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El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, efectivamente la discusión del proyecto sobre depreciación acelerada puso en el tapete potenciar un programa en favor de las pymes, las que, como señalaba uno de sus dirigentes, está en boca de todos, pero en manos de nadie.
El acceso a créditos, el impulso a la asociatividad en un mundo globalizado que les permita competir, una tributación especial, entre otras materias, son soluciones a la problemática que viven día a día las pequeñas y medianas empresas.
Se nos ha convocado a esta sesión especial precisamente para analizar la grave situación que afecta a las micro, pequeña y mediana empresas, así como la infinidad de propuestas que irían en su beneficio y que han surgido de distintos sectores, incluyendo a los parlamentarios.
Sesiones como ésta se han efectuado en otras ocasiones. En la Cámara contamos con una Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa que se ha reactivado en diversos períodos.
En la actualidad, desde todos los sectores surge el clamor de que se adopten urgentes medidas a favor de un postergado sector tan importante para nuestro país, integrado por más de 700 mil empresas y que constituyen alrededor del 80 por ciento de la fuente laboral del país.
Por ello, se habla de que debe existir una agenda pro pymes, un estatuto, y se propone una serie de otros elementos de acción similar.
Sin embargo, estando plenamente de acuerdo con tales medidas, considero que debe existir una política de Estado permanente respecto de ese sector productivo, de modo que no estemos constantemente implementando medidas de parche para solucionar sus problemas, las que pueden tener un efecto positivo, pero limitado en el tiempo, porque después se repite la misma problemática. Más aún, las últimas medidas anunciadas respecto del acceso al crédito terminaron en letra muerta, y muchas pymes tuvieron que cerrar sus puertas.
Para ese propósito, la semana pasada diez parlamentarios de la Alianza presentamos una moción de reforma constitucional, que tiene por objeto modificar el número 22º del artículo 19 de la Carta Fundamental, para establecer como obligación del Estado promover el efectivo desarrollo económico de la pequeña y mediana empresa. Para dicho efecto se debe promulgar una ley que defina expresamente las empresas que integran ese sector, esto es, las micro, pequeñas y medianas empresas, estableciendo medidas y acciones de carácter permanente que se deben adoptar a favor de ellas, sin que esa iniciativa signifique “dar rienda suelta a la demagogia”, como lo ha sostenido recientemente el Presidente del Senado en su columna institucional semanal, que parece desconocer la realidad que viven miles de pequeños y medianos empresarios.
Creemos que esa medida es parte de una política verdaderamente propositiva.
Quiero decir que no sólo es necesario avanzar en una consagración constitucional del principio de que el Estado debe necesariamente proteger a la pequeña y mediana empresa, sino también hacer realidad el acceso a créditos y a la asociatividad en un mundo globalizado.
Pedimos encarecidamente al Gobierno una política de Estado para solventar a la pequeña y mediana empresa, que no haya más demagogia ni anuncios que, en definitiva, no se transforman en políticas reales y efectivas para ese sector empresarial.
He dicho.
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