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El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En seguida, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional e iniciado en mensaje, que establece transitoriamente una cuota de depreciación acelerada, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4922-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 6ª, en 3 de abril de 2007.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 9ª, en 10 de abril de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es establecer un incentivo tributario de carácter transitorio, por los años 2008 y 2009, para los contribuyentes del impuesto de primera categoría, permitiéndoles depreciar, en el ejercicio en que inicien su utilización, la mitad del valor neto de los bienes físicos del activo inmovilizado susceptibles de acogerse a depreciación acelerada, adquiridos nuevos o internados por el contribuyente entre el 1º de marzo del año en curso y el 31 de diciembre de 2008. El saldo de valor neto del activo podrá depreciarse en forma normal o acelerada a contar del ejercicio siguiente. También podrán depreciarse de la manera indicada las obras y construcciones que cumplan las condiciones señaladas en la norma.
La Comisión de Hacienda discutió en general y en particular el proyecto, por ser de artículo único, y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Escalona, García, Gazmuri y Sabag), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, quiero abundar en la relación que hizo el señor Secretario en el sentido de que el objetivo fundamental del proyecto es establecer un incentivo tributario de carácter transitorio, por los años 2008 y 2009, para los contribuyentes del impuesto de primera categoría, permitiéndoles depreciar, en el ejercicio en que inicien su utilización, la mitad del valor neto de los bienes físicos del activo inmovilizado susceptibles de acogerse a depreciación acelerada, adquiridos nuevos o internados por el contribuyente entre el 1º de marzo de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. El saldo de valor neto del activo podrá depreciarse en forma normal o acelerada a contar del ejercicio siguiente. También podrán depreciarse del modo indicado las obras y construcciones que cumplan las condiciones señaladas en la norma.
El mensaje del Ejecutivo señala: "La economía chilena ha crecido de manera sostenida durante los últimos años. Para que el país se mantenga en esta senda y acelere aún más las tasas de crecimiento económico, se requieren esfuerzos continuos en diferentes áreas: la apertura de nuevos mercados, la innovación y el emprendimiento, el perfeccionamiento de las instituciones, el incremento del capital humano y la inversión en capacidad productiva, entre otras.".
A continuación, expresa: "En el contexto del plan Chile Invierte se presentaron variadas medidas tendientes a impulsar la inversión y el crecimiento. Una de esas medidas consiste en un incentivo tributario de carácter transitorio, que entrega una cuota extraordinaria de depreciación acelerada por las inversiones realizadas en bienes físicos del activo fijo.".
Más adelante, señala: "Tanto la teoría económica como la evidencia empírica muestran que uno de los instrumentos tributarios más eficientes para incentivar la inversión es la depreciación acelerada. En efecto, dicha depreciación adelanta el reconocimiento como gasto de las inversiones realizadas, lo que disminuye el costo del uso del capital después de impuestos y aumenta, por lo tanto, la rentabilidad de las inversiones una vez deducidos los tributos. Así, se genera un vínculo directo entre el beneficio tributario y la adquisición de bienes susceptibles de ser depreciados, lo que lo transforma en un instrumento especialmente efectivo para incrementar la inversión.".
En seguida, manifiesta: "La depreciación acelerada modifica al perfil intertemporal del reconocimiento como gasto de las inversiones, lo que determina que no se modifica el monto total de lo que se reconoce como gasto, que siempre corresponde a la totalidad del valor del bien, sino que se incrementa la proporción del valor que es reconocido como gasto en los primeros períodos. Con ello, se reduce el pago de impuestos en el comienzo de la vida útil del bien para ser compensado con mayores pagos en los períodos posteriores. Sin embargo, el resultado final en términos de valor presente es una disminución de la carga impositiva, lo que genera el incentivo a realizar mayores inversiones. De acuerdo a esta lógica, mientras más acelerada la depreciación del bien, mayor el beneficio tributario y con ello mayores los incentivos a invertir.".
Agrega el mensaje: "El efecto en términos de aumento en los niveles de inversión que se crea a partir de la instauración de algún tipo de beneficio tributario, es mayor cuando la duración del incentivo es limitada. En el caso de una cuota de depreciación acelerada disponible sólo transitoriamente, el beneficio se percibe únicamente en la medida que las inversiones sean materializadas durante los plazos establecidos.
De esta forma, los inversionistas que posean proyectos rentables pero que aún no encuentren el momento adecuado para la realización de estos proyectos, verán en la instauración transitoria de una cuota de depreciación acelerada, un incentivo adicional para llevar a cabo estas inversiones durante los plazos en que se extiende el beneficio.
De acuerdo a la información presentada por la Corporación de Bienes de Capital, a diciembre del año 2010, se estima un gasto por realizar asociado a proyectos de inversión privada o mixta del orden de los US$34.607 millones. La medida anunciada apunta a crear incentivos para adelantar parte de estas inversiones, que ya están avanzadas en términos de su evaluación y diseño, generando los correspondientes beneficios de corto plazo en término de mayor actividad y empleo.".
Durante la discusión, el señor Ministro de Hacienda expuso las razones que motivaron al Ejecutivo a dar prioridad a este proyecto, el cual fue calificado de "suma" urgencia, y solicitó a la Comisión de Hacienda darle su aprobación, la que, como señala el informe, se logró por unanimidad.
En síntesis, la alternativa que se plantea tiene como propósito responder a las potencialidades del país, haciéndose cargo de que el crecimiento de 4 puntos que hubo el año 2006 está por debajo de ellas. Por cierto, al generarse el incentivo diseñado, esas potencialidades se canalizarán de mejor manera, en la perspectiva de asegurar para el 2007 un crecimiento de a lo menos 5 por ciento. Y lo esperable es superar ampliamente esa meta.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, lamento tener que intervenir en la forma como lo voy a hacer.
Soy Senador de la Concertación, soy Senador socialista, soy Senador de Gobierno, pero tengo también mis convicciones, y particularmente en este ámbito.
Me asiste el pleno convencimiento de que este proyecto apunta en la dirección totalmente opuesta a lo que hemos tratado de hacer en materia tributaria (con bastante dificultad, por lo demás) durante los últimos años y en la dirección absolutamente opuesta a lo que es necesario hacer si queremos que nuestro país tenga una base fiscal sólida para, como dijo la Presidenta de la República, dar un gran salto adelante en materia de protección social.
Esta iniciativa es de muy dudosa eficacia productiva. Para el Gobierno de Michelle Bachelet, representa un alto costo fiscal. Y me explicaré más adelante.
En todo caso, les pido a Sus Señorías que, al respecto, vean el informe financiero: como costo fiscal, como renuncia a la percepción de ingresos para los años 2008, 2009 y 2010, estamos hablando de 540 millones de dólares.
Estimo que la renuncia del Gobierno a la percepción de esos ingresos es en extremo inequitativa. Y quiero dar también algunas explicaciones sobre el particular.
Los contenidos del proyecto ya fueron informados por el Honorable señor Escalona, así que me ahorro tiempo en ello.
Sólo diré, para hablar en forma simple, clara, que se trata de una reducción inmediata del impuesto a la renta de primera categoría a pagar por las empresas.
De eso estamos hablando.
Lo de la depreciación acelerada es bastante complejo. Hay distintos procedimientos para llevarla a cabo. Pero, básicamente, se trata de una disminución inmediata del referido impuesto.
¿Cómo opera el mecanismo planteado?
En primer lugar, hay una reducción a la mitad, que se podrá depreciar automáticamente en virtud de este proyecto. Porque eso es lo que se plantea: una depreciación en dos años, con el 50 por ciento.
A ello se debe sumar otro tercio, que es la depreciación acelerada ya existente en nuestra legislación.
Por consiguiente, en el primer año de vida útil del bien de la empresa se podrá anticipar un gasto de hasta 66 por ciento de la inversión que se realiza.
Señor Presidente, decía yo que, en base caja, esta modificación redunda en una menor recaudación tributaria en 2008, 2009 y 2010, por cuanto los contribuyentes incrementarán durante esos años la proporción del valor de los bienes que les es reconocida como gasto para los efectos de la determinación de la base imponible.
Para decirlo en términos más simples, ocurrirá lo siguiente.
Una cantidad importante de empresas de nuestro país, durante los años 2008, 2009 y 2010, desde el punto de vista tributario, no van a tener utilidades, sino pérdidas. Una empresa que haya hecho una gran inversión podrá depreciar y registrará pérdidas desde la perspectiva tributaria. Por lo tanto, no pagará impuesto de primera categoría.
Por de pronto, los mayores beneficiarios de la medida propuesta van a ser los grandes grupos económicos. No tengo problemas con ellos. Creo que han jugado y juegan un papel importante en el crecimiento del país. Pero, francamente, estimo que no necesitan ese instrumento.
Los proyectos mineros, los del área de servicios, la renovación de la flota de LAN -probablemente, va a ser el principal proyecto favorecido con esta iniciativa- no precisan el incentivo planteado. Ellos se van a ejecutar de todas maneras.
Entre los principales beneficiarios de la normativa propuesta figuran las empresas mineras.
Yo he dicho -y lo reitero aquí- que de algún modo esta iniciativa constituye una suerte de anti royalty, al menos en forma transitoria. Porque, ciertamente, las empresas tienen que pagar royalty. Y el texto sugerido dice que esto no se afectará por concepto de la aplicación del mecanismo de depreciación acelerada. Pero igual las empresas pagan impuesto de primera categoría; y, por concepto de éste, muchas simplemente no van a tributar.
Eso es lo que estamos haciendo; de eso se trata. Y me parece muy importante tener presente que es así.
El señor PROKURICA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor OMINAMI.-
Con la venia de la Mesa, por supuesto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, el Honorable señor Ominami tiene toda la razón en lo estrictamente legal. Sin embargo, debe contar la otra parte: se trata de una suspensión en el pago de impuestos; porque, con posterioridad, igual tienen que pagarse.
Ahora, si ésta fuera una forma, como Su Señoría lo plantea, de no tributar, yo estaría en desacuerdo.
En general, soy partidario de rebajar los impuestos.
Por lo demás, se trata de un beneficio que hoy día existe.
Entonces, me gustaría que el Senador señor Ominami expusiera la realidad completa y no sólo parte de ella.
El señor OMINAMI.-
No lo dude, Honorable colega. Me referiré específicamente a ese aspecto.
En todo caso, le agradezco por reconocer mi rigurosidad en lo que he afirmado hasta ahora.
Surgen entonces, señor Presidente, muchas interrogantes. Yo, por lo menos, deseo formular tres.
En primer lugar -y esto tiene que ver con algo muy básico: el futuro de este Gobierno-, yo me pregunto si estas decisiones sobre política fiscal son coherentes con una agenda centrada en la protección social.
Entiendo que al respecto se ha generado debate.
Hay gente de pensamiento conservador que considera que la construcción de un Estado de protección social no es la línea que debe seguir un país como Chile; que se trata de una apuesta trasnochada; que, en tal sentido, las naciones europeas ya vienen de vuelta.
Eso me parece una profunda equivocación. Entiendo que haya personas que piensen de ese modo. Y entiendo que, pensando así, no se planteen la preocupación por cómo financiar un salto en protección social en el que no creen.
El punto es que nosotros sí creemos en él. Y este Gobierno ha dicho que la impronta esencial del conjunto de su agenda política -no sólo de un aspecto de ella- por la que desea pasar a la historia es el salto en protección social.
Entonces, mi pregunta es si fiscalmente, tributariamente, estamos o no en la dirección correcta.
Y, a mi juicio, esta iniciativa no apunta en la dirección apropiada.
Quiero entregar algunas cifras, señor Presidente.
El costo fiscal del proyecto -y en un momento más me referiré a la observación del Senador señor Prokurica, que me parece muy pertinente- en los años 2008, 2009 y 2010 alcanzará a 540 millones de dólares.
Permítanme decir que ése es el mayor costo fiscal en que se habrá incurrido en cualquier proyecto de la Presidenta Bachelet.
El señor ORPIS.-
¿Y el Transantiago?
El señor OMINAMI.-
No sabemos cuánto costará.
El señor PÉREZ VARELA.-
¡Nadie sabe...!
¡Eso sí que es bueno!
El señor OMINAMI.-
Yo daré cifras sobre lo que conozco.
La iniciativa sobre mejoramiento de las pensiones más bajas (fue, desde el punto de vista fiscal, la más importante que aprobamos el año pasado) tuvo un costo de 181 millones de dólares.
El proyecto insigne del actual Gobierno en materia de protección social, la reforma previsional, tiene previstos para sus dos primeros años de aplicación (2008 y 2009) gastos por 81 millones y 302 millones de dólares. Es también un costo fiscal inferior al de la normativa en debate.
Entonces, señor Presidente, hay cosas que no calzan. La impronta en torno a la protección social no calza con lo que se está haciendo en materia tributaria.
Creo que el asunto, además, debe ser mirado desde una perspectiva más larga.
Si queremos dar un salto en protección a la infancia; en mejoramiento de la calidad de los barrios y de las ciudades; en seguridad ciudadana, nuestro país deberá ser capaz de financiar mayor cantidad de bienes públicos y no menos.
Eso se encuentra absolutamente establecido en la literatura especializada.
Lo que se dice en cuanto a que los mecanismos de depreciación acelerada son de reconocida eficiencia no es cierto.
Llamo a leer una columna periodística del economista Felipe Larraín -no pertenece precisamente a mi parroquia, pero es reputado en nuestro país-, quien señala lo que se hizo en Estados Unidos: años 2002 y 2003, pequeños aumentos de la inversión; se suspendió el beneficio, y hubo un fuerte bajón de aquélla en el 2004.
Y de ahí paso a lo que planteó el Honorable señor Prokurica.
Es cierto: aquí se expresa que el proyecto contiene un incentivo tributario transitorio, por los años 2007 y 2008, que debiera suspenderse a partir del 2009.
En tal sentido, llamó a la Oposición a ser consistente.
Siempre se ha dicho -y creo que, en verdad, ustedes han tenido la razón- que cada vez que se establece un impuesto de manera transitoria tal medida se transforma en permanente.
Lo mismo va a ocurrir con las exenciones. La tendencia a que, por las dificultades que pueda estar atravesando la economía, el beneficio se transforme en permanente será muy fuerte. Así lo ha expresado por lo demás, con mucha sinceridad y franqueza, el señor Ovalle, Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, quien sostiene que debiera tener tal carácter.
Y quiero decir más aún: allí donde no se necesite la exención, por el hecho de existir, las empresas se van a acostumbrar a ella. Desde ese punto de vista, tiene lugar incluso un efecto perverso: se genera una adicción donde no la había.
Por eso, pienso -y lo señalo aquí- que en 2008 vamos a estar discutiendo respecto de la naturaleza permanente o de la prórroga del beneficio. No me cabe la menor duda de que va a ser así. De ahí mis fuertes reservas en cuanto a que es simplemente un incentivo transitorio.
Pero, señor Presidente, mi primera interrogante se refería a la coherencia entre esta medida fiscal y la definición gruesa respecto de la protección social. La segunda cuestión tiene que ver con el crecimiento.
Comparto la preocupación -creo que es de todos- y la sensación de insatisfacción por el incremento de 4 por ciento del producto el año 2006. Todos queremos que el país crezca más. Me pregunto: ¿estamos garantizando con esto que ello se logrará? Lo digo francamente: si tuviera el convencimiento de que es así, votaría favorablemente el proyecto. Pero no creo que sea posible.
Es equivocarse medio a medio pensar que Chile no crece por aplicar un impuesto de primera categoría de 17 por ciento. Eso no es efectivo. Equivale a concluir que el país está agobiado por un impuesto a las utilidades de las empresas que es reconocidamente bajo a nivel internacional. Todos sabemos que presenta esa característica.
Mas no hay tiempo para entrar en esa discusión. Las dificultades determinantes de nuestro bajo crecimiento -que no es contingente, de coyuntura, pues llevamos siete años registrando una cifra que es menos de la mitad que antes- no se resuelven con una exención que va a funcionar durante 18 meses. No nos equivoquemos.
Partamos con un buen diagnóstico de por qué crecemos menos que antes. Considero que existen otros factores -es una discusión amplia, que nos cruza transversalmente-: problemas de agotamiento de nuestra estructura productiva; sectores sin el dinamismo de otra época; grupos económicos y grandes empresas que fueron héroes en las batallas económicas de los años setenta y ochenta y que actualmente, muy poderosas, arriesgan menos.
Desde ese punto de vista, el que se otorgue un beneficio sobre todo a estos últimos es profundamente contradictorio. Diría que, en 80 u 85 por ciento, el costo fiscal se va a distribuir entre 15 ó 20 grandes proyectos, precisamente relacionados con aquellos grupos que son parte de una estructura concentrada que está siendo menos dinámica de lo que el país requiere.
Lamento que el dato no esté en el informe financiero de la iniciativa, pero concurrí a la sesión de la Comisión de Hacienda y señalé -porque lo correcto es que el Congreso disponga de toda la información- que, si se cuenta con una estimación del costo fiscal para los años 2008, 2009 y 2010, es importante que se elabore, también, un listado de los principales proyectos que se verán beneficiados con la medida. Eso, por desgracia -repito-, no está en el informe financiero.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor OMINAMI.-
¿Podría algún Honorable colega cederme parte del suyo?
El señor ÁVILA.-
Yo, señor Presidente.
El señor ALLAMAND.-
Le doy del mío, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Podríamos acordar por unanimidad que el señor Senador concluya su intervención.
El señor LARRAÍN.-
Prefiero ese mecanismo a transgredir el Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Al existir consenso, puede hacer uso de cinco minutos más, Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que, además, me llamaba la atención el contraste entre el beneficio que se trata de otorgar y lo que se hace en otros ámbitos. Hemos debatido mucho, por ejemplo, sobre la pequeña y la mediana empresa; pero hacemos poco. Lo que plantearé ahora no es la primera vez que lo señalo, pues lo vengo haciendo desde hace bastante tiempo.
Voy a citar un caso: la reprogramación de deudas tributarias de las pequeñas empresas. He discutido el punto con Tesorería y con los técnicos de Hacienda. Se sacó adelante un programa -por lo demás, ha sido prorrogado- de renegociación para los contribuyentes en mora. Los resultados no son despreciables: al 31 de enero, 50 mil de ellos se habían acercado a Tesorería a reprogramar. Está bien. Pero más de 200 mil no lo han hecho.
¿Qué ocurre, señor Presidente ? Que las condiciones que se ofrecen no son generosas. ¿Qué se les dice? Que se les puede condonar hasta 80 por ciento de los intereses y multas, en circunstancias de que podría ser ciento por ciento. Además, que esa condonación de 80 por ciento de intereses y multas sólo se puede extender a deudores de hasta 5 millones de pesos.
Modestamente, incluso planteé que no se considerara a tales deudores, sino a deudas de hasta esa cantidad, lo que podría ampliar un poquito las condiciones. Desgraciadamente, eso no se ha hecho.
Más aún -y es quizás el principal obstáculo-, a esas personas, por ley, no se les puede abrir un proceso de renegociación de deudas por más de doce meses.
Entonces, no es razonable que a un gran grupo económico se le diga que durante los próximos dos o tres años no va a pagar impuesto de primera categoría y que a un pequeño empresario que viene con la mochila de finales de los noventa -y que puede tener disposición a renegociar su deuda tributaria- se le señale, en cambio: "Mire, o paga en doce meses o, simplemente, no hay acuerdo".
Lo que expongo ni siquiera representa un costo fiscal: constituye, simplemente, un asunto de voluntad política. Reitero que se puede condonar ciento por ciento de los intereses y multas y, por ley, sí, abrir la posibilidad, por el período excepcional de un año, de que las renegociaciones con Tesorería excedan de doce meses. Porque hay gente que puede pagar, pero no en ese lapso.
Como lo manifesté, me parece que éste es un proyecto que no tiene que ver con el foco de la agenda gubernamental y que no es equitativo desde el punto de vista de los beneficios que entrega.
Además, es importante tener presente lo siguiente.
Se ha dicho que, en último término, los grandes beneficiarios de la iniciativa pueden ser los pequeños empresarios. Al respecto, deseo hacer una precisión: el problema ya lo resolvimos, mediante este instrumento, en la ley de simplificación tributaria que aprobamos hace algunos meses.
Cuando se dice que lo que pretende el texto es facilitar que el pequeño empresario compre una camioneta y la deprecie rápidamente, ello no es efectivo. La situación ya está resuelta, y de mejor manera, en la normativa a que hago referencia, donde establecimos un régimen especial para ese sector: toda empresa con ventas inferiores a 95 millones de pesos cuenta con un mecanismo de depreciación, no de 50, sino de 100 por ciento.
Otra cosa -y ésa podría ser una solución, si estuviéramos de acuerdo- es que una empresa de esa índole puede ser demasiado chica. Digamos, entonces, que debe tratarse de una entidad con un volumen de ventas de un millón de dólares. Pero ¿por qué establecer una franquicia que van a aprovechar, básicamente, 10 ó 15 grandes grupos? Eso no tiene lógica; no condice con un criterio de equidad ni con un diagnóstico adecuado de los problemas de crecimiento del país, además de entregar una señal muy equívoca.
Señor Presidente, termino diciendo lo que sigue.
La Primera Mandataria -y ésta es una discusión interna de la Concertación, pero es importante que el país la conozca- eligió una opción -no compartida por el Senador que habla- que señaló claramente y que decía relación a que durante su período de Gobierno no habría modificaciones a los impuestos. Lo lamenté, pero así se dijo.
Sin embargo, también se expresó que se revisarían las exenciones tributarias. Y, en ese sentido, formulo un reclamo, porque el presente proyecto está haciendo exactamente lo contrario. Aquí no estamos revisando las exenciones sino ampliándolas y otorgando un crédito subsidiado, a mediano plazo, a quienes no lo necesitan.
Estamos "perforando" aún más la estructura del impuesto a la renta. A mi juicio, ello no es coherente con lo que hemos hecho en materia de evasión y elusión tributarias en legislaciones anteriores.
Estimo que el proyecto tendrá poco impacto productivo y generará un fuerte incentivo para que la exención provisoria se transforme, desgraciadamente, en permanente.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente, no describiré de nuevo el proyecto de ley, porque el informe ya lo hizo detalladamente y el Senador señor Escalona dio a conocer los contenidos.
Me centraré en cuatro o cinco puntos que me parecen muy importantes.
El primero de ellos es el efecto en el crecimiento. Podríamos discutir sobre las diversas teorías y mecanismos mediante los cuales la ley en proyecto lo afecta; pero no realicemos un debate teórico: vamos a los hechos.
Invito a los señores Senadores a que echen una mirada al diario "La Segunda" de hoy, donde aparece la siguiente noticia: según una encuesta realizada por el Banco Central, suben las expectativas de crecimiento para el presente año y el próximo. El sondeo se realizó entre 30 a 40 expertos de la plaza. ¿Y cuál es la principal razón para estimarlo así? Los encuestados aluden al plan Chile Invierte y destacan este proyecto, entre otras medidas, como incentivo.
Por lo tanto, ésta no es una discusión teórica, sino práctica. Y los hechos hablan por sí solos.
Algunas estimaciones han subido el crecimiento hasta en medio punto para 2008. Eso significa un beneficio tangible y concreto para las familias, que podrán gozar de mayores ingresos; para las personas que hoy día carecen de empleo y podrán conseguirlo; para la gente, cuyas remuneraciones podrán aumentar de un modo más acelerado.
Por lo tanto, en cuanto al impacto en el crecimiento, más que centrarnos en una discusión teórica, señor Presidente, remitámonos a los hechos. Me parece que éstos ya se están desplegando ante nosotros de una manera bastante potente y clara.
Segundo: costo fiscal.
La esencia del proyecto de ley es que incorpora un incentivo transitorio. Eso es lo medular en el diseño del estímulo que hoy se está planteando. ¿Y por qué es algo importante? Por razones fiscales y por el modo como ello opera.
Queremos que las inversiones se lleven a cabo ya; que los proyectos que se han estado considerando se concreten. Por tal motivo, la naturaleza transitoria del beneficio es trascendental.
Y, además, la cuestión es relevante por el impacto fiscal. ¿Por qué? Porque -como dijo el Senador señor Escalona - se trata de un beneficio que ya existe. Todas las inversiones en maquinaria, en planta, en equipo, hoy día se deprecian. Algunas lo hacen de un modo más lento; otras, en forma más acelerada. El proyecto acelera el beneficio en un tiempo acotado. Eso implica una diferencia fundamental entre lo que pasa con la caja en el corto plazo y los ingresos fiscales permanentes, porque lo que se concede en el corto plazo se recupera en el mediano y el largo plazo.
Por consiguiente, el único costo fiscal de la iniciativa dice relación a los intereses asociados -conceptuales; porque no es que el Gobierno los perciba-, es decir, aquellos que se habrían recibido en caso de dar el beneficio uno o dos años más tarde. Según la estimación del Ministerio de Hacienda, la cifra respectiva es de aproximadamente diez millones de dólares anuales durante el horizonte relevante, que es de catorce años.
En consecuencia, el impacto sobre los ingresos permanentes del Fisco es prácticamente minúsculo, casi inexistente. Ello significa -y éste es un punto muy significativo- que la iniciativa en debate no altera la capacidad del Gobierno de llevar a la práctica la ambiciosa agenda social de la Presidenta Bachelet.
¿Por qué digo esto, y con mucha fuerza? Porque, como Sus Señorías lo saben muy bien, el Gobierno gasta los ingresos permanentes. Y éstos no se alteran.
Por lo tanto, la reforma previsional, la reforma a la educación y todos los otros componentes de la agenda de protección social que la Primera Mandataria ha planteado, no solamente siguen en pie, sino que también se van a fortalecer por el hecho de que la economía crecerá y se generará más empleo.
Y además, si la economía crece, se produce un efecto positivo en la recaudación por otras vías, como la del IVA.
El señor PROKURICA.-
Así es.
El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-
Entonces, los países pueden avanzar en crecimiento y en protección social al mismo tiempo. Ése es un componente central del proyecto de la Concertación, del programa de Gobierno y del compromiso que la Presidenta Bachelet ha adquirido con el país. Y la iniciativa legal en debate no hace sino reafirmar esa convicción.
Y los proyectos mencionados, grandes, históricos, se llevarán a la práctica, pues se encuentran plenamente financiados.
Si consideramos el horizonte de tiempo del Gobierno (años 2008, 2009, 2010), estamos hablando de un gasto adicional en previsión que excede los 800 millones de dólares. Y el costo del sistema, en régimen -figura en el informe financiero de la reforma previsional que se planteó al Congreso Nacional-, supera los 2 mil 500 millones de dólares. Confiamos en que ello se pondrá en práctica, en que dicho proyecto de ley será aprobado; y es algo total y completamente compatible con los incentivos a la inversión planteados en la normativa que nos ocupa.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la iniciativa que establece una subvención preferencial -se encuentra en la Comisión de Educación del Senado-, texto que compromete un gasto adicional de más de 300 millones de dólares anuales para los niños de hogares socioeconómicamente vulnerables. Esa medida es financiable con los ingresos permanentes del Fisco, los cuales no se alteran. Al revés: potencialmente, incluso se pueden incrementar, debido al crecimiento de la economía generado por el estímulo adicional que hoy se propone.
En tercer término -y muy sintéticamente-, el proyecto de ley se halla redactado de modo que no tenga impacto alguno en el royalty. Los señores Senadores que estuvieron presentes durante la discusión de esta última iniciativa recordarán que uno de sus propósitos era corregir la depreciación, que, en algunos casos, había sido mal usada. Eso se mejoró y la normativa en debate no altera tal diseño.
Por lo tanto, la implicancia en la recaudación del llamado "royalty" -un impuesto específico a la minería- es absolutamente cero.
Me parece fundamental tener en cuenta ese aspecto.
Finalmente se halla lo relativo al impacto en empresas de distintos tamaños.
Como se señaló en la Sala, el proyecto de ley busca acelerar un beneficio. La pregunta, entonces, debe ser: ¿a qué tipo de empresa le resulta más importante tener la platita hoy, en vez de mañana? La respuesta es muy sencilla: a aquellas a las cuales les cuesta más obtener un crédito. Porque el beneficio de la plata hoy es mucho mayor que el del ingreso mañana.
Esa diferencia no cambiará de modo radical el comportamiento de una empresa con pleno acceso al mercado de capitales. Pero, para una que sufre problemas de liquidez, de acceso al mercado crediticio, conseguir un beneficio hoy, en vez de mañana, resulta especialmente significativo.
Y por eso sostenemos, con mucha fuerza, que aun cuando el proyecto de ley favorece a todas las inversiones, independiente del tamaño de la empresa, resulta especialmente importante para aquellas que tienen problemas de liquidez, las cuales son, mayoritariamente, pequeñas y medianas.
Cuando se discutió la iniciativa sobre simplificación tributaria para las microempresas con un tope de ventas de 3 mil UTM, se dijo: "¡Qué bueno sería que hubiese otros mecanismos de depreciación para empresas algo mayores!"
Esa inquietud la plantearon todas las bancadas.
Pues bien, el proyecto en debate satisface precisamente tal preocupación.
Entonces, tenemos una depreciación instantánea para la empresa muy pequeña y este mecanismo transitorio para la de tamaño algo superior.
Resumo, señor Presidente, con la siguiente afirmación.
Esta normativa es de alto impacto en la inversión -así lo indican las estimaciones-, de alto impacto en el crecimiento -lo estamos viendo ya en las proyecciones respectivas- y de un costo fiscal muy acotado, que no incide en los ingresos permanentes del erario. Por lo tanto, permite que la economía crezca, se desarrolle y cree empleo y, al mismo tiempo, que se avance decididamente en el programa de protección social de la Presidenta Bachelet.
Muchas gracias.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, la iniciativa en discusión, que establece transitoriamente una cuota de depreciación acelerada, es uno de los proyectos fundamentales del plan Chile Invierte y tiende a incentivar la inversión en maquinarias o en construcciones durante el período que se indica, para lo cual permite que el 50 por ciento de la depreciación correspondiente se efectúe de inmediato.
Esto no es nada nuevo. El beneficio existe y se ha usado, sobre todo en la minería.
En los diarios de ayer y anteayer se preguntaba por qué había aumentado tanto el impuesto a la renta que ingresa hoy día en las arcas fiscales: ¡porque terminaron las depreciaciones aceleradas del cobre y ahora se tributa por el total de las utilidades que se obtienen!
La depreciación acelerada constituye sólo una postergación.
Es más: quiero resaltar que -y se lo expresé al señor Ministro - que éste no es un gran beneficio. Se trata de un volador de luces para entusiasmar a la gente; para decirle al tonto que es forzudo: "Trabajemos, invirtamos ahora". Porque igual tendrá que devolver todo, pagar todo. Además, la parte que se descuenta como gasto por aplicación de la depreciación acelerada sólo afecta al contribuyente del impuesto de primera categoría. Con ello aumenta la ganancia; pero posteriormente, en el llamado "Fondo de Utilidades Tributables", se debe seguir realizando la depreciación normal. O sea, ésta se arrastra para los efectos de los otros impuestos.
En el global complementario no vale la depreciación acelerada. Ésta rige únicamente para los contribuyentes del impuesto de primera categoría en el ejercicio en que inicien su utilización. Pero -repito- en el Fondo de Utilidades Tributables sólo pueden descontar la amortización normal, no el 50 por ciento a que se refiere la iniciativa.
Por consiguiente, en el mejor de los casos -se lo dije al señor Ministro hace unos días- el beneficio alcanzaría a 5 por ciento de ganancia para esas personas.
Señor Presidente, el inversionista podría ocupar otro sistema. ¿Por qué no suscribe un contrato de leasing, por ejemplo, por diez camiones, a doce meses, cargando a gastos generales la cuota de arriendo que debe pagar mensualmente, y cuando le quede la última efectúa la compra? Así, durante once meses carga a gastos generales toda la inversión que está haciendo. Esto existe en la actualidad; se permite.
El contribuyente es libre de acogerse a la depreciación acelerada en el momento que determine. Y la diferencia es muy poca. Porque, aplicado el beneficio en 2 ó 3 años, el Fisco recibirá exactamente lo mismo al cabo de 5 ó 10 años. Y si un bien queda depreciado a un peso, en algún instante su dueño lo venderá; cuando eso pase, obtendrá una ganancia, y sobre ésta habrá de tributar.
Hace días le expresé al Director de Presupuestos : "Usted es muy despierto. Si, en virtud de la ley en proyecto, se invierten 10 mil millones de dólares en maquinaria, eso paga 19 por ciento de IVA. ¿Y cuánto recibe el Fisco inmediatamente por tal concepto? Y ello, sin devolución".
¡Cuidado! Hipotéticamente, el erario deja de percibir a través de la depreciación acelerada; pero, de otro lado, recauda el 19 por ciento de esa gran inversión. Además, como señalé, a los efectos del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el Fondo de Utilidades Tributables, que regula lo relativo a retiros personales, debe ajustarse a las rentas de primera categoría, rebajándose sólo la depreciación normal, no el 50 por ciento de la depreciación acelerada.
El texto en análisis es bueno, porque incentiva la inversión que tanto necesitamos. Chile estaba creciendo al 4 por ciento; pero ya se están dando señales de que dicha cifra puede ser mayor.
Eso es lo que hace falta. Porque, cuando el país crece un punto o dos, ¡por Dios que se crean miles de fuentes de trabajo y -yo diría- se reactiva toda la actividad!
Por lo tanto, votaré favorablemente la idea de legislar.
No obstante lo anterior, señor Presidente, debo manifestar que me interesaba brindar un apoyo más directo a los pequeños y medianos empresarios.
Y coincido con Su Señoría en un aspecto -y lo dije también en la Comisión de Hacienda-: todo beneficio se otorga de a poquitito para los chicos. El de la condonación de intereses y multas opera sólo para las deudas tributarias de hasta 5 millones. Por este motivo, son muy pocos los que se han acogido a el. ¡Por qué no ampliarlo altiro a aquellas de 20 ó 30 millones de pesos y les rebajamos el 80 ó 90 por ciento!
¡Hagámoslo! Liberemos a miles de pequeños empresarios -entre 100 mil y 200 mil- de la inmovilidad en que se encuentran. ¡A ellos no les timbran facturas por su condición de morosidad! A otros les timbran 50 mil. Yo digo: ¿quiénes son los que dan más trabajo en Chile? Los pequeños y los medianos empresarios.
En la Región del Biobío, que represento, hace poco se inauguraron dos enormes plantas del rubro forestal -no existen en el mundo otras similares- del rubro forestal: en Nueva Aldea y Nacimiento. La inversión en cada una alcanzó a mil 400 millones de dólares. ¿A cuánta gente dan trabajo? A cien, doscientas personas; no más. Funcionan apretando puros botones, es todo por computador. En cambio, los pequeños y medianos empresarios emplean a miles y miles de personas.
El régimen de simplificación tributaria que aprobamos favorece a empresas con ventas de hasta 95 millones de pesos...
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).-
Para los microempresarios.
El señor SABAG.-
¡Claro!
Yo me estoy refiriendo a los pequeños y medianos, que, según la definición vigente, son los que registran ventas de hasta 25 mil UF (casi 500 millones de pesos). Pero a ellos no se les toma en cuenta, sino sólo a los microempresarios, quienes, por supuesto, también requieren ayuda.
Siempre hablamos acerca del imperativo de rectificar un poco el modelo económico. Aspiramos a que Chile no llegue a ser una pirámide en la cual figuren nada más que tres o cuatro grupos económicos, sino también otros de clase media: los pequeños y los medianos. La corrección del modelo debe apuntar a respaldar a estos últimos -los grandes no necesitan apoyo: se defienden solos-, respecto de los cuales existe un gran déficit. Estamos en deuda con ellos.
Señor Presidente, aprobaré el proyecto, pero pido al señor Ministro que sigamos apoyando a los pequeños y medianos empresarios, que son quienes proporcionan trabajo y representan a la clase media y, por ende, a la inmensa mayoría del país.
He dicho.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, ya se ha expuesto gran parte de lo que iba a expresar. Por lo tanto, lo voy a omitir. Sin embargo, hay un par de elementos que me parece importante destacar.
En primer lugar, la iniciativa no plantea ir a una depreciación acelerada de 0 a 50 por ciento, sino, posiblemente, a una con un tope mínimo de 20 por ciento. Porque lo normal es que ella llegue, como máximo, a 5 años; vale decir, a 20 por ciento anual. Por lo tanto, la diferencia no es de 0 a 50, sino de 20 a 50 por ciento.
Eso difiere de la apreciación que hizo en su intervención el Senador señor Ominami.
En segundo término, se ha dicho -pero no se han fijado cifras- que, si la disminución de la recaudación fiscal calculada por el Ministerio de Hacienda asciende a 540 millones de dólares, como la depreciación es la mitad, estaríamos hablando de una inversión de mil 80 millones de dólares.
Tal inversión implica alrededor de 205 millones de dólares en IVA. En consecuencia, el menor ingreso fiscal llegaría a 334 millones 800 mil dólares, y no a 540 millones.
En tercer lugar, tengo la impresión de que la interpretación dada respecto a una doble depreciación acelerada es equivocada.
El texto del proyecto, a mi entender, es absolutamente claro: se autoriza a las personas afectas al impuesto de primera categoría para depreciar los bienes físicos susceptibles de acogerse a depreciación acelerada, de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas de la Ley sobre Impuesto a la Renta, "adquiridos nuevos o internados por el contribuyente desde el 1° de marzo de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2008.". Y agrega, en punto seguido: "Esta cuota anual de depreciación se considerará depreciación acelerada para los efectos previstos en la referida ley.".
Por lo tanto, es ésta la depreciación acelerada que nos ocupa -la del 50 por ciento- y no ésta más la contenida en las normas generales. De modo que el cálculo señalado, a mi entender, está equivocado por expresa y literal disposición legal.
Con todo, me gustaría mejorar el proyecto -si el señor Ministro de Hacienda pudiera atender a un par de temas que me interesa mencionar- en dos niveles. Lamentablemente, tiene urgencia calificada de "suma" y, como es de artículo único, se debe discutir en general y en particular a la vez.
En primer término, considero que la iniciativa puede producir algunas graves distorsiones con el Servicio de Impuestos Internos. Como la depreciación acelerada se aplica contra el impuesto a la renta, calculado anualmente respecto del ejercicio comercial del año anterior, que va del 1º de enero al 31 de diciembre, nos podemos encontrar con funcionarios no muy criteriosos de dicho Servicio que objeten la fecha de la compra señalando que no fue el 1º de marzo sino el 28, 25 ó 20 de febrero.
En consecuencia, algunas personas declararán depreciación acelerada pensando que quedan sujetas a las normas de esta futura ley, que regirá a partir del 1º de marzo; pero tendrán conflictos de carácter administrativo -incluso, judicial tributario-, porque la iniciativa no se aplica desde el 1º de enero.
A mi juicio, esa rectificación debiera efectuarse para normalizar el tratamiento tributario general respecto de la depreciación. Así -reitero- quedaría más clara la legislación sobre la materia en relación con el impuesto de primera categoría.
En segundo lugar, señor Presidente, en las distintas modificaciones a leyes tributarias realizadas en el último tiempo, hemos observado que el beneficio siempre opera en función de la inversión física, de los activos fijos de la empresa: se aumentó el tope del crédito por inversión de 4 a 6 por ciento; hubo un perfeccionamiento y una reducción del impuesto de timbres y estampillas, que grava precisamente -lo que me parece bien- las compras y ventas y los servicios en general de las empresas; se produjo una modernización del Mercado de Capitales II, aplicado a capitales fijos, y se impulsó una aceleración de las inversiones en el sector público.
Hemos dicho en todos los tonos, cuando hablamos de educación y de formación, que, sin duda alguna, la mayor riqueza de los países, en particular del nuestro, es el aumento de productividad del factor humano. Ello, para que rinda mejor la productividad total de factores. Al respecto no veo grandes apoyos. Lo digo con mucha sinceridad. Incluso, cuando se ha tratado de mejorar la situación personal o familiar de los chilenos, entregamos beneficios tributarios sobre los activos fijos, como ocurre hoy día con la rebaja de la base imponible considerando los dividendos pagados por la compra de viviendas.
Pero, ¿quién impulsa la inversión en educación que los padres hacen por sus hijos con esfuerzos particulares? ¿Acaso no sabemos que el SENCE está funcionando mal, equivocadamente; que comete errores, que, si se corrigieran, podría desarrollar un perfeccionamiento adecuado para trabajadores y ampliarse a otros sectores a fin de invertir en las personas?
Señor Presidente, hago un llamado al señor Ministro de Hacienda para que reconozcamos que, para lograr la equidad social, también hay que potenciar a las personas. La educación, la formación, el perfeccionamiento laboral forman parte de nuestra obligación para mejorar la vida familiar y personal de los habitantes de Chile, de nuestros compatriotas.
En consecuencia, estando de acuerdo con el proyecto y formuladas las precisiones tanto matemáticas como interpretativas de él, echo de menos la preocupación por el factor humano en cuanto al perfeccionamiento señalado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, a fines de marzo recién pasado, el Banco Central nos entregó la compilación de datos de la economía con la incorporación de fuentes y métodos de cálculo en base al año 2003. De esta manera, corrigió los anteriores, que se basaban en información de 1996. Es decir, actualizó los datos.
A mi juicio, el Instituto Emisor en esa oportunidad nos dio una mala noticia: la formación bruta de capital fijo es de 20,1 por ciento.
Creo que ésa es la verdadera razón por la cual estamos discutiendo el proyecto: el país, para crecer a tasas más altas, que es un objetivo deseado por todos, necesita mayor inversión. Y esa mayor inversión se requiere ahora, pero también el próximo año, el siguiente, el subsiguiente, y por muchos años más. Sin embargo, hoy se precisa con urgencia para que se haga realidad el crecimiento del 5,2 por ciento, del 5,3 o superior, como se estima para el presente año.
Desde ese punto de vista, tal objetivo ya amerita que aprobemos la iniciativa.
Además, como sostuvo el señor Ministro y también el Senador señor Prokurica, se trata de una postergación de impuestos. Si se carga a gastos el 50 por ciento de la inversión en activo fijo el primer año, significa que el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y los siguientes se registrarán en ese ítem cantidades mucho menores y el pago en impuesto de primera categoría será mayor; por lo tanto, la recaudación del Fisco también se incrementará.
En mi opinión, las arcas fiscales están en su mejor momento para efectuar este sacrificio en los años 2007, 2008 y 2009. Ignoramos si más adelante será posible hacerlo. Digamos las cosas como son: gran parte del superávit fiscal extraordinario que exhibe el país, probablemente nunca antes visto, es consecuencia del alto precio internacional del cobre. Y no sabemos por cuánto tiempo se mantendrá así.
Por su parte, el proyecto tiene otro efecto que, desde mi punto de vista, es sumamente importante. Cuando tenemos una balanza comercial extraordinariamente positiva y precios del cobre bastante elevados, lo que se genera es una abundancia de dólares. Ésta hace que el tipo de cambio caiga y, de esa manera, los precios de los productos importados bajen. O sea, la sustitución de bienes producidos en Chile por otros provenientes del extranjero se vuelve más barata. Con ello se corre el riesgo de que desaparezcan pequeñas industrias y, consiguientemente, de que se pierdan fuentes de trabajo.
Por lo tanto, mantener el equilibrio en el tipo de cambio, de modo que éste sea competitivo y permita que nuestro sistema productivo siga en pleno rodaje y aumentando el crecimiento económico, es también un objetivo deseado por la economía.
Por eso, junto a las mayores importaciones que el proyecto traerá aparejadas, pienso que se debería ayudar a equilibrar o mejorar el valor del tipo de cambio
Ahí, entonces, hay otra razón para aprobar la iniciativa.
Finalmente, también me hago cargo de lo planteado por los Senadores señores Ominami y Sabag. Me parece que tanto el Ejecutivo como el Congreso se encuentran en deuda con los pequeños empresarios, morosos en sus impuestos y en sus compromisos previsionales, razón por la cual deberíamos hacer un esfuerzo mayor tendiente a darles las facilidades necesarias para que puedan regularizar su situación.
Creo, señor Ministro, que todos o la mayoría de los aquí presentes esperamos un esfuerzo en ese sentido. Algo ya esbozó usted en la Comisión de Hacienda cuando tratamos este proyecto, donde, sin comprometerse, señaló que ello era posible.
Considero que si, además de avanzar en lo relativo a la depreciación acelerada, diéramos un paso concreto y más generoso orientado a facilitar el pago de tributos y deudas previsionales, estaríamos dando un impulso nuevo y fresco a los empresarios, principalmente a los pequeños y medianos, para que sigan produciendo y creando fuentes de trabajo.
Por las razones anotadas, señor Presidente, anuncio mi voto favorable a la iniciativa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, no voy a reiterar lo que han señalado otros señores Senadores, de modo que seré bastante breve.
Al iniciar esta intervención, me gustaría recordar la imagen con que se lanzaron las medidas propuestas por el Ministerio de Hacienda, la más importante de las cuales es, sin duda, la relativa a la depreciación acelerada. En esa imagen figuraban las grandes organizaciones empresariales del país, pero no los pequeños empresarios. Incluso, públicamente se señaló que el no invitarlos obedecía a un olvido. Me parece que esa imagen refleja exactamente adónde apuntan las medidas. Es decir, los grandes postergados son los pequeños empresarios.
Y hay algo que resulta evidente. Si tales medidas se toman de manera urgente es porque los niveles de crecimiento del país no se compadecen con sus condiciones internas y externas, pues se precisan acciones resueltas que provoquen un punto de inflexión en el ritmo de expansión de nuestra economía.
Por eso se plantea ahora esta normativa sobre depreciación acelerada. Y, sin duda, los grandes olvidados son los pequeños y medianos empresarios, que requieren otras soluciones. La depreciación acelerada supone inversión, y la gran necesidad que experimentan las pymes es de capital de trabajo. Las medidas que éstas demandan se vinculan más bien con el tema del capital de trabajo y no necesariamente con el de la inversión, que es un requisito previo para generar una depreciación acelerada.
Esta tarde quiero reafirmar que seguimos en deuda con la pequeña y mediana empresa. Resulta incuestionable que la presente iniciativa va a contribuir al crecimiento, pero, en términos relativos, a quienes más beneficiará es a los grandes empresarios. Las pymes, que enfrentan un problema de capital de trabajo, seguirán olvidadas. Todos esperaban que los anuncios del Ministerio de Hacienda incluyeran, precisamente, medidas potentes relacionadas con el capital de trabajo, que es la gran dificultad que tienen las pequeñas y medianas empresas.
Sin perjuicio de lo anterior, porque creo que es importante el crecimiento del país -sus actuales niveles no se compadecen con sus condiciones externas e internas-, voy a aprobar el proyecto, pero digamos las cosas por su nombre: estamos en deuda con las pymes, por lo cual se debe apuntar a establecer medidas vinculadas con el capital de trabajo.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, en todos los años que he estado en el Parlamento me ha tocado ver, como en 16 oportunidades, 32 alzas y creaciones de impuestos sucesivas, más otras normas y leyes que, a mi juicio, han dificultado el accionar de nuestra economía. Ésta, de ser una de las de mayor crecimiento en el mundo, hoy está bajo la media de América Latina. Chile se expande al 4 por ciento, en tanto que los países de la región lo hacen, en promedio, al 4,8 por ciento. Todos nuestros vecinos crecen más que nosotros.
Efectivamente, como dice el Senador señor García, la medición de la inversión estaba subestimada y veníamos invirtiendo cada año menos. Por eso también venimos creciendo a un ritmo menor.
Considero que el proyecto es útil y bueno y que constituye un pedazo de la solución que necesitamos. Traerá más inversión y, como indicó el señor Ministro en la Comisión, significará un impacto estimulante en la demanda agregada, en la capacidad productiva, en el crecimiento y en el empleo.
Ahora, desde el punto de vista fiscal, el informe menciona que el valor presente de la disminución estimada de la recaudación será de 150 millones de dólares, pero yo, igual que otros señores Senadores, pienso que el proyecto va a producir un efecto positivo en la recaudación tributaria -a mi juicio, ésta aumentará por el solo efecto del IVA- y no implicará mayores desequilibrios macroeconómicos, sino que, como expresó el Senador señor García, constituirá un estímulo para afirmar el valor del tipo de cambio y por esa vía mejorar las condiciones de nuestros exportadores.
Y ahí es donde quiero poner el énfasis. Nosotros disponemos, más que nunca en nuestra historia económica, de importantes acuerdos comerciales con los principales países del mundo. Y lo que aquéllos han logrado es, principalmente, eliminar el escalonamiento arancelario. Cada vez que exportábamos un producto de escaso valor agregado, nos aplicaban un arancel bajo. Mientras ese valor agregado aumentaba, el arancel subía en los países de destino, especialmente en los desarrollados. Ahora podemos elaborar nuestras materias primas, pero para ello necesitamos equipos, maquinarias. Y eso es lo que en adelante podremos adquirir con cierta ventaja, gracias a la depreciación acelerada.
Sin embargo, creo que dos o tres años es un tiempo demasiado corto para que se alcancen a incorporar al beneficio gran cantidad de empresas. Por eso, sugiero que el sistema vaya siendo evaluado en su avance cada seis meses y, si se ve que es apropiado y conveniente para la inversión, el crecimiento, el empleo, la recaudación fiscal -repito que a mi juicio tendrá un efecto positivo en ella-, se decida su prolongación, pues no estamos concretando inversiones que podrían incrementar el valor agregado de nuestros productos para aprovechar las ventajas de los acuerdos comerciales que hemos suscrito.
Así que, en mi opinión, habría que votar a favor del proyecto. Y es lo que voy a hacer.
Para finalizar, cabe señalar que existen 200 mil deudores sólo del ámbito tributario, a los cuales se suman los deudores previsionales y también algunos financieros, quienes con un poco de apoyo, podrían incorporarse a nuestra economía, que -creo- tiene muchas posibilidades.
Gracias, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala que restan cuatro minutos para el término del Orden del Día y aún quedan tres señores Senadores inscritos.
La señora MATTHEI.-
Sigamos mañana, señor Presidente.
El señor SABAG.-
Podrían fundamentar el voto.
La señora MATTHEI.-
No, mejor continuemos mañana.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Como no hay acuerdo, el debate se reanudará en la sesión de mañana.
--Queda pendiente la discusión del proyecto.
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