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El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, hace algunas semanas conocimos por la prensa el caso del ciudadano ruso Alexander Ponosov, profesor de Sepych -pueblo de los Urales-, quien, tras largas gestiones, recibió del Departamento de Educación veinte computadores para que sus alumnos se iniciaran en el atractivo y globalizado mundo de la informática e Internet. A diferencia de Chile, los aparatos no tenían incorporado ningún sistema operativo o programa. Y se descubrió que en doce ese maestro había utilizado versiones copiadas de los programas Office y Windows, de Microsoft. El resultado es que Posonov, quien además es director de una pequeña escuela rural, está siendo enjuiciado por delitos contra la propiedad intelectual y los derechos de autor.
Esa historia ha provocado tal impacto en la sociedad rusa que el propio Mijail Gorbachov intercedió ante Bill Gates a los efectos de pedir clemencia para dicho profesor, cuyo único delito fue proporcionar a alumnos pobres y rurales programas Microsoft.
Como única respuesta de la empresa, se recibió una carta donde se expresa que el problema debe ser resuelto por la justicia. Ello no ha hecho más que acrecentar la solidaridad de los ciudadanos con Alexander Ponosov.
Saco esta historia a colación, señor Presidente, por varias razones.
En primer lugar, haré un poco de historia.
En 2001, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo, de mi autoría, que mandató a su Comisión de Ciencia y Tecnología para conocer los antecedentes de la investigación que el juez Samuel Jackson desarrollaba en Estados Unidos contra la empresa Microsoft por transgredir normas antimonopolios.
Esa misma Comisión conoció también la problemática generada por las normas de inscripción de sitios web -estoy hablando de NIC Chile- y pudo hacer una profundización respecto al rol de la Universidad de Chile en las inscripciones.
Se trata de una investigación única en su tipo -no hay Parlamento alguno de Latinoamérica que haya hecho algo semejante-, realizada sobre más de 130 delitos que la Microsoft cometía en los Estados Unidos, los cuales fueron indagados, no por cualquier institución, sino por el Departamento de Justicia.
En esa línea, en diciembre de 2001 esa acuciosa investigación descubrió que los Programas de Libre Distribución en los órganos del Estado que se hacen en el continente tienen elementos que han sido objeto de investigación y de millonarios acuerdos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos logró un acuerdo por mil millones de dólares; y así fue sancionada Microsoft. La Comunidad Económica Europea, uno por 700 millones de dólares. Y lo anterior, no precisamente porque dicha empresa estuviera apegada a la ley, la cual más bien es violada por ella.
Presentamos una moción para obligar al Estado de Chile a establecer el uso de software libre y conseguir de ese modo una disminución de costos. Son 12 mil 800 millones de pesos que, según el Presupuesto de 2007, aquél desembolsa por concepto de licencias.
Debo advertir que las licencias se pagan, no por cada oficina, sino por cada computador. Y ellas son más caras que el propio aparato.
Hemos dicho que queremos la existencia de software libre en Chile; que haya libre acceso ciudadano a la información pública; que, durante todo el proceso de desenvolvimiento de la informática en nuestro país, disminuya la brecha y se fortalezca el desarrollo con acceso igualitario a las nuevas tecnologías en este campo.
Por eso presentamos la moción en comento, a fin de terminar con la situación señalada.
El Presupuesto 2007, en el ítem Programas Informáticos distinto de la adquisición de equipos, contempla para el Ministerio de Defensa Nacional 2 mil 229 millones de pesos; para el de Vivienda, 1.019 millones; para el del Trabajo, 780 millones; para el de Educación, 764 millones; para el de Justicia, 723 millones; para el de Economía, 655 millones, etcétera.
Estoy hablando de montos correspondientes sólo al pago de licencias, no a la adquisición de equipos computacionales.
Es por eso que mociones como la que presentamos, la cual se halla actualmente en la Cámara de Diputados, han sido adoptadas por países como Alemania, Bélgica, Italia, Francia, Perú, China, Brasil, México. Y también se tramitan iniciativas más particulares en Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Portugal, Ucrania y el propio Estados Unidos.
La pregunta que uno debe hacerse, señor Presidente, es por qué si los países a los cuales procuramos parecernos o imitar han adoptado esa norma Chile no lo hace.
Por eso, durante la discusión presupuestaria presentamos numerosas indicaciones con el propósito de que los millonarios recursos asignados se destinen a estudios serios que permitan evaluar opciones de igual o mayor calidad y, por cierto, de menor costo que las tecnologías hoy utilizadas.
El Ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, comprometió un estudio y una evaluación para saber cuánto está gastando el Estado en programas y software, a fin de ir hacia programas de igual calidad pero de código abierto, en forma de ahorrar dinero al Fisco y permitir el libre desarrollo de la informática, basado en el acceso igualitario, sin restricciones determinadas por el alto costo de las patentes.
En el marco de las conversaciones con el Gobierno, queremos que éste nos informe. Yo he reiterado una solicitud de oficio -no he tenido respuesta- sobre cuáles son las formas a través de las que el Ministerio de Hacienda hará efectivo el compromiso que suscribimos con el Ministro Velasco durante el proceso de negociación.
Señor Presidente, otra buena noticia en el propósito de avanzar hacia la incorporación de nuevas tecnologías dice relación al nuevo portal de la Biblioteca del Congreso Nacional, que, gracias al empleo de la plataforma de software libre -creo que hubo al respecto una acción extraordinaria de su Directora-, mejoró ostensiblemente la gestión de contenido: muestra un rostro más ciudadano, más cercano a las necesidades de la gente, mucho más accesible y, también -digámoslo francamente-, más barato.
La Biblioteca del Congreso Nacional adquirió una tecnología que le permite ahorrar cientos de millones de pesos.
Sin embargo, no todo lo que sucede en la materia va en la dirección de posibilitar acceso igualitario para todas las personas.
Hace algunos años hice muchas críticas al portal de ChileCompra debido a que muchos proveedores no podían acceder a la información ni ofertar sus servicios porque utilizaban software libre y el servidor de la máquina del Estado impedía registrar. Es decir, la gente disponía de software libre, pero ChileCompra tenía programas Windows.
En tal sentido, hoy día nos hemos sorprendido con la "promoción" que hacen profusamente por los medios de comunicación el Instituto Nacional de la Juventud y el SENAME, que en conjunto con Ripley y Microsoft, a través de la campaña "Generación 7.0, Mi PC Estudiante", ofrecen la posibilidad de adquirir con facilidades un computador, el que, por cierto, incorpora sólo programas Microsoft.
Otro caso es el de la licitación de capacitación para los infocentros de la zona sur del país por parte de la SUBTEL.
En el punto número 1 del Anexo 1 de las Bases Técnicas se señala que, como requisito, los informes requeridos "deberán entregarse en formato Word 97, a los que podrán agregarse cuadros y tablas, pero que deben ser realizadas con productos Microsoft".
No es admisible que ninguna licitación estatal ponga condiciones donde se determine un tipo de programa para poder acceder a concesiones, compras o cualquier tipo de servicio del Estado.
Nos preocupa este problema, señor Presidente, que ya no es de futuro, sino del presente, de absoluta actualidad.
Espero que el Estado de Chile pueda tener cuanto antes -como lo han hecho la Universidad del Bío-Bío; el INP; muchos Ministerios y servicios públicos, y, particularmente, el Congreso Nacional- acceso al software libre.
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