REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 355ªSesión 106ª, en martes 20 de noviembre de 2007(Ordinaria, de 11.08 a 14.41 horas)		Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, 		y Meza Moncada, don Fernando..		Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.		Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL
    
    
    
      
      
      
      
      
      
      ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	HOMENAJE	VII.-	INCIDENTES	VIII.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	IX.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.	I.	Asistencia		8	II.	Apertura de la sesión		11	III.	Actas		11	IV.	Cuenta		11	V.	Orden del Día. 	-	Creación de espacio costero de los pueblos originarios. 	Tercer trámite constitucional		12	-	Mayor protección para fiscales y defensores públicos. 	Segundo trámite constitucional		31	VI.	Homenaje. 	-	Homenaje en memoria de don José Luis del Río Rondanelli		38	-	Suspensión del tratamiento de proyectos de acuerdo		46	VII.	Incidentes. 	-	Problemas de abastecimiento de agua en sectores de comuna de La Higuera, Coquimbo. Oficio		46	-	Nuevo calendario para retiro de taxis colectivos reconvertidos de Coquimbo. Oficio		47	-	Situación de humedales de Valdivia. Oficios		48	-	Información sobre proceso de licitación de las termas de Chillán. Oficios		48	-	Ayuda del estado para trabajadores de Bellavista Oveja-Tomé. Oficios		49	-	Instalación de antenas de telefonía celular en Chillán y Chillán Viejo. Oficios		51	-	Exención de impuesto a compensaciones económicas convencionales en juicios de nulidad y divorcio. Oficios		52	VIII.	Documentos de la Cuenta. 	1.	Oficio de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “crea el espacio marítimo costero de los pueblos originarios”. (boletín N° 3968-12)		55Pág.	2.	Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto de “reforma constitucional en materia de Gobierno y Administración Regional”. (boletín N° 3436-07)		55	3.	Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “modifica el decreto ley N° 3063, de 1979, sobre rentas municipales; la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, en relación con el Fondo Común Municipal y otras materias municipales”. (boletín N° 4040-06)		56	4.	Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Soto, doña Laura; Saa, doña María Antonieta, y de los diputados señores Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni, Eluchans, Girardi y Jaramillo, que “elimina las referencias por afinidad en el Código penal, adecuando dicho cuerpo normativo a las modificaciones introducidas por la Ley de Matrimonio Civil”. (boletín N° 5489-07)		56	5.	Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Álvarez, Arenas, Bobadilla, Estay, Hernández, Lobos, Melero, Salaberry, Urrutia, y de la diputada señora Cristi, doña María Angélica, que “modifica el artículo 56, de la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, estableciendo la prohibición de la obtención del grado de licenciado en educación, a través de la modalidad de cursos a distancia”. (boletín N° 5490-04)		57	6.	Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay, García-Huidobro, Hernández, Masferrer, Rojas, Urrutia, Von Mühlenbrock, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica; Cubillos, doña Marcela y Turres, doña Marisol, que “fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folclórica oral a la radio difusión chilena”. (boletín N° 5491-24)		59	7.	Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2.331 del Código Civil. Rol N°s 943-07-INA. (Oficio N° 1500)		60	8.	Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 ter, de la ley N° 18.933, Ley de Isapres. Rol N° 976-07-INA. (Oficio N° 1.503)		61	IX.	Otros documentos de la Cuenta. 	1.	Petición. 	-	Petición de 70 señores Diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento de la Corporación, solicitan la “creación de una Comisión Especial para que de inicio a un estudio relacionado con un nuevo régimen político, recabe información y aportes que la comunidad nacional, sectores de la misma o personas a título individual realicen con el objeto de buscar acuerdos necesarios para proponer a la Sala de la Corporación las conclusiones a las que llegue o establecer las propuestas que se planteen”. 	-	“La referida Comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días desde su constitución, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”.	2.	Licencia médica.	-	Licencia médica acompañada por la diputada señora Pacheco, doña Clemira, por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 9 días a contar del 19 de noviembre en curso. 	3.	Oficios.	-	Oficios del señor Presidente de la Corporación por los cuales comunica que la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento acordó lo siguiente: 	a)	crear nuevamente la Comisión de Zonas Extremas, a partir de la fecha de vencimiento de la actual. (Oficio N° 418), y 	b)	integrar las delegaciones que participarán en las misiones oficiales que se indican:	1)	la diputada señora Herrera, doña Amelia y el diputado señor Vallespín, en reemplazo del Diputado señor Duarte, asistirán a la reunión de Eurolat, en Bruselas, Bélgica, los días 18 al 21 de diciembre; 	2)	los diputados señores Araya y Recondo participarán en el Seminario sobre Mujer y Trabajo, destinado a miembros de las Comisiones relacionadas con la condición jurídica y social de la mujer y la igualdad de género, que se efectuará en Ginebra, del 6 al 8 de diciembre, organizado por la Unión Interparlamentaria, UIP, y 	3)	el diputado señor Jarpa concurrirá a la 118ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, UIP, que se desarrollará entre los días 13 y 18 de abril de 2008. (Oficio N° 415). 	-	Oficio de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día martes 20 de noviembre en curso, de 11,15 a 12,15 horas, para recibir a una delegación del parlamento Alemán. 		Ministerio de Interior:	-	Diputada Turres, Programa de Mejoramiento Urbano para la comuna de Cochamó. 		Ministerio de Relaciones Exteriores:	-	Diputado Valenzuela, homicidio, en Asunción, Paraguay, del periodista chileno don Tito Palma. 		Ministerio de Educación:	-	Diputado Accorsi, aranceles de la Universidad de Chile y los intereses que se aplican sobre éstos. 		Ministerio de Justicia:	-	Proyecto de Acuerdo 419-A, gestiones ante autoridades brasileñas para aplicar tratado sobre transferencia de presos condenados en caso que indica. 		Ministerio de Defensa Nacional:	-	Diputado Bauer, centro ecuestre de la ciudad de Rancagua. 	-	Diputado Espinoza don Fidel, protección policial a las comunas de Frutillar, Fresia, Los Muermos, Puerto Varas y Llanquihue. 	-	Diputado Silber, lanzamiento de piedras y el cruce de animales en las autopistas. 		Ministerio de Obras Públicas:	-	Diputado Hernández, inundación de las cámaras domiciliarias. 	-	Diputado Silber, obras concesionadas en comuna de Tiltil. 	-	Diputado Delmastro, proyecto de agua potable en el sector de Huellelhue, comuna de Valdivia. 	-	Diputado Mulet, uso del Terminal Pesquero de Caldera. 	-	Diputado Quintana, caminos del sector rural Bajo Lleuque, de la comuna de Vilcún. 	-	Diputado Latorre, comentarios emanados del Banco Mundial acerca de un proyecto de ley que introduciría cambios en MOP. 		Ministerio de Agricultura:	-	Diputado Hernández, campesinos de la comuna de San Juan de la Costa. 	-	Diputado Hernández, oficinas regionales de la Comisión Nacional de Riego; Indap; Conaf; S AG, Lab. Agrícola Pecuario e Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en comuna de Osorno. 	-	Diputado Palma, resoluciones N°s 173, de 5 de abril de 2007 y 333, de 18 de junio de 2007. 	-	Diputado De Urresti, comunidades indígenas de la comuna de Lanco, representadas por la Asociación Comunal Kallfulikan. 	-	Diputado Díaz don Marcelo, terrenos que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero en la localidad de Gualliguaica. 	-	Diputado Espinoza don Fidel, agricultores de las provincias de Osorno y Llanquihue. 	-	Diputado Lobos, ayuda para las comunidades de Trapa Trapa, Butalelbun, El Barco, Los Guindos y Lepoy, de la comuna de Alto Biobío. 	-	Diputado Urrutia, situación de la señora Gladys González Espinoza. 		Ministerio del Trabajo y Previsión Social:	-	Diputado Venegas don Mario, descuento de salud por parte de los pensionados. 	-	Diputado Meza, descuento del siete 7% por concepto de salud a los pensionados. 	-	Diputado Venegas don Mario, descuento de salud por parte de los pensionados. 	-	Diputado Mulet, cambio de calificación del afiliado don Leonardo Flores. 	-	Diputada Muñoz, ley de la Silla. 	-	Diputado Chahuán, jubilaciones de los ex funcionarios de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. 		Ministerio de Salud:	-	Diputado Jaramillo, funcionamiento del hospital de Panguipulli. 	-	Diputado Lobos, fallecimiento de la señora doña Norma Pinto Díaz. 	-	Diputado Silber, fábricas de ladrillos que funcionan en el sector de Lo Etchevers y en las comunas de Lampa, Quilicura y Pudahuel. 	-	Diputada Pacheco, vertedero Santa Alicia, de la comuna de Coronel. 		Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:	-	Diputado Ceroni, mejoramiento de viviendas en algunas poblaciones de la comuna Cauquenes. 		Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:	-	Diputado Forni, exigencia de acreditar capacidad de 80 toneladas para realizar transporte internacional. 	-	Diputada Cristi, planta de gas propano en la comuna de Peñalolén. 	-	Diputado Álvarez, uso del derecho de los cruceros desde Punta Arenas a Puerto Montt. 		Ministerio Secretaría General de Gobierno:	-	Diputado Recondo, proceso clasificatorio a la alumna Marcela Ruiz Ibáñez. 		Ministerio Público:	-	Diputado González, incidente de empresario hotelero de Viña del Mar, don Claudio Benavides. 	-	Defensoría Penal Pública:	-	Diputado Monckeberg don Cristián, estadística en tramitación de causas ingresadas a partir de la entrada en vigencia de la ley N° 20.084. 		Municipalidad de Maullín:	-	Diputada Turres, situación del menor Camilo I. Ojeda Hernández. 		Aguas Andinas:	-	Diputada Pascal, calidad del servicio de agua potable en zona norte de la comuna de Curacavi.
    
    
    I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Aedo Ormeño, René	RN	III	5 Aguiló Melo, Sergio	PS 	VII	37Alinco Bustos, René	PPD 	XI	59 Allende Bussi, Isabel	PS	RM	29Alvarado Andrade, Claudio	UDI	X	58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro	RN	VII	38Araya Guerrero, Pedro	PDC	II	4Arenas Hödar, Gonzalo	UDI	IX	48Barros Montero, Ramón	UDI	VI	35Bauer Jouanne, Eugenio	UDI	VI	33Becker Alvear, Germán	RN	IX	50Bobadilla Muñoz, Sergio	UDI	VIII	45Burgos Varela, Jorge	PDC	RM	21Bustos Ramírez, Juan	PS	V	12Cardemil Herrera, Alberto	IND	RM	22Ceroni Fuentes, Guillermo	PPD	VII	40Correa De la Cerda, Sergio	UDI	VII	36Cristi Marfil, María Angélica	UDI	RM	24Cubillos Sigall, Marcela	UDI	RM	21Chahuán Chahuán, Francisco	RN	V	14De Urresti Longton, Alfonso	PS	X	53Delmastro Naso, Roberto	IND	X	53Díaz Del Río, Eduardo	PDC	IX	51Díaz Díaz, Marcelo	PS	IV	7Dittborn Cordua, Julio	UDI	RM	23Duarte Leiva, Gonzalo	PDC	RM	26Egaña Respaldiza, Andrés	UDI	VIII	44Eluchans Urenda, Edmundo	UDI	V	15 Encina Moriamez, Francisco	PS	IV	8Enríquez-Ominami Gumucio, Marco	PS	V	10Errázuriz Eguiguren, Maximiano	RN	RM	29Escobar Rufatt, Álvaro	PPD	RM	20Espinosa Monardes, Marcos	PRSD	II	3Espinoza Sandoval, Fidel	PS	X	56Estay Peñaloza, Enrique	UDI	IX	49Farías Ponce, Ramón	PPD	RM	30Forni Lobos, Marcelo	UDI	V	11Fuentealba Vildósola, Renán	PDC	IV	9Galilea Carrillo, Pablo	RN	XI	59García García, René Manuel	RN	IX	52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro	UDI	VI	32Girardi Briere, Guido	PPD	RM	18Godoy Ibáñez, Joaquín	RN	V	13 González Torres, Rodrigo	PPD	V	14Hales Dib, Patricio	PPD	RM	19Hernández Hernández, Javier	UDI	X	55Herrera Silva, Amelia	RN	V	12Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge	PPD	RM	28Jaramillo Becker, Enrique	PPD	X	54Jarpa Wevar, Carlos Abel	PRSD	VIII	41Jiménez Fuentes, Tucapel	IND	RM	27Kast Rist, José Antonio	UDI	RM	30Latorre Carmona, Juan Carlos	PDC	VI	35Leal Labrín, Antonio	PPD	III	5Lobos Krause, Juan	UDI	VIII	47Lorenzini Basso, Pablo	PDC	VII	38Martínez Labbé, Rosauro	RN	VIII	41Masferrer Pellizzari, Juan	UDI	VI	34Melero Abaroa, Patricio	UDI	RM	16Meza Moncada, Fernando	PRSD	IX	52Monckeberg Bruner, Cristián	RN	RM	23 Monckeberg Díaz, Nicolás	RN	VIII	42Monsalve Benavides, Manuel	PS	VIII	46Montes Cisternas, Carlos	PS	RM	26Moreira Barros, Iván	UDI	RM	27Mulet Martínez, Jaime	PDC	III	6Muñoz D'Albora, Adriana	PPD	IV	9Nogueira Fernández, Claudia	UDI	RM	19Norambuena Farías, Iván	UDI	VIII	46Núñez Lozano, Marco Antonio	PPD	V	11Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Olivares Zepeda, Carlos	PDC	RM	18Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Palma Flores, Osvaldo	RN	VII	39Paya Mira, Darío	UDI	RM	28Pérez Arriagada, José	PRSD	VIII	47Quintana Leal, Jaime	PPD	IX	49Recondo Lavanderos, Carlos	UDI	X	56Robles Pantoja, Alberto	PRSD	III	6Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Rossi Ciocca, Fulvio	PS	I	2Rubilar Barahona, Karla	RN	RM	17Saa Díaz, María Antonieta	PPD	RM	17Sabag Villalobos, Jorge	PDC	VIII	42Saffirio Suárez, Eduardo	PDC	IX	50Salaberry Soto, Felipe	UDI	RM	25Sepúlveda Hermosilla, Roberto	RN	RM	20Sepúlveda Orbenes, Alejandra	PDC	VI	34Silber Romo, Gabriel	PDC	RM	16 Soto González, Laura	PPD	V	13Sule Fernando, Alejandro	PRSD	VI	33Súnico Galdames, Raúl	PS	VIII	43Tarud Daccarett, Jorge	PPD	VII	39Tohá Morales, Carolina	PPD	RM	22Tuma Zedan, Eugenio	PPD	IX	51Turres Figueroa, Marisol	UDI	X	57Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Uriarte Herrera, Gonzalo	UDI	RM	31Urrutia Bonilla, Ignacio	UDI	VII	40Valcarce Becerra, Ximena	RN	I	1Valenzuela Van Treek, Esteban	PPD	VI	32Vallespín López, Patricio	PDC	X	57Vargas Lyng, Alfonso	RN	V	10Venegas Cárdenas, Mario	PDC	IX	48Venegas Rubio, Samuel	PRSD	V	15Verdugo Soto, Germán	RN	VII	37Vidal Lázaro, Ximena	PPD	RM	25Walker Prieto, Patricio	PDC	IV	8 Ward Edwards, Felipe	UDI	II	3	-Asistieron, además, los ministros de Economía Fomento y Reconstrucción, señor Alejandro Ferreiro Yazigi; de la Secretaría General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo, y de Planificación, señora Clarisa Hardy Raskovan. Asistió, también, el fiscal nacional, señor Guillermo Piedrabuena Richard. 	-Diputados en misión oficial, señores Enrique Accorsi Opazo, Mario Bertolino Rendic, Roberto León Ramírez y Gastón Von Mühlenbrock-II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 11.08 horas. 	El señor WALKER (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS	El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 101ª se declara aprobada. 	El acta de la sesión 102ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.IV. CUENTA	El señor WALKER (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.	-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.-o-	El señor WALKER (Presidente).- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento, setenta señores diputados solicitan la creación de una Comisión especial destinada al estudio de un nuevo régimen político.	La Comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a ciento veinte días desde su constitución y, para el desempeño de su mandato, podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.	Se requieren sesenta diputados para su aprobación.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 1 abstención.	El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Leal Labrín Antonio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Soto González Laura; Tuma Zedan Eugenio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.	-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:	Alvarado Andrade Claudio; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Dittborn Cordua Julio; Eluchans Urenda Edmundo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Melero Abaroa Patricio; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vargas Lyng Alfonso; Ward Edwards Felipe.-Se abstuvo el diputado señor Sepúlveda Hermosilla Roberto.V. ORDEN DEL DÍACREACIÓN DE ESPACIO COSTERO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. Tercer trámite constitucional.	El señor WALKER (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, originado en mensaje y con urgencia calificada de “suma”, que crea el espacio costero marítimo de los pueblos originarios.	Antecedentes:	-Modificaciones del Senado, boletín 3968-12, sesión 96ª, en 6 de noviembre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 15.	El señor WALKER (Presidente).- Se ha solicitado, en conformidad al Reglamento, votar una vez terminada la discusión, por lo que es importante que los señores diputados estén atentos al llamado de los timbres.	Tiene la palabra el honorable diputado Eugenio Tuma.	El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto, por segunda vez, se encuentra para consideración de la Sala. Hace más de un año, fue visto por la Cámara, que lo aprobó por unanimidad, y pasó al Senado en su segundo trámite, que mejoró su texto. Este proyecto concreta una aspiración muy antigua de los pueblos originarios, particularmente de los mapuches lafquenches -a quienes saludo a través sus autoridades tradicionales, machis, loncos, dirigentes de distintas comunidades de las regiones Octava y Novena, que nos acompañan en las tribunas-, quienes lo han impulsado decididamente, no sólo en sus respectivas zonas, sino que aquí, en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. 	Éste es un primer paso con el cual el país, el Estado, reconoce una categoría denominada derechos del borde costero a favor de quienes lo han usado en forma consuetudinaria. Se reconoce este derecho y su administración por los pueblos originarios.	Anteriormente, la Cámara de Diputados lo aprobó bajo la forma de un beneficio y titularidad para las asociaciones indígenas. El Senado, en mi opinión, lo mejoró, porque no sólo permite ser titulares de estos derechos a las asociaciones, sino también a las comunidades. Hemos avanzado, aquí y en el Senado, en cuanto a perfeccionar esta legislación.	El Estado, el Congreso y el país están viviendo momentos muy importantes en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. En los próximos días, una vez aprobado este proyecto de ley por unanimidad, esperamos que también sea aprobado el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, como así también el Convenio Nº 169. Por primera vez, estamos en un Congreso Nacional con reales expectativas para aprobar los derechos de los pueblos originarios que durante tanto tiempo les han sido negados.	La bancada del Partido por la Democracia va a dar su respaldo unánime a este proyecto, aprobando todas las modificaciones del Senado, para los efectos de que en los próximos días se convierta en ley de la República.	He dicho.	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Eduardo Díaz.	El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, celebramos el avance de este proyecto tan querido y por el cual, junto con las comunidades mapuches lafquenches, de Carahue, de Toltén, de Saavedra y de Teodoro Schmidt, siempre hemos estado luchando unidos, desde la época de su ingreso al Congreso, el 2005; desde su tramitación inicial en la Comisión de Medio Ambiente que integraba en ese entonces.	Por eso, como siento tan mío este proyecto, aprovecho de saludar con afecto a los peñis que vienen desde lejos, esperanzados en volver a sus comunidades llevando, bajo el brazo, a todo el lof lafquenche este proyecto aprobado, sin modificaciones que lo desnaturalicen. Confío en que así será.	El hecho de reconocer que existen espacios costeros de los pueblos originarios es ponernos al día tanto con la historia como con el derecho comparado moderno; asimismo, Chile cumple con la obligación de mirar de una vez, a la cara a los herederos de sus primeros habitantes, incluyéndolos con todos sus derechos en un Estado integrador, pluriétnico y multicultural.	A la vez, reconocer que existe un espacio costero perteneciente a nuestros pueblos ancestrales es dar tangibilidad jurídica a una realidad que viene desde mucho más atrás, cual es el uso consuetudinario que, desde sus primeros habitantes, los pueblos costeros han hecho del borde del mar, uso que, a diferencia de la civilización occidental, no se relaciona tan solo con lo económico o productivo, con el cullín, sino también con su modo de vida, las raigambres más acendradas, la religiosidad y, por lo tanto, sus modos de vida y sus culturas.	Al mismo tiempo, reconocer ese espacio marítimo, tan particular, es ser testigos de cómo el ser humano, comunitariamente, puede relacionarse, de manera integrada, con su medio ambiente, sin destruirlo; respetándolo, protegiéndolo y fomentándolo mediante prácticas difundidas por la sabiduría de los siglos.	Con la aprobación del proyecto en debate, que es fruto del intenso trabajo de dirigentes y representantes de las comunidades mapuches lafquenches -hoy presentes en las tribunas- se reconocen sus derechos ancestrales a usar y explotar el borde costero, materia que fue concordada, por ejemplo, con la Federación de Pescadores Artesanales.	Al diputado que habla, quien ya votó favorablemente esta iniciativa en su anterior trámite, ocasión en la que fui diputado informante, no le resta más que ser consecuente y votarla también a favor en este tercer trámite constitucional. Asimismo, en nombre del pueblo mapuche costero de nuestra Araucanía y del resto de las regiones, pido a mis colegas que le den su apoyo con mucho entusiasmo.	He dicho.	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.	El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, el proyecto en debate complementa derechos y tradiciones del pueblo lafquenche.	Las comunidades lafquenches viven de su agricultura y de su mar. En consecuencia, cuando no se les reconoce su derecho al mar, se les niega parte de su cultura, de su historia y de su patrimonio. 	Renovación Nacional votó favorablemente el proyecto en su primer trámite constitucional. Hoy, en su tercer trámite, lo votaremos de igual forma, porque el Senado, con sus modificaciones, ha hecho un aporte y devuelve lo que los lafquenches han reclamado por tanto tiempo: derecho a su borde costero. Sobre el particular, pedimos respeto por sus tradiciones, porque mucha gente anda hablando que reconocer al pueblo lafquenche es crear una nación dentro de otra, lo cual no tiene sentido. Eso es desconocer la realidad del pueblo mapuche. Tengo moral para decir lo que estoy diciendo, porque fui uno de los diputados que votó favorablemente el reconocimiento a los pueblos indígenas. Por eso, no veo razón alguna para no aprovechar esta oportunidad y bregar por su reconocimiento. No hay que tener miedo; es más, Chile es el único país que no ha reconocido a sus pueblos originarios. Quienes tenemos campos, y trabajamos y convivimos con ellos, los conocemos a cabalidad, y el reconocimiento pleno les daría mayor capacidad para acceder a todos los beneficios que brinda el Estado a sus ciudadanos. Mucho hablamos del pueblo mapuche, mucho hablamos de los lafquenches, pero cuando llega el momento de reconocerlos como pueblos originarios, en el Congreso se vota en contra. Esta es una contradicción tremenda. 	En definitiva, el pueblo mapuche lafquenche debe recuperar el lugar que le corresponde. Estas no son palabras de buena crianza para las comunidades que nos visitan en las tribunas. Las digo, porque realmente las siento y, por eso, voy a votar favorablemente. Tal como hemos favorecido a los pescadores artesanales, que también viven del mar, también pedimos respeto por las áreas de concesión que vamos a aprobar para los lafquenches. Al respecto, las concesiones que están dadas, no se tocan, por lo que aquí no caben suspicacias. He hablado con los alcaldes de las zonas costeras y todos, sin excepción e independiente del color político, desean que el reconocimiento a los pueblos originarios se haga realidad. 	Felicito a todos y a cada uno de los dirigentes mapuche lafquenches, quienes supieron defender ante las autoridades su cultura, sus tradiciones y su mar. 	En consecuencia, con entusiasmo, con mucha fe y a la espera del reconocimiento de los pueblos originarios, Renovación Nacional y quien habla, en cumplimiento de la palabra empeñada, votaremos favorablemente. 	He dicho.	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el palabra el ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo.	El señor VIERA-GALLO (ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, el día de hoy debiera ser motivo de alegría para los pueblos originarios, principalmente para el pueblo lafquenche, porque la tramitación del proyecto en debate está llegando a su fin. Fue aprobado en la Cámara de Diputados; pasó al Senado, donde se le introdujeron algunas modificaciones y ahora vuelve a esta Cámara para ser aprobado, según han dicho algunos de los diputados que han intervenido y que ojalá hayan representado el sentir de sus bancadas.	De aprobarse el proyecto, esta será la primera ley que toca la realidad de los pueblos indígenas después de la ley indígena, de hace más de 10 años, y se engarzará perfectamente con el proyecto de reforma constitucional de reconocimiento de los pueblos originarios, que se tramita en el Senado de la República, y ojalá con la aprobación del Convenio 169 de la OIT, radicado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta.	Las modificaciones del Senado en nada alteran la estructura del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados; por el contrario, la perfeccionan. 	Una de las más importantes es la relativa a determinar el uso consuetudinario de los pueblos originarios en el espacio costero marino. En efecto, señala que un reglamento, dictado por el Presidente de la República, establecerá, respecto de cada uso, la periodicidad de las prácticas, según se trate de usos pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales. Agrega que las interrupciones del uso no afectará la habitualidad. El tema del uso consuetudinario fue uno de los temas más discutidos, en tanto la creación del espacio costero marino de pueblos originarios dice relación con sus derechos ancestrales. 	Por tanto, para el Ejecutivo es muy importante el ambiente favorable al proyecto que se ve en las distintas bancadas de la Cámara de Diputados.	Saludamos que algunos partidos de la Oposición, que durante largo tiempo votaron en contra del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, hayan cambiado de actitud. Esto es muy positivo. Hay un cambio en la perspectiva, por lo menos, de Renovación Nacional, que ha presentado un proyecto de reforma constitucional. Saludamos esto como un cambio muy positivo en la evolución de su pensamiento.	El señor BOBADILLA.- Ministro, no se olvide de contar también lo que pasó en el Senado.	El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de la Presidencia).- Quiero terminar mi intervención agradeciendo el esfuerzo y el compromiso de muchos dirigentes lafquenches que han acompañado la tramitación del proyecto, quienes ya estuvieron en el Senado y ahora están de nuevo presentes en la Cámara. A todos ellos quiero saludar en la persona del alcalde de Tirúa, señor Adolfo Millabur, y de los demás dirigentes que lo acompañan.	Ojalá el proyecto se apruebe por unanimidad, con el objeto de que todos podamos celebrar.	He dicho.	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.	El señor MONSALVE.- Señor Presidente, voy a partir saludando a los dirigentes y dirigentas de las comunidades mapuches lafquenches de las regiones Octava, Novena y Décima, que nos acompañan, en particular a quienes son de la zona que represento, la provincia de Arauco, señores Adolfo Millabur, Iván Carialo, Miguel Liguempi, Roberto Garrido, Juan Carlos Polma, señoras Herminia Ramírez, de Antihuala; Percida Cheuquenao y señores Domingo Rain y Boris Hualme.	He querido saludarlos, porque el debate del proyecto de ley en la Cámara de Diputados tiene que ver esencialmente con el arduo y persistente trabajo que estos dirigentes han realizado en el transcurso de los últimos años. Ellos han colocado este tema en la agenda del Gobierno, ya que sus iniciativas y proposiciones se transformaron en un proyecto de ley originado en mensaje, que llegó a la Cámara para su primer trámite constitucional, donde fue aprobado unánimemente; cumplió su segundo trámite constitucional en el Senado, desde donde vuelve a la Cámara para su tercer trámite constitucional. 	El proyecto de ley que crea esta figura del espacio costero marino de pueblos originarios viene a reconocer un hecho que parece evidente, pero que no está reconocido en el marco legislativo.	El borde costero está regulado por distintas normas legales que afectan su uso, como la ley Nº 20.091, que norma las concesiones marinas, y la ley general de Pesca y Acuicultura, que permite la creación de parques, áreas de conservación y de manejo. No obstante, no estaba reconocido en el marco legislativo de la nación el uso consuetudinario y ancestral del borde costero que han hecho los pueblos originarios, particularmente las comunidades mapuches lafquenches. Esta relación ancestral de las comunidades con el borde costero ha configurado su organización social y ha determinado su identidad cultural. Además, el uso del borde costero no sólo tiene que ver con elementos extractivos y productivos, sino que con usos religioso, recreativo medicinal y simbólico.	Por lo tanto, estimo que es muy bueno que hoy podamos dar un paso adelante con esta ley sectorial para reconocer que nuestro país es multicultural y pluriétnico. Es decir, que aquí hay pueblos ancestrales, que tienen identidad cultural y que han hecho uso consuetudinario de ese borde costero por siglos. Creo que esta relación se resuelve en forma bastante adecuada en el proyecto, porque fue elaborado entre el Congreso y los dirigentes lafquenches, quienes han estado presentes permanentemente en el debate legislativo de las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado. Es decir, su elaboración ha contado con una altísima participación de los dirigentes interesados, lo que ha permitido los siguientes principios.	Primero, el de exclusividad, es decir, que las comunidades lafquenches hacen uso consuetudinario del borde costero.	Segundo, de asociatividad; es decir, el proyecto reconoce que miembros de distintas comunidades usan el borde costero y, por lo tanto, que ese uso se hace a través de la asociación de comunidades. Pese a que el Senado agregó la posibilidad excepcional de que pudiera ser usado también por una sola comunidad.	Tercero, el de voluntariedad. O sea, la asociación de comunidades indígenas podrá hacer uso voluntario de esta nueva figura legal del espacio costero marino de pueblos originarios o, si lo estima, podrá regirse por otras normas que afectan el uso del borde costero.	Cuarto, el de gratuidad; es decir, no se le va a cobrar tributos.	Además, se establece algo muy importante, cual es el respeto a los derechos legalmente constituidos con anterioridad.	La asociación que se haga cargo del espacio marino costero de los pueblos originarios correspondiente debe tener un plan de administración.	Por otra parte, la ley le da autonomía para resolver los conflictos que se generen al interior de esa asociación de comunidades y, lo que es más importante aún, establece mecanismos para resolver conflictos que se pudieran producir con usuarios externos.	Esto demuestra que la iniciativa no sólo piensa en las comunidades, sino que también en quienes viven y se relacionan cotidianamente con las comunidades originarias y también con el borde costero.	Me parece que estamos frente a un gran proyecto de ley. Espero que el mensaje que está dando el Congreso en este ámbito específico sectorial también se reproduzca cuando votemos la iniciativa que establece derechos y deberes de las personas, que será objeto de indicaciones, el cual tiene que ver con el reconocimiento de la salud intercultural, o cuando se discuta y se vote el proyecto de ley general de enseñanza, en el cual también se debe reconocer el derecho a la educación intercultural.	Por lo anterior, anuncio con mucha fuerza y confianza que el proyecto en discusión cuenta con el voto favorable de la totalidad de la bancada del Partido Socialista.	He dicho.	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.	El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, la UDI votará favorablemente las modificaciones del Senado, tal como lo hizo en el primer trámite constitucional del proyecto, porque cuentan con el consentimiento de los dirigentes de las distintas organizaciones lafquenches, algunos de los cuales están presentes en las tribunas, a quienes aprovechamos de saludar afectuosamente.	Hoy estamos confirmando el reconocimiento del derecho que tienen los pueblos originarios a utilizar el borde marino costero.	Como dije, votamos favorablemente el proyecto en su primer trámite constitucional y haremos lo mismo hoy en su tercer trámite constitucional. Se trata de un avance, aunque insuficiente, por cuanto se requieren nuevos programas que permitan elevar la calidad de vida de nuestros pueblos originarios. En consecuencia, hacemos un llamado al Gobierno para que desarrolle políticas claras de ayuda a favor de los pueblos originarios.	Por lo tanto, señalo al ministro Viera-Gallo, por su intermedio, señor Presidente, que así como reconoce nuestra postura favorable al proyecto, esperamos acciones concretas del gobierno en beneficio de los pueblos originarios y no sólo discursos.	Reitero, la UDI ha apoyado al proyecto desde el comienzo de su tramitación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, de manera que ahora lo votaremos nuevamente a favor.	He dicho.	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.	El señor OJEDA.- Señor Presidente, valoro la voluntad y la actitud del Gobierno de presentar el proyecto de ley, que reconoce el espacio marino costero de los pueblos originarios y su derecho a usarlo. Esta iniciativa forma parte de una serie de cuerpos legales que reconoce derechos a los pueblos originarios, los que se han ido dictando a través del tiempo. Así, el Congreso aprobó la ley Nº 19.253, del 5 de octubre de 1993, que fue debatida y elaborada en una comisión especial que se constituyó para el efecto. Esa normativa, denominada ley indígena, valora la existencia de los pueblos originarios, su integridad, su desarrollo, sus costumbres y valores.	Esta ley debiera precisar cuál es el deber de la sociedad y el Estado. Es deber de la sociedad, en general, y del Estado, en particular, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades mediante la adopción de medidas adecuadas para tales fines. 	Se deberá proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación.	Ya se legisló sobre el derecho de los indígenas a la tierra, a las aguas, a la educación intercultural bilingüe, a la preservación de sus monumentos y cementerios. Pero nos faltaba una parte importante, y que es justamente lo que aborda esta iniciativa. Se crea una categoría jurídica denominada “espacio costero marítimo de los pueblos originarios” y se habla de uso consuetudinario y, más que ello, se habla de derechos ancestrales. Es decir, no se habla desde un tiempo determinado, porque se entiende que esto ha sido así desde sus orígenes, desde siempre. Fueron derechos que les pertenecieron siempre a las comunidades indígenas, a los mapuches lafquenches, Y es por ello que hoy podemos considerar ese aspecto como algo trascendente, como algo histórico, porque se están regulando, reconociendo y estableciendo los derechos precisos y concretos de las comunidades indígenas sobre el borde costero, situación que no estaba normada y que, a lo mejor, las comunidades consideraban como algo muy lejano, muy distante, porque la legislación chilena no les otorgaba de manera precisa la facultad de uso o goce.	El uso consuetudinario puede entenderse como los usos pesqueros, que es amplísimo, de profundidad y amplitud, los religiosos, los recreativos y los medicinales. Hay una descripción amplia respecto de esta historia. La delimitación del espacio costero de los pueblos originarios también queda estricta y precisamente establecida. Estará determinada por la superficie necesaria para asegurar el ejercicio del uso consuetudinario ejercido en él. Es decir, gracias a esta legislación, nosotros estamos otorgando a las comunidades y a nuestros hermanos indígenas el derecho que por costumbre y por ancestro les ha correspondido. Es un reconocimiento del Estado, porque los derechos nacieron antes de la creación del Estado chileno.	Hay 2 mil 500 comunidades originarias y más de mil asociaciones indígenas. El derecho que se les reconoce a lo mejor no les satisface plenamente; a lo mejor a nosotros tampoco nos satisface plenamente, es un gran avance. ¡Claro que es una gran conquista! ¡Claro que es una gran precisión! ¡Claro que es el cumplimiento del deber del Estado reconocer todo aquello lo que le pertenece a las comunidades indígenas!	Es una gran conquista, pero falta mucho todavía por delante. Las comunidades indígenas no obtienen todo aquello que les corresponde, sobre todo el reconocimiento constitucional, el reconocimiento como pueblos indígenas; en fin, el reconocimiento de derechos que tienen que elevarse a categoría de derechos establecidos en la Carta Fundamental. Les falta especialmente la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobada en la Cámara de Diputados, pero que ha quedado demorada en el tiempo. No sabemos cuándo se concretará este derecho.	Por ello, no todo tiene que ser hoy día aplausos. También tiene que haber preocupación por llevar adelante todo lo demás, todo lo que resta, todo lo que queda, porque el desarrollo, el progreso, la protección de las comunidades indígenas es algo integral. No todo se refiere a leyes específicas, sino que a una preocupación doctrinaria, total, como nación como Estado.	Démosles todos los derechos que en un tiempo tuvieron. Los puebles originarios se han incorporados a la sociedad chilena. Nosotros les hemos entregado algunos instrumentos y herramientas para ello. Los pueblos originarios son las raíces de nuestra sociedad. Ellos han aportado a la cultura, han aportado a Chile. Son chilenos como nosotros. Pero tenemos que completar el proceso que se inicio el año 90 o el año 93, que se originó en los acuerdos de Nueva Imperial. Los pueblos originarios, si bien se han integrado, han conservado su cultura. No se han asimilado a la cultura nuestra; aún conservan la suya. Por eso, tenemos el deber de permitirles conservarla. La diversidad cultural enriquece a la nación chilena. Creo que ellos han entregado un gran aporte a lo que es la sociedad chilena y el Estado chileno.	Por ello, mi partido, la Democracia Cristiana, va a apoyar y a votar favorablemente este proyecto de ley, que viene a reconocer derechos y aspiraciones de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, de los mapuches lafquenches.	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.	El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a los dirigentes de las comunidades lafquenches que han estado permanentemente pendientes del avance de este proyecto, en especial al alcalde de Tirúa, señor Adolfo Millabur, a la señora Percida Cheuquenao, a los señores Domingo Rain, Iván Carilao, Boris Hualme, Miguel Liguempi y a los más de 320 dirigentes lafquenches de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.	Hago este reconocimiento porque, como ninguna otra iniciativa legal discutida en esta Cámara, hemos visto a una comunidad, como la lafquenche, y a sus dirigentes trabajando permanentemente con los parlamentarios, con los ministros y con distintas autoridades para hacer conciencia respecto de la necesidad de reconocer el derecho que tienen los pueblos originarios sobre el espacio costero marítimo.	Felicito y reconozco cómo han realizado su trabajo y la forma en que han dado a conocer en esta Cámara su cosmovisión sobre su situación y la necesidad de respetar sus derechos. Esa es una forma de legislar moderna y efectiva para que se reconozcan, valoren y protejan constitucionalmente esos derechos.	El proyecto tiene por objeto reconocer la relación ancestral existente entre las comunidades indígenas y los recursos costeros que son fundamentales para su subsistencia, mediante la creación de una nueva categoría administrativa, denominada “espacio marítimo costero de los pueblos originarios”, cuya administración será entregada a las asociaciones de comunidades indígenas, cuyos integrantes han ejercido el uso consuetudinario de ese espacio.	La discusión central consiste en reconocer ese uso ancestral y en otorgar el reconocimiento y el derecho de esas comunidades sobre el espacio costero, el que es muy necesario en la zona que represento, en especial en las localidades de Mehuin, Mehuin Bajo, Chan Chan, Alepue, Curiñanco y Maiquillahue, pertenecientes a nuestra naciente Región de Los Ríos.	Se requiere el reconocimiento de esos espacios, los que en muchos casos son pretendidos por quienes sólo buscan hacer negocios o utilizar nuestras costas para fines distintos para el que siempre las han utilizado las comunidades ancestrales.	El debate estriba en el reconocimiento legal que van a tener las comunidades y el mundo lafquenche sobre el espacio costero marítimo para poder trabajarlo, utilizarlo y reconocerlo. 	Es tiempo de que nuestra nación, este Chile que se encamina al bicentenario, se reconozca como un Estado pluriétnico, multirracial, y así como hoy se hace a través de este proyecto de ley con el espacio marítimo costero, continúe avanzando en materias como la protección de la tierra y de las aguas, muchas veces contaminadas y utilizadas o inscritas de manera especulativa; que siga avanzando en el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Y ya que hoy hemos escuchado que hay bastante unanimidad en los discursos, avancemos hacia la ratificación del Convenio 169, de la OIT. 	Comprometámonos hoy, ante las comunidades lafquenches que llenan las tribunas, a votar favorablemente por ese reconocimiento, porque son los instrumentos constitucionales que van a permitir que Chile sea un Estado multiétnico y plurinacional. 	La discusión se debe centrar en reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios y no sólo en proyectos parciales. Hago un llamado, especialmente a los colegas de la Alianza, para que avancemos; no tengan miedo. Tienen que ratificarse estos convenios, que son compromisos políticos, y como Gobierno no me cabe ninguna duda de que los vamos a cumplir. 	Reitero que la bancada del Partido Socialista votará a favor de este proyecto. Espero que sigamos avanzando en la profundización y en el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios. 	Felicito a todas las comunidades lafquenches, especialmente de la Región de Los Ríos, por el reconocimiento del espacio marítimo costero de los pueblos originarios. 	He dicho. 	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. 	El señor ALVARADO.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, este proyecto tiene gran trascendencia e importancia. 	Como parlamentario representante de una provincia isla y de borde costero en la provincia de Palena, con mucha satisfacción, tal cual lo hice en 2005 en esta misma Cámara, voy a volver a ratificar el proyecto con mi voto favorable, porque de una u otra forma estamos concluyendo un proceso donde empieza a terminar la discriminación arbitraria y a desaparecer la discrecionalidad de la autoridad para asignar concesiones marítimas y áreas de manejo desconociendo la realidad histórica y los derechos de los pueblos originarios. 	Por eso, en esta mañana quiero recordar a las comunidades de Inio, al sur de la isla grande de Chiloé, Cocauque, Yaldad, Incopulli, Piedra Blanca, Pucao, Chanquín, Huentemó, Alto La Mecura, Coñimó, Contuy, Paildad, Compu, Natri Bajo, en fin, tantas comunidades que en más de alguna oportunidad han tenido alguna dificultad cuando se entregaba una concesión marítima, un área de manejo, y esto se interponía con sus derechos ancestrales e históricos. 	Hoy estamos dando paso al término de la discrecionalidad y de la discriminación y consagrando un cuerpo legal que establece normas claras y definitivas para que, en igualdad de condiciones, los pueblos originarios puedan reclamar sus legítimos y verdaderos derechos. Tal como han reclamando sus derechos sobre la tierra, hoy les estamos dando una norma para reclamar y hacer valer su derecho sobre el mar. 	Por eso, una vez más votaré a favor de este proyecto de ley. 	He dicho. 	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. 	El señor QUINTANA.- Señor Presidente, sin duda, éste es un día histórico para los pueblos originarios, por cuanto desde 1993, cuando se promulga la ley indígena hasta la fecha, no hemos tenido ningún proyecto dirigido a los pueblos originarios. Catorce años en donde solamente las políticas públicas impulsadas por el Gobierno han intentado disminuir la realidad de la pobreza y aislamiento de los pueblos originarios de nuestro país. 	Desde ese punto de vista, esta jornada es histórica, y por eso quiero felicitar el trabajo hecho particularmente por la ministra Clarisa Hardy, de Mideplan, y también a los dirigente que representan a la gente que hoy nos acompaña en las tribunas, como nuestro amigo alcalde Adolfo Millabur, de Tirúa, Pérsida Cheuquenao, Domingo Rain, Iván Carilao, Boris Hualme, Miguel Liempi y a 320 dirigentes lafquenches de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 	En el distrito que represento en la Corporación tengo gran presencia de comunidades mapuches; sin embargo, ninguna accede directamente al borde costero. Tal vez Galvarino es la comuna más próxima, que a través de Rucatraro, de Pichi Pellahué de Lumaco, intenta acercarse a esa realidad costera. 	Pero mi convicción sobre este proyecto está fundada principalmente en los propios lafquenches de la Región de La Araucanía, como Moisés Vilches, de Huellelhue, o Nibaldo Traipe, nacido en Coicoi Lobería, que hoy nos ha relatado la importancia histórica que significa este proyecto para las comunidades mapuches lafquenches. 	Por eso, quiero poner el acento, más que en lo productivo, que de por sí es importante, en lo que representa la mirada ancestral, al uso consuetudinario, como bien lo señala el proyecto, porque en la medida que pongamos la mirada en ese aspecto va a ser más fácil obtener los consensos tan necesarios y tan escasos en el Senado para avanzar en los temas más de fondo en el plano cultural. Por cierto, hay que poner el acento en lo ancestral, en lo cultural, porque este proyecto, como bien señalaba el diputado Monsalve, tiene varias líneas matrices, como la exclusividad, incluso la posibilidad de ejercer voluntariamente estos derechos. Es decir, seguir amparados en figuras jurídicas de afectación en lo que se realiza a través del Servicio Nacional de Pesca o de la subsecretaría respectiva. Por cierto, tiene el principio de la asociatividad, que también tiene mucho que ver con la cultura originaria de estos pueblos. 	Sin embargo, tengo un par de aprensiones sobre las modificaciones del Senado. En el artículo 6º, relativo al uso consuetudinario, el Senado ha intercalado un inciso tercero, nuevo, que dispone que “El reglamento establecerá, respecto de cada tipo de uso, la periodicidad de las prácticas o conductas”. 	Cuando estamos hablando de un uso consuetudinario me parece que eso está de más. Es poner límites a la acción de las comunidades mapuches que van a usar el borde costero y lo que ello implica, para fines productivos, medicinales y religiosos. 	Además, por el artículo 7º aumenta a dos meses el plazo para que la subsecretaría verifique si la solicitud de otorgamiento del espacio costero marino de pueblos originarios se sobrepone a concesiones de acuicultura marítima o áreas de manejo otorgadas a huincas o a otros sectores que pudieran tener interés en la materia. 	Me parece que el Senado ha puesto algunas limitaciones al proyecto, pero como ha contado con el consenso y apoyo de todas las comunidades mapuches lafquenches de nuestro país, de todas maneras es un tremendo avance. 	Es bueno reafirmar lo que decían los diputados señores Ojeda y De Urresti, en el sentido de que éste debe ser un primer paso. No puede ser que durante 14 años no haya pasado nada en materia legislativa a favor de los pueblos originarios de nuestro país.	Está ad portas de aprobarse -y llamo a los pueblos originarios del país a estar muy atentos- en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado la ratificación del Convenio 169, de la OIT. Va a ser muy importante lo que allí ocurra, y no hay que tener temor a los fantasmas que muchas veces se levantan por algunos sectores de la Oposición respecto de la autodeterminación de los pueblos y de una nación sobre otra. Desde ese punto de vista, quiero reconocer el planteamiento que ha hecho el diputado René Manuel García porque es la posición que ha tenido desde siempre, y no andar con proyectos que levanten una cortina de humo. 	El proyecto de ley para reconocimiento constitucional de los pueblos originarios de los senadores de Renovación Nacional va en un sentido bastante diferente al del proyecto original de reconocimiento constitucional. No podemos reducir a los pueblos originarios a algunos grupos con una cultura determinada. Eso empequeñece el esfuerzo que como país debemos hacer. 	Por eso -al igual que el diputado René Manuel García, quien siempre ha estado dispuesto a aceptar el reconocimiento original-, la Oposición, en general, debiera aprovechar este clima de grandes acuerdos para el país que ha planteado Lavín y avanzar en todo lo que respecta a los pueblos originarios.	Por todo lo que he señalado, la bancada del Partido por la Democracia, para la cual la defensa de los pueblos originarios ha sido parte de su declaración de principios, va a votar a favor de esta iniciativa.	He dicho.	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Roberto Delmastro.	El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, quiero hacer llegar un saludo muy afectuoso a todos los dirigentes que nos acompañan en las tribunas, que me imagino estarán muy ansiosos y contentos al final de esta jornada, que espero termine con la aprobación del proyecto.	La iniciativa sufrió algunos cambios en el Senado que creo importante consignar y analizar.	En primer lugar, en la letra e) del artículo 2º se sustituye la frase “asociaciones de comunidades indígenas” por “comunidades indígenas o asociaciones de ellas”.	El proyecto original establecía que las asociaciones de comunidades indígenas podían acceder a los espacios costeros, lo que impedía que comunidades solas, per sé, pudieran optar a ellos por no estar asociadas. No obstante, con la modificación introducida por el Senado el proyecto se mejoró, ya que cubre un universo importante de comunidades que no están asociadas, pero que, eventualmente, y de acuerdo con lo que se establece en el proyecto, podrían acceder a estos espacios costeros marítimos.	En segundo lugar, con esta iniciativa se resuelve un problema contingente y real, porque muchas veces se han asignado áreas de manejo a comunidades costeras no indígenas -fundamentalmente a sindicatos de pescadores- aledañas a comunidades indígenas que ancestralmente han ocupado esos territorios del litoral. Ahí se ha cometido una injusticia muy grande, ya que, si bien se trata de comunidades más bien agrícolas, siempre han vivido en ese litoral y en forma sostenida se les ha arrebatado la posibilidad de explotar esa área de manejo. Por tanto, esas comunidades van a ser las que se van a privilegiar, porque no sólo se les va a permitir vivir de la agricultura esporádica, sino también de tener un complemento en la actividad marítima.	Con ello, se va a evitar que se repita lo que ha sucedido en mi región, específicamente en la comuna de Mariquina, donde se han asignado áreas de manejo a comunidades ajenas al litoral, lo que ha provocado cierto conflicto con las comunidades que ancestralmente han vivido en esos lugares.	En tercer lugar, el Senado resolvió el problema de los conflictos en forma bastante bien, reemplazando el inciso segundo del artículo 14 del proyecto, por los siguientes:	“Los conflictos de uso que se susciten entre la asociación de comunidades o comunidad asignataria y otros usuarios comprendidos en el plan de administración, serán resueltos conforme a este último. En caso que este último no contemple un procedimiento o si aplicado éste, persiste el conflicto jurídico, resolverá la autoridad que sea competente de conformidad con la normativa que rige el uso respectivo.	“Si no existiera una autoridad competente para conocer del conflicto de uso, deberá recurrirse al tribunal de letras en lo civil con jurisdicción en la comuna dentro de cuyos límites se encuentre el espacio costero marino de pueblos originarios.”.	Una mejor asignación de los recursos a dichas comunidades por parte del Estado les va a permitir una vida mejor y más sostenida en el tiempo. 	En lo personal, anuncio mi voto a favor del proyecto, y espero que Renovación Nacional lo haga en el mismo sentido, no sólo en esta instancia, sino también en lo que respecta al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, tema que ha estado en discusión durante tanto tiempo. Ha llegado el momento de que el país reconozca las diferencias de razas y pueblos originarios de Chile, quienes contribuyen al desarrollo de tantos lugares rurales ajenos y alejados del normal vivir de nuestra sociedad.	He dicho.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Fidel Espinoza.	El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, sin duda, es un momento de enorme alegría y satisfacción, porque se discute en tercer trámite -y espero que sea la instancia definitiva- el espacio costero marítimo de los pueblos originarios. 	¡Cómo no estar felices, si van a ser miles las personas que pertenecen a comunidades indígenas de Chile, en particular de las Regiones Octava y Novena, quienes resultarán beneficiados con esta iniciativa!	Hoy, quiero destacar con enorme satisfacción el gran trabajo desarrollado por dirigentes locales de cada una de las regiones que he mencionado en pos de la aprobación de esta iniciativa, no sólo por quienes están presentes en las tribunas, sino también por los que en forma anónima, desde las regiones, contribuyeron con un grano de arena a entregar los lineamientos que permitieron al Ejecutivo estructurar esta iniciativa de ley.	¡Cómo no reconocer el rol importante que jugó el actual gobernador de Valdivia y ex director de la Conadi de la Región de Los Lagos, don Christián Cayuqueo; el gran trabajo desplegado por una mujer indígena de la Región de Los Lagos, Emilia Nuyado, consejera nacional de las comunidades indígenas! ¡Cómo no destacar los aportes sustanciales que desarrollaron lonkos de nuestra zona, como don Anselmo Paillamanque y don Anselmo Antilef, este último, de la jurisdicción de Riachuelo; de dirigentes mujeres, como Silvia Cayulef, de las comunidades indígenas del borde costero de Purranque y Río Negro! ¡Cómo no destacar el gran trabajo que está desarrollando Jorge Loy, presidente de una de las principales redes beneficiarias de este proyecto, la Red Mapu Lahual, que pertenece a la comuna de Río Negro, llamada a convertirse en una de las zonas más bellas del borde costero de nuestro país!	Hoy, como aquí lo han señalado muchos colegas parlamentarios y lo ha ratificado el ministro, es un día de enorme alegría y satisfacción para nuestros pueblos originarios. El proyecto tiene por objeto reconocer -como aquí se ha manifestado reiteradamente- la relación ancestral existente entre las comunidades indígenas y los recursos costeros fundamentales para su subsistencia, mediante la creación de una nueva categoría administrativa denominada espacio marino costero de los pueblos originarios, cuya administración se entregará a las asociaciones de comunidades indígenas cuyos integrantes hayan ejercido -como también se ha manifestado con insistencia- un uso consuetudinario de esos espacios.	Si eso lo traducimos en los efectos positivos que tendremos en nuestra región, el reconocimiento que el Estado hace del dominio de nuestras costas marinas para las comunidades indígenas no sólo les significará potenciar su calidad de vida y mejorarla sustancialmente, sino que también generar redes turísticas en nuestras maravillosas zonas del sur, que potencien adecuadamente la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades indígenas. La integración tierra-mar de las comunidades lafquenches era, sin duda, una necesidad a la que nuestro país no podía estar ajeno.	No puedo terminar mis palabras sin destacar lo que han hecho en estos 17 años los gobiernos de la Concertación por el desarrollo de nuestros pueblos originarios. La historia no puede obviar que en el pasado, en las décadas del 70 y del 80, precisamente durante el gobierno militar, se hizo poco o nada por su desarrollo, por no decir absolutamente nada.	En estos años de gobiernos de la Concertación, tanto la Conadi como el programa Orígenes se han transformado en herramientas eficaces que han favorecido y mejorado la calidad de vida de miles de familias. Es así como los programas 1 y 2 de Orígenes, que están en plena ejecución, les han permitido adquirir, a través de las herramientas que les ha entregado el Estado, elementos fundamentales para el mejoramiento de su actividad productiva, lo que les ha significado mayores ingresos y dar mejor calidad de vida a sus familiares.	Tampoco podemos olvidar, precisamente cuando se discute este proyecto de ley tan importante, que nuestras comunidades indígenas han podido adquirir, a través de las leyes implementadas por los gobiernos de la Concertación, miles de hectáreas de tierras originarias. Esto ha permitido a cientos de comunidades y a postulantes individuales pertenecientes al mundo indígena comprar tierras con un objetivo claro y preciso, cual es el mejoramiento sustancial de sus niveles de vida.	Termino mis palabras felicitando la permanente actitud de apoyo al trabajo realizado por la ministra de Planificación, señora Clarisa Hardy, quien desde que asumió su cargo ha estado preocupada de potenciar y desarrollar una institución de enorme relevancia en el trabajo con el mundo indígena, como es la Conadi. Sin duda, el trabajo realizado por la ministra debe ser valorado por esta Sala, porque este proyecto no habría llegado a su actual estado de tramitación sin el apoyo constante y sin el ímpetu con que defendió esta iniciativa.	Hoy, nuestro país celebra la aprobación de esta iniciativa, que también contará con el apoyo de muchos parlamentarios de la Oposición que, lamentablemente, muchas veces se han opuesto a un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Ahora, vamos a contar con muchos de sus votos para aprobar este proyecto de ley. Esperamos que en las próximas semanas esos mismos parlamentarios entreguen su voto favorable a los dirigentes indígenas, a fin de que tengan ese reconocimiento constitucional que se merecen de sobra.	He dicho.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la honorable la honorable diputada Marisol Turres.	La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, creo que no hay nada más que agregar respecto de este proyecto de ley, porque en esta Sala ya se ha dicho todo y porque el informe fue muy completo.	Sin embargo, quiero referirme a un punto que no es menor y que he repetido aquí en más de una ocasión: que la ley no basta por sí sola. Es verdad que, entre todos, hacemos grandes esfuerzos para legislar en la mejor forma posible; pero también es cierto que, en muchas ocasiones, si no en todas, parte importante de ello, como ocurre con este proyecto, depende del Ejecutivo. Me refiero al momento que la ley deberá ser implementada.	¿Por qué digo esto? Porque legislar no cuesta mucho. Lo difícil es aplicar bien las leyes, que se cumplan y que en temas tan sensibles como el que estamos discutiendo ahora, la ley se aplique en forma justa, de manera que solucione conflictos y no los genere.	Quiero recordar que en mi región hay una Comisión Regional de Uso del Borde Costero, integrada, entre otros, por el intendente regional, que es su presidente, por los gobernadores de las distintas provincias que tienen jurisdicción territorial sobre el borde costero, por los alcaldes, por los gobernadores marítimos, por los seremis de Economía, de Planificación, de Vivienda y de Transportes, en fin; pero la creación de esa comisión obedeció a necesidades que hoy no están satisfechas.	De manera que estamos frente a un claro ejemplo de organismos que existen y que cumplen una función importantísima, pero si no cumplen con el objetivo para el cual fueron creados, no sirven de nada. Si en este proyecto de ley no se pone el acento en que el trabajo se haga bien, no servirá de nada. Doy como ejemplo en este mismo tema, relacionado con la zonificación costera, que en 1994 la Subsecretaría de Marina requirió a todos los ministerios y servicios que remitieran antecedentes sobre aquellas áreas en las cuales se desarrollaran proyectos específicos y en las que se tenían contemplados proyectos futuros, con el propósito de establecer una zonificación preliminar. En la página web bordecostero.cl se celebra que, por fin, este año habrá zonificaciones en la Octava y en la Undécima regiones. Pero, ¿qué pasa con el resto?	Me parece tremendamente importante insistir en este punto, y hago un llamado a los dirigentes de las distintas comunidades presentas en las tribunas a que presten toda su colaboración al momento de implementar la ley, porque esta normativa les otorga derechos, pero también los obliga a exigir que la ley se cumpla.	Por lo tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto de ley en discusión.	Hoy, es un día de compromiso; el Congreso Nacional está cumpliendo con su labor al aprobar esta iniciativa; los representantes del Ejecutivo también están presentes aquí, y también están contentos con su aprobación. También están presentes tres dirigentes de las comunidades indígenas de la zona de Pargua, don Francisco Vera Nichaquén y dos personas que lo acompañan -estoy muy contenta que estén aquí y aprovecho la oportunidad para saludarlos-, quienes deben asumir el compromiso de hacer cumplir la ley.	Es el punto que quería plantear. Espero que la ley no se quede durmiendo y que al momento de implementarla, a los pueblos indígenas se les otorguen de verdad los derechos que se les están reconociendo y que, de alguna forma, haya un beneficio armónico en nuestro extenso borde costero, en particular, en la Décima Región.	He dicho.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado José Pérez.	El señor PÉREZ.- Señor Presidente, ante todo, quiero saludar en forma muy especial a los dirigentes y a los representantes de los pueblos mapuches y lafquenches presentes en las tribunas. Asimismo, me alegro, al igual que la mayoría de los colegas, por la presentación de este importante proyecto de ley que crea el espacio costero marítimo para los pueblos originarios, que durante largos años han sido marginados, maltratados y postergados. Por eso, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se ha preocupado de ir mejorando sus condiciones de vida, a fin de que tengan una existencia más digna, como corresponde a nuestros pueblos originarios.	En mi condición de jefe de bancada y de representante del Partido Radical Social Demócrata, celebro el hecho de que estemos discutiendo un proyecto de ley de esta naturaleza que regula el uso del borde costero para nuestros pueblos originarios, lo que me parece de plena justicia, puesto que ellos viven de los productos del mar y del cultivo de la tierra. No tienen otra alternativa, pues estamos hablando de familias de muy escasos recursos.	De manera que felicito a la Presidenta de la República y a la ministra de Planificación y Cooperación por el envío de este proyecto, respecto del cual anuncio mi voto favorable y el de todos los colegas de bancada.	He dicho.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.	La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, sólo para reforzar lo expresado por algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra y felicitar a la comunidad indígena que nos acompaña por este logro, a la espera del reconocimiento de su identidad como pueblo originario.	No es necesario ser diputada de región para valorar este avance legislativo que permite rayar la cancha y de esa manera evitar una de las tantas discriminaciones que sufren muchos chilenos y chilenas.	Como diputada de la República y de la Región Metropolitana, en la que represento al distrito Nº 25, que comprende las comunas de Macul, San Joaquín y La Granja, en las que también están representadas las comunidades mapuches, me siento muy comprometida con los derechos y deberes de las personas en la búsqueda de la igualdad de oportunidades para todos.	En ese sentido, las políticas públicas dirigidas a romper la inequidad y desigualdad de condiciones, deben ser reconocidas como herramientas fundamentales para el desarrollo integral que necesitamos como país.	En este tema específico, felicitamos los esfuerzos y logros de la ministra del Ministerio de Planificación y Cooperación -presente en la Sala-, de la Subsecretaría de Pesca y de la Conadi.	Este proyecto es uno de los pasos necesarios que teníamos que dar; luego viene el proceso de implementación y muchos otros. Aún queda mucho por hacer en cuanto a cumplir con las obligaciones de entregar mejores herramientas a los pueblos indígenas y trabajos dignos y decentes a más chilenos y chilenas con la explotación sustentable de estos espacios costeros.	Me entusiasma escuchar a la Alianza por Chile en favor de la no discriminación para soñar que no sólo en este tema podemos avanzar, sino también en otros pendientes, sobre todo en los valóricos, a fin de construir una sociedad más justa, más libertaria y más solidaria.	He dicho.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Moreira Moreira.	El señor MOREIRA.- Señor Presidente, mi contacto con el pueblo indígena, en especial con el mapuche, se dio principalmente en la época en que fui alcalde de la comuna de El Bosque, lugar donde viven miles de personas de pueblos originarios, con los que pude compartir y tratar de colocarme en su lugar, debido a sus reivindicaciones.	Estos temas no son ideológicos. Aquí hay que sumar. No se trata del gobierno que lo haya hecho mejor ni de realizar un cálculo político ante una tribuna para sacar aplausos. Los que quieren quedarse en el pasado y revivirlo, que se queden en ese período. Lo importante es aunar esfuerzos y mirar hacia delante.	¿Qué se ha logrado? No es que hayan cambiado de opinión quienes en algún minuto tuvieron prejuicios con las distintas legislaciones respecto de las reivindicaciones de los pueblos originarios, sino que el peso de los años y de la historia ha despertado en ellos esperanzas y la oportunidad por tratar de conocerlos mejor. No se trata de colocarse uno frente al otro, en disputa, sino de sumar.	Por eso, siempre rechazo a quienes enarbolan discursos de izquierda para ganarse la simpatía de las personas. Lo relevante es sumar. Eso es lo que debe importar al pueblo mapuche; no las diferencias político-ideológicas que puedan existir en una de las Cámaras o quien lo ha hecho mejor. De hecho, hay muchas otras reivindicaciones. En ese contexto, el proyecto es importante y los beneficia.	Hoy, he podido compartir mucho más con los asistentes a las tribunas de La Araucanía Norte, los que quizás no son tan beneficiados con esta iniciativa como los de las comunidades del distrito del diputado René Manuel García, para quien es muy importante lo que estamos legislando.	Este contacto con ellos nos permite conocerlos mejor y no tener prejuicios sobre determinados proyectos que se tendrán que discutir y votar. Nadie nos puede decir lo que debemos hacer. Vamos a actuar en conciencia, pero siempre en beneficio del difícil pasado de los distintos pueblos originarios, en una clara actitud de reconocimiento a su historia.	Por eso, ellos pueden ver a una Derecha -no le tengo miedo a esa palabra-, a una Oposición dispuesta a conversar, a entenderlos y a abrir diálogo, lo que está haciendo. De esa manera, han escuchado a los distintos diputados de la UDI, en especial al colega Norambuena, dando a conocer su disposición a votar favorablemente este proyecto y los que vengan, que tendrán que ser discutidos en esta Cámara política.	Agradezco la oportunidad de compartir con los asistentes a las tribunas, de expresarles mi opinión, la seguridad de que no habrán más prejuicios y de que pueden empezar a contar con nosotros.	He dicho.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.	El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, en este hemiciclo represento al distrito Nº 48 de la Región de La Araucanía, que carece de borde costero, pero que concentra parte importante del pueblo mapuche.	Por eso, quiero señalar que el proyecto en discusión significa un gran avance en uno de los ejes de las políticas de los gobiernos de la Concertación, pues, paso a paso, se ha ido construyendo un nuevo trato con los pueblos indígenas, que se enmarca dentro de una medida de reparación que contempla reconocer un derecho consuetudinario de los pueblos lafquenches, con los que compartimos fronteras naturales en las provincias de Malleco y de Arauco.	Apoyo con entusiasmo su aprobación -pido a los colegas hacer lo mismo-, porque constituye una señal muy potente para los pueblos originarios, en particular para el lafquenche.	Todo esto transcurre en el contexto de que pronto podamos hacer realidad el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y la ratificación del Convenio Nº 169, ambas demandas largamente esperadas por esas comunidades.	En el marco de mi relación con las comunidades y asociaciones del distrito que represento, he firmado un compromiso para apoyar con mi voto la presentación de esos proyectos. De manera que ésta es una muy buena oportunidad para empezar a cumplir ese compromiso. Posteriormente, debemos hacer esfuerzos para que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la ratificación del convenio Nº 169 de la OIT sean una realidad lo más pronto posible, porque es una demanda largamente esperada por nuestros pueblos originarios.	Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable.	He dicho.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Valcarce.	La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente, como representante de Arica y Parinacota, debo señalar que este proyecto, quizás, no toca tan de cerca los intereses de esta nueva región, pero no puedo dejar de mencionar que en ella se desarrolló la cultura chinchorro, a la que pertenecen las momias más antiguas del mundo. Esa cultura se estableció en las costas del norte chileno hace más de diez mil años, pero, por distintas circunstancias, se extinguió. Quienes pertenecen a lo que hoy conocemos como pueblos originarios, siguen subsistiendo en la Décimo Quinta Región, pero no tienen mucha relación con el borde costero, aunque sí un reconocimiento muy importante. De hecho, participan de las celebraciones del aniversario de la comuna de General Lagos, donde realmente comienza Chile, y está ubicado el hito fronterizo tripartito en el que se unen Perú, Chile y Bolivia. Esta comuna se ha concretado desde 1978, gracias a los caminos que en esa época se construyeron hacia la provincia de Parinacota.	En la Décimo Quinta Región tenemos sólo una caleta de pescadores, Camarones, que no tiene muchos vestigios ni arraigo de los pueblos originarios, pero en la que existen descendientes de la cultura chinchorro, que se desarrolló en caleta Vítor.	Considero que el proyecto aporta mucho, sobre todo en la zona sur de Chile. Sin perjuicio de ello, distintas organizaciones de Arica y de Parinacota están muy interesadas en que se apruebe. Anuncio que votaré a favor la iniciativa, porque constituye un avance más en beneficio de los pueblos originarios, algunos de los cuales han existido durante más de diez mil años en una tierra que hoy se consagra como nueva región en el país.	He dicho.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado René Alinco.	El señor ALINCO.- Señor Presidente, sin duda, este proyecto modificado por el Senado contará con el apoyo de la mayoría de los diputados presentes. No puede ser de otra manera. Es un deber y una obligación aprobarlo, pues devuelve el espacio costero marítimo a sus legítimos dueños.	Sin embargo, como he planteado en otras oportunidades, la iniciativa tiene sabor a poco. Indudablemente, por algo hay que empezar; pero creo que nuestro Gobierno, de una vez por todas, tiene que hacer las cosas de verdad. Hoy empezamos con la creación del espacio costero marítimo, después debemos seguir con la devolución de las tierras a sus legítimos dueños. Antes que eso, deben dejarse en libertad a los diez u once dirigentes mapuches que están detenidos, acusados de terrorismo. Eso es lo que debemos hacer como Concertación. Éste es un problema político e ideológico. Un diputado que me antecedió en el uso de la palabra dijo que no era un problema ideológico. Creo que sí lo es. La ideología que él representa es la de la opresión, de la humillación y del robo, porque fue en el gobierno dictatorial de Pinochet en el que las etnias y los hermanos mapuches perdieron sus tierras, que por años les pertenecían. Por lo tanto, es un problema político e ideológico.	Hoy estamos empezando con este proyecto, pero no podemos conformarnos sólo con él. Llamo al Ejecutivo a que adopte las medidas pertinentes para que, de una vez por todas, se les devuelvan las tierras, las aguas y la libertad a nuestros hermanos mapuches y a todas las etnias, desde Arica a Punta Arenas.	El proyecto contará con nuestro voto a favor. No obstante, espero que el Gobierno continúe en este afán de devolver la propiedad a quienes legítimamente les pertenece.	He dicho.	El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Recondo.	El señor RECONDO.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo a los dirigentes del pueblo mapuche que nos acompañan en las tribunas, y a todos aquellos que en las regiones, particularmente en el sur, están esperando expectantes que este proyecto se convierta en ley.	Lo que estamos haciendo a través de esta iniciativa modificada por el Senado es reconocer derechos. Hace un tiempo, la Cámara de Diputados se había pronunciado unánimemente en el sentido de la importancia de reconocer, a través de la ley, los derechos de los pueblos originarios. En ese sentido, las modificaciones del Senado reconocen el uso consuetudinario del espacio costero marítimo y dan certeza jurídica respecto de ese derecho. Los pueblos originarios tendrán derechos de uso y goce de ese espacio y nos parece muy importante que pronto los ejerzan.	Existen dos preocupaciones centrales: la posibilidad de hacer un reconocimiento y dar certeza jurídica a esos derechos, lo que se materializa mediante el proyecto en estudio, y la responsabilidad que debe asumir la autoridad, en especial el Ejecutivo, en el sentido de otorgar la suficiente asesoría para la implementación de programas y políticas públicas que permitan a los pueblos originarios hacer en verdad uso de ese derecho. Se requieren programas eficientes y eficaces para el desarrollo de actividades productivas como la acuicultura, los cultivos hidrobiológicos y de algas, la administración y manejo de bancos naturales y el desarrollo del turismo. En fin, son muchas las actividades que se pueden y deben implementar, para lo cual se requiere una segunda etapa, cuya responsabilidad, reitero, recae en el Ejecutivo, por ejemplo, mediante la implementación de programas adecuados para que, a partir de la aprobación del proyecto de ley, se haga uso del derecho que se reconoce a los pueblos originarios.	Por eso, como se ha dicho, no queremos más postergación, sino más inclusión. Pero esa inclusión pasa, también, por la capacidad de implementación de muchos programas que permitan a los pueblos originarios hacer el mejor uso del derecho que se aprueba.	He dicho. 	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.	El señor MEZA.- Señor Presidente, esperamos que tan pronto termine la discusión, se proceda a la votación de esta importante iniciativa, que crea el espacio costero marítimo de los pueblos originarios.	Indudablemente, hoy es un día histórico.	El Gobierno lo está haciendo bien en materia de políticas indígenas, como lo demuestra la tramitación del proyecto en discusión.	Hace algunos cuantos años, cuando era un joven idealista, me dirigí a lugares donde, tal vez, viven muchas de las personas que hoy nos visitan. Recuerdo con nostalgia esos años en que creíamos que el mundo se podía cambiar a través del diálogo. 	En ese entonces, me acerqué hasta un lugar que, con seguridad, es poco conocido para muchos de los parlamentarios presentes, denominado Hueñalihuén, ubicado en la costa de la Región de La Araucanía, más allá de Imperial, Carahue, Trovolhue y Tranapuente. Allí pude advertir las condiciones de pobreza en las que subsistían las entonces denominadas reducciones indígenas, conocí las amenazas y la represión de los no mapuches, viví los años difíciles con el siempre recordado lonco Antonio Huenumán y otros, supe lo triste y difícil que es vivir en un territorio que otrora perteneció a los pueblos originarios, cuyos derechos ancestrales se han puesto en duda y conflicto desde la llegada de los no mapuches.	En esos años difíciles, conocí la soberbia y prepotencia de los que siempre quisieron sacar a esos pueblos originarios de los lugares donde han vivido en forma habitual. Al respecto, cabe recordar que mucho antes de que los no mapuches llegáramos a Chile y creciéramos en esta tierra linda, habitaban en ella los pueblos originarios, con sus costumbres, cosmovisión, cultura, medicina y religiosidad. Por lo tanto, nosotros llegamos a molestar.	Los tiempos han cambiado. Por eso, hoy estamos en la Sala de este templo de la democracia para aprobar un proyecto de ley que devolverá o reintegrará lo que nunca debió ponerse en duda: el espacio costero marítimo para los pueblos originarios. 	Por lo tanto, los pueblos lafquenches de mi Región de La Araucanía, que desde hace mucho tiempo viven de los recursos pesqueros, podrán mejorar sus condiciones de vida. 	El uso consuetudinario que se entrega podrá comprender, entre otros, usos pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales.	En consecuencia, de la mano del Ministerio de Planificación, a cargo de la ministra Clarisa Hardy, aquí presente, se hace justicia en uno de los aspectos más sentidos por los pueblos originarios.	En Chile, se debe vivir en armonía con los pueblos originarios. Oposición y Gobierno deben unirse para entregarles el reconocimiento constitucional. Asimismo, es el momento en que las señoras y los señores parlamentarios presten su aprobación al Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En suma, es el momento del gran abrazo entre las chilenas y los chilenos que vivimos en esta tierra y recibimos los beneficios de la naturaleza.	Finalmente, deseo entregar mi felicitación a los dirigentes mapuches de todo Chile y de todos los pueblos originarios, por su constante lucha en la búsqueda de reconocimiento a sus demandas, de mucha justicia. Deseo singularizar ese reconocimiento en la persona de uno de sus dirigentes más jóvenes, don Moisés Vilches, ciudadano chileno mapuche que, con su juventud, sabiduría y preparación, ha sabido guiar las negociaciones desde Hueñalihuén, lugar que conocí cuando tenía menos edad que él y que me hizo cambiar mi forma de pensar y unirme a las causas que hoy enarbolan los pueblos originarios de Chile.	Es el momento en que toda la sociedad chilena se reencuentre con sus pueblos originarios, que merecen hace mucho tiempo leyes como la que se encuentra en tramitación.	He dicho. 	-Aplausos en las tribunas.	-El Presidente de la Cámara saluda a una delegación de parlamentarios alemanes, integrada por la diputada señora Ute Berg, de la bancada SPD (Partido Socialdemócrata), y los diputados señores Alexander Dobrindt, Henning Otte y Kurt Rossmanith, de la bancada CDU/CSU (Unión Demócrata Cristiana-Unión Social Cristiana) quienes se encuentran acompañados por la señora Monika Witzel, cónsul de Alemania en Chile.	El señor WALKER (Presidente).- Finalmente, tiene la palabra la ministra de Mideplan, señora Clarisa Hardy.	La señora HARDY, doña Clarisa (Ministra de Planificación y Cooperación).- Señor Presidente, deseo expresar la gran satisfacción del Gobierno de Chile por el acuerdo transversal de todas las bancadas para la aprobación de una nueva ley de reconocimiento de los pueblos indígenas y, sobre todo, felicitar la perseverancia de los dirigentes lafquenches y de muchos de quienes están hoy en las tribunas de la Cámara, que acompañaron el proyecto en estudio desde los comienzos de su elaboración. Su presencia en la Sala demuestra que, finalmente, la perseverancia tiene un estupendo resultado.	Pero este triunfo no es sólo del pueblo lafquenche o de los pueblos indígenas, sino un gran triunfo para la sociedad chilena.	También hemos aprendido, gracias a la tramitación de este proyecto, que somos una nación multicultural. Tal vez, una de las lecciones más importantes, que constituyen una herencia que nos deja la perseverancia de los pueblos lafquenche e indígenas, es que los recursos naturales, las tierras y las aguas, no son sólo un medio de vida, sino también un modo de vida. Es una lección sobre cómo relacionarnos mejor como seres humanos y con la naturaleza.	Abrigo la esperanza de que este gran encuentro que se ha producido hoy sea un antecedente para las próximas y grandes batallas que deberemos enfrentar en conjunto, que son, finalmente, la ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT, que consagra el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el anhelado reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, elevando a dicho rango la protección de las tierras y las aguas, como lo ha propuesto el Ejecutivo en su presentación a este honorable Congreso.	Muchas gracias.	El señor WALKER (Presidente).- Se han registrado dos pareos: del diputado José Pérez con el diputado Juan Masferrer, y del diputado Mario Bertolino con el diputado Enrique Accorsi. 	Corresponde votar las modificaciones del Senado.	Los nuevos incisos sexto, del artículo 13, y tercero, del artículo 14, requieren quórum de ley orgánica constitucional, es decir, del voto afirmativo de sesenta y ocho señores diputados en ejercicio.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor WALKER (Presidente).- Aprobadas.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.	El señor WALKER (Presidente).- Despachado el proyecto.	-Aplausos.	-Manifestaciones en las tribunas.MAYOR PROTECCIÓN PARA FISCALES Y DEFENSORES PÚBLICOS. Segundo trámite constitucional.	El señor WALKER (Presidente).- A continuación, corresponde tratar en segundo trámite constitucional el proyecto de ley, iniciado en moción, que dispone mayor protección para los fiscales del Ministerio Público y los defensores de la defensoría penal pública, en el ejercicio de sus funciones.	Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es la señora Marisol Turres.	Antecedentes:	-Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletín Nº 5103-07, sesión 93ª, en 30 de octubre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 20.	El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votar este proyecto después de las intervenciones de la diputada informante, señora Marisol Turres, de los diputados señores Burgos, Eluchans, y de la diputada señora Laura Soto, que están inscritos?	Acordado.	Por acuerdo de los Comités, está autorizado el ingreso a la Sala del fiscal nacional, señor Guillermo Piedrabuena.	Tiene la palabra la diputada informante.	La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en una moción de la senadora señora Soledad Alvear Valenzuela y de los senadores señores Alberto Espina Otero, José Antonio Gómez Urrutia, Hernán Larraín Fernández y Pedro Muñoz Aburto, que dispone mayor protección para los fiscales del Ministerio Público y los defensores de la defensoría penal pública, en el ejercicio de sus funciones.	De conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Reglamento, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Sala, en su sesión 89ª, de 11 de octubre de este año, con la única indicación presentada, que se admitió a tramitación y que consta en la respectiva hoja de tramitación preparada por la Secretaría.	De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 290 del Reglamento, en este informe deberá dejarse mención expresa de lo siguiente:	1. De las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la elaboración del segundo en la Comisión.	No hay disposiciones que se encuentren en esta situación.	2. De las disposiciones que deben darse por aprobadas reglamentariamente con indicación de aquellas que contienen normas que requieren un quórum especial de aprobación.	No hay disposiciones que deban entenderse reglamentariamente aprobadas o que requieran un quórum especial de aprobación. 	3. De las disposiciones que el Senado ha calificado como de rango orgánico constitucional o de quórum calificado y de las que la Comisión otorgó igual carácter.	Ninguna de las disposiciones del proyecto recibió tal calificación, tanto del Senado como de esta Cámara.	4. De las indicaciones suprimidas e indicaciones rechazadas.	Se encuentra en esta situación la única indicación presentada a este proyecto, originada en una proposición del diputado señor Ulloa para agregar, al final del epígrafe del nuevo párrafo 1 bis, los términos “o privados” y para añadir, en los nuevos artículos 268 ter, 268 quáter y 268 quinquies, después de los términos “defensor penal público”, las expresiones “o privado”.	El diputado señor Burgos explicó que la indicación pretendía incluir también en la protección a los defensores privados, materia sobre la que ya se había debatido y, al respecto, se había concluido en que la protección que se establecía cedía en beneficio de la autoridad. La proposición plantearía un tema de fondo que podría ser el objeto de una iniciativa distinta.	Ante una consulta formulada por el diputado señor Eluchans, en cuanto a si la referencia a defensores privados comprendía a aquellos que se desempeñaban sobre la base de haber ganado una licitación, respondió afirmativamente, opinión con la que coincidieron la diputada señora Soto y el diputado señor Burgos, quienes agregaron que también comprendería a los defensores particulares.	El diputado señor Eluchans dijo creer que la situación era distinta, porque se trataría de una persona que habría licitado el cargo y el Estado proporcionaría el servicio; es decir, los defensores de que se trata actúan mediante licitación y cumpliendo un encargo del Estado, por lo que estarían más cercanos a asimilarse a los defensores penales públicos y no al común de los abogados.	El diputado señor Bustos estimó complicado acoger la indicación, porque los abogados que licitan la función de defensores no quedan circunscritos exclusivamente a esa función, sino que pueden ejercer también privadamente. Ante la aseveración del diputado señor Eluchans, quien haciendo parangón con los abogados integrantes señaló que la asimilación tendría lugar sólo en cuanto actuaran como defensores penales y no en el ejercicio libre de la profesión, expresó que la línea divisoria entre una y otra situación era en extremo difusa.	El diputado señor Burgos sostuvo que establecer una protección para los defensores licitados era materia de otro análisis, porque se trataría de una cuestión que requiere otra ubicación en el Código, toda vez que no se trataría de agentes o funcionarios del Estado, como es el caso de los defensores penales públicos y, por lo tanto, no correspondería ubicarlos a continuación del párrafo que trata de los atentados en contra de la autoridad. Ante la discrepancia manifestada por el diputado señor Eluchans, en el sentido de que estos defensores, por el hecho de ejercer una función pública, serían también, mientras se encontraren en tal ejercicio, agentes del Estado, estimó necesaria la indicación, porque si eran agentes del Estado estarían comprendidos en la norma, opinión con la que también coincidió el diputado señor Bustos, quien sostuvo que la palabra “privados” complicaba la inteligencia de la disposición por los alcances que tendría, ya que los defensores licitados, como agentes del Estado, serían también funcionarios públicos.	La diputada señora Soto sostuvo que la inclusión de la palabra “privados”, en cuanto significara proteger a los abogados particulares que intervienen en la defensa por acuerdo personal con los imputados, podría dar lugar a una suerte de discriminación respecto de los demás abogados que ejercen la profesión, sin ser fiscales del Ministerio Público o defensores penales públicos.	Finalmente, la Comisión entendió que la referencia que hace el proyecto a los defensores penales públicos, comprende tanto a los abogados que se desempeñan como defensores en la Defensoría Penal Pública como a los que ejercen tal función contratados por licitación.	Cerrado el debate, se rechazó la indicación por mayoría de votos.	5. De las disposiciones modificadas.	No hubo.	6. De las disposiciones nuevas introducidas.	No hubo.	7. De las disposiciones que son de la competencia de la comisión de Hacienda.	El artículo único del proyecto no es de la competencia de la Comisión de Hacienda.	8. De las modificaciones introducidas al texto aprobado por el Senado.	No se introdujeron nuevas modificaciones fuera de las del primer informe.	Por las razones señaladas, la Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:	“Proyecto de ley:	“Artículo único.- Intercálase en el Título VI del Libro Segundo del Código Penal, a continuación del artículo 268 bis, el siguiente párrafo 1 bis:	“1 bis.- Atentados y amenazas contra fiscales del Ministerio Público y defensores penales públicos.	Artículo 268 ter.- El que mate a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor penal público en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.	Artículo 268 quáter.- El que hiera, golpee o maltrate de obra a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor penal público en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado:	1º Con la pena de presidio mayor en su grado medio, si de resultas de las lesiones queda el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.	2º Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si las lesiones producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.	3º Con presidio menor en sus grados medio a máximo, si le causa lesiones menos graves.	4º Con reclusión menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, o sólo esta última, si le ocasiona lesiones leves o no se produce daño alguno.	Artículo 268 quinquies.- El que amenazare a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor penal público en los términos de los artículos 296 y 297 de este Código, en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con el máximo de la pena o el grado máximo de las penas previstas en dichos artículos, según correspondiere.”.	Es todo cuanto puedo informar.	He dicho.	El señor WALKER (Presidente).- En discusión.	Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.	El señor BURGOS.- Señor Presidente, el informe fue preciso y claro, en cuanto la importancia de aprobar este segundo informe del proyecto en debate, por cuanto la indicación que motivó esta segunda instancia, más allá de lo loable que resultaba, fue desechada. 	Corresponde despachar el proyecto prácticamente al trámite de promulgación, porque no creo que en el Senado haya problemas para aprobarlo, toda vez que ubicamos mejor el tipo penal -el ofendido es una autoridad pública y tiene que estar ubicado en ese título del Código Penal- y mejoramos la norma residual, establecida en el último artículo del proyecto en cuestión.	Por todas esas razones, es importante dar la unanimidad al proyecto.	Con todo, permítaseme una digresión. Con ocasión de la discusión del segundo informe de este proyecto, se encuentra en la Sala el fiscal nacional del Ministerio Público, don Guillermo Piedrabuena. Probablemente, esta será la última vez que lo tengamos en este hemiciclo en su condición de fiscal, porque prontamente, de acuerdo con los plazos legales y constitucionales, deberá entregar su cargo y ser sucedido por la persona que ha nombrado la Presidenta de la República, con acuerdo del Senado. 	En tal virtud, en nombre de la bancada democratacristiana, de la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, que tengo el honor de presidir, y en el mío propio, permítaseme agradecer a don Guillermo Piedrabuena el trabajo realizado durante estos años a cargo de la fiscalía del Ministerio Público. 	Don Guillermo fue el primer fiscal que tuvo la reforma procesal penal y agradecemos su empeño por concretar un mejor sistema penal para los chilenos, al echar a andar la reforma en todas regiones del país.	Muchas gracias por su participación en tal alto cargo que la República le encomendó.	He dicho.	-Aplausos.	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.	El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, me sumo a las palabras del diputado señor Jorge Burgos y felicito a don Guillermo Piedrabuena por su desempeño como fiscal nacional. Como en todo orden de cosas, en especial cuando se crean instituciones como la reforma procesal penal, el primer período siempre es muy difícil; sin embargo, él logró sortear la tarea con bastante éxito. Por eso, le reitero mis sinceras felicitaciones.	Señor Presidente, hace más de un mes votamos este proyecto que castiga más severamente los atentados y amenazas que se cometan en contra los fiscales del Ministerio Público y los defensores penales públicos. Hubo de volver a Comisión de Constitución, con motivo de una indicación del diputado señor Ulloa, para ampliar la protección a los defensores privados. En la Comisión se concluyó que no se quería extender a los defensores privados, entendiendo por tales a todos los abogados que se desempeñan en el ejercicio de la profesión defendiendo alguna causa. Pero, la indicación pretendía que la protección alcanzara a quienes se desempeñan como defensores en el procedimiento licitado, porque en la medida en que se licita la función, se entiende que pasan a desempeñar un papel como autoridad del Estado. 	Entonces, seré breve, porque se ha dicho prácticamente todo, mi intervención tiene por objeto dejar establecido en la historia fidedigna de la ley lo que se dijo expresamente en la Comisión, o sea, que se entiende que la referencia que el proyecto hace a los defensores penales públicos comprende también a los abogados que se desempeñan como defensores en la Defensoría Penal Pública y a quienes ejercen tal función como consecuencia de una licitación. 	He dicho.	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señor Laura Soto.	La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, concuerdo en que ya se ha dicho todo.	Sin embargo, deseo agregar que hemos tenido una preocupación transversal respecto de una situación que puede afectar y que ha afectado de hecho a los fiscales. Estamos aplicando una reforma procesal penal de gran éxito, pero también sabemos que el trabajo de los fiscales es muy complejo y delicado, por lo que requiere necesariamente ser más protegido. 	Por supuesto, tuvimos algunas dudas en la discusión de las normas correspondientes, ya que hablamos de proteger a los fiscales en cuanto autoridad. Nos preocupó en su oportunidad el hecho de que se hiciera extensiva a los parientes, de acuerdo con el Código Penal, algunos de los cuales, de acuerdo con el Código Civil, incluso han dejado de serlo, como sucede en los casos de divorcio; pero que hoy, lamentablemente, está vigente, de acuerdo con lo que señala el artículo 31 del Código Civil.	Sin embargo, lo principal ha predominado, y nos parece que debemos aprobar el proyecto tal como lo señala el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.	Aprovecho la ocasión para decir que el fiscal nacional se va con la misión cumplida, lo que es muy importante para él como persona, y por eso adhiero a las felicitaciones que han expresado quienes me antecedieron en el uso de la palabra.	He dicho.	El señor WALKER (Presidente).- Como se ha dicho, la unanimidad de los Comités decidió autorizar en forma excepcional el ingreso del fiscal nacional, don Guillermo Piedrabuena, en reconocimiento a su gestión y a su trayectoria, por ser el primer fiscal nacional de la reforma procesal penal y porque el próximo 30 de noviembre cumple los ocho años en su cargo, motivo por el cual cesará en sus funciones.	Tiene la palabra el fiscal nacional.	El señor PIEDRABUENA (Fiscal Nacional).- Señor Presidente, agradezco a la Cámara el haberme permitido participar en el debate para apoyar este importante proyecto.	En razón de las crecientes amenazas a los fiscales dentro y fuera de las audiencias, este fiscal nacional ofició a todos los poderes públicos a fines de 2006, en especial a la Comisión de Legislación de ambas Cámaras, para que se promoviera una legislación que aumentara las penas a quienes amenazaran o agredieran a los fiscales, siguiendo las pautas de leyes anteriores, como la Nº 20.064, que se refiere a los que agraden a los funcionarios policiales, y la Nº 20.214, que aumentó las penas a quienes agredieran a los gendarmes.	Dentro de las medidas de protección de seguridad de los fiscales, tuvimos el honor de asistir a una sesión de la Cámara celebrada en marzo del 2007, en la que se trató el tema de la seguridad de los fiscales y al final se adoptó un acuerdo por unanimidad, que se transmitió a la Presidenta de la República, al ministro de Justicia, a Gendarmería y al Presidente de la Corte Suprema, en que se pedían medidas concretas respecto de esa protección.	La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado acogió una de las tantas iniciativas que mejoraba la situación de los fiscales, elaborada por la Fiscalía Nacional, y la hizo suya en un proyecto que fue aprobado en el primer trámite por unanimidad, y lo propio hizo la Sala del Senado, la que incluyó también como objeto de protección a los defensores públicos que, en casos excepcionales, han sido agredidos dentro y fuera de las audiencias.	Entre sus fundamentos se encuentra el que los fiscales son autoridad cuando ejercen sus cargos, al igual que los defensores públicos, por lo que merecen de una mayor protección jurídica, con lo cual se procuraría enviar una clara señal a quienes se atreviesen a entorpecer su accionar dentro de la nueva justicia, que es pública y abierta a todos los ciudadanos.	Los jueces ya tienen la tradicional protección del Código Penal respecto de los delitos de amenazas y desacato.	La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y la Sala han coincidido con el Senado en todas las disposiciones, con la salvedad de ubicar las mismas modificaciones legales en un párrafo bis, ubicado a continuación del artículo 268 bis, a diferencia del Senado que emplazó las mismas disposiciones luego del artículo 269 ter.	Coincidimos ampliamente con la decisión de la Cámara, puesto que es más apropiado considerar los atentados en contra de los fiscales como una variante de los atentados contra la autoridad y porque el artículo 269 ter se refiere a una materia distinta, al delito de obstrucción de la justicia, que pueden cometer los propios fiscales; de modo que se debía evitar toda confusión al respecto.	Coincidimos además con el criterio del Senado y de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de que la protección especial de esta ley se limita exclusivamente a los funcionarios públicos o agentes del Estado que intervengan en el nuevo proceso, tales como los fiscales y los defensores públicos, y que esta protección especial no se extiende a los abogados privados, a los abogados particulares de los imputados o de los querellantes, porque estos últimos ya tienen la protección penal general del Código Penal y no ejercen la función pública de los fiscales ni de los defensores públicos.	Quiero aprovechar esta ocasión para despedirme oficialmente de la honorable Cámara de Diputados en pleno -ya lo hice de su Presidente hace algunos días-, pues han sido extremadamente deferentes con los representantes del Ministerio Público cuando asisten a sus comisiones, donde han escuchado con respeto sus opiniones.	Adicionalmente, esta Cámara política tuvo la iniciativa de convocar a una sesión especial para tratar el problema de la seguridad de los fiscales, adoptar un acuerdo trascendental que ha influido en la mejoría de su situación y en su protección por parte de Gendarmería.	El entonces Presidente de la Cámara, diputado don Antonio Leal, acompañado por el Vicepresidente, diputado don Jorge Burgos, visitaron el Centro de Justicia de Santiago y se impusieron en detalle de las deficiencias que existían en materia de seguridad, antes de dicha sesión especial de la Cámara. Aún más, el actual Presidente de la Comisión de Legislación ha estado continuamente pendiente de la evolución de este delicado problema.	En fin, doy las gracias a la Cámara, a sus Presidentes y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por su especial interés en los temas del Ministerio Público y por la seguridad de sus fiscales.	Al terminar mi período de ocho años, que no ha estado exento de muchas dificultades en la implementación de la reforma procesal penal, quiero expresar mi satisfacción por haber tenido la oportunidad de liderar este proceso de reforma judicial, que es comparativamente el mejor de Chile y de Latinoamérica.	Espero que el nuevo fiscal nacional, persona joven y talentosa a la cual aprecio, continúe con este proceso, haciendo frente a los numerosos desafíos futuros del nuevo sistema acusatorio, incluyendo especialmente la mejor protección de las víctimas del delito y la contribución del Ministerio Público a los organismos públicos y privados en materias relacionadas con la seguridad pública, sin perjuicio de mantener muy en alto el principio de la autonomía consagrado por la Constitución y las leyes.	Nuevamente, señor Presidente y honorable Cámara, muchas gracias.	-Aplausos.	El señor WALKER (Presidente).- Reitero los agradecimientos y el reconocimiento de la Corporación al fiscal nacional don Guillermo Piedrabuena.	Cerrado el debate.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. 	El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Aedo Ormeño René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.El señor WALKER (Presidente).- Despachado el proyecto.VI. HOMENAJEHOMENAJE EN MEMORIA DE DON JOSÉ LUIS DEL RÍO RONDANELLI.	El señor WALKER (Presidente).- A continuación, por acuerdo de los Comités Parlamentarios, la Cámara de Diputados rendirá homenaje al señor José Luis Del Río Rondanelli.	Se encuentran presentes en las tribunas su viuda, la señora María Eugenia Hoppe; sus hijos, familiares y amigos, entre quienes destacan empresarios, actores y el ex intendente de la Cuarta Región, señor Felipe Del Río.	El señor HALES.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto de Reglamento.	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría.	El señor HALES.- Señor Presidente, en nombre de los diputados que integran la Comisión Investigadora del Plan Transan-tiago, ruego que haga llegar nuestras excusas a los familiares de don José Luis Del Río Rondanelli por no poder estar presentes durante su homenaje, porque la Comisión deberá sesionar simultáneamente con la Sala.	El señor WALKER (Presidente).- Así se hará, señor diputado.	Tiene la palabra el honorable diputado Eduardo Díaz Del Río.	El señor DÍAZ, don Eduardo (de pie).- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a la bancada del Partido Demócrata Cristiano la oportunidad que me brinda de rendir homenaje a don José Luis Del Río Rondanelli, mi querido abuelo y camarada; “Pepe”, como cariñosamente lo llamábamos todos quienes lo conocimos.	Asimismo, agradezco la presencia de la familia y de representantes de trabajadores de su empresa, quienes entiendo también se encuentran presentes en las tribunas, y al vicepresidente del partido Demócrata Cristiano, diputado Jorge Burgos, por haberme cedido generosamente el uso de la palabra, quien luego de una conversación que sostuvimos en la Sala con el diputado señor Gabriel Ascencio, decidió solicitar este homenaje a las bancadas.	De alguna manera puedo ser el menos indicado para hablar de don José Luis Del Río Rondanelli, porque, como su nieto, mi testimonio puede ser demasiado cercano. Pensé mucho si hacerlo o no, pero luego de conversarlo con mi familia decidí al final hacer uso de la palabra, porque lo quise y admiré mucho, de manera que no quería perderme esta oportunidad de hablarle mirándole al cielo. Pido excusas si a alguien eso le causa agravio, pero me siento orgulloso de ser su nieto y de poder homenajearlo, en mi calidad de diputado falangista.	Mi abuelo fue, ante todo, de aquellas personas que trató de hacer suya la parábola de los talentos. En una carta póstuma dejada a su familia les transmitió con fuerza muchos de los valores que, a mi juicio, lo identificaban. Les dijo, entre otras cosas: “Vivan con austeridad, tengan siempre en cuenta que sólo somos administradores de lo que Dios nos da gratuitamente y que debemos rendir cuenta de ello cuando nos toque concurrir ante su presencia.”.	Siempre fue una persona sencilla y austera, a pesar del éxito con que Dios bondadosamente lo premió en todas sus actividades. Fue un ingeniero brillante, un marido amoroso, un padre que dejó una vara muy alta y un ejemplo muy grande para sus hijos, un abuelo cariñoso y un hombre coherente, que trató de vivir con intensidad los valores que predicó durante toda su vida, tanto en lo público como en lo privado.	José Luis Del Río perteneció a la llamada Generación de 1910, que fundó la Falange Nacional e influyó profundamente en la historia del país del siglo XX.	Siendo de los más jóvenes, se integró al movimiento inspirado por Mario Góngora, Manuel Garretón, Eduardo Frei Montalva, Radomiro Tomic, Ignacio Palma y muchos otros compatriotas conocidos por sus palabras y sus obras.	Compartió, desde 1935 hasta su muerte, la gran tarea de su generación. Cumplió todos los deberes asignados, con una acción provista de dos atributos: discreción y trabajo en equipo, dejando fuera la pompa y el individualismo.	Fue también un gran emprendedor. Como empresario socialcristiano no sólo se preocupó por el crecimiento de su empresa, sino que, principalmente, de crear empleo de calidad.	Siempre sintió un profundo deber con sus trabajadores, quienes lo reconocían como el primer trabajador de sus empresas. De hecho, cuando el llamado público durante la crisis de los 80 era reducir personal, él, para evitar despidos en Derco, compró una empresa en quiebra, Sodimac, en la que instaló a sus trabajadores, a quienes consideraba como su familia, y en conjunto la sacaron adelante. Eso fue algo que, en mi opinión, sólo un hombre con fe y coraje se atreve a hacer en momentos difíciles.	Era un hombre de provincia. Nació en La Serena en un día como hoy, 20 de noviembre de 1914, en el seno de una familia muy numerosa; fue el octavo entre dieciocho hermanos. Las mejores herencias que recibió de sus padres fueron la educación y los valores cristianos que lo acompañaron durante toda su vida.	Recién conoció Santiago cuando viajó a la capital a rendir el bachillerato, luego de lo cual quedó en la carrera de ingeniería civil en la Universidad Católica, tiempo durante el cual vivió en el pensionado que mantenía el Arzobispado en calle Rosas.	Como alumno destacado de esa universidad ganó en 1944 la beca Roosvelt Fellow Ship para realizar estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico de California. Al concluirlos, a pesar de contar con ofertas de trabajo interesantes en Estados Unidos, decidió volver a su patria por motivos superiores: “Mis inquietudes sociales y políticas me hicieron regresar”, dijo.	Al volver a Chile, trabajó en Ovalle como ingeniero de la Caja de Colonización Agrícola. Luego fundó, junto a sus compañeros de universidad y amigos de toda su vida, Eduardo y Raúl Devés, la constructora Devés Del Río, su primera firma de ingenieros.	Las obras que realizaron fueron numerosas y hoy son un patrimonio de nuestro país, como la ampliación del Estadio Nacional para el Campeonato Mundial de Fútbol de 1962, los túneles de Lo Prado y Chacabuco, la canalización del Biobío, el desagüe del río San Pedro y la construcción del camino internacional a Mendoza, entre otras.	En el ámbito gremial, no está de más recordar que fue uno de los fundadores de la Cámara Chilena de la Construcción.	Luego de la ingeniería se dedicó a emprender, pero siempre entendió, en su calidad de socialcristiano, la función social de la propiedad. En eso tuvo un tremendo testimonio.	A fines de los 70 incursionó en el mercado automotor al fundar Derco. Siempre se le recuerda, con cariño, que llegaba a su trabajo en Almirante Latorre 47 en uno de los pequeños Suzuki que importaba.	Lo más relevante para él siempre fue cuánto empleo generaba un proyecto, incluso anteponiendo ese elemento de juicio a otros, como la rentabilidad de un negocio determinado.	Permanentemente estuvo preocupado del clima laboral en sus empresas y de las condiciones en que se desenvolvían las personas que trabajaban con él.	Siempre fue muy cercano con sus trabajadores, a quienes apoyaba incluso anímicamente. Incluso, cuando tenían un problema los invitaba a su casa a comer para ayudarlos.	Sobre eso recuerdo una anécdota personal de poco antes de que falleciera, que me marcó y creo que para él debe haber sido el mayor premio recibido por sus años de esfuerzo. Fue en una de las típicas fiestas de Navidad que celebrábamos con los trabajadores en Derco año tras año. 	Había un espectáculo con un humorista. Mi abuelo, ya viejito, acompañado de su fiel escudero Luis Yáñez observaba desde atrás en su silla de rueda. Nadie se había percatado de su presencia. Siempre fue de muy bajo perfil. El humorista empezó a contar chistes subidos de tono. A mi abuelo eso no le gustaba, así que silenciosamente se empezó a retirar. Un trabajador se dio cuenta y empezó a aplaudir, luego otro, después varios más, finalmente una ovación enorme. Pepe agradeció con un gesto de sus manos, muy emocionado, y se retiró. Esos trabajadores y sus familias eran su vida y sus desvelos. 	Años antes, como señalé, lo habían nombrado el primer trabajador de la empresa. Esta historia refleja el último destello de su relación con ellos. 	La familia siempre fue un pilar fundamental en su vida. Casado con Carmen Goudie, Piruca para los amigos y Pilu para los nietos, tuvo una extensa descendencia de siete hijos, José Luis, Bárbara, Juan Pablo, Felipe, Ignacio, Sebastián, Carolina, y muchísimos nietos, que no tendría tiempo para nombrarlos. 	Luego de una prolongada viudez, contrajo matrimonio con María Eugenia Hoppe. 	En 1976 se asoció a su hijo José Luis. Tomó la representación de Chrysler en Chile y creó Derco, empresa que en 1976 se transformó en la distribuidora oficial de Suzuki, acercando el mercado automotor masivamente a las personas, ya que hasta esa época contar con el auto propio era algo privativo de un segmento muy pequeño de la población. 	Desde entonces la historia es multiplicadora de talentos. Las empresas que creó dan empleo a más de 6 mil jefes de hogar. En razón de esto, en 1993 recibió el premio Icare al mejor empresario del año. No obstante, destacaba porque era muy aterrizado, sencillo y, sobre todo, muy sobrio. 	Pepe era un hombre de acciones concretas. Miraba al país con ojos de ingeniero, el que diseña caminos, puentes, túneles y muelles. Él vio a su tierra, La Serena, cambiar con el nuevo plan Serena. 	Al final de sus días, describía con entusiasmo el progreso alcanzado en la ahora Cuarta Región. Mostraba las carreteras modernas y agradecía porque tal vez nunca pensó que el progreso llegaría hasta el mismo lugar de sus sueños y juegos de infancia. Doblemente feliz y orgulloso se encontraba de ver esto, mientras su hijo Felipe era intendente de la región.	José Luis del Río, desde otro punto de vista, fue también un empresario atípico. Junto a su amigo y también empresario Edmundo Pérez Zujovic, fueron opositores al gobierno de la Unidad Popular. 	Luego, mi abuelo tomó distancia y no cerró filas con el gobierno militar. Es más, abiertamente lo criticó cuando hacerlo era sumamente difícil. Pero el valor y el coraje no se le acababan en los negocios, pues también los expresaba en otra de sus grandes pasiones: la política. 	Mi abuelo, como señalé, fue un activo militante de la juventud del desaparecido Partido Conservador. Junto a su gran amigo, Eduardo Frei Montalva, fue uno de los creadores y artífices de la Falange Nacional, cuyos principios, por él, he enarbolado con orgullo. 	Vuelvo a señalarte, querido Pepe, desde este hemiciclo, que para mí es un orgullo poder rendirte hoy este homenaje como diputado democratacristiano, tratando de ser un fiel heredero de tu legado, de tus principios y de tu vara alta. 	El camarada José Luis del Río Rondanelli tenía la coherencia de nuestros fundadores. Esa generación tenía valores muy olvidados en la política de nuestros tiempos y a los que necesitamos recurrir con urgencia. Se trataba de hombres que no sólo tenían una visión del mundo, una declaración de principios y un discurso, sino que la vivían consecuentemente a través de cada uno de sus actos. 	Dentro de sus obras encontramos aquel largo anhelo que se inicia en 1944 y que llega hasta el final del siglo. Se trata de la Editorial del Pacífico, un proyecto cultural falangista exitoso y cuya impronta está reflejada en la situación política y social de Chile en la segunda mitad del siglo XX. 	La tarea de mantener la editorial en la cumbre de su prestigio y con máxima irradiación fue una acción colectiva de un puñado de visionarios que año tras año asumían diferentes funciones en su desarrollo y dirección. 	José Luis del Río fue uno de ellos. “Lo conocí en los años mitológicos del nacimiento de la Falange, cuando éramos pocos, pero queríamos conquistar el mundo”, señaló en una entrevista el ex senador don Gabriel Valdés.	A fines de los años cuarenta le correspondió comprometerse a fondo con la candidatura senatorial de Eduardo Frei Montalva por la agrupación provincial de Coquimbo y Atacama. A José Luis del Río se le cumplió un deseo ferviente: contribuir a elegir en su tierra y la de sus padres a su amigo entrañable.	Hay una semblanza de Eduardo Frei de aquella época, realizada por Alejandro Magnet, donde aparece la aventura de este grupo de jóvenes todavía, en el gran escenario de los valles transversales del Choapa, Limarí, Elqui, Huasco y Copiapó. 	Pepe no se limitó a la defensa de las ideas sólo en nuestras fronteras. Se preocupó, junto a otros, de vincular a la Democracia Cristiana chilena con sus jóvenes pares de América Latina. También colaboró en articular esta fuerza emergente latinoamericana con los exitosos partidos democratacristianos europeos, que ya consolidaban la construcción de una Europa unida. Todo esto bajo la coordinación de su gran amigo Tomás Reyes Vicuña. 	A fines de 1964 se podría suponer que había concluido su misión o que acompañaría al nuevo Presidente desde la administración o apoyándolo desde el Congreso. En esa circunstancia, José Luis del Río optó por colaborar desde el lugar menos solicitado: la dirección del partido. Así fue como asumió la vicepresidencia, encargada de dirigir la campaña parlamentaria de 1965. 	Desde allí aportó enormemente a la modernización de la estructura interna del partido y logró la construcción de la histórica sede de Alameda Nº 1460. “El abrió la suscripción de acciones entre militantes y gente cercana y buscó el financiamiento”, dijo en una entrevista el ex senador Andrés Zaldívar. 	Sin embargo, lo que más le gustaba era ser un militante de base en su comunal. Asistió durante toda su vida a asambleas partidarias, organizaciones vecinales y siempre apoyó detrás de la primera línea, incluso cuando ello fue prohibido. 	Ayudó en la campaña de su amigo Eduardo Frei Montalva y declinó varios ofrecimientos para ser candidato a senador. En esos años, el propio Presidente Frei le exigía que fuera candidato a senador por La Serena, su ciudad natal. El ex senador Valdés señalaba que habría ganado en cualquier parte.	El mismo ofrecimiento se le hizo treinta años más tarde, en las elecciones parlamentarias de 1989. Para él era preferible ayudar silenciosamente cuando se lo requería. Según dice don Gabriel Valdés, don José Luis era también indispensable en las campañas electorales por su capacidad organizativa y apoyo. 	Prueba de ello es otra anécdota. El 5 de octubre de 1988, el centro de cómputos del comando del NO recibió un aporte sorpresivo. Los temores de un corte de luz imprevisto hacía necesaria la existencia de equipos de emergencia. Es así como de manera inteligente y siempre silenciosa llegaron varios generadores eléctricos a la sede del comando opositor que ese día ganó el plebiscito. 	Fue un amigo fiel, cercano, siempre estuvo junto a sus amigos en los grandes proyectos, como lo hiciera con Eduardo Frei Montalva y Edmundo Pérez Zujovic al fundar la Falange. También estaba al lado de sus amigos en los momentos difíciles. 	Como señalé anteriormente, fue abiertamente opositor al gobierno de la Unidad Popular y luego al régimen de Pinochet. Se convirtió, según el ex senador Valdés, en uno de los principales sostenedores de la Falange experta -desde recursos hasta alojamiento-, y desarrolla actividades altamente peligrosas en aquella época. 	Además, contribuyó significativamente a los proyectos de Radio Cooperativa y Radio Balmaceda, que fueron esfuerzos comunicacionales de la Democracia Cristiana. 	Nunca olvidó a sus amigos en los momentos duros. Creo que revela su talante el recordar algunos de estos casos, como cuando exiliaron a su amigo Andrés Zaldívar y él se trasladó de inmediato al extranjero a acompañarlo. 	Cuando los organismos de seguridad detuvieron a los sacerdotes Patricio Cariola y Fernando Salas, él, junto a mi abuela, estuvieron junto a ellos en la cárcel, con el riesgo que ello significaba.	Fue siempre fue muy cercano a los sacerdotes de la congregación de la Santa Cruz, del Colegio Saint George, también muy perseguidos en aquella época. El Saint George fue intervenido durante el régimen militar, entre otras razones, por su conocido proyecto de integración, que se relata muy bien en la película “Machuca”. 	La idea del entonces rector Gerardo Whelan fue apoyada en los momentos duros por mi abuelo y mi abuela Pilu. Esta amistad no declinó mientras el colegio estuvo intervenido. Es más, los curas de la congregación son parte de nuestra familia y no sólo los padres de la generación del Padre Whelan, Provenzano, Canepa o Joe, sino también la de Tim Scully, Jim MacDonald, Pepe Ahumada, Erwin, entre tantos otros. Con ellos compartimos ininterrumpidamente la navidad desde esa época dura, y son parte de nuestra familia.	“Pepe” fue un hombre agradecido de la vida y de Dios. Trató de vivir la doctrina social de la Iglesia con intensidad, sin jamás olvidar que su persona era simplemente un instrumento de Dios, que todos sus talentos eran prestados por él para administrarlos y luego debía rendir cuentas en su presencia. 	Monseñor Bernardino Piñera dijo de él: “Detrás de un buen ingeniero, tiene que haber un hombre bueno; detrás de un buen profesional, tiene que haber un hombre de bien; detrás de un hombre exitoso en el mundo de la empresa, tiene que haber un hombre de familia, un hombre de hogar, un hombre capaz de querer a sus padres, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos y a su patria”.	Así fue, como diría el gran león de Dios, el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas: “No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos”.	Los grandes hombres, como José Luis del Río, nunca mueren, sino que perviven en el tiempo, en sus obras y en los corazones de quienes aún los quieren. Estoy cierto de que, en el cielo, rindió cuenta con cariño de los talentos que le entregaron en administración y que devolvió incrementados.	He dicho.	-Aplausos.	El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil.	El señor CARDEMIL (de pie).- Señor Presidente, distinguida familia de don José Luis, estimado colega Eduardo Díaz Del Río:	En representación de las bancadas de diputados de la Alianza por Chile, me ha correspondido el alto honor de realizar este homenaje a don José Luis Del Río Rondanelli, y en representación muy especial del diputado Mario Bertolino, jefe de bancada de Renovación Nacional y diputado por La Serena, quien me dio a conocer su pesar por no poder estar presente en esta sesión, debido a que integra una representación oficial de la Cámara en el extranjero, e intervenir para dar cuenta a esta Sala del gran orgullo que representa para todos los serenenses la figura de don José Luis Del Río.	Hace 93 años, un 20 de noviembre, nacía en la ciudad de La Serena don José Luis Del Río Rondanelli, en el seno de una destacada y numerosa familia provinciana, de esas que tanto han aportado a Chile en valores de respeto, integración, solidaridad y amor al trabajo bien hecho, en la que, como un crisol, se forjó su temple y carácter, como asimismo, el sentimiento de profunda humanidad que siempre lo acompañó en su fructífera vida y lo caracterizó en la multiplicidad de actividades que desarrolló.	Recorrer la trayectoria de don José Luis es retrotraerse a un episodio profundo y relevante de la historia de Chile del siglo XX, que no ha dejado indiferente a nadie. Su generación recibió con pasión la mística de la Acción Católica, formada en los valores del viejo Partido Republicano, después Partido Conservador; tomó la vertiente social cristiana, con la influencia del padre Larson, de Monseñor Gómez Ugarte y de San Alberto Hurtado, quienes, con toda seguridad, deben haber inflamado el corazón de un joven y generoso estudiante y sembrado en él la semilla de lo que después sería un árbol frondoso de convicción y compromiso con los asuntos públicos.	Me gusta mucho la historia de Chile. Por tanto, me imagino aquel grupo selecto de jóvenes del año 1938, con los cuales uno puede o no estar de acuerdo, pero en los que ardía una idea de Chile y entre los que se encontraban tomando decisiones importantes muchos destacados chilenos que después marcarían el devenir de nuestro país, incluso presidentes de la República, senadores, altas personalidades del quehacer académico nacional. Como muchos de ellos, también don José Luis estudió en la Universidad Católica, y en 1939 se tituló como ingeniero civil. Su competencia y capacidad lo hacen merecedor de una beca de posgrado en Estados Unidos, hecho que hoy es bastante normal, pero excepcional en esa época, y que sin duda colaboró a su visión amplísima respecto del desarrollo de Chile y del rol que le cupo en ello a los empresarios.	Volcó sus conocimientos y capacidades no en lo menor, en lo pasajero, sino en las grandes y trascendentes obras que el país requería. 	Esta mañana, muchos de nosotros -en la inconciencia del trabajo- nos desplazamos desde Santiago a este hemiciclo en poco más de una hora de viaje, y pocos habremos reparado en el enorme esfuerzo nacional -desde fines de La Colonia, durante el gobierno de don Ambrosio O´Higgins, y después, hasta hace pocos años, pasada la mitad del siglo XX- que se hizo por mejorar la conectividad -que ahora nos parece tan fácil- entre dos enormes polos urbanos, como lo son Santiago y Valparaíso. A la cabeza de esos esfuerzos y de los grandes proyectos de obras públicas de los años 60 estaba don José Luis Del Río. Su obra no sólo fue el túnel Lo Prado, sino el túnel Chacabuco y el camino internacional a Portillo. 	La pasión por acometer desafíos no exentos de riesgo y pesares le acompañó en todas sus actividades y lo transmitió a todas sus empresas. Resulta una constante en él descubrir, analizar la inteligencia y sabiduría al escoger a sus colaboradores, los que le dieron mayor brillo a sus emprendimientos. Muchos de ellos se cuentan hoy entre los más selectos y capacitados profesionales chilenos. Me imagino que trabajar con don José Luis Del Río fue una verdadera escuela de perfeccionamiento profesional y humano.	Hoy, cuando la figura del empresario es tan vilipendiada y, muchas veces, se pretende hacer recaer sobre su figura la responsabilidad o el origen de los problemas que nos aquejan, la figura de José Luis del Río reivindica la abnegación y la creatividad de los hombres que asumen riesgos, organizan empresas, crean miles de puestos de trabajo y se comprometen con el destino de Chile, lo que ha resultado esencial para su desarrollo.	Con toda propiedad, en 1993, Icare lo distingue como el mejor empresario del año, y el edificio de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, en la cual estudió, lleva su nombre, algo que honraría a cualquier persona.	Su exitosa carrera profesional y empresarial corrió siempre a parejas con su interés y participación en múltiples iniciativas solidarias y de bien público, con ello dio un ejemplo de compromiso con esa actividad que nunca debe ser abandonada por los mejores, si no queremos que los países entren en una espiral de crisis.	Don José Luis no disoció en su vida ninguna de las numerosas cualidades que lo caracterizaban; siempre las llevó consigo y en cualquiera acción que desplegara se presentaba, y se nos representa hoy como un ser humano íntegro, como un profesional, un empresario, un amigo, un comprometido, una persona excepcional.	La Cámara de Diputados tiene la honorable tradición de homenajear a los mejores; a los chilenos destacados en el ámbito de la empresa, de la sociedad, del deporte, de la academia, de la política, y hace bien en mantener esta tradición porque las diferencias, que son ocasionales, pasan, pero los ejemplos de vida de las grandes personalidades como lo fue don José Luis del Río, siempre permanecerán.	He dicho.	-Aplausos en la Sala y en las tribunas.	El señor WALKER (Presidente).- Finalmente, tiene la palabra el honorable diputado y Primer Vicepresidente de la Cámara, Marcelo Díaz.	El señor DÍAZ, don Marcelo (de pie).- Señor Presidente, estimados familiares de don José Luis del Río Rondanelli, querido colega Eduardo Díaz del Río, honorables diputadas y diputados:	Hoy rendimos homenaje, con afecto y admiración, a un gran hombre: don José Luis del Río Rondanelli, por sus innegables cualidades humanas, entre las que podemos mencionar su condición de fundador de la Falange Nacional y de la Cámara Chilena de la Construcción.	Don José Luis del Río fue un hombre de profundas convicciones humanistas y democráticas. Luego de la desoladora tragedia que se abatió sobre Chile en 1973, se opuso tenazmente a la dictadura y visitó a los perseguidos políticos, como fue el caso de los sacerdotes detenidos por Pinochet.	Las crónicas de prensa recuerdan, y como acaba de expresarlo el diputado Eduardo Díaz del Río, efectivamente, concurrió con un elemento vital para apoyar los esfuerzos que se hacían para recuperar la democracia. Me refiero a los generadores eléctricos que hizo llegar al comando del No, por intermedio de sus trabajadores, para garantizar los escrutinios democráticos que el pueblo de Chile estaba realizando, a través de la Concertación, para recuperar la democracia.	En su actividad política, apoyó al partido de toda su vida, el Demócrata Cristiano, colectividad en la cual militó hasta el último día de su vida. Participó en asambleas partidarias y organizaciones vecinales, financió campañas, asistió económicamente a su partido cuando estaba prohibido, rechazó candidaturas senatoriales y organizó la construcción del histórico edificio partidario ubicado en la Alameda Bernardo O’Higgins. 	Don José Luis del Río desarrolló numerosas actividades empresariales y se interesó y participó en múltiples iniciativas solidarias de bien público, destacándose particularmente su convicción como empresario, no sólo nacional, sino que cristiano.	Cuestión aparte fue el gran cariño que sintió don José Luis del Río por la Universidad Católica y por su Escuela de Ingeniería, donde cursó la carrera de ingeniería civil, lo que le permitió realizar, en 1944, un posgrado en el Instituto Tecnológico de California.	La Pontificia Universidad Católica es la casa en la cual se formó como profesional y donde conoció a personas con las cuales tuvo vinculación, ya fuera por lazos de amistad o de trabajo por el resto de su larga y fecunda vida.	Fue un hombre bueno, afectuoso, magnánimo y, al mismo tiempo, emprendedor tenaz y solidario. Pero, por sobre todo, fue una persona sensible ante las necesidades de los demás. Siempre mantuvo en sus proyectos personales la perspectiva más amplia y desafiante en un país que entonces, al igual que hoy, necesitaba de personas comprometidas para seguir progresando y abriendo posibilidades de vida digna para todos.	Durante el Gobierno del Presidente Lagos, cuando desempeñé el cargo de gobernador de la provincia de Elqui, me correspondió compartir responsabilidades públicas con su hijo, don Felipe del Río, que se encuentra en las tribunas, en una época vital y fundamental de recuperación y desarrollo de las comunas de La Serena y de Coquimbo, muy queridas por don José Luis, y, por cierto, de la Región de Coquimbo. Debe haber sentido una profunda satisfacción al ver que uno de sus hijos desarrollaba una brillante labor a cargo del gobierno regional de Coquimbo.	En su familia, en sus personas, así como también en Coquimbo y en La Serena se encuentra el legado real, material y espiritual de don José Luis del Río Rondanelli, a quien en nombre de la bancada de diputados del Partido Socialista, recuerdo y rindo un sentido homenaje.	He dicho.	-Aplausos.	El señor WALKER (Presidente).- De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido un justo y merecido homenaje al empresario José Luis del Río Rondanelli.	Agradecemos, nuevamente, su presencia a la familia, a su esposa, María Eugenia, a los hijos y a los nietos de don José Luis del Río, fallecido hace algunos años. 	-Aplausos en la Sala y en las tribunas.SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO.	El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo y pasar a Incidentes?	Acordado.VII. INCIDENTESPROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SECTORES DE COMUNA DE LA HIGUERA, COQUIMBO. Oficio.	El señor MEZA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.	Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.	El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a una situación muy dramática y compleja que está afectando a la comuna de La Higuera. Los sectores de El Trapiche y Punta Colorada tienen graves problemas para acceder al abastecimiento de agua, tanto para consumo como para riego. 	¿Qué ha pasado? Ocurre que hay un descenso significativo del nivel de los pozos destinados a agua potable rural y al abastecimiento de agua para riego en las localidades de El Trapiche y Punta Colorada. En este momento, en La Higuera el suministro de agua se está realizando a través de camiones aljibes, lo que representa una situación de honda preocupación y de gran dramatismo para un número muy significativo de habitantes de esa comuna.	¡Parece increíble, a esta altura del desarrollo de Chile y ya en el siglo 21, que todavía haya chilenos y chilenas sin posibilidad de acceder al agua potable! Pero así es, y no muy lejos de donde nos encontramos legislando.	Existe información en el sentido de que buena parte de las dificultades que se viven particularmente en El Trapiche y Punta Colorada, tienen su origen en la tenencia de derechos de agua en manos de empresarios privados de gran envergadura, que están consumiendo parte importante de los recursos.	En El Trapiche la situación de riesgo es grave, debido a que algunos pozos se han secado. Incluso, el nivel del pozo para abastecer de agua potable a El Trapiche y a La Higuera ha descendido en un 50 por ciento en relación con el nivel observado hace tres meses. En Punta Colorada existe un pozo que ha sido traspasado en comodato por la municipalidad de La Higuera, el cual se encuentra vigente.	Además, en la zona existe una plantación de vides cercana a las 400 hectáreas, que se riegan con alrededor de doce pozos profundos, a partir de los cuales se han constituido derechos de aprovechamiento por más de 700 litros por segundo, lo que estaría afectando a los pozos.	La Dirección General de Aguas, DGA, declaró área de restricción para nuevas explotaciones de aguas subterráneas en sectores acuíferos denominados Quebrada de Choro Alto, Punta Colorada y Tres Cruces, correspondientes al acuífero Quebrada de Los Choros, que entró en vigencia el 1º de octubre de 2005.	En consecuencia, solicito oficiar a la Dirección General de Aguas para que fiscalice a la empresa agrícola que extrae agua de pozos del sector Tres Cruces, con la finalidad de saber si la extracción de aguas subterráneas que se realiza es igual o superior a los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas legalmente constituidos por la DGA, e informe a la Cámara al respecto. En el caso de que sea superior, se pida a la Dirección General de Aguas que aplique las medidas correctivas y las sanciones que correspondan, de acuerdo con la legislación vigente.	Asimismo, solicito a la Dirección General de Aguas la ratificación, mediante un informe técnico, que explique claramente que los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas de la empresa agrícola del sector Tres Cruces se encuentran legalmente constituidos y que no afectan el acuífero que alimenta de agua a los pozos de los agricultores del sector de Punta Colorada y El Trapiche.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.NUEVO CALENDARIO PARA RETIRO DE TAXIS COLECTIVOS RECONVERTIDOS DE COQUIMBO. Oficio.	El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, hace un tiempo, se suscribió un acuerdo con los trabajadores y dueños de taxis colectivos reconvertidos de catalíticos a diesel de Coquimbo. Se estableció un calendario de retiro que consta en un decreto presidencial vigente.	Muchos de esos acuerdos se realizaron a fin de que durante el plazo de gracia esos vehículos se mantuvieran en funcionamiento y los colectiveros también pudiesen acceder a créditos blandos del Banco del Estado para su renovación. Sin embargo, esa negociación no se ha concretado y existe la posibilidad de que finalmente pierdan su fuente de trabajo por el retiro de circulación de esos vehículos.	A mi juicio, creo que están dadas las condiciones para que el ministro de Transportes se siente a conversar con los dirigentes de ese gremio, a fin de fijar un nuevo calendario que les permita mantener su actividad económica.	Por lo tanto, pido oficiar al ministro del Transportes y Telecomunicaciones, con copia de mi intervención a los afectados, con el objeto de que se establezca un nuevo calendario para prolongar la vida útil de esos taxis colectivos, que es su fuente de ingresos para los colectiveros y la de su familia.	He dicho.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.SITUACIÓN DE HUMEDALES DE VALDIVIA. Oficios.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.	El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en los últimos días en nuestra ciudad recibimos una comunicación del doctor Roberto Schlatter, destacado académico del Instituto de Zoología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, quien puso en conocimiento de la comunidad la grave situación que afecta a los humedales de la comuna de Valdivia y, en general, de la nueva Región de Los Ríos.	Los humedales de nuestra comuna se han visto modificados por numerosos proyectos que alteran sus condiciones naturales.	El doctor Roberto Schlatter, textualmente, declaró: “Observo impresionado como se drenan, rellenan, secan o modifican humedales a lo largo de nuestra loca geografía, desde los oasis del norte y sus bofedales, a los turbales en el extremo austral. Esto es grave especialmente en sectores con importante desarrollo agrícola, urbano y de áreas sustituidas con plantaciones de especies exóticas”.	Es muy inquietante lo que señaló este académico, porque Valdivia sufre la contaminación extendida del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, protegido por la Convención Ramsar, suscrita por Chile.	Vemos con preocupación cómo se avanza en la eliminación, relleno y drenaje de muchos de estos humedales que cubren buena parte de nuestra comuna. Es un atentado al medio ambiente y una situación que en el futuro puede tener graves consecuencias.	Por eso, pido enviar oficio al ministro de Relaciones Exteriores para que informe cuál es el grado de cumplimiento de nuestra Cancillería del compromiso de la Convención Ramsar sobre protección de humedales.	A la ministra del Medio Ambiente para que indique las acciones de preservación que se han puesto en práctica en el Santuario Carlos Anwandter y en todos los humedales de Valdivia.	Al intendente de la Región de Los Ríos para que indique las medidas que se están tomando para el resguardo de esas reservas de humedad, que permiten gran variedad de ecosistemas, el anidamiento de muchas aves y que, en definitiva, forman parte del paisaje y patrimonio de nuestra ciudad.	También pido enviar copia de mi intervención al doctor Roberto Schlatter y al rector de la Universidad Austral de Valdivia, a fin de dejar de manifiesto mi preocupación como parlamentario de la Región de Los Ríos.	He dicho.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican y de quien preside.INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE LICITACIÓN DE LAS TERMAS DE CHILLÁN. Oficios.	El señor MEZA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.	El señor JARPA.- Señor Presidente, en la sesión de 20 de julio del año pasado fijé mi posición frente a la inminente puesta en marcha de la planta de celulosa Nueva Aldea. Hoy lo hago respecto de la licitación de la concesión de las Termas de Chillán, por su importante efecto socioeconómico en la comuna de Pinto y en la provincia de Ñuble, Región del Biobío. Este complejo turístico está ubicado en la comuna de Pinto, pero pertenece a la municipalidad de Chillán.	Es de público conocimiento la relevancia de este centro de montaña para el turismo nacional; pero más importante es su incidencia en el desarrollo económico y social de la provincia de Ñuble. Cientos de puestos de trabajo, directos e indirectos, dependen del normal funcionamiento de este complejo.	La municipalidad de Chillán llevó a cabo la licitación de ese centro turístico por los próximos treinta años, proceso que no ha estado exento de polémicas y discrepancias tanto por la forma como por el fondo. Se señala que, dada la forma en que se elaboraron las bases de licitación del centro de esquí, es posible que éste no pueda operar normalmente los próximos dos inviernos, lo que sería caótico para miles de pequeños y medianos empresarios del sector. Además, se asegura que en 2010 no se podría realizar el campeonato mundial juvenil de esquí alpino, asignado a las Termas de Chillán.	En mi condición de diputado de la República y, en particular, del distrito Nº 41, en cumplimiento de mi función fiscalizadora y para conocimiento de los actores sociales de la provincia de Ñuble, considero necesario tener certeza de que el procedimiento de licitación es idóneo y de que se encuentra conforme a derecho.	Dada la trascendencia del tema, pido que se reiteren los siguientes oficios, que fueron solicitados en virtud del artículo 294 del Reglamento el 15 del presente mes:	1. Al contralor general de la República, a fin de que informe sobre las consultas que se le han efectuado en relación con la licitación de las Termas Minerales de Chillán, tanto por la municipalidad respectiva como por otras autoridades y particulares.	2. Al contralor general de la República, al ministro del Interior y, por su intermedio, a la subsecretaria de Desarrollo Regional, a fin de que informen si en este caso, por tratarse de un inmueble ubicado fuera del territorio de la comuna de Chillán, la municipalidad respectiva debe entregarlo en concesión o arrendamiento; que estudien si en las bases de la licitación se encuentra protegido el patrimonio municipal ante el eventual incumplimiento por la empresa que se adjudicó la licitación.	3. Al ministro de Economía y, por su intermedio, al director del Servicio Nacional de Turismo, a fin de que informen sobre la importancia socioeconómica de las Termas de Chillán para las comunas de Pinto y Chillán y para la provincia de Ñuble, y sobre las consecuencias que pudiera tener para su desarrollo turístico la paralización del centro de ski y el hecho de que no se efectúe en dicho centro el campeonato mundial juvenil de esquí alpino en 2010.	4. Por último pido que se envíe copia de mi intervención a las autoridades señaladas y que se adjunten los siguientes antecedentes que haré llegar a la Secretaría: copia del artículo publicado en el diario La Discusión el domingo pasado sobre el tema y copia de un informe jurídico sobre el proceso de licitación.	Hago presente que el 15 de noviembre pedí que se enviaran los oficios en virtud del artículo 294 del Reglamento, porque la votación de la licitación de las Termas de Chillán se realizó ayer. La idea era que se enviaran los oficios antes de que se efectuara la votación.	Destaco la gran preocupación que ha manifestado por esta situación el diputado Rosauro Martínez.	He dicho.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican y de quien preside.AYUDA DEL ESTADO PARA TRABAJADORES DE BELLAVISTA OVEJA TOMÉ. Oficios.	El señor MEZA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Independiente, ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla.	El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, he solicitado la palabra para enviar un muy afectuoso saludo a los trabajadores y dirigentes sindicales de la empresa Bellavista Oveja Tomé, quienes atraviesan una difícil situación por el incierto futuro de su fuente laboral. Vaya para todos ellos y para sus familias mi admiración y reconocimiento público.	De manera muy especial quiero destacar a Carlos Carrasco, Juan Benítez, Pablo Méndez, Rodrigo Osorio, Luis González, Jaime Rojas, Cristian Domínguez, Claudio Muñoz, Raúl Monsalve, Ítalo Cáceres y al concejal Humberto Quezada. Este grupo de ingenieros, operarios y trabajadores, olvidando toda diferencia de sus cargos en la empresa, marchó hasta Rancagua, lo que demuestra la transversalidad frente a un conflicto que afecta a todos por igual.	En Tomé, comuna que me honro en representar, por demasiado tiempo se vienen arrastrando cifras de desempleo de dos dígitos. El 14 ó 15 por ciento de cesantía permanente ha sido una verdadera cruz para esos chilenos y chilenas, que ahora ven cómo se siguen cerrando fuentes laborales en su ciudad.	Ante ese desolador panorama, los trabajadores de la empresa, en una actitud que resume la tónica de ese conflicto, aceptaron, incluso, la rebaja de sus sueldos en 10 por ciento para mantener sus puestos de trabajo. 	No obstante, es de conocimiento público la desafortunada respuesta que obtuvieron de los dueños de la empresa y de autoridades de Gobierno. Sí, porque hasta ayer, lunes, nadie del Gobierno se había dignado recibir a esos angustiados trabajadores en La Moneda. Peor aún, fue necesario que caminaran desde Tomé hasta Santiago, que recorrieron más de 500 kilómetros a pie, para ser escuchados en un palacio de Gobierno cada vez más alejado de la gente y de sus problemas. Tomé y sus trabajadores no merecían ese trato.	Por eso, me pregunto si ése es el compromiso ético que la Concertación pretende mantener con los trabajadores chilenos. Un gobierno que se autodenomina ciudadano, debe serlo y parecerlo. Lo demás es demagogia electoral.	Tiempo atrás, se abrieron las puertas del palacio de La Moneda para que los chilenos que quisieran transitar libremente por él lo hicieran. No obstante, eso de nada sirve si, desde su interior, se hacen oídos sordos ante los problemas y necesidades de la ciudadanía. Lamentablemente, vemos que es necesario realizar grandes travesías y verdaderos sacrificios públicos para ser escuchados por la autoridad. Los trabajadores de Bellavista son un ejemplo de lo que afirmo.	Señores del Gobierno, ayer dieron la espalda una vez más a los trabajadores y a sus dirigentes. Pues bien, sepan que Tomé no olvidará jamás la forma como han obrado con su gente. Esa actitud principesca quedará por siempre grabada como una de las más indignas respuestas que han recibido los trabajadores de un gobierno que dice estar de su lado.	Sin duda, se trata de un problema entre particulares. Es necesario reconocerlo porque debemos ser responsables. Estamos ante una empresa con mucha tradición en el país, pero con serios problemas financieros, lo que afecta en forma directa a más de 750 trabajadores y sus familias. 	Por lo tanto, la quiebra de Bellavista se transforma, sin lugar a dudas, en un drama social para su gente y para la comunidad tomecina. En efecto, para esa comuna, de más de 50 mil habitantes, significa un verdadero terremoto social. 	Por lo tanto, exijo que el Estado ejerza su rol subsidiario, de manera que vaya en ayuda, no de los empresarios, sino de los trabajadores, que quedarán literalmente en la calle.	¿Qué se puede hacer? En mi concepto, se hace necesaria la intervención de los ministros del Trabajo, de Economía y de Hacienda, de la intendenta de la Octava Región del Biobío, de BancoEstado y, en particular, de su excelencia la Presidenta de la República, para que instruya a sus asesores en el sentido de entregar soluciones viables y útiles a los trabajadores de la empresa Bellavista.	Por lo tanto, pido remitir copia de mi intervención a su excelencia la Presidenta de la República, a los ministros del Trabajo, Hacienda y Economía, a la intendenta de la Octava Región y, en forma especial, a los presidentes de los sindicatos números 1 y 2 de la empresa Bellavista.	He dicho. 	El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR EN CHILLÁN Y CHILLÁN VIEJO. Oficios.	El señor MEZA (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.	El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, es una realidad la existencia de diferentes opiniones respecto de los efectos para la salud de las personas debido a la exposición a antenas de teléfonos celulares.	Las estaciones base de telefonía móvil son radios bidireccionales multicanal de baja potencia. Cuando se utiliza algún teléfono móvil, lo que ocurre es que se está hablando con alguna estación base cercana. Desde ella, la llamada telefónica se transfiere a la red normal de cableado telefónico terrestre.	Dado que los teléfonos móviles y sus estaciones base son radios bidireccionales, producen radiación en radiofrecuencias -así se comunican- y exponen a las personas cercanas a ese tipo de radiación.	El problema estriba en los efectos que producen esos niveles de exposición a la radiación de radiofrecuencias.	Existe evidencia que señala que la potencia generada por esas antenas es demasiado baja para producir riesgos en la salud, claro está, mientras las personas se mantengan alejadas del contacto directo con aquéllas. Sin embargo, existen opiniones en contrario. Quienes las sostienen reconocen que la evidencia todavía no es contundente, pero argumentan que eso se debe a que se trata de un fenómeno reciente, lo que no desvirtúa la legítima preocupación que siente la población cuando se instala ese tipo de antenas.	Por esa razón, a mi juicio se debería tener una actitud más consistente para abordar esa materia, en el sentido de que cada vez que se pretenda instalar alguna antena de ese tipo, exista participación de la comunidad local.	Me refiero a esa preocupación porque en Chillán y en Chillán Viejo se proyecta instalar dos antenas para la transmisión de ondas electromagnéticas de celulares en sectores densamente poblados. En Chillán, en la calle Leucotón, de la población Mardones, y en Chillán Viejo, en un sitio en la intersección de las calles Mariano Egaña y Tomás Yávar.	Existe preocupación en la comunidad, porque, como dije, se trata de sectores densamente poblados, en los que se ubican establecimientos comerciales, educacionales y de expendio de alimentos.	En virtud de la situación indicada y ante la preocupación ciudadana, pido oficiar a las siguientes autoridades: 	1. A los alcaldes de las municipalidades de Chillán y Chillán Viejo, para que informen de los trámites efectuados por la empresa Entel PCS ante ellas para la instalación de antenas celulares en los lugares mencionados, con indicación detallado de las exigencias que, a través de sus direcciones de obras, han hecho exigibles a las empresas o al contratista que ejecutará las obras.	2. Al subsecretario de Telecomunicaciones, a fin de que informe acerca de si la empresa Entel PCS solicitó autorización para la instalación y funcionamiento de las antenas en los lugares indicados.	3. A la señora ministra de Vivienda y Urbanismo, para que haga llegar los informes técnicos que dan sustento a los criterios y disposiciones que esta cartera ha establecido sobre la instalación de antenas de telefonía móvil.	4. A la señora ministra de Salud, para que haga llegar los informes sobre los efectos de antenas celulares en la salud de las personas elaborados por el Instituto de Salud Pública u otras reparticiones de esa cartera, o los antecedentes que posea sobre estudios internacionales al respecto.	He dicho.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los aficiones solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.	En el tiempo que resta al Comité del Partido Renovación Nacional, ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.EXENCIÓN DE IMPUESTO A COMPENSACIONES ECONÓMICAS CONVENCIONALES EN JUICIOS DE NULIDAD Y DIVORCIO. Oficios.	El señor MEZA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Gonzalo Duarte Leiva, representante del distrito Nº 26, comuna de La Florida.	El señor DUARTE.- Señor Presidente, junto con los diputados José Miguel Ortiz, Sergio Ojeda y Gabriel Silber deseamos hacer presente nuestra alegría y satisfacción porque el Ejecutivo ha tomado acciones destinadas a solucionar un problema, ojalá que a la brevedad. Me refiero a la resolución del Servicio de Impuestos Internos con respecto al cobro de impuestos a las compensaciones previstas en la ley Nº 19.947, ley de matrimonio civil. En su capítulo VII reguló las reglas comunes en casos de separación, nulidad y divorcio, y en el párrafo 1º la compensación económica destinada a reparar el menoscabo económico sufrido por uno de los cónyuges durante el matrimonio, a consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común y no a una actividad remunerada, lucrativa, o que la hubiese realizado en menor medida de lo que podía y quería.	Para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, se considera especialmente la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges, la situación patrimonial de ambos, la buena o mala fe, el estado de salud del cónyuge beneficiario, su situación en materia de beneficios previsionales y de salud, su cualificación profesional y sus posibilidades de acceso al mercado laboral y la colaboración que, obviamente, hubiera prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge.	De acuerdo con el artículo 63, la compensación económica y su monto y forma de pago serán convenidos por los cónyuges, si fueran mayores de edad, mediante acuerdo que constará en escritura pública o acta de avenimiento que se someterá a la aprobación del tribunal. Es decir, se permite un pago de indemnización de carácter convencional.	No cabe duda de que la compensación económica es aplicable, mayoritariamente, a la mujer, quien tiene una menor inserción en el mercado laboral y, normalmente, contribuye fuertemente al cuidado de los hijos, por lo que normalmente sufre un menoscabo económico durante el matrimonio; y como consecuencia de la resolución de Impuestos Internos, tendría que pagar un impuesto sobre la compensación económica, que podría llegar al 40 por ciento del monto que la ley prevé por el concepto indicado.	No cabe ninguna duda de que esta situación que hoy enfrentan especialmente las mujeres, como consecuencia de la resolución del Servicio de Impuestos Internos, es contradictoria con el objeto que tuvo en vista el legislador al dictar la ley Nº 19.947, al crear los tribunales de familia y permitir acuerdos, mediaciones y convenios voluntarios.	Al dictaminar que estas compensaciones están libres de impuesto sólo cuando un juez las fija en sentencia ejecutoriada, desincentivará, por una parte, la posibilidad de acuerdos previos y constituirá un incentivo para nuevos conflictos judiciales de los cónyuges.	Además, no existe razón alguna para gravar doblemente la adquisición, por ejemplo, de un bien. Podemos estar en presencia de una doble tributación, pues, se pagarían impuestos por los ingresos y ahora también por concepto de compensación económica.	En conformidad con el artículo 17º, número 1, de la ley de impuesto a la renta, “no constituye renta la indemnización de cualquier daño emergente y del daño moral, siempre que la indemnización por este último haya sido establecida por sentencia ejecutoriada”. 	El criterio sostenido por el Servicio de Impuestos Internos, en los oficios Nºs. 4.605 y 4.606, ambos de 2005, es que la compensación económica entregada al cónyuge, al producirse un divorcio, conforme a los artículos 61 y siguientes de la ley Nº 19.947, sobre matrimonio civil, es considerada como una indemnización por daño moral de aquéllas a que se refiere el artículo antes mencionado, siempre que ésta sea declarada mediante sentencia ejecutoriada.	En concordancia con este criterio -ya establecido-, el Servicio de Impuestos Internos, recientemente, el 11 de octubre del 2007, resolvió que las sumas recibidas por un cónyuge, originadas en una indemnización convencional, de acuerdo a lo señalado en el artículo 63 de la ley de matrimonio civil, constituyen para la parte que las recibe, en este caso, mayoritariamente la mujer, un ingreso afecto a una nueva tributación normal; esto es, al impuesto de primera categoría y global complementario.	Reitero, nos alegra leer en la prensa de esta mañana una declaración del ministro de Hacienda en relación a que esto sería corregido a través del envío de un proyecto de ley.	En respaldo de aquello, pido, en mi nombre y en el de los diputados antes mencionados, que se oficie a la Presidenta de la República para que, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Constitución Política, envíe a la brevedad un proyecto de ley que modifique el artículo 17º del decreto ley Nº 824, sobre impuesto a la renta, con el fin de incluir en las situaciones que no constituyen renta, los acuerdos económicos derivados de la aplicación de los artículos 61 y siguientes de la ley Nº 19.947. 	En lenguaje simple, pedimos que la Presidenta de la República envíe a la brevedad un proyecto de ley que establezca que las compensaciones económicas originadas en avenimientos en juicios de nulidad y divorcio de matrimonio queden exentas de impuestos.	También queremos que se remitan oficios al ministro de Hacienda y al director nacional de Impuestos Internos, para que, mientras se tramita ese proyecto de ley, se deje sin efecto el oficio ordinario Nº 2.890, de 11 de octubre de 2007, a fin de que los avenimientos continúen sin quedar afectos a los referidos impuestos.	He dicho.	El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención y la adhesión de quien preside.	Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.	-Se levantó la sesión a las 14.41 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Oficio de S.E. la Presidenta de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el espacio costero marítimo de los pueblos originarios. (boletín Nº 3968-12).	Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de reforma constitucional en materia de Gobierno y Administración Regional. (boletín Nº 3436-07).	Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.3.	Oficio de S.E. la Presidenta de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	En respuesta a su oficio Nº 7108, de fecha 7 de noviembre de 2007, tengo a bien manifestar a V.E. que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre rentas municipales; la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, en relación con el fondo común municipal y otras materias municipales. (boletín Nº 4040-06).	En consecuencia, devuelvo a V.E. el citado oficio de esa H. Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.4.	Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Soto, doña Laura; Saa, doña María Antonieta, y de los diputados señores Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni, Eluchans, Girardi y Jaramillo.	Elimina las referencias por afinidad en el Código Penal, adecuando dicho cuerpo normativo a las modificaciones introducidas por la Ley de Matrimonio Civil”. (boletín N° 5489-07)	“Vistos:	Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo prevenido por la ley Nº 18.198, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.	Considerando:1º	Que el parentesco es la relación que existe entre dos personas.2º	Que en el derecho chileno se distinguen dos clases de parentesco: el por consanguinidad y el por afinidad.3º	Que el parentesco por consanguinidad, también llamado natural, se funda en la relación de sangre que existe entre dos personas y el Código Civil lo define en su artículo 28 como “aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor, en cualquiera de sus grados”. Es el que existe entre padres e hijos o entre nietos y abuelos.4º	Que el parentesco por afinidad, también llamado legal, de acuerdo al artículo 31 del Código Civil, “es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer”.5º	Que la ley Nº 19.947 creó un nuevo estado civil: el de divorciado, que es el que ha estado casado válidamente, pero cuyo vínculo matrimonial se ha disuelto por alguna de las causales de divorcio que establece la ley, excluida la muerte del otro cónyuge. Se introdujo, en consecuencia, una modificación que obliga a replantear no sólo el concepto mismo del parentesco por afinidad, sino que, además, a excluir una serie de hipótesis comitivas en el Código Penal, que incluyen el parentesco por afinidad, en circunstancias que dicho vínculo se estableció bajo la vigencia del matrimonio indisoluble, de modo que el parentesco se mantenía una vez finalizado el matrimonio por la muerte de uno de los cónyuges. Sin embargo, como esto ya no es necesariamente de ese modo, y el matrimonio puede terminar por divorcio, lo que significa un irreconciliable distanciamiento, debemos eliminar cualquier referencia a este parentesco, para los efectos penales.6º	Que, por su parte, aprovechamos la oportunidad, también, para eliminar algunas referencias del todo anacrónicas, que no merecen mayor explicación, como es el parentesco legítimo, derogado por la ley Nº 19.585.	Por lo tanto,	Los diputados que suscriben venimos en someter a la consideración de este honorable Congreso Nacional el siguientePROYECTO DE LEY:	Artículo único.- Se introducen las siguientes modificaciones al Código Penal:1.	Elimínase en el artículo 11, circunstancia 4ª la frase “o afinidad”.2.	En el inciso segundo del artículo 13 la frase “o afinidad”.3.	En el inciso final del artículo 17 la frase “o afinidad”.4.	En el inciso tercero del artículo 240 la frase “y por afinidad hasta el segundo.5.	También inclusive”.	En el inciso segundo del artículo 295 bis la frase “o afinidad”.7.	En el inciso final del artículo 296 las dos veces que aparece la frase “o afinidad legítima”.5.	Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Álvarez, Arenas, Bobadilla, Estay, Hernández, Lobos, Melero, Salaberry, Urrutia, y de la diputada señora Cristi, doña María Angélica.	Modifica el artículo 56, de la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, estableciendo la prohibición de la obtención del grado de licenciado en educación, a través de la modalidad de cursos a distancia”. (boletín N° 5490-04)	La educación está definida como “un proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas, enmarcados en nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad”. (Artículo 2º ley orgánica constitucional de Enseñanza).	Es precisamente por ello, que una de las partes más relevantes en este proceso formativo es la labor que cumple el profesor, ya que él es el encargado de transmitir todos sus conocimientos, tanto intelectuales como calóricos a sus alumnos, por lo que consecuencialmente nos encontramos frente a la piedra angular del proceso educativo. Es evidente que mientras aseguremos la excelencia académica de los docentes estaremos entregando a la sociedad profesionales comprometidos con la educación y, más importante aún, con la “formación de nuestros jóvenes y niños de nuestro país”.	Por su parte, la entrega de conocimientos, tanto del punto de vista de los alumnos como de los profesionales de la educación, puede ser formal o informal, estando la primera estructurada y entregada sistemáticamente, entregándose en “niveles que aseguran la unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas”. A contrario sensu, la educación informal es “todo proceso vinculado con el desarrollo del hombre y la sociedad, facilitado por la interacción de unos con otros y sin la tuición del establecimiento educacional como agencia institucional educativa”.	Por ello, y en consideración a lo relevante que resulta para las generaciones futuras la calidad de los docentes que actualmente se encuentran en un proceso de formación académica en las universidades del país, es que vemos con preocupación que ciertas instituciones de educación superior se encuentren otorgando los grados de licenciatura en educación, pero mediante la modalidad de cursos a distancia, lo que en nuestro concepto no permitiría obtener por parte de los futuros docentes la técnica más idóneas para desempeñarse posteriormente en la formación de las futuras generaciones de niños y jóvenes.	En efecto, los cursos a distancia se encuentran regulados en nuestra legislación para los efectos del perfeccionamiento de una determinada disciplina, así lo señala el artículo 29 B, inciso segundo, del Decreto 453 de 1992, que aprueba el reglamento del estatuto docente y en esta materia señala: “Cursos a distancia: son aquellos en los que la interacción del docente y los alumnos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, se realiza fundamentalmente a través de medios o materiales pedagógicos, incluyendo recursos informáticos. Esta modalidad podrá considerar tutorías o talleres como medio de apoyo a los alumnos”.	No obstante, los establecimientos de educación superior, amparándose en el concepto de “autonomía universitaria”, la cual les entrega la potestad para decidir por sí misma la forma cómo se cumplan sus funciones de docencia, investigación y extensión y la fijación de sus planes y programas de estudio, han comenzado a impartir carreras a través de la modalidad de cursos a distancia, lo que en nuestro concepto transgrede el espíritu original de la actual legislación, ya que, como se señaló en el punto precedente, estos cursos son básicamente impartidos para obtener algún grado de perfeccionamiento, pero no para obtener un título profesional.	Por su parte, desde que comenzó la implementación de la evaluación docente ha quedado demostrado que los peores profesores evaluados, según esta medición, son los mismos que educan a los alumnos que peores resultados obtienen en el Simce, es decir, existe relación directa entre un mal profesor y los efectos en la forma en que educan a nuestros niños, por lo que la obtención del grado de licenciado en carreras fundamentales para la educación, tales como profesor de educación básica, media, diferencial y de párvulos no puede, en nuestro concepto, impartirse tal como se está haciendo en la actualidad, es decir, bajo la modalidad de cursos a distancia. Ello atenta de manera directa con la calidad del profesional e influye, finalmente, de manera negativa en el traspaso futuro de conocimientos a los alumnos.PROYECTO DE LEY:	Modifícase los artículos 56 de la ley orgánica constitucional de Enseñanza en el siguiente sentido:	Artículo único: tratándose de las carreras comprendidas en las letras m), n) ñ) y o) la licenciatura correspondiente se otorgará siempre y cuando el alumno haya participado de manera presencial en la dictación de la carrera, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 B del decreto 453, que aprueba el Reglamento del Estatuto Docente”.6.	Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay, García-Huidobro, Hernández, Masferrer, Rojas, Urrutia, Von Mühlenbrock, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica; Cubillos, doña Marcela y Turres, doña Marisol.	Fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folclórica oral a la radio difusión chilena. (boletín N° 5491-24)	“Considerando:1.	Que la ley Nº 19.928 regula el fomento de la música chilena, la ley Nº 17.336 la propiedad intelectual y el D.S. Nº 368, del Ministerio de Justicia, de fecha 7 de abril de 1987, concede la personalidad jurídica a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor;2.	Que en el derecho comparado existen normas que fomentan o han tendido a fomentar la difusión de las respectivas músicas nacionales, como la ley Nº 19.787, en la República Argentina; la ley Provincial Nº 1.198, de la provincia del Chubut, en la misma nación; la ley de Radiodifusión y Televisión del Ecuador (decreto supremo Nº 256-A), etc.3.	Que una serie de expresiones musicales chilenas, así como muchos artistas nacionales, han ido perdiendo vigencia debido a la falta de exposición de su obra en los medios de comunicación masiva, en particular los radiales;4.	Que en el caso de la programación diaria de radiodifusión sonora, actualmente el principal medio de difusión de la música en el país y el mundo, la presencia de nuestra música nacional es reducida, lo que contribuye a acrecentar el fenómeno expuesto en el numeral anterior;5.	Que cabría esperar que la generación de una cierta exigencia mínima de presencia de música chilena en la programación diaria de la radiodifusión nacional catalizaría y fortalecería la demanda necesaria para vigorizar esta expresión del arte nacional y la actividad laboral de sus creadores y expositores;6.	Que, junto con estipular normativamente un precepto que, en general, demande un porcentaje razonable de música nacional en las emisiones de radiodifusión, aparece como muy conveniente incluir dentro de aquel porcentaje a la música de raíz folclórica y de tradición oral;7.	Que la ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual, contempla la obligación de quien utilice fonogramas para su difusión debe pagar por ello una retribución;8.	Que, por ende, aumentar la presencia de la música nacional en las emisiones radiales implicaría, además, acrecer la recaudación que, por el concepto señalado, correspondería a sus autores y/o ejecutores, sin implicar un mayor gasto para los radiodifusores, por cuanto sólo se reemplazaría pagos hechos a extranjeros por otros hechos a nacionales;9.	Que para los efectos de los dos numerandos anteriores, el control de la música emitida por la radiodifusión corresponde a la entidad de gestión colectiva denominada “Sociedad Chilena del Derecho de Autor”, SCD, la que mantiene vigente un eficiente y operativo sistema que permite, por una parte, conocer la nómina de canciones emitidas, y por la otra, recaudar los derechos correspondientes, y10. Que, por lo anterior, la aplicación de una norma que exigiera a las radioemisoras la emisión diaria de un porcentaje mínimo de música nacional, que incluyera un mínimo de música de raíz folclórica y de tradición oral, es jurídica y prácticamente sencilla de implementar, y se justifica plenamente;	Venimos en presentar el siguienteProyecto de ley:	“Artículo único.- Agrégase los siguientes incisos finales al artículo 15 de la ley Nº 19.928, sobre fomento de la música nacional:	Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, las radioemisoras, en su programación fonográfica diaria, deberán emitir al menos una quinta parte (20%) de música nacional.	A su vez, del porcentaje señalado, cuando menos una cuarta parte deberá corresponder a música de raíz folclórica y de tradición oral.	Sin considerar que las radioemisoras podrán poner al aire espacios dedicados íntegramente a la emisión de música nacional, el porcentaje mínimo indicado por el inciso tercero deberá distribuirse durante su programación diaria de hora en hora y no será posible acumularla durante el día. Esta prohibición no se aplicará a la parte de música de raíz folclórica y de tradición oral, la que podrá ser presentada, incluso en su integridad, en horarios particulares”.7.	Oficio del Tribunal Constitucional.	“Santiago, 9 de noviembre de 2007.	Oficio Nº 1500Excelentísimo señorPresidente de la Cámara de Diputados:	Dando cumplimiento a las resoluciones de fecha 8 de noviembre de 2007, pongo en conocimiento de Ud., copia autorizada de la causa Rol Nº 943-07-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2.331 del Código Civil, en el proceso caratulado “Valdés con Jaime Irarrázabal Covarrubias y otros”, de la que conoce actualmente el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol Nº 2.429-2007. Además, adjunto su declaración de admisibilidad, la resolución que fija las reglas de tramitación y la que ordena dar traslado para los fines que indica.	Saluda atentamente a Ud.	(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA, Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ, SecretarioEXCELENTÍSIMO SEÑORPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOSDON PATRICIO WALKER PRIETOCONGRESO NACIONALPRESENTE”.8.	Oficio del Tribunal Constitucional.	“Santiago, 9 de noviembre de 2007.	Oficio Nº 1503Excelentísimo señorPresidente de la Cámara de Diputados:	Dando cumplimiento a las resoluciones de fecha 8 de noviembre de 2007, pongo en conocimiento de Ud., copia autorizada de la causa Rol Nº 976-07-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 ter de la ley Nº 18.933, ley de Isapre, que incide en la causa de que conoce actualmente la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol de ingreso Nº 4972-2007. Además, adjunto la resolución de admisibilidad, la que fija las normas de tramitación y la que ordena dar traslado para los fines que indica.	Dios guarde a V.E.	(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA, Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ, SecretarioAL SEÑOR PRESIDENTE DE LACÁMARA DE DIPUTADOSDON PATRICIO WALKER PRIETOPRESENTE”.