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- rdf:value = " El señor VERDUGO.-
Señor Presidente , hemos sido convocados para tratar un tema de real importancia y que nos afecta a todos por igual: la problemática planteada por el Presidente de la Conferencia Episcopal , monseñor Goic , quien hizo un llamado a establecer un salario o ingreso ético.
Sin duda, el fundamento de su propuesta se encuentra en la Doctrina Social de la Iglesia , que, desde 1891, viene planteando la necesidad de que la retribución por el trabajo se exprese mediante una remuneración justa. Ella es el fruto legítimo del trabajo. Por lo tanto, comete una gran injusticia quien la niega o no la entrega a su debido tiempo y en la justa proporción al trabajo realizado.
Al respecto, cabe preguntarse cómo se puede determinar el monto justo del ingreso familiar. En 1981, el Papa Juan Pablo II se refirió sobre el particular en su encíclica Laborem Exercens . En ella, expresó que diversas pueden ser las formas de llevar a efecto el salario familiar. Contribuyen a determinarlo algunas medidas sociales importantes, como los subsidios familiares y otras prestaciones por las personas a cargo, así como la remuneración del trabajo en el hogar de uno de los padres.
En dicha encíclica se aborda un aspecto extraordinariamente importante, como es la posibilidad de que exista una remuneración para quienes trabajan en su hogar, es decir, las mujeres.
En 1945, el Papa Pío XII nos expresó lo siguiente: “Las labores de cuidado familiar, comenzando por las de la madre, precisamente porque están orientadas y dedicadas al servicio de la calidad de vida, constituyen un tipo de actividad laboral eminentemente personal y personalizante, que debe ser socialmente reconocida y valorada”. El Papa Juan Pablo II agregó, años después, que eso puede concretarse mediante una retribución económica al menos semejante a la de otras labores. Por lo tanto, aquí nos estamos refiriendo a una preocupación que la Doctrina Social y el Magisterio de la Iglesia vienen planteando desde 1891, cuando el Papa León XIII redactó la encíclica Rerum Novarum .
Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hoy, después de tanto tiempo, en la Cámara se discute sobre esta materia? Porque monseñor Goic expresó la necesidad de establecer un salario ético, cuyo monto no podría ser inferior a 250 mil pesos. Al respecto, aun cuando el Magisterio de la Iglesia ha sido reiterativo en su pronunciamiento sobre aspectos como el ingreso familiar, el salario justo y la remuneración familiar, nunca antes se había mencionado una cifra como la indicada por dicho prelado.
Entonces, ahora nos vemos abocados al estudio sobre la forma de determinar ese salario ético. Sobre el particular, el Concilio Vaticano II planteó la solución al problema, al expresar que “la remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común”.
Por lo tanto, desde hace mucho tiempo se encuentran expresados los criterios que, en cada caso, deberían considerarse al momento de resolver sobre el monto que en cada situación corresponde pagar.
Al analizar el aporte que hizo el Concilio Vaticano II, es posible concluir que la determinación de aspectos como las condiciones de la empresa y su productividad y, sobre esa base, como expresó el diputado Carlos Montes , el establecimiento del salario justo, es un asunto muy complejo, pero que, sin duda, figura dentro de las responsabilidades que corresponde asumir al Estado, fundamentalmente al Gobierno. Al respecto, cabe preguntarse sobre la tarea de éste en la solución o tratamiento del problema en comento. En ese sentido, la tarea esencial del Estado en el ámbito económico es definir un marco jurídico apto para regular las relaciones económicas con el fin de salvaguardar las condiciones fundamentales de una economía libre, que presupone una cierta igualdad entre las partes. Ésa es la responsabilidad que le corresponde asumir.
La sociedad debe tener presente lo que, en esta materia, sostienen la Doctrina Social y el Magisterio de la Iglesia. Al respecto, se puede concluir que una sociedad en la que el derecho al trabajo es anulado o sistemáticamente negado y las medidas de política económica no permiten a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social.
Hoy, nos encontramos en la búsqueda de caminos que permitan el tratamiento de esta materia en forma responsable. Por lo tanto, no se debe culpar a la derecha o a la izquierda, sino instar a que el Estado y la sociedad brinden solución al problema planteado por el Presidente de la Conferencia Episcopal.
He dicho.
"
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).-
Se confirma el criterio de la Mesa.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Ascencio Mansilla Gabriel; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Vidal Lázaro Ximena.
-Se abstuvo la diputada señora Isasi Barbieri Marta.
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