe que debemos reconocer y asumir, con el debido respeto que se merecen las víctimas, porque el femicidio es el resultado de la convivencia violenta entre hombres y mujeres. No es bueno politizar esa situación, buscar la culpabilidad sólo en las instituciones ni transformar el debate solamente en dimes y diretes, porque estamos ante un drama nacional que hay que asumir como tal. Debido a lo anterior, presenté un proyecto de ley que tipifica el femicidio como delito, el cual está siendo tramitado en la Comisión de Familia, con urgencia calificada de “simple”. Considero importante legislar sobre esa materia, porque el concepto de femicidio se ha instalado con fuerza en nuestra realidad, a costa del dolor y el drama que viven miles de mujeres que tienen el temor de ser asesinadas, como ha ocurrido con muchas otras. No le hace bien al país ni a las mujeres el debate preciosista planteado, en el sentido de que va contra el dogma jurídico-legislativo el que la palabra femicidio no figure en nuestro léxico. Es fundamental tipificar el femicidio, tal como se hizo con el genocidio, e instalarlo legal y jurídicamente en una ley emblemática, porque nuestro país no acepta el genocidio ni el femicidio, pero este último tiene una impronta práctica, porque lo hemos descubierto a partir de las denuncias hechas por mujeres valientes, quienes las han interpuesto en los tribunales aun a riesgo de sus propias vidas, y porque los medios de comunicación lo han instalado en la crónica roja. Hasta ahora, el asesinato de la mujer ha sido tratado como un tema pasional, ya que en muchos casos se esgrimen como razones para la comisión del crimen el hecho que el hombre actuó motivado por celos, porque tuvo un arrebato de furia o debido a que consideraba que la mujer le pertenecía. Incluso, de manera aberrante, la legislación ha transformado esas explicaciones dadas a conocer en entrevistas en los medios de comunicación como atenuantes para la rebaja de la pena de ese delito. En la actualidad, la ley considera como atenuantes en favor de los homicidas cuando se aduce que un hombre cometió el asesinato de una mujer por razones de ofuscación, por arrebato o porque la amaba demasiado y la consideraba suya. En la iniciativa sobre la materia que se tramita en la Comisión de Familia estamos tratando de eliminar lo anterior, porque no es posible que en la ley se recojan ese tipo de aberraciones civilizatorias y culturales. Sería necesario crear diez mil tribunales de familia más, porque los actuales están atochados con miles de causas de divorcio, pero cabe recordar que desde principios del siglo pasado se comenzó a discutir en el Congreso Nacional la ley de divorcio, porque hubo oposición permanente para legislar sobre la materia. Hoy en la mañana, junto con la diputada señora María Antonieta Saa y el presidente del Partido por la Democracia presentamos a la Presidenta de la República diez propuestas de un plan de emergencia nacional para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar. Tenemos que actuar al amparo de la ley. De modo que le solicitamos a la Presidenta que otorgara urgencia calificada de “suma” al proyecto de ley sobre femicidio, con el objeto de tramitarlo en el más breve plazo, porque es fundamental tipificar ese delito. La crónica roja, las policías, los consultorios y los tribunales no establecen un sistema de datos respecto de cuál es el vínculo entre el asesino y la víctima, razón por la que la ley debe disponer políticas públicas para recoger datos en las policías y en los tribunales que permitan determinar el vínculo de pareja existente, puesto que no tenemos datos reales del verdadero femicidio. Por lo tanto -reitero-, resulta fundamental tipificar ese delito, puesto que no hay que dar muchas vueltas al tema para darnos cuenta de que el lenguaje expresa una realidad que vivimos cotidianamente, de modo que si la ley tiene que recoger una palabra que ha impuesto la prensa, debe hacerlo. España y Costa Rica han legislado sobre el femicidio y las Naciones Unidas lo definió en 2001 tal cual lo estamos proponiendo en el proyecto de ley. Por lo tanto, debemos dar una señal clara desde esta Cámara, porque realmente sería poco presentable que no se establecieran en la ley duras sanciones para el femicidio. Las personas que han cometido ese delito deben cumplir una condena que va desde los quince hasta los cuarenta años, sin goce de ningún tipo de beneficios, de manera que debemos modificar la ley para recoger la dura realidad que están viviendo las mujeres. En consecuencia, debemos atacar el problema desde la ley y a partir de las diez medidas de emergencia nacional que hemos propuesto. Por eso, en el debate del presupuesto para 2008 hay que considerar una partida presupuestaria que sustente las propuestas planteadas por los diputados señores Roberto Sepúlveda y Eduardo Díaz , así como las que hoy presentamos a la Presidenta de la República , porque tenemos que dar una señal clara, en el sentido de que el femicidio no sólo es un crimen que afecta a las mujeres, sino que también destruye a miles de familias de nuestro país. He dicho. -Aplausos. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señora Presidenta , resulta terrible para un país como el nuestro aspirar al desarrollo y compararnos con otras naciones desarrolladas mientras que en algunas materias nos acercamos más a la prehistoria. El tema que hoy nos convoca es una situación que venimos denunciando desde hace bastante tiempo y que nuestra sociedad no ha podido solucionar, a saber, el femicidio, la muerte de una mujer a manos de su cónyuge, de su conviviente, de su novio o de su pareja. “Esta mujer es mía y hago con ella lo que quiero” es la expresión de un machismo -como he dicho- prehistórico y expresión también de una absoluta falta de educación, de enseñanza, desde la cuna para con unos y otros, en el buen sentido de que se debe educar sobre la base de la tolerancia, el amor y el respeto al sexo opuesto. Las mujeres mueren porque no ha habido una educación previa. Si bien es cierto tenemos la obligación de procurar políticas judiciales y leyes duras para quienes cometen estos atroces crímenes, también lo es que el Estado de Chile se debe hacer cargo de la educación -insisto- desde la cuna hasta la vejez, para evitar la falta de respecto primero, los gritos luego, las agresiones con bofetadas y tiradas de objetos después y, finalmente, la muerte. Por eso, los radicales hemos estado luchando desde principios del siglo XX por que se reconozca a la mujer, y por cierto, también al hombre, el derecho a expresar su error de haber contraído matrimonio y tener la posibilidad de separar aguas cuando el matrimonio no funciona, cuando el amor ha fracasado. No es posible, entonces, que lo que unen dos testigos, un ministro de fe o un sacerdote, no lo puedan desunir hoy también dos testigos. Y nos enfrentamos a trámites inmensamente largos y engorrosos para conseguir que un matrimonio, en el cual ha fracasado el amor, se separe, como corresponde a personas civilizadas, y así evitar situaciones de maltrato como las que vemos a diario. Cuando los niños, la familia, sufren esta violencia intrafamiliar, desencadenada en la mayoría de los casos por individuos machistas que no han recibido la adecuada educación, que no tienen respeto por el sexo opuesto y que consideran a la mujer como su propiedad absoluta, nosotros venimos hoy a repetir lo que hemos estado solicitando desde hace ya muchos meses en todos los medios de comunicación, cuestión que también ha dicho aquí la diputada Muñoz , en representación del Partido por la Democracia. La ministra del Sernam , Laura Albornoz , ha hecho enormes esfuerzos con todo su personal por eliminar esta lacra social. Hemos solicitado públicamente, y ahora se lo pedimos oficialmente a la ministra Albornoz , que cuando se produzca una denuncia de violencia intrafamiliar, de maltrato hacia la mujer, inmediatamente -en un plazo breve- se realice un test sicológico al agresor, porque a veces donde hay una minúscula agresión existe un potencial criminal que puede actuar en cualquier momento. Ojalá siempre se tome esa medida junto con la prohibición inmediata al agresor de acercarse o de circular en el entorno de la agredida si el test es positivo. No puede ser que éste siga compartiendo el mismo hogar. Señora ministra, en los barrios tenemos que instrumentar no sólo la educación, sino también la protección de las mujeres agredidas. Para eso, debemos procurar que ellas cuenten con un mecanismo en que sus vecinos puedan actuar en consecuencia y así evitar males mayores. Aquí se ha mencionado lo de las penas mayores y efectivas. Es cierto. Pero no vamos a llenar infinitamente nuestras cárceles si no somos capaces de educar primero sobre de la base del respeto, el amor y la tolerancia. Por último, al igual como lo hicimos respecto de quienes cometen delitos de abuso contra menores, propongo que en el caso de los individuos condenados por violencia intrafamiliar, sobre todo en contra de las mujeres, ¡y qué decir de los femicidios!, quede reflejada esa condena, esa agresión para siempre en su papel de antecedentes, con el objeto de que nunca se borre la mancha que han ocasionado a la sociedad. Entonces, propongo eliminar la irreprochable conducta anterior y condenar como corresponde a aquellos autores de femicidio y de violencia contra las mujeres en Chile. He dicho. -Aplausos. La señora ALLENDE , doña Isabel (Presidenta accidental).- En el tiempo de la bancada Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi . La señora CRISTI (doña María Angélica).- El homicidio de una mujer en manos ya sea de su marido o de su pareja es la consecuencia más extrema y dramática de la violencia al interior de la familia. Estamos frente a un problema gravísimo. De eso no cabe ninguna duda. Ni el Gobierno ni el Parlamento se pueden quedar con las manos cruzadas mientras cientos de mujeres son potenciales víctimas de esta brutal agresión. Por eso, desde nuestro punto de vista, resulta ingenuo suponer que, por el solo hecho de tipificar un nuevo delito con el nombre de “femicidio”, vaya a combatir el asesinato de mujeres y la violencia que padecen todos los días miles de chilenas al interior de sus propios hogares. Tenemos la experiencia en la Comisión de Familia de esta Cámara. Durante años tratamos de hacer más efectiva la legislación respecto de la violencia familiar hasta que ella se convirtió en delito como tal. Sin embargo, las cifras prueban que su número no ha bajado, sino más bien ha aumentado. El incremento de la violencia intrafamiliar va también de la mano con la violencia que vivimos como sociedad. Eso nadie puede desmentirlo. Si de verdad existe un compromiso para evitar las tragedias que han significado durante este año la muerte de casi cincuenta chilenas, el Gobierno debe reconocer que hay un problema social grave y de fondo que no ha sido enfrentado con políticas públicas, recursos humanos ni tampoco materiales. La familia ha sido abandonada, no se ha invertido en programas que enfrenten de verdad los conflictos por los que atraviesan miles de mujeres en nuestro país, entre ellos, por supuesto, la violencia. Es necesario reconocer que no se ha invertido para prevenir las consecuencias más extremas de la violencia. Y así lo hemos visto durante los últimos días. Por otra parte, tampoco se ha ayudado a que haya una política que apunte a resolver los conflictos familiares. ¿Me podrían decir las mujeres de Chile, especialmente aquellas que sufren agresión -que son muchas, que son de todos los sectores socioeconómicos y que están en todas las comunas del país- que las personas que las agreden no sufren de algún tipo de trastorno mental como celopatía, paranoia o esquizofrenia, o de alguna situación grave que las hace actuar de esa manera? Nadie me puede hacer creer que una persona absolutamente pacífica, respetuosa de su mujer y de sus hijos va agredir. De hecho, cifras de un estudio realizado por Carabineros prueban que la mayor parte de los casos de violencia se produce en la Región Metropolitana; que el mayor riesgo es para las mujeres de entre 41 y 50 años; que la mayoría de los crímenes se cometen con un arma blanca o una de fuego; que el 41 por ciento de los casos es causado en hogares de convivencia; que en alguna forma el matrimonio es un sostén para evitar esta violencia. Por otro lado, tampoco podemos decir que exista orientación familiar. La orientación familiar ayuda. ¿Por qué las personas con mayores recursos pueden acudir a alguien que las ayude sicológicamente y no así quienes que no cuentan con ellos? Eso debe ser igual para todos los chilenos. No hay espacio para rehabilitar a los consumidores de drogas o para ayudar a resolver problemas de salud mental. Ahora se insiste en reducir la solución al gravísimo problema con una modificación al Código Penal. Cuando el Gobierno somete la solución de un problema a una ley, se generan falsas expectativas. El 5 de octubre de 2005, hace casi dos años, se abrieron los tribunales de familia, después de casi diez años de tramitación de la ley. En esa oportunidad, la ministra de la época, que no es la misma de ahora, dijo: “Hoy, el país tiene justicia con mayúscula”. Agregó que la modernización del sistema procesal penal en materia de familia iba a terminar con las soluciones parciales a los problemas complejos y a entregar una solución integral, transparente y rápida. Después dijo lo mismo el Presidente Lagos . Destacó que los tribunales de familia eran un símbolo que indicaba que el derecho a la justicia estaba más cerca de los ciudadanos, especialmente de la mujer y de la familia. Pero, a los tres meses desde su puesta en funcionamiento vimos que esos tribunales estaban verdaderamente colapsados. Se manejaron cifras equivocadas. Primero, se calcularon 180 mil causas al año, y a los noventa días ya habían ingresado 97 mil. Un error inexplicable cuando el 80 por ciento de las causas que hoy llegan a las corporaciones de asistencia judicial se relacionan con materias de familia. ¿Por qué no se determinó una infraestructura adecuada a los recursos humanos y materiales que existen? Hoy los tribunales están colapsados. Pero, ¿dónde pueden acudir las familias que tienen problemas? Ayer fuimos testigo de las colas que deben hacer para ser atendidas; también hemos visto la situación dramática que deben enfrentar las mujeres para conseguir una medida cautelar, donde finalmente terminan en los lamentables hechos que todos conocemos. A diferencia de la reforma procesal, que se fue instalando a lo largo del país en forma gradual, los tribunales de familia empezaron a funcionar en forma simultánea, al igual que el Transantiago; todo en el mismo día, lo que no puede ser posible... La señora ALLENDE , doña Isabel (Presidenta accidental).- Señora diputada , terminó su tiempo. Le pido redondear su idea. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Cuando las cosas se hacen mal, nada resulta. Lo importante es cómo se hacen las cosas. Cuando la Presidenta de Chile asumió su mandato, en marzo de 2006, ya estaba desatada la polémica por el colapso en los tribunales de familia. No obstante, se demoraron cinco meses en enviar un proyecto. El ministro nos había prometido resolver el problema en sesenta días, pero nunca se le ha dado urgencia a la iniciativa. Hoy, deberían existir tribunales especiales dedicados a la violencia intrafamiliar. Hay un proyecto para traspasar eso a las fiscalías. Aun cuando pueden solucionar en parte la situación, para evitar colapsos, esas fiscalías van a tener que contar con departamentos especiales sobre violencia intrafamiliar. De lo contrario, se van a mezclar con miles de otros delitos y situaciones que van a entrabar las cosas más que solucionarlas. Por ello, es muy importante que las cosas se hagan bien; que existan fiscales especializados en problemas de familia y en violencia intrafamiliar. A la mujer chilena se le prometió justicia, protección, asesoría legal gratuita, rapidez, pero se le ha fallado en eso. Por lo tanto, hay que responderle y resolver su problema. Si el Gobierno valorara realmente la estabilidad familiar, habría invertido mucho más recursos. Hoy,... La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta accidental ).- Diputada Cristi , ha terminado su tiempo. Se le está cargando a la UDI los más de tres minutos que se ha sobrepasado en el tiempo. La señora CRISTI (doña María Angélica ).- Termino de inmediato. Hoy, el Congreso Nacional va a tratar el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación más abultado de los últimos años. Por tanto, pido que se destinen recursos a favor de la mujer y de la familia chilena, para que haya verdadera justicia. He dicho. La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta accidental ).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Ximena Valcarce. La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señora Presidenta , hace un tiempo me dijo una mujer que si las medidas cautelares fueran efectivas, cualquier ley posterior estaría obsoleta. Eso me quedó dando vueltas, porque fue muy anterior al establecimiento de la justicia que hoy tenemos. Esto data de muchos años. Es más que un problema de legislación, de peso de las instituciones; es un problema cultural y social. Creo que, más allá de representar en este hemiciclo a nuestros distritos, cada uno de nosotros tiene que mirar el problema en doble fase: una, que nos corresponde profesionalmente; y la otra, desde un punto de vista social y de género. Es ahí donde hay que hacer hincapié y poner ojo en forma profunda. Quienes formamos parte de este hemiciclo tenemos una responsabilidad social, y ella es que, frente a la violencia intrafamiliar y en los casos más terribles y condenables, como es la muerte de mujeres en manos de sus parejas, debemos mirar el problema de forma distinta. Tenemos que hacer un mea culpa sobre lo que estamos legislando y no tirar el peso hacia un lado y otros. La reforma a la ley Nº 20.066 para derivar los temas al Ministerio Público estuvo en tabla a comienzos de agosto. No obstante, hemos votado proyectos que quizás son importantes, como es la mantención de los ascensores, pero menos relevantes respecto de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. En Arica existe una casa de acogida del Servicio Nacional de la Mujer. Asimismo, el alcalde Carlos Valcarce apoyó en forma muy cercana a la concejala comunista Elena Díaz y al Movimiento de Mujeres, Modemu, con el objeto de tener otra casa de acogida. Por ello, más allá de condenar, debemos anticiparnos y realizar acciones directas sin que nadie nos tenga que decir, a través de los medios de comunicación, lo que tenemos o no tenemos que hacer. En la Comisión de Familia -de la cual formo parte- se lanzó una idea bastante rescatable -que creo fue del diputado Barros -, que tiene que ver con la educación que le debemos entregar a nuestros hijos. Además, debe existir una norma legal que tipifique el femicidio, para zanjar el tema sobre la muerte de mujeres en manos de sus parejas, lo que puede ayudar a disminuir la ocurrencia de dicho delito. También, es preciso realizar acciones para disminuir o terminar con la violencia intrafamiliar. Se trata de un tema profundo que no debe ser asumido en forma superficial. Para una mujer es bastante difícil entender la mirada que tienen los hombres sobre el tema. Para ellos, tal como se está planteado el femicidio, también es algo difícil. Eso sólo habla de un tema cultural en el cual debemos avanzar para llegar a una solución integral. Ahí está, quizás, la solución de esto, pero a muy largo plazo. De lo señalado por la ministra, he entendido que culturalmente estos procesos se demoran más en desarrollarse, pero también debemos entender que no podemos solucionar todo a través de disposiciones legales o de jueces, quienes deben hacer su pega, sino que debemos poner de nuestra parte y preocuparnos de la forma en que criamos a nuestros hijos para saber qué sociedad estamos construyendo, donde inevitablemente la mujer debe cumplir roles y el hombre tiene que entender que ella no forma parte de su patrimonio personal, sino de todo un patrimonio llamado Chile, donde no queremos que las mujeres sean asesinadas por sus parejas. He dicho. La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta accidental ).- En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señora Presidenta, creo que no ha sido casualidad que una mujer esté presidiendo esta sesión y que la mayoría de las mujeres estemos hoy en este hemiciclo. La materia objeto de esta sesión especial no es un tema político ni de achacarle a uno u otro gobierno lo que está pasando, lo que se dejó de hacer o lo que no se está haciendo. Lo concreto es que hoy tenemos mujeres asesinadas. Chile tiene una deuda con esas víctimas y, por sobre todo, con la mujer. Cuando uno ve la ocurrencia de femicidios en gran escala, es sólo la punta del iceberg, del problema, porque hay, además, violencia intrafamiliar, acoso sexual, acoso laboral, diferencias de sueldo. Debemos hacer una evaluación del divorcio para ver en qué pie queda la mujer; debemos hablar de la compatibilización del trabajo y la maternidad; tenemos que hablar de la pobreza -en este país la pobreza tiene cara de mujer-; tenemos que hablar de cómo vamos a trabajar una ley de cuotas donde podamos hablar, entre otras cosas, del femicidio, pero con una mirada de mujer. (Aplausos). Por eso, insisto en que el país tiene una deuda con las mujeres. Fui integrante durante mucho tiempo de la Comisión de Familia, en la cual hicimos un tremendo esfuerzo por resolver el problema de la violencia intrafamiliar. Nos costó mucho convencer a los senadores para que la violencia permanente fuera considerada como un delito y no como una simple falta. ¡Cuánto nos costó, María Antonieta ! ¡Cuánto nos costó, Isabel! En 1995 se hicieron 38.200 denuncias de violencia intrafamiliar. Hoy, en 2007, van más de 93.000. El problema es que las denuncias aumentan, pero ¿qué ocurre con las detenciones? ¿Acaso los jueces pueden castigar efectivamente a los que practican este tipo de violencia en forma permanente y reiterada? Es cierto que existe una tremenda burocracia en los tribunales de familia; sin duda, hay muchas complicaciones. Pero ése es otro problema. Lo que importa es que hoy estamos conociendo en forma efectiva los problemas que afectan a la familia. Hoy, por primera vez, hay un lugar donde las mujeres pueden hacer sus denuncias; por primera vez, tenemos tribunales especiales. Ahora, si están atochados es porque, por primera vez, tribunales especializados están enfrentando de verdad los problemas de la familia. Es cierto que pueden existir fallas en la forma en que estamos haciendo las cosas; pero también es verdad que existe un espacio para que la familia se siga desarrollando en forma normal. Por eso, como mujer y como parlamentaria, pido y exijo que se mejoren las redes de protección. No es posible que en nuestro país sólo existan 17 ó 19 centros de acogida. ¡No es posible! ¿Dónde recurre hoy una mujer del mundo rural que es golpeada? Cuando creamos el Servicio Nacional de la Mujer fue para ponerle plata, no sólo para que reciba reclamos. Necesitamos recursos y, por eso, llamo a los miembros de este hemiciclo a que aprueben recursos para construir más centros de acogida y para contratar profesionales que ayuden a la mujer a recuperarse y a enfrentar la vida de otra forma. La tercera causa que me complica y que he visto en este documento que estamos revisando es la que tiene que ver con el empeoramiento de la situación de la mujer y el rechazo que ello produce en los hombres. La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta accidental ).- ¿Me permite, señora diputada ? Le ruego que redondee su idea porque ha terminado su tiempo, a menos que continúe con cargo al de su Comité. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Hoy, las mujeres tienen más educación y más posibilidades. Usted, señora Presidenta , está en la testera y, por primera vez, tenemos a una mujer en La Moneda. Pero, a pesar de eso, todavía nos siguen golpeando y matando. Ése es el problema. Por eso, a pesar de nuestras diferencias políticas, pido en este hemiciclo que aprobemos las iniciativas presentadas hoy por distintas mujeres, porque si no lo hacemos, seguiremos estando en deuda con Chile. He dicho. -Aplausos. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta accidental).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señora Presidenta, ante todo, debo aclarar que muchos colegas están en comisiones y que este tema sí les importa. Espero que concurran a votar; si no lo hacen, sería una señal muy negativa. “Democracia en el país y en la casa”, fue la consigna acuñada por Julieta Kirwood , feminista del movimiento de mujeres en la década de los 80. No queríamos dictadura en el país y tampoco en los hogares chilenos. En los años 90 logramos poner en la agenda política el tema del machismo y de la violencia contra la mujer. Es así como la diputada Adriana Muñoz , apoyada por otros parlamentarios, presentó el primer proyecto de ley sobre violencia intrafamiliar. Pero, no pudimos hablar de violencia contra la mujer, porque si lo hubiéramos hecho, la Cámara no habría aprobado nada. Ése era el nivel de conciencia que existía en esa época sobre este problema. Posteriormente, el proyecto fue acogido por el Servicio Nacional de la Mujer. Por otro lado, las mujeres abrimos las ventanas de las casas chilenas y le gritamos al país que era una realidad que las mujeres eran maltratadas, que había violencia en nuestros hogares. Gracias a la creación del Servicio Nacional de la Mujer, durante el Gobierno de Patricio Aylwin, se llamó a las mujeres a denunciar esta situación. Y las mujeres se atrevieron. En 1995, se hicieron 38.200 denuncias; en 2006, 93.000, tal como dijo la diputada Alejandra Sepúlveda . Pero, ¡ojo!, entre 2001 y 2002, si bien aumentaron las denuncias, disminuyeron las detenciones. Algo estaba pasando. Entonces, modificamos la primera ley y logramos aprobar una más drástica. No fue fácil; era difícil hacer entender a algunos colegas, sobre todo, a los senadores, que estos delitos no podían quedar impunes, que no podía haber suspensión condicional de la sentencia, ni acuerdo reparatorio, ni archivo provisional, ni mediación, ni conciliación alguna. La violencia contra las mujeres ejercida por sus parejas tiene su propia lógica y su propio camino. Nos han enseñado que el amor todo lo puede. Pero las mujeres nos encontramos con que el hombre que amamos se transforma en un verdugo, en un controlador que quiere dirigir nuestros pasos y nuestra vida. Ese mismo hombre que prometió amarnos y respetarnos nos insulta; ese hombre que es el padre de nuestros hijos levanta su mano y nos cruza el rostro; ese hombre que amamos nos quema, nos apuñala, nos mata. En lo que va corrido de este año, 49 mujeres han sido asesinadas por sus parejas, por los hombres que amaban. ¿Sabremos algún día a cuántas mujeres les ha sucedido lo mismo en nuestros 200 años de vida republicana? ¿Han sido más o menos que en los años anteriores? ¿Acaso esto no es un genocidio de mujeres, es decir, un femicidio? ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas por sus parejas en estos 200 años de vida republicana? Será difícil saberlo. Hace algunos años, los llamados crímenes pasionales llenaban las páginas rojas de los diarios. Declaraciones como “enceguecido por los celos” o “la maté porque era mía”, conmovían a los jueces más severos, que corrían a buscar atenuantes y eximentes, con el objeto de rebajar las penas. Pero, ¿qué pasó con las mujeres asesinadas? Ni siquiera han pasado a formar parte de las estadísticas, como lo han dicho algunos colegas. Hoy, gracias a las denuncias de miles de mujeres al Sernam; a las mujeres de la red contra la violencia doméstica y sexual; a las mujeres de Domo, de Humanas, a las parlamentarias, a los parlamentarios y a miles y miles de mujeres y hombres que protestan, el país está conmovido. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación, que han sacado de las páginas rojas este problema; incluso, ha habido algunas portadas sobre él. Pero no basta con esto. Nuestro deber, como país, es detener esta pandemia, esta catástrofe nacional. Es responsabilidad del Estado de Chile y de todos sus instituciones, de los poderes Ejecutivo , Legislativo y Judicial activar los mecanismos de prevención, protección y sanción que pongan fin a la violencia. Con la diputada Adriana Muñoz hemos presentado un proyecto con diez medidas de emergencia, pero necesitamos medidas judiciales, administrativas, educacionales; necesitamos aprobar una legislación que sancione la violencia contra las mujeres como violación a sus derechos humanos, y dentro de ella, al femicidio, como la máxima expresión de violencia. Con voluntad política, con decisión, llamo a todos los diputados y a las diputadas a defender a las mujeres y entender que esta situación no puede seguir. Con la misma valentía y decisión, llamo a todos los chilenos y a las chilenas de buena voluntad a decir no a la violencia, a convivir en paz y con respeto, y a enseñar a los niños y a las niñas que hombres y mujeres nacemos iguales en dignidad y derechos, como dice nuestra Constitución. He dicho. -Aplausos. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marcela Cubillos. La señora CUBILLOS (doña Marcela).- Señor Presidente, cuando uno se entera de las historias de las mujeres que han sido asesinadas, quizás lo más dramático sea darse cuenta de que los hechos ocurridos habrían sido evitables si el Estado hubiera llegado a tiempo. Hay gritos, peticiones de ayuda, denuncias de amenazas, en fin, si uno lee hacia atrás puede percatarse de que son historias que pudieron haber tenido un final distinto si el Estado hubiera acudido a tiempo. ¿Cuántas otras historias, como ésas, se pueden estar gestando en este mismo momento? ¿Cuántas mujeres están pidiendo ayuda, con temor, de mil formas distintas? Pero son historias en las que si el Estado no ayuda a tiempo, terminarán en los mismos dramas que hemos conocido. Hace muy poco, una mujer de recursos -había contado con abogado en su denuncia- me decía que su caso había concluido con una sentencia: un hombre condenado por violencia intrafamiliar y decretadas medidas de protección, pero, a pesar de todo eso, no podía evitar que ese hombre se acercara a su casa. Ella me preguntaba, ¿cómo evito que se acerque a mi casa? ¿Cómo hago que se cumpla la medida de protección que se decretó a mi favor? Comparto lo señalado por las diputadas que me antecedieron en el uso de la palabra en relación con las medidas cautelares. Nada sacamos con que se decreten medidas de protección si previamente no se solucionan ciertos aspectos fundamentales, como que se corrijan los plazos de las medidas cautelares, que fueron establecidos para procedimientos de otra duración; en segundo lugar, que se corrijan las medidas de apremio y que efectivamente al primer incumplimiento haya una sanción respecto de quien la está infringiendo; en tercer lugar, que se estudie la posibilidad de crear una unidad de fiscalización del cumplimiento de las medidas cautelares. Creo sinceramente que a la mujer que ha tenido el valor de denunciar un hecho de violencia no se le puede pedir que, además, tenga que denunciar el incumplimiento de la medida de protección y acudir permanentemente a tribunales. Debiera haber una unidad de fiscalización autónoma, cuya obligación sea fiscalizar que esas medidas se cumplan, independiente del arrojo y de la valentía de la mujer que hizo la denuncia. A la mujer que se atrevió a denunciar una vez, el Estado debe ayudarla y protegerla durante todo el proceso. Asimismo, es fundamental que nos hagamos cargo del colapso de los tribunales de familia. Nacieron mal diseñados y llevan dos años colapsados, porque la proyección de causas se hizo mal. En su oportunidad, se justificó con el argumento de que se trataba de un problema de arrastre. Así lo dijo el presidente Lagos . Pues bien, la gran mayoría de los problemas de familia son de arrastre, vienen arrastrándose por años y, como es obvio, generaron un colapso. El sistema nació mal diseñado y lleva dos años colapsado, pero debemos abordarlo con una solución radical. La ley que crea más tribunales de familia está inmovilizada en el Senado, porque hay un regateo que debe terminar. El Poder Judicial ha señalado que se necesitan 257 nuevos jueces de familia, pero el Gobierno envió un proyecto que aumenta dicha dotación sólo en 58 cargos más. Como mujer y como parlamentaria, quiero pedirle a la Presidenta que en esto no ahorre. Ni un juez de familia menos de los que se necesitan. En esto, Chile no admite ahorro. He dicho. -Aplausos. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, sin duda nos enfrentamos a un tema país. Se trata del sufrimiento de personas, de mujeres de carne y hueso, que hoy conocemos gracias a los medios de comunicación. Son mujeres valientes, que se han atrevido a denunciar a sus agresores y esto constituye un avance que no podemos soslayar. El femicidio tal vez suene como un concepto nuevo, lo que no es nuevo es la serie de asesinatos de mujeres que ocurre al interior de decenas de hogares chilenos. Ésta es una tragedia -lo digo con todas sus letras- que destruye a mujeres, a niños y a niñas, día tras día. Durante este año han sido asesinadas 49 mujeres. Repito, 49 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, en el seno del hogar. ¡Qué duda cabe de que estamos ante una emergencia nacional! Frente a esta situación todos estamos llamados a actuar. Necesitamos reformular nuestras políticas públicas, coordinar a todos los actores y hacer cambios concretos donde corresponda. Necesitamos de la voluntad de todos y de todas, de todo el país, para repudiar la violencia intrafamiliar en todas sus expresiones. Necesitamos que se tipifique el femicidio dentro del Código Penal chileno, no porque las mujeres sean más importantes que los hombres o porque el valor de la vida de las mujeres sea mayor, sino porque necesitamos que Chile entero reconozca que se asesina a mujeres dentro de su hogar y que ése es el resultado de años de violencia sufrida entre cuatro paredes. El femicidio no es un asesinato más. Es un crimen contra la familia, contra el núcleo fundamental de la sociedad, contra el presente y el futuro de un país. Si reconocemos el femicidio en nuestro Código Penal, podremos registrar la historia de violencia que existe detrás de éste y optimizar las políticas públicas de acuerdo con la realidad que vivimos. A todos los diputados presentes, muchos de ellos abogados, quiero decirles que, lamentablemente, hombres y mujeres no somos iguales y esa diferencia debemos recogerla en la ley y no forzar la realidad a las conjeturas jurídicas, a veces en extremo garantistas. Quien asesina a una mujer, madre, hija, esposa, está matando a una familia y está destrozando la vida y el futuro de niños y niñas inocentes. Eso no puede ser tratado como un homicidio más; es un femicidio y merece ser sancionado con el mayor rigor posible. Eso, en el ámbito inmediato, porque en el mediano y largo plazo, más preventivo, la educación, la labor que se puede hacer en los colegios y en los liceos es fundamental para ir cambiando los patrones de conducta y los roles impuestos por la sociedad para hombres y mujeres. Debemos centrarnos en erradicar la violencia verbal y el maltrato gratuito que muchas veces se dan en el juego inocente, porque esas formas de vincularse y de dialogar pueden ser la incubadora de futuros padres castigadores o parejas golpeadoras. Hablamos, por cierto, de un cambio cultural, profundo y de largo plazo, que debe estar en el horizonte de la política educacional del Sernam para las familias de todo Chile. No obstante, debemos proceder en paralelo, como dicen por ahí, hablando y mascando chicle a la vez, porque ahora debemos una respuesta a las mujeres de Chile y porque el futuro del país no puede estar sentenciado a una violencia aberrante que todos debemos repudiar y corregir desde la infancia. Por eso, creo que los proyectos de acuerdo que hoy se han presentado y a los cuales hemos adherido, deben ser aprobados por todos los diputados y diputadas, para que no sólo el Gobierno, sino todo el Estado de Chile, se ponga las pilas para eliminar el femicidio en nuestro país. He dicho. -Aplausos. Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi. El señor WALKER (Presidente).- La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, en esta sesión especial echo de menos al ministro de Hacienda . ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos que los tribunales de familia están colapsados. Las diputadas y los diputados lo han repetido una y otra vez. En el Senado, está radicado un proyecto que aumenta la cantidad de jueces y de funcionarios. El Gobierno debería calificarlo con “suma” urgencia para resolver este grave flagelo que afecta a muchas mujeres. No creo que haya problemas de recursos. Por eso, Chile tiene la obligación de cumplir a la mujer chilena. ¿Qué pasa con los centros de acogida? ¿Constituyen un problema de recursos? Insisto, acá debió estar el ministro de Hacienda para que escuche esta sesión especial y de una vez por todas se ponga la mano en el corazón y otorgue los recursos necesarios para resolver este grave problema. No sé si con esta sesión especial se hará justicia a tantas víctimas de la violencia. Creo que sí se hará justicia con hechos concretos. Por eso, exijo que se ponga “suma” urgencia al proyecto que está en el Senado. Aquí estamos hablando de vidas humanas; no de números. Como mujer parlamentaria y en el nombre de miles de mujeres, hago un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet en ese sentido. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, esta sesión especial es muy importante y contingente. Sin duda, los 47 diputados y diputadas que la solicitaron se hicieron eco de un interés que a todos nos convoca: a la Oposición, al Gobierno y a la ministra del Sernam, que ha tenido un activo rol en esta materia desde que asumió su cargo. La contingencia avanzó tanto, por decirlo de alguna manera, entre el lapso en que fue pedida y en el que se ha realizado esta sesión especial -además, en un horario destinado al funcionamiento de las comisiones, por lo cual nos hemos perdido parte de ella-, que se ha llegado a la dañina y aciaga cifra de casi un femicidio por semana. Sin embargo, hay que aclarar que el Estado tiene algunos problemas para enfrentar este tipo de situaciones. Ello quedó muy patente en el penúltimo femicidio ocurrido hace algunos días, en el que hay que reconocer que una víctima de la violencia recurrió a un órgano regular del Estado en busca de protección, y ese órgano, un tribunal de familia que tenía el deber legal de hacerlo, no le dio la protección que se le requirió. Estamos hablando de femicidio, de muerte, de homicidio evitable. Era tan evitable que si ese órgano del Estado hubiese sido diligente o contado con los medios y actuado rápidamente -no quiero calificarlo-, se habría evitado un femicidio más. En general, en una sociedad como la nuestra, históricamente, han existido algunos grados de violencia con resultado de muerte, pero era otro tipo de violencia. La actual, que se ejerce entre las parejas, en el matrimonio o entre pololos, en el femicidio, es una muerte que se puede evitar si los órganos del Estado y el país en su conjunto de alguna manera crean las condiciones para que las víctimas puedan ser protegidas. Por eso, celebro que se haya citado a esta sesión y felicito a los diputados que la convocaron; celebro la conducta activa del Gobierno, en particular de la ministra del Sernam , desde hace mucho tiempo en esta materia; celebro que todos en la Cámara de Diputados entendamos lo que es el femicidio, que nos hayamos preocupado, leído y visto que va más allá de un homicidio. A mi juicio, en la mayoría de los casos el femicidio es un homicidio evitable, si se crean las condiciones adecuadas para ello, como ocurrió con el caso de esa persona que buscó protección y no se le dio. Hago hincapié en ese aspecto. En este tema también existe un problema de recursos. Escuché la intervención de la diputada Marta Isasi . Sé que hay más medios y que el Sernam ha aumentado de manera importante la cantidad de casas de acogida, pero si se necesitan más recursos para el sistema judicial en materia de familia, es menester que el Estado se meta la mano al bolsillo y vea la manera de dar una pronta solución. También se pidió urgencia para los proyectos de ley relacionados con esta materia. Creo que todos estamos disponibles para ello. El Ejecutivo debe calificarlos. Sin duda, la Cámara de Diputados también está dispuesta a realizar las sesiones que estime necesarias para avanzar en el sentido de evitar este tipo de situaciones. A propósito de cuán profundamente caló en la sociedad chilena el caso de esa mujer que pidió socorro hace algunos días y no lo consiguió, me he enterado de que normalmente el femicidio ocurre en los hogares más modestos. A la discriminación de la mujer por la pobreza o por su género, habría que agregar que es más vulnerable en los hogares más pobres, porque tiene menos posibilidades de trabajo, de recurrir a otro lugar o de abandonar a la persona que ejerce la violencia sobre ella. Es decir, es doblemente vulnerable. Para terminar, quiero recordar una frase que escuché ayer en el Consejo Nacional de mi partido al analizar el tema. La presidenta, Soledad Alvear, dijo que el 95 por ciento de las personas que delinquen en Chile provienen de hogares donde ha ocurrido algún tipo de violencia. ¡Eso es abismante! He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, junto con el diputado Álvaro Escobar , queremos felicitar a la ministra del Sernam por la gran lucha que ha dado para contrarrestar la violencia intrafamiliar y el femicidio, y decir que esto constituye una vergüenza nacional que nos conmueve. Creo que la solución va por el lado de poner más énfasis en los aspectos cultural y educacional. Debemos pasar de la retórica a la acción. Eso implica instaurar una política pública que brinde más recursos en esos dos aspectos, a fin de que coloquen en el centro el amor, la convivencia y la paz. Así como un ministro , con toda razón, se quejaba de que un canal público lograba gran rating con una truculenta teleserie, habría que destinar recursos públicos a programas que generen cultura de convivencia. Un grupo de profesores nos decían que los colegios incluyen programas de convivencia, pero que muchos educadores no saben cómo enseñar esos contenidos. Por tanto, también se requiere coordinación interministerial. El femicidio también afecta a los niños, es un problema del alma de Chile. Al respecto, estaba recordando las palabras del cardenal Raúl Silva Henríquez , cuyo centenario celebramos la semana pasada. Por lo tanto, pedimos más recursos públicos, ministra. En este Comité Independiente tendrá todo el apoyo para que esto se traduzca en más plata, en más prioridad de los ministerios, en campañas de bien público, campañas por un Chile amable. Amable significa digno de ser amado. La mitad de la población chilena está compuesta por mujeres, y deben ser consideradas como dignas de ser amadas. Eso tiene que expresarse en la cultura pública nacional. He dicho. Tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira. El señor WALKER (Presidente).- La señora NOGUEIRA (doña Claudia).- Señor Presidente, las estadísticas criminales sobre violencia, abusos y homicidios de mujeres demuestran que estos hechos han aumentado de tal forma que han llegado a constituir un fenómeno delictual de envergadura que hace ineludible la adopción de medidas legislativas que le pongan coto de raíz, tanto en el plano de la prevención como en el del castigo de todas las conductas que signifiquen una desvaloración de la mujer por su condición de tal. La mujer, especialmente en una sociedad como la nuestra, heredera de la tradición cristiana occidental, es el eje de la familia. Es ella quien día a día asume la labor de organizar la convivencia familiar, que hace posible el desarrollo de los integrantes de la familia. No pocas veces es también ella el único soporte, no sólo emocional, sino también económico, de sus hijos e, incluso, de su familia extendida. No es eficaz ni útil a la mujer agredida reaccionar a la violencia que se esconde en los hogares cuando ésta ya se ha producido, salvo para hacer efectiva la responsabilidad penal que en derecho corresponde al agresor. Es necesaria una política pública específica destinada a erradicar la violencia en los hogares antes de que se transforme en un fenómeno social que corroa los fundamentos de la familia. En este sentido, es valorable la labor del Sernam. Pero frente al agravamiento sostenido de esta particular clase de violencia, nos preguntamos legítimamente cuáles y qué tan efectivas han sido las políticas implementadas por el Gobierno. Creo que al menos deberíamos formularnos un par de preguntas al respecto. ¿Qué incidencia ha tenido la desastrosa implementación de la reforma a la justicia de familia en el aumento de la violencia contra la mujer? ¿Quiénes son los responsables de esa desastrosa implementación? En Chile, la familia sigue siendo la base y el centro de la sociedad. Esta frase es más que una simple declaración de principios y más que la expresión de una nostálgica pretensión del constituyente. Es la realidad en que viven todos los días las mujeres del país. Las Fiestas Patrias que acabamos de celebrar constituyen el mejor ejemplo de la importancia que los chilenos damos a la reunión familiar o al paseo fuera de la ciudad con toda la familia. Nos importa la familia más que ninguna otra cosa. Por eso, debemos protegerla. A la luz de las reformas que se han introducido a las leyes que regulan la familia, también es legítimo preguntarse cuánto han colaborado esas leyes a promover este modelo de familia y cuánto a debilitarlo. La modificación de la ley sobre violencia intrafamiliar dio al Estado un rol activo en orden a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de los miembros de la familia. Para que el objetivo que el Congreso Nacional tuvo a la vista para modificar esa ley se cumpla con eficacia, es imprescindible que se haga justicia en forma rápida y eficiente, es decir, todo lo contrario de lo que hemos visto desde la puesta en marcha de la reforma a la justicia de la familia. La propia Corte Suprema ha señalado en forma categórica que es necesario que existan al menos 500 jueces. Hoy existen 257 y el Gobierno ha propuesto aumentarlos en 58 más. En un país donde hay excedentes de recursos, es inadmisible que no sean destinados a solucionar los problemas que tanto aquejan a miles de chilenas. La falta de decisión del Gobierno para adoptar las medidas necesarias a fin de solucionar el problema de los tribunales de familia puede llegar al punto de poner en peligro la propia vida de miles de mujeres que no encuentran protección en la justicia. Dolorosamente nos ha tocado ser testigos de ello en los últimos días. Como una forma de aportar al debate, proponemos que se adopten las siguientes medidas: aumentar la cobertura de abogados en los centros de la mujer del Sernam -en San Bernardo, acompañé a la ministra del Sernam a un centro de acogida, en el que varias mujeres me manifestaron la carencia de abogados, dada la demanda de mujeres que necesitaban asistencia judicial-; incluir en los programas de educación cursos especiales para prevenir la violencia; detección y seguimiento de problemas de violencia desde los colegios, formando a los educadores en este tema; agravar la responsabilidad penal de quien comete actos de violencia intrafamiliar estando los niños presentes -se ha comprobado que los niños que presencian actos de violencia entre sus padres o en su casa tienen una mayor tendencia a ser adultos violentos-; restricción de la aplicación de la atenuante de irreprochable conducta anterior, para lo cual pedimos que la anotación por violencia intrafamiliar sea especialmente tenida en cuenta; restricción a las medidas alternativas de cumplimiento de condena a los condenados por violencia intrafamiliar; restricción a la libertad provisional a los imputados por delitos de violencia intrafamiliar; considerar como atenuante el hecho de haber sido víctima de violencia intrafamiliar en forma reiterada, cuando la víctima atenta contra su agresor. Esta última circunstancia hace que a la víctima no le sea exigible una conducta conforme a derecho. Sin embargo, los tribunales no son llanos a considerarlo así. Por ello, debemos adoptar medidas legislativas para obligar a la judicatura a considerar esta particular circunstancia al menos como una atenuante de responsabilidad penal. En conclusión, es mucho lo que se ha hecho, pero es mucho más lo que queda por hacer. Valorar y respetar a la mujer en su rol de madre, cónyuge y trabajadora es fundamental para que tengamos una sociedad sana. Es deber del Estado adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la protección y promoción de los derechos de todas las personas, cualquiera sea su sexo. Ojalá nunca más tengamos que convocar a una sesión especial para tratar estos temas. Ojalá nunca más veamos en las primeras páginas de los diarios otra mujer muerta en manos de su pareja. Ojalá nos destaquemos por ser una sociedad que respeta a todos sus integrantes y, especialmente, a quienes tenemos el privilegio de dar la vida. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá. La señora TOHÁ (doña Carolina).- Señor Presidente, recién vi en internet un dato que se publicó en las noticias: este año, más de la mitad de los egresados de las universidades tradicionales son mujeres. De las mejores universidades del país están egresando más mujeres que hombres. Tenemos una mujer Presidenta de la República , tenemos tribunales de familia, la Constitución Política establece que los hombres y las mujeres somos iguales y la violencia intrafamiliar reiterada es considerada un delito. Sin embargo, parece que no morimos por igual. Sólo este hecho nos revela lo profundo y enraizado del fenómeno que estamos analizando. Nos engañaríamos si dijéramos que vamos a resolverlo tipificándolo, aumentando los tribunales, poniendo más vigilancia policial o restringiendo las medidas en favor de los que han sido condenados. La causa está en lo profundo de nuestra cultura. Hay medidas que podemos adoptar y que es esencial que adoptemos: destinar más recursos, ampliar el número de tribunales, crear una red capilar de atención y ayuda en todas las comunas del país. Quizás con eso -como muchos han dicho aquí- podremos llegar a tiempo y evitar algunos femicidios. Pero, no nos perdamos. Detrás de los femicidios existe una realidad: la de aquellas mujeres que, quizás, no van a morir, pero que viven en el terror, en el maltrato y en los golpes. Esto tiene su origen en la manera en que entendemos la relación al interior de la pareja. Ahí está el germen de todo. El femicidio no es más que la expresión penal de un fenómeno social profundo que es el machismo. Si pensamos que vamos a resolver este problema con una ley, no lo lograremos. Sólo lo resolveremos en la medida en que apuntemos al tema de fondo y empecemos a hablar de él. Este problema es expresión de una relación de poder. Hace algunos días tuvimos la visita de autoridades españolas. En España se ha hecho lo indecible para abordar esta situación. Se ha llegado al punto de que las personas, tanto hombres como mujeres, para cuya protección se han decretado medidas cautelares, deben usar collares o pulseras que activan una alarma para avisar cuando su agresor se está acercando. Sin embargo, sucede que las mujeres se sacan las pulseras para reconciliarse con los hombres que las golpearon, porque los han perdonado. Se sacan las pulseras que sirven para protegerlas, porque están metidas en este concepto en que se toleran cosas que llevan a esos extremos. Ojalá esta sesión, citada debido a la conmoción pública causada por los diferentes casos conocidos, sirva para asumir el problema en toda su profundidad. Se deben tomar las medidas necesarias y otorgar los recursos requeridos, de manera de ampliar el número de tribunales y entregar mucho más apoyo a las víctimas. Pero no se debe olvidar que este problema tiene su origen en la educación, en la manera como se forma a los niños, en el tratamiento que se da a este asunto en las diferentes bancadas, etcétera. En ese sentido, cabe preguntarse, por ejemplo, cómo es posible que en el programa Tolerancia Cero, de Chilevisión, se expresara que el problema del femicidio es una ridiculez y la consecuencia de tener a tantas mujeres histéricas hablando tonteras. Entonces, es fundamental contar con más tribunales y policías y, por cierto, otorgar los recursos que ellos requieren. Pero se debe partir por poner sobre la mesa el problema cultural que está en la base de todo esto. En eso, cada cual, desde su pequeño espacio y en su rol de autoridad, puede hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz. La señora ALBORNOZ ( ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer ).- Señor Presidente, deseo iniciar mi intervención expresando que, desde la recuperación de la democracia, el Servicio Nacional de la Mujer asumió la tarea de poner con mucha fuerza en el debate público el problema de la violencia contra la mujer. En 1991 no se hablaba en forma pública sobre esta materia, y cuando se hacía sólo era para ocasionar la risa mediante chistes machistas o el comentario bajo cuerda de muchos de quienes forman parte de la sociedad. En verdad, de muchos y muchas porque, como sabemos, la violencia contra la mujer tiene su origen en cuestiones de carácter cultural, como aquí se ha dicho en forma muy clara. Han pasado 15 años desde la creación de la institución que vela por la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. Hoy, este flagelo nos conmueve y genera una gran discusión pública. Pero, en verdad, es bueno y pertinente hacer un poco de historia. Sólo un año después de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Chile las mujeres adquirieron el derecho a voto, y sólo en 1953 se derogó una norma que establecía que el hombre que encontraba a su mujer cometiendo adulterio podía asesinarla y no tenía responsabilidad por ese delito. Entre 1954 y 1989 no se dictó disposición alguna que mejorara la protección legal de la integridad personal de la mujer en el espacio privado. Sólo pocos meses antes del retorno a la democracia se derogó una norma del Código Civil que establecía que la mujer debía obediencia al marido. Es decir, se ha avanzado en forma muy lenta en la reivindicación de los derechos de las mujeres. La creación del Sernam permitió, entre otras cosas, apoyar mociones parlamentarias que permitieron que, en 1994, se tipificara o se hablara por primera vez de una ley de violencia intrafamiliar. Una década de intervención de la justicia civil en esta materia hizo visibles las insuficiencias y el sistemático archivo de los antecedentes, sobre la base de conciliaciones supuestas o forzadas para procurar un pronto desasimiento del tribunal. En octubre de 2005, el Estado dictó la ley Nº 20.066, que trajo considerables cambios. Se otorgaron importantes atribuciones a la policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial; se establecieron presunciones de riesgo, se amplió el catálogo de medidas de protección y se consagró su carácter imperativo u obligatorio, independientemente de la aplicación de alguna sanción posterior. Como pocos países, Chile expresa que el maltrato habitual en las relaciones de familia constituye un delito, consenso alcanzado sólo en la última etapa del debate legislativo de 2005. Dicha decisión constituyó una señal cultural que los hijos del país tendrán presente en sus futuras relaciones afectivas. En eso no hay vuelta atrás. El maltrato de algún familiar jamás puede ser considerado un acto de carácter leve, y es igualmente grave el asesinato de la cónyuge que el de la conviviente. Sin embargo, subsisten normas que pueden distorsionar esas convicciones. Nos referimos a la posibilidad de invocar una menor pena sobre la base de alegar que se actuó bajo un arrebato. Nos referimos a las restricciones para investigar la violación conyugal cometida bajo determinados supuestos. Nos referimos a la impunidad del delito de daños y otros abusos patrimoniales entre cónyuges, y a la imposibilidad legal de reconocer que el maltrato habitual concurre con otras conductas punibles. La legislación penal se construyó de acuerdo con parámetros no menos discriminatorios que los que aún subsisten, por ejemplo, en la sociedad conyugal. En los últimos meses, la sociedad ha constatado de manera indiscutible el carácter sistemático con que mujeres son asesinadas por sus parejas o ex parejas. En nuestro concepto, el asesinato de una mujer por parte de su pareja jamás constituye un homicidio simple. Es hora de llamar las cosas por su nombre. Más allá de las definiciones formales y de lo que diga el diccionario, estamos ante asesinatos de mujeres por el solo hecho de serlo, por ser consideradas apropiables, por ser víctimas de un sistema social que aún tolera y calla muchos actos de violencia cometidos a diario en contra de ellas. Se trata de un hecho de la máxima gravedad, sea que lo cometa el cónyuge, el conviviente, el ex conviviente o el padre de algún hijo en común. Conocemos las dificultades e implicancias en reconocer la existencia de entornos de coacción permanente para que algunas mujeres identifiquen a sus parejas como un riesgo para su vida y su seguridad personal. En los casos patrocinados por el Sernam, constatamos que muchas mujeres asesinadas recurrieron en busca de apoyo, que no siempre recibieron; que sus temores fueron minimizados o no se consideró verosímil el ánimo homicida de quien se negó a aceptar el término de la relación afectiva porque entendió que la mujer, su cuerpo y su sexualidad constituyen objetos de apropiación, como de manera sistemática lo muestran diferentes medios de comunicación con escasa identificación de los impactos culturales que eso provoca. Se debe otorgar credibilidad a las mujeres cuando sienten miedo de sus parejas. Sólo quien siente temor pide protección. Durante 2006, sobre un universo de 96 mil denuncias de violencia intrafamiliar recibidas por la justicia de familia, sólo se adoptaron 2.475 medidas accesorias de protección y se aplicó la mínima cantidad de 1.057 multas. Sostengo en forma responsable que los mayores recursos destinados al sistema de justicia deben traducirse al menos en mayores niveles de protección a las víctimas y que eso pueda ser conocido por la sociedad. Las mujeres tienen derecho a exigir la protección y justicia que la ley reconoce. Exigir que la ley se cumpla no significa desconocer que existen problemas. Dijimos en forma muy clara que ninguna autoridad del Estado puede excusarse cuando se trata de proteger la vida. Ningún asunto entregado a los tribunales de familia puede ser más urgente que la protección de las víctimas. Sabemos que se requiere más apoyo y estamos trabajando en eso. En este primer año de Gobierno, levantamos una red nacional de 16 casas de acogida que otorgan un espacio transitorio pero seguro a las mujeres y sus hijos ante el riesgo real de que pueden ser objeto. Lo hicimos para facilitar al Ministerio Público su función constitucional de otorgar protección a las víctimas. Duplicamos el presupuesto de los centros de prevención y atención en casos de violencia, que alcanzan a 31 a lo largo del país. Junto con Carabineros de Chile, creamos el número telefónico 149, para emergencias, entre otras tantas medidas. En un futuro próximo, un sistema de acogida para estos casos debiera ser administrado directamente por el Ministerio Público para su mayor eficacia. Hemos manifestado la urgencia de discutir aquellas iniciativas de ley que modifican la actual regulación sobre violencia intrafamiliar para facilitar la investigación del maltrato habitual y entregar una protección más efectiva por parte de los sistemas de justicia. Repondremos, en este sentido, modificaciones al Código Penal para sancionar adecuadamente la violencia contra la mujer en las relaciones de familia. El debate sobre la discriminación de la mujer tiene su consecuencia más dura en el maltrato físico y la consecuencia de muerte. Pero, la violencia contra la mujer se manifiesta también en otros fenómenos que vivimos cotidianamente y en silencio, los cuales, muchas veces, reciben otros nombres: la diferencia de salario, el acoso sexual, la persecución por motivos de maternidad, el cuestionamiento a su liderazgo, al aporte de lo femenino. La crítica constante y permanente es una forma de violencia que nosotros, como Servicio Nacional de la Mujer, repudiamos. Es importante avanzar en igualdad, construyendo un sistema de protección efectivo hacia las víctimas; pero, más importante aún es considerar, de una vez por todas, lo femenino como un aporte. Estoy segura, señor Presidente , de que hoy la preocupación de esta Cámara transmite una decisión compartida por todos los sectores políticos de que la violencia contra las mujeres es un problema de Estado, en el cual el Gobierno, que preside la primera mujer Presidenta de la República , está profundamente comprometido. Muchas gracias. -Aplausos. El señor WALKER (Presidente).- Cerrado el debate. Se han presentado cuatro proyectos de acuerdo. El señor prosecretario va a dar lectura al primero de ellos. El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 462, de las señoras Muñoz, doña Adriana; Saa, doña María Antonieta; de los señores Encina, Leal, Súnico, Aguiló; de la señora Pascal, doña Denise; de los señores Díaz, don Eduardo; Accorsi, Pérez, de la señora Pacheco, doña Clemira; del señor Chahuán, de la señora Allende, doña Isabel, y de los señores Espinosa, don Marcos; Meza, Núñez y Sabag, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en la ley de Presupuestos 2008, incorpore recursos para la adopción de “Un plan de Emergencia Nacional contra el Femicidio y la Violencia Intrafamiliar”, que, entre otras, contemple las siguientes medidas: 1. Coordinar con el Ministerio Público la creación de Fiscalías Especializadas en Violencia Intrafamiliar. 2. Incorporar a personal de Carabineros de Chile, capacitado en violencia intrafamiiiar, dentro del Plan Cuadrante de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. 3. Crear un sistema Integral de Protección a las víctimas a partir de la aplicación de un formulario de registro-denuncia único, que señale la identidad y el historial de conducta del denunciado, de acuerdo con el cual -y tras evaluar el perfil del denunciado- se generará automáticamente un sistema integral de protección para la víctima, que contemple la detención inmediata del denunciado, el traslado de la víctima a casas de acogida u otros instrumentos de apoyo de redes sociales. El formulario será usado a partir de las denuncias por violencia intrafamiliar en comisarías, fiscalías, tribunales y servicios de salud, o cuando Carabineros concurra al domicilio por denuncias de violencia intrafamiliar. 4. Implementar, al menos, una Casa de Acogida por provincia para resguardar la integridad de las víctimas de violencia intrafamiliar e iniciar su rehabilitación psicológica. 5. Crear Consejos Comunales de Protección a las Víctimas, que articulen redes de apoyo social en coordinación con las policías locales. 6. Establecer un sistema de Alerta de Riesgo Inminente (ARI), vinculado a la aplicación de brazalete electrónico con GPS a agresores que estén con prohibición de acercarse a la casa o trabajo de la víctima o víctimas de violencia intrafamiliar. 7. Generar una base de datos compartida y en línea por todos los organismos y personas receptoras de situaciones de violencia intrafamiliar a fin de que, al momento de registrar la información sobre hechos de violencia, ésta sea enviada automáticamente a todos los responsables de la protección a las víctimas. 8. Revisión de todos los casos de femicidio ocurridos durante los últimos dos años, para evaluar las debilidades del nuevo sistema judicial, las redes de apoyo y los centros y personal que se encargan de recoger las denuncias de violencias intrafamiliar, al objeto de atender al perfeccionamiento de la normas que regulan los procedimientos y las instituciones encargadas de aplicarlos. 9. Mandatar a Intendentes y Gobernadores para que, a partir de hechos de violencia intrafamiliar con resultado de muerte, actúen como querellantes en la causa judicial. 10. Crear registro de femicidios en el Instituto Médico Legal, donde se consigne el vínculo y las circunstancias del hecho, al objeto de integrar esta información a las bases de datos compartidas por todos lo organismos que se vinculan a la violencia intrafamiliar”. El señor WALKER (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención. El señor WALKER (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Bobadilla Muñoz Sergio; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D'Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. -Votó por la negativa el diputado señor Correa de la Cerda Sergio. -Se abstuvo el diputado señor Estay Peñaloza Enrique. El señor WALKER (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 463, de las señoras Allende, doña Isabel; Pascal, doña Denise; de los señores Leal, Díaz, don Eduardo; Accorsi, Pérez, de la señora Pacheco, doña Clemira, y de los señores Chahuán, Meza, Núñez y Sabag, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de sus facultades, adopte las medidas legislativas necesarias para corregir la grave situación de aquellas mujeres víctimas de graves hechos de violencia, sobre la base de las siguientes medidas: 1. Efectúe la reformas necesarias de la ley sobre violencia intrafamiliar, en materia de medidas cautelares o de medidas de protección de la víctima, al objeto de asegurar siempre su procedencia a favor de las víctimas, de modo de evitar dilaciones en la aplicación de tales medidas y establecer la carga de la prueba respecto del victimario. 2. Adopte las medidas necesarias para subsanar los requerimientos ante los Tribunales de Familia, especialmente respecto del aumento de la cantidad de jueces y aplicación de las medidas de protección. 3. Haga presente el trámite de urgencia, calificada de suma, al proyecto de ley sobre Femicidio -Modifica el Código Penal y el decreto ley N.° 321, de 1925, para sancionar el “femicidio”, y aumentar las penas aplicables a este delito (boletín N.° 4937-18)- actualmente en tramitación en la Comisión de Familia, así como también al proyecto de ley que modifica el artículo 14 de la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, para facilitar al Ministerio Público el inicio de la investigación del delito de maltrato habitual (boletín Nº 5200-07). 4. Establezca reglas especiales en el Código Procesal Penal, a fin de evitar -tratándose de delitos de violencia intrafamiliar- la procedencia del principio de oportunidad o salidas alternativas como la suspensión condicional del procedimiento o acuerdos reparativos. 5. Instruya al ministro del Interior las medidas necesarias para transparentar las estadísticas de delitos en materia de violencia intrafamiliar y delitos contra la libertad sexual ocurridos en este contexto”. El señor WALKER (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor WALKER (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. -Se abstuvieron los diputados señores: Salaberry Soto Felipe; Turres Figueroa Marisol. El señor WALKER (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 464, de las señoras Allende, doña Isabel; Sepúlveda, doña Alejandra; Muñoz, doña Adriana; de los señores Díaz, don Eduardo; León, de la señora Saa, doña María Antonieta; de los señores Mulet, Ascencio, Accorsi, Pérez; de la señora Pacheco, doña Clemira; y de los señores Jarpa, Meza, Núñez y Sabag, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de sus facultades: 1. Haga presente el trámite de urgencia del proyecto de ley que modifica el Código Penal y el decreto ley N.° 321, de 1925, para sancionar el “femicidio”, y aumentar las penas aplicables a este delito (boletín N° 4937-18). 2. Implemente políticas integrales e intersectoriales, tales como la incorporación a la malla curricular obligatoria en todos los niveles educativos (Preescolar, Básico y Medio) y en la formación profesional en temáticas relativas a la prevención de la violencia contra las mujeres en concordancia con la definición de Educación, propuesta en el proyecto de ley General de Educación (Lege). 3. Aumente los recursos para el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), especialmente en el área jurídica, de manera de enfrentar de forma eficaz la defensa de los intereses de las mujeres agredidas, para que puedan deducirse las querellas correspondientes, sin perjuicio de la labor investigadora que realiza el Ministerio Público, en todos los delitos contemplados en la ley de Violencia Intrafamiliar. 4. Aplique programas nacionales de capacitación y sensibilización en Derechos Humanos y Violencia contra las Mujeres, dirigidos a agentes del Ministerio Público, Jueces(zas) de Garantía y de Familia, Defensores(as), Consejeros Técnicos, Departamentos de Familia de las Policías y otros actores relevantes de la sociedad civil. 5. Establezca procedimientos obligatorios para que las mujeres que denuncien violencia sean derivadas por el Ministerio Público a la unidad de víctimas y testigos, a fin de que reciban la debida información y asesoramiento a seguir ante los Tribunales de Familia o Garantía en las materias de su competencia”. El señor WALKER (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones El señor WALKER (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D'albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. El señor WALKER ( Presidente ).- El señor Secretario va a dar lectura al último proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 465, de las señoras Turres, doña Marisol; Cubillos, doña Marcela; Cristi, doña María Angélica; Nogueira, doña Claudia; Isasi, doña Marta, y de los señores Bobadilla, Chahuán, García, García-Huidobro y Hernández, que en su parte resolutiva dice: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de sus facultades, junto al Ministro de Justicia, adopte con la mayor brevedad las siguientes medidas: 1. Haga presente el trámite de urgencia, calificada de suma, al proyecto de ley que aumenta la cantidad de Tribunales de Familia, dotando a estos tribunales del número de jueces que recomienda la Excma. Corte Suprema de Justicia. 2. En la ley de Presupuestos 2008, dote de los recursos necesarios para que el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) pueda efectuar, a través de sus casas de acogida, una labor eficaz y eficiente de apoyo psicológico, social y jurídico a todas las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, no limitándose sólo a quienes están en riesgo vital. Asimismo, considere programas de atención y rehabilitación a los agresores, al objeto de prevenir un comportamiento violento respecto de futuras parejas y promover conductas reparativas hacia sus víctimas. 3. Acoja la petición contenida en el proyecto de acuerdo N° 32, aprobado el 16 de mayo de 2006, en Sesión 26ª, de esta Corporación, por el cual se solicita modernizar la asistencia jurídica creando un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica, garantizando abogados para las víctimas de delitos, para las mujeres y para los trabajadores. 4. Implemente en los establecimientos educacionales programas que tengan por objeto educar en la igualdad de género y en la capacidad de desarrollar relaciones interpersonales, afectivas y familiares libres de violencia”. El señor WALKER (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor WALKER (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D'albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/ El señor WALKER (Presidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.