REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 355ªSesión 74ª, en miércoles 5 de septiembre de 2007(Especial, de 16.06 a 18.18 horas) Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio. Presidencia accidental del señor Ascencio Mansilla, don Gabriel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- OBJETO DE LA SESIÓN VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 5 II. Apertura de la sesión 9 III. Actas 9 IV. Cuenta 9 - Declaración de inadmisibilidad de proyecto de ley 9 V. Objeto de la sesión. - Ingreso mínimo ético. Proyectos de acuerdo 12 VI. Documentos de la Cuenta. - Mensajes de S. E. la Presidenta de la República mediante los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos: 1. “Modifica la ley N° 19.885, referida a donaciones con beneficios tributarios”. (boletín N° 5315-05) 40 2. “Modifica la ley N° 20.022, y otros cuerpos legales con el objeto de reforzar la judicatura laboral”. (boletín N° 5316-07) 49 3. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que retira de su tramitación del Congreso Nacional, el proyecto sobre “reasignación de concesiones y autorizaciones de acuicultura caducadas”. (boletín N° 5120-21) 66 4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que “modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley N° 19.799, sobre documento electrónico, firma electrónica y los servicios de certificación de dichas firmas. (boletín N° 3797-19) 67 5. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que “reconoce el genocidio ocurrido con las etnias Selk’nam (Onas) y Aonikenk (Tehuelches), y autoriza erigir dos memoriales en las comunas de Santiago y porvenir”. (boletín N° 5203-04) (S) 67 6. Primer informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto que incrementa el monto de la asignación mensual que perciben los soldados conscriptos. (boletín N° 5151-02) 68 7. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que incrementa el monto de la asignación mensual que perciben los soldados conscriptos. (boletín N° 5151-02) 75 Pág. 8. Informe de los Diputados que participaron en la VIII Reunión de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano, realizada en la Ciudad de México, los días 22 al 24 de agosto próximo pasado, con la asistencia de representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En representación de Chile asistieron los Diputados señores Rojas y Encina 78 VII. Otros documentos de la Cuenta. - Oficio del señor Presidente de la Corporación quien, en ejercicio de las atribuciones concedidas por los artículos 15 inciso segundo, de la ley N° 18.918, y 14 inciso cuarto, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha resuelto declarar inadmisible el proyecto, iniciado en moción de las Diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Vidal, doña Ximena, y de los Diputados señores Accorsi, Alinco; Quintana, Núñez y Jiménez, que “interpreta el inciso tercero del artículo 44 del Código de Trabajo”, en atención a que sus contenidos vulneran lo dispuesto en el artículo 65, número 4 de la Constitución Política de la República. (Oficio N° 302). I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (106)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Aedo Ormeño, René RN III 5 Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alinco Bustos, René PPD XI 59 Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60Araya Guerrero, Pedro PDC II 4Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Barros Montero, Ramón UDI VI 35Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45Burgos Varela, Jorge PDC RM 21Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14De Urresti Longton, Alfonso PS X 53Delmastro Naso, Roberto IND X 53Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15 Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49Farías Ponce, Ramón PPD RM 30Forni Lobos, Marcelo UDI V 11Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13 González Torres, Rodrigo PPD V 14Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Hernández, Javier UDI X 55Herrera Silva, Amelia RN V 12Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28Isasi Barbieri, Marta PAR I 2 Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35Leal Labrín, Antonio PPD III 5León Ramírez, Roberto PDC VII 36Lobos Krause, Juan UDI VIII 47Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23 Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Moreira Barros, Iván UDI RM 27Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Pascal Allende, Denise PS RM 31Paya Mira, Darío UDI RM 28Quintana Leal, Jaime PPD IX 49Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Rojas Molina, Manuel UDI II 4Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2Rubilar Barahona, Karla RN RM 17Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34Silber Romo, Gabriel PDC RM 16 Soto González, Laura PPD V 13Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Tohá Morales, Carolina PPD RM 22Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Turres Figueroa, Marisol UDI X 57Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Valcarce Becerra, Ximena RN I 1Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32Vallespín López, Patricio PDC X 57Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15Verdugo Soto, Germán RN VII 37Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 Ward Edwards, Felipe UDI II 3 -Asistieron, además, los ministros de Hacienda, señor Andrés Velasco, y del Trabajo y Previsión Social, Osvaldo Andrade. -Concurrió, también, el senador señor Baldo Prokurica. -Diputada y diputados en misión oficial señora Isabel Allende y señores Marco Antonio Nuñez, Jorge Sabag Villalobos, Gonzalo Uriarte Herrera, Renán Fuentealba Vildósola.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 16.06 horas. El señor WALKER (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 69ª se declara aprobada. El acta de la sesión 70ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor WALKER (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE PROYECTO DE LEY. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, quiero impugnar la declaración de inadmisibilidad planteada por la Mesa sobre el proyecto que interpreta el inciso tercero del artículo 44 del Código del Trabajo. El señor WALKER (Presidente).- Señora diputada, tiene cinco minutos para impugnar la declaración de inadmisibilidad. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, como recién hemos escuchado en la Cuenta, la Mesa declaró inadmisible el proyecto de ley que, en lo esencial pretende, a través de la interpretación al artículo 44 del Código del Trabajo, hacer sinónimos los conceptos de “ingreso mínimo” y “sueldo mínimo”, con la finalidad de terminar con la torcida práctica de algunos empleadores inescrupulosos que pagan sueldos base de 30 ó 40 mil pesos y que completan el ingreso mínimo con gratificaciones y comisiones, entre otras, burlando de este modo los derechos mínimos de los trabajadores que nuestra legislación busca garantizar. La Mesa ha estimado que un proyecto originado en moción de esta naturaleza, es inconstitucional, ya que es materia de iniciativa de la Presidenta de la República a quien, entre otras, se entrega la facultad de fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado. Sin embargo, la finalidad de este proyecto no es fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, como lo ha entendido la Mesa. No podríamos pretender eso, pues sabemos que se trata de una facultad exclusiva de la Presidenta de la República. Lo que queremos es establecer el real sentido y el verdadero alcance de la palabra “remuneración” que, en nuestro concepto, no puede ser otro que entenderlo como sueldo. La facultad de interpretar la ley de un modo auténtico y verdadero es privativa del legislador y no una facultad exclusiva de la Presidenta de la República. No lo digo yo. Así lo consigna el artículo 3° del Código Civil: “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente, obligatorio”. Por lo mismo, la doctrina jurídica más conservadora, como la de Alessandri Rodríguez y Claro Solar, ha estado llana a aceptar que respecto de un proyecto de ley interpretativo, como éste, no son aplicables las restricciones respecto de esa iniciativa. Si así fuere, sería inconstitucional la ley N° 20.194, interpretativa del artículo 162 del Código del Trabajo en materia de cotizaciones previsionales impagas y la nulidad del despido que tuviera su origen en una moción de, entre otros patrocinantes, los diputados Aguiló, Salaberry y la diputada Ximena Vidal. Para despejar toda duda, veamos, una a una, cuáles son las facultades exclusivas de la Presidenta de la República en relación con esta materia. En primer lugar, fijar la remuneración de los trabajadores del sector privado, cuestión que este proyecto no hace. En segundo lugar, aumentar obligatoriamente las remuneraciones y demás beneficios económicos, que tampoco hace este proyecto. Finalmente, alterar las bases que sirvan para determinar las remuneraciones y demás beneficios. En ningún caso, nuestro proyecto apunta a alterar las bases conforme a las cuales debe determinarse el ingreso mínimo de los trabajadores. Por el contrario, si estimamos que el sueldo, es decir, el estipendio fijo en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios, constituye el fundamento sobre el cual se apoya la remuneración mínima, nuestro proyecto de ley interpretativo no altera dichas bases. Busca tan sólo fijar el correcto sentido y real alcance que debe tener la norma del artículo 44 del Código del Trabajo. En consecuencia, este proyecto sólo interpreta qué debemos entender por remuneración para terminar con una mala praxis de la ley que da lugar a abusos. El proyecto es resultado de un acuerdo tomado por los parlamentarios, en el marco del debate del salario mínimo que se dio con la CUT hace algunos meses. Esa entidad nos planteó la existencia de este abuso y hoy cuando debatimos el sueldo ético, es de todo interés. Más aún, cuando en la Alianza por Chile se debate sobre la autoría de la idea de la propuesta de reforma laboral del senador Andrés Allamand, cuyo proyecto viene en esta propuesta. Por ello, apelamos a la necesidad de que la Sala se pronuncie sobre la admisibilidad del proyecto y de que es posible tratarlo en la Cámara como una iniciativa nuestra. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- La diputada Adriana Muñoz ha hecho uso de su derecho a discrepar de la declaración de inadmisibilidad del Presidente de la Mesa. Ahora, voy a plantear cuál es la posición del Presidente de la Corporación, que no es de fondo, porque en ese caso comparto su posición. Se trata, netamente, de un tema reglamentario y constitucional. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, he resuelto declarar inadmisible el proyecto de ley suscrito por las diputadas señoras Adriana Muñoz y Ximena Vidal, y por los diputados señores Enrique Accorsi, René Alinco, Jaime Quintana, Marco Antonio Núñez y Tucapel Jiménez, que interpreta el inciso tercero del artículo 44 del Código del Trabajo, en atención a que los contenidos de dicha iniciativa vulneran el artículo 65, número 4°, de la Carta Fundamental. La iniciativa en comento busca interpretar el inciso tercero del artículo 44 del Código del Trabajo, para establecer que la palabra “remuneración”, que figura dos veces en dicha disposición, debe ser entendida como “sueldo”. Conforme a las reglas de hermenéutica consignadas en el Código Civil, y cuyas disposiciones son de alcance general, “cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”, artículo 19, y “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”, artículo 20. El Código del Trabajo, en su artículo 41, establece: “Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador el empleador por causa del contrato de trabajo”. A continuación, en el artículo 42, consigna que constituyen remuneración, entre otras, el sueldo, el sobresueldo, la comisión, la participación y la gratificación. Es decir, el concepto de remuneración contempla como uno de sus componentes el llamado “sueldo”, que se define por ley como “el estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios”. De manera que estamos frente a un término definido clara y restrictivamente por la ley y con evidentes connotaciones económicas: el sueldo forma parte de un concepto más amplio, que es la remuneración. La aplicación de las normas fundamentales de interpretación inhibe introducir un sentido que el legislador no ha querido expresar. Cuánto más, si expresamente ha señalado su verdadero sentido y alcance. Ante una definición legal clara no corresponde una interpretación que la altere. Si aceptáramos la pretendida interpretación, que a todas luces no es el sentido de la ley, estaríamos introduciendo una modificación sustancial. El sueldo, que es una parte de la remuneración, pasaría a tener una mayor magnitud. Sus implicancias son claras. Las normas que se establecen año a año para reajustar las remuneraciones o para fijar la remuneración mínima serían aplicables a esta parte del todo, la que, además, se aumentaría con los elementos de sobresueldo, comisión, gratificación y otros estipendios otorgados con motivo del contrato de trabajo, constituyendo un aumento efectivo del ingreso del trabajador y, aunque comparto la necesidad de aumentarlo, ello nos está vedado, según la Constitución. En efecto, el número 4° del artículo 65 de la Constitución Política de la República, dispone claramente que corresponde al Presidente de la República en exclusiva fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración Pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes. Por lo expuesto, declaro inadmisible esta iniciativa, por carecer de facultades para presentarla. En consecuencia, corresponde votar la inadmisibilidad planteada por la Mesa sobre el proyecto que interpreta el inciso tercero del artículo 44 del Código del Trabajo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 1 abstención. El señor WALKER (Presidente).- Se confirma el criterio de la Mesa. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Ascencio Mansilla Gabriel; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Vidal Lázaro Ximena.-Se abstuvo la diputada señora Isasi Barbieri Marta. V. OBJETO DE LA SESIÓNINGRESO MÍNIMO ÉTICO. Proyectos de acuerdo. El señor WALKER (Presidente).- Esta sesión obedece a una presentación suscrita por 49 diputados y diputadas con el objeto de “analizar la problemática expresada por el obispo de Rancagua referente al carácter ético del ingreso mínimo, y ahondar en los mecanismos y fórmulas tendientes a posibilitar que éste permita la subsistencia de un grupo familiar y contribuya a superar las profundas desigualdades existentes en el país”. Han sido citados el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco Brañes, y el ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade Lara. En el tiempo previo de 15 minutos, que corresponde al Comité Socialista, tiene la palabra el diputado Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, hemos solicitado esta sesión especial por la importancia del llamado del obispo Goic a pagar salarios éticos o justos, que toca un problema neurálgico de la sociedad chilena. Creemos que es importante que la Cámara de Diputados no eluda su responsabilidad en este desafío y contribuya a enfrentarlo. En Chile, no hemos logrado construir una mejor sociedad. A pesar del crecimiento, no tenemos una sociedad más integrada, más justa, más ética. Y éste, sin lugar a dudas, es un desafío para todos. El obispo Goic, a nuestro juicio, nos plantea desafíos claros: menos desigualdad, un Chile más justo; mejorar significativamente las remuneraciones e ingresos de las familias trabajadoras. Los parlamentarios de la Concertación tenemos al respecto un doble debate: por un lado, con la Derecha y, por otro, con nosotros mismos. El debate con la Derecha, creo yo, es más fácil y no es el principal. La Derecha nos dice: llevan 17 años y aún no logran disminuir la desigualdad ni aumentar los salarios suficientemente. Es claro todo lo que ha hecho la Concertación para construir un país más justo y equilibrado. En la orientación del gasto público; los esfuerzos en salud, educación, vivienda; derechos, en general; el modelo de protección social. Y quizás las 800 salas cunas sean un símbolo de este gran esfuerzo. A la Derecha hay que recordarle que la desigualdad no le parecía problema. Sólo crecimiento económico, y en los ciclos de baja de la economía, siempre han planteado que hay que disminuir los salarios mínimos, que hay que disminuir el gasto social, que hay que disminuir los impuestos. No se le hizo caso y, por eso, la desigualdad se ha contenido. La reflexión de fondo de la propia Concertación parece ser el eje principal. Queremos una sociedad más justa y mejores remuneraciones. ¿Qué hemos logrado? ¿Por qué no hemos logrado una sociedad más integrada y una mayor valoración del trabajo y los trabajadores? ¿Qué errores hemos cometido? Es fundamental que hagamos una valoración crítica de nuestro desempeño. Ésta es la base para vitalizar nuestro proyecto de país y éste será el eje de mi reflexión. Yo sugiero leer sobre esto. A Ricardo Frfench Davis, a Humberto Vega, a María Ester Feres, a Osvaldo Sunkel, a Ricardo Infante, entre otros. Primero, sobre el país. La injusticia y la desigualdad en Chile. Aprendimos a crecer, pero aún no hemos logrado un país más justo. Hay enormes brechas, en ingresos, en educación y saber; en salud, en poder, en acceso a la justicia; en los medios de comunicación. Hay que reconocer que Chile tiene problemas serios de inequidad, de integración social, de cohesión social. Y nuestro proyecto de país tiene aquí un desafío fundamental. Las brechas siempre las hemos tenido. Sin embargo, las privatizaciones y la desocialización de los servicios sociales las agudizaron. Hemos acumulado logros en muchos campos: en democracia, en respeto a los derechos humanos, en crecimiento económico, en relaciones internacionales, en una fuerte disminución de la pobreza, en cobertura educacional. Pero aún no hemos logrado las estructuras básicas de justicia, para asegurar justicia, convivencia y paz entre los chilenos. Hemos cometido errores importantes que están en la base de la desigualdad. Por ejemplo, el modelo de financiamiento compartido en educación, que produce segregación y segmentación. Un crecimiento urbano también segregado, se autosegrega en La Dehesa, y los más pobres van al borde de la ciudad. Una política de pequeña empresa que no ha logrado generar una sólida modernización, a pesar de todos los avances que ha habido. Y esto, desde la rebaja de aranceles en 1991 y 1992. Hay fuerte inequidad tributaria. Los pobres y sectores medios pagan más impuestos que los más ricos. Hay subsidios para los más ricos. Dos tercio del IVA de la construcción se les entrega a los sectores de más altos ingreso. Los trabajadores, por otra parte, no pueden negociar sus derechos porque la negociación colectiva es muy limitada. No tenemos una política social constructora de tejidos de vínculo social ni de organización de la sociedad. Quizás, el problema principal sigue siendo de orden cultural, valórico. La desigualdad es escandalosa en Chile. ¡Escandalosa! No es normal; no debemos aceptarla. Hay que reconocer el problema y fortalecer la solidaridad y la responsabilidad de unos por otros. En términos generales, podríamos decir que la estrategia de desarrollo que Chile ha implementado permite crecer económicamente, pero genera fuerte concentración y desigualdad en la riqueza, los ingresos y los bienes públicos. Las políticas sociales han mitigado estos desequilibrios, pero no han logrado revertirlos. Nada sacamos con limitarnos a mostrar a la Derecha lo que hemos hecho. Para la vitalidad de la Concertación, debemos asumir que a pesar de las grandes cosas que se han hecho, de lo mucho que se ha hecho, todavía no tenemos un país con los niveles de igualdad y equidad que quisiéramos, que serán los que enriquezcan nuestro proyecto. El segundo gran tema, que es parte sustantiva del anterior, es el de las remuneraciones, de la revaloración del trabajo y los trabajadores, del salario justo. Esto, no sólo para los sectores de más bajos ingresos, sino para todos, incluyendo a los sectores medios. La Derecha dice que para esto no hay atajos, que sólo con crecimiento y educación lograremos mejores sueldos. Esto no es verdad. Chile ha crecido como nunca antes en estos 17 años; más del 300 por ciento. En educación, hemos logrado gran cobertura, en todos los niveles. Sólo en educación superior hemos pasado de 8 a 30 por ciento. El crecimiento y la educación son condiciones necesarias, pero no suficientes para construir un país con mayor equidad y mayor igualdad. No hay que eludir el debate; tampoco las responsabilidades. El debate sobre el salario ético partió por una propuesta de complemento fiscal a los ingresos de los que trabajan. Se dijo: “Completemos lo que falta para llegar a los 250.000 pesos que planteó el obispo Goic”. Algunos proponen que el Estado se haga cargo de la diferencia. A nuestro juicio, éste es un debate muy importante, pero hay que profundizarlo. El debate europeo ha ido creciendo en la idea de que hay que tener un ingreso básico garantizado para todos los ciudadanos, desde la cuna hasta la muerte. Un ingreso garantizado sólo por ser personas, y no por el grado de aporte productivo; sólo por ser personas. Y todos acceden con éste a un mínimo de bienestar. Este debate, -en proceso de implementación, en Alaska y en otras partes- ha sido muy importante. El debate de estos días ha sido para complementar los ingresos de las familias o los trabajadores, la propuesta de Piñera y otros o el salario de referencia ética de Longueira. Y la Concertación, ¿qué ha hecho en estos años al respecto? Ha dicho: Hay que reconstruir un modelo de protección social y generar un conjunto de subsidios a familias y personas. Si sumáramos en la Casen última todo lo que esto representa, hay una compensación, un agregado. Y se reflexiona sobre la posibilidad de racionalizar el conjunto de estos subsidios. Esta propuesta necesita aclarar con qué ingresos permanentes se cubrirán. No se puede eludir la reforma tributaria. En caso contrario, sería poco serio. Si se quiere asumir este problema, tenemos que pensar en una reforma tributaria. Este debate ético, de justicia, de voluntad política, hay que ligarlo al proceso real, a la realidad objetiva para que sea efectivo. No basta con la voluntad, aunque es fundamental en la vida de las naciones. Es necesario compatibilizar tres dimensiones del problema de los salarios justos. Primero, tener en cuenta los ingresos permanentes para una vida digna de los trabajadores. Segundo, ver cuál es la capacidad de pago de las empresas. Y tercero, considerar los requisitos del desarrollo económico, como productividad, por ejemplo. Es difícil compatibilizar estas tres dimensiones. Para esto necesitamos preguntarnos cómo se forman los salarios en una economía como la chilena, abierta, pequeña. Un Estado pequeño con un sector informal grande. ¿Qué eslabones del proceso de formación de los salarios se pueden tocar para alterar sus patrones? La teoría al respecto se ha enriquecido mucho. El enfoque de Chicago está muy superado en sus supuestos simplificadores. Las cadenas de valor y la asimetría de mercado configuran un enfoque superior. Y esto lo vemos en las teorías de autores como Porter, Pietrobelli, Drucker y otros, según las cuales se está haciendo otro análisis del proceso de formación de los salarios. En este marco, me referiré, en primer lugar, a la participación de la empresa en las distintas cadenas de valor en las cuales están insertas y, en segundo lugar, a la distribución del valor agregado entre utilidades y salarios en la empresa. Las cadenas de valor y la empresa. El ingreso de las pequeñas empresas depende de la competencia con las importaciones y de las ventas a las grandes empresas, las que imponen las condiciones -precios, plazos de pago, publicidad, etcétera- a las pequeñas y se apropian de una parte importante de la cadena de valor. Las pequeñas empresas ven reducidos sus ingresos de venta, por lo que caen sus utilidades y no pueden pagar salarios altos. Las pequeñas empresas tienen grandes asimetrías de poder de mercado. Para aumentar los salarios reales hay que reducir estas asimetrías y proponerse un desarrollo y una modernización sostenidas de las pequeñas y medianas empresas. La distribución del valor agregado entre utilidades y salario. El nivel del salario lo determina unilateralmente el empleador, considerando diversos factores, como la situación de la empresa, de la economía y del mercado laboral. También incide su sesgo ideológico. Los trabajadores en Chile tienen un bajo porcentaje de sindicalización -sólo 12 por ciento- y de negociación colectiva -sólo 2 por ciento-. En estas condiciones se tiende a salarios de entrada lo más bajos posible; es el piso que se pone sobre todo en las grandes empresas. Además, los empleadores pueden determinar el resto de las condiciones contractuales y despedir muy fácilmente a los trabajadores. Las grandes empresas no consideran la productividad para determinar los salarios. Se divorcia el salario de las utilidades. Aumentan las utilidades, pero los trabajadores no aumentan sus ingresos. A nuestro juicio, éstos son los factores principales que explican la desigualdad e injusta distribución del ingreso en la economía chilena, a pesar del crecimiento. El tema de fondo es que existe una estrategia de desarrollo que se agota. Hay que diseñar otra, diferente, que asuma la inequidad en la distribución de los ingresos y las profundas diferencias de productividad y de calidad de nuestra estructura productiva de bienes y servicios. No se puede dejar sólo al mercado la distribución funcional de los ingresos. Se debe fortalecer la capacidad de negociación colectiva. Esto es necesario para equilibrar la situación. También se requieren nuevos parámetros para el salario mínimo y un gran esfuerzo de capacitación laboral al más corto plazo. Quizás, para esto habría que utilizar buena parte de los excedentes de que disponemos. Es necesario asumir las enormes asimetrías contractuales entre las grandes empresas y las de menor tamaño y productividad. Para esto se necesita un estatuto jurídico que regule de otra manera esta relación. Trabajadores y pequeños y medianos empresarios tienen un campo de entendimiento indiscutible en términos de unidad y de aportar a construir un país mejor. Los dos factores que he señalado conducen a un aumento creciente de la brecha entre el incremento de los salarios reales y el de la productividad. Ello seguirá ocurriendo en la medida en que no haya capacidad de intervenir con negociación colectiva y otros factores y en la medida en que existan asimetrías de poder. En 2005, la productividad creció 30 por ciento más de lo que crecieron los salarios reales. No me refiero sólo a los salarios más bajos, sino a los de todos los sectores. Necesitamos un salario más justo y ético y un país con más equidad y más integración social. Esto requiere concordar elementos de una nueva estrategia de desarrollo que sea socialmente inclusiva y que concite el crecimiento económico y la justicia social. Sabemos que en una sesión como ésta se podrán plantear distintas visiones. Queremos presentar un proyecto de acuerdo, que ojalá sea suscrito por todos, para pedir que se constituya una comisión especial destinada a analizar materias como la desigualdad, el salario ético y la pobreza. Esperamos hacer un debate serio -ordenar nuestros pensamientos y visiones, hacer sugerencias, porque la inercia no deja bien a Chile- del que surjan propuestas que contribuyan al Consejo Asesor sobre Equidad Social que ha creado la Presidenta de la República. Necesitamos hacer cambios en la estrategia de desarrollo, en la manera en que se distribuye el valor dentro de la cadena de valor y en la forma en que se enfrentan las asimetrías del mercado. También requerimos un cambio en la manera en que se relacionan los trabajadores con las empresas. Por eso es importante fortalecer la negociación colectiva. Tenemos la expectativa de que en esta sesión especial estableceremos el marco para el trabajo de la comisión que queremos que se constituya. Creemos que la Cámara de Diputados va a aportar al debate nacional. La Presidenta de la República ha constituido el Consejo Asesor con la mayor voluntad de recoger las distintas posiciones y visiones, y debemos contribuir a esa instancia. A lo mejor, las distintas comisiones podrían proponer ideas que enriquezcan nuestro aporte al debate nacional, que por ahora está centrado en el Consejo Asesor sobre Equidad Social, que es tan importante para dar un salto en nuestra estrategia de desarrollo y en la calidad de vida de nuestra sociedad. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, me alegro de que se haya puesto en la discusión nacional el tema del sueldo ético, porque cada vez que discutimos sobre el salario mínimo, deseamos que éste fuera mayor. Dado que en el país no todas las empresas pueden pagar un salario mayor a sus trabajadores, asumimos que debe establecerse un salario mínimo. ¿Qué es un sueldo ético? La justa retribución que se paga a un trabajador por las labores que desempeña. El salario de un trabajador debe estar de acuerdo con su aporte a la producción y debe velar porque sus necesidades mínimas sean satisfechas. El trabajo es la realización de la humanidad, el perfeccionamiento de su vocación. Por ello, el trabajo humano tiene un valor ético, el cual está vinculado total y directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona, es decir, un sujeto consciente y libre. Falta a la ética aquel empleador que, pudiendo pagar un sueldo mejor, no lo hace, con el objeto de aumentar su rentabilidad económica. Sabemos que en Chile hay muchas empresas que pueden hacerlo, pero también sabemos que hay muchas microempresas que no pueden. Por eso, me parece muy difícil que un sueldo ético sea fijado. No obstante, la discusión pública que se genera en estos minutos y las campañas que se hagan a futuro sobre la necesidad de mejorar el sueldo de los más pobres es un gran avance. La línea de pobreza en noviembre de 2006 se fijó en 47.099 pesos, que corresponde al valor de la canasta de satisfacción de necesidades básicas. Según la encuesta Casen, las familias indigentes y las pobres no indigentes tienen un promedio de 4.4 y 4.6 integrantes respectivamente. Para que una familia chilena esté sobre el umbral de la pobreza, debe recibir un ingreso mensual de 216.660 pesos. El 11 de junio pasado, el senador Pablo Longueira presentó un proyecto de ley para establecer un sueldo mínimo sugerido por ese monto. Hace dos meses se aprobó el ingreso mínimo mensual en 144.000 pesos, por lo que estamos lejos de poder llegar a esa cantidad. El sistema económico funciona, pero el rol de la sociedad es agregarle valor humano y criterios éticos. Ésa es la gran tarea de nosotros. Entendemos que la propuesta del senador Longueira no puede ser exigible para pequeños y medianos empresarios o para algunas áreas de nuestra economía que no son tan rentables. No obstante, si logramos que se tome conciencia solidaria de que es necesario mejorar el salario mínimo, contribuiremos a mejorar, en parte, nuestra pésima distribución del ingreso. Pero lo más importante es crear una cultura de gente responsable, porque, en nuestro país, la mayor parte de las personas busca evadir el pago de hasta el último peso. Por ejemplo, algunas personas silban al pasar por el tag, porque supuestamente de esa manera este dispositivo no funcionaría. Encuentro que es el colmo. También considero muy poco ética la actitud de quienes no pagan las cotizaciones o que imponen por un salario mínimo a sus trabajadores, quienes, por lo mismo, el día de mañana tendrán una jubilación demasiado baja. Mientras exista más trabajo y crecimiento, los sueldos serán mejores. Por lo tanto, también se debe trabajar en esa línea. En caso de prosperar alguna reforma tributaria, será necesario introducir muchas modificaciones, por ejemplo, en relación con los tributos que se pagan por las herencias, especialmente en el caso de los más pobres, y los bonos que reciben los trabajadores, que, por ser imponibles, a la larga quedan reducidos a casi nada. El salario justo es una verificación concreta de la justicia de todo el sistema socioeconómico y de su adecuado funcionamiento. El problema de la ética social se refiere a la justa remuneración por el trabajo realizado, y no existe mejor método para hacer justicia en la relación trabajador-empresario que la remuneración justa por el trabajo realizado. Hasta el momento, no hemos decidido de una vez por todas si se legislará en materia de jornada flexible, lo que sería de gran ayuda en especial para las mujeres, quienes, de esa manera, podrían aportar un salario adicional a su hogar. Al respecto, se ha comprobado que al contar con un salario adicional, muchas familias, logran salir de la pobreza. En suma, es necesario establecer el sueldo mínimo ético, no en forma legal, sino en la conciencia de los chilenos. No se hará mediante una obligación legal, sino por medio de una opción que establecerá la ley sólo para los empresarios que deseen pagar a sus trabajadores un poco más que el sueldo mínimo. Así, habrá más chilenos felices, que tendrán más incentivos para trabajar, y se hará justicia, que harto se necesita. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, por siete minutos, el diputado señor Germán Verdugo. El señor VERDUGO.- Señor Presidente, hemos sido convocados para tratar un tema de real importancia y que nos afecta a todos por igual: la problemática planteada por el Presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Goic, quien hizo un llamado a establecer un salario o ingreso ético. Sin duda, el fundamento de su propuesta se encuentra en la Doctrina Social de la Iglesia, que, desde 1891, viene planteando la necesidad de que la retribución por el trabajo se exprese mediante una remuneración justa. Ella es el fruto legítimo del trabajo. Por lo tanto, comete una gran injusticia quien la niega o no la entrega a su debido tiempo y en la justa proporción al trabajo realizado. Al respecto, cabe preguntarse cómo se puede determinar el monto justo del ingreso familiar. En 1981, el Papa Juan Pablo II se refirió sobre el particular en su encíclica Laborem Exercens. En ella, expresó que diversas pueden ser las formas de llevar a efecto el salario familiar. Contribuyen a determinarlo algunas medidas sociales importantes, como los subsidios familiares y otras prestaciones por las personas a cargo, así como la remuneración del trabajo en el hogar de uno de los padres. En dicha encíclica se aborda un aspecto extraordinariamente importante, como es la posibilidad de que exista una remuneración para quienes trabajan en su hogar, es decir, las mujeres. En 1945, el Papa Pío XII nos expresó lo siguiente: “Las labores de cuidado familiar, comenzando por las de la madre, precisamente porque están orientadas y dedicadas al servicio de la calidad de vida, constituyen un tipo de actividad laboral eminentemente personal y personalizante, que debe ser socialmente reconocida y valorada”. El Papa Juan Pablo II agregó, años después, que eso puede concretarse mediante una retribución económica al menos semejante a la de otras labores. Por lo tanto, aquí nos estamos refiriendo a una preocupación que la Doctrina Social y el Magisterio de la Iglesia vienen planteando desde 1891, cuando el Papa León XIII redactó la encíclica Rerum Novarum. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hoy, después de tanto tiempo, en la Cámara se discute sobre esta materia? Porque monseñor Goic expresó la necesidad de establecer un salario ético, cuyo monto no podría ser inferior a 250 mil pesos. Al respecto, aun cuando el Magisterio de la Iglesia ha sido reiterativo en su pronunciamiento sobre aspectos como el ingreso familiar, el salario justo y la remuneración familiar, nunca antes se había mencionado una cifra como la indicada por dicho prelado. Entonces, ahora nos vemos abocados al estudio sobre la forma de determinar ese salario ético. Sobre el particular, el Concilio Vaticano II planteó la solución al problema, al expresar que “la remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común”. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo se encuentran expresados los criterios que, en cada caso, deberían considerarse al momento de resolver sobre el monto que en cada situación corresponde pagar. Al analizar el aporte que hizo el Concilio Vaticano II, es posible concluir que la determinación de aspectos como las condiciones de la empresa y su productividad y, sobre esa base, como expresó el diputado Carlos Montes, el establecimiento del salario justo, es un asunto muy complejo, pero que, sin duda, figura dentro de las responsabilidades que corresponde asumir al Estado, fundamentalmente al Gobierno. Al respecto, cabe preguntarse sobre la tarea de éste en la solución o tratamiento del problema en comento. En ese sentido, la tarea esencial del Estado en el ámbito económico es definir un marco jurídico apto para regular las relaciones económicas con el fin de salvaguardar las condiciones fundamentales de una economía libre, que presupone una cierta igualdad entre las partes. Ésa es la responsabilidad que le corresponde asumir. La sociedad debe tener presente lo que, en esta materia, sostienen la Doctrina Social y el Magisterio de la Iglesia. Al respecto, se puede concluir que una sociedad en la que el derecho al trabajo es anulado o sistemáticamente negado y las medidas de política económica no permiten a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social. Hoy, nos encontramos en la búsqueda de caminos que permitan el tratamiento de esta materia en forma responsable. Por lo tanto, no se debe culpar a la derecha o a la izquierda, sino instar a que el Estado y la sociedad brinden solución al problema planteado por el Presidente de la Conferencia Episcopal. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo correspondiente al Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra, en primer lugar, el honorable diputado señor Juan Carlos Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, creo oportuno entregar algunas opiniones que tienden a acoger el planteamiento del presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de Rancagua -región de la cual soy diputado-, monseñor Alejandro Goic, referida al carácter ético del ingreso mínimo, y que nosotros podamos ahondar en aquellas fórmulas o mecanismos que permitan que la subsistencia familiar mejore sustancialmente; que a través de ellos podamos superar las profundas desigualdades que existen en el ingreso de las distintas familias del país. El primer alcance que quiero hacer es muy general y dice relación con el sentido de esa intervención pública del presidente de la Conferencia Episcopal. Obviamente, es un llamado de atención no solamente a quienes somos -o nos decimos- católicos, sino también a laicos, a personas que tienen otras convicciones religiosas y, por qué no decirlo, como consecuencia de algunas intervenciones públicas que ha habido en el último tiempo; a economistas y a otros que no lo son. Es importante destacar que el planteamiento de monseñor Goic es un llamado de atención a toda la sociedad chilena sin excepción, y lo hace con la legitimidad que, indudablemente, posee la Conferencia Episcopal, particularmente la Iglesia Católica, en la medida en que no sólo tiene su expresión o vigencia en la doctrina social de la Iglesia, en el pensamiento de aquellas encíclicas que han abordado estas materias, en los últimos acuerdos adoptados por conferencias episcopales en América Latina, sino, además, a partir de muchos que, desde su postura, como católicos, han estado permanentemente dando un testimonio de vida de lo que significa efectivamente velar por una mayor justicia social e igualdad. Desde ese punto de vista, entonces, nos parece, en primer lugar, que es indispensable clarificar como extraordinariamente oportuno, legítimo y, además, muy necesario el planteamiento de la Conferencia Episcopal, repito, como un llamado de atención a todos los chilenos, sin excepción, creyentes o no creyentes que, indudablemente, deberíamos asumir exactamente en el nivel en que se encuentra, en el terreno moral, ético. En ese sentido, quiero hacer míos varios de los juicios que han estado presentes en los comentarios de economistas y estudiosos del tema. Particularmente, haré referencia a algunas publicaciones y a un artículo que dio a conocer, hace algún tiempo, el señor Alexis Guardia, quien, en mi opinión, aborda este tema en forma extraordinariamente clara y directa. Señala algo que para nosotros no debe ser tema de discusión: la propuesta de un salario ético de 250 mil pesos constituye una aspiración y, en ningún caso, tiene el propósito de afectar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas o de poner en dificultades a las grandes empresas, sobre todo porque muchas de ellas, seguramente, pagan más que eso. El valor de la declaración de la Iglesia Católica, a través del planteamiento de monseñor Goic, es, precisamente, poner en la agenda nacional el tema recurrente de la desigualdad y los bajos salarios, el cual debemos asumir todos los políticos, sin excepción. Por ello -y ésta es la segunda afirmación que quiero hacer-, resulta realmente incomprensible la reacción destemplada que el planteamiento de monseñor Goic provocó en la denominada “Derecha dura” que hoy está representada por quienes promueven la idea del desalojo a cómo dé lugar. Tampoco puede sernos indiferente, como políticos, el rechazo, prácticamente concertado, de las seis ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio, que agrupa a parte importante del empresariado de las grandes empresas. Es precisamente en el mundo del trabajo asalariado donde se ubica una parte no menor del tema que nos preocupa. Es cierto que la evaluación de las remuneraciones reales tiene que ver con la productividad que se va generando en las distintas actividades; pero también dice relación con la institucionalidad laboral que recoge derechos sociales, pues el mercado laboral no es igual al mercado de las papas o de cualquier otro producto que se quiera transar. Los derechos laborales no tienen nada que ver con la eficiencia o la competitividad; si no fuera así, el trabajo infantil sería lo más competitivo y eficiente. Asumo estas afirmaciones de Alexis Guardia en uno de sus artículos, porque me interpretan ciento por ciento, y creo que también a la bancada de diputados democratacristianos que, en la mayor parte de sus proposiciones políticas, en los últimos años, ha hecho presente, en forma reiterada, la necesidad de buscar mecanismos que permitan una mayor justicia social y, especialmente, un mejor ingreso nacional. Cuando hacemos referencia al empleo en el país, inevitablemente tenemos que tener presente en qué medida se dan las condiciones para acceder a mejores salarios en el sector que tiene trabajo. Debo hacer notar que en el país, de acuerdo con los antecedentes que obran en nuestro poder, sólo el 5,4 por ciento de los asalariados del sector privado negocian colectivamente y que una de cada cinco empresas ha efectuado procesos de negociación colectiva con tendencia a la baja en los salarios, lo que, obviamente, no deja de ser interesante de analizar. En Chile, la tasa de cobertura de negociación colectiva respecto de la población asalariada, dado que los convenios se fijan por poco más de dos años, sería del orden de 8,6 por ciento. Sin embargo, la tasa de cobertura de las negociaciones colectivas en los países que se agrupan en la Ocde, fue en 2000, en promedio, de 60 por ciento. Francia, 90 por ciento; Holanda, 80 por ciento; países escandinavos, entre 80 y 90 por ciento; Reino Unido, 30 por ciento, y Estados Unidos, sólo 15 por ciento. La baja cobertura de la negociación colectiva en el país es un dato duro y le da una mala imagen en el exterior. Obviamente, es uno de los aspectos que debemos tener presente durante esta discusión. Termino mis palabras señalando que tenemos que prolongar nuestro análisis del tema y asociarlo a la idea de ser gestores de un gran pacto social; que efectivamente generemos condiciones para que exista un diálogo social en el cual no solamente los sectores políticos nos comprometamos en ese esfuerzo, a través de comisiones y de decisiones en el Congreso, sino, además, invitando a participar a dirigentes sociales, gremiales, empresariales y, de esa forma, intentar acoger el planteamiento de la Conferencia Episcopal. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable señor Alinco. El señor ALINCO.- Señor Presidente, felicito al obispo de Rancagua por haber puesto el dedo en la llaga al plantear el tema del salario ético. Sin embargo, hay que hacer notar que fue duramente criticado por algunos sectores. Me pregunto qué hubiese pasado si el tema lo hubiese planteado un dirigente sindical o un comunista. La respuesta es simple: lo habrían acusado de retrógrado o de pasado de moda. Pero estamos aquí, discutiendo el tema. El asunto es por dónde empezamos y adónde vamos a llegar. A lo mejor, y quisiera equivocarme, la discusión va a ser infinita y nunca vamos a llegar a acuerdos, porque es un problema de nuestra cultura, que pone como centro de la sociedad al capital, a la riqueza y no al ser humano, como debería ser. En nuestra sociedad, el hombre y la mujer valen por lo que tienen y no por lo que son. El problema es cultural y es de la esencia de nuestra sociedad. Hoy se considera como justo que existan los cesantes y que no todos tengan las mismas oportunidades. Esta sociedad discrimina; no existen los mismos derechos para acceder a la salud, a la vivienda y al trabajo. El tema no es fácil. Por eso, espero que el Consejo Asesor para la Equidad Social que constituyó nuestro Gobierno llegue a feliz término y que no se traduzca en una instancia eterna -como ha sido en otros casos- que no entrega las soluciones que el pueblo y los trabajadores esperan. ¿Qué es ético para los cesantes o para los trabajadores de la construcción?: un salario justo, digno, que alcance para solventar los gastos de la familia y satisfacer las necesidades básicas. Eso es ético; pero para los empresarios, ético no es eso. Para ellos, ético es, tal vez, que les alcance simplemente para comer y para sobrevivir. Por lo tanto, la discusión es difícil y debe ser profunda, por lo que invito al Congreso a tratar de llegar a buen puerto. Un grupo de diputados presentó un proyecto que iba en esa dirección, pero fue declarado inadmisible. Si aquí no se nos permite debatir sobre el concepto de la ética, en todo el sentido de la palabra, no vamos a llegar a una solución satisfactoria para los pobres de Chile. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra por cinco minutos la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, hablamos de desalojo económico y desigualdad social. A propósito del salario ético, es el momento de hacer un llamado a la memoria y situarnos en el origen de las desigualdades económicas en nuestro país. La concentración de la riqueza no es fruto de la casualidad, sino que responde en gran medida a las privatizaciones realizadas entre 1980 y 1990, que nos dejaron una gran desigualdad entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre. La Derecha hoy nos habla de reforma laboral, pero no podemos olvidar que fue cómplice del desalojo económico que terminó con las empresas de todos los chilenos en manos de unos pocos. La concentración de la riqueza, la desigualdad y la indiferencia de los grandes grupos económicos siguen vigentes y se expresan en la precarización del trabajo y en la gran brecha salarial. Los responsables tienen nombre y apellido, así como también quienes se beneficiaron de esta acción, y están consignados en el informe de la Comisión de Privatizaciones de la Cámara, que entregó sus conclusiones en 2005. Se trata de militares y civiles de la derecha política y económica de ayer y de hoy. La misma que nos habla del salario ético, la misma que nos habla del chorreo, la misma que se ha mantenido muda frente a las fusiones empresariales, la tercerización y las privatizaciones. Se trata de grupos económicos, que periódicamente aparecen en Forbes como los más ricos del mundo; de familias que hicieron su fortuna y se fortalecieron con las privatizaciones. En su mayoría, son personas que ostentaron cargos en el Estado y que ejercieron como interventores de las empresas públicas de la época. Son grupos que perduran hasta hoy y que han aumentado su importancia en la economía nacional e internacional. Se trata de conocidos grupos, entre ellos, los Angelini, los Luksic, los Matte, los Said y los Yuraszeck. En el caso de este último, encabezado por José Yuraszeck -que antes no existía como empresario-, surgió gracias a la dictadura, que facilitó que muchos se aprovecharan del denominado “capitalismo popular” y del cuantioso financiamiento del Estado. Entre los participantes de las privatizaciones destacan Büchi, de Castro, Cauas y Cáceres, entre otros. Pero no sólo actuaron los civiles en el desalojo económico, sino que también participó la familia militar, que en nombre del capitalismo popular compró acciones de Endesa y otras empresas a través de subterfugios legales. Lamentablemente, en esa época no había diputados ni senadores que fiscalizaran como lo hacemos hoy. No es necesario abundar en más ejemplos para demostrar que las privatizaciones sentaron las bases para la concentración económica, la exclusión y la desigual. Hoy ya no son las privatizaciones, sino las fusiones las que se han vuelto una práctica habitual entre los grandes grupos económicos, concentrando aún más la riqueza. Ejemplo de esto es la absorción del consorcio D&S por Falabella, que dio origen al segundo holding más grande del país, inmediatamente después de Copec. A estas fusiones se suma la de SalfaCorp y la Inmobiliaria Aconcagua, de la cual nace la constructora más grande del país, cuyo dueño, entre otros, es el señor Sebastián Piñera. Estas fusiones económicas dan cuenta de una dura realidad y de la necesidad de fortalecer la regulación o endurecer la acción de instituciones como la Fiscalía Económica, la Dirección del Trabajo, o mejor que eso, cambiar las relaciones entre trabajadores y empresarios. Si bien en la Concertación debemos reconocer que no hemos sido capaces de revertir esa situación, y vemos como se sigue concentrando el poder económico y se fortalece la acción monopolizadora, está claro que no podemos seguir impávidos frente a la consolidación de este modelo económico. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea la necesidad de fortalecer el diálogo de los trabajadores a través de la negociación colectiva. Recordemos cómo se ha usado la subcontratación, cómo se ha dividido a los trabajadores, cómo se les ha impedido sindicarse, o crean sindicatos débiles, cómo se amenaza a las organizaciones cuando tratan de defender sus derechos. Es el momento de hablar de un pacto social, que nos lleve a un Chile más igualitario, con salarios más dignos y trabajadores más felices. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas. El señor ARENAS.- Señor Presidente, felicito y agradezco a monseñor Goic por haber planteado el tema que debatimos. La Iglesia tiene el derecho y el deber de mostrarle a la sociedad los imperativos éticos en que se mueve. En ese sentido, lamento que se tironeen para uno y otro lado las legítimas iniciativas de la Iglesia, tratando de sacar dividendos políticos y utilizarlas como herramientas de lucha que van más allá de la sana y real preocupación por los salarios. La doctrina social de la Iglesia jamás ha sido incompatible con la economía de mercado; es más, la presupone. En una economía de mercado, los salarios se determinan principalmente por la calidad de la fuerza laboral y por la calidad y cantidad del capital y las tecnologías puestas a disposición de esa fuerza laboral. ¿En qué hemos topado siempre? La respuesta no está en echarle la culpa a uno u otro gobierno, porque se trata de un problema país. Hemos topado en la capacidad de entregar a nuestro capital humano una educación de calidad, que le permita adquirir habilidades importantes para el mercado laboral y hacerlo más productivo en el tiempo. Eso no lo hemos logrado, y aunque algunos digan que eso no importa para la determinación de los salarios, la ciencia económica sí lo señala en forma incontrastable. Por eso, el gran problema ético es anterior al salario ético, es la calidad de la educación que estamos entregando a nuestros jóvenes, es la calidad de la educación que se le entregó a las generaciones que hoy tienen 40 o 50 años. En sectores rurales es dramático ver a personas con sexto u octavo básico, que no tienen habilidades productivas para insertarse de buena forma en nuestra economía. Hay situaciones dramáticas. Por ejemplo, se instaló una gran papelera en la localidad de Mininco, comuna de Collipulli, en la que trabajan más de 400 empleados, pero sólo cuatro son de la región, porque el Estado nunca fue capaz de entregar una educación de calidad a los habitantes de esa localidad que les permitiese terminar al menos el octavo básico y, por ende, optar a mejores trabajos y salarios. Por eso, coincidiendo con la doctrina social de la Iglesia, propiciamos un salario justo, que implica un pago acorde con la productividad de los trabajadores, que permita un sustento suficiente para ellos y sus familias, y que sea fiable para la empresa y también para la estabilidad macroeconómica del país, porque existe un deber ético en mantener los equilibrios macroeconómicos, la inflación baja y que la economía tienda al pleno empleo. Por eso, no se debe hablar en forma aislada de la cuantía o del monto de un salario mínimo determinado, porque tiene que existir ese equilibrio que debe armonizar las condiciones económicas para tener salarios más elevados y las exigencias morales y éticas que la doctrina social de la Iglesia presupone en una economía de mercado. Hay que señalar que no se consigue el salario ético en economías planificadas, sino que en economías libres, con libre iniciativa particular y libre juego del mercado, con los elementos éticos que corresponden a una economía social de mercado. Por eso es triste ver que se ponga en contradicción al mercado y las exigencias éticas. El mercado da una pauta y las exigencias éticas precisan la pauta de cuánto es justo o cuánto es necesario pagar. En consecuencia, consideramos que esta discusión es provechosa. Ojalá que se haga con altura de miras y que la educación sea el tema central para determinar el salario ético, justo y suficiente para el trabajador y su familia, como lo exige la doctrina social de la Iglesia. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención cada una de las intervenciones de mis colegas, por lo que me doy cuenta de que, con excepción de algunos cabezas calientes, es un tema que no debe tener color político alguno, que se debe abordar en profundidad, con seriedad y con todos los actores -ministros, trabajadores, parlamentarios- sentados en una mesa. Es absurdo pensar que alguien se va a oponer a que un trabajador gane un salario justo que le permita vivir. No obstante, quiero hacer presente que, aprovechando la presencia del ministro Velasco, he echado de menos un gesto similar del Gobierno hacia sus trabajadores. Existen 25 mil empleados estatales que hoy día ganan menos del salario mínimo, la mayoría de esos funcionarios están a contrata o a honorarios. Lo mismo pasa en las municipalidades. En consecuencia, el empleador más grande de Chile y que tiene los mayores recursos es el Estado. Por lo tanto, cuando hablamos de estos temas tan importantes, debería dar el ejemplo para que sus trabajadores tengan un salario justo, tranquilidad y un mejor pasar que el que han tenido hasta hoy. En relación con las empresas, algunas no podrán pagar el salario ético, pero van a hacer un esfuerzo para aumentar las remuneraciones de su personal en 5 mil, 10 mil, 15 mil o 20 mil pesos. No obstante, otras empresas pueden pagar más, pero no lo hacen. Eso no es ético. Estamos pidiendo que la gente que pueda dar este beneficio, lo haga. El tema laboral no es un asunto de izquierdas o derechas, sino que de bienestar, de tranquilidad, de producción y de estabilidad de la economía. Es curioso, porque todos estamos de acuerdo con lo propuesto por el obispo Goic, pero cuando nuestro candidato presidencial plantea alguna idea al respecto, los partidarios del Gobierno la rechazan. No obstante, podríamos decir que la Concertación lleva diecisiete años de gobierno, pero recién le entró la fiebre de debatir el salario ético. Por lo tanto, señores ministros, por intermedio del señor Presidente, aprovechemos la oportunidad para juntarnos, hablar de este tema y dar estabilidad al país. Eso es lo que queremos. El Gobierno está dando subsidios por la contratación de mano de obra por medio del Sence, ya que paga el 40 por ciento del sueldo mínimo a un trabajador contratado. O sea, si quisiéramos tener una mayor cobertura, podría pagar el 40 por ciento más del salario mínimo, lo que permitiría aumentar en 50 mil pesos los sueldos de los trabajadores. Por lo tanto, propongo que hagamos un esfuerzo para favorecer a los funcionarios públicos y municipales, veamos si las pymes se pueden sumar dar este beneficio, porque sabemos que muchas de ellas, aun cuando tengan la voluntad para ello, no podrán hacerlo. Indudablemente, queremos que los trabajadores cuenten con un mejor salario y tranquilidad para que el país tenga estabilidad. Las personas no pueden trabajar tranquilas si están pensando en que no tienen para pagar la luz, el agua o el pan. Por último, podríamos establecer un financiamiento compartido, para que los trabajadores de nuestra patria vean que existe un gesto de ambos lados. Eso no es tan difícil de conseguir cuando existe voluntad. Reitero, éste es un problema de todos los sectores políticos de Chile y entre todos tenemos que sacar adelante este asunto, para que los trabajadores vean que sus autoridades, después de tantos años, tomaron conciencia del problema que los afecta. Vamos a pelear por esto y estamos disponibles para apoyarlo, dentro de lo ético que puedan ser los sueldos y las propuestas del gobierno. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, no soy economista. Digo esto porque una de las cuestiones que ha estado latente en el debate es que la gente que no lo es no puede opinar sobre la materia. No me gustaría esta prohibición en el debate al cual hemos sido convocados, porque el tema señalado por la Iglesia a través de monseñor Goic es distinto, a pesar de que se ha simplificado y caricaturizado. El obispo Goic habló de un sueldo ético, lo que no tiene que ver con cuestiones materiales y números, sino que con otra cosa. Como es necesario situarlo conceptualmente, debemos tener claro que la ética es una parte de la filosofía que estudia los juicios de valor cuando se aplican a la distinción entre el bien y el mal. A eso se refiere. Es una cuestión que dice relación con la conciencia. Monseñor llamó a los empresarios y a las autoridades, por lo que me alegra la presencia de los ministros, para que debatamos un tema respecto del cual se clama justicia. Esto tiene que ver con la desigualdad que aún persiste. Nadie puede negar lo mucho que hemos hecho estos años para derrotar la pobreza y la indigencia, pero nadie podría decir que no debemos ocuparnos de este tema. Uno aborda los temas desde lo que es. A mucha honra, soy humanista y cristiano, y las Sagradas Escrituras, una inspiración. En Mateo 25, del versículo 35 en adelante, está la doctrina evangélica respecto de lo que es un salario justo. Ahí se señalan cosas, como “No hagas a tu prójimo lo que no quisieras que hagan contigo”; “Cuando tuve hambre, me diste de comer; cuando tuve frío, me abrigaste; cuando estuve desamparado, me acogiste”. Ése es el sentido de la doctrina y es la base de la intervención de monseñor Goic. Me he preocupado del tema. He recopilado muchos documentos aparecidos en los distintos diarios respecto de las posiciones de unos y otros sobre este tema. Ésta es una gran oportunidad. Se discute si la Iglesia tiene o no la autoridad y el deber de plantearlo. Ciertamente, eso no merece discusión. Alguien citó las encíclicas y se habló del padre Hurtado que, a mediados del siglo pasado, dijo: “Sin justicia social, no hay democracia integral.” Pero los puedo llevar más atrás, pues en la Edad Media existió la llamada doctrina del precio justo, que indicaba que los hombres cristianos podían dedicarse al comercio, para obtener la ganancia necesaria a fin de vivir dignamente y en ningún caso para explotar a nadie. En todo caso, ésta es la gran oportunidad que tenemos para abordar el tema. Lo que se busca es que, apelando a sus conciencias, quienes puedan, entreguen lo que se considera justo en virtud del esfuerzo humano. Hablamos de una compensación ética y digna del trabajo humano. Hay muchos que ya lo hacen. Por eso, esperamos que también lo hagan aquellos que no lo están haciendo y, como Estado, debemos elaborar desde este Congreso la legislación que permita acercarnos a ese ideal, al que nos ha llamado el obispo Goic y la Iglesia. Los valores del neoliberalismo son el utilitarismo y el hedonismo. Ahí está lo que hemos venido diciendo persistentemente y de lo cual tenemos que hacernos cargo. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, por cuatro minutos, la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, más que un debate sobre el salario ético, deberíamos buscar acuerdos sobre la forma de enfrentar las desigualdades en la distribución del ingreso en nuestro país. Más que debatir el diagnóstico y las responsabilidades de cada una de las fuerzas políticas representadas en todas las áreas del desarrollo, nos debemos poner de acuerdo para crecer en la equidad y calidad de las políticas públicas. Ése es hoy nuestro desafío, del cual también se hizo cargo el Gobierno de la Presidenta Bachelet con el llamado a conformar el Consejo Asesor para la Equidad Social. Ese desafío no es sólo el salario o la competitividad, sino que sobre todo, hacerse cargo del desequilibrio existente en la protección social de los trabajadores y trabajadoras, reconociendo la diversidad productiva, pero buscando una seguridad social básica con la que cuenten todos ellos -como en los países desarrollados- y que recién estamos construyendo. Somos reconocidos internacionalmente por nuestro crecimiento económico. ¡Bien por esa nota azul! Estamos en los primeros lugares en todos los rankings de competencia. ¡Bien por estar en esos rankings y ser buenos alumnos en la economía global! Pero, ¿a qué costo? Ahí es donde nuestra responsabilidad ética y social nos lleva a poner el acento. La Iglesia Católica ha puesto el dedo en la llaga y, si queremos ser justos, debemos reconocer que el Estado de Chile, a través de los gobiernos de la Concertación, ha trabajado insistentemente para romper el círculo vicioso de la desigualdad, invirtiendo en diversos programas económicos sociales que han permitido bajar los índices de pobreza. Debemos ser justos en reconocer que quien respondió al emplazamiento de la Iglesia, desde la política, con medidas concretas, es el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Quienes se restan de la discusión y del diálogo social son los que manejan la riqueza de nuestro país. No me refiero a la riqueza espiritual que manejan las iglesias o a la solidaria que manejamos las personas de carne y hueso, sino a la riqueza del dinero. Los que la manejan deben ofrecer medidas concretas para avanzar de verdad en este tema que hoy nos convoca. Además, está en juego nuestra responsabilidad como diputados y diputadas de la Alianza por Chile y de la Concertación, para avanzar en la construcción real de una democracia consolidada, que contenga los derechos humanos en toda su arquitectura y dimensión. Es decir, tenemos tareas pendientes: profundizar nuestra democracia. Así podremos contar con políticas públicas y sociales coherentes y consistentes con el llamado de atención de la Iglesia Católica sobre el salario ético. Un Estado laico, como el nuestro, debe hacerse hace cargo año a año, día a día, de entregar más justicia social. En los hechos, los esfuerzos no son suficientes y eso lo vemos en la realidad, pero también es verdad que debemos seguir trabajando incansablemente por el salario ético que es nuestro objetivo en el presente y en el futuro. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, quiero cuestionar una afirmación que se ha hecho en esta Sala, en orden a que este debate está fuera de la política. Por el contrario, este debate es esencialmente político y está relacionado con la forma en que los autores públicos, los responsables públicos, los tomadores de decisiones, se hacen cargo de un creciente malestar e incomodidad ciudadana por los enormes niveles de desigualdad que Chile todavía exhibe. Es tan político este debate, que requiere de dos elementos: buenas políticas y buenos políticos. En este aspecto le debemos demasiado al país. Hemos visto estos días una operación cosmética en la Derecha. El señor Allamand, que ha sido el que ha defendido ante el Tribunal Constitucional la impugnación de la ley de subcontratación, uno de los grandes paladines y defensor de los intereses económicos en Chile, ahora intenta con una propuesta sin sustancia, que por lo demás disputa su paternidad con el senador Longueira, posicionar a la Derecha en un tema que, por cierto, les es ajeno. Ése es el tema de fondo. No puede ser que exista un debate cosmético sobre cuál coalición expresa de mejor manera los intereses de los trabajadores y de la ciudadanía. Por el contrario, aquí se ha abierto una oportunidad a partir de dos cosas. Primero, sin duda, lo que motiva a esta convocatoria son las declaraciones de monseñor Goic, que ha hecho una interpelación ética, que va más allá de las meras cifras, a debatir en profundidad el enorme nivel de insatisfacción que existe en nuestros ciudadanos y que está afectando la credibilidad de las instituciones democráticas, ya que la gente no quiere seguir viendo el progreso a través de la televisión sin sentir que éste les llega a sus hogares y porque esas desigualdades son responsabilidad del conjunto de los actores políticos chilenos. Y monseñor Goic ha hecho una contribución a este debate. Pero -hay que decirlo; y comparto lo señalado por la diputada Vidal- es el propio programa de gobierno de la Presidenta de la República el que nos permite hoy realizar esta discusión. Porque cuando ella pidió el respaldo a los ciudadanos para convertirse en Presidenta de los chilenos dijo que el gran desafío que tenía Chile era precisamente la protección social: que el crecimiento y el desarrollo del país se tradujeran también en menores desigualdades entre los ciudadanos, en disminuir la brecha que separa a los que ganan mucho de aquellos que ganan muy poco. Ese programa nos permitió la semana pasada aprobar en esta Sala una reforma histórica, la provisional. Ese programa ha llevado a que, incluso, la Alianza, que durante muchos años se negó a discutir y rechazó este tipo de temas, hoy tenga la obligación ética, moral y política de sentarse a conversarlos. Esa agenda de protección social, que interpreta el desafío y el anhelo de millones de chilenas y chilenos de construir un país más justo, es la que hace posible que hoy estemos discutiendo sobre el salario ético, sobre reforma previsonal, sobre negociación colectiva, sobre vulnerabilidad de los derechos laborales. Me alegro de que sea así. Y precisamente por tratarse de un debate exclusivamente político, siento que debemos aprovechar la buena oportunidad que se nos ha abierto y que cuando empiece a sucederse la secuencia de iniciativas que dan cuerpo y forma al proyecto de Gobierno, en iniciativas de ley, en reformas que deberemos discutir en este Congreso Nacional, demostremos con votos esa voluntad que declaramos en los medios de comunicación de avanzar en hacer de Chile un país más justo. Si los chilenos le entregaron su respaldo a esa candidata, que hoy es la Presidenta de todos los chilenos, si apoyaron mayoritariamente su programa de gobierno, nos corresponde responder a esa confianza de la gente y permitir el avance de dicho programa, que expresa -insisto de manera categórica- el anhelo ciudadano de hacer de Chile un país más justo y más equitativo. El diputado Arenas planteó que esto es básicamente una cuestión de educación. ¡Claro que no, señor diputado! Sin duda, la reforma educativa forma parte importante de la lucha contra la desigualdad, no lo negamos. Y estamos abocados a esa reforma. Hoy, parlamentarios de Gobierno y de Oposición estamos trabajando de manera conjunta para tratar de construir un acuerdo respecto de una reforma que asegure calidad educativa para todos los chilenos, especialmente de aquellos que no están en condiciones de pagar la educación privada en la que probablemente la mayoría de los presentes en esta Sala tienen a sus hijos. Pero no sólo eso. Hay que adoptar medidas que reduzcan la desigualdad desde hoy, y ello requiere compromisos básicos. Antes de iniciar este debate se produjo una discusión sobre la constitucionalidad de un proyecto presentado por la diputada Adriana Muñoz y otros colegas que tenía un objetivo muy sensible, muy simple y muy concreto: acabar con una interpretación abusiva que permite que algunos construyan el ingreso mínimo sobre la base de un sueldo base ínfimo y comisiones. Sin embargo, muchos concurrieron con su voto negativo para impedir su debate en el Congreso Nacional. Eso sólo dependía de nosotros, de cómo votáramos. No obstante, nos negamos a nosotros mismos, a la Cámara de Diputados de Chile, la posibilidad de hacer una corrección a esa interpretación abusiva que permite que algunos paguen sueldos base de 10 mil pesos. Entonces, ¡claro que es un asunto político! ¡Claro que aquí necesitamos buenos políticos y buenas políticas, como las que está implementando la Presidenta de la República! Espero que a la hora de la verdad, con los votos sobre la mesa, aprobemos ese programa -que respaldaron los chilenos cuando eligieron a Michelle Bachelet como presidenta de la República- que hace efectivo un avance real en Chile para combatir las desigualdades. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente).- Tiene la palabra, por seis minutos y quince segundos, el diputado señor Edmundo Eluchans. El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, hemos sido convocados a debatir las declaraciones de monseñor Goic, que fueron precedidas por expresiones y proyectos del senador Longueira. En nuestra opinión, es indiscutible que en Chile existen graves inequidades sociales que requieren urgente atención para lograr una sana convivencia ciudadana. Creemos que estamos frente a un tema en el que se cruzan muchos componentes, entre los cuales podemos mencionar elementos sociales, económicos, éticos y políticos, todo lo cual nos señala la gran importancia del debate que en torno a la materia debe producirse. Planteada así la cuestión, nos interesa dejar claro desde ya que creemos que es perfectamente lícito que la Iglesia Católica, y por cierto cualquier otro credo religioso, se ocupe de un tema tan crucial para el país como el que debatimos. Valoramos que la Iglesia Católica -a la cual pertenecemos haciendo lo posible por vivir conforme a sus enseñanzas-, alce su voz para exigir que el país se ocupe de este trascendental asunto que hiere el alma nacional. Con la autoridad moral de que goza y que nadie discute puede hacer valiosos aportes. No obstante lo señalado, consideramos un error que se pretenda medir éticamente un salario en función de una determinada cantidad de pesos sin relación a las capacidades o recursos de la empresa o empleador de que se trate. Es posible que un empleador que pague más de la cantidad fijada como ética esté actuando de una manera moralmente reprochable al retribuir el trabajo muy por debajo de sus capacidades. A la inversa, quien pague una cantidad que no alcanza la cifra ética puede estar haciendo seria y lealmente el esfuerzo de pagar lo que las actividades de la empresa le permiten. Más allá de los números, lo que importa, es obrar éticamente. No es adecuado que para abordar esta materia se comience por dar cifras que dividan lo ético de lo que no lo es. Ello significa que para que los trabajadores puedan obtener ingresos que les permitan atender satisfactoriamente sus necesidades no sólo debemos hablar de un salario ético, ya que la retribución que el empleado recibe por su trabajo deberá complementarse con los recursos que sean menester para alcanzar el ingreso a que hacía referencia. Por eso quizá sea más propio hablar de un ingreso ético. El ingreso necesario referido se alcanza, fundamentalmente a través de tres expedientes: primero, crecimiento; segundo, mejoras a la educación y, tercero, implementación de políticas públicas de orden social. Lamentablemente, observamos que en esos aspectos los gobiernos de la Concertación tienen una enorme deuda para con el país y, por cierto, con los más necesitados. No olvidemos que la Concertación llegó al poder como una luz de esperanza -según lo que ofreció- para una gran cantidad de ciudadanos. Pero la realidad es que hace casi una década que el país no crece según sus posibilidades. De lo contrario, los más pobres no estarían viviendo la situación extrema que hoy les aflige. El presupuesto en educación se ha quintuplicado durante los gobiernos de la Concertación. No obstante ello, los índices sobre la materia siguen siendo muy pobres, incluso peores que los de los inicios de los gobiernos de esa coalición Por otra parte, tampoco se puede desconocer que las mejores herramientas para enfrentar este flagelo están en manos del Gobierno. Es una lástima observar que muchas veces los recursos orientados a beneficiar a los más necesitados terminan en manos de operadores políticos, lo cual además de ser ilegal y eventualmente delictivo es, por supuesto, inmoral. Aun cuando somos de la opinión de que hay que administrar con prudencia la abundancia para no sufrir en la estrechez, es inaceptable que en momentos de tanta bonanza financiera el Gobierno no establezca algunos beneficios en favor de los más desposeídos, cumpliendo su rol solidario y subsidiario. En consecuencia, estamos frente a una materia en que no sólo la mayor responsabilidad recae en el Gobierno, sino que, además, éste tiene la solución en sus manos, primero -como hemos dicho-, creciendo según nuestras posibilidades, ya que ello permite que haya más trabajo y, por tanto, también mejores remuneraciones; segundo, mejorando la educación, y, tercero, aplicando políticas públicas serias y eficaces. Para concluir, somos bastante escépticos acerca de la eficacia de convocar, como lo ha hecho su excelencia la Presidenta de la República, a un consejo para abordar este trascendental asunto; más bien parece que el objeto es eludir la responsabilidad de la Concertación. Ojala estemos equivocados. Por ello, no obstante no estar de acuerdo con esta iniciativa, hacemos votos porque el Consejo cumpla con éxito su misión. Entretanto, invitamos al Gobierno y a los particulares a hacer un esfuerzo serio para mejorar las remuneraciones de las personas de menores ingresos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo que le resta a Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Francisco Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, cuando estamos ad portas de la celebración del Bicentenario como nación organizada, es de fundamental importancia para nuestra sociedad la convocatoria a esta sesión, para tratar el ingreso mínimo, y ahondar en las fórmulas tendientes a permitir la subsistencia del grupo familiar y contribuir a superar las profundas desigualdades existentes. Particular importancia reviste que una autoridad eclesiástica haya motivado una discusión de carácter valórica; cuál es la sociedad que queremos construir. El problema de la pobreza en el Chile de hoy, más que un tema de carácter económico, es un problema de voluntad política y eficiencia técnica. Debemos erradicarla con dos instrumentos básicos, que deben actuar en coordinación sincronizada. Por una parte, mejorar la educación y capacitación de los más pobres, crear empleos estables y dignos y fortalecer la familia. La calidad de la educación es mala y desigual. El desempleo, si bien ha disminuido a 7 por ciento, golpea brutalmente a los sectores más pobres, al punto que el 48 por ciento de los indigentes y el 21 por ciento de los pobres no indigentes está desempleados. En materia de familia, la mayor debilidad afecta a los hogares más pobres, lo que los constituye en las principales víctimas de la drogadicción, alcoholismo y delincuencia. Se trata de reconocer la dignidad de todos y cada una de las personas, como seres únicos, irrepetibles y trascendentes, que buscan las herramientas necesarias para dotar a sus familias de mejores condiciones de vida. El otro instrumento que debe emplearse tiene que apuntar a la disminución de la pobreza, a través de subsidios, transferencias yasignaciones, con capacidad técnica óptima y buena gestión. Debemos crear un ingreso mínimo ético garantizado, en función del tamaño de las familias para todos los grupos familiares chilenos, para permitir a los dos millones de compatriotas que aún están sumidos en la pobreza, que puedan liberarse de esta verdadera esclavitud. La garantía se haría efectiva a través de una asignación familiar antipobreza, que complemente los ingresos familiares hasta el monto del ingreso ético garantizado. Proponemos que esta asignación se entregue a las familias que viven en condición de pobreza, en forma directa, sin intermediarios y burocracia, ni menos, aprovechamiento político. Debe propenderse a que esta asignación se entregue en partes iguales al padre y a la madre de cada familia, promoviendo así su mejor empleo. El ingreso familiar mínimo ético es un instrumento más poderoso y adecuado para luchar contra la pobreza. Primero, porque, a diferencia del salario individual, incluye todos los ingresos de la familia, incorporando otros salarios, transferencias, ingresos, etcétera, lo que conjuntamente con el tamaño y otras características de las familias, permite medir mejor el verdadero nivel de bienestar de sus miembros. Segundo, porque a diferencia del salario mínimo ético, cubre también a los desempleados, jubilados y dueñas de casa que viven en condiciones de pobreza. Y tercero, porque el ingreso mínimo ético no contribuye a aumentar los niveles de desempleo que hoy afectan, por ejemplo, al 60 por ciento de los jóvenes pertenecientes al quintil más pobre. El costo total para el Estado de esta asignación familiar antipobreza es absolutamente viable en la realidad económica actual del país. Sin duda, desde un punto de vista ético, político, económico y social, derrotar la pobreza representa la mejor y más noble inversión que Chile puede hacer de cara al Bicentenario. De esta forma, haremos realidad esa aseveración y mandato que nos legara, hace veinte años, el Papa Juan Pablo II: “Los pobres no pueden esperar”, pero ya han esperado demasiado. Para materializar esta propuesta, se requiere de un gran acuerdo nacional, el cual debe concretarse en un pacto social que deben suscribir todos los integrantes de la comunidad nacional, entre ellos, trabajadores y empresarios, fuerzas sociales y autoridades políticas, con miras a que la derrota a la pobreza se haga realidad, y quede erradicada en forma definitiva. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, la movilización de los trabajadores del pasado 29 de agosto es una fuerte señal de hastío y de rechazo a seguir viviendo en silencio en un país con horribles contrastes entre quienes nadan en la riqueza y los que se ahogan en la miseria. Chile se ubica dentro de los doce países del mundo con peor distribución del ingreso. Además, cuenta con dos grupos económicos cuyos nombres están en la lista de los hombres más ricos del mundo; Angelini y Matte, cada uno de los cuales gana diariamente entre los 500 y los 1.000 millones de pesos; luego, está el 0,09 de los denominados Club de los Millonarios, al cual pertenecen cerca de tres mil trescientas familias de muy altos ingresos. Más o menos, veinte de ellas pertenecen a grupos económicos cuyas rentas superan los 100 millones de pesos diarios; a ello le sigue el 9 por ciento más rico, compuesto por la clase media alta; después viene un salto brutal, donde se encuentra el 59 por ciento de los chilenos que forman parte de la clase media baja empobrecida; y el restante 20 por ciento, pertenece a los tres millones de pobres de la nación. Son datos entregados por la periodista María Elena Andonie, en su artículo “Desigualdad en Chile: Subversión silenciosa”. Uno se pregunta: ¿por qué esta brecha? ¿Por qué esta vergonzosa e insolente brecha? En su intervención, la diputada señora Denise Pascal hizo una reseña importante y nos trajo a la memoria el tema de las privatizaciones hechas durante la dictadura militar. Ahí -hay un informe de esta Corporación- se constituyó una nueva elite económica, un nuevo poder económico, funcionarios públicos, como seremis de minería y de agricultura, llegaron a ser grandes zares de la minería y de los poderes eléctricos en este país. El modelo económico neoliberal, contra el cual marcharon los trabajadores el pasado 29 de agosto, que se funda en el crecimiento económico como la llave maestra para el desarrollo y en la famosa y humillante teoría del chorreo, como un mecanismo de distribución, está mostrando un agotamiento que todos tenemos que reconocer. Esos hechos han dejado a miles de compatriotas fuera de la brecha del desarrollo, sumidos en la pobreza, en la miseria y en la frustración. El Banco Mundial hace rato que viene dando muestras de poner en cuestión ese modelo de desarrollo. El péndulo de esa forma de desarrollarse de los países, en Chile y en el mundo, viene de vuelta. Eso abre una enorme posibilidad para revisar lo que hemos hecho y poner la ética en el centro de las políticas económicas y, sobre todo, de las relaciones laborales. Por eso, hoy nos hace mucho sentido el llamado de la Iglesia, que no es nuevo. A fines del siglo XIX, el Papa León XIII, en la carta encíclica Rerum Novarum, señalaba -cualquiera podría pensar que era Carlos Marx quien estaba hablando-: “Hombres opulentos y riquísimos han puesto sobre la multitud inmensa de proletarios un yugo que difiere poco del de los esclavos”; hace pocos años, el Papa Juan Pablo II, señaló: “Los pobres no pueden esperar”; por último, monseñor Goic expresó: “Es una vergüenza, un pecado. Tenemos un pecado social con los sueldos y salarios que existen en nuestro país”. Debemos preguntarnos si la elite política y empresarial de este país quiere hacer un cambio, un giro, sobre todo, cuando hoy ocurren situaciones vergonzosas, como las que suceden en las salmoneras, donde los capataces obligan a las mujeres a trabajar con pañales para que no vayan al baño, porque las multas se descuentan de los ingresos de los salarios. Sólo debemos preguntarnos: ¿Podremos ponernos de acuerdo, desde esta brecha ética, moral, salarial y de concentración de la riqueza? Pienso que sí. Sólo debemos mirar el ejemplo de Finlandia, un país que en poco menos de un siglo, de una situación similar a la que hoy se vive en Chile, fue capaz de superar la pobreza y la desigualdad a través del diálogo. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, la Concertación lleva 17 años gobernando, y la distribución del ingreso es hoy igualmente mala que hace 17 años. Esa es la realidad.El señor DÍAZ (don Eduardo).- Es el mismo modelo. El señor DITTBORN.- El diputado Eduardo Díaz me dice que es el mismo modelo. Voy a llegar a ese punto. Es efectivo que han tenido éxito en la reducción de la pobreza, aunque hay dudas respecto de las cifras; pero no han tenido ningún éxito en la disminución de los grados de desigualdad. Ante esto, ¿qué le pediría uno a la Concertación? Humildad; por lo menos, reconocer que en los 17 años que gobiernan, en esa materia no han tenido avance alguno. Pero, ¿con qué se encuentra uno, en lugar de la humildad que echamos de menos? Con la tradicional búsqueda de fantasmas a los cuales echarles la culpa. Culpan al mercado que, entre paréntesis, ellos han avalado durante 17 años, porque el sistema económico que tenemos es una economía de mercado, regulada, un Estado potente, pero, al fin y al cabo, con una economía de mercado. Algunos señores diputados culpan a las privatizaciones, olvidando que ellos privatizaron el agua potable y los caminos, dos áreas en las que ni siquiera los Chicago boys, en su mejor época, habrían soñado privatizar. Le echan la culpa a los Chicago boys, que hace 17 años que no están en el gobierno, salvo Ricardo Ffrench-Davis que -debo reconocerlo- es un ilustre miembro de la Escuela de Chicago y simpatizante de la Concertación. Culpan de la desigualdad a los grupos económicos. Aunque hoy no lo hicieron, también deberían haber mencionado a Pinochet, porque siempre está en la lista de los fantasmas a los cuales la Concertación les echa la culpa de todo. Entonces, en lugar de la humildad, que es lo que uno esperaría, se encuentra con estos fantasmas. Aparte de todos estos fantasmas, ¿cuál es el diagnóstico de la Concertación de por qué esta situación de desigualdad no ha sido superada? Cuando llegan a las medidas de políticas públicas concretas, usualmente, su diagnóstico es que en Chile existen pocos sindicatos y, por lo tanto, muy poca negociación colectiva. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué los trabajadores no negocian colectivamente, si existe libertad para hacerlo? Nos dicen que porque todos los empresarios son malévolos e impiden que los trabajadores se agrupen para ejercer sus derechos laborales. Ésa es la caricatura con que siempre disfrazan la situación. Habría que cambiar, entonces, la ley sobre negociación colectiva, para permitir que ello ocurra. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Requieren nuestros votos? No, la modificación de la inmensa mayoría de las leyes laborales requiere simple mayoría, que la Concertación tiene en ambas Cámaras. Si ése es su diagnóstico, ¡cambien las normas sobre negociación colectiva! ¡Fuércenlas, masifíquenlas!, pero no le echen la culpa ni al mercado, ni a las privatizaciones, ni a los Chicago boys, ni a los grupos económicos y menos a Pinochet. Luego, señalan que no se ha efectuado una reforma tributaria, que se deben aumentar los impuestos para que se logre solucionar el problema de la mala distribución de los ingresos. Específicamente, a las empresas, porque pagan muy poco. Así se dice habitualmente en la Comisión de Hacienda. ¡Súbanles los tributos a las empresas! ¡Si eso requiere simple mayoría, y la tienen en ambas Cámaras! ¿Por qué le echan la culpa a los fantasmas y no aumentan los tributos? Al parecer, no creen que ésa sea la causa, porque, de lo contrario, lo harían. Creo que los díscolos que tienen en sus filas, serán díscolos en algunos temas, pero no respecto del aumento de los tributos. Probablemente, ustedes van a ser los más tímidos, y los díscolos, los más audaces. En cuanto a hacer más fuerte, obligatoria y masiva la negociación colectiva, estoy seguro de que tendrían los votos para ello. De manera que no sigan culpando a los fantasmas. Como tienen más o menos claro el diagnóstico, llamo a los parlamentarios de la Concertación a que, por un lado, tengan humildad y que no busquen culpables donde no existen y, por otro, que se pongan los pantalones y hagan lo que dicen que se debe hacer porque, además, tienen los votos. ¡No le echen la culpa a los fantasmas de siempre! He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Esteban Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, me impresionaron las palabras del obispo Goic; pero ellas tienen que servir para el futuro y no para las eternas recriminaciones del pasado que solemos escuchar aquí. A diferencia de las críticas que recibió de un senador de la Derecha, el obispo Goic no ha caído en populismos ni en proposiciones fuera de lo razonable, como un ingreso mínimo de 250 mil pesos. El insistió en que los que puedan hacerlo, hagan el esfuerzo y paguen un sueldo ético de 250 mil pesos. Pero hizo un llamado a los empresarios y también al Estado, porque debemos recordar que están la Junji, la Junaeb, los municipios y las reparticiones públicas, y sería bueno conocer de frentón y sin miedo si el Estado se comporta como empleador, qué esfuerzos hace para que exista mayor equidad. Por cierto, hizo un llamado al sector privado para que quienes tengan posibilidades de pagar salarios más altos, así lo hagan. Ahora, esto no puede quedar sin comentarios y ojalá exista consenso político para reponer el concepto de empresa que permita ampliar la negociación colectiva, de manera que a través de ella los trabajadores puedan aspirar al sueldo ético que propuso muy sensatamente el obispo de Rancagua, monseñor Goic. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo González. El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, todos debemos agradecer a monseñor Goic por haber planteado este trascendental problema. Durante los años de gobierno de la Concertación, la economía ha sufrido grandes transformaciones, se ha reducido la pobreza y la indigencia, se han abierto potentes relaciones internacionales y se ha avanzado en algunos aspectos de justicia social. Sin embargo, queda una deuda y una gran tarea pendiente: contribuir a la construcción de estructuras básicas de justicia e igualdad de oportunidades que aseguren en forma permanente la convivencia en paz, con felicidad y satisfacción, a todos los chilenos. En efecto, la estrategia de desarrollo económico y social se ha mantenido e, incluso, profundizado con una muy desigual e injusta distribución de los ingresos. ¿Por qué ha ocurrido esto? Fundamentalmente, entre otras, por una causa -creo que el diputado Montes ha hecho un diagnóstico estructural y general muy acertado- a la cual quiero referirme en particular. Los salarios dependen, principalmente, de los ingresos y utilidades de las empresas. Las pequeñas y medianas empresas dependen de la competencia que existe en las importaciones, las ventas, las utilidades y la obtención de créditos de las grandes empresas. Éstas les imponen condiciones de precios, plazos, publicidad y riesgo que les permiten apropiarse de gran parte de la cadena de valor, y aquéllas no pueden pagar a sus trabajadores los salarios y las remuneraciones que contribuirían a lograr una mejor distribución del ingreso. Las pequeñas y medianas empresas representan el 70 u 80 por ciento del empleo, y mientras no se potencie ese sector de empresas, no vamos a poder mejorar los salarios y las remuneraciones ni a tener el salario ético, necesario no sólo desde el punto de vista de la moral y de los principios, sino que, además, para mejorar la redistribución del ingreso y para asegurar el desarrollo económico armónico y potente de todo el país. Los ingresos por ventas y utilidades de las pequeñas empresas son exiguos y han ido cayendo históricamente; su capacidad para pagar mejores salarios se ha reducido por la asimetría de poder en el mercado que tienen con las grandes empresas. La concentración económica genera esta gran causa. Por eso, es muy importante que las grandes empresas, que obtienen altísimas rentabilidades y que aumentan crecientemente sus utilidades por la concentración, también paguen mejores salarios. El tope que existe hoy día en el 4,75 por ciento de ingresos mínimos de las gratificaciones es un obstáculo inmenso, como también lo es que las grandes empresas paguen sólo hasta un tope máximo de 8 mil UTM y que ello no permita una redistribución de sus utilidades. Por eso, es importante reducir esta asimetría con la creación de condiciones para que estas empresas compitan en mejores condiciones de mercado y se permita una estructura económica que mejore el nivel general de los ingresos y, por lo tanto, de los salarios. Para terminar, me sumo a la propuesta del diputado Montes de constituir en la Cámara una comisión de trabajo que contribuya al Consejo que propuso la Presidenta de la República, y desde ese Consejo, dar un paso a un gran pacto social por la inclusión, en el que participen empresarios, trabajadores, Gobierno y Congreso Nacional para lograr un gran acuerdo nacional. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero preguntar si cabe hablar de un salario ético. Lo ético es justo. Porque, ¿qué es la ética, sino los usos y costumbres de un pueblo? En los últimos tres lustros en que ha gobernado la Concertación sigue siendo legítimo que a nuestro pueblo se le pague salarios de hambre. Sin duda, eso no es justo. Un sueldo justo sería el que permite que una familia viva durante un mes con todas sus necesidades cubiertas; que también asegure la viabilidad de la empresa que da el empleo, de manera que al cabo de un par de meses la gente no quede cesante. En ese sentido, la pequeña y mediana empresas están agobiadas, en un marasmo al que la han conducido la grave concentración económica que ha vivido nuestro país y que hoy es de una dimensión nunca antes vista. Ante esto, ¿qué hace el Estado? Se comporta como uno de los peores patrones, con empleos precarios, a honorarios, y con prácticas consideradas antisindicales. Adicionalmente, a fin de mes, esquilma con un impuesto bastante elevado -el IVA-, que despoja de gran parte de su salario a los trabajadores. En esas circunstancias, ¿qué debemos hacer para resolver el problema de los salarios? Chile tiene mucha plata guardada debajo del colchón, y ése es un pésimo negocio. ¿Qué haría un buen empresario? Invertir, un buen empresario invierte, no tiene la plata guardada donde no le rinde beneficios. ¿Y qué inversión es mejor que aquella que se hace en nuestros trabajadores, el mejor capital que tenemos? Por ello, lanzo el desafío de que sea el Estado el encargado de asegurar a sus trabajadores -porque ello no va a generar desempleo-, el pionero en tomar la espada de lucha de darles un sueldo justo. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención, reclamo formalmente a la Mesa por no hacer cumplir los tiempos por diputado. La bancada de la Democracia Cristiana informó a la Mesa de eso. Sin embargo, el diputado Latorre se excedió desmesuradamente en el tiempo que ocupó. Justo cuando abordamos un tema ético. Sé que las bancadas informan a la Mesa de los tiempos acordados, pero es su decisión hacer respetar ese acuerdo. En consecuencia, reitero mi reclamo a la Mesa por no haber hecho respetar los tiempos indicados formalmente. No sé si el diputado Latorre habló mucho. En todo caso, según Lincoln, nos eligen para gobernar. Eso es lo que le corresponde a la clase política. Somos representantes populares, nuestra misión es gobernar, no ceder atribuciones. Sigo insistiendo en que la Cámara de Diputados está para adoptar decisiones. Me parece bien que hablen los obispos, los sacerdotes, los presbíteros, los pastores, los tecnócratas, las comisiones, en fin, pero si queremos resolver la situación, la decisión hay que tomarla aquí. Eso es lo que la gente espera de sus representantes. La inflación, en lo que va corrido del año, es de 5,1 por ciento, ése es el promedio. Los cálculos que hemos hecho -y el ministro de Hacienda lo puede ratificar- apuntan a un 6,4 por ciento para las familias de menores ingresos. Si calculamos por deciles no es 5,1 por ciento, sino 6,4 por ciento. ¿Sabemos cuánto representa la inflación para las familias más pobres en su canasta familiar, en verduras, frutas y otros alimentos? Representa el 43,6 por ciento de lo que invierten en alimentos. Nosotros invertimos menos del 18 por ciento en ese ítem. Ése es el impacto. Entonces, ¿dónde está lo ético, lo político, lo económico? Prima lo económico, y si hablamos de ética, juntándolo con la política, no entreguemos más atribuciones a terceros, tomemos las decisiones nosotros. Recuerdo a la Democracia Cristiana de los tiempos de Eduardo Frei Montalva: revolución en libertad. Palabras olvidadas. El ministro Velasco, que nos acompaña en esta sesión, lo ha dicho: Así como el Gobierno va a otorgar un aguinaldo de Fiestas Patrias, ojalá que los empresarios, más allá de las leyes y de los impuestos, hagan un esfuerzo, que nada les cuesta, y se pongan desde ahora con los trabajadores. Ojalá también que los políticos que integramos la Cámara de Diputados dejemos de referirnos a tantas comisiones. Hemos hablado cuatro horas definiendo conceptos y es tiempo de que nos encarguemos de la realidad. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, reitero lo que señalé en mi primera intervención al comienzo del debate del proyecto, en el sentido de que la Concertación tiene dos debates: con la Oposición, con la Derecha, y otro, entre nosotros mismos. En el debate con la Derecha, lamentablemente, el estilo, la forma, la argumentación del diputado Julio Dittborn ayudan muy poco. Ésa no es la forma de discutir sobre qué es más justo ni sobre la justicia. Él, como muchas otras veces, trata de llevar las cosas al extremo, y dice que aquí se levantan fantasmas. Aquí nadie habló de Pinochet, pero está claro que el tema de las privatizaciones y la concentración patrimonial es la base de muchos problemas de distribución. No nos hagamos los lesos, no es un tema que debamos discutir ahora. Está claro que cada vez que hemos intentado cambiar las leyes laborales la Oposición le dice al país que vamos directo al caos. Acordémonos de las reformas de 2001, que eran muy modestas, sin embargo, no permitieron ampliar la negociación colectiva. Dijeron que generaría caos. Se le olvida al diputado Julio Dittborn que cada vez que ha habido un bajón en la economía le han dicho al país que hay que bajar el salario mínimo. Lo han dicho aquí, en esta Sala, incluso han señalado que no debiera haber salario mínimo. Se les olvida que han dicho que hay que bajar el gasto público; también se les olvida que dijeron que debíamos bajar los impuestos, o tenemos un pequeño punto de inflexión. Afortunadamente, nunca se les hizo caso; de lo contrario, los problemas de distribución serían mucho más agudos que los que tenemos hoy. La intervención del diputado Julio Dittborn me confirma que ésa no es la discusión que ayuda a avanzar y a profundizar las cosas. El debate debe enfocarse en que la Concertación analice qué ha hecho y qué ha logrado. Hemos logrado muchas cosas; los indicadores de la pobreza son parte de ello. Ha habido un nivel de crecimiento en la cantidad de viviendas, en el avance de la infraestructura y condiciones de la educación, en los hospitales, en fin, muchas cosas. Pero nuestro país aún sufre de mucha desigualdad y los salarios no logran el nivel de justicia que permite el crecimiento del país. En ese marco, insisto en la importancia de crear una comisión que nos ayude a aportar al debate encargado por la Presidenta de la República al Consejo Asesor. Pero, como dice el diputado señor Lorenzini, al final, habrá que tomar muchas decisiones y las primeras ocurrirán durante la tramitación del Presupuesto para el próximo año. Esperamos que para este Presupuesto no opere simplemente la inercia respecto del pasado. Queremos que muchos de los recursos de que se dispondrá tengan que ver con temas centrales, de modernización, especialmente del aparato productivo, de los recursos humanos y de nuevos proyectos en general. La discusión sobre salario justo, ético, requiere una actitud más abierta, más amplia y más generosa de todos. Lamento el planteamiento del diputado señor Dittborn, quien aportó muy poco al debate. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Terminado el debate.Se han presentado tres proyectos de acuerdo. El señor Secretario dará lectura al primero de ellos. El señor LOYOLA (Secretario).- Proyecto de acuerdo N° 454, de los señores Bertolino, Verdugo, Aedo, Chahuán, Lobos, García, Rojas, Palma, Montes, Burgos, León, Sepúlveda, don Roberto, y Duarte, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: 1°. Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que focalice los esfuerzos para entregar a los chilenos más pobres mejor educación, mejores servicios de salud, viviendas básicas más dignas, que permitan que aquellas personas vulnerables alcancen una plena integración en la vida social de nuestro país para disminuir la brecha existente. 2°. Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, para los efectos de fijar un ingreso mínimo familiar, tenga en consideración los consejos y lineamientos determinados en diversos documentos que contienen la Doctrina Social de la Iglesia y que “contribuyen a determinar algunas medidas sociales importantes como los subsidios familiares y otras prestaciones por las personas a cargo; así como la remuneración del trabajo en el hogar de uno de los padres”. El señor WALKER (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor WALKER (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.-Se abstuvo el diputado señor Espinosa Monardes Marcos. El señor WALKER (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al segundo proyecto de acuerdo. El señor LOYOLA (Secretario).- Proyecto de acuerdo N° 455, de los señores Arenas, Lobos, Egaña, Bauer, Urrutia, Sepúlveda, don Roberto; Masferrer y Barros, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que se dispongan los recursos necesarios para encargar la elaboración de un estudio que determine las necesidades promedio de una familia chilena, el cual sirva de base para la determinación de un sueldo mínimo sugerido, que sirva de referencia para todos los trabajadores del sector público y privado. De igual modo, hacemos un llamado para que las empresas del sector privado que económicamente puedan, cancelen una justa retribución al trabajador, acorde con la dignidad del trabajo y a la naturaleza de las labores desarrolladas, tomando como parámetro el sueldo mínimo sugerido. Por último, y tratándose de aquellas empresas que por motivos económicos evidentes no puedan cancelar este sueldo mínimo sugerido, se estudie la posibilidad de que el Estado concurra, vía subsidios directos, a complementar lo que falte para alcanzar dicho monto”. El señor WALKER (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado, por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 8 abstenciones. El señor WALKER (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Díaz Díaz Marcelo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz DÁlbora Adriana; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Saa Díaz María Antonieta; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. -Se abstuvieron los diputados señores: Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Ojeda Uribe Sergio; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Vallespín López Patricio. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/ El señor WALKER (Presidente).- Se ha presentado otro proyecto de acuerdo que busca la creación de una Comisión especial sobre el tema. El Reglamento establece que debe votarse en la sesión siguiente. En consecuencia, solicito la unanimidad de la Sala para votar ahora este proyecto de acuerdo. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 18.18 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones. VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.885, en materia de donaciones con beneficios tributarios. (boletín Nº 5315-05)“Honorable Cámara de Diputados: En uso de mis facultades constitucionales, vengo en someter a consideración de esa Honorable Corporación, un proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.885, que norma el buen uso de donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros con fines sociales y públicos.I. ANTECEDENTES. Este proyecto tiene como base el principio de que la participación activa de la ciudadanía en la consecución de los objetivos sociales del país es esencial en una sociedad democrática. Tanto las personas como las empresas son parte fundamental de la sociedad chilena contemporánea, siendo ambas un aporte imprescindible para la construcción de un país en que la cultura solidaria, la responsabilidad social y la existencia de canales de participación a través de aportes monetarios, aporte de trabajo o de tiempo, permitan que vayamos erigiendo un país de menos inequidades y de mas oportunidades. Este proyecto que se somete a vuestra consideración tiene tres ejes estructurantes: incentivar y normar las donaciones con fines sociales por parte de empresas y de personas naturales; enseguida, tiene como base la solidaridad entre las instituciones sociales y, en tercer lugar, el proyecto de ley cree en la buena fe e impone sanciones de acuerdo a la responsabilidad reiterada de los partícipes en un uso inadecuado de las donaciones.II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY La ley Nº 19.885, que consagró el acceso a beneficios tributarios a las donaciones que realizan las empresas a instituciones sin fines de lucro que trabajan directamente en el apoyo de chilenos de más escasos recursos, requiere ser perfeccionada a fin de incentivar dichas donaciones, equilibrando el incentivo a realizar donaciones, con una distribución equitativa de los beneficios fiscales involucrados. Este proyecto recoge propuestas de distintas organizaciones de la sociedad civil, así como de parlamentarios de distintos sectores en la materia. Por ello, se ingresa un nuevo proyecto, retirándose el actualmente en tramitación en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, en materia de gasto electoral y de donaciones con beneficios tributarios (Boletín Nº 3.979-06). Esto permitirá acelerar la tramitación, permitiendo una discusión centrada sólo en las actividades con fines sociales.III. DIFICULTADES DEL MARCO JURIDICO ACTUAL. El modelo de donaciones de la ley Nº 19.885 tiene ciertas dificultades. Estas se expresan en lo siguiente:1. Sanciones operan como desincentivo a las donaciones. Si bien la ley Nº 19.885 ha perseguido movilizar recursos públicos y privados en favor de las instituciones donatarias contempladas en ella y ha intentado perfeccionar la transparencia en el acceso a los beneficios tributarios, evitando irregularidades en su utilización, se ha comprobado en los hechos que las sanciones específicas que esta ley contiene ha desincentivado las donaciones en general, y las donaciones a instituciones sociales en particular.2. Necesidad de perfeccionar el Fondo Mixto de Apoyo Social. La realidad de las instituciones sin fines de lucro con objetivos sociales es muy diversa en Chile. Hay algunas instituciones muy pequeñas, alejadas de los centros de poder, ubicadas en pequeñas localidades, mientras que las hay también de cobertura nacional, de gran tamaño y que cuentan con mucho acceso a fuentes de donaciones y aportes de fondos. Es por ello que, si bien se mantiene la existencia de un aporte a un fondo solidario, el Fondo Mixto de Apoyo Social, se perfecciona. El aporte al Fondo Mixto busca que exista la oportunidad para que instituciones sin fines de lucro que tienen proyectos o programas relevantes para sus comunidades puedan acceder a fondos de donaciones sin la necesidad de tener que montar sus propias instancias de levantamiento de donaciones. También busca que instituciones con una menor capacidad de captar recursos por sus propios medios cuenten con una instancia en la que su proyecto sea evaluado por el mérito que tenga. A través de este mecanismo, existirá un principio de solidaridad entre instituciones. Esto, que ha sido apoyado por algunos sectores y criticado por otros, refleja la posición del Ejecutivo con relación a la igualdad de oportunidades, la evaluación por mérito y la contribución a la existencia de múltiples y diversas instituciones orientadas a fines sociales.3. Necesidad de adecuación de figuras sancionatorias al incumplimiento de la ley Otro aspecto que se propone perfeccionar en este proyecto de ley, se refiere al establecimiento de un sistema gradual de sanciones por incumplimiento de la ley. Esta iniciativa legal tiene como principio creer en la buena fe de cada uno de los actores involucrados, por lo que se contemplan medidas tendientes a desarrollar rendiciones de cuentas, junto con considerar sanciones susceptibles de incrementarse en el tiempo, comprendiendo que hay un período de aprendizaje. Asimismo, se busca establecer mecanismos que aseguren la transparencia, el acceso a información oportuna por parte de todos los actores de la sociedad y un sistema de seguimiento ágil para el control del crédito tributario.IV. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO. Este proyecto de ley tiene por objeto incentivar las donaciones que regula esta norma, armonizando y perfeccionando el sistema de beneficios tributarios. Tales incentivos se otorgan al beneficiar con crédito a las donaciones con fines sociales realizadas por personas naturales, estableciendo la obligación de rendición de cuentas por parte de las instituciones donatarias, lo que permite dar seguridad de que las donaciones sean correctamente utilizadas. Asimismo, se aumenta el límite global total de las donaciones, se reduce la penalidad en caso de infracción al artículo 97 N° 24 del Código Tributario y se perfecciona el tratamiento de las contraprestaciones a las donaciones. Por otra parte, se contempla un incentivo a las donaciones realizadas al Fondo Mixto de Apoyo Social, con el objeto de evitar una excesiva concentración de los recursos que el Estado renuncia a recaudar a través de este mecanismo en unas pocas instituciones que tienen una mayor llegada a los donantes.V. CONTENIDO DEL PROYECTO. El proyecto que someto a vuestra consideración puede ser agrupado en dos tipos de normas. Por una parte, disposiciones referidas a las donaciones con fines sociales y al aporte al Fondo Mixto de Apoyo Social, y por la otra, normas de carácter general.1. Las normas relativas a donaciones con fines sociales y aporte al Fondo Mixto de Apoyo Social.a. Ampliación de Donantes. En primer lugar, el proyecto amplía los donantes.i. Personas naturales. Por una parte, se propone ampliar el beneficio tributario a las personas naturales, esto es a los contribuyentes del impuesto global complementario que declaren su renta efectiva sobre la base de contabilidad completa y realicen donaciones en dinero a instituciones que prestan servicios directos a personas de escasos recursos o discapacitadas y al Fondo Mixto de Apoyo Social.ii. Contribuyentes con pérdidas. Por la otra, se autoriza a los contribuyentes afectos al impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, cualquiera sea su renta imponible del ejercicio respectivo o cuando tengan pérdidas, efectuar donaciones irrevocables de largo plazo a las instituciones sociales o al Fondo Mixto, hasta por el equivalente a 1,6 por mil de su capital propio tributario, con un máximo de 14.000 Unidades Tributarias Mensuales al año. En tal caso, si en alguno de los ejercicios correspondiente a la duración de la donación, el contribuyente registrare una renta líquida imponible tal, que el 2% de ella fuere inferior al monto de las cuotas de dicha donación, que han vencido y han sido pagadas en el ejercicio, el contribuyente no tendrá derecho al crédito por las cuotas indicadas, pero podrá deducirlas totalmente como gasto aceptado.b. Beneficios Tributarios. En segundo lugar, se modifican las condiciones para tener derecho a franquicia tributaria, abriendo la posibilidad de optar a distintas alternativas según tramos de donación. Para estos efectos, se distinguen las siguientes situaciones.i. Donaciones inferiores a 1.000 UTM. Quienes realicen donaciones de un monto inferior a 1.000 UTM directamente a instituciones sociales elegibles o al Fondo Mixto de Apoyo Social, tendrán derecho a un crédito equivalente a un 50% de las donaciones. En este caso, en consecuencia, no se requiere necesariamente contribución al Fondo Mixto para tener derecho al crédito. Para calcular el límite de 1.000 UTM se considerarán como una todas las donaciones realizadas en el año por el donante a cualquier institución social, bajo la modalidad aquí señalada.ii. Donaciones iguales o superiores a 1.000 UTM con aporte al Fondo. Las donaciones iguales o superiores a 1.000 UTM que destinen al Fondo Mixto al menos un 33% de ésta, tendrán también un crédito equivalente al 50% de la donación.iii. Donaciones iguales o superiores a 1.000 UTM sin aporte al Fondo. Las donaciones iguales o superiores a 1.000 UTM que no destinen al Fondo Mixto al menos un 33% de ésta, tendrán un crédito equivalente al 35% de la donación. En los tres casos, el crédito presenta como topes el 2% de la base imponible o 14.000 UTM al mes de diciembre del año en que se efectuó la donación, estando además sujetas al límite global para donaciones con franquicia.c. Responsabilidad. En tercer lugar, el proyecto exige rendición de cuentas de las instituciones donatarias. En particular, las instituciones donatarias deberán llevar un Libro de Donaciones cuyas menciones mínimas, por cada donación recibida, son: nombre del donante, número de certificado emitido, monto total de la donación y destino de la misma. Esta información deberá estar disponible en internet, además de ser entregada al Servicio de Impuestos Internos. Adicionalmente, las instituciones donatarias deberán elaborar anualmente un informe del estado de los ingresos provenientes de las donaciones y del uso detallado de dichos recursos, de acuerdo a los contenidos que establezca el Servicio de Impuestos Internos, el cual deberá ser remitido a ese Servicio dentro de los tres primeros meses de cada año. Por último, las instituciones donatarias estarán obligadas a extender certificados por cada donación recibida.d. Sanciones. En cuarto lugar, el proyecto establece la eliminación del registro de las instituciones que incurran en algunas de las conductas señaladas en el proyecto. Así, las instituciones cuya eliminación del registro se declare por primera vez, no podrán incorporarse nuevamente a éste ni presentar nuevos proyectos o programas a financiamiento de donaciones de que trata esta ley ni a financiamiento de los recursos del Fondo, dentro del plazo de tres años contado desde la fecha de la resolución que aplicó dicha sanción. En caso de declararse nuevamente la eliminación del Registro de dicha entidad, se le aplicará la misma sanción, pero por un plazo de seis años.e. Ampliación de composición del Consejo que administra el Fondo Mixto. En quinto lugar, el proyecto aumenta el número de consejeros de siete a nueve, incorporando a dos representantes de la sociedad civil, con el objeto de dar mayor participación a la diversidad de instituciones en las decisiones de dicho Consejo.2. Disposiciones generales del proyecto. El segundo tipo de normas del proyecto, introduce una serie de perfeccionamientos técnicos a la actual legislación.a. Límite global al conjunto de las donaciones afectas a beneficios tributarios. En primer lugar, el proyecto de ley aumenta el límite global total de las donaciones con beneficios tributarios, de un 4,5% a 5% de la renta líquida imponible de primera categoría o de global complementario, según corresponda, respecto de los donantes.b. Tratamiento de las contraprestaciones y de las sanciones. En segundo lugar, el proyecto de ley perfecciona el tratamiento a las contraprestaciones a las donaciones y las sanciones pertinentes. En particular, señala expresamente que toda contraprestación realizada por el donatario en favor del donante de los empleados de éste, de sus directores, o del cónyuge o los parientes consanguíneos, hasta el segundo grado, de todos éstos, ya sea directamente o a través de entidades relacionadas en los términos señalados en el artículo 100° de la ley N° 18.045, está prohibida durante los 6 meses anteriores y los 24 meses posteriores a la fecha en que se efectúe la donación. Asimismo, complementa y mejora los ejemplos de contraprestaciones que señala la ley. El incumplimiento hará perder el beneficio al donante debiendo restituir la parte del impuesto que hubiere dejado de pagar. También establece que el donante y el donatario que no cumplan con aquello serán sancionados con multa que puede ir del 50% al 300% del impuesto que haya dejado de pagar el donante con ocasión de la donación. Asimismo, el proyecto establece que las prestaciones efectuadas por el donatario en favor del donante, en la medida que tengan un valor que no supere el 10% del monto donado, están permitidas. Por otra parte, establece para los contribuyentes que reciban contraprestaciones directas, sea en beneficio propio o en beneficio personal de sus empleados, directores, o del cónyuge o parientes consanguíneos del donante o de cualquiera de los nombrados, hasta el segundo grado, o simulen una donación, en ambos casos, de aquellas que otorgan algún tipo de beneficio tributario que implique en definitiva un menor pago de algunos de los impuestos referidos, una sanción de presidio menor en sus grados mínimo a medio. A fin de precisar la definición de contraprestación, se señala que ésta existe cuando en el lapso que media entre los seis meses anteriores a la fecha de materializarse la donación y los veinticuatro meses siguientes a esa data el donatario entregue o se obligue a entregar al donante o a cualquiera de los mencionados en el párrafo anterior una suma de dinero o especies avaluadas en una suma superior al 10% del monto donado a cualquiera de los nombrados.c. Utilización de donaciones para fines no autorizados. Enseguida, tratándose del que dolosamente destine o utilice donaciones de aquellas que las leyes permiten rebajar de la base imponible afecta a los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta o que otorgan crédito en contra de dichos impuestos a fines distintos de los que corresponden a la entidad donataria de acuerdo a sus estatutos serán sancionados con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.d. Deducción como gasto de donaciones no autorizadas. Por último, los contribuyentes del impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta que dolosamente y en forma reiterada deduzcan como gasto de la base imponible de dicho impuesto donaciones que las leyes no permiten rebajar serán sancionados con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguientePROYECTO DE LEY: “Artículo 1º.- Introdúcense en la ley Nº 19.885, las siguientes modificaciones:1) Sustitúyese su epígrafe por el que se indica a continuación: “incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y publicos”.2) En el encabezado de su Título I, intercálase, entre las expresiones “para” y “entidades”, la frase “personas y”.3) Sustitúyese el artículo 1°, por el siguiente: “Artículo 1°.- Los contribuyentes del impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974, que declaren su renta efectiva sobre la base de contabilidad completa y que no sean empresas del Estado o en la que éste o sus instituciones participen, así como los contribuyentes del impuesto Global Complementario que declaren sobre la base de renta efectiva, que efectúen donaciones en dinero directamente a instituciones señaladas en el artículo 2º o al fondo establecido en el artículo 3º, en adelante “el Fondo”, podrán deducir de los impuestos indicados los créditos que más adelante se señalan todo ello de acuerdo a los procedimientos y condiciones que a continuación se establecen:1. El monto total de las donaciones que den derecho a este beneficio será el señalado en el artículo 10 de esta ley.2. Estas donaciones se liberarán del trámite de la insinuación y se eximirán del impuesto a las herencias y donaciones establecido en la ley Nº 16.271.3. Los donantes deberán informar al Servicio de Impuestos Internos, el monto de las donaciones y la identidad del donatario en la forma y plazos que dicho Servicio determine. La información que se proporcione en cumplimiento de lo prescrito en este número, se amparará en el secreto establecido en el artículo 35 del Código Tributario. Las instituciones y el Fondo, como donatarios, deberán dar cuenta de haber recibido la donación mediante un certificado que se extenderá al donante, conforme a las especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos.4. El donatario que otorgue certificados por donaciones que no cumplan las condiciones establecidas en esta ley o que destine dinero de las donaciones a fines no comprendidos en el proyecto respectivo o a un proyecto distinto de aquel al que se efectuó la donación, deberá pagar al Fisco el impuesto equivalente al crédito utilizado por el donante de buena fe. Los administradores o representantes del donatario serán solidariamente responsables del pago de dicho tributo y de los reajustes, intereses y multas que se determinen, a menos que demuestren haberse opuesto a los actos que dan motivo a esta sanción o que no tuvieron conocimiento de ellos.5. Las donaciones de un monto inferior a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales efectuadas directamente a instituciones señaladas en el artículo 2º o al Fondo, tendrán derecho a un crédito equivalente a un 50% de tales donaciones contra los impuestos indicados en el inciso primero.6. Las donaciones de un monto igual o superior a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, en que al menos el 33% del total haya sido efectuado al Fondo, pudiendo el donante indicar el área de proyectos o programas a que se destinará ese porcentaje en la forma que establezca el reglamento a que se refiere el artículo 6°, tendrán derecho a un crédito equivalente a un 50% del monto de la donación. Las donaciones de un monto igual o superior a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, en que un porcentaje inferior al 33% del total haya sido efectuada al Fondo, tendrán derecho a un crédito equivalente a un 35% del monto de la donación.7. Para efecto de lo señalado en los números anteriores, todas las donaciones de un monto inferior a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales realizadas por un donante en forma íntegra a cualquier institución de aquellas señaladas en el artículo 2º, en el mismo año calendario, serán consideradas una única donación por el monto total donado en dicho período para efecto de calcular el crédito tributario.8. El crédito de que trata este artículo sólo podrá ser deducido si la donación se encuentra incluida en la base de los respectivos impuestos correspondientes a las rentas del año en que se efectúo materialmente la donación.9. En ningún caso, el crédito por el total de las donaciones de un mismo contribuyente podrá exceder del 2% de la renta líquida imponible del año o del 2% de la renta imponible del impuesto Global Complementario, y tampoco podrá exceder del monto equivalente a 14.000 Unidades Tributarias Mensuales al año.10. Las donaciones de que trata este artículo, en aquella parte que den derecho al crédito, se reajustarán en la forma establecida para los pagos provisionales obligatorios de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a contar de la fecha en que se incurra en el desembolso efectivo.11. Aquella parte de las donaciones que no pueda ser utilizada como crédito, se considerará un gasto necesario para producir la renta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”.4) En el artículo 2°, agrégase el siguiente inciso final, nuevo: “Para los efectos de acreditar el buen uso de las donaciones a que se refiere el artículo 1°, la institución donataria deberá llevar un Libro de Donaciones, de acuerdo a lo que señale el reglamento a que se refiere el artículo 6°. En todo caso, el Libro referido deberá señalar, por cada donación, a lo menos, el nombre del donante, número de certificado emitido, monto total de la donación y destino de la misma. Asimismo, deberá elaborar anualmente un informe del estado de los ingresos provenientes de las donaciones y del uso detallado de dichos recursos, de acuerdo a los contenidos que establezca el Servicio de Impuestos Internos, el cual deberá ser remitido a ese Servicio dentro de los tres primeros meses de cada año. El incumplimiento de lo dispuesto en este inciso será sancionado en la forma prescrita en el número 2) del artículo 97 del Código Tributario, siendo solidariamente responsables del pago de la multa respectiva los administradores o representantes legales del donatario.”.5) Modifícase el artículo 3°, en el siguiente sentido:a) En su inciso segundo, sustitúyese la expresión “el número 2” por “los números 5 y 6”.b) En su inciso tercero, agrégase a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “La determinación del 5% del Fondo, antes indicado, se realizará en la forma que indique el reglamento”.6) En el artículo 4°, sustitúyese en su inciso primero, la expresión “tres” por “cinco”, la primera vez que aparece en el texto.7) Modifícase el artículo 5° en el siguiente sentido:a) En su inciso segundo, reemplázase la frase “dos años” por “seis meses”.b) Reemplázase su inciso cuarto, por los siguientes dos incisos, pasando el actual inciso quinto a ser inciso sexto: “El Ministerio de Planificación, mediante resolución fundada, podrá eliminar del registro a aquellas instituciones que hayan incurrido en las siguientes conductas:a) No haber cumplido las obligaciones impuestas por la donación recibida.b) Haber destinado dinero de la donación a fines no comprendidos en el proyecto o programa respectivo o a uno distinto de aquel al que se efectuó la donación.c) Haber incurrido en alguna de las conductas tipificadas en los artículos 11 y 13 de esta ley y en el artículo 97 N° 24 del Código Tributario. Las instituciones cuya eliminación del registro haya sido declarada por primera vez, no podrán incorporarse nuevamente a éste ni presentar nuevos proyectos o programas a financiamiento de donaciones de que trata esta ley ni a financiamiento de los recursos del Fondo, dentro del plazo de tres años contado desde la fecha de la resolución que aplicó dicha sanción. En caso de declararse nuevamente la eliminación del Registro de dicha entidad, se le aplicará la misma sanción, pero por un plazo de seis años.”.8) Modifícase el artículo 10, en el siguiente sentido:a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente: “El conjunto de las donaciones efectuadas por los contribuyentes del impuesto de Primera Categoría y por los contribuyentes del impuesto Global Complementario de la Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo primero del decreto ley Nº 824, de 1974, sea para los fines que señalan los artículos 2º de esta ley o para los establecidos en el artículo 69 de la ley Nº 18.681; artículo 8º de la ley Nº 18.985; artículo 3º de la ley Nº 19.247; ley Nº 19.712; artículo 46 del decreto ley Nº 3.063, de 1979; decreto ley Nº 45, de 1973; artículo 46 de la ley Nº 18.899, y en el Nº 7 del artículo 31º de la Ley sobre Impuesto a la Renta, así como para los que se establezcan en otras normas legales que se dicten para otorgar beneficios tributarios a donaciones, tendrán como límite global absoluto el equivalente al 5% de la renta líquida imponible. Dicho límite se aplicará ya sea que el beneficio tributario consista en un crédito contra el impuesto de Primera Categoría o contra el impuesto Global Complementario, según corresponda, o bien en la posibilidad de deducir como gasto la donación. Sin embargo, en este límite no se incluirá aquel a que se refiere el artículo 8º. Para la determinación de este límite se deducirán de la renta líquida imponible las donaciones a las entidades señaladas en el artículo 2º.”.b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero: “Con todo, los contribuyentes afectos al impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta señalados en el artículo 1°, podrán efectuar donaciones irrevocables de largo plazo a las instituciones señaladas en el artículo 2º o al fondo establecido en el artículo 3º, hasta por el equivalente a 1,6 por mil de su capital propio tributario, con un máximo de 14.000 Unidades Tributarias Mensuales al año, cualquiera sea la renta imponible del ejercicio respectivo o cuando tengan pérdidas. En tal caso, si en alguno de los ejercicios correspondiente a la duración de la donación, el contribuyente registra una renta líquida imponible tal, que el 2% de ella sea inferior al monto de las cuotas de dicha donación que han vencido y han sido pagadas en el ejercicio, el contribuyente no tendrá derecho al crédito que se indica en el artículo 1° por las cuotas indicadas, pero podrá deducirlas totalmente como gasto aceptado. Las donaciones a que se refiere este inciso son aquellas en que la donación se efectúa irrevocablemente mediante una escritura pública, no sujeta a modo o condición, estableciendo pagos futuros en cuotas anuales y fijas, expresadas en unidades de fomento y por períodos no inferiores a cuatro ejercicios comerciales.”.9) Sustitúyese el artículo 11 por el siguiente: “Artículo 11.- Las instituciones que reciban donaciones acogidas a la presente ley o a otras que otorguen un beneficio tributario al donante, no podrán efectuar ninguna prestación en favor de éste en forma exclusiva, en condiciones especiales o exigiendo menos requisitos que los que exijan en general. Tampoco podrán efectuar dichas prestaciones en favor de los empleados del donante, de sus directores, o del cónyuge o los parientes consanguíneos, hasta el segundo grado, de todos éstos, ya sea directamente o a través de entidades relacionadas en los términos señalados en el artículo 100° de la ley N° 18.045. Esta prohibición, regirá durante los seis meses anteriores y los veinticuatro meses posteriores a la fecha en que se efectúe la donación. Se encuentran en esta situación, entre otras, las siguientes prestaciones: otorgar becas de estudio, cursos de capacitación u otros; traspasar bienes o prestar servicios financiados con la donación; entregar la comercialización o distribución de tales bienes o servicios, en ambos casos cuando dichos bienes o servicios, o la operación encomendada, formen parte de la actividad económica del donante; efectuar publicidad, más allá de un razonable reconocimiento, cuando ésta signifique beneficios propios de una contraprestación bajo contratos remunerados y realizar cualquier mención en dicha publicidad, salvo el nombre y logo del donante, de los productos y/o servicios que éste comercializa o presta, o entregar bienes o prestar servicios financiados con las donaciones, cuando signifique beneficios propios de una contraprestación bajo contratos remunerados. Con todo, lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando las prestaciones efectuadas por el donatario o terceros relacionados o contratados por éste, en favor del donante, tengan un valor que no supere el 10% del monto donado, considerando para este efecto los valores corrientes en plaza de los respectivos bienes o servicios. El incumplimiento de lo previsto en este artículo, hará perder el beneficio al donante y lo obligará a restituir aquella parte del impuesto que hubiere dejado de pagar, con los recargos y sanciones pecuniarias que correspondan de acuerdo al Código Tributario. Para este efecto, se considerará que el impuesto se encuentra en mora desde el término del período de pago correspondiente al año tributario en que debió haberse pagado el impuesto respectivo de no mediar el beneficio tributario. Asimismo, el donante y el donatario que no cumplan con lo dispuesto en este artículo serán sancionados con una multa del cincuenta por ciento al trescientos por ciento del impuesto que hubiere dejado de pagar el donante con ocasión de la donación. La aplicación de esta sanción se sujetará al procedimiento establecido en el número 2° del artículo 165 del Código Tributario.”. Artículo 2º.- Sustitúyese el número 24 del artículo 97, del Código Tributario por el siguiente: “24. Los contribuyentes de los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974, que reciban contraprestaciones de las instituciones a las cuales efectúen donaciones, sea en beneficio propio o en beneficio personal de sus socios, directores o empleados, o del cónyuge o de los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, de cualquiera de los nombrados, o simulen una donación, en ambos casos, de aquellas que otorgan algún tipo de beneficio tributario que implique en definitiva un menor pago de algunos de los impuestos referidos, serán sancionados con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se entenderá que existe una contraprestación cuando en el lapso que media entre los seis meses anteriores a la fecha de materializarse la donación y los veinticuatro meses siguientes a esa data, el donatario entregue o se obligue a entregar una suma de dinero o especies avaluadas en una suma superior al 10% del monto donado a cualquiera de los nombrados en dicho inciso. El que dolosamente destine o utilice donaciones de aquellas que las leyes permiten rebajar de la base imponible afecta a los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta o que otorgan crédito en contra de dichos impuestos, a fines distintos de los que corresponden a la entidad donataria de acuerdo a sus estatutos, serán sancionados con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. Los contribuyentes del impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que dolosamente y en forma reiterada, deduzcan como gasto de la base imponible de dicho impuesto donaciones que las leyes no permiten rebajar, serán sancionados con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio.”.DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo 1° transitorio.- Dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la presente ley, el reglamento a que se refiere el artículo 6° de la ley N° 19.885 deberá ser modificado, adecuándolo a lo establecido en esta ley. Artículo 2° transitorio.- La presente ley entrará en vigencia a contar de la publicación en el Diario Oficial de la modificación al reglamento a que se refiere el artículo precedente, con excepción de las modificaciones introducidas en el número 8) del artículo 1° de esta ley, las que regirán desde el 1 de enero del año siguiente al de su entrada en vigencia.”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; ANDRÉS VELASCO BRAÑES, Ministro de Hacienda; CLARISA HARDY RASKOVAN, Ministra de Planificación”.INFORME FINANCIEROPROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.885, EN MATERIADE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOSMensaje Nº 607-353 La presente iniciativa legal introduce modificaciones a la ley Nº 19.885, perfeccionando el sistema de franquicias tributarias a las donaciones con fines sociales, con el propósito de equilibrar el incentivar la realización de donaciones con lograr una distribución equitativa de los beneficios fiscales involucrados. El presente proyecto genera un costo fiscal debido a que implicará una menor recaudación de impuesto a la renta. Esta menor recaudación surge, por una parte, debido a que el proyecto otorga franquicia tributaria a las donaciones con fines sociales realizadas por contribuyentes del Impuesto Global Complementario que declaren sobre la base de renta efectiva y, por otra parte, debido a que el proyecto aumenta el límite global total de las donaciones con beneficios tributarios de un 4,5% a un 5% de la renta líquida imponible de primera categoría. En su conjunto, estas modificaciones significarán una menor recaudación fiscal de aproximadamente $ 4.000 millones anuales, desde el momento que la ley entre en vigencia. (Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos”.2. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que se inicia un proyecto de ley que modifica la ley Nº 20.022, y otros cuerpos legales, con el objeto de reforzar judicatura laboral. (boletín Nº 5316-07)“Honorable Cámara: Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que modifica la ley Nº 20.022 y otros cuerpos legales, en consideración a las razones que paso a exponer.I. ANTECEDENTES. Como es de público conocimiento, el programa de gobierno considera que nuestro país debe contar con una economía moderna, pero simultáneamente, con mejores relaciones laborales en las empresas. Lo anterior supone que exista un respeto pleno y cabal a los derechos de los trabajadores. Ahora bien, estamos conscientes que debemos establecer mecanismos eficientes y accesibles de protección de los derechos sustantivos consagrados, a fin de que el reconocimiento normativo de tales derechos, no se transforme con el tiempo en letra muerta ni en logros meramente programáticos. Por lo anterior, hemos destinado importantes esfuerzos con el fin de establecer en nuestro país un sistema eficiente y accesible de justicia laboral, que asegure no sólo una justicia más expedita y pronta, sino por sobretodo otorgue una eficaz y adecuada defensa de los derechos en litigio. En ese contexto, durante la administración anterior, se aprobaron un conjunto de proyectos de ley, con el fin de establecer, por una parte, un nuevo procedimiento en materia laboral y, por otra, un nuevo diseño orgánico acorde a las necesidades de esta nueva justicia, integrando, además, la creación de los denominados tribunales de cobranza laboral y previsional, en las principales ciudades de nuestro país. Dichos proyectos se transformaron, luego de su correspondiente trámite constitucional, en las actuales leyes Nº 20.022, que establece una nueva orgánica en materia laboral, Nº 20.023, que crea los juzgados de cobranza laboral y previsional, y Nº 20.087 que establece un nuevo procedimiento laboral. Todas estas leyes tienen la virtud de establecer un moderno sistema de solución de conflictos en materia laboral, el que, reconociendo como principios formativos, la oralidad, la inmediación y la celeridad, logra asegurar una administración de justicia más transparente, más eficaz, y de mejor calidad. Sin embargo, la experiencia recogida en otras reformas emprendidas, tales como la de los ámbitos Penal y de Familia, nos ha servido para constatar que las características de los nuevos procedimientos, así como las claras ventajas que aquéllos presentan por sobres los antiguos, generan altas expectativas en la ciudadanía, lo que deriva a un aumento considerable en la concurrencia a dichos tribunales, superándose ampliamente con ello cualquier proyección de demanda realizada. Por lo anterior, asumido este nuevo Gobierno, se estimó necesario efectuar una exhaustiva revisión de los diversos aspectos contenidos en las leyes correspondientes, con el fin de constatar que tanto sus aspectos orgánicos como procedimentales asegurarán la eficacia y oportunidad en el funcionamiento de esta nueva justicia, brindando una adecuada cobertura de jueces y tribunales para acoger satisfactoriamente las necesidades de los usuarios del sistema. Fue así que, primeramente, con fecha 09 de enero del presente año, fue presentado ante vuestra corporación un proyecto de ley, desarrollado por los Ministerios de Justicia y del Trabajo, que introduce una serie de ajustes a los nuevos procedimientos, con el fin de simplificar y agilizar la tramitación de algunos de ellos, permitiendo un mejor desarrollo de sus procesos. Dicho proyecto se encuentra finalizando su primer trámite y esperamos se convierta en ley prontamente. Por su parte, y abordando el análisis orgánico del sistema, el Ministerio de Justicia se abocó al análisis crítico de la estructura orgánica que establece la mencionada ley Nº 20.022, con especial atención al número de jueces que prestarán sus correspondientes servicios en todo el país, y la distribución y ubicación de los diversos tribunales. Es así que, luego de una exhaustiva revisión, hemos considerado necesario introducir modificaciones a la orgánica ya aprobada en la mencionada ley, aumentando considerablemente el número de jueces a nivel nacional, así como el correspondiente número de funcionarios judiciales. También hemos considerado la creación de nuevos tribunales en determinadas zonas del país. Asimismo, la transformación de ciertos tribunales de competencia mixta que, por su número de ingreso de causas o su ubicación geográfica, justifican una importante mejora en tribunales laborales especializados. Todo ello se hace con el objetivo de asegurar el eficiente funcionamiento de nuestros nuevos órganos jurisdiccionales en materia laboral y el otorgamiento del servicio judicial que todos anhelamos.II. OBJETIVOS. El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir modificaciones a la ley Nº 20.022, efectuando las correspondientes modificaciones al Código del Trabajo aumentando el número de jueces en diecisiete juzgados de letras del trabajo, reforzando también la planta de funcionarios de los mismos. El proyecto crea además cinco nuevos tribunales especializados en materia laboral, transformando cuatro juzgados de letras con competencia común, que conocen de materias laborales, en tribunales laborales especializados de dos jueces. El proyecto introduce también modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, dotando a nueve juzgados de letras con competencia común de un segundo juez, así como de un diseño organizacional moderno, similar al de los juzgados especializados, contando entonces estos tribunales con administrador, unidades administrativas especializadas y los funcionarios correspondientes. Las leyes Nº 20.174 y Nº 20.175, prontas a entrar en vigencia, modifican numerosos cuerpos legales para adecuarlos a la creación de las nuevas regiones de Arica y Parinacota y Los Ríos, por lo que se hace necesario modificar también estas leyes en lo que corresponde, en este sentido se corrige la ley Nº 20.174 que modifica erróneamente el Código Orgánico de Tribunales. Así, el proyecto aumenta la dotación total de jueces especializados en materia laboral de 40 a 83, y el correspondiente aumento de funcionarios judiciales para dichos tribunales de 268 a 468. Asimismo, debido a sus cargas de trabajo o a su ubicación geográfica, el proyecto transforma a 4 tribunales mixtos con un juez, en juzgados laborales especializados con dos jueces y con la estructura orgánica correspondiente. También se contempla el reforzamiento de 9 juzgados de letras con competencia común con un segundo juez y una estructura organizacional de juzgado especializado. Otras de las importantes modificaciones apuntan a permitir una mejor gestión de los tribunales ya existentes. Ello, a través de la integración de 47 jefes de unidad y 78 ayudantes de servicios y reestructurando los tribunales laborales establecidos para la ciudad de Santiago, transformándolos de tres tribunales con 17 jueces, a dos con un número de jueces que alcanza los 28. En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguientePROYECTO DE LEY: “Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 20.022:1) En su artículo 1°:a) En la letra a) sustitúyese la frase “Arica, con un juez,” por la frase “Arica, con dos jueces,” y sustitúyese la frase “e Iquique, con un Juez,” por la frase “e Iquique, con tres Jueces,”.b) En la letra b) sustitúyese la frase “con un Juez” por la frase “con tres Jueces” y agrégase a continuación del punto y coma (;) la frase “y Calama, con dos Jueces, con competencia sobre las comunas de la provincia de El Loa;”.c) En la letra c) sustitúyese la frase “con un Juez” por la frase “con dos Jueces”.d) En la letra d) sustitúyese la frase “con dos Jueces” por la frase “con tres Jueces”.e) En la letra e) sustitúyese la frase “con dos Jueces” por la frase “con tres Jueces” y agrégase a continuación del punto y coma (;) la frase “y San Felipe, con dos Jueces, con competencia sobre las comunas de San Felipe, Catemu, Santa María, Panquehue y Llay Llay;”.f) En la letra f) sustitúyese la frase “con un Juez” por la frase “con tres Jueces”.g) En la letra g) sustitúyese la frase “con un Juez” por la frase “con dos jueces” en ambas oportunidades en que se menciona.h) En la letra h) sustitúyese la frase “con un Juez” por la frase “con tres Jueces”, y agrégase a continuación del segundo punto y coma (;) la frase “y Los Ángeles, con dos Jueces, con competencia en las comunas de Los Ángeles, Quilleco y Antuco;”.i) En la letra i) sustitúyese la frase “con dos Jueces” por la frase “con cinco Jueces”.j) En la letra j) sustitúyese la frase “Valdivia, con un juez,” por la frase “Valdivia, con dos jueces,”; sustitúyese la frase “Puerto Montt con un Juez” por la frase “Puerto Montt, con tres Jueces”; y agrégase a continuación del segundo punto y coma (;) la frase “y Osorno, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue, Puerto Octay y San Juan de la Costa;”.k) Sustitúyense las letra k) y l) por las siguientes letras k), l), m): “k) Décima primera región de Aisén, del General Carlos Ibáñez del Campo: Aisén, con un juez con competencia sobre la misma comuna;l) Décima Segunda Región, de Magallanes y Antártica Chilena Punta Arenas, con un juez, con competencia sobre las comunas de las provincias de Magallanes y Antártica Chilena;m) Región Metropolitana de Santiago: Santiago con veintiocho jueces, agrupados en dos juzgados, con catorce jueces cada uno, con competencia sobre la provincia de Santiago, con excepción de las comunas de San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, San Miguel, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo; San Miguel, con cuatro jueces, con competencia sobre las comunas de San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, San Miguel, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo; y San Bernardo, con dos Jueces, con competencia sobre las comunas de San Bernardo y Calera de Tango.”. 2) Para sustituir su artículo 3°, por el siguiente: “Artículo 3°.- Los Juzgados de Letras del Trabajo que se crean en esta ley tendrán la siguiente planta de personal, de acuerdo al número de jueces que los conformen: Juzgados con un juez: un juez, un administrador, un jefe de unidad, dos administrativos jefes, tres administrativos 1°, un administrativo 2°, dos administrativos 3°, un ayudante de servicios y un auxiliar. Juzgados con dos jueces: dos jueces, un administrador, un jefe de unidad, dos administrativos jefes, cinco administrativos 1°, dos administrativos 2°, un administrativo 3°, tres ayudantes de servicios y un auxiliar. Juzgados con tres jueces: tres jueces, un administrador, tres jefes de unidad, seis administrativos 1°, cuatro administrativos 2°, un administrativo 3°, tres ayudantes de servicios y un auxiliar. Juzgados con cuatro jueces: cuatro jueces, un administrador, dos jefes de unidad, cinco administrativos 1°, cuatro administrativos 2°, un administrativo 3°, cuatro ayudantes de servicios y un auxiliar. Juzgados con cinco jueces: cinco jueces, un administrador, tres jefes de unidad, un administrativo jefe, ocho administrativos 1°, cinco administrativos 2°, tres administrativos 3°, cuatro ayudantes de servicios y un auxiliar. Juzgados con catorce jueces: catorce jueces, un administrador, cuatro jefes de unidad, dos administrativos jefe, dieciséis administrativos 1°, once administrativos 2°, seis administrativos 3°, siete ayudantes de servicios y un auxiliar. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, los Juzgados de Letras del Trabajo de Valparaíso y Concepción contarán con: tres jueces, un administrador, dos jefes de unidad, cinco administrativos 1º, tres administrativos 2º, un administrativo 3º, tres ayudantes de servicios y un auxiliar; y el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo contará con: dos jueces, un administrador, un jefe de unidad, dos administrativos jefe, cuatro administrativos 1º, un administrativo 2º, un administrativo 3º, tres ayudantes de servicios y un auxiliar.3) En su artículo 5°:a) Agréganse los siguientes números 1) y 2), pasando los restantes guarismos a enumerarse correlativamente: “Jefe de Unidad de Juzgado de Letras del Trabajo de asiento de Corte, grado IX del Escalafón Superior del Poder Judicial. Jefe de Unidad de Juzgado de Letras del Trabajo de capital de provincia, grado X del Escalafón Superior del Poder Judicial.”.b) Intercálanse, a continuación del nuevo guarismo 10), anteriormente 8), los siguientes números 11) y 12), nuevos, ajustándose la numeración correlativamente: “11) Ayudante de servicio de Juzgado de Letras del Trabajo de Asiento de Corte, grado XVI del Escalafón de empleados del Poder Judicial. 12) Ayudante de servicio de Juzgado de Letras del Trabajo de de Capital de Provincia, grado XVII del Escalafón de empleados del Poder Judicial.”.4) Agrégase el siguiente Artículo 6° bis: “Artículo 6º bis.- En aquellos Juzgados de Letras del Trabajo, con competencia en territorios jurisdiccionales, en que no tenga competencia un Juzgado de Cobranza Laboral y Provisional, existirá también una Unidad de Cumplimiento, que desarrollará las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las resoluciones judiciales y demás títulos ejecutivos competencia de estos tribunales.”5) Sustitúyese en su artículo noveno transitorio la frase “seis meses” por la frase “dieciocho meses”. Artículo 2º.- Suprímense el 3° Juzgado de Letras de Calama, el 2° Juzgado de Letras de San Felipe, el 3° Juzgado de Letras de los Ángeles y el 3° juzgado de Letras de Osorno. Artículo 3º.- Serán aplicables a los administradores de juzgados con competencia común las normas establecidas en el título XI, párrafo 4° bis del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto resulten compatibles, sin perjuicio de lo señalado en el inciso 2° del artículo 23 del mismo cuerpo legal. Artículo 4º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales:1) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo en el artículo 27, pasando el actual inciso segundo a ser tercero: “Los Juzgados de Letras estarán conformados por uno o más jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional; sin embargo actuarán y resolverán unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento.”2) Agrégase el siguiente artículo 27 bis: “Artículo 27 bis.- Los juzgados de letras con competencia común integrados por dos jueces, tendrán la siguiente planta de personal: Un Administrador, un Jefe de Unidad, dos administrativos jefe, cinco administrativos 1°, dos administrativos 2°, un administrativo 3°, tres ayudantes de servicios y un auxiliar. La planta de personal de los tribunales señalados en el inciso anterior que tengan dentro de su competencia la resolución de asuntos de familia contarán, adicionalmente, con un consejero técnico.” Los jueces y el personal directivo de estos juzgados tendrán los grados de la Escala de Sueldos Bases Mensuales del Escalafón del Personal Superior del Poder Judicial que se indican a continuación:a) Los jueces, el grado correspondiente según asiento del tribunal.b) Los administradores de Juzgados de Letras de competencia común de capital de provincia y los de comuna o agrupación de comunas, grados VIII y IX del Escalafón Superior del Poder Judicial, respectivamente.c) Los Jefes de Unidad de Juzgado de Letras de competencia común de capital de provincia y los de comuna o agrupación de comunas, grados X y XI del Escalafón Superior del Poder Judicial, respectivamente. El personal de empleados de los Juzgados de Letras de competencia común con dos jueces, tendrán los grados de la Escala de Sueldos Bases Mensuales del Personal del Poder Judicial, que a continuación se indican:a) Administrativos Jefe de Juzgado de Letras de competencia común de capital de provincia y los de comuna o agrupación de comunas, grados XII y XIII del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, respectivamente.b) Administrativos 1° de Juzgado de Letras de competencia común de capital de provincia y los de comuna o agrupación de comunas, grados XIII y XIV del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, respectivamente.c) Administrativos 2° de Juzgado de Letras de competencia común de capital de provincia y los de comuna o agrupación de comunas, grados XIV y XV del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, respectivamente.d) Administrativos 3° de Juzgado de Letras de competencia común de capital de provincia y los de comuna o agrupación de comunas, grados XV y XVI del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, respectivamente.e) Ayudantes de servicio de Juzgado de Letras de competencia común de capital de provincia y los de comuna o agrupación de comunas, grados XVII y XVIII del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, respectivamente.f) Auxiliares de Juzgado de Letras de competencia común de capital de provincia y los de comuna o agrupación de comunas, grado XVIII del Escalafón de Empleados del Poder Judicial.3) Agrégase el siguiente artículo 27 ter: “Artículo 27 ter.- En los juzgados de competencia común con dos jueces, habrá un juez presidente del tribunal, cuyo cargo se radicará anualmente en cada uno de los jueces que lo integran comenzando por el más antiguo. Sus atribuciones y deberes son los siguientes:a) Velar por el adecuado funcionamiento del juzgado;b) Designar al personal del juzgado, a propuesta en terna del administrador;c) Relacionarse con la Corporación Administrativa del Poder Judicial en todas las materias relativas a la competencia de ésta;d) Decidir el proyecto de plan presupuestario anual para ser propuesto a la Corporación Administrativa del Poder Judicial;e) Elaborar anualmente una cuenta de la gestión jurisdiccional del juzgado;f) Aprobar los criterios de gestión administrativa que le proponga el administrador del tribunal y supervisar su ejecución;g) Aprobar la distribución del personal que le presente el administrador del tribunal;h) Aprobar anualmente, un procedimiento objetivo y general de distribución de causas entre los jueces del tribunal.i) Calificar al personal, teniendo a la vista la evaluación que le presente el administrador del tribunal;j) Presentar al Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva una terna para la designación del administrador del tribunal;k) Evaluar anualmente la gestión del administrador;l) Proponer al Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva la remoción del administrador del tribunal; ym) Ejercer las demás atribuciones y deberes que determinen las leyes”4) Agrégase el siguiente artículo 27 quater: “Artículo 27 quater.- Los Juzgados de Letras de competencia común con dos jueces se organizarán en las siguientes unidades administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de las correspondientes funciones:a) Sala, que consistirá en la organización y asistencia a la realización de las audiencias.b) Atención a Público, destinada a otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurra al tribunal y manejar la correspondencia y custodia del tribunal.c) Administración de Causas, que consistirá en desarrollar toda la labor relativa al manejo de causas y registros de los procesos en el juzgado, incluidas las relativas a las notificaciones, al manejo de las fechas y salas para las audiencias, al archivo judicial básico, al ingreso y al número de rol de las causas nuevas, a la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del juzgado y a las estadísticas básicas del mismo.d) Servicios, que reunirá las labores de soporte técnico de la red computacional del juzgado, de contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa del mismo, y la coordinación y abastecimiento de todas las necesidades físicas y materiales que requiera el procedimiento.e) Cumplimiento, que desarrollará las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las resoluciones judiciales y demás títulos ejecutivos competencia de estos tribunales.”. 5) En la letra B),del artículo 28, agrégase después de la frase “Un juzgado con asiento en la comuna de Pozo Almonte,” la frase “con dos jueces,”.6) En la letra B) del artículo 29, sustitúyese la frase “Tres juzgados” por la frase “Dos juzgados” y agrégase después de la frase “Un juzgado con asiento en la comuna de Taltal,” la frase “con dos jueces,”.7) En la letra B) del artículo 32 intercálase, después de la frase “Un juzgado de letras con asiento en la comuna de Villa Alemana,” la frase “con dos jueces,”; intercálase, después de la frase “Un juzgado de letras con asiento en la comuna de La Ligua,” la frase “con dos jueces,”; sustitúyese la frase: “Dos juzgados de letras con asiento en la comuna de San Felipe” por la frase “Un juzgado de letras con asiento en la comuna de San Felipe”; e intercálase después de la frase “Un juzgado de letras con asiento en la comuna de La Calera,” la frase “con dos jueces,”8) En la letra B) del artículo 34 intercálase después de la frase “Un juzgado con asiento en la comuna de Constitución,” la frase “con dos jueces,”.9) En la letra B) del artículo 35 sustitúyese la frase “Tres juzgados” por la frase “Dos juzgados”.10) En la letra B) del artículo 37 intercálase después de la frase “Un juzgado con asiento en la comuna de La Unión,” la frase “con dos jueces,” y sustitúyese la frase “Tres juzgados” por la frase “Dos juzgados”.11) En el artículo 38 intercálase, a continuación de la frase “dos juzgados con asiento en la comuna de Coihaique,” la frase “el 1° con un juez y el 2° con dos jueces, ambos”.12) En la letra B) del artículo 40 intercálase después de la frase “Un juzgado con asiento en la comuna de Colina,” la frase “con dos jueces,”.13) Al artículo 269: a) Agrégase, en el inciso primero en el párrafo correspondiente a la tercera serie, a continuación de la frase “tribunales con competencia en lo criminal”, la frase “, juzgados de letras del trabajo y juzgados de letras de competencia común con dos jueces”.b) En el inciso sexto:i) Reemplázase en el acápite referido a la Primera Categoría, la conjunción “y” por una coma (,) y agrégase a continuación de la frase “de juzgados de garantía” la frase “, juzgados de letras del trabajo y juzgados con competencia común con dos jueces”.ii) Reemplázase en el acápite referido a la Segunda Categoría la conjunción “y” por una coma (,) la primera y tercera vez que aparece y agrégase a continuación de la frase “de juzgados de garantía” la primera vez que aparece, la frase “, juzgados de letras del trabajo y juzgados con competencia común con dos jueces” y a continuación de la misma frase la segunda vez que aparece, la frase “y juzgados de letras del trabajo”.iii) Reemplázase en el acápite referido a la Tercera Categoría la conjunción “y” por una coma (,) la primera y cuarta vez que aparece y agrégase a continuación de la frase “de juzgados de garantía” la primera vez que aparece, la frase “y juzgados con competencia común con dos jueces” y a continuación de la misma frase la tercera vez que aparece, la frase “y juzgados de letras del trabajo”. iv) Reemplázase en el acápite referido a la Cuarta Categoría, la conjunción “y” por una coma (,) la tercera vez que aparece y agrégase a continuación de la frase “de juzgados de garantía” la segunda vez que aparece, la frase “, juzgados de letras del trabajo y juzgados con competencia común con dos jueces”.v) Reemplázase en el acápite referido a la Quinta Categoría, la conjunción “y” por una coma (,) y agrégase a continuación de la frase “de juzgados de garantía” la frase “y juzgados con competencia común con dos jueces”.14) Al artículo 292: a) En el acápite denominado Segunda categoría, intercálase a continuación de la frase “de cobranza laboral y previsional” la frase “y de juzgados de letras de competencia común,”.b) En el acápite denominado Tercera categoría, intercálase a continuación de la frase “Administrativos jefes de juzgados de familia”, la frase “, de juzgados de letras de competencia común”, y a continuación de la frase “Administrativos 1° de juzgados de familia”, la frase “, de juzgados de letras de competencia común,”.c) En el acápite denominado Cuarta categoría, intercálase a continuación de la frase “Administrativos jefes de juzgados de familia”, la frase “y de juzgados de letras de competencia común”, a continuación de la frase “Administrativos 1° de juzgados de familia”, la frase “, de juzgados de letras de competencia común”, y a continuación de la frase “Administrativos 2° de juzgados de familia”, la frase “, de juzgados de letras de competencia común,”.d) En el acápite denominado Quinta categoría, intercálase a continuación de la frase “Administrativos 1° de juzgados de familia”, la frase “y de juzgados de letras de competencia común”, y a continuación de la frase “Administrativos 2° de juzgados de familia”, la frase “, de juzgados de letras de competencia común”.e) En acápite denominado Sexta categoría, intercálase a continuación de la frase “Administrativos 2° juzgados de familia”, la frase “y de juzgados de letras de competencia común”, agrégase a continuación de la frase “Administrativos 3° de juzgados de familia”, la frase “, de juzgados de letras de competencia común” e intercálase antes del punto aparte (.), la frase “y ayudantes de servicios de juzgados de letras del trabajo de ciudad asiento de Corte de Apelaciones”.f) En el acápite denominado Séptima categoría, intercálasea continuación de la frase “Administrativos 3° de juzgados de familia”, la frase “y de juzgados de letras de competencia común” y agrégase antes del punto aparte (.), la frase “y ayudantes de servicios de juzgados de letras del trabajo y de juzgados de letras con competencia común de capital de provincia y de comuna o agrupación de comunas”.15) Agrégase al artículo 312 el siguiente inciso 3°, nuevo: “En los casos en que el tribunal cuente con dos jueces, cada uno reemplazará al otro en su despacho en el caso señalado en el inciso precedente, actuando el jefe de la unidad administrativa que tenga a su cargo la administración de causas en el respectivo juzgado, como ministro de fe, según la regla general.”.16) Agréganse al artículo 379 los siguientes incisos 2° y 3°, nuevos: “En los juzgados de letras de competencia común con dos jueces, las autorizaciones y custodia de procesos y documentos o papeles señaladas en el inciso precedente, corresponderán al jefe de la unidad administrativa que tenga a su cargo la administración de causas en el respectivo juzgado. Las certificaciones y demás funciones encomendadas a los Secretarios de juzgados de competencia común, serán realizadas por el administrador del tribunal o por el funcionario del tribunal que éste designe.”. Artículo 5º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 415 del Código del Trabajo:1) En la letra a), sustitúyese la frase “Arica, con un juez,” por la frase “Arica, con dos jueces”, y sustitúyese la frase “Iquique, con un juez” por la frase “Iquique, con tres jueces”.2) En la letra b), sustitúyese la frase “con un juez” por la frase “con tres jueces” y agrégase a continuación del punto y coma (;) la frase “Calama, con dos jueces, con competencia en las comunas de la provincia de El Loa;”.3) En la letra c), sustitúyese la frase “con un juez” por la frase “con dos jueces”.4) En la letra d), sustitúyese la frase “con dos jueces” por la frase “con tres jueces”.5) En la letra e), sustitúyese la frase “con dos jueces” por la frase “con tres jueces” y agrégase a continuación del punto y coma (;) la frase “San Felipe, con dos Jueces, con competencia en las comunas de San Felipe, Catemu, Santa María, Panquehue y LlaiLlay;”.6) En la letra f), sustitúyese la frase “con un juez” por la frase “con tres jueces”.7) En la letra g), sustitúyese la frase “con un juez” por la frase “con dos jueces”, las dos veces que se menciona.8) En la letra h), sustitúyese la frase “con un juez” por la frase “con tres jueces” y agrégase a continuación del punto aparte (.) el que se sustituye por coma (,), la frase “Los Ángeles, con dos Jueces, con competencia en las comunas de Los Ángeles, Quilleco y Antuco;”.9) En la letra i), sustitúyese la frase “con dos jueces” por la frase “con cinco jueces”.10) En la letra j), sustitúyese la frase “Valdivia, con un juez, por la frase “ Valdivia, con dos jueces”; y sustitúyese la frase “Puerto Montt, con un juez” por la frase “Puerto Montt, con tres jueces” y agrégase a continuación del punto y coma (;) la frase “y Osorno, con dos jueces, con competencia en las comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue, Puerto Octay y San Juan de la Costa;”.11) Intercálase la siguiente letra k) nueva, pasando las siguientes letras a ordenarse correlativamente: “Décima primera región de Aisén, del General Carlos Ibáñez del Campo: Aisén, con un juez con competencia sobre la misma comuna;”.12) En la nueva letra m), anteriormente l), sustitúyese en el inciso primero la frase “con diecisiete jueces, agrupados en tres juzgados, el Primero y el Segundo, con seis jueces cada uno y el Tercero, con cinco jueces”, por la frase “con veintiocho jueces, agrupados en dos juzgados, con catorce jueces cada uno”.13) En el inciso segundo, sustitúyese la frase “con dos jueces” por la frase “con cuatro jueces”, y la frase “con un Juez” por la frase “con dos Jueces”. Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.174:1) Sustitúyese el numeral 3) del artículo 8° por el siguiente: “Suprímase, en su artículo 37, el párrafo comprendido entre las expresiones “Dos”, la primera vez que aparece en el texto, y las expresiones “Corral, y”, y asimismo, los párrafos comprendidos entre la expresión “Un”, la primera vez que aparece en el texto, y “Lago Ranco”;”2) Sustitúyese el numeral 4) del artículo 8° por el siguiente: Incorpórase el siguiente artículo 39 bis "Artículo 39 bis. En la Decimocuarta Región, de Los Ríos, existirán los siguientes juzgados de letras:A.- JUZGADOS CIVILES: Dos juzgados con asiento en la comuna de Valdivia, con competencia sobre las comunas de Valdivia y Corral;B.- JUZGADOS DE COMPETENCIA COMUN: Un juzgado con asiento en la comuna de Mariquina, con competencia sobre las comunas de Mariquina, Máfil y Lanco; Un juzgado con asiento en la comuna de Los Lagos, con competencia sobre las comunas de Los Lagos y Futrono; Un juzgado con asiento en la comuna de Panguipulli, con competencia sobre la misma comuna; Un juzgado con asiento en la comuna de La Unión, con dos jueces, con competencia sobre la misma comuna; Un juzgado con asiento en la comuna de Paillaco, con jurisdicción sobre la misma comuna, y Un juzgado con asiento en la comuna de Río Bueno, con jurisdicción sobre las comunas de Río Bueno y Lago Ranco.".3) Sustitúyese, en el numeral 1) letra b) del artículo 10°, la frase “Valdivia, con un juez,”, por la siguiente: “Valdivia, con dos jueces,” 4) Sustitúyese, en el numeral 2) letra b) del artículo 10°, la frase “Un juzgado con asiento en la comuna de La Unión, con competencia sobre la misma comuna;”, por la siguiente: “Un juzgado con asiento en la comuna de La Unión, con dos jueces, con competencia sobre la misma comuna;” 5) Sustitúyese, en el numeral 3) letra b) del artículo 10°, la frase “Valdivia, con un juez,” por la siguiente: “Valdivia, con dos jueces,” Artículo 7°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.175:1) Sustitúyese, en el numeral 1) letra b) del artículo 8°, la frase “Arica, con un juez,”, por la siguiente: “Arica, con dos jueces,”.2) Sustitúyese, en el numeral 3) letra b) del artículo 8°, la frase “Arica, con un juez,”, por la siguiente: “Arica, con dos jueces,”.Disposiciones transitorias Artículo primero.- La instalación de los nuevos Jueces y Juzgados de Letras del Trabajo que señala el artículo 1º, se efectuará con la debida antelación al 1° marzo 2008. Con este objeto, la Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá poner a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones los locales destinados al funcionamiento de estos tribunales, así como efectuar las remodelaciones en los locales en que sea necesario de acuerdo a las nuevas plantas. Con debida antelación al 1° marzo 2008, las Cortes de Apelaciones efectuarán el llamado a concurso para proveer sólo los cargos de jueces laborales creados por esta ley, que la Corte Suprema indique, a través de un auto acordado de acuerdo a las necesidades de cada jurisdicción. Las Cortes de Apelaciones llamarán a concurso para proveer los cargos de jueces que no sean llenados en virtud de la regla anterior, con la antelación necesaria para que quienes sean nombrados asuman a más tardar en marzo de 2009. La Corte Suprema, con el informe previo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria correspondiente, comunicará al Presidente de la República si resultare necesario proceder al nombramiento de los demás jueces con anterioridad, atendida la carga de trabajo que los respectivos juzgados presenten. Asimismo, las Cortes de Apelaciones respectivas podrán abrir los primeros concursos de administradores de los Juzgados de Letras del Trabajo y de los Juzgados de Letras de Competencia Común creados en la presente ley, sin necesidad de que los jueces hayan asumido previamente sus cargos. La Corte de Apelaciones respectiva, cuando corresponda, determinará el juzgado y la oportunidad en que cada miembro del Escalafón Primario, Secundario, y de Empleados del Poder Judicial que, de conformidad a los artículos siguientes deba ser traspasado, de acuerdo a las necesidades de funcionamiento del nuevo sistema. Para la determinación del número de cargos vacantes del personal administrativo y del Escalafón Secundario que serán provistos una vez efectuados los traspasos respectivos, se seguirán las reglas establecidas en el artículo 3° de la ley Nº 20.022. Las dotaciones de personal administrativo y del Escalafón Secundario serán nombradas y asumirán sus funciones, conforme a lo indicado por la Corte Suprema, en términos proporcionales al número de jueces cuyos cargos vayan a ser provistos y de conformidad a la disponibilidad presupuestaria. La Corte Suprema podrá impartir instrucciones a las Cortes de Apelaciones respectivas, para el adecuado desarrollo del procedimiento de nombramientos, traspasos e instalación de los juzgados y jueces creados en la presente ley. Las normas sobre provisión de los cargos en estos juzgados, que se contemplan en este artículo y en los siguientes, se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77, inciso final, de la Constitución Política de la República. Artículo segundo.- La designación de los jueces creados por la presente ley se regirá por las reglas comunes, en lo que no sean modificadas o complementadas por las normas siguientes:1) Los Jueces cuyos tribunales son suprimidos por esta ley podrán optar al cargo de Juez de Letras del Trabajo, dentro de su mismo territorio jurisdiccional. Este derecho deberá ser ejercido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de esta ley. Para ejercer este derecho deberán haber aprobado el curso habilitante que la Academia Judicial impartirá al efecto, pudiendo esta acreditar o convalidar como curso habilitante estudios equivalentes que hayan realizado el juez. Si no ejercen el derecho antes previsto, serán destinados por la Corte de Apelaciones respectiva, con a lo menos 60 días de antelación a la supresión del tribunal, en un cargo de igual jerarquía al que a esa fecha poseyeren y de la misma jurisdicción, sin necesidad de nuevo nombramiento y sin que resulte afectado, bajo ningún respecto, ninguno de sus derechos funcionarios.2) Para proveer los nuevos cargos de jueces en los juzgados de letras del trabajo señalados en la ley Nº 20.022 y aquellos que quedaren sin ocupar en los tribunales del trabajo y juzgados de competencia común, que crea esta ley, una vez aplicadas la norma del numeral 1), la Corte de Apelaciones respectiva deberá llamar a concurso para elaborar las ternas con los postulantes que cumplan los requisitos exigidos por el Código Orgánico de Tribunales para llenar los cargos vacantes, según las categorías respectivas. La Corte podrá elaborar ternas simultáneas, de manera que los nombramientos permitan una adecuada instalación de los juzgados respectivos.3) El Presidente de la República procederá a la designación de los nuevos jueces con la celeridad que el procedimiento de instalación del nuevo sistema requiere.4) Para postular a los cargos de Juez de Letras del Trabajo, con arreglo a lo previsto en el numeral 2) de este artículo, los postulantes, además de cumplir con los requisitos comunes, deberán haber aprobado el curso habilitante que la Academia Judicial impartirá al efecto. Con este objeto, la Academia Judicial deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que se impartan suficientes cursos habilitantes. Asimismo, podrá acreditar o convalidar como curso habilitante estudios equivalentes que hayan realizado los postulantes.5) Los jueces a que se refieren los numerales anteriores no sufrirán disminución de remuneraciones, pérdida de la antigüedad que poseyeren en el Escalafón Primario del Poder Judicial, ni disminución de ninguno de sus derechos funcionarios. Artículo tercero.- Los secretarios de los juzgados que son suprimidos por la presente ley, gozarán de un derecho preferente para ser incluidos en las ternas que se formen para proveer los nuevos cargos de jueces del trabajo, en relación con los postulantes que provengan de igual o inferior categoría, siempre que hayan figurado en las dos primeras listas de mérito durante los dos últimos años. Así también, los secretarios cuyos cargos fueren suprimidos por esta ley, gozarán de un derecho preferente para ser incluidos en las ternas que se formen para proveer el nuevo cargo de juez de letras de competencia común, en el juzgado en que servían, en relación con los postulantes que provengan de igual o inferior categoría, siempre que hayan figurado en las dos primeras listas de mérito durante los dos últimos años Asimismo, los secretarios que, por cualquier circunstancia, no fueren nombrados como jueces en los Juzgados del Trabajo o en los juzgados de letras de competencia común que se crean por la presente ley, serán destinados por la Corte de Apelaciones respectiva, con a lo menos 90 días de antelación a la supresión del tribunal, en un cargo de igual jerarquía al que a esa fecha poseyeren y de la misma jurisdicción, sin necesidad de nuevo nombramiento y sin que resulte afectado, bajo ningún respecto, ninguno de sus derechos funcionarios. En el evento de que no existan vacantes en la misma jurisdicción, dentro del plazo indicado en el inciso precedente, el Presidente de la Corte de Apelaciones comunicará este hecho a la Corte Suprema, para que sea ésta la que destine al secretario al cargo vacante que se encuentre más próximo a su jurisdicción de origen, sin que se produzca afectación de ninguno de sus derechos funcionarios. Artículo cuarto.- Los empleados de planta o a contrata cuyos cargos o tribunales sean suprimidos por esta ley que, a la fecha de publicación de la misma, tengan 65 o más años de edad si son hombres y 60 o más años, si son mujeres, o que cumplan esas edades hasta el 1 de julio de 2008, y que presenten la renuncia voluntaria a sus cargos, dentro de los 60 días contados desde la publicación de la ley, tendrán derecho a una bonificación por retiro, en adelante "la bonificación", equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio en el Escalafón de Empleados del Poder Judicial, con un máximo de once meses. La bonificación no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal. El reconocimiento de períodos discontinuos para el cálculo de la bonificación procederá sólo cuando el funcionario tenga a lo menos 5 años de desempeño continuo en el Escalafón de Empleados del Poder Judicial, anteriores a la fecha de la postulación. La remuneración que servirá de base para el cálculo de la bonificación será el promedio de la remuneración imponible mensual de los últimos 12 meses anteriores al retiro, actualizada según el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el sistema de reajustabilidad que lo sustituya, con un límite máximo de noventa unidades de fomento. La bonificación será incompatible con cualquier otro beneficio de naturaleza homologable que se origine en una causal similar de otorgamiento. Los funcionarios que cesen en sus cargos y que perciban la bonificación no podrán ser nombrados ni contratados, en el Escalafón de Empleados del Poder Judicial, durante los 5 años siguientes al término de su relación laboral. Artículo quinto.- Los empleados de secretaría de los tribunales que son suprimidos por esta ley, que no hubiesen ejercido el derecho establecido en el artículo precedente, ingresarán a cumplir funciones en los juzgados creados en la presente ley, de acuerdo a las reglas siguientes:1) Para proveer las vacantes de los Juzgados de Letras del Trabajo, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con la debida antelación, aplicará a todos los empleados de los juzgados que se suprimen un examen sobre materias relacionadas con las leyes Nº 20.022, 20.023 y 20.087, debiendo informar de sus resultados a la Corte de Apelaciones respectiva.2) Recibido el resultado del examen, la respectiva Corte de Apelaciones, en un acto único, confeccionará una nómina con todos los empleados de planta y otra nómina con los empleados a contrata de los tribunales que son suprimidos por la presente ley, ordenados según grado, de acuerdo a los factores siguientes: las calificaciones obtenidas en el año anterior, la antigüedad en el servicio y la nota obtenida en el examen. La Corte Suprema determinará mediante auto acordado la ponderación de cada uno de los factores señalados, para cuyo efecto serán oídos los representantes de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia.3) Elaboradas las nóminas, se iniciará el proceso de traspaso de aquellos empleados que se desempeñan en los tribunales que son suprimidos por esta ley, que no hubiesen ejercido el derecho establecido en el artículo precedente, así como el nombramiento de los empleados en los cargos de los juzgados que se crean en la misma, que quedaren vacantes una vez verificado el proceso de traspaso, procediendo del modo siguiente:a) El Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva llenará las vacantes de los cargos de los juzgados que se crean en esta ley dentro de su jurisdicción, con aquellos empleados de planta, de los tribunales que son suprimidos por la presente ley, según sus grados. Para tal efecto, respetando el estricto orden de prelación que resulte de la aplicación de lo previsto en el numeral 2) de este artículo, se les otorgará la opción de ser traspasados a un cargo del mismo grado existente en un Juzgado de Letras del Trabajo del territorio de la Corte de Apelaciones respectiva. Aquellos funcionarios de planta que no hubiesen sido designados en los tribunales creados por esta ley, deberán ser destinados por la Corte de Apelaciones respectiva, en un cargo del mismo grado que se encuentre vacante en los demás tribunales del sistema judicial, en la misma jurisdicción, sin que tal destinación signifique, en ninguna circunstancia, pérdida de alguno de sus derechos funcionarios. Si no existiere vacante dentro del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones respectiva, el Presidente de la misma comunicará tal circunstancia al Presidente de la Corte Suprema, a fin de que destine al funcionario a un cargo vacante, sin que se produzcan afectaciones de sus derechos funcionarios.b) Una vez efectuado el traspaso referido en el literal anterior, se otorgará a los empleados a contrata de los tribunales de la jurisdicción de cada Corte de Apelaciones que son suprimidos por la presente ley, respetando el orden de prelación de la nómina referida, la opción de ser traspasados a un Juzgado de Letras del Trabajo, existente en el territorio jurisdiccional del tribunal donde ejercen sus funciones, manteniéndoles su calidad funcionaria, o bien de desempeñarse en un cargo de planta vacante, de igual grado, existente en un juzgado con competencia en materia laboral, con asiento en un territorio jurisdiccional distinto al del tribunal en que cumplieren sus funciones, caso en el cual se les designará en calidad de titulares, en los cargos vacantes, según los grados asignados a esos cargos. Si no ejercen la opción antedicha, serán traspasados por la Corte de Apelaciones respectiva a un tribunal de la misma jurisdicción, a un cargo vacante, manteniéndoles su calidad funcionaria, sin necesidad de nuevo nombramiento. Si no existiere vacante dentro del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones respectiva, el Presidente de la misma comunicará tal circunstancia al Presidente de la Corte Suprema, a fin de que destine al funcionario al cargo vacante que se encuentre más próximo a su jurisdicción de origen, en calidad de titular, sin que se produzcan afectaciones de sus derechos funcionarios.c) En ningún caso el proceso de traspaso podrá significar disminución de remuneraciones, pérdida de antigüedad en el Poder Judicial y en la categoría del escalafón, cambios en los sistemas previsionales y de atención de salud, ni menoscabo o pérdida de algunos de los derechos funcionarios que el empleado poseyere al momento de efectuarse su nueva asignación de funciones.4) Los cargos que quedaren vacantes, una vez aplicadas las reglas anteriores, serán provistos por funcionarios que actualmente se desempeñen en el Escalafón de Empleados del Poder Judicial, de conformidad a las instrucciones que imparta al efecto la Corte Suprema, mediante auto acordado. Una vez provistas las vacantes, los cargos creados en esta ley sólo podrán ser llenados mediante las reglas de concurso público que el Código Orgánico de Tribunales contempla y según las disponibilidades presupuestarias existentes. Para los efectos señalados en el párrafo precedente, los empleados de secretaría cuyos tribunales son suprimidos por la presente ley gozarán de un derecho preferente para ser incluidos en terna en los cargos a que postulen, frente a los demás postulantes, sin perjuicio de las preferencias establecidas en el artículo 294 del Código Orgánico de Tribunales. En todo caso, tal preferencia se mantendrá sólo hasta el primer nombramiento originado como consecuencia de la aplicación de esta prerrogativa.5) No podrán ser destinados a los cargos vacantes de los juzgados creados en la presente ley, aquellos empleados de los juzgados suprimidos por el artículo 10 de la ley Nº 19.665, que reformó el Código Orgánico de Tribunales, que no hubieren aprobado el examen a que se refiere el artículo 2° transitorio de la citada ley. Artículo sexto.- Los empleados de secretaría de juzgados de competencia común cuyos cargos son suprimidos por esta ley, que no hubiesen ejercido el derecho establecido en el artículo cuarto transitorio, ingresarán a cumplir funciones en los juzgados de letras a los cuales pertenecían, de acuerdo a las reglas siguientes:1) La Corte de Apelaciones respectiva, en un acto único, confeccionará una nómina con todos los empleados de planta y otra nómina con los empleados a contrata de cada tribunal de competencia común, cuyos cargos de secretaria son suprimidos por la presente ley, ordenados según grado, de acuerdo a los factores siguientes: las calificaciones obtenidas en el año anterior y la antigüedad en el servicio. La Corte Suprema determinará mediante auto acordado la ponderación de cada uno de los factores señalados, para cuyo efecto serán oídos los representantes de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia.2) Elaboradas las nóminas, se iniciará el proceso de traspaso de aquellos empleados que se desempeñan en los cargos que son suprimidos por esta ley, que no hubiesen ejercido el derecho establecido en el artículo cuarto transitorio, así como el nombramiento de los empleados en los cargos que se crean en la misma, que quedaren vacantes una vez verificado el proceso de traspaso, procediendo del modo siguiente:a) El Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva llenará las vacantes de los cargos en los juzgados de competencia común que se crean en esta ley, dentro de su jurisdicción, con aquellos empleados cuyos cargos son suprimidos por la presente ley, comenzando por los de planta, según sus grados. Para tal efecto, respetando el estricto orden de prelación que resulte de la aplicación de lo previsto en el numeral 1) de este artículo, se les otorgará la posibilidad de optar a un cargo del mismo grado existente en el Juzgado de Letras de competencia común en el cual servían.b) Aquellos funcionarios que no hubiesen sido designados en los cargos creados por esta ley en los juzgados de letras de competencia común, deberán ser destinados por la Corte de Apelaciones respectiva, en un cargo del mismo grado que se encuentre vacante en los demás tribunales del sistema judicial, en la misma jurisdicción, sin que tal destinación signifique, en ninguna circunstancia, pérdida de alguno de sus derechos funcionarios. Si no existiere vacante dentro del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones respectiva, el Presidente de la misma comunicará tal circunstancia al Presidente de la Corte Suprema, a fin de que destine al funcionario a un cargo vacante, sin que se produzcan afectaciones de sus derechos funcionarios.c) En ningún caso el proceso de traspaso podrá significar disminución de remuneraciones, pérdida de antigüedad en el Poder Judicial y en la categoría del escalafón, cambios en los sistemas previsionales y de atención de salud, ni menoscabo o pérdida de algunos de los derechos funcionarios que el empleado poseyere al momento de efectuarse su nueva asignación de funciones. Artículo séptimo.- Tratándose de los postulantes en los concursos para los cargos vacantes de los Escalafones Secundario y de Empleados del Poder Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial procederá a efectuar las pruebas de selección de personal que, según las políticas definidas por su Consejo, corresponda aplicar. Artículo octavo.- La supresión de tribunales a que se refiere el artículo 2° de esta ley, se llevará a cabo el 1° de marzo de 2008. El traspaso de las causas que se mantuvieren pendientes, se efectuara de acuerdo a las siguientes modalidades según cada caso:a) Las causas laborales y del crimen pendientes, del 3° juzgado de letras con competencia común de Calama, serán traspasadas al 1° juzgado de letras con competencia común de Calama, el que continuará su tramitación de acuerdo a los procedimientos vigentes al momento de su iniciación. b) Las causas civiles pendientes del 3° juzgado de letras con competencia común de Calama, serán traspasadas al 2° juzgado de letras con competencia común de Calama.c) Las causas civiles, laborales y del crimen pendientes, del 2° juzgado de letras con competencia común de San Felipe, serán traspasadas al 1° juzgado de letras con competencia común de San Felipe, el que continuará la tramitación de las causas laborales y del crimen, de acuerdo a los procedimientos vigentes al momento de su iniciación.d) Las causas civiles, laborales y del crimen pendientes, del 3° juzgado de letras con competencia común de Los Ángeles, serán traspasadas al 2° juzgado de letras con competencia común de Los Ángeles, el que continuará la tramitación de las causas laborales y del crimen, de acuerdo a los procedimientos vigentes al momento de su iniciación. e) Las causas laborales y del crimen, pendientes, del 3° juzgado de letras con competencia común de Osorno, serán traspasadas al 2° juzgado de letras con competencia común de Osorno, el que continuará su tramitación de acuerdo a los procedimientos vigentes al momento de su iniciación.f) Las causas civiles pendientes del 3° juzgado de letras con competencia común de Osorno, serán traspasadas al 1° juzgado de letras con competencia común de Osorno.g) La Corporación Administrativa del Poder Judicial determinará la modalidad de efectuar los traspasos señalados en los numerales anteriores, a fin de causar el menor trastorno en la tramitación de las causas involucradas, pudiendo llevar a cabo estos traspasos en forma gradual, con anterioridad al 1° de Marzo de 2008, momento en que se suprimirán los juzgados señalados. Para todos los efectos constitucionales y legales, se entenderá que los juzgados a los que sean asignadas las causas de los juzgados suprimidos, son los continuadores legales de éstos. Artículo Noveno.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Ministerio de Justicia.”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; CARLOS MALDONADO CURTI, Ministro de Justicia; OSVALDO ANDRADE LARA, Ministro del Trabajo y Previsión Social; MARÍA OLIVIA RECART HERRERA, Ministro de Hacienda (S)”.INFORME FINANCIEROPROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 20.022 Y OTROS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE REFORZAR JUDICATURA LABORALMENSAJE Nº 509-3551. Con el objetivo de asegurar el eficiente funcionamiento de los nuevos órganos jurisdiccionales en materia laboral y el otorgamiento del servicio judicial que la ciudadanía anhela, se ha considerado necesario introducir modificaciones a la estructura orgánica establecida en la ley Nº 20.022, en particular en lo que dice relación con el número de jueces y la distribución y ubicación de los diversos tribunales.2. En general, el proyecto de ley aumenta la dotación total de jueces especializados en materia laboral de 40 a 83, con el correspondiente aumento de funcionarios judiciales de 268 a 468. Además del reforzamiento de los juzgados especializados existentes con 34 jueces, el proyecto contempla la creación de un nuevo juzgado especializado con un juez y la transformación de 4 tribunales mixtos con un juez en juzgados laborales especializados con dos jueces, con la correspondiente estructura orgánica. Finalmente, se contempla el reforzamiento de 9 juzgados de letras con competencia común con un segundo juez y la estructura organizacional de juzgado especializado.3. El costo del proyecto, en su globalidad, implica un mayor gasto de:Miles $ 2007Gastos de Operación en régimen:-Remuneraciones5.513.678-Bienes y Servicios de Consumo948.316-Informática (ariendo PC’s)229.824-Arriendo inmuebles536.256Total7.228.074Gastos por una vez:-Capacitación inicial33.600-Remodelación986.328-Mobiliario y Equipos331.968Total1.351.896Costo total8.579.9704. Aplicación del presente proyecto de ley no irroga gasto fiscal para el año 2007. En los años posteriores, se considerará en los respectivos presupuestos anuales, conforme al programa de implementación establecido en el proyecto, y a las disponibilidades presupuestarias correspondientes. El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Ministerio de Justicia. (Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos”.3. Oficio de S.E. la Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados: En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar del Congreso Nacional el proyecto de ley sobre reasignación de concesiones y autorizaciones de acuicultura caducadas. (boletín Nº 5120-21). Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.4. Oficio del Senado. “Valparaíso, 4 de septiembre de 2007. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley N° 19.799, sobre documento electrónico, firma electrónica y los servicios de certificación de dichas firmas, correspondiente al Boletín N° 3797-19. Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5.908, de 19 de octubre de 2005. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.5. Oficio del Senado. “Valparaíso, 4 de septiembre de 2007. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo de la moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguientePROYECTO DE LEY: “Artículo 1º.- Reconócese la extinción de las etnias selk’nam y aónikenk durante el poblamiento de la zona austral del país. Artículo 2º.- Autorízase erigir dos memoriales de dichas etnias en las comunas de Santiago y Porvenir, destinados a recordar sus principales rasgos culturales y perpetuar su memoria para las futuras generaciones. Artículo 3º.- Las obras se financiarán por erogaciones populares, que serán obtenidas mediante la realización de colectas públicas en las fechas y lugares que determine la comisión especial a que hace referencia el artículo siguiente, como también por medio de donaciones y otros aportes. Artículo 4º.- Créase una comisión especial, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, integrada por los siguientes nueve miembros ad honórem:a) Dos Senadores y dos Diputados nominados por sus respectivas Cámaras;b) Un representante del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago;c) Un representante del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Porvenir;d) Un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;e) Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales, yf) Un representante de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi. El quórum para sesionar será el de la mayoría de sus miembros. Artículo 5º.- La comisión especial tendrá las siguientes funciones:a) Establecer la fecha, forma y lugares en que se efectuarán las colectas públicas y realizar las gestiones destinadas a que éstas se efectúen.b) Administrar el fondo a que hace referencia el artículo siguiente y crear una cuenta corriente con dicho objeto.c) Convocar a concursos públicos para la elección del diseño de los memoriales y para la posterior ejecución de las obras, fijar sus bases y decidirlos.d) Resolver el destino de eventuales excedentes en el fondo. Artículo 6º.- Créase un fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el artículo 3º. La comisión adoptará las medidas tendientes a la mayor transparencia y eficiencia en el uso de dichos recursos. Artículo 7º.- Si al concluir la construcción de los monumentos autorizados resultaren excedentes, éstos serán destinados en forma preferente a instituciones o establecimientos cuya labor se ajuste a los mismos objetivos de los memoriales señalados en el artículo 1º.”.-o- Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.6. Informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de ley que incrementa el monto de la asignación mensual que perciben los soldados conscriptos. (boletín Nº 5.151-02-1)“Honorable Cámara: La Comisión de Defensa Nacional viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un mensaje de S.E. la Presidenta de la República.CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.1) La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en mejorar los incentivos para los jóvenes que realizan el servicio militar.2) Normas de carácter orgánico constitucional. No existen normas en tal sentido.3) Normas de quórum calificado. No existen normas en tal sentido.4) Requiere trámite de Hacienda. Si.5) El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad, en su sesión 43ª de fecha 3 de julio del año en curso. Votaron por la afirmativa los señores Díaz, Fuentealba, Hales, Norambuena, Pérez, Ulloa, Urrutia y Vargas.6) Se designó diputado informante al señor Norambuena, don Iván.-o- A la sesión que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron el señor Ministro de Defensa, don José Goñi, el señor Subsecretario de Guerra, don Gonzalo García y los asesores de dicho Ministerio, señores Sergio Escobar, Eugenio Gruz y Ricardo Rincón.I. ANTECEDENTES GENERALES.1. Fundamentos del mensaje. El Supremo Gobierno se ha propuesto lograr la plena voluntariedad en la presentación al cumplimiento de la carga pública de realizar el Servicio Militar Obligatorio que consagra el artículo 22 de la Constitución Política de la República. Esta iniciativa esta ligada, también, a la decisión de aumentar el nivel de profesionalización de las Fuerzas Armadas, entendida esta como la paulatina disminución del personal que corresponde a conscriptos y su sustitución por personal de planta en las mismas. Para ello se ha venido aplicando una política de incentivos y compensaciones a los jóvenes que realizan el servicio militar, la que sumada a la incorporación de mujeres al contingente en calidad de voluntarias y a las reformas que la ley N° 20.045 introdujo en esta materia, se han traducido en un incremento sostenido de la voluntariedad en la presentación a lo largo de la última década. Sin perjuicio que el efecto de la aplicación del nuevo sistema de reclutamiento y selección de la ley N° 20.045 pueda producir una baja en esos índices, el Supremo Gobierno estimó que se ha llegado a un nivel que será difícil de superar de no llevarse a cabo mayores esfuerzos por reforzar esta tendencia. Para dar cumplimiento a este propósito, se está trabajando de modo coordinado y permanente entre el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección General de Movilización Nacional y las propias Fuerzas Armadas, en la optimización de las distintas políticas de incentivo y compensación a los jóvenes que realizan el Servicio. Esas políticas están referidas a los diversos aspectos que involucra la vida del Soldado Conscripto, destacando particularmente lo relativo a capacitación laboral y bolsa de trabajo, y a que puedan completar sus estudios básicos, medios y formación en general. Asimismo, se han implementado diversas medidas de carácter sistémico que cambiaron el modo como se cumple actualmente el Servicio Militar o que constituyen beneficios para los soldados conscriptos. Entre éstas medidas destacan la Oficina de Derechos del Soldado Conscripto, que ha permitido disminuir notablemente las denuncias por situaciones de maltrato, y los Programas de financiamiento de los viajes de los soldados destinados a unidades en zonas extremas y de las visitas de sus familiares en las mismas. Todo esto ha mejorado las condiciones en las que se lleva a cabo el Servicio Militar Obligatorio. Dentro de este género de esfuerzos, la propia ley N° 20.045 introdujo una medida de incentivo de gran importancia. El artículo 3° de la misma estableció nuevos montos para la asignación que perciben mensualmente los soldados conscriptos, elevándolas desde una base de dieciocho mil pesos aproximados ($18.000) a fines de 2005 a una de veintiséis mil ($ 26.000), a partir del primero de abril de 2006. Esta asignación base es complementada por la asignación de zona común al personal de las Fuerzas Armadas, lo que se traduce en una asignación promedio de treinta y ocho mil pesos ($ 38.000). Sin perjuicio del avance que esto supuso, los montos de las asignaciones son todavía reducidos y no hacen justicia al esfuerzo que los jóvenes que realizan el Servicio Militar Obligatorio entregan. Es por ello, y teniendo particularmente en cuenta lo solicitado por el propio Congreso Nacional, el Gobierno ha decidido proponer a tramitación un proyecto de ley que introduce un nuevo incremento en la asignación base que perciben los soldados conscriptos.2. Descripción del contenido del mensaje. El proyecto de ley en informe consta de dos artículos permanentes. El artículo 1° fija un reajuste especial para el personal sujeto a la Escala de Sueldos de las Fuerzas Armadas, fijada por el Decreto Ley Nº 2.546, de 1979, y que se encuentre entre los grados 32 y 23 de la misma. En los hechos, en dichos grados de la escala de sueldos de las Fuerzas Armadas sólo se encuentran los soldados conscriptos y las soldados voluntarios, todos los que perciben por concepto de asignación mensual no imponible el monto equivalente al sueldo base del grado 32 de dicha escala. Ello, en virtud del artículo 191 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Guerra, de 1997, Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, que fuere modificado por el artículo 4° de la Ley N° 20.045 en esta materia. Los soldados conscriptos o voluntarios que se desempeñen por más de doce meses -en la práctica sólo los conscriptos Infantes de Marina-, percibirán a partir del decimotercer mes de servicio el monto equivalente al sueldo base del grado 31 de dicha escala. El proyecto reajusta los montos fijados para los grados 32 y 31, fijándoles un monto equivalente a treinta siete mil trescientos cincuenta pesos ($ 37.350) y treinta y nueve mil trescientos cincuenta pesos ($ 39.350), respectivamente. Asimismo, modifica las asignaciones de los grados 30 al 23, incrementándolas de manera proporcional para ajustarlas a los cambios que se introducen en los grados 32 y 31, con la finalidad de mantener la progresividad entre los distintos grados de la Escala de Sueldos de las Fuerzas Armadas. La asignación por grado será incrementada por la asignación de zona del artículo 185 letra c) del Estatuto, o la gratificación de embarcado y submarino del artículo 189 letra a), cuando corresponda, según lo establece el artículo 191 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Guerra, de 1997, Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas. Finalmente, en su inciso segundo el artículo 1° del proyecto establece que la fecha de aplicación del incremento del monto de la asignación se hará efectivo a partir del 1° de abril de 2008, correspondiente al primer mes de servicio militar de la clase a la que corresponde incorporarse a filas en ese año. El artículo 2° tiene por finalidad establecer el financiamiento del mayor costo que la aplicación de esta ley supone. Para esos efectos, el proyecto dispone que el mayor gasto será financiado con cargo a los presupuestos institucionales de las Fuerzas Armadas.3. Normas legales que se propone modificar. El proyecto en informe modifica el artículo 1° del Decreto Ley N° 2546, que fija escala de sueldos bases para el personal del Ministerio de Defensa Nacional.II. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.1. Discusión General. El proyecto de ley en informe fue aprobado, en general, por vuestra Comisión en su sesión 43ª de fecha 3 de julio del año en curso, con los votos favorables de los señores Díaz, Fuentealba, Hales, Norambuena, Pérez, Ulloa, Urrutia y Vargas. Durante la discusión general, el señor Ministro de Defensa Nacional, don José Goñi, señaló que el proyecto aumenta las asignaciones de los grados 32 y 31. Al primero de éstos ingresan todos los soldados conscriptos. Aquellos que sirven por más de 12 meses perciben la asignación correspondiente al grado 31, que en la práctica sólo alcanza a los infantes de marina. El Gobierno se ha propuesto lograr una plena voluntariedad en la presentación al Servicio Militar Obligatorio. Hizo presente que en el año pasado por primera vez se logró tal objetivo. Para mantener ese flujo de interés por parte de los jóvenes es que se presenta este proyecto. La voluntariedad, a su juicio, se debe básicamente a tres elementos: A la aplicación de una política de incentivos; una de compensaciones y al transparentar los derechos de los soldados. Además, se pretende aumentar la profesionalización del personal militar y reducir gradualmente el personal que se demanda para la conscripción. El proyecto reajusta los montos de los grados 32 y 31, fijándoles una cantidad equivalentes a $ 37.350 y $39.350 respectivamente. Ello representa un aumento de un 36,6%. Asimismo, modifica las asignaciones de los grados 30 al 23, a fin de ajustarlas a los cambios que se introducen en los grados 31 y 32, de manera de mantener la progresividad entre los distintos grados en la escala de sueldos de las Fuerzas Armadas. Con todo, hizo presente que no existen miembros de éstas ubicados en tales categorías (del 30 al 23), por lo que esa modificación no implica costos. La asignación por grados será incrementada, además, por la asignación de zona, lo que en promedio supone un 33% adicional. En el sistema de las Fuerzas Armadas, las más altas del país son Aisén, que tiene un 105%; Magallanes, un 70% y Tarapacá un 40%. El proyecto establece que el incremento de la asignación se hará efectivo a partir del 1° de abril de 2008. Esto significará un mayor costo para el Fisco de $ 1.374.233 millones. Por su parte, en el evento de aprobarse el aumento propuesto, el contingente para el año 2008, estimados en 14.500, tendrá un costo de $ 8.140.541 millones. En el año 2004 el sueldo base de un soldado conscripto era de $ 18.000. Éste sumado a la asignación de zona se llegaba un ingreso promedio de $ 23.940. Con esta modificación la asignación base llegará a $ 37.352, la que sumada a la asignación de zona promedio, ascenderá a $ 49.678. Por tanto, entre el año 2004 y abril del 2008 los ingresos de los soldados conscriptos aumentarán en más de un 100%. Por otra parte, informó que el requerimiento para este año de conscripción en total ascendió a 15.172 soldados, hombres y mujeres. De esta cifra 1.030 son mujeres. La demanda total de interesados en efectuar el Servicio Militar ascendió a casi 39.000 jóvenes, de los cuales fueron seleccionados 16.649. Para este año se estimaba en 14.500 los requerimientos de las Fuerzas Armadas en materia de conscripción. Añadió que pronto llegará el proyecto de ley sobre soldados profesionales. Se pretende llegar al año 2010 con un contingente de 5.000 de estos soldados, lo que en la práctica hará que la demanda por conscriptos se reduzca al orden de los diez mil. Informó que al 3 de julio del 2007 la cantidad de jóvenes que ya se han inscrito como voluntarios para efectuar el servicio militar asciende a 5.734 personas, cifra levemente inferior al año pasado. Con todo, se debe considerar que el año 2006, en esta misma fecha ya se habían efectuado campañas de publicidad. Agregó que junto con este aumento de las asignaciones se está desarrollando otra línea de incentivos, con el fin de fortalecer el interés de los jóvenes por efectuar el Servicio Militar. Se pretende otorgarles beneficios adicionales que les ayuden en su vida futura. La encuesta Casen ha demostrado que desde el punto de vista etáreo existe concentración de bolsones de pobreza en sectores juveniles y en adultos mayores. Por ello, resulta necesario evaluar como ayudar de manera más activa a los jóvenes que realizan el Servicio. Desde hace bastante tiempo se vienen desarrollando planes de capacitación en las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Al respecto indicó que se está procurando mejorar la capacitación que se está otorgando. Existen procesos de nivelación de estudios de enseñanza media, se está proporcionado a los jóvenes conceptos básicos de inglés y también se está trabajando el concepto de alfabetización digital. Asimismo, están trabajando con organizaciones empresariales para conocer mejor cuáles son sus demandas en las distintas regiones. También se desea generar en el mediano plazo un sistema de seguimiento de los jóvenes que han realizado el Servicio Militar para conocer cómo ha sido su proceso de inserción en el marcado laboral. El señor Ulloa solicitó que el Ministerio de Defensa Nacional revise los descuentos que se efectúan a los conscriptos en su asignación. El señor Vargas manifestó sus dudas respecto al grado de influencia que tiene el aumento de la asignación en el incremento de la voluntariedad en la conscripción. Por ello, consultó si existe certeza que el ingreso voluntario a la conscripción se debe a la motivación generada por la asignación mensual. Asimismo, manifestó que la asignación otorgada, aún con el aumento, se mantiene por debajo de la línea de indigencia. Más aún, expresó que la asignación mencionada se refiere a los ingresos brutos. Sin embargo, los descuentos que sufren los conscriptos son múltiples. A vía de ejemplo mencionó algunos de ellos que constan en una planilla del año 2000: 15% en ahorro de contingente; 8% lavandería; 2% peluquería; 5% cine; 11,77% bienestar social. Estas cifras por realizarse en términos porcentuales implicaban que el descuento en peluquería, por ejemplo, fuera mucho más oneroso en aquellos lugares donde se percibía una asignación por zona mayor. En virtud de lo expuesto, solicitó que el Ministerio de Defensa elimine ciertos descuentos. El señor Ministro de Defensa Nacional informó que en el año 2003 se instruyó a las tres ramas para que eliminen todo tipo de descuentos. Indicó que entiende que en el Ejército ya no se efectúan. Respecto a la Armada señaló tener dudas. En todo caso, se comprometió a verificar si se ha cumplido con tal instrucción. El señor Hales indicó que uno de los grandes incentivos que históricamente ha tenido el servicio militar ha sido la adquisición por parte del recluta de algunos atributos para poder desempeñarse posteriormente en la vida civil. Durante muchos años uno de esas cualidades fue el aprender a leer y escribir. Existían otros atributos, que a lo mejor el recluta no los valoraba o constataba, pero que si eran reconocidos por la sociedad civil: capacidad de asearse, normas de comportamiento, la puntualidad como un valor, etc. Hoy la posibilidad de una preparación digital un poco más allá de la alfabetización sería un extraordinario atributo que podrían adquirir los jóvenes. Si la idea matriz de este proyecto es la voluntariedad se debe ser más proactivo en la búsqueda de una preparación digital más eficiente. La alfabetización digital consiste en apenas una introducción para perder el miedo al computador. Esa capacitación no es suficiente para lo que las Fuerzas Armadas requieren. Los soldados con una preparación digital adecuada serán más eficientes para el combate que aquellos que no la tienen. Una capacitación real en materia digital constituiría un atractivo doble, tanto para el soldado que cumplió con el Servicio Militar como para el Ejército u otra institución armada. Solicitó al Ministro de Defensa Nacional que active la relación con aquellos organismos de Gobierno dedicados a la tarea de digitalización. Manifestó que no le interesa que se establezcan incentivos destinados únicamente a favorecer al conscripto en su posterior desempeño en la sociedad civil. Prefiere que la capacitación apunte a materias que sean de utilidad para la Defensa, como lo es la capacitación en materia digital. De esta forma se verán beneficiados tanto las instituciones armadas como el conscripto. El señor Urrutia preguntó si la asignación también alcanza a quienes realizan el servicio militar durante el verano. Asimismo, también consultó si este aumento en la asignación irá acompañado del correspondiente incremento en el presupuesto de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. El señor Ministro de Defensa Nacional expresó que quienes realizan el Servicio Militar durante los meses de verano no perciben esta asignación. Añadió que las propias Fuerzas Armadas estiman que esa forma de cumplir con el Servicio no constituye un aporte real y que responde a una tradición, que se está revisando. El señor Norambuena hizo presente que las tres ramas de las Fuerzas Armadas han manifestado ante la Comisión sus dificultades en materia de recursos. Este proyecto significará una nueva carga para ellos. Por ello preguntó si está contemplado un aumento en el presupuesto de éstas para afrontar este gasto. Por otra parte, sostuvo que uno de los motivos por los cuales los jóvenes se interesan en hacer el servicio militar dice relación con la falta de trabajo en algunas zonas del país. Luego de un breve debate, la Comisión acordó dejar expresa constancia en el informe que, consultado el señor Ministro de Defensa Nacional si se aumentará el presupuesto de las Fuerzas Armadas para enfrentar el mayor gasto que significa el incremento de la asignación mensual que perciben los soldados conscriptos, contemplado en el proyecto de ley en informe, éste respondió afirmativamente. El señor Díaz señaló que otro de los motivos que explican el aumento en la voluntariedad dice relación con la campaña de publicidad que se llevó a cabo. Al respecto preguntó si existen estudios que expliquen las razones de este aumento. El señor Ministro de Defensa Nacional, ante las consultas formuladas por los señores Díaz y Vargas respecto a si existen estudios que expliquen el aumento en la voluntariedad, respondió negativamente. Con todo, señaló que en el Ejército se estima que el factor más importante está dado por la asignación propiamente tal. Lo expuesto por él respecto a los motivos de tal aumento responde a su apreciación personal. Compartió la apreciación del señor Díaz respecto a la importancia de la campaña de publicidad en el aumento de la voluntariedad. Añadió que sin duda el desempleo juvenil, tal como lo planteó el señor Norambuena también es un factor que incide. Además agregaría como factor a considerar el acercamiento de las Fuerzas Armadas a la sociedad que se ha registrado. El señor Fuentealba suscribió las inquietudes planteadas por los señores Diputados y manifestó que el incremento de la asignación resulta de toda justicia.2. Discusión Particular.Artículo 1° Sometido a votación, sin debate, se aprobó por unanimidad.Artículo 2° Sometido a votación, sin debate, se aprobó por unanimidad.-o-III. DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se omitieron estas menciones por ser un proyecto de ley de carácter obvio y sencillo.IV. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA. De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que debe ser conocido por la Comisión de Hacienda todo el articulado del proyecto de ley.V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS. No hay artículos ni indicaciones en tal sentido.VI. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN. Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguientePROYECTO DE LEY: “Artículo 1°.- Establécense los siguientes montos para los grados que indica del artículo 1º del Decreto Ley Nº 2.546, de 1979, que fija la Escala de Sueldos para las Fuerzas Armadas:GradosMontos23$ 47.35024$ 46.35025$ 45.35026$ 44.35027$ 43.35028$ 42.35029$ 41.35030$ 40.35031$ 39.35032$ 37.350 La aplicación de los nuevos montos a los cálculos de sueldo, asignaciones o gratificaciones que se deban pagar en conformidad a esta escala de sueldos, se hará efectiva a partir del 1 de abril de 2008. Artículo 2°.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de esta ley será financiado con cargo a los presupuestos institucionales de las Fuerzas Armadas.”.-o- Se designó diputado informante al señor Norambuena, don Iván. Tratado y acordado en sesión del día 3 de julio del presente año, con la asistencia de los diputados señores Álvarez, don Rodrigo; Burgos, don Jorge; Díaz, don Eduardo; Fuentealba, don Renán (Presidente); Hales, don Patricio; Norambuena, don Iván; Pérez, don José; Ulloa, don Jorge; Urrutia, don Ignacio, y Vargas, don Alfonso. Sala de la Comisión, a 3 de julio de 2007. (Fdo.): JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA, Abogado Secretario de la Comisión”.7. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que incrementa el monto de la asignación mensual que perciben los soldados conscriptos. (boletín Nº 5151-02)“Honorable Cámara: La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS1. Origen y urgencia La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.2. Disposiciones o indicaciones rechazadas Ninguna.3. Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad No hay.4. Se designó diputado informante al señor Von Mühlenbrock, don Gastón.-o- Asistió a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor Gonzalo García, Subsecretario de Guerra. El propósito de la iniciativa consiste en mejorar los incentivos para los jóvenes que realizan el servicio militar mediante el incremento de la asignación mensual que perciben los soldados conscriptos. El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 13 de junio de 2007, señala que el proyecto de ley tiene por objeto reforzar la política de incentivos y compensaciones a los jóvenes que realizan el servicio militar, de manera de mantener el incremento sostenido de la voluntariedad en la presentación al Servicio Militar Obligatorio a lo largo de la última década. En particular, se introduce un nuevo incremento en la asignación base mensual que perciben los soldados conscriptos, de $ 10.000. Lo anterior, complementaría el incremento de $ 8.000 otorgado en la ley N° 20.045, y que comenzó a regir a partir del primero de abril de 2006. Se señala que la aplicación del proyecto irrogará un mayor gasto el año 2008 de $ 1.751.459 miles. En el debate de la Comisión el señor Gonzalo García explicó que el proyecto aumenta las asignaciones de los grados 32 y 31 de la escala de sueldos de las Fuerzas Armadas. En el primero de éstos, ingresan todos los soldados conscriptos; el siguiente grado, en la práctica, se aplica sólo a los infantes de marina, pues la perciben quienes sirven como conscriptos por más de 12 meses, lo que ocurre en este caso. Los montos que se proponen para los grados 32 y 31 ascienden a $ 37.350 y $ 39.350, respectivamente. Los restantes grados que se consideran en la iniciativa, del 30 al 23, tienen por objeto mantener la progresividad de la escala de sueldos de las Fuerzas Armadas. En todo caso, puntualizó que no existen miembros de éstas ubicados en tales grados, por lo que esa modificación no implica costos. La asignación de que se trata se verá incrementada, además, por la asignación de zona, lo que en promedio supone un 33% adicional, siendo las más altas del país las que corresponden a Aisén, con 105%; Magallanes, con 70% y Tarapacá con 40%. Destacó que la iniciativa se enmarca en el deseo del Gobierno de lograr una plena voluntariedad en la presentación al Servicio Militar Obligatorio. Al respecto, comentó que el año pasado se logró tal objetivo, llegando a presentarse más de 30 mil varones para 12 mil 800 plazas y 8 mil 200 mujeres para mil plazas. Consultado acerca de si esta asignación es imponible, señaló que la regla general es que no, salvo en el caso que el conscripto haya trabajado anteriormente, correspondiendo en esa situación que la respectiva rama de las Fuerzas Armadas efectúe los descuentos para imposiciones previsionales. En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente: En el artículo 1° del proyecto, se establecen los siguientes montos para los grados que indica del artículo 1º del decreto ley Nº 2.546, de 1979, que fija la Escala de Sueldos para las Fuerzas Armadas:GradosMontos23$ 47.35024$ 46.35025$ 45.35026$ 44.35027$ 43.35028$ 42.35029$ 41.35030$ 40.35031$ 39.35032$ 37.350 Por el inciso segundo, se dispone que la aplicación de los nuevos montos a los cálculos de sueldo, asignaciones o gratificaciones que se deban pagar en conformidad a esta escala de sueldos, se hará efectiva a partir del 1 de abril de 2008. En el artículo 2° del proyecto, se preceptúa que el mayor gasto que irrogue la aplicación del proyecto será financiado con cargo a los presupuestos institucionales de las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo presentó una indicación para incorporar el siguiente artículo 3°: “Artículo 3°.- Agréguese al artículo 191 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de Guerra, de 1997, Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, el siguiente inciso tercero: “La asignación de conscripto no podrá ser objeto de descuentos internos por parte de las instituciones de las Fuerzas Armadas.”. Sometidos a votación los artículos precedentes y la indicación del Ejecutivo, fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes. Tratado y acordado en sesión de fecha 4 septiembre de 2007, con la asistencia de los Diputados señores Ortiz, don José Miguel (Presidente); Aedo, don René; Alvarado, don Claudio; Álvarez, don Rodrigo; Delmastro, don Roberto; Insunza, don Jorge; Jaramillo, don Enrique; Montes, don Carlos; Sunico, don Raúl y Von Mühlenbrock, don Gastón, según consta en el acta respectiva. Sala de la Comisión, a 5 de septiembre de 2007. (Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de la Comisión”.8. Informe de los diputados que participaron en la VIII Reunión de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano, realizada en la Ciudad de México, los días 22 al 24 de agosto, con la asistencia de representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En representación de Chile asistieron los diputados señores Rojas y Encina.VIII Reunión de la Comisión de Energía y MinasMéxico DF, México 22 al 24 de agosto de 2007 La Comisión de Energía y Minas del Parlatino sesionó en la Ciudad de México, México durante los días 22 al 24 de agosto de 2007 con la asistencia de los siguientes países miembros: Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Como invitados especiales participaron el Dr. Pablo Mulas del Pozo, Director Ejecutivo del Comité Mexicano del Consejo Mundial de Energía (WEC); el Sr. Roland Michael Wegener, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Federal de Alemania en México; el Sr. Víctor Filichkin, Presidente de la Corporación Nuclear Eléctrica Chile, S.A.; el Sr. Anatole Gubin, Director Ejecutivo de la Corporación Nuclear Eléctrica Chile AS.; el Ing. Pablo Bertinat, Conosur Sustentable. Durante el día 22 de agosto en cumplimiento de la resolución de la Reunión de la Habana, celebrada en abril del presente año, sesionaron las subcomisiones de Legislación comparada de energías renovables, biocombustibles, ahorro y eficiencia energética y la Subcomisión del tema de la Política del Gas.CONCLUSIONES1) Subcomisión sobre legislación comparada de energías renovables, biocombustibles, ahorro y eficiencia energética.2) La Subcomisión del tema de la política del gas.3) Los temas tratados durante los días 23 y 24 de agosto fueron:a) Seguridad energéticab) Agencia Internacional de Energías Renovablesc) Informe de las Subcomisionesd) Energía Nuclear -La Comisión de Energía y Minas fue informada de la aprobación por parte de la Mesa Directiva del Parlatino para participar en la XXXVIII Reunión de Ministros de la Olade y en Fier, a realizarse en Medellín, Colombia, el 30 de noviembre de 2007. Para estos efectos la directiva del Parlatino deberá informar a los parlamentos y enviar las invitaciones respectivas. -La Comisión de Energía y Minas del Parlatino sugiere a la Directiva la participación de una delegación a la reunión del "Consejo Mundial de Energía", a realizarse en la Ciudad de Roma del 11 al 15 de noviembre, donde se tratará el tema de la integración energética en América Latina y El Caribe, con especial énfasis en la seguridad energéticas. -La Comisión de Energía y Minas acuerda solicitar a la Directiva del Parlatino incorporar en calidad de subcomisión el tema de transporte e infraestructura, que no son tratados por otra comisión, por tener una relación directa con la provisión energética en América Latina y El Caribe. -El tema de biocombustibles ha tenido un desarrollo y preocupación creciente en todos los países de América Latina y El Caribe, por razones energéticas no contaminante y como una alternativa de producción agrícola en muchos países con disponibilidad de terrenos cultivables. Por esta razón es necesario que sea abordado en forma conjunta por las comisiones de Agricultura y Energía y Minas. -En esta dimensión proponemos que ambas comisiones intercambien los antecedentes y resoluciones sobre el tema. -La Comisión de Energía y Minas impulsa el uso del gas natural en los países de América Latina y El Caribe por ser el combustible fósil más limpio y que menos afecta en calentamiento global y países con enormes reservas, en este sentido le debe importar la integración geográfica de América Latina y El Caribe con base a gasoducto o el uso de gas licuado natural. Se debía realizar las obras de infraestructura energética entre los que destacan el gasoducto del noreste, entre Bolivia y Argentina que irá en beneficio del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay e inmediatamente a Chile; dando seguridad energética a estos países. Así mismo apoya los esfuerzos de Bolivia y Chile para encontrar la complementariedad y solución a sus necesidades, destacando la posibilidad de una interconexión eléctrica. -La Comisión de Energía y Minas del Parlatino sugiere informar a los países miembros sobre la creación de una "Agencia Internacional de Energías Renovables" (Irena), impulsada por Alemania. Esta Agencia puede ser un factor de desarrollo e intercambio de tecnologías y conocimiento que impulse el uso y modificación de la Ernc (Energías Renovables No Convencionales) en los países de América Latina y El Caribe. Solicitamos a la Mesa Directiva del Parlatino informe a los respectivos parlamentos latinoamericanos y del Caribe sobre la participación de esta Agencia Internacional de Energía Renovable, decisión que tomará soberanamente cada país. -Sobre el uso de la energía nuclear en América Latina y El Caribe, se continuará analizando el tema en las próximas reuniones de las Comisiones. -Se proponen los siguientes temas para nuestras próximas reuniones:1. Integración energética en América Latinaa) Gas naturalb) Electricidadc) Gas Natural Licuado2. Pasivos ambientales mineros y petroleros3. Energía y Transporte4. Energía Renovable No Convencionala) Geotermia5. Modelo de desarrollo de la energía nuclear para América Latina y El Caribe, invitando a especialistas de la experiencia latinoamericana de Argentina, Brasil, México y Venezuela, así como a expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica.6. Ahorro de energía y eficiencia energética7. Mineríaa) Royalty Minería8. Innovación y desarrollo en los temas energéticos9. Explotación y producción de hidrocarburos en aguas profundas Los Parlamentarios de la Comisión de Energía y Minas, convocada en la Ciudad de México, Distrito Federal, agradece la hospitalidad y organización de las reuniones que se celebraron en un ambiente participativo y confraternal, al Congreso de la República Mexicana.ASISTENTES Senador Francisco Encina - Presidente - Chile Senador Maria de Los Ángeles Moreno Uriegas - Secretaria de Comisiones del Parlatino-México Diputado Beatriz Collado Lara - la Vicepresidencia - México Senador Fernando Rodríguez Calvo - Bolivia Senador Eduardo Azeredo - Brasil Senador Flexa Ribeiro - Brasil Diputado Manuel Rojas Molina - Chile Diputado Gerardo Hernández - Cuba Diputado Leonardo Martínez - Cuba Senador Juan Bueno Todo - México Senador Rubén Camarillo - México Diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez - México. Diputado José Antonio Arévalo González - México Diputado Elda Gómez Lugo - México Diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre - México Diputado Susana Monreal Ávila - México Senador Jorge Ocejo Moreno - México, Vicepresidente Senador Graco Ramírez A - México. Diputado Juana M. del Puerto - Paraguay Diputado Modesto Díaz Coste - República Dominicana Diputado Juan Arraga - Uruguay Diputado Carlos Mazzulo - Uruguay Diputado Jorge Pozzi - Uruguay Diputado Filinto Durán - Venezuela Diputado Gustavo Hernández - Venezuela Diputado Carolus Wimmer - Venezuela Diputado Emil Guevara - VenezuelaEXPOSITORES Dr. Jorge Huacuz Villamar, Gerente de Energía No Convencionales del Instituto de Investigaciones Eléctricas; Dr. Andrés Flores Montalvo, Doctor de Investigación de Programa Especiales del Instituto Nacional de Ecología; Dr. Diego Arjona Arguelles, Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente, Diputado Beatriz Collado, Estudio comparado de la Legislación sobre Bioenergéticos en América Latina, realizado por el Centro de Estudios de Derechos e Investigación Parlamentaria de la Cámara de Diputados, apoyada por las licenciadas Adriana Martínez Bordón y Alejandra González Guadarrama, Economistas. Dr. Pablo Mulas del Pozo, Director Ejecutivo del Consejo Mundial de Energía Excmo. Sr. Roland Michael Wegener, Embajador de Alemania en México,VIII Reunión de la Comisión de Energía y MinasMéxico DF, México 22 al 24 de agosto de 2007Subcomisión para el Estudio de la Legislación Comparadade Energías Renovales, Biocombustibles En el Edificio del Senado, en la Ciudad México, el día 22 de julio del 2007. Se reunieron los señores legisladores miembros de la Comisión de Energía y Minas que se consignan a continuación. Senador Fernando Rodríguez P., Bolivia Senador Eduardo Azeredo, Brasil Senador Flexa Ribeiro, Brasil Senador Francisco Encina, Chile Diputado Manuel Rojas Molina, Chile Diputado Geranio Hernández. Cuba Diputado Leonardo Martínez, Cuba Diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, México. Senador María de los Ángeles Moreno Uriegas, México, Secretaria de Comisiones de Parlatino Diputado José Antonio Arévalo González, México Senador Juan Bueno Torio. México Senador Rubén (amarillo, representante Juan Ramón Téllez Juárez Diputado Beatriz Collado Tara, México, Primera Vicepresidencia Diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre, México Diputado Susana Monreal Ávila, México Senador Jorge Ocejo Moreno, México,Vicepresidente Senador Graco Ramírez A, México. Diputado Juana M. del Puerto, Paraguay Diputado Modesto Díaz Coste, República Dominicana Diputado Juan Arraga, Uruguay Diputado Carlos Mazzulo, Uruguay Diputado Jorge Pozzi, Uruguay Diputado Pilinto Durán, Venezuela Diputado Gustavo Henández, Venezuela Diputado Carolus Wimmer, Venezuela Diputado Emil Guevara, Venezuela Como ponentes invitados se contó con la presencia del Dr. Jorge Huacuz Villamar, Gerente de Energía No Convencionales del Instituto de Investigaciones Eléctricas; el Dr. Andrés Flores Montalvo, Doctor de Investigación de Programa Especiales del Instituto Nacional de Ecología; el Dr. Diego Arjona Argüelles, Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente, así como las Licenciadas, Adriana Martínez Bordón, Alejandra González Guadarrama, Economistas de la Fundación Miguel Estrada Iturbide; el Dr. Pablo Mulas del Pozo, Director Ejecutivo del Consejo Mundial de Energía y el Embajador de Alemania en México, Excmo, Sr. Roland Michael Wegener. Se da inicio a los trabajos de la Comisión con la presencia de la Diputada Beatriz Collado Lara, primera Vicepresidencia, México. Se designó corno Secretario Relator de la Comisión al Diputado Alonso Lizaola, México. El desarrollo de los trabajos se dio de acuerdo a los siguientes temas:I. Biocomhustibles en LatinoaméricaPonente invitado: Dr. Jorge Huacuz Estableció que los biocombustibles han estado desde el inicio de la humanidad y han tenido un proceso de desarrollo. Esto implica que en algunos ámbitos el hablar de biocombustibics requiera de una visión hacia el futuro, sobre todo en lo que respecta a factores socioeconómicos (empleos, mejores ingresos, dinamizar el medio rural); factores ambientales (evitar las emisiones de CO2), factores energéticos (diversificación, suministro); y los factores políticos (liderazgos regionales y globales); para ello. señaló, es necesario contar con instrumentos de apoyo y promoción como las leyes y reglamentos, planes y programas, asociaciones y financiamiento. En su exposición indicó que las acciones realizadas a favor de las energías renovables y los biocombustibles en países de América Latina van desde las iniciativas de ley, incentivos fiscales, planes de energía, organizaciones y asociaciones hasta la búsqueda de apoyos internacionales. En cuanto a los desafíos para Latinoamérica, señaló que los costos para la producción, es específico del bioetanol, dependerán de las condiciones geográficas, climáticas y de cultivo. Determinó la importancia de contar con el conocimiento adecuado respecto a las ventajas, desventajas y bases de sostenimiento de este combustible en la región, los subsidios y la necesidad de contar con una concertación entre los diferentes actores sociales. Uno de los desafíos más importantes es el de evaluar los riesgos de aplicar el modelo brasileño en otros países de la región. Respecto al biodisel, se destacó que el modelo en países europeos conlleva altos subsidios y barreras aduaneras elevadas, así como el alto costo de los aceites comestibles en el mercado. Concluyó que el desarrollo de biocombustibles en América Latina está directamente relacionado con el desarrollo de los mercados internacionales, así como con los mecanismos que los paises establezcan para acceder a tales mercados, la naturaleza del mercado interno de los biocombustibles, los acervos tecnológicos, y el balance entre los impactos positivos y negativos.II. Parlamento Latinoamericano. evolución de los combustibles Ponente invitado: Dr. Diego ArjonaArgüelles Expuso que la evolución de los biocombustibles, en particular el etanol, ha provocado una aceleración en el desarrollo de b industria, una adecuación en los materiales de producción y el estudio de los costos para su utilización. Subrayó la importancia de buscar alternativas tecnológicas para que se disminuya el precio del etanol.III. Biocombustibles: recursos producción y oportunidades para el desarrollo sustentable de Latino América.Ponente: Dr. Andrés Flores Montalvo En el contexto general de su presentación ubicó el lugar que ocupa América Latina en cuanto a los niveles de contaminación provocados por concentración de bióxido de carbono y su impacto en el calentamiento global; las consecuencias como las desertificaciones, las inundaciones en planicies costeras y el incremento de eventos hiclrometeorológicos entre otros. Señaló que dentro del grupo de 25 países a nivel mundial con mayor grado de contaminación se encuentran cuatro de origen latinoamenricano: Argentina, Brasil, México y Venezuela. Indicó que la región cuenta con un índice de intensidad energética alto, pero sin avances significativos; el reto sería satisfacer la creciente demanda de energía y a la vez reducir las emisiones de contaminantes, a través de las mejoras en los energéticos, principalmente los destinados al sector del transporte que consume la mayor parte de los mismos. Expresó que el impulso de los biocomhustibles conlleva beneficios ambientales. económicos y sociales. Sin embargo, hay que considerar que el costo de éstos es casi el doble del de las gasolinas o gasóleo, lo que implicaría un subsidio a la producción. En relación a las experiencias exitosas respecto a las energías renovables, señaló que debe de ponerse especial énfasis en la aprobación y aplicación de los recursos financieros y en los incentivos fiscales que pudieran darse. Finalmente, se consideró que América Latina pueda avanzar hacia una política energética regional si presenta una contribución relativamente menor a las emisiones totales de gases de efecto invernadero en comparación con otras regiones del mundo; que puede ser potencialmente una oferente neta de servicios ambientales globales en términos de proyectos de captación de CO2 atmosférico que pudieran comercializarse a aquellas naciones que enfrentan costos altos de mitigación; que presenta oportunidades para mejorar la tendencia de la trayectoria de intensidad energética regional a través de políticas de eficiencia energética; y dispone de oportunidades para mejorar la diversificación de la oferta energética hacia una mayor participación de fuentes renovables. Los retos son bajar las emisiones de CO2, desarrollar políticas concretas para disminuir la energía fósil; y mejorar el acceso a la energía. El debate en esta primera parte de la sesión se centró en la importancia de preparar profesionales y técnicos en el área; poner énfasis a través de los parlamentos en la asignación de presupuestos, así como considerar que el proceso de fabricación del etanol conlleva contaminantes, es decir, la energía limpia también contamina. Otro punto que la relación entre la fabricación de bioenergéticos y la alimentación; la producción de etanol significa ocupar grandes extensiones de tierra para la siembra se solicitó recapacitar sobre el número de personas que podrían ser alimentadas con la producción de una hectárea; y el beneficio en cuanto a la fabricación del biocombustible. Las participaciones también se enfocaron a los balances energéticos, los subsidios y la tecnología. Coincidieron en que los recursos energéticos renovables dependen de una distribución geográfica.IV. Antecedentes de la situación Actual en MéxicoPonente: Diputado Beatriz Collado Lara Señaló que era una pena que sólo se presentara un comparativo entre México, Chile y Brasil, dado que fue un acuerdo de la reunión de La Habana que se presentara el comparativo de 5 países. Solicitó a Cuba y Venezuela que en una próxima reunión los legisladores de estas naciones presentasen la información correspondiente. Al respecto, el Diputado Carolus Wimmer comentó que al momento no existe información, razón por la cual no se proporcionó, sin embargo, se comprometió a rescatar datos sobre la experiencia en Venezuela, enviarla y así contar con un estudio más detallado. Acto seguido, la Diputada Beatriz Collado hizo una reseña sobre el proceso que ha seguido el proyecto de ley sobre biocombustibles en México, mismo que fue presentado en el 2001 generando diversos debates, el 8 de diciembre de 2005 la Comisión de Agricultura presentó el dictamen de Ley para la Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, aprobado por 346 votos a favor, se turnó al Senado de la República quien la aprobó el 27 de abril de 2006. hasta la fecha no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.V. Estudio de las legislaciones comparadas entre México, Chile y Brasil El documento hace énfasis en que las tres legislaciones se centran en los estudios de etanol y otros energéticos, la aplicación de mecanismos de desarrollo y la fijación de precios. señala que dentro de la fiscalización existen diversos organismos encargados de llevarla a cabo; en México por ejemplo existe la Comisión intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable en Materia de Desarrollo y Promoción de Bioenergéticos; en Brasil, la Agencia Nacional de Petróleo; y en Chile diversos organismos competentes. El estudio señala que los puntos convergentes entre México y Chile son el fomento a la producción y uso de bioenergéticos, los estímulos fiscales y asignación de recursos, desarrollo de b infraestructura y la investigación. El tema afín entre México y Brasil es que ambos países cuentan con un órgano que regula, coordina y promueve las políticas públicas relacionadas con los bioenergéticos; ambas naciones estimulan la producción con mecanismos de desarrollo limpio y reducción de contaminantes, lo que conlleva a la reducción de la contaminación atmosférica. Ambos Estados ponen especial atención en la investigación. financiamiento y desarrollo de tecnología. Tanto Chile como Brasil contienen en sus ordenamientos jurídicos puntos que especifican que debe de existir un porcentaje mínimo de biodisel adicionado a los combustibles, lo que conlleva un incremento gradual de su uso. En cuanto a las divergencias, se señaló que en México, los tres órdenes de gobierno deben de intervenir para ejecutar y monitorear los programas de utilización de bioenergéticos. En Brasil existe un ordenamiento específico que operan los programas relacionados con petróleo, gas natural y biocombustibles. Chile no cuenta con ordenamiento legal y la práctica señala que el sistema de producción de transporte y comercialización es el responsable de operar los programas sobre energía renovable y combustibles líquidos. El debate que siguió a esta presentación se centró en que el trabajo legislativo debe de brindar mayor atención en subsanar las lagunas que pueden existir en las leyes y proyectos de ley de cada uno de estos países, transmitir las experiencias exitosas como en el caso de Brasil, e impulsar la colaboración de todas las instancias de gobierno para lograr legislaciones adecuadas al desarrollo de los bioenergéticos en la región. La Diputado Susana Monreal propuso la realización de un cuadro por país en el que se señalen las debilidades y fortalezas sobre la producción de etanol y biodisel. En este cuadro quedarían plasmadas las acciones exitosas de cada uno de los países, así como las experiencias que no lo han sido. Lo anterior se tomó como compromiso que para la integración de este cuadro, cada uno de los países aporte sus experiencias para la siguiente reunión. Otro de los compromisos fue que se trabaje de manera conjunta con la Comisión de Agricultura, dado que ellos también se ocupan del tema de los biocombustibles. Así mismo fue analizar el costo-beneficio del uso de los biocombustibles y su impacto en los sectores de transportes, agrícola, social y de políticas públicasVIII. Reunión de la Subcomisión de Estudio y Análisis de Politica de Gas, creada en el Marco de los trabajos de la VII Reunión de la Comisión de Energía y Minas. Ciudad de México, 22 de Agosto de 2007. Reunidos en las instalaciones del senado mexicano. ubicado en la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 22 de Agosto de 2007, se instala la subcomisión para el estudio y análisis de la "Politica de Gas", en el marco de los trabajos del Parlamento Latinoamericano. Cabe señalar que dicha subcomisión esta integrada por los siguientes legisladores:NombrePaísSenador Fernando Rodríguez CalvoBoliviaDi p. Carlos Mazzulo GaitánRepública Oriental de UruguayDip, Emil GuevaraRepública Bolivariana de VenezuelaAsesores Secretaria de Comisiones Parlatino: Lic.Norma Calero Secretaria de Comisiones México: Lie.Fabian Bravo Director de la Oficina de Relaciones Internacionales del Congreso de Uruguay: Juan Arraga Director de Secretaria Grupo Venezolano ante el Parlatino: Lic.Victorino AparicioDESARROLLO DE LA REUNIÓN -El Senador Fernando Rodríguez Calvo, Coordinador de la Subcomisión para el tema del Gas, de la Comisión de Energía y Minas del Parlatino, da la bienvenida a todos los participantes y somete a consideración el Orden del Día previsto para esta ocasión. En su introducción el Senador Rodríguez Calvo comentó que por acuerdo de la última reunión de la Comisión de Energía y Minas realizada en la La Habana, Cuba, el día 26 de abril de 2007, se determinó crear la Subcomisión para el tema de la Política de Gas coordinada por la hermana República de Bolivia, con la participación de Chile, Argentina. Brasil, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela en calidad de observador. -Los integrantes de esta subcomisión acuerdan de manera unánime instrumentar un formato de rondas con intervenciones de cada uno de los legisladores representantes de los países antes mencionados, apoyados también en el trabajo que los asesores del Senado Mexicano, del Congreso Uruguayo y del Grupo Parlamentario Venezolano, todos ellos acreditados como personal especializad ante el Parlatino. A partir de lo anterior, el Diputado Carlos Mazzulo de Uruguay planteó que la integración energética no debe de observarse como un acto meramente comercial sino fundamentalmente como la interdependencia de los países latinoamericanos en el marco de la solidaridad y cooperación como un acto de soberanía y a su vez permita un intercambio dentro del ámbito de la complementariedad. Como ejemplo, el Diputado Mazzulo mencionó que el Uruguay tiene una crisis energética y una dependencia en la provisión de los combustibles fósiles. En consecuencia, comenta que el Uruguay puede compensar esta situación a través del intercambio de su capacidad tecnológica y producción agropecuaria. -En su oportunidad, el Diputado Emil Guevara de Venezuela, hizo énfasis en el derroche de los países desarrollados, advirtió sobre la falta de conciencia en el uso adecuado de estos recursos no renovables y la necesidad de implementar políticas de ahorro concretas. Como ejemplo citó el cambio de bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras, el cambio de la matriz energética del parque automotriz venezolano y latinoamericano (GNV). Asimismo, el Diputado Guevara mencionó la necesidad de inscribir la política de Gas en el marco de la integración energética. -Finalmente, el Coordinador Senador Fernando Rodríguez Calvo mencionó que lo anteriormente expuesto por sus colegas sólo será posible si contamos con la infraestructura de transporte de nuestros energéticos (gasoductos, oleoductos, líneas de alta tensión, etc.), acompañado de la legislación compatible en los diferentes países latinoamericanos de tal modo que se logre alcanzar un verdadero mercado de energéticos que garantice la seguridad y eficiencia a los pueblos de nuestra región. -Como complemento, la Subcomisión anexa un CD con información actualizada a nivel mundial, regional y local presentada por el Senador Rodríguez Calvo, y la posición oficial del Grupo Parlamentario Venezolano presentada por el Diputado Emil Guevara, así como también la posición oficial del Diputado Carlos Mazzulo de Uruguay registrada en documentos que complementan su respectivo análisis sobre el tema de estudio. Luego de lo anteriormente expuesto, esta Subcomisión eleva a consideración de la Comisión de Energía y Minas los siguientes puntos de carácter resolutivo:1. Eficiencia Energética: la Subcomisión sugiere la implementación de nuevos equipos con energías alternativas dentro de las cuales se mencionó: la eólica, la geotérmica, la hidráulica y la nuclear. Entre otras.2. Integración Energética: la Subcomisión plantea un grado de cooperación, complementariedad y solidaridad entre los países en el ejercicio de su soberanía en un ámbito de equidad. igualdad y reciprocidad.3. Seguridad Energética: la Subcomisión sugiere continuar promoviendo la integración en el marco de la diversidad energética. El coordinador de los trabajos de la Subcomisión de Política de Gas, el Senador Fernando Rodríguez Calvo. en consenso con los legisladores integrantes de este grupo de trabajo; siendo las 17:45 horas determinan dar por concluido el análisis de los temas aquí expuestos y agradece la activa participación de los señores parlamentarios miembros de la misma”.