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El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Marco Enríquez-Ominami.
El señor ENRÍQUEZ-OMINAMI.-
Señor Presidente , si bien los gobiernos de la Concertación han hecho esfuerzos para reparar, en parte, los daños ocasionados a los presos políticos y torturados durante la dictadura, las voces de las víctimas no han sido del todo escuchadas en sus demandas y, en algunos aspectos, las reparaciones han generado serias dudas en las organizaciones que los agrupan sobre la intención que existiría detrás de aquéllas.
Pese a que la reparación jamás equivaldrá a devolver todo lo que la violencia arrebató, considero que los planteamientos generados desde las organizaciones de ex presas y ex presos políticos deben ser considerados por el Gobierno a la hora de evaluar futuras reparaciones.
En vista de lo anterior, es fundamental que el Gobierno se pronuncie sobre las demandas que a continuación paso a detallar.
Es esencial ampliar los sujetos beneficiarios de reparación. En efecto, la ley Nº 19.992 dejó fuera a las personas que, no obstante calificar como presos políticos, fallecieron con posterioridad a dicha calificación y no pudieron obtener los beneficios. En ese sentido, la reparación de los ex presos políticos fallecidos debe otorgarse a quien concurrió a la Comisión, acreditó su condición de familiar y aportó los antecedentes necesarios para la calificación del fallecido. Además, los beneficios a los familiares de las víctimas deben otorgarse con efecto retroactivo, a la fecha en que comenzó a operar el pago de pensiones. Ese criterio debe considerarse, también, en los nuevos llamados a calificación.
Debe realizarse una reparación moral a las víctimas de derechos humanos mediante la erección de monumentos en recuerdo y reivindicación de todos los que sufrieron tratos degradantes por parte de los militares.
Los beneficios deben ser transmisibles al cónyuge o conviviente de la víctima o, en ausencia del primero, a sus hijos.
Debe efectuarse una reparación jurídica, que conlleva la anulación de los juicios en que se condenó a personas mediante confesiones obtenidas por medio de tortura. Asimismo, la eliminación de los antecedentes penales y penas accesorias de ex presas y ex presos políticos cuya inclusión se está estudiando en un proyecto presentado a tramitación en forma reciente en la Cámara, y el compromiso del Gobierno de hacerse parte en las querellas contra los violadores de los derechos humanos y de suscribir los tratados internacionales contra la tortura. El último especto mencionado reviste especial importancia de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas formuló recientemente a Chile.
Es fundamental que la documentación recopilada por la Comisión se haga pública para que se puedan perseguir criminalmente los delitos que allí se consignan.
El sistema de subsidios educacionales para las víctimas de prisión y tortura ha resultado absolutamente ineficiente, por una razón del todo lógica: la edad de los calificados, Por eso, a fin de no desvirtuar dicha reparación y transformarla en inalcanzable, resulta evidente que los beneficios educacionales se hagan extensivos a los hijos de las personas calificadas como presos políticos.
Se debe garantizar que el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos, Prais , tenga carácter permanente, que su cobertura sea nacional y que, en caso de que algunas prestaciones no se otorguen en los servicios públicos, se asegure que ellas se realizarán en el sector privado.
En virtud de lo expresado, pido oficiar a las autoridades que voy a mencionar para que entreguen la información que a continuación paso a detallar:
Al director del Instituto de Normalización Previsional, INP, para que informe sobre el número de personas reconocidas por la ley mencionada que están recibiendo pensión como ex prisioneros políticos; el número de personas que cobraron el bono de 3 millones de pesos por el hecho de haber optado entre esa pensión y la de exonerado político; cuánto importa al erario nacional, en forma anual, el pago de dicha pensión; cuánto importó el pago total del bono aludido y el número de beneficiados con la pensión de ex prisionero político que, desde la implementación de la ley hasta hoy, han fallecido.
A la ministra de Educación , para que informe sobre el número de personas que está haciendo uso del respectivo beneficio, las entidades educacionales, universidades o institutos en los que están estudiando los beneficiarios de esa ley a lo largo del territorio nacional; qué profesiones u oficios han elegido los beneficiarios y, hasta la fecha, cuánto importa al erario nacional, en forma anual, la entrega de ese beneficio.
A la ministra de Salud , para que informe sobre el número de centros Prais existentes a lo largo del país y dónde están ubicados; el número de profesionales que se desempeñan en esa área, las enfermedades o patologías a cuyo tratamiento tienen derecho los ex prisioneros políticos, el monto total de recursos asignados por el Estado de Chile al Prais y qué parte de ese monto se asigna a la atención de ex prisioneros políticos.
A la ministra de Vivienda, para que informe sobre el número de beneficiarios establecido por la Comisión Valech que han solicitado el respectivo subsidio, desglosado por regiones, y el monto de dinero que ha pagado el Estado de Chile por ese concepto.
Finalmente, solicito que copia de mi intervención se remita a la Presidenta de la República, a las ministras de Salud, de Vivienda y de Educación y al director del INP.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a los cuales se adjuntará copia de su intervención.
"
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