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El señor WALKER ( Presidente ).-
Esta sesión obedece a una presentación suscrita por 49 diputados y diputadas con el objeto de “analizar la problemática expresada por el obispo de Rancagua referente al carácter ético del ingreso mínimo, y ahondar en los mecanismos y fórmulas tendientes a posibilitar que éste permita la subsistencia de un grupo familiar y contribuya a superar las profundas desigualdades existentes en el país”.
Han sido citados el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco Brañes, y el ministro del Trabajo y Previsión Social , señor Osvaldo Andrade Lara.
En el tiempo previo de 15 minutos, que corresponde al Comité Socialista, tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , hemos solicitado esta sesión especial por la importancia del llamado del obispo Goic a pagar salarios éticos o justos, que toca un problema neurálgico de la sociedad chilena. Creemos que es importante que la Cámara de Diputados no eluda su responsabilidad en este desafío y contribuya a enfrentarlo.
En Chile, no hemos logrado construir una mejor sociedad. A pesar del crecimiento, no tenemos una sociedad más integrada, más justa, más ética. Y éste, sin lugar a dudas, es un desafío para todos.
El obispo Goic , a nuestro juicio, nos plantea desafíos claros: menos desigualdad, un Chile más justo; mejorar significativamente las remuneraciones e ingresos de las familias trabajadoras.
Los parlamentarios de la Concertación tenemos al respecto un doble debate: por un lado, con la Derecha y, por otro, con nosotros mismos.
El debate con la Derecha, creo yo, es más fácil y no es el principal. La Derecha nos dice: llevan 17 años y aún no logran disminuir la desigualdad ni aumentar los salarios suficientemente.
Es claro todo lo que ha hecho la Concertación para construir un país más justo y equilibrado. En la orientación del gasto público; los esfuerzos en salud, educación, vivienda; derechos, en general; el modelo de protección social. Y quizás las 800 salas cunas sean un símbolo de este gran esfuerzo.
A la Derecha hay que recordarle que la desigualdad no le parecía problema. Sólo crecimiento económico, y en los ciclos de baja de la economía, siempre han planteado que hay que disminuir los salarios mínimos, que hay que disminuir el gasto social, que hay que disminuir los impuestos. No se le hizo caso y, por eso, la desigualdad se ha contenido.
La reflexión de fondo de la propia Concertación parece ser el eje principal. Queremos una sociedad más justa y mejores remuneraciones.
¿Qué hemos logrado? ¿Por qué no hemos logrado una sociedad más integrada y una mayor valoración del trabajo y los trabajadores? ¿Qué errores hemos cometido? Es fundamental que hagamos una valoración crítica de nuestro desempeño. Ésta es la base para vitalizar nuestro proyecto de país y éste será el eje de mi reflexión.
Yo sugiero leer sobre esto. A Ricardo Frfench Davis , a Humberto Vega , a María Ester Feres , a Osvaldo Sunkel , a Ricardo Infante , entre otros.
Primero, sobre el país. La injusticia y la desigualdad en Chile.
Aprendimos a crecer, pero aún no hemos logrado un país más justo. Hay enormes brechas, en ingresos, en educación y saber; en salud, en poder, en acceso a la justicia; en los medios de comunicación.
Hay que reconocer que Chile tiene problemas serios de inequidad, de integración social, de cohesión social. Y nuestro proyecto de país tiene aquí un desafío fundamental.
Las brechas siempre las hemos tenido. Sin embargo, las privatizaciones y la desocialización de los servicios sociales las agudizaron.
Hemos acumulado logros en muchos campos: en democracia, en respeto a los derechos humanos, en crecimiento económico, en relaciones internacionales, en una fuerte disminución de la pobreza, en cobertura educacional. Pero aún no hemos logrado las estructuras básicas de justicia, para asegurar justicia, convivencia y paz entre los chilenos.
Hemos cometido errores importantes que están en la base de la desigualdad. Por ejemplo, el modelo de financiamiento compartido en educación, que produce segregación y segmentación. Un crecimiento urbano también segregado, se autosegrega en La Dehesa, y los más pobres van al borde de la ciudad.
Una política de pequeña empresa que no ha logrado generar una sólida modernización, a pesar de todos los avances que ha habido. Y esto, desde la rebaja de aranceles en 1991 y 1992.
Hay fuerte inequidad tributaria. Los pobres y sectores medios pagan más impuestos que los más ricos.
Hay subsidios para los más ricos. Dos tercio del IVA de la construcción se les entrega a los sectores de más altos ingreso.
Los trabajadores, por otra parte, no pueden negociar sus derechos porque la negociación colectiva es muy limitada.
No tenemos una política social constructora de tejidos de vínculo social ni de organización de la sociedad.
Quizás, el problema principal sigue siendo de orden cultural, valórico. La desigualdad es escandalosa en Chile. ¡Escandalosa! No es normal; no debemos aceptarla. Hay que reconocer el problema y fortalecer la solidaridad y la responsabilidad de unos por otros.
En términos generales, podríamos decir que la estrategia de desarrollo que Chile ha implementado permite crecer económicamente, pero genera fuerte concentración y desigualdad en la riqueza, los ingresos y los bienes públicos.
Las políticas sociales han mitigado estos desequilibrios, pero no han logrado revertirlos. Nada sacamos con limitarnos a mostrar a la Derecha lo que hemos hecho.
Para la vitalidad de la Concertación, debemos asumir que a pesar de las grandes cosas que se han hecho, de lo mucho que se ha hecho, todavía no tenemos un país con los niveles de igualdad y equidad que quisiéramos, que serán los que enriquezcan nuestro proyecto.
El segundo gran tema, que es parte sustantiva del anterior, es el de las remuneraciones, de la revaloración del trabajo y los trabajadores, del salario justo. Esto, no sólo para los sectores de más bajos ingresos, sino para todos, incluyendo a los sectores medios.
La Derecha dice que para esto no hay atajos, que sólo con crecimiento y educación lograremos mejores sueldos. Esto no es verdad.
Chile ha crecido como nunca antes en estos 17 años; más del 300 por ciento. En educación, hemos logrado gran cobertura, en todos los niveles. Sólo en educación superior hemos pasado de 8 a 30 por ciento.
El crecimiento y la educación son condiciones necesarias, pero no suficientes para construir un país con mayor equidad y mayor igualdad.
No hay que eludir el debate; tampoco las responsabilidades. El debate sobre el salario ético partió por una propuesta de complemento fiscal a los ingresos de los que trabajan. Se dijo: “Completemos lo que falta para llegar a los 250.000 pesos que planteó el obispo Goic” .
Algunos proponen que el Estado se haga cargo de la diferencia.
A nuestro juicio, éste es un debate muy importante, pero hay que profundizarlo. El debate europeo ha ido creciendo en la idea de que hay que tener un ingreso básico garantizado para todos los ciudadanos, desde la cuna hasta la muerte. Un ingreso garantizado sólo por ser personas, y no por el grado de aporte productivo; sólo por ser personas. Y todos acceden con éste a un mínimo de bienestar.
Este debate, -en proceso de implementación, en Alaska y en otras partes- ha sido muy importante.
El debate de estos días ha sido para complementar los ingresos de las familias o los trabajadores, la propuesta de Piñera y otros o el salario de referencia ética de Longueira.
Y la Concertación, ¿qué ha hecho en estos años al respecto? Ha dicho: Hay que reconstruir un modelo de protección social y generar un conjunto de subsidios a familias y personas.
Si sumáramos en la Casen última todo lo que esto representa, hay una compensación, un agregado. Y se reflexiona sobre la posibilidad de racionalizar el conjunto de estos subsidios.
Esta propuesta necesita aclarar con qué ingresos permanentes se cubrirán. No se puede eludir la reforma tributaria. En caso contrario, sería poco serio.
Si se quiere asumir este problema, tenemos que pensar en una reforma tributaria.
Este debate ético, de justicia, de voluntad política, hay que ligarlo al proceso real, a la realidad objetiva para que sea efectivo. No basta con la voluntad, aunque es fundamental en la vida de las naciones.
Es necesario compatibilizar tres dimensiones del problema de los salarios justos. Primero, tener en cuenta los ingresos permanentes para una vida digna de los trabajadores. Segundo, ver cuál es la capacidad de pago de las empresas. Y tercero, considerar los requisitos del desarrollo económico, como productividad, por ejemplo.
Es difícil compatibilizar estas tres dimensiones. Para esto necesitamos preguntarnos cómo se forman los salarios en una economía como la chilena, abierta, pequeña. Un Estado pequeño con un sector informal grande. ¿Qué eslabones del proceso de formación de los salarios se pueden tocar para alterar sus patrones?
La teoría al respecto se ha enriquecido mucho. El enfoque de Chicago está muy superado en sus supuestos simplificadores. Las cadenas de valor y la asimetría de mercado configuran un enfoque superior. Y esto lo vemos en las teorías de autores como Porter, Pietrobelli, Drucker y otros, según las cuales se está haciendo otro análisis del proceso de formación de los salarios.
En este marco, me referiré, en primer lugar, a la participación de la empresa en las distintas cadenas de valor en las cuales están insertas y, en segundo lugar, a la distribución del valor agregado entre utilidades y salarios en la empresa.
Las cadenas de valor y la empresa.
El ingreso de las pequeñas empresas depende de la competencia con las importaciones y de las ventas a las grandes empresas, las que imponen las condiciones -precios, plazos de pago, publicidad, etcétera- a las pequeñas y se apropian de una parte importante de la cadena de valor. Las pequeñas empresas ven reducidos sus ingresos de venta, por lo que caen sus utilidades y no pueden pagar salarios altos. Las pequeñas empresas tienen grandes asimetrías de poder de mercado. Para aumentar los salarios reales hay que reducir estas asimetrías y proponerse un desarrollo y una modernización sostenidas de las pequeñas y medianas empresas.
La distribución del valor agregado entre utilidades y salario.
El nivel del salario lo determina unilateralmente el empleador, considerando diversos factores, como la situación de la empresa, de la economía y del mercado laboral. También incide su sesgo ideológico.
Los trabajadores en Chile tienen un bajo porcentaje de sindicalización -sólo 12 por ciento- y de negociación colectiva -sólo 2 por ciento-. En estas condiciones se tiende a salarios de entrada lo más bajos posible; es el piso que se pone sobre todo en las grandes empresas. Además, los empleadores pueden determinar el resto de las condiciones contractuales y despedir muy fácilmente a los trabajadores.
Las grandes empresas no consideran la productividad para determinar los salarios. Se divorcia el salario de las utilidades. Aumentan las utilidades, pero los trabajadores no aumentan sus ingresos. A nuestro juicio, éstos son los factores principales que explican la desigualdad e injusta distribución del ingreso en la economía chilena, a pesar del crecimiento.
El tema de fondo es que existe una estrategia de desarrollo que se agota. Hay que diseñar otra, diferente, que asuma la inequidad en la distribución de los ingresos y las profundas diferencias de productividad y de calidad de nuestra estructura productiva de bienes y servicios.
No se puede dejar sólo al mercado la distribución funcional de los ingresos. Se debe fortalecer la capacidad de negociación colectiva. Esto es necesario para equilibrar la situación.
También se requieren nuevos parámetros para el salario mínimo y un gran esfuerzo de capacitación laboral al más corto plazo. Quizás, para esto habría que utilizar buena parte de los excedentes de que disponemos.
Es necesario asumir las enormes asimetrías contractuales entre las grandes empresas y las de menor tamaño y productividad. Para esto se necesita un estatuto jurídico que regule de otra manera esta relación. Trabajadores y pequeños y medianos empresarios tienen un campo de entendimiento indiscutible en términos de unidad y de aportar a construir un país mejor.
Los dos factores que he señalado conducen a un aumento creciente de la brecha entre el incremento de los salarios reales y el de la productividad. Ello seguirá ocurriendo en la medida en que no haya capacidad de intervenir con negociación colectiva y otros factores y en la medida en que existan asimetrías de poder.
En 2005, la productividad creció 30 por ciento más de lo que crecieron los salarios reales. No me refiero sólo a los salarios más bajos, sino a los de todos los sectores.
Necesitamos un salario más justo y ético y un país con más equidad y más integración social. Esto requiere concordar elementos de una nueva estrategia de desarrollo que sea socialmente inclusiva y que concite el crecimiento económico y la justicia social.
Sabemos que en una sesión como ésta se podrán plantear distintas visiones. Queremos presentar un proyecto de acuerdo, que ojalá sea suscrito por todos, para pedir que se constituya una comisión especial destinada a analizar materias como la desigualdad, el salario ético y la pobreza.
Esperamos hacer un debate serio -ordenar nuestros pensamientos y visiones, hacer sugerencias, porque la inercia no deja bien a Chile- del que surjan propuestas que contribuyan al Consejo Asesor sobre Equidad Social que ha creado la Presidenta de la República . Necesitamos hacer cambios en la estrategia de desarrollo, en la manera en que se distribuye el valor dentro de la cadena de valor y en la forma en que se enfrentan las asimetrías del mercado. También requerimos un cambio en la manera en que se relacionan los trabajadores con las empresas. Por eso es importante fortalecer la negociación colectiva.
Tenemos la expectativa de que en esta sesión especial estableceremos el marco para el trabajo de la comisión que queremos que se constituya. Creemos que la Cámara de Diputados va a aportar al debate nacional. La Presidenta de la República ha constituido el Consejo Asesor con la mayor voluntad de recoger las distintas posiciones y visiones, y debemos contribuir a esa instancia. A lo mejor, las distintas comisiones podrían proponer ideas que enriquezcan nuestro aporte al debate nacional, que por ahora está centrado en el Consejo Asesor sobre Equidad Social, que es tan importante para dar un salto en nuestra estrategia de desarrollo y en la calidad de vida de nuestra sociedad.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , me alegro de que se haya puesto en la discusión nacional el tema del sueldo ético, porque cada vez que discutimos sobre el salario mínimo, deseamos que éste fuera mayor. Dado que en el país no todas las empresas pueden pagar un salario mayor a sus trabajadores, asumimos que debe establecerse un salario mínimo.
¿Qué es un sueldo ético? La justa retribución que se paga a un trabajador por las labores que desempeña. El salario de un trabajador debe estar de acuerdo con su aporte a la producción y debe velar porque sus necesidades mínimas sean satisfechas.
El trabajo es la realización de la humanidad, el perfeccionamiento de su vocación. Por ello, el trabajo humano tiene un valor ético, el cual está vinculado total y directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona, es decir, un sujeto consciente y libre.
Falta a la ética aquel empleador que, pudiendo pagar un sueldo mejor, no lo hace, con el objeto de aumentar su rentabilidad económica. Sabemos que en Chile hay muchas empresas que pueden hacerlo, pero también sabemos que hay muchas microempresas que no pueden. Por eso, me parece muy difícil que un sueldo ético sea fijado. No obstante, la discusión pública que se genera en estos minutos y las campañas que se hagan a futuro sobre la necesidad de mejorar el sueldo de los más pobres es un gran avance.
La línea de pobreza en noviembre de 2006 se fijó en 47.099 pesos, que corresponde al valor de la canasta de satisfacción de necesidades básicas.
Según la encuesta Casen, las familias indigentes y las pobres no indigentes tienen un promedio de 4.4 y 4.6 integrantes respectivamente. Para que una familia chilena esté sobre el umbral de la pobreza, debe recibir un ingreso mensual de 216.660 pesos. El 11 de junio pasado, el senador Pablo Longueira presentó un proyecto de ley para establecer un sueldo mínimo sugerido por ese monto. Hace dos meses se aprobó el ingreso mínimo mensual en 144.000 pesos, por lo que estamos lejos de poder llegar a esa cantidad.
El sistema económico funciona, pero el rol de la sociedad es agregarle valor humano y criterios éticos. Ésa es la gran tarea de nosotros.
Entendemos que la propuesta del senador Longueira no puede ser exigible para pequeños y medianos empresarios o para algunas áreas de nuestra economía que no son tan rentables. No obstante, si logramos que se tome conciencia solidaria de que es necesario mejorar el salario mínimo, contribuiremos a mejorar, en parte, nuestra pésima distribución del ingreso.
Pero lo más importante es crear una cultura de gente responsable, porque, en nuestro país, la mayor parte de las personas busca evadir el pago de hasta el último peso. Por ejemplo, algunas personas silban al pasar por el tag, porque supuestamente de esa manera este dispositivo no funcionaría. Encuentro que es el colmo. También considero muy poco ética la actitud de quienes no pagan las cotizaciones o que imponen por un salario mínimo a sus trabajadores, quienes, por lo mismo, el día de mañana tendrán una jubilación demasiado baja.
Mientras exista más trabajo y crecimiento, los sueldos serán mejores. Por lo tanto, también se debe trabajar en esa línea.
En caso de prosperar alguna reforma tributaria, será necesario introducir muchas modificaciones, por ejemplo, en relación con los tributos que se pagan por las herencias, especialmente en el caso de los más pobres, y los bonos que reciben los trabajadores, que, por ser imponibles, a la larga quedan reducidos a casi nada.
El salario justo es una verificación concreta de la justicia de todo el sistema socioeconómico y de su adecuado funcionamiento.
El problema de la ética social se refiere a la justa remuneración por el trabajo realizado, y no existe mejor método para hacer justicia en la relación trabajador-empresario que la remuneración justa por el trabajo realizado.
Hasta el momento, no hemos decidido de una vez por todas si se legislará en materia de jornada flexible, lo que sería de gran ayuda en especial para las mujeres, quienes, de esa manera, podrían aportar un salario adicional a su hogar. Al respecto, se ha comprobado que al contar con un salario adicional, muchas familias, logran salir de la pobreza.
En suma, es necesario establecer el sueldo mínimo ético, no en forma legal, sino en la conciencia de los chilenos. No se hará mediante una obligación legal, sino por medio de una opción que establecerá la ley sólo para los empresarios que deseen pagar a sus trabajadores un poco más que el sueldo mínimo. Así, habrá más chilenos felices, que tendrán más incentivos para trabajar, y se hará justicia, que harto se necesita.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, por siete minutos, el diputado señor Germán Verdugo .
El señor VERDUGO.-
Señor Presidente , hemos sido convocados para tratar un tema de real importancia y que nos afecta a todos por igual: la problemática planteada por el Presidente de la Conferencia Episcopal , monseñor Goic , quien hizo un llamado a establecer un salario o ingreso ético.
Sin duda, el fundamento de su propuesta se encuentra en la Doctrina Social de la Iglesia , que, desde 1891, viene planteando la necesidad de que la retribución por el trabajo se exprese mediante una remuneración justa. Ella es el fruto legítimo del trabajo. Por lo tanto, comete una gran injusticia quien la niega o no la entrega a su debido tiempo y en la justa proporción al trabajo realizado.
Al respecto, cabe preguntarse cómo se puede determinar el monto justo del ingreso familiar. En 1981, el Papa Juan Pablo II se refirió sobre el particular en su encíclica Laborem Exercens . En ella, expresó que diversas pueden ser las formas de llevar a efecto el salario familiar. Contribuyen a determinarlo algunas medidas sociales importantes, como los subsidios familiares y otras prestaciones por las personas a cargo, así como la remuneración del trabajo en el hogar de uno de los padres.
En dicha encíclica se aborda un aspecto extraordinariamente importante, como es la posibilidad de que exista una remuneración para quienes trabajan en su hogar, es decir, las mujeres.
En 1945, el Papa Pío XII nos expresó lo siguiente: “Las labores de cuidado familiar, comenzando por las de la madre, precisamente porque están orientadas y dedicadas al servicio de la calidad de vida, constituyen un tipo de actividad laboral eminentemente personal y personalizante, que debe ser socialmente reconocida y valorada”. El Papa Juan Pablo II agregó, años después, que eso puede concretarse mediante una retribución económica al menos semejante a la de otras labores. Por lo tanto, aquí nos estamos refiriendo a una preocupación que la Doctrina Social y el Magisterio de la Iglesia vienen planteando desde 1891, cuando el Papa León XIII redactó la encíclica Rerum Novarum .
Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hoy, después de tanto tiempo, en la Cámara se discute sobre esta materia? Porque monseñor Goic expresó la necesidad de establecer un salario ético, cuyo monto no podría ser inferior a 250 mil pesos. Al respecto, aun cuando el Magisterio de la Iglesia ha sido reiterativo en su pronunciamiento sobre aspectos como el ingreso familiar, el salario justo y la remuneración familiar, nunca antes se había mencionado una cifra como la indicada por dicho prelado.
Entonces, ahora nos vemos abocados al estudio sobre la forma de determinar ese salario ético. Sobre el particular, el Concilio Vaticano II planteó la solución al problema, al expresar que “la remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común”.
Por lo tanto, desde hace mucho tiempo se encuentran expresados los criterios que, en cada caso, deberían considerarse al momento de resolver sobre el monto que en cada situación corresponde pagar.
Al analizar el aporte que hizo el Concilio Vaticano II, es posible concluir que la determinación de aspectos como las condiciones de la empresa y su productividad y, sobre esa base, como expresó el diputado Carlos Montes , el establecimiento del salario justo, es un asunto muy complejo, pero que, sin duda, figura dentro de las responsabilidades que corresponde asumir al Estado, fundamentalmente al Gobierno. Al respecto, cabe preguntarse sobre la tarea de éste en la solución o tratamiento del problema en comento. En ese sentido, la tarea esencial del Estado en el ámbito económico es definir un marco jurídico apto para regular las relaciones económicas con el fin de salvaguardar las condiciones fundamentales de una economía libre, que presupone una cierta igualdad entre las partes. Ésa es la responsabilidad que le corresponde asumir.
La sociedad debe tener presente lo que, en esta materia, sostienen la Doctrina Social y el Magisterio de la Iglesia. Al respecto, se puede concluir que una sociedad en la que el derecho al trabajo es anulado o sistemáticamente negado y las medidas de política económica no permiten a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social.
Hoy, nos encontramos en la búsqueda de caminos que permitan el tratamiento de esta materia en forma responsable. Por lo tanto, no se debe culpar a la derecha o a la izquierda, sino instar a que el Estado y la sociedad brinden solución al problema planteado por el Presidente de la Conferencia Episcopal.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo correspondiente al Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra, en primer lugar, el honorable diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, creo oportuno entregar algunas opiniones que tienden a acoger el planteamiento del presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de Rancagua -región de la cual soy diputado -, monseñor Alejandro Goic , referida al carácter ético del ingreso mínimo, y que nosotros podamos ahondar en aquellas fórmulas o mecanismos que permitan que la subsistencia familiar mejore sustancialmente; que a través de ellos podamos superar las profundas desigualdades que existen en el ingreso de las distintas familias del país.
El primer alcance que quiero hacer es muy general y dice relación con el sentido de esa intervención pública del presidente de la Conferencia Episcopal . Obviamente, es un llamado de atención no solamente a quienes somos -o nos decimos- católicos, sino también a laicos, a personas que tienen otras convicciones religiosas y, por qué no decirlo, como consecuencia de algunas intervenciones públicas que ha habido en el último tiempo; a economistas y a otros que no lo son.
Es importante destacar que el planteamiento de monseñor Goic es un llamado de atención a toda la sociedad chilena sin excepción, y lo hace con la legitimidad que, indudablemente, posee la Conferencia Episcopal, particularmente la Iglesia Católica, en la medida en que no sólo tiene su expresión o vigencia en la doctrina social de la Iglesia, en el pensamiento de aquellas encíclicas que han abordado estas materias, en los últimos acuerdos adoptados por conferencias episcopales en América Latina, sino, además, a partir de muchos que, desde su postura, como católicos, han estado permanentemente dando un testimonio de vida de lo que significa efectivamente velar por una mayor justicia social e igualdad.
Desde ese punto de vista, entonces, nos parece, en primer lugar, que es indispensable clarificar como extraordinariamente oportuno, legítimo y, además, muy necesario el planteamiento de la Conferencia Episcopal, repito, como un llamado de atención a todos los chilenos, sin excepción, creyentes o no creyentes que, indudablemente, deberíamos asumir exactamente en el nivel en que se encuentra, en el terreno moral, ético.
En ese sentido, quiero hacer míos varios de los juicios que han estado presentes en los comentarios de economistas y estudiosos del tema. Particularmente, haré referencia a algunas publicaciones y a un artículo que dio a conocer, hace algún tiempo, el señor Alexis Guardia , quien, en mi opinión, aborda este tema en forma extraordinariamente clara y directa.
Señala algo que para nosotros no debe ser tema de discusión: la propuesta de un salario ético de 250 mil pesos constituye una aspiración y, en ningún caso, tiene el propósito de afectar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas o de poner en dificultades a las grandes empresas, sobre todo porque muchas de ellas, seguramente, pagan más que eso.
El valor de la declaración de la Iglesia Católica, a través del planteamiento de monseñor Goic , es, precisamente, poner en la agenda nacional el tema recurrente de la desigualdad y los bajos salarios, el cual debemos asumir todos los políticos, sin excepción.
Por ello -y ésta es la segunda afirmación que quiero hacer-, resulta realmente incomprensible la reacción destemplada que el planteamiento de monseñor Goic provocó en la denominada “Derecha dura” que hoy está representada por quienes promueven la idea del desalojo a cómo dé lugar.
Tampoco puede sernos indiferente, como políticos, el rechazo, prácticamente concertado, de las seis ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio, que agrupa a parte importante del empresariado de las grandes empresas. Es precisamente en el mundo del trabajo asalariado donde se ubica una parte no menor del tema que nos preocupa.
Es cierto que la evaluación de las remuneraciones reales tiene que ver con la productividad que se va generando en las distintas actividades; pero también dice relación con la institucionalidad laboral que recoge derechos sociales, pues el mercado laboral no es igual al mercado de las papas o de cualquier otro producto que se quiera transar. Los derechos laborales no tienen nada que ver con la eficiencia o la competitividad; si no fuera así, el trabajo infantil sería lo más competitivo y eficiente.
Asumo estas afirmaciones de Alexis Guardia en uno de sus artículos, porque me interpretan ciento por ciento, y creo que también a la bancada de diputados democratacristianos que, en la mayor parte de sus proposiciones políticas, en los últimos años, ha hecho presente, en forma reiterada, la necesidad de buscar mecanismos que permitan una mayor justicia social y, especialmente, un mejor ingreso nacional.
Cuando hacemos referencia al empleo en el país, inevitablemente tenemos que tener presente en qué medida se dan las condiciones para acceder a mejores salarios en el sector que tiene trabajo.
Debo hacer notar que en el país, de acuerdo con los antecedentes que obran en nuestro poder, sólo el 5,4 por ciento de los asalariados del sector privado negocian colectivamente y que una de cada cinco empresas ha efectuado procesos de negociación colectiva con tendencia a la baja en los salarios, lo que, obviamente, no deja de ser interesante de analizar.
En Chile, la tasa de cobertura de negociación colectiva respecto de la población asalariada, dado que los convenios se fijan por poco más de dos años, sería del orden de 8,6 por ciento. Sin embargo, la tasa de cobertura de las negociaciones colectivas en los países que se agrupan en la Ocde, fue en 2000, en promedio, de 60 por ciento. Francia, 90 por ciento; Holanda , 80 por ciento; países escandinavos, entre 80 y 90 por ciento; Reino Unido, 30 por ciento, y Estados Unidos, sólo 15 por ciento.
La baja cobertura de la negociación colectiva en el país es un dato duro y le da una mala imagen en el exterior. Obviamente, es uno de los aspectos que debemos tener presente durante esta discusión.
Termino mis palabras señalando que tenemos que prolongar nuestro análisis del tema y asociarlo a la idea de ser gestores de un gran pacto social; que efectivamente generemos condiciones para que exista un diálogo social en el cual no solamente los sectores políticos nos comprometamos en ese esfuerzo, a través de comisiones y de decisiones en el Congreso, sino, además, invitando a participar a dirigentes sociales, gremiales, empresariales y, de esa forma, intentar acoger el planteamiento de la Conferencia Episcopal.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable señor Alinco.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente, felicito al obispo de Rancagua por haber puesto el dedo en la llaga al plantear el tema del salario ético. Sin embargo, hay que hacer notar que fue duramente criticado por algunos sectores.
Me pregunto qué hubiese pasado si el tema lo hubiese planteado un dirigente sindical o un comunista. La respuesta es simple: lo habrían acusado de retrógrado o de pasado de moda.
Pero estamos aquí, discutiendo el tema. El asunto es por dónde empezamos y adónde vamos a llegar. A lo mejor, y quisiera equivocarme, la discusión va a ser infinita y nunca vamos a llegar a acuerdos, porque es un problema de nuestra cultura, que pone como centro de la sociedad al capital, a la riqueza y no al ser humano, como debería ser. En nuestra sociedad, el hombre y la mujer valen por lo que tienen y no por lo que son.
El problema es cultural y es de la esencia de nuestra sociedad. Hoy se considera como justo que existan los cesantes y que no todos tengan las mismas oportunidades. Esta sociedad discrimina; no existen los mismos derechos para acceder a la salud, a la vivienda y al trabajo.
El tema no es fácil. Por eso, espero que el Consejo Asesor para la Equidad Social que constituyó nuestro Gobierno llegue a feliz término y que no se traduzca en una instancia eterna -como ha sido en otros casos- que no entrega las soluciones que el pueblo y los trabajadores esperan.
¿Qué es ético para los cesantes o para los trabajadores de la construcción?: un salario justo, digno, que alcance para solventar los gastos de la familia y satisfacer las necesidades básicas. Eso es ético; pero para los empresarios, ético no es eso. Para ellos, ético es, tal vez, que les alcance simplemente para comer y para sobrevivir. Por lo tanto, la discusión es difícil y debe ser profunda, por lo que invito al Congreso a tratar de llegar a buen puerto.
Un grupo de diputados presentó un proyecto que iba en esa dirección, pero fue declarado inadmisible. Si aquí no se nos permite debatir sobre el concepto de la ética, en todo el sentido de la palabra, no vamos a llegar a una solución satisfactoria para los pobres de Chile.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra por cinco minutos la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , hablamos de desalojo económico y desigualdad social.
A propósito del salario ético, es el momento de hacer un llamado a la memoria y situarnos en el origen de las desigualdades económicas en nuestro país.
La concentración de la riqueza no es fruto de la casualidad, sino que responde en gran medida a las privatizaciones realizadas entre 1980 y 1990, que nos dejaron una gran desigualdad entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre.
La Derecha hoy nos habla de reforma laboral, pero no podemos olvidar que fue cómplice del desalojo económico que terminó con las empresas de todos los chilenos en manos de unos pocos.
La concentración de la riqueza, la desigualdad y la indiferencia de los grandes grupos económicos siguen vigentes y se expresan en la precarización del trabajo y en la gran brecha salarial.
Los responsables tienen nombre y apellido, así como también quienes se beneficiaron de esta acción, y están consignados en el informe de la Comisión de Privatizaciones de la Cámara, que entregó sus conclusiones en 2005. Se trata de militares y civiles de la derecha política y económica de ayer y de hoy. La misma que nos habla del salario ético, la misma que nos habla del chorreo, la misma que se ha mantenido muda frente a las fusiones empresariales, la tercerización y las privatizaciones.
Se trata de grupos económicos, que periódicamente aparecen en Forbes como los más ricos del mundo; de familias que hicieron su fortuna y se fortalecieron con las privatizaciones. En su mayoría, son personas que ostentaron cargos en el Estado y que ejercieron como interventores de las empresas públicas de la época.
Son grupos que perduran hasta hoy y que han aumentado su importancia en la economía nacional e internacional. Se trata de conocidos grupos, entre ellos, los Angelini, los Luksic, los Matte , los Said y los Yuraszeck. En el caso de este último, encabezado por José Yuraszeck -que antes no existía como empresario-, surgió gracias a la dictadura, que facilitó que muchos se aprovecharan del denominado “capitalismo popular” y del cuantioso financiamiento del Estado.
Entre los participantes de las privatizaciones destacan Büchi, de Castro, Cauas y Cáceres, entre otros.
Pero no sólo actuaron los civiles en el desalojo económico, sino que también participó la familia militar, que en nombre del capitalismo popular compró acciones de Endesa y otras empresas a través de subterfugios legales.
Lamentablemente, en esa época no había diputados ni senadores que fiscalizaran como lo hacemos hoy.
No es necesario abundar en más ejemplos para demostrar que las privatizaciones sentaron las bases para la concentración económica, la exclusión y la desigual.
Hoy ya no son las privatizaciones, sino las fusiones las que se han vuelto una práctica habitual entre los grandes grupos económicos, concentrando aún más la riqueza. Ejemplo de esto es la absorción del consorcio D&S por Falabella, que dio origen al segundo holding más grande del país, inmediatamente después de Copec. A estas fusiones se suma la de SalfaCorp y la Inmobiliaria Aconcagua, de la cual nace la constructora más grande del país, cuyo dueño, entre otros, es el señor Sebastián Piñera.
Estas fusiones económicas dan cuenta de una dura realidad y de la necesidad de fortalecer la regulación o endurecer la acción de instituciones como la Fiscalía Económica, la Dirección del Trabajo, o mejor que eso, cambiar las relaciones entre trabajadores y empresarios.
Si bien en la Concertación debemos reconocer que no hemos sido capaces de revertir esa situación, y vemos como se sigue concentrando el poder económico y se fortalece la acción monopolizadora, está claro que no podemos seguir impávidos frente a la consolidación de este modelo económico.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea la necesidad de fortalecer el diálogo de los trabajadores a través de la negociación colectiva. Recordemos cómo se ha usado la subcontratación, cómo se ha dividido a los trabajadores, cómo se les ha impedido sindicarse, o crean sindicatos débiles, cómo se amenaza a las organizaciones cuando tratan de defender sus derechos.
Es el momento de hablar de un pacto social, que nos lleve a un Chile más igualitario, con salarios más dignos y trabajadores más felices.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente, felicito y agradezco a monseñor Goic por haber planteado el tema que debatimos. La Iglesia tiene el derecho y el deber de mostrarle a la sociedad los imperativos éticos en que se mueve. En ese sentido, lamento que se tironeen para uno y otro lado las legítimas iniciativas de la Iglesia, tratando de sacar dividendos políticos y utilizarlas como herramientas de lucha que van más allá de la sana y real preocupación por los salarios.
La doctrina social de la Iglesia jamás ha sido incompatible con la economía de mercado; es más, la presupone.
En una economía de mercado, los salarios se determinan principalmente por la calidad de la fuerza laboral y por la calidad y cantidad del capital y las tecnologías puestas a disposición de esa fuerza laboral.
¿En qué hemos topado siempre? La respuesta no está en echarle la culpa a uno u otro gobierno, porque se trata de un problema país. Hemos topado en la capacidad de entregar a nuestro capital humano una educación de calidad, que le permita adquirir habilidades importantes para el mercado laboral y hacerlo más productivo en el tiempo.
Eso no lo hemos logrado, y aunque algunos digan que eso no importa para la determinación de los salarios, la ciencia económica sí lo señala en forma incontrastable.
Por eso, el gran problema ético es anterior al salario ético, es la calidad de la educación que estamos entregando a nuestros jóvenes, es la calidad de la educación que se le entregó a las generaciones que hoy tienen 40 o 50 años.
En sectores rurales es dramático ver a personas con sexto u octavo básico, que no tienen habilidades productivas para insertarse de buena forma en nuestra economía.
Hay situaciones dramáticas. Por ejemplo, se instaló una gran papelera en la localidad de Mininco, comuna de Collipulli, en la que trabajan más de 400 empleados, pero sólo cuatro son de la región, porque el Estado nunca fue capaz de entregar una educación de calidad a los habitantes de esa localidad que les permitiese terminar al menos el octavo básico y, por ende, optar a mejores trabajos y salarios.
Por eso, coincidiendo con la doctrina social de la Iglesia, propiciamos un salario justo, que implica un pago acorde con la productividad de los trabajadores, que permita un sustento suficiente para ellos y sus familias, y que sea fiable para la empresa y también para la estabilidad macroeconómica del país, porque existe un deber ético en mantener los equilibrios macroeconómicos, la inflación baja y que la economía tienda al pleno empleo.
Por eso, no se debe hablar en forma aislada de la cuantía o del monto de un salario mínimo determinado, porque tiene que existir ese equilibrio que debe armonizar las condiciones económicas para tener salarios más elevados y las exigencias morales y éticas que la doctrina social de la Iglesia presupone en una economía de mercado.
Hay que señalar que no se consigue el salario ético en economías planificadas, sino que en economías libres, con libre iniciativa particular y libre juego del mercado, con los elementos éticos que corresponden a una economía social de mercado.
Por eso es triste ver que se ponga en contradicción al mercado y las exigencias éticas. El mercado da una pauta y las exigencias éticas precisan la pauta de cuánto es justo o cuánto es necesario pagar.
En consecuencia, consideramos que esta discusión es provechosa. Ojalá que se haga con altura de miras y que la educación sea el tema central para determinar el salario ético, justo y suficiente para el trabajador y su familia, como lo exige la doctrina social de la Iglesia.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención cada una de las intervenciones de mis colegas, por lo que me doy cuenta de que, con excepción de algunos cabezas calientes, es un tema que no debe tener color político alguno, que se debe abordar en profundidad, con seriedad y con todos los actores -ministros, trabajadores, parlamentarios- sentados en una mesa.
Es absurdo pensar que alguien se va a oponer a que un trabajador gane un salario justo que le permita vivir. No obstante, quiero hacer presente que, aprovechando la presencia del ministro Velasco , he echado de menos un gesto similar del Gobierno hacia sus trabajadores. Existen 25 mil empleados estatales que hoy día ganan menos del salario mínimo, la mayoría de esos funcionarios están a contrata o a honorarios. Lo mismo pasa en las municipalidades. En consecuencia, el empleador más grande de Chile y que tiene los mayores recursos es el Estado. Por lo tanto, cuando hablamos de estos temas tan importantes, debería dar el ejemplo para que sus trabajadores tengan un salario justo, tranquilidad y un mejor pasar que el que han tenido hasta hoy.
En relación con las empresas, algunas no podrán pagar el salario ético, pero van a hacer un esfuerzo para aumentar las remuneraciones de su personal en 5 mil, 10 mil, 15 mil o 20 mil pesos. No obstante, otras empresas pueden pagar más, pero no lo hacen. Eso no es ético. Estamos pidiendo que la gente que pueda dar este beneficio, lo haga.
El tema laboral no es un asunto de izquierdas o derechas, sino que de bienestar, de tranquilidad, de producción y de estabilidad de la economía.
Es curioso, porque todos estamos de acuerdo con lo propuesto por el obispo Goic, pero cuando nuestro candidato presidencial plantea alguna idea al respecto, los partidarios del Gobierno la rechazan. No obstante, podríamos decir que la Concertación lleva diecisiete años de gobierno, pero recién le entró la fiebre de debatir el salario ético.
Por lo tanto, señores ministros, por intermedio del señor Presidente, aprovechemos la oportunidad para juntarnos, hablar de este tema y dar estabilidad al país. Eso es lo que queremos.
El Gobierno está dando subsidios por la contratación de mano de obra por medio del Sence, ya que paga el 40 por ciento del sueldo mínimo a un trabajador contratado. O sea, si quisiéramos tener una mayor cobertura, podría pagar el 40 por ciento más del salario mínimo, lo que permitiría aumentar en 50 mil pesos los sueldos de los trabajadores.
Por lo tanto, propongo que hagamos un esfuerzo para favorecer a los funcionarios públicos y municipales, veamos si las pymes se pueden sumar dar este beneficio, porque sabemos que muchas de ellas, aun cuando tengan la voluntad para ello, no podrán hacerlo.
Indudablemente, queremos que los trabajadores cuenten con un mejor salario y tranquilidad para que el país tenga estabilidad. Las personas no pueden trabajar tranquilas si están pensando en que no tienen para pagar la luz, el agua o el pan.
Por último, podríamos establecer un financiamiento compartido, para que los trabajadores de nuestra patria vean que existe un gesto de ambos lados. Eso no es tan difícil de conseguir cuando existe voluntad.
Reitero, éste es un problema de todos los sectores políticos de Chile y entre todos tenemos que sacar adelante este asunto, para que los trabajadores vean que sus autoridades, después de tantos años, tomaron conciencia del problema que los afecta.
Vamos a pelear por esto y estamos disponibles para apoyarlo, dentro de lo ético que puedan ser los sueldos y las propuestas del gobierno.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente, no soy economista. Digo esto porque una de las cuestiones que ha estado latente en el debate es que la gente que no lo es no puede opinar sobre la materia.
No me gustaría esta prohibición en el debate al cual hemos sido convocados, porque el tema señalado por la Iglesia a través de monseñor Goic es distinto, a pesar de que se ha simplificado y caricaturizado. El obispo Goic habló de un sueldo ético, lo que no tiene que ver con cuestiones materiales y números, sino que con otra cosa.
Como es necesario situarlo conceptualmente, debemos tener claro que la ética es una parte de la filosofía que estudia los juicios de valor cuando se aplican a la distinción entre el bien y el mal. A eso se refiere. Es una cuestión que dice relación con la conciencia. Monseñor llamó a los empresarios y a las autoridades, por lo que me alegra la presencia de los ministros, para que debatamos un tema respecto del cual se clama justicia.
Esto tiene que ver con la desigualdad que aún persiste. Nadie puede negar lo mucho que hemos hecho estos años para derrotar la pobreza y la indigencia, pero nadie podría decir que no debemos ocuparnos de este tema. Uno aborda los temas desde lo que es. A mucha honra, soy humanista y cristiano, y las Sagradas Escrituras, una inspiración. En Mateo 25, del versículo 35 en adelante, está la doctrina evangélica respecto de lo que es un salario justo. Ahí se señalan cosas, como “No hagas a tu prójimo lo que no quisieras que hagan contigo”; “Cuando tuve hambre, me diste de comer; cuando tuve frío, me abrigaste; cuando estuve desamparado, me acogiste”. Ése es el sentido de la doctrina y es la base de la intervención de monseñor Goic. Me he preocupado del tema. He recopilado muchos documentos aparecidos en los distintos diarios respecto de las posiciones de unos y otros sobre este tema. Ésta es una gran oportunidad.
Se discute si la Iglesia tiene o no la autoridad y el deber de plantearlo. Ciertamente, eso no merece discusión. Alguien citó las encíclicas y se habló del padre Hurtado que, a mediados del siglo pasado, dijo: “Sin justicia social, no hay democracia integral.” Pero los puedo llevar más atrás, pues en la Edad Media existió la llamada doctrina del precio justo, que indicaba que los hombres cristianos podían dedicarse al comercio, para obtener la ganancia necesaria a fin de vivir dignamente y en ningún caso para explotar a nadie.
En todo caso, ésta es la gran oportunidad que tenemos para abordar el tema. Lo que se busca es que, apelando a sus conciencias, quienes puedan, entreguen lo que se considera justo en virtud del esfuerzo humano. Hablamos de una compensación ética y digna del trabajo humano. Hay muchos que ya lo hacen. Por eso, esperamos que también lo hagan aquellos que no lo están haciendo y, como Estado, debemos elaborar desde este Congreso la legislación que permita acercarnos a ese ideal, al que nos ha llamado el obispo Goic y la Iglesia.
Los valores del neoliberalismo son el utilitarismo y el hedonismo. Ahí está lo que hemos venido diciendo persistentemente y de lo cual tenemos que hacernos cargo.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos, la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, más que un debate sobre el salario ético, deberíamos buscar acuerdos sobre la forma de enfrentar las desigualdades en la distribución del ingreso en nuestro país. Más que debatir el diagnóstico y las responsabilidades de cada una de las fuerzas políticas representadas en todas las áreas del desarrollo, nos debemos poner de acuerdo para crecer en la equidad y calidad de las políticas públicas.
Ése es hoy nuestro desafío, del cual también se hizo cargo el Gobierno de la Presidenta Bachelet con el llamado a conformar el Consejo Asesor para la Equidad Social. Ese desafío no es sólo el salario o la competitividad, sino que sobre todo, hacerse cargo del desequilibrio existente en la protección social de los trabajadores y trabajadoras, reconociendo la diversidad productiva, pero buscando una seguridad social básica con la que cuenten todos ellos -como en los países desarrollados- y que recién estamos construyendo.
Somos reconocidos internacionalmente por nuestro crecimiento económico. ¡Bien por esa nota azul! Estamos en los primeros lugares en todos los rankings de competencia. ¡Bien por estar en esos rankings y ser buenos alumnos en la economía global! Pero, ¿a qué costo? Ahí es donde nuestra responsabilidad ética y social nos lleva a poner el acento.
La Iglesia Católica ha puesto el dedo en la llaga y, si queremos ser justos, debemos reconocer que el Estado de Chile, a través de los gobiernos de la Concertación, ha trabajado insistentemente para romper el círculo vicioso de la desigualdad, invirtiendo en diversos programas económicos sociales que han permitido bajar los índices de pobreza. Debemos ser justos en reconocer que quien respondió al emplazamiento de la Iglesia, desde la política, con medidas concretas, es el Gobierno de la Presidenta Bachelet . Quienes se restan de la discusión y del diálogo social son los que manejan la riqueza de nuestro país. No me refiero a la riqueza espiritual que manejan las iglesias o a la solidaria que manejamos las personas de carne y hueso, sino a la riqueza del dinero. Los que la manejan deben ofrecer medidas concretas para avanzar de verdad en este tema que hoy nos convoca.
Además, está en juego nuestra responsabilidad como diputados y diputadas de la Alianza por Chile y de la Concertación, para avanzar en la construcción real de una democracia consolidada, que contenga los derechos humanos en toda su arquitectura y dimensión. Es decir, tenemos tareas pendientes: profundizar nuestra democracia. Así podremos contar con políticas públicas y sociales coherentes y consistentes con el llamado de atención de la Iglesia Católica sobre el salario ético.
Un Estado laico, como el nuestro, debe hacerse hace cargo año a año, día a día, de entregar más justicia social. En los hechos, los esfuerzos no son suficientes y eso lo vemos en la realidad, pero también es verdad que debemos seguir trabajando incansablemente por el salario ético que es nuestro objetivo en el presente y en el futuro.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, quiero cuestionar una afirmación que se ha hecho en esta Sala, en orden a que este debate está fuera de la política. Por el contrario, este debate es esencialmente político y está relacionado con la forma en que los autores públicos, los responsables públicos, los tomadores de decisiones, se hacen cargo de un creciente malestar e incomodidad ciudadana por los enormes niveles de desigualdad que Chile todavía exhibe. Es tan político este debate, que requiere de dos elementos: buenas políticas y buenos políticos. En este aspecto le debemos demasiado al país.
Hemos visto estos días una operación cosmética en la Derecha. El señor Allamand, que ha sido el que ha defendido ante el Tribunal Constitucional la impugnación de la ley de subcontratación, uno de los grandes paladines y defensor de los intereses económicos en Chile, ahora intenta con una propuesta sin sustancia, que por lo demás disputa su paternidad con el senador Longueira , posicionar a la Derecha en un tema que, por cierto, les es ajeno.
Ése es el tema de fondo. No puede ser que exista un debate cosmético sobre cuál coalición expresa de mejor manera los intereses de los trabajadores y de la ciudadanía. Por el contrario, aquí se ha abierto una oportunidad a partir de dos cosas. Primero, sin duda, lo que motiva a esta convocatoria son las declaraciones de monseñor Goic , que ha hecho una interpelación ética, que va más allá de las meras cifras, a debatir en profundidad el enorme nivel de insatisfacción que existe en nuestros ciudadanos y que está afectando la credibilidad de las instituciones democráticas, ya que la gente no quiere seguir viendo el progreso a través de la televisión sin sentir que éste les llega a sus hogares y porque esas desigualdades son responsabilidad del conjunto de los actores políticos chilenos. Y monseñor Goic ha hecho una contribución a este debate.
Pero -hay que decirlo; y comparto lo señalado por la diputada Vidal - es el propio programa de gobierno de la Presidenta de la República el que nos permite hoy realizar esta discusión. Porque cuando ella pidió el respaldo a los ciudadanos para convertirse en Presidenta de los chilenos dijo que el gran desafío que tenía Chile era precisamente la protección social: que el crecimiento y el desarrollo del país se tradujeran también en menores desigualdades entre los ciudadanos, en disminuir la brecha que separa a los que ganan mucho de aquellos que ganan muy poco.
Ese programa nos permitió la semana pasada aprobar en esta Sala una reforma histórica, la provisional. Ese programa ha llevado a que, incluso, la Alianza, que durante muchos años se negó a discutir y rechazó este tipo de temas, hoy tenga la obligación ética, moral y política de sentarse a conversarlos. Esa agenda de protección social, que interpreta el desafío y el anhelo de millones de chilenas y chilenos de construir un país más justo, es la que hace posible que hoy estemos discutiendo sobre el salario ético, sobre reforma previsonal, sobre negociación colectiva, sobre vulnerabilidad de los derechos laborales.
Me alegro de que sea así. Y precisamente por tratarse de un debate exclusivamente político, siento que debemos aprovechar la buena oportunidad que se nos ha abierto y que cuando empiece a sucederse la secuencia de iniciativas que dan cuerpo y forma al proyecto de Gobierno, en iniciativas de ley, en reformas que deberemos discutir en este Congreso Nacional, demostremos con votos esa voluntad que declaramos en los medios de comunicación de avanzar en hacer de Chile un país más justo.
Si los chilenos le entregaron su respaldo a esa candidata, que hoy es la Presidenta de todos los chilenos, si apoyaron mayoritariamente su programa de gobierno, nos corresponde responder a esa confianza de la gente y permitir el avance de dicho programa, que expresa -insisto de manera categórica- el anhelo ciudadano de hacer de Chile un país más justo y más equitativo.
El diputado Arenas planteó que esto es básicamente una cuestión de educación. ¡Claro que no, señor diputado ! Sin duda, la reforma educativa forma parte importante de la lucha contra la desigualdad, no lo negamos. Y estamos abocados a esa reforma. Hoy, parlamentarios de Gobierno y de Oposición estamos trabajando de manera conjunta para tratar de construir un acuerdo respecto de una reforma que asegure calidad educativa para todos los chilenos, especialmente de aquellos que no están en condiciones de pagar la educación privada en la que probablemente la mayoría de los presentes en esta Sala tienen a sus hijos. Pero no sólo eso. Hay que adoptar medidas que reduzcan la desigualdad desde hoy, y ello requiere compromisos básicos.
Antes de iniciar este debate se produjo una discusión sobre la constitucionalidad de un proyecto presentado por la diputada Adriana Muñoz y otros colegas que tenía un objetivo muy sensible, muy simple y muy concreto: acabar con una interpretación abusiva que permite que algunos construyan el ingreso mínimo sobre la base de un sueldo base ínfimo y comisiones. Sin embargo, muchos concurrieron con su voto negativo para impedir su debate en el Congreso Nacional. Eso sólo dependía de nosotros, de cómo votáramos. No obstante, nos negamos a nosotros mismos, a la Cámara de Diputados de Chile, la posibilidad de hacer una corrección a esa interpretación abusiva que permite que algunos paguen sueldos base de 10 mil pesos.
Entonces, ¡claro que es un asunto político! ¡Claro que aquí necesitamos buenos políticos y buenas políticas, como las que está implementando la Presidenta de la República!
Espero que a la hora de la verdad, con los votos sobre la mesa, aprobemos ese programa -que respaldaron los chilenos cuando eligieron a Michelle Bachelet como presidenta de la República- que hace efectivo un avance real en Chile para combatir las desigualdades.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente).-
Tiene la palabra, por seis minutos y quince segundos, el diputado señor Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, hemos sido convocados a debatir las declaraciones de monseñor Goic, que fueron precedidas por expresiones y proyectos del senador Longueira.
En nuestra opinión, es indiscutible que en Chile existen graves inequidades sociales que requieren urgente atención para lograr una sana convivencia ciudadana.
Creemos que estamos frente a un tema en el que se cruzan muchos componentes, entre los cuales podemos mencionar elementos sociales, económicos, éticos y políticos, todo lo cual nos señala la gran importancia del debate que en torno a la materia debe producirse.
Planteada así la cuestión, nos interesa dejar claro desde ya que creemos que es perfectamente lícito que la Iglesia Católica, y por cierto cualquier otro credo religioso, se ocupe de un tema tan crucial para el país como el que debatimos.
Valoramos que la Iglesia Católica -a la cual pertenecemos haciendo lo posible por vivir conforme a sus enseñanzas-, alce su voz para exigir que el país se ocupe de este trascendental asunto que hiere el alma nacional. Con la autoridad moral de que goza y que nadie discute puede hacer valiosos aportes.
No obstante lo señalado, consideramos un error que se pretenda medir éticamente un salario en función de una determinada cantidad de pesos sin relación a las capacidades o recursos de la empresa o empleador de que se trate.
Es posible que un empleador que pague más de la cantidad fijada como ética esté actuando de una manera moralmente reprochable al retribuir el trabajo muy por debajo de sus capacidades. A la inversa, quien pague una cantidad que no alcanza la cifra ética puede estar haciendo seria y lealmente el esfuerzo de pagar lo que las actividades de la empresa le permiten. Más allá de los números, lo que importa, es obrar éticamente.
No es adecuado que para abordar esta materia se comience por dar cifras que dividan lo ético de lo que no lo es.
Ello significa que para que los trabajadores puedan obtener ingresos que les permitan atender satisfactoriamente sus necesidades no sólo debemos hablar de un salario ético, ya que la retribución que el empleado recibe por su trabajo deberá complementarse con los recursos que sean menester para alcanzar el ingreso a que hacía referencia. Por eso quizá sea más propio hablar de un ingreso ético.
El ingreso necesario referido se alcanza, fundamentalmente a través de tres expedientes: primero, crecimiento; segundo, mejoras a la educación y, tercero, implementación de políticas públicas de orden social.
Lamentablemente, observamos que en esos aspectos los gobiernos de la Concertación tienen una enorme deuda para con el país y, por cierto, con los más necesitados.
No olvidemos que la Concertación llegó al poder como una luz de esperanza -según lo que ofreció- para una gran cantidad de ciudadanos. Pero la realidad es que hace casi una década que el país no crece según sus posibilidades. De lo contrario, los más pobres no estarían viviendo la situación extrema que hoy les aflige.
El presupuesto en educación se ha quintuplicado durante los gobiernos de la Concertación. No obstante ello, los índices sobre la materia siguen siendo muy pobres, incluso peores que los de los inicios de los gobiernos de esa coalición.
Por otra parte, tampoco se puede desconocer que las mejores herramientas para enfrentar este flagelo están en manos del Gobierno. Es una lástima observar que muchas veces los recursos orientados a beneficiar a los más necesitados terminan en manos de operadores políticos, lo cual además de ser ilegal y eventualmente delictivo es, por supuesto, inmoral.
Aun cuando somos de la opinión de que hay que administrar con prudencia la abundancia para no sufrir en la estrechez, es inaceptable que en momentos de tanta bonanza financiera el Gobierno no establezca algunos beneficios en favor de los más desposeídos, cumpliendo su rol solidario y subsidiario.
En consecuencia, estamos frente a una materia en que no sólo la mayor responsabilidad recae en el Gobierno, sino que, además, éste tiene la solución en sus manos, primero -como hemos dicho-, creciendo según nuestras posibilidades, ya que ello permite que haya más trabajo y, por tanto, también mejores remuneraciones; segundo, mejorando la educación, y, tercero, aplicando políticas públicas serias y eficaces.
Para concluir, somos bastante escépticos acerca de la eficacia de convocar, como lo ha hecho su excelencia la Presidenta de la República , a un consejo para abordar este trascendental asunto; más bien parece que el objeto es eludir la responsabilidad de la Concertación. Ojala estemos equivocados.
Por ello, no obstante no estar de acuerdo con esta iniciativa, hacemos votos porque el Consejo cumpla con éxito su misión. Entretanto, invitamos al Gobierno y a los particulares a hacer un esfuerzo serio para mejorar las remuneraciones de las personas de menores ingresos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo que le resta a Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, cuando estamos ad portas de la celebración del Bicentenario como nación organizada, es de fundamental importancia para nuestra sociedad la convocatoria a esta sesión, para tratar el ingreso mínimo, y ahondar en las fórmulas tendientes a permitir la subsistencia del grupo familiar y contribuir a superar las profundas desigualdades existentes. Particular importancia reviste que una autoridad eclesiástica haya motivado una discusión de carácter valórica; cuál es la sociedad que queremos construir.
El problema de la pobreza en el Chile de hoy, más que un tema de carácter económico, es un problema de voluntad política y eficiencia técnica. Debemos erradicarla con dos instrumentos básicos, que deben actuar en coordinación sincronizada. Por una parte, mejorar la educación y capacitación de los más pobres, crear empleos estables y dignos y fortalecer la familia.
La calidad de la educación es mala y desigual. El desempleo, si bien ha disminuido a 7 por ciento, golpea brutalmente a los sectores más pobres, al punto que el 48 por ciento de los indigentes y el 21 por ciento de los pobres no indigentes está desempleados. En materia de familia, la mayor debilidad afecta a los hogares más pobres, lo que los constituye en las principales víctimas de la drogadicción, alcoholismo y delincuencia.
Se trata de reconocer la dignidad de todos y cada una de las personas, como seres únicos, irrepetibles y trascendentes, que buscan las herramientas necesarias para dotar a sus familias de mejores condiciones de vida.
El otro instrumento que debe emplearse tiene que apuntar a la disminución de la pobreza, a través de subsidios, transferencias yasignaciones, con capacidad técnica óptima y buena gestión.
Debemos crear un ingreso mínimo ético garantizado, en función del tamaño de las familias para todos los grupos familiares chilenos, para permitir a los dos millones de compatriotas que aún están sumidos en la pobreza, que puedan liberarse de esta verdadera esclavitud.
La garantía se haría efectiva a través de una asignación familiar antipobreza, que complemente los ingresos familiares hasta el monto del ingreso ético garantizado.
Proponemos que esta asignación se entregue a las familias que viven en condición de pobreza, en forma directa, sin intermediarios y burocracia, ni menos, aprovechamiento político. Debe propenderse a que esta asignación se entregue en partes iguales al padre y a la madre de cada familia, promoviendo así su mejor empleo.
El ingreso familiar mínimo ético es un instrumento más poderoso y adecuado para luchar contra la pobreza. Primero, porque, a diferencia del salario individual, incluye todos los ingresos de la familia, incorporando otros salarios, transferencias, ingresos, etcétera, lo que conjuntamente con el tamaño y otras características de las familias, permite medir mejor el verdadero nivel de bienestar de sus miembros. Segundo, porque a diferencia del salario mínimo ético, cubre también a los desempleados, jubilados y dueñas de casa que viven en condiciones de pobreza. Y tercero, porque el ingreso mínimo ético no contribuye a aumentar los niveles de desempleo que hoy afectan, por ejemplo, al 60 por ciento de los jóvenes pertenecientes al quintil más pobre.
El costo total para el Estado de esta asignación familiar antipobreza es absolutamente viable en la realidad económica actual del país.
Sin duda, desde un punto de vista ético, político, económico y social, derrotar la pobreza representa la mejor y más noble inversión que Chile puede hacer de cara al Bicentenario. De esta forma, haremos realidad esa aseveración y mandato que nos legara, hace veinte años, el Papa Juan Pablo II : “Los pobres no pueden esperar”, pero ya han esperado demasiado.
Para materializar esta propuesta, se requiere de un gran acuerdo nacional, el cual debe concretarse en un pacto social que deben suscribir todos los integrantes de la comunidad nacional, entre ellos, trabajadores y empresarios, fuerzas sociales y autoridades políticas, con miras a que la derrota a la pobreza se haga realidad, y quede erradicada en forma definitiva.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente, la movilización de los trabajadores del pasado 29 de agosto es una fuerte señal de hastío y de rechazo a seguir viviendo en silencio en un país con horribles contrastes entre quienes nadan en la riqueza y los que se ahogan en la miseria.
Chile se ubica dentro de los doce países del mundo con peor distribución del ingreso. Además, cuenta con dos grupos económicos cuyos nombres están en la lista de los hombres más ricos del mundo; Angelini y Matte, cada uno de los cuales gana diariamente entre los 500 y los 1.000 millones de pesos; luego, está el 0,09 de los denominados Club de los Millonarios, al cual pertenecen cerca de tres mil trescientas familias de muy altos ingresos. Más o menos, veinte de ellas pertenecen a grupos económicos cuyas rentas superan los 100 millones de pesos diarios; a ello le sigue el 9 por ciento más rico, compuesto por la clase media alta; después viene un salto brutal, donde se encuentra el 59 por ciento de los chilenos que forman parte de la clase media baja empobrecida; y el restante 20 por ciento, pertenece a los tres millones de pobres de la nación. Son datos entregados por la periodista María Elena Andonie , en su artículo “Desigualdad en Chile: Subversión silenciosa”.
Uno se pregunta: ¿por qué esta brecha? ¿Por qué esta vergonzosa e insolente brecha?
En su intervención, la diputada señora Denise Pascal hizo una reseña importante y nos trajo a la memoria el tema de las privatizaciones hechas durante la dictadura militar. Ahí -hay un informe de esta Corporación- se constituyó una nueva elite económica, un nuevo poder económico, funcionarios públicos, como seremis de minería y de agricultura, llegaron a ser grandes zares de la minería y de los poderes eléctricos en este país.
El modelo económico neoliberal, contra el cual marcharon los trabajadores el pasado 29 de agosto, que se funda en el crecimiento económico como la llave maestra para el desarrollo y en la famosa y humillante teoría del chorreo, como un mecanismo de distribución, está mostrando un agotamiento que todos tenemos que reconocer. Esos hechos han dejado a miles de compatriotas fuera de la brecha del desarrollo, sumidos en la pobreza, en la miseria y en la frustración.
El Banco Mundial hace rato que viene dando muestras de poner en cuestión ese modelo de desarrollo. El péndulo de esa forma de desarrollarse de los países, en Chile y en el mundo, viene de vuelta. Eso abre una enorme posibilidad para revisar lo que hemos hecho y poner la ética en el centro de las políticas económicas y, sobre todo, de las relaciones laborales.
Por eso, hoy nos hace mucho sentido el llamado de la Iglesia, que no es nuevo. A fines del siglo XIX, el Papa León XIII, en la carta encíclica Rerum Novarum , señalaba -cualquiera podría pensar que era Carlos Marx quien estaba hablando-: “Hombres opulentos y riquísimos han puesto sobre la multitud inmensa de proletarios un yugo que difiere poco del de los esclavos”; hace pocos años, el Papa Juan Pablo II, señaló: “Los pobres no pueden esperar”; por último, monseñor Goic expresó: “Es una vergüenza, un pecado. Tenemos un pecado social con los sueldos y salarios que existen en nuestro país”.
Debemos preguntarnos si la elite política y empresarial de este país quiere hacer un cambio, un giro, sobre todo, cuando hoy ocurren situaciones vergonzosas, como las que suceden en las salmoneras, donde los capataces obligan a las mujeres a trabajar con pañales para que no vayan al baño, porque las multas se descuentan de los ingresos de los salarios.
Sólo debemos preguntarnos: ¿Podremos ponernos de acuerdo, desde esta brecha ética, moral, salarial y de concentración de la riqueza? Pienso que sí. Sólo debemos mirar el ejemplo de Finlandia, un país que en poco menos de un siglo, de una situación similar a la que hoy se vive en Chile, fue capaz de superar la pobreza y la desigualdad a través del diálogo.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente , la Concertación lleva 17 años gobernando, y la distribución del ingreso es hoy igualmente mala que hace 17 años. Esa es la realidad.
El señor DÍAZ (don Eduardo).-
Es el mismo modelo.
El señor DITTBORN.-
El diputado Eduardo Díaz me dice que es el mismo modelo. Voy a llegar a ese punto.
Es efectivo que han tenido éxito en la reducción de la pobreza, aunque hay dudas respecto de las cifras; pero no han tenido ningún éxito en la disminución de los grados de desigualdad. Ante esto, ¿qué le pediría uno a la Concertación? Humildad; por lo menos, reconocer que en los 17 años que gobiernan, en esa materia no han tenido avance alguno.
Pero, ¿con qué se encuentra uno, en lugar de la humildad que echamos de menos? Con la tradicional búsqueda de fantasmas a los cuales echarles la culpa. Culpan al mercado que, entre paréntesis, ellos han avalado durante 17 años, porque el sistema económico que tenemos es una economía de mercado, regulada, un Estado potente, pero, al fin y al cabo, con una economía de mercado. Algunos señores diputados culpan a las privatizaciones, olvidando que ellos privatizaron el agua potable y los caminos, dos áreas en las que ni siquiera los Chicago boys, en su mejor época, habrían soñado privatizar. Le echan la culpa a los Chicago boys, que hace 17 años que no están en el gobierno, salvo Ricardo Ffrench-Davis que -debo reconocerlo- es un ilustre miembro de la Escuela de Chicago y simpatizante de la Concertación. Culpan de la desigualdad a los grupos económicos. Aunque hoy no lo hicieron, también deberían haber mencionado a Pinochet, porque siempre está en la lista de los fantasmas a los cuales la Concertación les echa la culpa de todo. Entonces, en lugar de la humildad, que es lo que uno esperaría, se encuentra con estos fantasmas.
Aparte de todos estos fantasmas, ¿cuál es el diagnóstico de la Concertación de por qué esta situación de desigualdad no ha sido superada? Cuando llegan a las medidas de políticas públicas concretas, usualmente, su diagnóstico es que en Chile existen pocos sindicatos y, por lo tanto, muy poca negociación colectiva. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué los trabajadores no negocian colectivamente, si existe libertad para hacerlo? Nos dicen que porque todos los empresarios son malévolos e impiden que los trabajadores se agrupen para ejercer sus derechos laborales. Ésa es la caricatura con que siempre disfrazan la situación. Habría que cambiar, entonces, la ley sobre negociación colectiva, para permitir que ello ocurra. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Requieren nuestros votos? No, la modificación de la inmensa mayoría de las leyes laborales requiere simple mayoría, que la Concertación tiene en ambas Cámaras. Si ése es su diagnóstico, ¡cambien las normas sobre negociación colectiva! ¡Fuércenlas, masifíquenlas!, pero no le echen la culpa ni al mercado, ni a las privatizaciones, ni a los Chicago boys, ni a los grupos económicos y menos a Pinochet.
Luego, señalan que no se ha efectuado una reforma tributaria, que se deben aumentar los impuestos para que se logre solucionar el problema de la mala distribución de los ingresos. Específicamente, a las empresas, porque pagan muy poco. Así se dice habitualmente en la Comisión de Hacienda. ¡Súbanles los tributos a las empresas! ¡Si eso requiere simple mayoría, y la tienen en ambas Cámaras! ¿Por qué le echan la culpa a los fantasmas y no aumentan los tributos? Al parecer, no creen que ésa sea la causa, porque, de lo contrario, lo harían.
Creo que los díscolos que tienen en sus filas, serán díscolos en algunos temas, pero no respecto del aumento de los tributos. Probablemente, ustedes van a ser los más tímidos, y los díscolos, los más audaces. En cuanto a hacer más fuerte, obligatoria y masiva la negociación colectiva, estoy seguro de que tendrían los votos para ello.
De manera que no sigan culpando a los fantasmas. Como tienen más o menos claro el diagnóstico, llamo a los parlamentarios de la Concertación a que, por un lado, tengan humildad y que no busquen culpables donde no existen y, por otro, que se pongan los pantalones y hagan lo que dicen que se debe hacer porque, además, tienen los votos. ¡No le echen la culpa a los fantasmas de siempre!
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, me impresionaron las palabras del obispo Goic; pero ellas tienen que servir para el futuro y no para las eternas recriminaciones del pasado que solemos escuchar aquí.
A diferencia de las cr��ticas que recibió de un senador de la Derecha, el obispo Goic no ha caído en populismos ni en proposiciones fuera de lo razonable, como un ingreso mínimo de 250 mil pesos. El insistió en que los que puedan hacerlo, hagan el esfuerzo y paguen un sueldo ético de 250 mil pesos. Pero hizo un llamado a los empresarios y también al Estado, porque debemos recordar que están la Junji, la Junaeb, los municipios y las reparticiones públicas, y sería bueno conocer de frentón y sin miedo si el Estado se comporta como empleador, qué esfuerzos hace para que exista mayor equidad.
Por cierto, hizo un llamado al sector privado para que quienes tengan posibilidades de pagar salarios más altos, así lo hagan. Ahora, esto no puede quedar sin comentarios y ojalá exista consenso político para reponer el concepto de empresa que permita ampliar la negociación colectiva, de manera que a través de ella los trabajadores puedan aspirar al sueldo ético que propuso muy sensatamente el obispo de Rancagua , monseñor Goic.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, todos debemos agradecer a monseñor Goic por haber planteado este trascendental problema.
Durante los años de gobierno de la Concertación, la economía ha sufrido grandes transformaciones, se ha reducido la pobreza y la indigencia, se han abierto potentes relaciones internacionales y se ha avanzado en algunos aspectos de justicia social. Sin embargo, queda una deuda y una gran tarea pendiente: contribuir a la construcción de estructuras básicas de justicia e igualdad de oportunidades que aseguren en forma permanente la convivencia en paz, con felicidad y satisfacción, a todos los chilenos.
En efecto, la estrategia de desarrollo económico y social se ha mantenido e, incluso, profundizado con una muy desigual e injusta distribución de los ingresos. ¿Por qué ha ocurrido esto? Fundamentalmente, entre otras, por una causa -creo que el diputado Montes ha hecho un diagnóstico estructural y general muy acertado- a la cual quiero referirme en particular.
Los salarios dependen, principalmente, de los ingresos y utilidades de las empresas. Las pequeñas y medianas empresas dependen de la competencia que existe en las importaciones, las ventas, las utilidades y la obtención de créditos de las grandes empresas. Éstas les imponen condiciones de precios, plazos, publicidad y riesgo que les permiten apropiarse de gran parte de la cadena de valor, y aquéllas no pueden pagar a sus trabajadores los salarios y las remuneraciones que contribuirían a lograr una mejor distribución del ingreso. Las pequeñas y medianas empresas representan el 70 u 80 por ciento del empleo, y mientras no se potencie ese sector de empresas, no vamos a poder mejorar los salarios y las remuneraciones ni a tener el salario ético, necesario no sólo desde el punto de vista de la moral y de los principios, sino que, además, para mejorar la redistribución del ingreso y para asegurar el desarrollo económico armónico y potente de todo el país.
Los ingresos por ventas y utilidades de las pequeñas empresas son exiguos y han ido cayendo históricamente; su capacidad para pagar mejores salarios se ha reducido por la asimetría de poder en el mercado que tienen con las grandes empresas. La concentración económica genera esta gran causa.
Por eso, es muy importante que las grandes empresas, que obtienen altísimas rentabilidades y que aumentan crecientemente sus utilidades por la concentración, también paguen mejores salarios. El tope que existe hoy día en el 4,75 por ciento de ingresos mínimos de las gratificaciones es un obstáculo inmenso, como también lo es que las grandes empresas paguen sólo hasta un tope máximo de 8 mil UTM y que ello no permita una redistribución de sus utilidades.
Por eso, es importante reducir esta asimetría con la creación de condiciones para que estas empresas compitan en mejores condiciones de mercado y se permita una estructura económica que mejore el nivel general de los ingresos y, por lo tanto, de los salarios.
Para terminar, me sumo a la propuesta del diputado Montes de constituir en la Cámara una comisión de trabajo que contribuya al Consejo que propuso la Presidenta de la República , y desde ese Consejo, dar un paso a un gran pacto social por la inclusión, en el que participen empresarios, trabajadores, Gobierno y Congreso Nacional para lograr un gran acuerdo nacional.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Lobos.
El señor LOBOS.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero preguntar si cabe hablar de un salario ético. Lo ético es justo. Porque, ¿qué es la ética, sino los usos y costumbres de un pueblo?
En los últimos tres lustros en que ha gobernado la Concertación sigue siendo legítimo que a nuestro pueblo se le pague salarios de hambre. Sin duda, eso no es justo.
Un sueldo justo sería el que permite que una familia viva durante un mes con todas sus necesidades cubiertas; que también asegure la viabilidad de la empresa que da el empleo, de manera que al cabo de un par de meses la gente no quede cesante.
En ese sentido, la pequeña y mediana empresas están agobiadas, en un marasmo al que la han conducido la grave concentración económica que ha vivido nuestro país y que hoy es de una dimensión nunca antes vista.
Ante esto, ¿qué hace el Estado? Se comporta como uno de los peores patrones, con empleos precarios, a honorarios, y con prácticas consideradas antisindicales.
Adicionalmente, a fin de mes, esquilma con un impuesto bastante elevado -el IVA-, que despoja de gran parte de su salario a los trabajadores.
En esas circunstancias, ¿qué debemos hacer para resolver el problema de los salarios? Chile tiene mucha plata guardada debajo del colchón, y ése es un pésimo negocio.
¿Qué haría un buen empresario? Invertir, un buen empresario invierte, no tiene la plata guardada donde no le rinde beneficios. ¿Y qué inversión es mejor que aquella que se hace en nuestros trabajadores, el mejor capital que tenemos?
Por ello, lanzo el desafío de que sea el Estado el encargado de asegurar a sus trabajadores -porque ello no va a generar desempleo-, el pionero en tomar la espada de lucha de darles un sueldo justo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención, reclamo formalmente a la Mesa por no hacer cumplir los tiempos por diputado. La bancada de la Democracia Cristiana informó a la Mesa de eso. Sin embargo, el diputado Latorre se excedió desmesuradamente en el tiempo que ocupó. Justo cuando abordamos un tema ético.
Sé que las bancadas informan a la Mesa de los tiempos acordados, pero es su decisión hacer respetar ese acuerdo.
En consecuencia, reitero mi reclamo a la Mesa por no haber hecho respetar los tiempos indicados formalmente. No sé si el diputado Latorre habló mucho.
En todo caso, según Lincoln , nos eligen para gobernar. Eso es lo que le corresponde a la clase política. Somos representantes populares, nuestra misión es gobernar, no ceder atribuciones.
Sigo insistiendo en que la Cámara de Diputados está para adoptar decisiones. Me parece bien que hablen los obispos, los sacerdotes, los presbíteros, los pastores, los tecnócratas, las comisiones, en fin, pero si queremos resolver la situación, la decisión hay que tomarla aquí. Eso es lo que la gente espera de sus representantes.
La inflación, en lo que va corrido del año, es de 5,1 por ciento, ése es el promedio. Los cálculos que hemos hecho -y el ministro de Hacienda lo puede ratificar- apuntan a un 6,4 por ciento para las familias de menores ingresos. Si calculamos por deciles no es 5,1 por ciento, sino 6,4 por ciento.
¿Sabemos cuánto representa la inflación para las familias más pobres en su canasta familiar, en verduras, frutas y otros alimentos? Representa el 43,6 por ciento de lo que invierten en alimentos.
Nosotros invertimos menos del 18 por ciento en ese ítem. Ése es el impacto. Entonces, ¿dónde está lo ético, lo político, lo económico?
Prima lo económico, y si hablamos de ética, juntándolo con la política, no entreguemos más atribuciones a terceros, tomemos las decisiones nosotros.
Recuerdo a la Democracia Cristiana de los tiempos de Eduardo Frei Montalva : revolución en libertad. Palabras olvidadas.
El ministro Velasco , que nos acompaña en esta sesión, lo ha dicho: Así como el Gobierno va a otorgar un aguinaldo de Fiestas Patrias, ojalá que los empresarios, más allá de las leyes y de los impuestos, hagan un esfuerzo, que nada les cuesta, y se pongan desde ahora con los trabajadores.
Ojalá también que los políticos que integramos la Cámara de Diputados dejemos de referirnos a tantas comisiones. Hemos hablado cuatro horas definiendo conceptos y es tiempo de que nos encarguemos de la realidad.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, reitero lo que señalé en mi primera intervención al comienzo del debate del proyecto, en el sentido de que la Concertación tiene dos debates: con la Oposición, con la Derecha, y otro, entre nosotros mismos.
En el debate con la Derecha, lamentablemente, el estilo, la forma, la argumentación del diputado Julio Dittborn ayudan muy poco. Ésa no es la forma de discutir sobre qué es más justo ni sobre la justicia.
Él, como muchas otras veces, trata de llevar las cosas al extremo, y dice que aquí se levantan fantasmas. Aquí nadie habló de Pinochet, pero está claro que el tema de las privatizaciones y la concentración patrimonial es la base de muchos problemas de distribución. No nos hagamos los lesos, no es un tema que debamos discutir ahora.
Está claro que cada vez que hemos intentado cambiar las leyes laborales la Oposición le dice al país que vamos directo al caos. Acordémonos de las reformas de 2001, que eran muy modestas, sin embargo, no permitieron ampliar la negociación colectiva. Dijeron que generaría caos.
Se le olvida al diputado Julio Dittborn que cada vez que ha habido un bajón en la economía le han dicho al país que hay que bajar el salario mínimo. Lo han dicho aquí, en esta Sala, incluso han señalado que no debiera haber salario mínimo.
Se les olvida que han dicho que hay que bajar el gasto público; también se les olvida que dijeron que debíamos bajar los impuestos, o tenemos un pequeño punto de inflexión.
Afortunadamente, nunca se les hizo caso; de lo contrario, los problemas de distribución serían mucho más agudos que los que tenemos hoy.
La intervención del diputado Julio Dittborn me confirma que ésa no es la discusión que ayuda a avanzar y a profundizar las cosas. El debate debe enfocarse en que la Concertación analice qué ha hecho y qué ha logrado.
Hemos logrado muchas cosas; los indicadores de la pobreza son parte de ello. Ha habido un nivel de crecimiento en la cantidad de viviendas, en el avance de la infraestructura y condiciones de la educación, en los hospitales, en fin, muchas cosas.
Pero nuestro país aún sufre de mucha desigualdad y los salarios no logran el nivel de justicia que permite el crecimiento del país.
En ese marco, insisto en la importancia de crear una comisión que nos ayude a aportar al debate encargado por la Presidenta de la República al Consejo Asesor. Pero, como dice el diputado señor Lorenzini , al final, habrá que tomar muchas decisiones y las primeras ocurrirán durante la tramitación del Presupuesto para el próximo año.
Esperamos que para este Presupuesto no opere simplemente la inercia respecto del pasado. Queremos que muchos de los recursos de que se dispondrá tengan que ver con temas centrales, de modernización, especialmente del aparato productivo, de los recursos humanos y de nuevos proyectos en general.
La discusión sobre salario justo, ético, requiere una actitud más abierta, más amplia y más generosa de todos. Lamento el planteamiento del diputado señor Dittborn , quien aportó muy poco al debate.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Terminado el debate.
Se han presentado tres proyectos de acuerdo.
El señor Secretario dará lectura al primero de ellos.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 454, de los señores Bertolino, Verdugo, Aedo, Chahuán, Lobos, García, Rojas, Palma, Montes, Burgos, León, Sepúlveda, don Roberto, y Duarte, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1°. Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que focalice los esfuerzos para entregar a los chilenos más pobres mejor educación, mejores servicios de salud, viviendas básicas más dignas, que permitan que aquellas personas vulnerables alcancen una plena integración en la vida social de nuestro país para disminuir la brecha existente.
2°. Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, para los efectos de fijar un ingreso mínimo familiar, tenga en consideración los consejos y lineamientos determinados en diversos documentos que contienen la Doctrina Social de la Iglesia y que “contribuyen a determinar algunas medidas sociales importantes como los subsidios familiares y otras prestaciones por las personas a cargo; así como la remuneración del trabajo en el hogar de uno de los padres”.
El señor WALKER (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés;
Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvo el diputado señor Espinosa Monardes Marcos.
El señor WALKER (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al segundo proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 455, de los señores Arenas, Lobos, Egaña, Bauer, Urrutia, Sepúlveda, don Roberto; Masferrer y Barros, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que se dispongan los recursos necesarios para encargar la elaboración de un estudio que determine las necesidades promedio de una familia chilena, el cual sirva de base para la determinación de un sueldo mínimo sugerido, que sirva de referencia para todos los trabajadores del sector público y privado.
De igual modo, hacemos un llamado para que las empresas del sector privado que económicamente puedan, cancelen una justa retribución al trabajador, acorde con la dignidad del trabajo y a la naturaleza de las labores desarrolladas, tomando como parámetro el sueldo mínimo sugerido.
Por último, y tratándose de aquellas empresas que por motivos económicos evidentes no puedan cancelar este sueldo mínimo sugerido, se estudie la posibilidad de que el Estado concurra, vía subsidios directos, a complementar lo que falte para alcanzar dicho monto”.
El señor WALKER (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado, por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; BarrosMontero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Díaz Díaz Marcelo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz DÁlbora Adriana; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Saa Díaz María Antonieta; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Ojeda Uribe Sergio; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Vallespín López Patricio.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
El señor WALKER ( Presidente ).-
Se ha presentado otro proyecto de acuerdo que busca la creación de una Comisión especial sobre el tema. El Reglamento establece que debe votarse en la sesión siguiente.
En consecuencia, solicito la unanimidad de la Sala para votar ahora este proyecto de acuerdo.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
"
- rdf:value = " DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE PROYECTO DE LEY.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , quiero impugnar la declaración de inadmisibilidad planteada por la Mesa sobre el proyecto que interpreta el inciso tercero del artículo 44 del Código del Trabajo.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Señora diputada , tiene cinco minutos para impugnar la declaración de inadmisibilidad.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente, como recién hemos escuchado en la Cuenta, la Mesa declaró inadmisible el proyecto de ley que, en lo esencial pretende, a través de la interpretación al artículo 44 del Código del Trabajo, hacer sinónimos los conceptos de “ingreso mínimo” y “sueldo mínimo”, con la finalidad de terminar con la torcida práctica de algunos empleadores inescrupulosos que pagan sueldos base de 30 ó 40 mil pesos y que completan el ingreso mínimo con gratificaciones y comisiones, entre otras, burlando de este modo los derechos mínimos de los trabajadores que nuestra legislación busca garantizar.
La Mesa ha estimado que un proyecto originado en moción de esta naturaleza, es inconstitucional, ya que es materia de iniciativa de la Presidenta de la República a quien, entre otras, se entrega la facultad de fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado.
Sin embargo, la finalidad de este proyecto no es fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, como lo ha entendido la Mesa. No podríamos pretender eso, pues sabemos que se trata de una facultad exclusiva de la Presidenta de la República . Lo que queremos es establecer el real sentido y el verdadero alcance de la palabra “remuneración” que, en nuestro concepto, no puede ser otro que entenderlo como sueldo.
La facultad de interpretar la ley de un modo auténtico y verdadero es privativa del legislador y no una facultad exclusiva de la Presidenta de la República . No lo digo yo. Así lo consigna el artículo 3° del Código Civil: “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente, obligatorio”.
Por lo mismo, la doctrina jurídica más conservadora, como la de Alessandri Rodríguez y Claro Solar, ha estado llana a aceptar que respecto de un proyecto de ley interpretativo, como éste, no son aplicables las restricciones respecto de esa iniciativa. Si así fuere, sería inconstitucional la ley N° 20.194, interpretativa del artículo 162 del Código del Trabajo en materia de cotizaciones previsionales impagas y la nulidad del despido que tuviera su origen en una moción de, entre otros patrocinantes, los diputados Aguiló, Salaberry y la diputada Ximena Vidal .
Para despejar toda duda, veamos, una a una, cuáles son las facultades exclusivas de la Presidenta de la República en relación con esta materia.
En primer lugar, fijar la remuneración de los trabajadores del sector privado, cuestión que este proyecto no hace.
En segundo lugar, aumentar obligatoriamente las remuneraciones y demás beneficios económicos, que tampoco hace este proyecto.
Finalmente, alterar las bases que sirvan para determinar las remuneraciones y demás beneficios.
En ningún caso, nuestro proyecto apunta a alterar las bases conforme a las cuales debe determinarse el ingreso mínimo de los trabajadores. Por el contrario, si estimamos que el sueldo, es decir, el estipendio fijo en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios, constituye el fundamento sobre el cual se apoya la remuneración mínima, nuestro proyecto de ley interpretativo no altera dichas bases. Busca tan sólo fijar el correcto sentido y real alcance que debe tener la norma del artículo 44 del Código del Trabajo.
En consecuencia, este proyecto sólo interpreta qué debemos entender por remuneración para terminar con una mala praxis de la ley que da lugar a abusos.
El proyecto es resultado de un acuerdo tomado por los parlamentarios, en el marco del debate del salario mínimo que se dio con la CUT hace algunos meses. Esa entidad nos planteó la existencia de este abuso y hoy cuando debatimos el sueldo ético, es de todo interés. Más aún, cuando en la Alianza por Chile se debate sobre la autoría de la idea de la propuesta de reforma laboral del senador Andrés Allamand , cuyo proyecto viene en esta propuesta.
Por ello, apelamos a la necesidad de que la Sala se pronuncie sobre la admisibilidad del proyecto y de que es posible tratarlo en la Cámara como una iniciativa nuestra.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
La diputada Adriana Muñoz ha hecho uso de su derecho a discrepar de la declaración de inadmisibilidad del Presidente de la Mesa.
Ahora, voy a plantear cuál es la posición del Presidente de la Corporación , que no es de fondo, porque en ese caso comparto su posición. Se trata, netamente, de un tema reglamentario y constitucional.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, he resuelto declarar inadmisible el proyecto de ley suscrito por las diputadas señoras Adriana Muñoz y Ximena Vidal, y por los diputados señores Enrique Accorsi, René Alinco, Jaime Quintana, Marco Antonio Núñez y Tucapel Jiménez, que interpreta el inciso tercero del artículo 44 del Código del Trabajo, en atención a que los contenidos de dicha iniciativa vulneran el artículo 65, número 4°, de la Carta Fundamental.
La iniciativa en comento busca interpretar el inciso tercero del artículo 44 del Código del Trabajo, para establecer que la palabra “remuneración”, que figura dos veces en dicha disposición, debe ser entendida como “sueldo”.
Conforme a las reglas de hermenéutica consignadas en el Código Civil, y cuyas disposiciones son de alcance general, “cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”, artículo 19, y “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”, artículo 20.
El Código del Trabajo, en su artículo 41, establece: “Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador el empleador por causa del contrato de trabajo”.
A continuación, en el artículo 42, consigna que constituyen remuneración, entre otras, el sueldo, el sobresueldo, la comisión, la participación y la gratificación. Es decir, el concepto de remuneración contempla como uno de sus componentes el llamado “sueldo”, que se define por ley como “el estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios”.
De manera que estamos frente a un término definido clara y restrictivamente por la ley y con evidentes connotaciones económicas: el sueldo forma parte de un concepto más amplio, que es la remuneración.
La aplicación de las normas fundamentales de interpretación inhibe introducir un sentido que el legislador no ha querido expresar. Cuánto más, si expresamente ha señalado su verdadero sentido y alcance. Ante una definición legal clara no corresponde una interpretación que la altere.
Si aceptáramos la pretendida interpretación, que a todas luces no es el sentido de la ley, estaríamos introduciendo una modificación sustancial. El sueldo, que es una parte de la remuneración, pasaría a tener una mayor magnitud. Sus implicancias son claras. Las normas que se establecen año a año para reajustar las remuneraciones o para fijar la remuneración mínima serían aplicables a esta parte del todo, la que, además, se aumentaría con los elementos de sobresueldo, comisión, gratificación y otros estipendios otorgados con motivo del contrato de trabajo, constituyendo un aumento efectivo del ingreso del trabajador y, aunque comparto la necesidad de aumentarlo, ello nos está vedado, según la Constitución.
En efecto, el número 4° del artículo 65 de la Constitución Política de la República, dispone claramente que corresponde al Presidente de la República en exclusiva fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración Pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes.
Por lo expuesto, declaro inadmisible esta iniciativa, por carecer de facultades para presentarla.
En consecuencia, corresponde votar la inadmisibilidad planteada por la Mesa sobre el proyecto que interpreta el inciso tercero del artículo 44 del Código del Trabajo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).-
Se confirma el criterio de la Mesa.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Ascencio Mansilla Gabriel; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Vidal Lázaro Ximena.
-Se abstuvo la diputada señora Isasi Barbieri Marta.
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