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El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Raúl Súnico.
El señor SÚNICO.-
Señor Presidente, no se puede decir que durante este poco más de un año de gobierno de la Presidenta Bachelet, tanto los parlamentarios de la Concertación como el Gobierno no hemos hecho nada por las pymes.
Con el objeto de llevar adelante la agenda pro pyme, en el Congreso hemos aprobado un conjunto de iniciativas: la ley N° 20.130, que reduce el impuesto de timbres y estampillas y exime a los refinanciamientos; la ley N° 20.170, de simplificación tributaria para las pymes; la ley N° 20.171, que aumenta el crédito por inversión del activo fijo; el proyecto de ley de sociedades de garantías recíprocas, el proyecto de ley de mercado de capitales II, que abre a la industria del capital de riesgo; el proyecto de fortalecimiento del Fogape y de aumento de su capital; el proyecto de ley sobre tribunales tributarios, el proyecto de fortalecimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; proyectos sobre ferias libres, ampliación del plazo para el pago de impuestos mensuales, reprogramación de deudas tributarias vigentes, cuya amplitud se puede discutir y seguramente deberemos ver entre las próximas medidas; reducción gradual del costo de aclaración en el boletín comercial, cuadruplicación de los recursos del programa de capital Semilla. Es decir, hay un conjunto de iniciativas que se ha desarrollado durante este poco más de un año de Gobierno, por lo cual no se puede decir que no ha existido de parte del Gobierno de la Concertación y de sus parlamentarios preocupación por abordar el problema de las pymes.
Sin duda, se requieren muchos más componentes de una política pública en materia de fortalecimiento de las pymes. Es clave exigir que en el más breve plazo contemos con un estatuto que apunte a desarrollar un marco normativo para las empresas de menor tamaño, consistente con su capacidad para enfrentar las regulaciones que muchas veces han sido diseñadas para las grandes empresas, a fin de evitar que situaciones de exceso de carga regulatoria anulen los beneficios de las políticas públicas de fomento productivo del Gobierno y lleven a las pymes a optar por la informalidad.
Se debe emprender un proceso mucho más profundo de reprogramación tributaria. La exigencia de un pie muy alto les impide reprogramar. Se necesitan plazos mayores y menos pie para que puedan optar a una reprogramación real.
Debemos enfrentar el endeudamiento previsional moroso, para lo cual hay que generar líneas de crédito, ya sea por el Banco del Estado u otro mecanismo que permita que los trabajadores recuperen los recursos que se les adeudan en el sistema previsional.
Necesitamos un nuevo impulso al proyecto de ley de tribunales tributarios y a la reforma al sistema de notarios y conservadores.
Requerimos de parte de la Corfo el desarrollo de mayores líneas de crédito para las mipymes. Una línea de financiamiento del Banco del Estado por un plazo mayor a diez años, que permita que la gente acceda a financiamiento para mejorar el funcionamiento de las pequeñas empresas.
Fortalecer el Fogain, aumentar el Fogape, proyecto que ya está en discusión en el Senado; promover instrumentos para el desarrollo del mercado de sociedades de garantías recíprocas. Es urgente avanzar en materia de capital de riesgo, en el marco de la autorización que otorgamos en la discusión del proyecto de mercado de capitales II. Se debe revisar el acceso a la capacitación para las empresas de menor tamaño.
En cuanto a las propuestas de mejoramiento del acceso al mercado, es clave el desarrollo de los programas de la Corfo para desarrollo de proveedores; el fortalecimiento institucional de la Fiscalía Nacional Económica, aumentando significativamente su dotación de personal y fortaleciendo sus atribuciones, de modo de favorecer la detección e investigación de abusos de posición dominante entre los grandes poderes compradores y los proveedores.
Por último, quiero plantear que en esta discusión sobre las pymes se requiere instalar el concepto de comercio justo.
Tal como opera en Europa, es muy importante que contemos con una política de comercio justo. ¿Qué significa esto? Que el que está en condición de poder y cambia las condiciones del contrato a la baja en hasta el 15 por ciento de un año para otro, el producto o servicio tendrá la categoría de estar operando bajo un comercio justo. El que está en condiciones de poder no realiza operaciones que lo favorezcan deslealmente respecto del pequeño, entendiendo lo anterior como los descuentos por cantidad o volumen en hasta un 20 por ciento -el porcentaje de la propuesta se puede discutir-, la compra cae dentro de lo que hemos definido como comercio justo.
El Gobierno ha establecido un mecanismo de pago a las pymes con plazos definidos. Quisiéramos contar con una legislación que permita que los grandes empresarios tengan plazos de pago a sus proveedores pequeños y medianos. Temas como lo que pasó en la Forestal Arauco, como la muerte de ese trabajador hace pocos días, tiene que ver con la relación de presión que ejerce la gran empresa sobre la pequeña empresa, y ésta, a su vez, sobre los trabajadores.
Debemos resolver esta situación de manera urgente, para generar relaciones más justas entre los pequeños y los grandes empresarios.
He dicho.
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