REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 355� Sesi�n 33�, en mi�rcoles 11 de julio de 2007 Ordinaria (De 16:18 a 18:15) PRESIDENCIA DEL SE�OR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SE�ORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOS� LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA......................................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N............................................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS..........................................................................�. IV. CUENTA............................................................................................................... V. ORDEN DEL D�A: Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre Chile y la Organizaci�n de Naciones Unidas acerca de pago ex gratia a familiares de se�or Carmelo Soria Espinoza (3624-10) (queda para segunda discusi�n)����. Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, que aprueba enmienda a art�culo 1 de Convenci�n sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (5024-10) (se aprueba en general y particular)���. Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que modifica el C�digo del Trabajo en lo relativo a jornada de trabajo de choferes y auxiliares de locomoci�n colectiva rural (5156-13) (se aprueba en general)����. VI. TIEMPO DE VOTACIONES: Incremento de recuperaci�n de impuesto espec�fico a petr�leo di�sel para camiones. Proyecto de acuerdo (S 978-12) (se aprueba)���.. VII. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o)�����. Mayor protecci�n para compradores de bienes ra�ces y situaci�n de matrimonio estafado. Oficios (observaciones de la se�ora Matthei)����. Incumplimiento de Ley de Subcontrataci�n por empresas portuarias p�blicas. Oficios (observaciones de la se�ora Matthei)���� Incumplimiento de contratos por "Unidad Coronaria M�vil" a ra�z de huelga de trabajadores. Oficios (observaciones del se�or Navarro)����. Situaci�n de deportistas escolares de alto rendimiento. Oficios (observaciones del se�or Navarro)����........................................................................................ Respaldo a declaraciones de Presidente de Directorio de Televisi�n Nacional. Oficios (observaciones del se�or Navarro)����. VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Allamand Zavala, Andr�s --Alvear Valenzuela, Soledad --Arancibia Reyes, Jorge --�vila Contreras, Nelson --Bianchi Chelech, Carlos --Cantero Ojeda, Carlos --Chadwick Pi�era, Andr�s --Coloma Correa, Juan Antonio --Espina Otero, Alberto --Flores Labra, Fernando --Frei Ruiz-Tagle, Eduardo --Garc�a Ruminot, Jos� --Gazmuri Mujica, Jaime --Girardi Lav�n, Guido --G�mez Urrutia, Jos� Antonio --Horvath Kiss, Antonio --Kuschel Silva, Carlos --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Letelier Morel, Juan Pablo --Longueira Montes, Pablo --Matthei Fornet, Evelyn --Mu�oz Aburto, Pedro --Mu�oz Barra, Roberto --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --Orpis Bouch�n, Jaime --P�rez Varela, Victor --Prokurica Prokurica, Baldo --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --V�squez �beda, Guillermo --Zald�var Larra�n, Adolfo Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros del Interior, don Belisario Velasco Baraona; de Relaciones Exteriores, don Alejandro Foxley R�oseco; Secretario General de la Presidencia, don Jos� Antonio Viera-Gallo Quesney; del Trabajo y Previsi�n Social, don Osvaldo Andrade Lara, y el se�or Director de Asuntos Jur�dicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Claudio Troncoso Repetto. Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el se�or Jos� Luis Alliende Leiva. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:18, en presencia de 14 se�ores Senadores. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 29� y 30�, ordinarias, en 3 y 4 de julio del a�o en curso, respectivamente, que no han sido observadas. IV. CUENTA El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios Del se�or Ministro de Obras P�blicas, con el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Navarro, sobre ingresos generados por la plaza de peaje de Coronel. Del se�or Subsecretario de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n, subrogante, por el que responde un oficio remitido en nombre del Senador se�or Horvath, relativo a la reorganizaci�n del funcionamiento de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA), en la Und�cima Regi�n. Del se�or Subsecretario de Obras P�blicas, con el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Allamand, acerca de obras de evacuaci�n de aguas lluvias en el acceso a Lanco. Del se�or General Director de Previsi�n de Carabineros de Chile, por medio del cual contesta un oficio despachado en nombre del Senador se�or Espina, con relaci�n a quinquenios penitenciarios. Del se�or Intendente de la Regi�n de Los Lagos, con el que responde un oficio expedido en nombre del Senador se�or Kuschel, respecto de conservaci�n y mejoramiento de infraestructura portuaria, en la costanera de Puerto Montt. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Informe De la Comisi�n de Econom�a, reca�do en el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que crea el Instituto de Propiedad Industrial, con urgencia calificada de "simple" (bolet�n N� 2.469-03). --Queda para tabla. Mociones De los Senadores se�ores Naranjo y Mu�oz Aburto, con la que inician un proyecto de ley que modifica el art�culo 225 del C�digo Civil en lo relativo al cuidado personal de los hijos (bolet�n N� 5.197-07). --Pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento y se manda poner en conocimiento de la Excelent�sima Corte Suprema. De los Senadores se�ores Longueira y Orpis, por medio de la cual dan inicio a un proyecto de ley que modifica el procedimiento para nombrar a las autoridades titulares de las Superintendencias que indica (bolet�n N� 5.198-05). --Pasa a la Comisi�n de Hacienda. Declaraciones de inadmisibilidad Moci�n de los Senadores se�ores V�squez y G�mez, con la que inician un proyecto de ley que modifica las licencias m�dicas otorgadas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional. --Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, de conformidad con lo dispuesto en los n�meros 2� y 6� del inciso cuarto del art�culo 65 de la Constituci�n Pol�tica. Moci�n de los Senadores se�ores Longueira y Orpis, con la que inician un proyecto de ley referido a las remuneraciones de los trabajadores y al sueldo m�nimo. --Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, conforme a lo dispuesto en el n�mero 4� del inciso cuarto del art�culo 65 de la Carta Fundamental. Proyectos de Acuerdo De los Senadores se�ora Alvear y se�ores Cantero, Coloma, Flores, Frei, Garc�a, Gazmuri, Girardi, G�mez, Larra�n, Letelier, Longueira, Navarro, N��ez, Ominami, Sabag, V�squez y Zald�var, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica que presente un proyecto de ley que otorgue beneficios tributarios a las personas naturales o jur�dicas que produzcan energ�a renovable no contaminante y que contribuyan al ahorro energ�tico (bolet�n N� S 980-12). De los Senadores se�ores Coloma, Longueira y Larra�n, por el cual solicitan al Gobierno la aplicaci�n de un conjunto de medidas para superar las falencias que se han producido en materia de pol�tica energ�tica (bolet�n N� S 981-12). --Quedan para el Tiempo de Votaciones de la pr�xima sesi�n ordinaria. Solicitud Del se�or Domingo Basilio Manzano Alc�n, mediante la cual pide la rehabilitaci�n de su ciudadan�a (bolet�n N� S 979-04). --Pasa a la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta. V. ORDEN DEL D�A ACUERDO CON LA ONU SOBRE PAGO EX GRATIA A FAMILIARES DE SE�OR CARMELO SORIA El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, sobre aprobaci�n del "Acuerdo entre el Gobierno de la Rep�blica de Chile y la Organizaci�n de las Naciones Unidas" acerca de pago ex gratia a familiares del se�or Carmelo Soria Espinoza, suscrito en Santiago el 19 de junio de 2003, con informe de la Comisi�n de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "suma". --Los antecedentes sobre el proyecto (3624-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo tr�mite, sesi�n 39�, en 23 de marzo de 2005. Informe de Comisi�n: Relaciones Exteriores, sesi�n 48�, en 13 de diciembre de 2005. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Mediante este Acuerdo el Estado de Chile se compromete a efectuar un pago ex gratia, �nico y definitivo, por concepto de reparaci�n, en beneficio de los familiares de don Carmelo Soria Espinoza, funcionario de la Organizaci�n de las Naciones Unidas que muri� en nuestro pa�s en 1976. La Comisi�n de Relaciones Exteriores rechaz� en general el proyecto por 3 votos en contra (de los Honorables se�ores Coloma y Larra�n y del entonces Senador se�or Mart�nez), uno a favor (del en esa �poca Senador se�or Vald�s) y la abstenci�n del Honorable se�or Mu�oz Barra. Corresponde tener presente que en caso de que la Sala aprobare en general el proyecto de acuerdo, este deber� ser conocido, en segundo informe, por la Comisi�n de Hacienda. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En la discusi�n general, tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Se�or Presidente, el Gobierno puso "suma" urgencia a este proyecto de acuerdo, aprobado por la Honorable C�mara de Diputados, que lleva ya varios a�os en espera del pronunciamiento del Senado. En verdad, el Gobierno no lo hab�a tra�do a esta Sala aguardando poder encontrar antecedentes que ojal� contribuyeran a lograr una votaci�n favorable. Todos sabemos las tristes circunstancias en las cuales fue asesinado Carmelo Soria, quien a la saz�n era miembro de una repartici�n de la CEPAL y ten�a el estatus de funcionario diplom�tico. Ante ese hecho, en el mensaje correspondiente se relata en forma pormenorizada la investigaci�n realizada en distintas instancias del Poder Judicial en Chile, la cual concluy�, desgraciadamente, con la aplicaci�n de la Ley de Amnist�a y el sobreseimiento definitivo, sin que la familia supiera a ciencia cierta qui�nes fueron los responsables. Frente a esa circunstancia, recurri� ante la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos. El Gobierno de Chile suscribi�, ante esa misma instancia, el 19 de junio de 2003, un acuerdo reparativo con la ONU. Y ello porque, m�s all� de la persona de Carmelo Soria, la contraparte nuestra es la Organizaci�n de las Naciones Unidas, como corresponde cada vez que alg�n funcionario en misi�n de ese organismo es asesinado en alg�n pa�s del mundo. Carmelo Soria era un ciudadano espa�ol que trabajaba en nuestra naci�n. A la fecha de su muerte ocupaba el cargo de Jefe del Departamento Editorial del Centro Latinoamericano de Demograf�a (CELADE), organismo perteneciente a la CEPAL, ambos dependientes de las Naciones Unidas. Para dar cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo, se ha sometido a consideraci�n del Parlamento, como corresponde, el proyecto en debate. La C�mara de Diputados ya lo aprob�. Hoy se da la posibilidad de que el Senado pueda hacer lo propio. De ese modo, se evitar� que el caso contin�e su tramitaci�n en el sistema de justicia interamericano. De rechazarse el proyecto, lo m�s probable es que el Gobierno y el Estado de Chile vean comprometida su responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No olvidemos que hace algunos meses esa misma instancia se pronunci� en un caso an�logo, el del se�or Luis Almonacid, donde no s�lo dictamin� a su favor, sino que adem�s declar� que no era procedente aplicar la Ley de Amnist�a en nuestro pa�s. Entonces, ese organismo, consecuente con la jurisprudencia que adopt�, podr�a ordenar la reapertura del caso de Carmelo Soria y, al mismo tiempo, fijar una indemnizaci�n cuyo monto, obviamente, no conocemos. Si tal circunstancia ocurriese, el cumplimiento de la sentencia de la Corte no pasar�a por el Parlamento ni depender�a de la voluntad del Estado de Chile, por cuanto, al haber reconocido este la competencia de la Corte Interamericana de San Jos�, tendr�a que acatarla. Por ello, se�or Presidente, al Gobierno le parece de toda equidad dar cumplimiento al acuerdo suscrito con la familia de Carmelo Soria. Adem�s, no s�lo la considera una medida reparativa justa, sino que su monto es m�s o menos equivalente a lo fijado por la Corte Interamericana en casos relativamente similares, sustanciados contra otros pa�ses, como Venezuela y Ecuador. Adem�s, para nuestra pol�tica exterior el que el Estado de Chile no diera cumplimiento a un acuerdo de esta naturaleza, generar�a alg�n tipo de dificultad con la ONU, donde nuestro pa�s no s�lo tiene representaci�n, sino que cumple un papel importante en sus diversas organizaciones, desde misiones de paz hasta el haber sido en su momento miembro del Consejo de Seguridad o haber participado en la Comisi�n de Reforma de las Naciones Unidas. Asimismo, no olvidemos que dentro de poco visitar� nuestro pa�s el Secretario General de la ONU y que, m�s all� de la familia Soria, nuestra contraparte en este caso es tal organismo. Y el propio Secretario General de la �poca, cuando se produjo alg�n inconveniente en la justicia chilena, hizo presente, en forma clara y bastante categ�rica, el parecer de las Naciones Unidas, por cuanto uno de sus funcionarios hab�a sido asesinado en las circunstancias en que lo fue Carmelo Soria. Por todas esas razones, se�or Presidente, solicitamos la aprobaci�n del proyecto de acuerdo. )----------( El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Gazmuri. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, antes de entrar al debate de esta importante iniciativa -me hab�a inscrito para intervenir despu�s de la Cuenta-, deseo pedir por su intermedio la autorizaci�n de la Sala para modificar un acuerdo de Comit�s relacionado con el proyecto despachado por la Comisi�n de Hacienda sobre destinaci�n de recursos para el Fondo de Desarrollo de la Regi�n de Magallanes y de la Ant�rtica Chilena. Dicho acuerdo recogi� una petici�n del Comit� Radical en el sentido de ampliar el plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 30 del presente mes. Hemos conversado con ese Comit� y convenimos que aquel se reduzca al pr�ximo martes 17, a las 14. De esa manera, lo podr�amos despachar la pr�xima semana. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Entonces, el plazo de indicaciones ser�a el 17 de julio, a las 12. El se�or GAZMURI.- No, se�or Presidente, solicitamos que sea a las 14. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Se�or Senador, como ese d�a la sesi�n ordinaria comienza a las 16, ser�a conveniente fijarlo a las 12 para que la Secretar�a tenga tiempo de ordenar las indicaciones que se presenten. El se�or GAZMURI.- Conforme. El Comit� Radical tambi�n est� de acuerdo. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, as� se proceder�. --Se fija como nuevo plazo para formular indicaciones el martes 17 de julio, a las 12. )----------( El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Mu�oz Barra. El se�or MU�OZ BARRA.- Se�or Presidente, como Presidente de la Comisi�n de Relaciones Exteriores, me corresponde informar el Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la Rep�blica de Chile y la Organizaci�n de las Naciones Unidas. El presente proyecto de acuerdo cumple su segundo tr�mite constitucional y tuvo su origen en un mensaje del Presidente de la Rep�blica de ese entonces. Mediante este Convenio, el Estado de Chile se compromete a efectuar un pago ex gratia �nico y definitivo, por concepto de reparaci�n, de una cifra total de un mill�n 500 mil d�lares norteamericanos, en beneficio de los familiares de don Carmelo Soria Espinoza, funcionario de la Organizaci�n de las Naciones Unidas muerto en Chile en 1976. En definitiva, nuestro Estado se obliga con la Organizaci�n de las Naciones Unidas a dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, mediante el pago de una cantidad de dinero, �nica y definitiva, a los familiares directos del se�or Soria, los que, por su parte, estiman aceptable el acuerdo, como lo declara y asegura, en el marco de �l, el propio Estado chileno. Se�ala el mensaje que la investigaci�n del homicidio de don Carmelo Soria Espinoza fue reactivada como consecuencia de la informaci�n acumulada en el informe de la Comisi�n Nacional de Verdad y Reconciliaci�n. El mensaje hace luego un resumen de la tramitaci�n que, tanto en la justicia ordinaria como en la militar, sigui� el proceso en Chile, hasta que esta �ltima dict� sobreseimiento definitivo en aplicaci�n de la Ley de Amnist�a, resoluci�n de la que se recurri� ante la Corte de Apelaciones. Paralelamente, el Gobierno solicit� la designaci�n de un integrante de la Corte Suprema para que conociera la causa en calidad de Ministro Unipersonal, por tratarse de un "delito de jurisdicci�n de tribunales chilenos que puedan afectar las relaciones internacionales de la Rep�blica con otro Estado". Ese magistrado, luego de investigar el caso, aplic� nuevamente la Ley de Amnist�a, despu�s de establecer que el homicidio del se�or Soria fue ejecutado por la Brigada Mulch�n, de la DINA, sin determinar responsabilidades individuales. Apelada esta resoluci�n, la Primera Sala del M�ximo Tribunal decidi� reabrir la investigaci�n, encargando la realizaci�n de diligencias espec�ficas. El nuevo Ministro instructor sobresey� definitivamente la causa aplicando la Ley de Amnist�a. Finalmente, en 1996, la Segunda Sala de la Corte Suprema rechaz� el recurso de apelaci�n deducido por los querellantes y confirm� la sentencia del Ministro instructor, en orden a aplicar la amnist�a, procediendo al archivo del caso. La sentencia declar� tambi�n que no era aplicable sobre el particular la Convenci�n sobre Prevenci�n y Castigo de los Delitos Cometidos contra Personas Internacionalmente Protegidas, pues, en concepto de la Corte Suprema, el se�or Soria no hab�a sido "agente de una organizaci�n intergubernamental", dado que esta calidad la ostentar�an en la CEPAL s�lo los jefes y dem�s funcionarios internacionales superiores de planta, la que no se habr�a acreditado respecto de don Carmelo Soria. Posteriormente, la familia de don Carmelo Soria present� una queja contra el Estado de Chile ante la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluy� que �ste hab�a violado los derechos consagrados en los art�culo 8 y 25, en concordancia con los art�culos 1 y 2 de la Convenci�n, y efectu� diversas recomendaciones al Estado chileno, entre ellas, la de indemnizar a la familia de la v�ctima. El 24 de mayo del 2000 la familia Soria present� una demanda civil contra el Fisco por concepto de da�o moral, estimado en la suma total de 2 mil 300 millones de pesos. Durante el estudio de este proyecto de acuerdo, la mayor�a de la Comisi�n dio a conocer diversas aprensiones sobre �l. En primer lugar, destac� la manifiesta diferencia respecto de los montos con que han sido indemnizadas otras familias afectadas por violaciones de los derechos humanos y que no ten�an posibilidades de obtener otro tipo de compensaciones. En segundo t�rmino, cuestion� la conveniencia de que esta materia sea resuelta por la v�a del Tratado, sin esperar la resoluci�n de los tribunales civiles, toda vez que, al momento de discutirse el proyecto de acuerdo en la Comisi�n, se encontraba pendiente el litigio de indemnizaci�n de perjuicios. Asimismo, objet� la facultad del Estado para acordar directamente una indemnizaci�n, aun cuando sea ex gratia, con una persona o familia determinada sin que en forma previa haya habido sentencia judicial adversa o una transacci�n, existiendo una demanda pendiente. Se tuvo en cuenta que el �nico precedente en nuestro pa�s es el caso Letelier, que presenta marcadas diferencias por cuanto los hechos sucedieron en el extranjero. Y por ello fue necesario un arreglo internacional. En tercer lugar, la mayor�a de la Comisi�n estim� que el fallo emitido por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos no es vinculante para Chile, ya que se trata de meras recomendaciones que ella hace a nuestro pa�s para efectos de terminar con el litigio establecido por la familia de don Carmelo Soria en contra del Gobierno de Chile. Adem�s, dichas recomendaciones pasan por encima del fallo de los tribunales chilenos sobre el caso en cuesti�n. En cuanto a los votos de minor�a, el ex Senador se�or Vald�s manifest� que la calidad de alto funcionario internacional que ostentaba el se�or Soria ameritaba un tratamiento diferente. Explic� que conoc�a la defensa que hace las Naciones Unidas de su personal, raz�n por la cual se justificaba esta indemnizaci�n mediante un tratado. Por su parte, el Senador que habla expres� en esa oportunidad que se absten�a, reserv�ndose su decisi�n final para la Sala. Puesto en votaci�n, el proyecto de acuerdo fue rechazado en general y en particular por tres votos en contra, uno a favor y una abstenci�n. Es cuanto puedo informar en mi calidad de Presidente de la Comisi�n de Relaciones Exteriores del Honorable Senado. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- A petici�n del se�or Ministro de Relaciones Exteriores, solicito autorizaci�n del Senado para que ingrese a la Sala el Director Jur�dico de esa Secretar�a de Estado, se�or Claudio Troncoso Repetto. --Se accede. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Alvear. La se�ora ALVEAR.- Se�or Presidente, desde ya, quiero manifestar mi voto favorable a esta iniciativa, en raz�n de siete consideraciones que creo importante tener presentes. Primero, en el caso de Carmelo Soria se aplic� la Ley de Amnist�a no obstante tratarse de un hecho muy delicado, por cuanto muri�, producto de la violaci�n de sus derechos humanos, a manos de agentes de la Direcci�n de Inteligencia Nacional (DINA), quienes posteriormente intentaron que su muerte apareciera como un suceso accidental, arrojando su veh�culo y su cad�ver al canal El Carmen. Todos sabemos que el d�a de hoy la Corte Suprema no est� aplicando la amnist�a. Lo segundo que deseo mencionar, se�or Presidente, es que el M�ximo Tribunal ignor� en su fallo la calidad de funcionario internacional de don Carmelo Soria, por lo cual no aplic� la Convenci�n de Naciones Unidas sobre la Prevenci�n y Castigo de Delitos Contra Personas Internacionalmente Protegidas. Don Carmelo Soria, adem�s de ser un funcionario internacional de nacionalidad espa�ola, trabajaba en ese entonces en la CEPAL. Y tambi�n fue reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile como funcionario internacional. En tercer lugar, deseo manifestar que, en el �mbito del Derecho Internacional, los da�os que puedan producirse a un funcionario internacional siempre acarrean como efecto un acuerdo entre los Estados, a fin de superar, a trav�s de una indemnizaci�n, el perjuicio sufrido por aqu�l. Esta constituye una pr�ctica recurrente y siempre ha sido manejada as�. Como cuarto punto, cabe se�alar que la familia Soria, dado que nuestros tribunales amnistiaron el caso, recurri� a la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos. A este respecto, debo decir con mucha claridad que este organismo recomend� al Estado de Chile, primero, que derogara la Ley de Amnist�a; segundo, que se indemnizara a la familia, y tercero, que se repararan los da�os causados. Como aqu� se ha se�alado, efectivamente, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos formul� a los Estados sugerencias para intentar llegar a un acuerdo. Y eso fue lo que el Estado de Chile quiso hacer: alcanzar un acuerdo con la familia Soria porque, adem�s de violarse en forma horrorosa los derechos humanos, se estaba frente a una situaci�n que involucraba a un funcionario internacional. En quinto lugar, es preciso hacer notar que aqu� estamos en presencia de una situaci�n extraordinariamente delicada respecto de la cual quiero llamar la atenci�n del Senado. Se trata de un funcionario internacional y de un hecho relacionado con el Estado chileno que, de no llegarse a un acuerdo en esta Corporaci�n y aprobarse el Tratado, afecta sus relaciones internacionales. Repito: �afecta sus relaciones internacionales! Y todos sabemos lo importante que es para Chile, dada su inserci�n a nivel mundial en los �mbitos pol�tico, econ�mico, comercial y de cooperaci�n, la relevancia que reviste el ser un pa�s respetado internacionalmente. Se�or Presidente, s�lo en dos casos se ha acordado un Tratado de este tipo, porque era posible que se afectaran las relaciones internacionales. El primero fue el de Orlando Letelier, respecto del cual se firm� un instrumento de esa naturaleza dado que Estados Unidos se�al� que pod�an verse perjudicadas las relaciones entre ambos pa�ses. En el caso que nos ocupa, se afectar�an las relaciones entre Chile y las Naciones Unidas, organismo muy importante en el �mbito internacional y en el que nuestro pa�s participa en forma bastante activa. Insisto: s�lo esos dos casos han sido materia de un Tratado, por afectar las relaciones internacionales de Chile. En sexto t�rmino, deseo manifestar que, si no se aprueba este proyecto de acuerdo, la familia de Carmelo Soria, seguramente, va a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fallo s� es vinculante. Y si ya tenemos un adelanto de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos en orden a que nos exige no aplicar la amnist�a, pagar una indemnizaci�n y reparar el da�o causado por el Estado de Chile, es muy probable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos termine fallando en contra de este. Y no sabemos por qu� monto se establecer�a la indemnizaci�n. Seguramente ser�a uno mucho mayor, afectando al Estado de Chile y a su capacidad de dar cumplimiento a un convenio acordado entre el Gobierno chileno y la familia Soria. Insisto, se trata de un funcionario internacional. Ante una no respuesta del Estado chileno -me parece responsable se�alarlo- tambi�n puede recurrirse a la jurisdicci�n internacional, que, dicho sea de paso, est� operando en otros casos. Y resulta perfectamente posible que tal jurisdicci�n termine condenando a los responsables (autores, c�mplices y encubridores) de este brutal asesinato de un funcionario internacional, con los efectos que esto tendr�a para estas personas y con las complejidades que acarrear�a para nuestro pa�s. Por �ltimo, me quiero referir a la que quiz�s sea la argumentaci�n fundamental. Sin duda aqu� se dir� que hay muchas v�ctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile y que lamentablemente han recibido indemnizaciones bastante m�s bajas que las que merecer�an, si es que de alg�n modo se pudiera reparar con indemnizaci�n el da�o que significan la tortura o la muerte de un familiar, de un ser querido. La diferencia en este caso es que nos encontramos frente a un funcionario internacional, en contra del cual se cometi� este crimen. Por ende, se aplican normas distintas. Y ser�a deplorable, siendo Chile un pa�s inserto en el mundo, que se ha ganado el respeto internacional, que el Congreso Nacional no respetara, como lo ameritan, las normas internacionales, al no indemnizar a trav�s de esta v�a a la familia Soria. Por lo expuesto, espero, aspiro, y -quiz� puedo decirlo con fundamento- ruego al Senado que apruebe este Tratado. He dicho. El se�or V�SQUEZ.- �Me permite, se�or Presidente?. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or V�SQUEZ.- Se�or Presidente, como Comit� del Partido Radical Social Dem�crata solicito segunda discusi�n respecto de esta materia. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Muy bien. En la primera discusi�n, tiene la palabra el Senador se�or Navarro. El se�or NAVARRO.- Se�or Presidente, el Gobierno envi� este proyecto el 23 de julio de 2004. Y lo aprobamos junto a otros entonces Diputados que hoy integramos el Senado. Sin embargo, era claro que se trataba de una iniciativa pol�mica. Fue aprobada en la C�mara Baja por 46 votos a favor, 38 en contra y 2 abstenciones. Recuerdo perfectamente el debate. Y siento que ha transcurrido un tiempo m�s que suficiente como para que lo que agit� esa �lgida discusi�n se hubiera aminorado. Porque, en materia de derechos humanos, realizar un debate ideol�gico y de principios cuando se trata de reparar a las v�ctimas no parece ser el escenario m�s adecuado. Existen muchos otros en donde podemos discutir respecto de nuestras diferencias acerca de los derechos humanos, del rol de la dictadura militar, o del Gobierno militar, como quieran llamarlo. Pero hacerlo en el contexto de un proyecto indemnizatorio para la familia de un ciudadano extranjero asesinado por la dictadura lo considero impropio, ego�sta. A ratos parece olvidarse que esto ocurri� el 15 de julio de 1976, no de 1973. No sucedi� en los d�as posteriores al golpe de Estado, en donde efectivamente reinaba la inseguridad en las calles de Chile y no se pod�a distinguir entre quienes -dec�a el Gobierno militar- quer�an derrocar el Estado mediante un alzamiento armado y las fuerzas militares. Carmelo Soria Espinoza desapareci� el 15 de julio de 1976, en Santiago. Fue encontrado muerto al d�a siguiente, en un canal aleda�o a la ciudad. La autopsia efectuada en el Instituto M�dico Legal -en esto no hay duda- concluy� que la causa de la muerte fue un traumatismo c�rvico tor�xico y craneano encef�lico. La familia present�, en agosto de 1976, en pleno r�gimen militar, en plena dictadura, una querella por homicidio ante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago. La Corte de Apelaciones sobresey� temporalmente el caso en septiembre de 1979, por no haber encontrado antecedentes suficientes como para responsabilizar a alguien del delito. Aqu� tambi�n est� en juego la credibilidad respecto de c�mo actu� la Corte en su momento. Porque, si hoy hay quienes rechazan esta indemnizaci�n, me gustar�a que de igual modo se pronunciaran acerca de si esos tribunales de justicia, que negaron justicia, no s�lo a los familiares de Carmelo Soria, sino a miles de chilenos, merecen un juicio, de criterio, de verdad. Transcurrieron doce a�os para que la Comisi�n Nacional de Verdad y Reconciliaci�n, en el Informe Rettig -sobre �l no ha habido ning�n cuestionamiento, y tengo entendido que la bancada de Oposici�n tampoco lo ha hecho, por lo que dan cr�dito y asumen lo concluido en �l-, estableciera que "el d�a 15 de julio de 1976 fue detenido por agentes de la Direcci�n de Inteligencia Nacional (DINA), despu�s de salir de su Oficina con destino a su hogar. Al d�a siguiente su cad�ver fue encontrado junto al autom�vil que viajaba, en el Canal el Carmen en Santiago, siendo su muerte producto de la acci�n de agentes de la DINA, quienes desbarrancaron el autom�vil para hacer aparecer la muerte como accidental", como conducci�n en estado et�lico, ambas cosas absolutamente falsas. Todos los elementos aportados parecieron ser insuficientes. La Corte Suprema dirimi� la competencia a favor del tribunal militar, que sobresey� el proceso el 6 de diciembre de 1993 aplicando el Decreto Ley de Amnist�a de 1978. O sea, no se pronunci� sobre el fondo. �Pero el fondo constituye una verdad hist�rica irrebatible! �Es una verdad dolorosa que todav�a carga sobre los hombros de una familia cuyo padre fue asesinado en dictadura y que hoy d�a reclama indemnizaci�n! En 1993 la Corte Suprema accedi� a la solicitud de reapertura del caso. El se�or Marcos Libedinsky lo cerr� el 30 de diciembre de ese a�o, aplicando de nuevo el Decreto Ley de Amnist�a. No obstante, pudo establecer fehacientemente, ya en democracia -estoy hablando de 1993-, no en dictadura, que Carmelo Soria fue detenido "por un grupo de militares adscritos a la Direcci�n de Inteligencia Nacional (DINA) que integraban la Brigada Mulch�n" y que fue interrogado, torturado por sus aprehensores porque se "encontraban investigando con anterioridad a estos sucesos presuntas actividades de �ndole pol�tica" desarrolladas por el se�or Soria. Asimismo, el fallo se�ala que los autores intentaron ocultar el delito "simulando un desbarrancamiento del autom�vil Volkswagen, ocasionando tambi�n un fingido estado de embriaguez de su conductor". El Ministerio de Relaciones Exteriores nos ha informado que la Corte Suprema orden� reabrir el proceso, designando para tal efecto al se�or Eleodoro Ortiz. En mayo de 1995, el M�ximo Tribunal someti� a proceso a un coronel de Ej�rcito y a un sargento, ambos en retiro a esa fecha, por su participaci�n en el homicidio. Ya en 1996, el Ministro instructor decret� el sobreseimiento total y definitivo del proceso judicial en virtud del Decreto Ley de Amnist�a. El Director Jur�dico de la Canciller�a explic� que, habi�ndose agotado todos los recursos en los tribunales chilenos, en forma leg�tima present� su queja ante la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, �rgano consagrado tanto en el Pacto de San Jos� de Costa Rica como en la Carta de la Organizaci�n de los Estados Americanos, y tambi�n reconocido por la Constituci�n Pol�tica de Chile; o sea, es ley de la Rep�blica y, por tanto, de jurisdicci�n nacional. La CIDH concluye que el Estado de Chile viol� los derechos establecidos en los art�culos 8 y 25 de la Convenci�n. Y, en definitiva, se genera una litis, pendiente, que -como dijo la Senadora se�ora Alvear- resulta en extremo preocupante para la imagen internacional de nuestro pa�s. Yo apelo a quienes dicen que quieren dejar atr�s el pasado. Soy de los capaces de perdonar, pero no de olvidar. Porque si se olvida se vuelve a cometer los mismos errores. S� de muchas familias que han perdido a sus seres queridos y est�n dispuestas a perdonar, mas no a olvidar. Y creo que la familia Soria es una de ellas, al igual que miles de chilenos que, despu�s de m�s de 25 a 30 a�os, cargan sobre sus hombros la tragedia de no encontrar a�n a sus parientes detenidos desaparecidos. La familia de Carmelo Soria accedi� a llegar a un avenimiento con el Estado de Chile, plasmado en un Acuerdo de Cumplimiento que en su base contiene elementos importantes. Ella pone t�rmino a la gesti�n que realiza ante la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos; acepta las medidas de reparaci�n simb�lica que ofrece el Estado de Chile, y se desistir� de la demanda civil presentada ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago. El Estado de Chile se compromete al pago de una suma �nica, por una sola vez, de un mill�n quinientos mil d�lares. Nuestro Gobierno reitera que don Carmelo Soria ten�a la calidad de funcionario internacional de las Naciones Unidas, asignado a la Comisi�n Econ�mica para Am�rica Latina (CEPAL). Se�or Presidente, debo puntualizar que el Director Jur�dico de la Canciller�a hizo presente que el Parlamento aprob� un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos para otorgar un pago ex gratia a los familiares del ex Ministro de Relaciones Exteriores Orlando Letelier, uno de cuyos hijos forma parte hoy del Senado. Se trata de un ex Canciller de la Rep�blica asesinado por la mano de Manuel Contreras en Washington. Existen otros casos internacionales. Chile no es una isla en estas materias. Ecuador y Venezuela han llevado a cabo en los �ltimos a�os procesos de indemnizaci�n en acuerdos con la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Caracazo versus Venezuela se pagaron un mill�n y medio de d�lares como indemnizaci�n del da�o material y m�s de tres millones como compensaci�n del da�o inmaterial. Hay variados ejemplos de soluciones amistosas. El a�o pasado hubo dos, en Guatemala y Per�. Tambi�n cabe citar casos anteriores de M�xico, Ecuador, Brasil, Argentina. Es decir, se trata de un mecanismo ampliamente utilizado por la comunidad internacional. �Qu� logramos con votar a favor el proyecto en debate, se�or Presidente? En el hecho, hay un intento de reparaci�n. Porque la vida no se compra con nada. Existe reparaci�n moral. Se dan por terminados los procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos; se da por concluido el proceso judicial indemnizatorio; se entrega una soluci�n efectiva a un caso planteado por el Gobierno de Espa�a, que ha insistido de manera determinante y permanente ante las Naciones Unidas y el Gobierno de Chile. Algunos parlamentarios de Oposici�n han planteado leg�timamente sus observaciones, las cuales se hallan recogidas en el informe. El Senador Coloma se�ala que el Estado chileno solo puede pagar indemnizaciones cuando es condenado por sentencia adversa o ejecutoriada. Adem�s, manifiesta que aprobar la iniciativa ser�a injusto, pues en otros casos se han pagado cifras menores, por lo cual algunas personas podr�an sentirse lesionadas. Otros Senadores -por ejemplo, el Honorable se�or Larra�n- plantean lo mismo: que se han otorgado indemnizaciones mucho menores. Se critica que el fallo de la Corte Suprema haya sido cuestionado por un organismo internacional o por la propia familia de Carmelo Soria. En definitiva, se argumenta que el Acuerdo, m�s que lograr la pacificaci�n tan anhelada por todos, reeditar�a rencillas y disminuir�a la posibilidad de reencuentro entre los chilenos. En verdad, no s� si el problema radica en el monto del dinero o en el reconocimiento de que se cometi� un crimen que hasta la fecha busca reparaci�n. Pero, en mi concepto, los argumentos expuestos merecen un debate profundo. Cada Senador es libre de votar en conciencia, particularmente en esta materia. Y, sin duda, vamos a respetar el pronunciamiento que se emita. Sin embargo, estimo que manifestarse en contrario no parece deseable ni apropiado para la rep�blica, para la democracia, democracia que considero a�n imperfecta, que todav�a no logra resolver en su totalidad los problemas de derechos humanos. He asumido, s�, que eso se construye paso a paso, ladrillo a ladrillo. Y constituir�a un enorme retroceso pol�tico, para la democracia, para el reencuentro, que hubiera una votaci�n negativa. Porque, en �ltimo t�rmino -como dijo la Senadora Alvear-, ello motivar�a que se gatillaran otros procesos judiciales internacionales y que Chile, de manera absolutamente injusta, habiendo transcurrido ya casi 20 a�os del retorno a la democracia, siguiera dando explicaciones al mundo acerca de por qu� es incapaz de, por ejemplo, reparar el da�o producido a la familia de un funcionario extranjero asesinado en nuestro pa�s. Esa es una cuenta que nos pasan siempre que viajamos. Porque no solo se alaban la situaci�n econ�mica y el desarrollo de nuestro pa�s. Tambi�n se nos pregunta, paralelamente, por qu� no buscamos la soluci�n, cuando podemos, en el �mbito de los derechos humanos. Y hoy d�a, ante la situaci�n vinculada a Carmelo Soria, es cuando podemos. Hay casos mucho m�s complejos, mucho m�s dif�ciles. En este s� podemos. Depende del Senado dar paso a una indemnizaci�n que ya aprob� la C�mara de Diputados, manteniendo el leg�timo derecho a la disidencia, a la cr�tica. El resto significa prorrogar el debate al infinito. Porque hay algo muy claro: la familia de Carmelo Soria no va a cejar, en Chile y en el resto del mundo, de pedir justicia, de pedir reparaci�n. Y, en ese camino, muchos la acompa�aremos. Por lo tanto, se�or Presidente, si se va a votar -no s� todav�a si hay segunda discusi�n-, sin duda la bancada del Partido Socialista se pronunciar� a favor. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, la materia que nos ocupa tiene un sentido humano muy explicable y muy complejo, porque se trata de ver c�mo se puede hacer justicia o determinar una reparaci�n ante la violaci�n de un derecho humano materializada en el asesinato de una persona en 1976, durante el Gobierno militar. Esa situaci�n es en extremo delicada y merece, en primer lugar, nuestro repudio, porque hechos de tal naturaleza deben ser condenados siempre, cualquiera que sea el momento en que hayan ocurrido -durante el Gobierno militar, antes o despu�s-, ya que la vida humana no tiene que ver con temporalidades. Creo que, por lo tanto, resulta perfectamente justo que la familia del se�or Soria, sus amigos o quienes lo conocieron quieran una reparaci�n, reclamen justicia. Ahora, entiendo que el principal problema no es econ�mico, sino humano: sentir que se hace justicia, que se reconoce la brutalidad del hecho registrado y que, por consiguiente, se requiere una reparaci�n moral. Sin embargo, enfrentado a una decisi�n de esta �ndole, me pregunto si el camino que se est� siguiendo es el m�s adecuado. Se�or Presidente, cada vez que se han planteado iniciativas de ley tendientes a establecer caminos de reparaci�n en el caso de v�ctimas de atropellos a los derechos humanos, o de compensaciones de cualquier naturaleza, o de reconciliaci�n, siempre he estado por apoyarlas, todas. Y me parece que esa ha sido, por lo dem�s, la forma como hemos actuado habitualmente en estas bancadas, reconociendo, por ende, ambas cosas: la brutalidad del hecho y la necesidad de la reparaci�n. Pienso que ese es el sendero que deber�amos seguir como regla general. No obstante, aqu� se plantea una situaci�n no menor: se est� haciendo una ruta especial, individual, para una de las v�ctimas. De haber sido la �nica, uno podr�a entender que esa es la soluci�n. Pero, lamentablemente, existieron muchas m�s, a las que no se les da el mismo trato. Por consiguiente, el Acuerdo respectivo plantea un problema de precedentes. Porque si resolvemos algunas situaciones por esta v�a, ciertamente quienes no poseen la connotaci�n de ser funcionario internacional o de tener origen extranjero van a preguntar, con justa raz�n, por qu� para v�ctimas con esas caracter�sticas hay un trato especial, distinto del otorgado a otras que no tienen en com�n con ellas m�s que el hecho material de la violaci�n de un derecho humano, del atentado contra su vida. Me parece que el principio de igualdad o de no discriminaci�n entre las personas no puede ser soslayado por nosotros. Algunos podr�an decir que en otros casos se ha recibido el mismo trato. Por ejemplo, en el del asesinato lamentable de Orlando Letelier, padre de un integrante de este Senado, que se resolvi� a trav�s de un tratado. Sin embargo, hay una diferencia sustancial: el crimen de ese ex Canciller se cometi� fuera de Chile. Creo que eso abre espacio para otorgar un trato distinto, pues se halla involucrado otro Estado y median condiciones internacionales que ameritan aquello. Por lo tanto, ese caso en s� mismo no sienta precedentes como para justificar el mecanismo que ahora nos ocupa. Nos encontramos, entonces, frente a un primer problema, donde debemos proceder con m�xima cautela, porque no podemos hacer diferenciaciones entre las v�ctimas de atentados a los derechos humanos. Todas merecen el mismo trato, la misma justicia y la misma reparaci�n. Pero el camino que se est� siguiendo es distinto al de la generalidad. Y eso, a mi juicio, puede dar una imagen de injusticia o de diferenciaci�n, o sentar un mal precedente. Y existe otro antecedente importante. Si bien, como se record�, hubo un fallo de la Corte Suprema que no acogi� determinado reclamo, ello se refiere a los aspectos penales. Ahora, la propia familia de don Carmelo Soria present�, el 24 de mayo de 2000, una demanda civil indemnizatoria contra el Fisco, la que a�n no ha sido fallada. En consecuencia, el que en medio de ese proceso intervini�ramos a trav�s del Acuerdo en an�lisis podr�a complicar la gran cantidad de juicios entablados en la misma direcci�n, alterando procedimientos que obedecen a situaciones diferentes. Cr�anme, Honorables colegas, que considero especialmente ingrato el asunto. Porque entiendo la necesidad de hacer justicia, como tambi�n los fundamentos que pueda tener la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, que mira el problema desde una perspectiva distinta. Sin embargo, estamos frente a una situaci�n objetiva. Si como legisladores queremos buscar un camino de compensaci�n, de justicia, de reparaci�n, no podemos hacer diferenciaciones respecto de un caso y otro, pues todos tienen la misma caracter�stica de ser violaciones brutales a los derechos humanos, las cuales merecen nuestro repudio y rechazo. Por lo mismo, el camino de soluci�n debe ser igual para todos. Y eso es lo que me hace dudar de la conveniencia de apoyar la v�a propuesta, porque genera una situaci�n distinta. Reitero mi mayor comprensi�n frente al problema. Y repito lo que he planteado en m�s de una oportunidad: mi repudio a lo ocurrido, respecto de lo cual todos tenemos, en diferente grado, alguna responsabilidad. Convengo en que esas cosas no se pueden olvidar, sin perjuicio de que debemos trabajar para que la paz y la reconciliaci�n sean una realidad y nos permitan convivir y mirar hacia el futuro como un solo pa�s, sin dejar de recordar jam�s los hechos registrados, a fin de evitar su repetici�n. Pero muy diferente es generar soluciones dis�miles para quienes sufrieron el mismo drama. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Coloma. El se�or COLOMA.- Se�or Presidente, suscribo plenamente lo planteado por el Senador se�or Larra�n y el enfoque que Su Se�or�a dio al asunto. As� que sus argumentos me ahorran mayores comentarios. Solo quiero puntualizar que la Comisi�n de Relaciones Exteriores -en la cual me toc� participar-, a trav�s de un informe mayoritario, transversal, plante� su rechazo al proyecto de acuerdo que nos ocupa. En la vida parlamentaria hay decisiones f�ciles y otras que no lo son. Nadie puede se�alar que la materia en debate es f�cil: es compleja, angustiante. Por tanto, ante ella uno debe actuar con cuidado. Ahora, es factible equivocarse. Yo no pretendo transformarme en sensor moral. Tampoco creo tener m�s conocimientos que otros. Pero pienso que en casos como este uno debe proceder seg�n sus convicciones, conforme a lo que desde la perspectiva de la l�gica legal estima razonable. La resoluci�n mayoritaria de la Comisi�n fue muy debatida, muy pensada. Por eso, la iniciativa ha tenido un tr�mite complejo, farragoso, nada de simple. Y lo importante es entender la argumentaci�n. Aqu� no existe una divisi�n entre bueno y malo, sensible o insensible, sino una l�gica en cuanto a c�mo se aplican a un caso espec�fico las normas de nuestro ordenamiento jur�dico. En su momento se�alamos cuatro concepciones. Pueden ser discutibles, pero tienen validez. Primero, cu�l es la norma o facultad general de que disponen los Gobiernos para acordar directamente indemnizaciones de cualquier naturaleza. Claramente, la l�gica apunta a las indemnizaciones en caso de sentencia judicial adversa o ante situaciones extremadamente excepcionales, cuando el Consejo de Defensa del Estado llega a una transacci�n existiendo demanda pendiente. Ese es un primer principio, que se halla contemplado en el ordenamiento jur�dico nacional. Ahora, desde mi perspectiva, las recomendaciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos no se ajustan a ninguna de las reglas generales que debemos tener en consideraci�n para tomar una resoluci�n excepcional como la que se plantea. Est� en seguida el principio de igualdad ante la ley. Ha sido expuesto. Y, en alg�n momento, uno tambi�n debe hacerse cargo de los problemas del pa�s en su integridad y no en forma individual. Desde una perspectiva lo m�s objetiva posible, uno entiende que haya aqu� una norma que es desigual con algunos. Y, en tal sentido, validar un camino diferente en funci�n de realidades que son asimilables, todas igualmente dram�ticas, no parece ser lo apropiado para resolver los conflictos. En tercer lugar, quiero representar lo manifestado tantas veces, equivocadamente, sobre la forma como, de no aprobarse el proyecto de acuerdo, ser�an afectadas las relaciones internacionales. Al respecto, pido a Sus Se�or�as un poquito de serenidad para analizar los efectos. Porque si el se�or Ministro o una se�ora Senadora nos plantea que casi no tenemos opci�n desde el punto de vista pa�s, el proyecto no ser�a susceptible de votaci�n, sino que se tratar�a de una imposici�n. Aqu� tenemos un fallo emitido por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos que no es vinculante para Chile. Eso es superclaro. Pero algunos han tendido a confundir lo que son la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con todo lo que ello supone. Y esta cuesti�n fue debatida intensamente en la Comisi�n de Relaciones Exteriores. Por �ltimo -ya lo plante� el Honorable se�or Larra�n-, se consider� muy relevante el juicio pendiente ante un juzgado civil chileno. Porque es un hecho de la causa que existe un juicio no resuelto. Entonces, si por la v�a de una recomendaci�n no vinculante de un �rgano internacional se altera nuestro Estado de Derecho, ello implica en definitiva modificar las normas generales que regulan la materia en an�lisis. Por lo tanto, se�or Presidente, aqu� hay un debate conceptual acerca de los principios que deber�an aplicarse a casos en que medi� una brutalidad que nadie pone en duda. Lo importante es determinar c�mo encuadrar aquello dentro del ordenamiento jur�dico nacional y de qu� manera, con la falibilidad humana, se aplican las reglas generales en materia de indemnizaci�n, los principios de igualdad ante la ley y los fallos de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, tema este �ltimo que es de m�s larga discusi�n. Cuando se aprueba la creaci�n de ese tipo de organismos, siempre se dice que sus decisiones no ser�n vinculantes, pero luego se trata de dar a sus fallos una suerte de vinculabilidad, cuesti�n que resulta absurda. Por �ltimo, las circunstancias de que sobre la misma materia se encuentre pendiente un proceso civil y haya resoluciones judiciales del �mbito penal, por justas o injustas que resulten -el Estado de Derecho debe respetar la acci�n judicial-, llevaron a una mayor�a transversal de la Comisi�n de Relaciones Exteriores a plantear el rechazo del proyecto de acuerdo sometido a su consideraci�n. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gazmuri. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, en primer lugar, celebro y saludo la claridad con que el Senador se�or Larra�n ha repudiado los hechos que sirven de base a esta discusi�n. Y lo digo porque ello significa que, respecto de algunas cuestiones sustantivas, felizmente estamos avanzando en el pa�s. El debate, hace siete a�os... El se�or NOVOA.- No es la primera vez. El se�or GAZMURI.- Lo s�, pero el caso que nos ocupa es bien particular. Y, adem�s, la declaraci�n fue hecha sin ning�n elemento que aminore la afirmaci�n. Realmente, lo alabo. Sin embargo, desde los puntos de vista jur�dico, pol�tico y �tico, creo que el Senado cometer�a un profundo error al rechazar el proyecto de acuerdo que propone el Ejecutivo. Toda la argumentaci�n que se da -y la reiter� el Honorable se�or Coloma- se refiere a que estar�amos generando, de manera un tanto artificial, un elemento de excepcionalidad. Y de eso se trata, precisamente. Existen circunstancias excepcionales en el crimen brutal de Carmelo Soria, que no significan que sea m�s grave. De los miles de violaciones a los derechos humanos, todos presentan la misma relevancia. Y las v�ctimas revisten la misma calidad. En tal sentido, no hay distinciones. Pero median aspectos particulares desde la perspectiva de la situaci�n singular que estamos analizando: se hace referencia a un extranjero amparado por una inmunidad diplom�tica internacional y que pertenec�a a un organismo de las Naciones Unidas. Ello determina un caso excepcional, por lo que el tratamiento excepcional es lo que corresponde, desde el punto de vista jur�dico. Ese elemento es b�sico. En verdad, el otro razonamiento resulta muy d�bil, porque significa no hacer distinciones. Evidentemente, todo crimen es igual y toda v�ctima tambi�n, en su condici�n de tal y de ser humano, pero aqu� estamos ocup�ndonos en dos cosas: primero, el repudio universal que deben producirnos todos los cr�menes -incluido, por cierto, el de Carmelo Soria-, y segundo, c�mo resolvemos, como Estado -a ello estamos convocados-, una situaci�n que, adem�s, posee una dimensi�n singular. Nadie puede decir que la indemnizaci�n sea arbitraria o injusta. A lo m�s, se podr�a se�alar que es distinta a otras respecto de las cuales, desgraciadamente, no ha sido posible entrar al monto. De otro lado, si rechazamos el proyecto de acuerdo, le haremos un grave da�o al pa�s, pues, por muchas razones particulares que existan, debemos prever que la familia podr�a extremar su empe�o para encontrar la justicia y la verdad no obtenidas en Chile. Y, como �rgano del Estado, tenemos que hacernos cargo de ello. Seguramente, las cosas habr�an ocurrido hoy de manera distinta. Pero, por las circunstancias de nuestra larga transici�n, tuvimos una Corte Suprema que, a mi juicio, fallando no en Derecho, aplic� de manera impropia la amnist�a, lo que en la actualidad ya no sucede. Con la votaci�n del Senado, estar�amos avalando, en consecuencia, conductas del Estado tremendamente criticables. Una vez m�s estar�amos exponiendo al pa�s a un debate al cual no deber�a abocarse. Que no se confunda el Senador se�or Coloma. Los que hemos participado en la discusi�n entendemos que las recomendaciones de la Comisi�n no son vinculantes, aunque tienen claramente un cierto impacto; pero el fallo de la Corte Interamericana s� lo es. Y este caso va a llegar a ese organismo, que lo m�s probable es que se pronuncie en contra de Chile. Ello es casi evidente, por su propia jurisprudencia, por el estado de conciencia en Am�rica Latina sobre materias de derechos humanos, por nuestros propios compromisos y por las sentencias de la propia Corte Suprema acerca de cuestiones similares, no en 1994, sino hoy. Me imagino que se pidi� segunda discusi�n porque alguien calcul� que no cont�bamos con los votos suficientes para aprobar este asunto ahora. Ello me parece bien. Y ser�a m�s f�cil hacer constar que cada uno debe asumir su responsabilidad. Pero quiero invitar a la Oposici�n a que realice una nueva reflexi�n en la semana que nos queda. Creo que si se rechaza la proposici�n del Gobierno se va a inferir un grave da�o al compromiso internacional de Chile con los derechos humanos, a la imagen de un pa�s que fue profundamente torturado pero donde hoy d�a, felizmente, se puede lograr un cierto acuerdo interno para condenar en forma un�nime las brutalidades ocurridas. Todo eso lo vamos a oscurecer con los argumentos -que respeto- de los Senadores se�ores Larra�n y Coloma, que considero extraordinaria y puramente formales. Desde el punto de vista de una cierta l�gica, son impecables; sin embargo, aqu� no estamos discutiendo sobre escol�stica, sino acerca de elementos de justicia; de la validez de los derechos humanos en el mundo contempor�neo; de la imagen, en el mejor sentido del t�rmino, que desea proyectar Chile a Am�rica Latina y al mundo respecto de su fidelidad a principios universales que todos decimos aceptar. Por tanto, reitero mi invitaci�n a los Senadores de Oposici�n para que efect�en otra reflexi�n antes de votar en forma definitiva durante la pr�xima semana. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Orpis. El se�or ORPIS.- Se�or Presidente, inicialmente no iba a intervenir; pero, a ra�z de c�mo se ha ido desarrollando el debate, voy a hacerlo. Debo reconocer que una de las cosas que m�s me han impactado en mi vida pol�tica fue cuando, en Iquique, se me acercaron familias de Pisagua, hace alg�n tiempo. Naturalmente, eran de la parte del Gobierno. Y se sintieron abandonadas por completo. El elemento central que concurri� en ello fue la discriminaci�n entre primera y segunda categor�a que experimentaron, trat�ndose de personas que hab�an sufrido en materia de derechos humanos. Adem�s de sentirse de segunda categor�a, se encontraban completamente abandonadas, pas�ndolo muy mal y en condiciones precarias. Eso nos llev� a trabajar, no �nicamente con ellas, sino, adem�s, con centenares de otras a trav�s del pa�s. Pienso que, sin perjuicio de todo el dolor que embarga a la familia Soria, algunos de cuyos miembros est�n presentes, tambi�n se debe ver la otra parte. Porque, tal como se ha se�alado, la ley debe ser igual para todos, se�or Presidente, y no puede haber personas de primera y segunda categor�a en esta materia. Esto �ltimo no solo se da en un plano estrictamente �tico -como se ha planteado ac�-, sino que tambi�n, por desgracia, en el jur�dico. �Por qu� lo digo? Porque aqu� el Estado llega voluntariamente a un acuerdo con la familia, �pero qu� pasa en los tribunales chilenos y en los juicios civiles? El Estado procura la acci�n penal, se obtiene la sentencia, viene la acci�n civil y el Consejo de Defensa hace todo lo posible para impedir el pago de las indemnizaciones. Eso es inaceptable. �Por qu� en casos de Derecho Internacional se alcanza un acuerdo voluntario? �Por qu� ello no es posible cuando las familias que sufrieron y que no han recurrido a los tribunales internacionales ejercen la acci�n civil, alegando el Estado la prescripci�n? �Por qu� ah� no se llega a un acuerdo con la familia? Entonces, no me siento habilitado, moralmente, para dar mi voto favorable. Y no estoy hablando de enviar un proyecto de ley para mejorar la cuesti�n indemnizatoria, etc�tera, sino, simplemente, de doble est�ndar del Estado en estas situaciones: opone la prescripci�n cuando se inicia la acci�n civil, pero llega a un acuerdo voluntario respecto de determinados casos a nivel internacional. Repito que ello es inaceptable. Y, por lo tanto, mientras ese aspecto no se resuelva, no voy a votar a favor. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Girardi. El se�or GIRARDI.- Se�or Presidente, ser� muy breve, porque creo que ya se han dado todos los argumentos. Voy a hablar solo en mi nombre, porque en esta materia los parlamentarios del PPD tenemos opiniones distintas. A m� me parece que este no es �nicamente un problema formal y de legalidad: aqu� est� en juego c�mo quiere Chile pasar a la historia, c�mo pretende resolver un pasado traum�tico. Y creo que siempre las sociedades van teniendo oportunidades de generar hechos simb�licos, y los califico como tales porque son se�ales. Es cierto: tal vez se comete una cierta injusticia, porque tambi�n hay v�ctimas chilenas que no fueron defendidas con la misma fuerza y el mismo entusiasmo en los momentos en que se podr�an haber evitado situaciones muy dolorosas. Pero considero que los elementos simb�licos son valiosos para la sociedad. Y eso tiene que ver con el valor que posee la vida. En ese sentido, lo que algunos queremos establecer para don Carmelo Soria es un est�ndar. Ojal� que este se pudiera ampliar y se aplicara tambi�n a todas las personas que han sido v�ctimas de los mismos delitos, de las mismas torturas, de los mismos asesinatos. Mas creo que, al menos, debi�ramos avanzar positivamente en un caso que tiene el suficiente fundamento y entender que con el resto de la sociedad estamos en deuda. Y, en lo personal, pienso que, si hay voluntad en la Oposici�n, podr�amos reparar tambi�n parte de la deuda que existe con aquellos que posiblemente no van a tener el mismo tratamiento. Pero Chile no puede seguir cargando una historia gris o negra. Nuestro pa�s no puede seguir siendo acusado en las instancias internacionales -y, menos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos- de no haber hecho todo lo posible para reparar temas que son susceptibles de reparaci�n. Por tales razones, se�or Presidente, esta iniciativa cuenta con todo mi respaldo. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. --El proyecto de acuerdo queda para segunda discusi�n. )---------------( El se�or LONGUEIRA.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or LONGUEIRA.- Se�or Presidente, en la Cuenta de hoy se declar� inadmisible una moci�n que present�, relativa a las remuneraciones de los trabajadores y al ingreso m�nimo. Como no comparto la "equivocaci�n" de la Mesa, pido que se oficie al Ejecutivo a fin de solicitarle su patrocinio. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- As� se har�, se�or Senador. Nosotros no nos equivocamos; solo cumplimos con la ley y la Constituci�n. ENMIENDA A ART�CULO 1 DE CONVENCI�N SOBRE PROHIBICI�N O RESTRICCI�N DE EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, que aprueba la enmienda al art�culo 1 de la Convenci�n sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, con informe de la Comisi�n de Relaciones Exteriores. --Los antecedentes sobre el proyecto (5024-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo tr�mite, sesi�n 24�, en 12 de junio de 2007. Informe de Comisi�n: Relaciones Exteriores, sesi�n 31�, en 10 de julio de 2007. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es ampliar el �mbito de aplicaci�n del art�culo 1 de la mencionada Convenci�n, haci�ndolo extensivo a los conflictos armados no internacionales. La Comisi�n discuti� en general y en particular este proyecto de acuerdo y le dio su aprobaci�n por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores se�ores Letelier, Mu�oz Barra y Pizarro), en los mismos t�rminos en que lo hizo la Honorable C�mara de Diputados. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Honorable se�or Mu�oz Barra. El se�or MU�OZ BARRA.- Se�or Presidente, la iniciativa se origina en la decisi�n que adoptaron los Estados Partes, en la Segunda Conferencia de Examen del instrumento internacional, en cuanto a enmendar el art�culo 1 de la Convenci�n, con el objeto de ampliar su �mbito de aplicaci�n y hacerlo extensivo a los conflictos armados no internacionales. La Convenci�n sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados y los Protocolos que se indican fueron aprobados por nuestro pa�s y promulgados por el decreto supremo N� 137, de 8 de junio de 2004, publicado el 13 de septiembre del mismo a�o. Esa Convenci�n y sus cuatro Protocolos buscan proteger a la poblaci�n civil de los efectos de estas armas y evitar a los combatientes sufrimientos excesivos. El Protocolo I se refiere a fragmentos no localizables; el Protocolo II, enmendado, a minas, armas, trampas y otros artefactos; el Protocolo III, a armas incendiarias, y el Protocolo IV, a armas l�ser cegadoras. Por su parte, el Protocolo V, sobre restos explosivos de guerra, se encuentra en la etapa de estudio t�cnico para su ratificaci�n. Las situaciones que actualmente cubre la Convenci�n son, respectivamente, el caso de guerra declarada que surja entre dos o m�s partes, aunque haya sido reconocida por alguna de ellas y cuando tenga lugar la ocupaci�n de la totalidad o parte del territorio de un beligerante, y el de los conflictos armados en que se lucha contra la dominaci�n colonial, la ocupaci�n extranjera y los reg�menes racistas. La enmienda pretende que, adem�s de las situaciones descritas anteriormente, se aplique a aquellas a que se refiere el art�culo 3 com�n a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, precisando que no se extender� a casos de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos espor�dicos de violencia y otros an�logos que no son conflictos armados. El citado art�culo 3 contempla los resguardos que un Estado debe tomar a favor de las personas que no participan directamente en un conflicto armado que no tiene el car�cter de internacional. Como dijo el se�or Secretario, el proyecto de acuerdo fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisi�n. Es cuanto puedo informar, se�or Presidente. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar� el proyecto de acuerdo. --Se aprueba en general y en particular. MODIFICACI�N DE C�DIGO DEL TRABAJO, EN LO RELATIVO A JORNADA DE CHOFERES Y AUXILIARES DE LOCOMOCI�N RURAL El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en moci�n de los Senadores se�or Letelier, se�ora Alvear y se�ores Allamand y Mu�oz Aburto, en primer tr�mite constitucional, que modifica el C�digo del Trabajo en lo relativo a la jornada de trabajo de los choferes y auxiliares de la locomoci�n colectiva rural, con informe de la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social. --Los antecedentes sobre el proyecto (5156-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moci�n de los Senadores se�or Letelier, se�ora Alvear y se�ores Allamand y Mu�oz Aburto). En primer tr�mite, sesi�n 28�, en 21 de junio de 2007. Informe de Comisi�n: Trabajo y Previsi�n Social, sesi�n 31�, en 10 de julio de 2007. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo de este proyecto es aplicar a los servicios rurales de transporte p�blico de pasajeros las mismas exigencias de los servicios urbanos, de modo de establecer un sistema uniforme, concordante y equilibrado. La Comisi�n discuti� esta iniciativa solo en general y le dio su aprobaci�n por la unanimidad de sus integrantes (Senadores se�ora Alvear y se�ores Allamand, Letelier, Longueira y Mu�oz Aburto). El texto pertinente se consigna en el informe. El �rgano t�cnico deja constancia de que resolvi� proponer a la Sala abrir un plazo para la formulaci�n de indicaciones. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusi�n general. Tiene la palabra el Honorable se�or Letelier. El se�or LETELIER.- Se�or Presidente, este proyecto aborda un tema que se viene discutiendo hace muchos a�os. Dicho brevemente, en el Ministerio de Transportes existen tres categor�as para el transporte mayor de pasajeros, mientras que en el C�digo del Trabajo hay solo dos. En el primer caso se distingue entre lo urbano, lo rural y lo interprovincial o intrarregional; en el segundo �nicamente se hace referencia a lo urbano e interprovincial. Este proyecto tiene como finalidad principal el reconocer la especificidad del transporte rural y abrir un debate -de ah� la importancia de fijar un plazo para la presentaci�n de indicaciones- para precisar lo que deber�a ser la jornada de los conductores y auxiliares que se desempe�an en ese sector. Si bien la moci�n originalmente planteaba sacar el transporte rural de lo interprovincial y asimilarlo a lo urbano, la intenci�n, despu�s del debate llevado a cabo en la Comisi�n, es buscar una jornada que precise la particularidad del primero. El prop�sito es que se entienda, por un lado, que los tiempos de descanso tienen que ser computados de una manera distinta de la que se utiliza en lo interprovincial, donde -esto es muy importante- despu�s de 5 horas de conducci�n continua se conceden dos de descanso, y, por otro, que el tiempo de trabajo se debe computar de una forma diferente a la que se emplea respecto de lo urbano, porque en este �ltimo caso los conductores se encuentran las 8 horas a disposici�n de la m�quina y los tiempos de descanso que puede haber entre vuelta y vuelta son parte de la jornada. En el transporte rural se requiere una definici�n distinta, pues dentro de �l hay especificidades y una diversidad de realidades. Ah� algunos dan un par de vueltas en la ma�ana -se trata de trayectos de una hora y media de duraci�n, aproximadamente-; en la segunda mitad de la ma�ana o a principios de la tarde no salen, y reanudan su recorrido al final del d�a. Entonces, esos choferes, si se les computaran las horas de descanso como parte de la jornada laboral, tendr�an que dejar de trabajar a las dos o tres de la tarde. Y eso es un absurdo que ellos tampoco quieren. Actualmente, el decreto supremo N� 212, del Ministerio de Transportes, contempla una forma de definir la jornada que se pretende incorporar al texto. �Cu�l es, se�or Presidente, el problema que motiv� la intenci�n de generar una jornada especial para los choferes y auxiliares del transporte colectivo rural? Que, sobre la base de las normas legales vigentes, la Direcci�n del Trabajo fiscaliza el transporte colectivo rural como si fuera interprovincial. Y ello, en dos dimensiones que me parece importante separar. Una se refiere a la jornada. Es evidente que la jornada del transporte rural es diferente de la del interprovincial. Y la otra es la relativa a los instrumentos necesarios para verificar la jornada laboral, que es otro debate, absolutamente distinto. Lo malo es que al transporte rural se le est�n exigiendo requisitos propios del transporte interprovincial. Esto no significa que el primero no deba contar con mecanismos para verificar la jornada, pues todos hemos dicho que no queremos que la informalidad contin�e en el transporte, sino que haya jornadas transparentes y comprobables. El proyecto, se�or Presidente, persigue esencialmente eso: definir la jornada laboral de los choferes y auxiliares del transporte colectivo rural. Complementariamente, durante el debate se acogi� la idea de abordar en la iniciativa -de ah� la importancia de abrir un per�odo para presentar indicaciones- el problema de la jornada de otros trabajadores que tambi�n figuran en el art�culo 25 del C�digo del Trabajo: los conductores de veh�culos de carga terrestre. Hace muchos a�os se estableci� que las horas de descanso ser�an parte de la jornada de los choferes de carga. Pues bien, esa medida ha demostrado ser una mala soluci�n, por cuanto ha llevado a una situaci�n inadecuada. Las horas de espera para esos conductores son muchas. Actualmente, el C�digo del Trabajo dispone que la jornada ordinaria de dichos trabajadores ser� de 180 horas mensuales. Sin embargo, si se imputan e ella las horas de espera, los choferes de carga terminan trabajando dos semanas, a lo m�s tres, pero pierden parte de sus oportunidades de ingreso. Por eso, queremos que se abra plazo para formular indicaciones con el fin de proponer, a partir de un acuerdo entre los gremios de conductores y de due�os de camiones, que se establezca una jornada complementaria de espera -por as� llamarla-, con una cantidad m�xima de horas -es algo que se est� discutiendo-, para los choferes de carga, de modo que puedan mejorar sus ingresos. Sobre su monto ya existe un juicio en la Comisi�n, aunque se est� a la espera de mayor informaci�n. Esperamos que el proyecto ayude a ordenar la jornada de los conductores y auxiliares del transporte colectivo rural, as� como la de los choferes de carga. No obstante, aqu� no se van a definir, respecto de los rurales -y lo subrayo-, los instrumentos para verificar la jornada. Eso ser� materia de un reglamento posterior, porque, como se dice vulgarmente, es harina de otro costal. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Orpis. El se�or ORPIS.- Se�or Presidente, quiero complementar lo expresado por el Senador se�or Letelier en el sentido de que el proyecto de ley debe incorporar, no solo a los trabajadores que prestan servicios en el transporte rural, sino tambi�n a aquellos que laboran en el transporte internacional. En el caso concreto de la Primera Regi�n, existe un servicio de transporte p�blico entre Arica y Tacna. Y a los choferes y auxiliares que se desempe�an en �l se les aplica la normativa que rige para el transporte interurbano, con todas las exigencias que ello significa. Por lo anterior, presentar� una indicaci�n tendiente a incluir, junto con el personal de la locomoci�n colectiva rural, al que trabaja en el transporte internacional, aunque los recorridos sean iguales o inferiores a 200 kil�metros, con el objeto de que no se les apliquen disposiciones que no corresponden. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Mu�oz Aburto. El se�or MU�OZ ABURTO.- Se�or Presidente, el proyecto en debate tiene por objeto compatibilizar las disposiciones del decreto supremo N� 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con las del C�digo del Trabajo. El primero de los referidos cuerpos legales establece una clasificaci�n tripartita, distinguiendo entre servicios de transporte urbanos, que son aquellos existentes al interior de las ciudades o de conglomerados de ciudades con contornos urbanos unidos; rurales, cuyos recorridos son inferiores a 200 kil�metros pero exceden el radio urbano; e interurbanos, que superan los 200 kil�metros de recorrido, incluyendo los itinerarios entre Santiago y los balnearios costeros de la Quinta Regi�n. El C�digo del Trabajo, en tanto, solo presenta una clasificaci�n dual, distinguiendo los servicios de pasajeros entre urbanos e interurbanos. La consecuencia pr�ctica de esta asimetr�a es que, como los servicios rurales no se enmarcan claramente en ninguna de las categor�as del C�digo Laboral, la fiscalizaci�n de la Direcci�n del Trabajo los ha tendido a asimilar al transporte interurbano de pasajeros, cuyas exigencias son evidentemente mayores. La enmienda propuesta viene, entonces, a asimilar los servicios rurales a los urbanos, de caracter�sticas m�s similares, armonizando ambos cuerpos legales y evitando confusiones en la fiscalizaci�n. Todo lo relativo a jornadas de trabajo ya fue expuesto por el Senador se�or Letelier. En consecuencia, esperamos que hoy se apruebe en general el proyecto -originado en una iniciativa parlamentaria- y se abra un plazo razonable para la presentaci�n de indicaciones, a fin de permitir la incorporaci�n de las modificaciones que se estimen pertinentes. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Longueira. El se�or LONGUEIRA.- Se�or Presidente, nosotros aprobamos el proyecto en la Comisi�n porque consideramos conveniente perfeccionar el art�culo 25 del C�digo del Trabajo, no solo para que se defina la jornada del personal de la locomoci�n colectiva rural, sino tambi�n porque el Ejecutivo ha anunciado el mejoramiento del sistema de transporte de carga. Por eso, vamos a discutir una serie de modificaciones que adecuen la jornada laboral de los choferes y auxiliares que se desempe�an tanto en el transporte p�blico de pasajeros como en el transporte de carga terrestre. Asimismo, debemos discutir con mayor profundidad si la realidad del mundo rural es parecida a la del mundo urbano, o si deber�amos establecer otro criterio, con una jornada anexa para los trabajadores del transporte rural, como la que de alguna forma existe para los de la locomoci�n interurbana y como la que tambi�n se est� pidiendo para el personal que se desempe�a en el transporte de carga. Vamos a aprobar la idea de legislar, se�or Presidente, porque estimamos necesario perfeccionar el funcionamiento de las normas vigentes, sin perjuicio de formular indicaciones para adecuar de mejor manera la jornada de todos los trabajadores del transporte terrestre. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Navarro. El se�or NAVARRO.- Se�or Presidente, sin duda, resulta muy importante dar un paso sustantivo en la defensa de los derechos de los trabajadores del transporte p�blico rural en lo relativo a su jornada laboral. Sin embargo, todas las normas que se impulsen en aras de la protecci�n de la jornada de trabajo requieren una adecuada fiscalizaci�n. Cabe se�alar que la implementaci�n de la reducci�n de la jornada laboral a 45 horas semanales ha tenido las m�s diversas interpretaciones en lo que dice relaci�n al horario de colaci�n, a los convenios colectivos y a los diversos acuerdos a que se lleg� antes, durante o despu�s de la reforma, lo cual ha dejado a los trabajadores en una enorme indefensi�n. Para muchos, la reducci�n de la jornada laboral a 45 horas no ha significado menores tiempos de labor, con mantenci�n del mismo ingreso. El Senador se�or Letelier me ha reiterado que en el segundo informe la Comisi�n abordar� ese tema. La situaci�n es muy similar a la de los trabajadores del transporte de carga terrestre. �Qu� pasa en la actualidad? Ellos gozan del beneficio de las 180 horas mensuales, m�s las 88 horas extraordinarias. No obstante, como me se�al� Jos� Sandoval, Presidente del Sindicato de Choferes Interempresas de la Octava Regi�n, los propietarios de los camiones bajan a los conductores de los veh�culos cuando llevan 22 � 23 d�as -dependiendo de los horarios- al frente de las m�quinas y les impiden trabajar el resto del mes. Por lo tanto, se trata de una soluci�n que ha terminado perjudicando a los trabajadores. En el caso de los choferes de cami�n, estos, aun teniendo los tiempos de espera (de carga y descarga) realizados, son bajados de sus veh�culos para evitar pagarles horas extraordinarias. Por eso, la indicaci�n que se ha formulado sobre el particular -sin duda, la vamos a apoyar en la Comisi�n de Trabajo- propone incorporar el concepto de "carga y descarga", con el fin de impedir que la jornada laboral sea distribuida en menos de 24 d�as y en m�s de 26. Es decir, se busca un equilibrio que permita la distribuci�n de la jornada laboral de esos trabajadores en no menos de 5 d�as ni en m�s de 6, tal como lo establece el art�culo 28 del C�digo del Trabajo, de tal manera de garantizar un m�nimo de horas diarias y un total de horas semanales. El proyecto, sin duda, nos parece un aporte muy importante. Sin embargo, debo llamar la atenci�n en cuanto a que el informe no recoge la opini�n de los empresarios. Y son ampliamente conocidos, en particular, los conflictos que han existido con los trabajadores del transporte interurbano y rural de menor dimensi�n. Creo que los empresarios deben tomar plena conciencia de la situaci�n y tener las reglas del juego claras. En ese sentido, espero que puedan conocer el proyecto. Yo, al menos, voy a hac�rselo llegar a todas las organizaciones de empresarios de la Octava Regi�n, porque, aun cuando la ley protege a los trabajadores, muchos empresarios peque�os y medianos, y tambi�n algunos grandes, no la cumplen si no hay fiscalizaci�n. Y una de las cosas que precisamente ellos objetan es que cuando se debaten los proyectos no son consultados, a pesar de que les gustar�a aportar. En realidad, quieren cumplir con la ley, pero tambi�n asegurarse de que sus empresas obtengan los ingresos suficientes y no quiebren. Me parece que ese es un justo equilibrio. Lo que queremos es que se respete a los trabajadores. En ese sentido, considero muy necesario que la Comisi�n tambi�n pueda recibir e informar a todos los empresarios que deseen participar y, en especial, a los sindicatos de trabajadores del transporte p�blico urbano y rural de regiones. Anuncio que vamos a presentar una indicaci�n relativa a los conductores de veh�culos de carga terrestre, con el prop�sito de garantizar efectivamente que la ley no sea burlada por una interpretaci�n de los empleadores. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobar� en general el proyecto y se fijar� plazo para formular indicaciones. --Se aprueba en general el proyecto y se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 6 de agosto, a las 12. VI. TIEMPO DE VOTACIONES INCREMENTO DE RECUPERACI�N DE IMPUESTO ESPEC�FICO A PETR�LEO DI�SEL PARA CAMIONES. PROYECTO DE ACUERDO El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores se�ores Cantero, Chadwick, Garc�a, Horvath, Kuschel, Larra�n, Orpis y Prokurica. --Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 978-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica: Se da cuenta en sesi�n 31�, en 10 de julio de 2007. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- La iniciativa tiene por objeto solicitar al Ministerio de Hacienda que incremente el beneficio de recuperaci�n del impuesto espec�fico al petr�leo di�sel para camiones, en consideraci�n a que el porcentaje actual no alcanza a contrarrestar el aumento de los costos que deben enfrentar los camioneros. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar� el proyecto de acuerdo. --Se aprueba. VII. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. )----------------------------( --Los oficios cuyo env�o se anuncia son del tenor siguiente: Del se�or CHADWICK: Al se�or Presidente del BancoEstado, solicit�ndole informaci�n acerca de CIERRE DE OFICINA EN COMUNA DE MALLOA (Sexta Regi�n). Del se�or ESPINA: Al se�or Contralor General de la Rep�blica, con relaci�n a POSIBLES IRREGULARIDADES EN PROYECTOS DE FONDO CONCURSABLE "PROGRAMA COMUNA SEGURA COMPROMISO 100", y al se�or Jefe de la Novena Zona de Carabineros (Araucan�a), pidi�ndole AUMENTO DE DOTACI�N Y ENTREGA DE CARRO POLICIAL PARA COMUNA DE VILC�N (Novena Regi�n). Del se�or FREI: Al se�or Ministro de Hacienda y a la se�ora Subsecretaria de Previsi�n Social, respecto de PAGO DE DEUDA HIST�RICA A MAGISTERIO Y ELIMINACI�N EN FONASA DE COTIZACI�N PARA SALUD EN FAVOR DE MUJERES MAYORES DE 65 A�OS; al se�or Ministro Secretario General de la Presidencia, solicit�ndole opini�n sobre MANTENCI�N DE SEDE SOCIAL PARA JUNTA DE VECINOS "CINCO ESTRELLAS", DE PE�ALOL�N (Regi�n Metropolitana); a la se�ora Subsecretaria de Previsi�n Social, en lo concerniente a INCLUSI�N DE TRABAJADORES MUNICIPALES Y DE SECTOR SALUD EN PROYECTO SOBRE DA�O PREVISIONAL; al se�or Subsecretario de Telecomunicaciones, solicit�ndole antecedentes en cuanto a INSTALACI�N DE ANTENA DE TELEFON�A CELULAR EN CERCAN�AS DE LICEO SANTA CLARA, DE LOS ANDES (Quinta Regi�n), y a la se�ora Intendenta de Antofagasta, en lo relativo a ENTREGA DE COMPRESOR Y PERFORADORA PARA PEQUE�A MINERA DE TALTAL. Del se�or HORVATH: Al se�or Contralor General de la Republica y al se�or Ministro del Interior, acerca de ACTUACI�N Y OMISIONES DE ONEMI EN MANEJO DE RIESGOS EN SISMO DE AIS�N y sobre COSTO ESTATAL DE DICHO FEN�MENO TEL�RICO; al se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y a la se�ora Intendenta de Ais�n, pidi�ndoles adoptar las medidas necesarias para solucionar SITUACI�N DE TRANSPORTE MAR�TIMO SUBSIDIADO EN TRAMO QUELL�N-CHACABUCO (todos de la Und�cima Regi�n). Del se�or ROMERO: Al se�or Ministro de Justicia, requiri�ndole MAYOR DOTACI�N DE GENDARMES PARA C�RCELES DE LIMACHE Y QUILLOTA, y al se�or Director Nacional del INDAP, demand�ndole informaci�n respecto de BONO DE EMERGENCIA AGR�COLA Y AMPLIACI�N DE BENEFICIO PARA COMUNAS DE LA LIGUA, PAPUDO Y ZAPALLAR (ambos de la Quinta Regi�n). )------------------------( El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En Incidentes, los Comit�s Dem�crata Cristiano y Mixto no har�n uso de sus tiempos. En el turno del Comit� Uni�n Dem�crata Independiente, tiene la palabra la Honorable se�ora Matthei. La se�ora MATTHEI- Me referir� a dos asuntos, se�or Presidente. MAYOR PROTECCI�N PARA COMPRADORES DE BIENES RA�CES Y SITUACI�N DE MATRIMONIO ESTAFADO. OFICIOS Se�or Presidente, quiero relatar el caso de un matrimonio de dos chilenos, radicados en Estados Unidos durante 40 a�os, quienes trabajaron all� arduamente para reunir algunos ahorros y luego regresar a Chile, y que, como tantos otros compatriotas, han sido enga�ados por bancos y empresas constructoras. A ellos les vendieron una propiedad y nunca les entregaron el t�tulo correspondiente, pese a haber pagado el dinero por el valor del inmueble. Se trata del se�or Leonel Iribarren y de la se�ora Norma Iribarren, quienes me escribieron desde Wisconsin, adonde tuvieron que volver despu�s de haber comprado y pagado �ntegramente una casa en Antofagasta. El caso es que cuando concurrieron al notario p�blico del lugar, este les manifest� que la vivienda adquirida era de propiedad de la empresa constructora perteneciente a Eric Rovira. Este se�or, a pesar de haber recibido el dinero, nunca les entreg� el t�tulo respectivo. Posteriormente, la constructora se declar� en quiebra, el banco se hizo cargo de la casa y el matrimonio Iribarren fue desalojado de ella con orden judicial. Todas las ampliaciones y mejoras que le hicieron a la propiedad se perdieron por completo. Lograron, s�, que el Primer Juzgado de Letras de Antofagasta dispusiera la devoluci�n de los 24 millones de pesos que pagaron por el inmueble. Eso fue en junio de 2004. No obstante, hasta ahora no han recibido un peso. �Esta es una estafa de principio a fin, se�or Presidente! �Una estafa! Y la verdad es que son much�simos los chilenos que han sufrido este tipo de enga�o a manos de empresas constructoras, como tambi�n la falta de rigurosidad de los bancos. Estos prestan dinero a las constructoras, constituyen hipotecas o alg�n otro gravamen sobre los inmuebles, pero no se preocupan de ver si efectivamente las empresas est�n vendiendo y estafando a terceros. Y, como existe falta de informaci�n sobre el asunto -la gente, por lo general, compra una vivienda una sola vez-, son miles los chilenos que han sido enga�ados. Por eso, se�or Presidente, quiero solicitar, en primer lugar, que la Comisi�n de Vivienda y Urbanismo del Senado ponga urgencia a un proyecto de ley que presentamos con el Honorable se�or Novoa, destinado a resguardar en mejor forma los derechos de las personas que compran una propiedad. Y, en segundo t�rmino, solicito que el Banco Internacional y el Primer Juzgado de Letras de Antofagasta informen qu� ha pasado con la indemnizaci�n que se debe pagar al matrimonio Iribarren, que tuvo que volver a trabajar nuevamente a los Estados Unidos luego de perder todos los ahorros de una vida de esfuerzo por la estafa sufrida en Chile. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre de la se�ora Senadora, conforme al Reglamento. INCUMPLIMIENTO DE LEY DE SUBCONTRATACI�N POR EMPRESAS PORTUARIAS P�BLICAS. OFICIOS Se�or Presidente, he recibido una carta de la Federaci�n Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile donde se me informa que las empresas portuarias p�blicas no est�n cumpliendo con la ley de subcontrataci�n. La Empresa Portuaria de San Antonio fue multada por la Inspecci�n del Trabajo con 430 unidades tributarias mensuales; la de Valpara�so, con 1.620; la de Puerto Montt, con 245, y la Empresa Portuaria Austral, con 240. Por lo tanto, solicito que se oficie tanto al Ministerio del Trabajo como al de Econom�a transmiti�ndoles mi reclamo por esa situaci�n y para que informen c�mo las empresas estatales est�n cumpliendo la ley de subcontrataci�n aprobada por el Congreso. He dicho. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre de la se�ora Senadora, conforme al Reglamento. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- El Comit� Renovaci�n Nacional no har� uso de su tiempo. En el turno del Comit� Socialista, tiene la palabra el Honorable se�or Navarro. El se�or NAVARRO.- Se�or Presidente, me referir� a diversas materias. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS POR "UNIDAD CORONARIA M�VIL" A RA�Z DE HUELGA DE TRABAJADORES. OFICIOS En primer lugar, quiero solicitar a la Direcci�n Nacional del Trabajo informaci�n acerca de la situaci�n de la empresa Unidad Coronaria M�vil Limitada, la cual es preocupante desde el punto de vista de los derechos de sus clientes. Los trabajadores del Sindicato Nacional de Emergencia de dicha empresa se encuentran en huelga (aprobada por la mayor�a de sus afiliados: conductores, param�dicos y auxiliares) desde el 30 de junio de 2007. Aquella, sin duda, se origin� por un problema laboral. La empresa ofrece un aumento salarial del 0,8 por ciento, que se traduce, aproximadamente, en 3.700 pesos para cada sueldo base. La Unidad Coronaria M�vil, en cada d�a de paralizaci�n, opera con trabajadores y choferes externos. Estos �ltimos no han seguido cursos de primeros auxilios ni de resucitaci�n cardiopulmonar (RCP). Se trata de 24 funcionarios contratados para prestar servicios. En t�rminos concretos, son "rompehuelgas" que est�n trasgrediendo los sistemas de turnos y las horas de trabajo durante los d�as que lleva el paro. Esto ha producido una situaci�n grav�sima para los afiliados por las demoras en que incurre la Unidad Coronaria. El servicio tiene un retraso, en su velocidad de respuesta, de tres a cinco horas. Los trabajadores en huelga legal son 74. La empresa tiene el deber moral -y el legal, por cierto- de cumplir su contrato, en especial en cuanto a la obligaci�n de brindar una prestaci�n apropiada a sus clientes. Obra en mi poder un listado enorme, donde se observa que los tiempos que median entre la llamada y la atenci�n son extraordinariamente lentos. Y ya se ha reportado un hecho fatal. Sin duda, las familias afiliadas tendr�n que tomar decisiones. Mencionar� algunos casos. El de la se�ora Carmen Mar�n Valdivia, hora de llamada, 17:46; hora de atenci�n, 19. O sea, transcurri� m�s de una hora desde el requerimiento. El de la se�ora Elisa Vergara Mu�oz, hora de llamada, 16:44; hora de despacho del m�vil, 17:50 -casi sesenta minutos despu�s-, y hora de atenci�n, 18:24. En verdad, entre las 16:44 y las 18:24, una urgencia podr�a tener un desenlace fatal. En el de la socia Julia Cereceda Rojas, hora de llamada, 17:4; hora de atenci�n, 18:29. En el del socio Leonardo Mart�nez, hora de llamada, 17:51; hora de atenci�n, 18:55, lo que importa m�s de una hora de espera. El personal ha mantenido una movilizaci�n respetuosa y ha hecho manifestaciones parciales. Lo concreto es que tengo la convicci�n de que la empresa Unidad Coronaria M�vil no est� cumpliendo con los contratos de afiliaci�n suscritos con sus clientes, ya que en una de sus cl�usulas se se�ala que: "La dotaci�n que acude en las ambulancias de alta complejidad a los domicilios consta de un M�dico, Enfermera con experiencia en UCI y Conductor altamente calificado con cursos de RCP.". Eso no est� ocurriendo. Los choferes de esos veh�culos son hoy d�a personas sin experiencia. Por tanto, la empresa est� provocando un alto riesgo para la vida de sus clientes y generando una situaci�n grav�sima. Los trabajadores han se�alado que la Unidad Coronaria M�vil es una empresa solvente en el mercado. Nadie lo duda. Tiene 25 a�os de trayectoria, lo cual la ha llevado a crear muchas otras compa��as: Sociedad de Transportes Delta Limitada; Instituto de Protecci�n Dental Limitada; Sociedad de Representaciones BGB Limitada; Sociedad de Inversiones R�o de la Plata Limitada; Sociedad de Transportes Especializados Limitada; Sociedad Constructora e Inmobiliaria Arauco El Golf Limitada; Unidad de Chequeo M�dico Limitada; Constructora e Inmobiliaria Linneo Limitada; Hotelera Luz Limitada; Inversiones Guyaven Chile Limitada; Red Nacional Unidad Coronaria M�vil Limitada; Evaluadora de Cr�ditos Credipass Limitada; Autotest S.A.; Autotest Servicio de Revisi�n T�cnica Limitada; Inmobiliaria Pehu�n Limitada; Inversiones Puelche Limitada, etc�tera. Uno se pregunta cu�l es el objetivo de que esta empresa cree tantas otras. Adem�s, llama la atenci�n que algunas sean inmobiliarias o de transportes. La Unidad Coronaria M�vil cuenta con el Autotest Servicio de Revisi�n T�cnica Limitada. Hace cuatro a�os denunciamos que sus ambulancias eran chequeadas en una planta de revisi�n t�cnica que le pertenece. Ello origina que est�n en p�simo estado. Muchas veces se otorga la certificaci�n sin que cumplan las especificaciones t�cnicas. La huelga contin�a, se�or Presidente. Los trabajadores, para volver a sus funciones, est�n pidiendo 13 a 18 por ciento de aumento en sus salarios y que se respeten las condiciones laborales. La empresa ha entregado balances que carecen de credibilidad. Seg�n los dirigentes sindicales, son "balances brujos", que solamente se�alan que la Unidad Coronaria M�vil vende al a�o unos 8 mil millones de pesos y que la mayor�a de ese dinero se va en pagar a prestadores externos de servicios. Por tanto, los estados financieros actuales arrojar�an p�rdidas. Ese es el mecanismo que utilizan muchas empresas poderosas en Chile: crean un sinn�mero de sociedades afiliadas; eluden el pago de gratificaciones, y solo muestran p�rdidas. Es decir, pagan servicios a sus propias empresas. Se�or Presidente, solicito que se oficie a la Direcci�n del Trabajo, al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorer�a General de la Rep�blica, para que hagan llegar los informes pertinentes en relaci�n con la denuncia formulada por los trabajadores del Sindicato Nacional de Emergencia Unidad Coronaria M�vil Limitada. Creo que hay un problema grav�simo en torno del cumplimiento de las prestaciones y los contratos de servicios con los usuarios. Tambi�n se debe revisar la situaci�n laboral de los trabajadores. Adem�s, expreso mi indignaci�n porque, al final, los �nicos que pagan impuestos en este pa�s son los pobres, que consumen pan, que toman leche, que compran en supermercados, que pagan el 19 por ciento de IVA. Por el contrario, las empresas pudientes, de grandes utilidades, se diversifican en un n�mero impresionante de sociedades peque�as para mostrar p�rdidas y, de ese modo, no pagar lo que debieran, en circunstancias de que, en realidad, les va bien. Si una compa��a tiene buenos resultados y trata bien a sus trabajadores, contar� con todo mi apoyo y el de los dem�s parlamentarios. Pero, si elude sus responsabilidades y genera decenas y decenas de otras empresas para no aparecer con ganancia y, por ende, no cancelar lo que corresponde en gratificaci�n y por utilidades, tendr� mi rechazo. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. SITUACI�N DE DEPORTISTAS ESCOLARES DE ALTO RENDIMIENTO. OFICIOS En otro �mbito, se�or Presidente, pido que se oficie a CHILEDEPORTES, al Ministerio del Interior y a la se�ora Presidenta de la Rep�blica, para darles a conocer la compleja y grave situaci�n que afecta a los deportistas escolares de alto rendimiento. A lo largo del pa�s, un n�mero no determinado de ni�os y j�venes practican deportes de alto nivel en variadas disciplinas. En la medida en que esos muchachos van consolidando su participaci�n en selecciones regionales o nacionales, o que de manera colectiva o individual van obteniendo logros importantes en el �mbito local o internacional, su condici�n de alumnos se ve alterada. Pese a lo anterior, en no pocos casos son estudiantes con muy buen promedio de notas y con altos grados de participaci�n en la comunidad escolar. Con todo, en especial debido a lo relacionado con la subvenci�n escolar, cabe observar que, en el caso de aquellos que estudian en colegios municipales o particulares subvencionados, su participaci�n activa y constante en una especialidad deportiva termina convirti�ndose, en los hechos, en una dificultad. Mayoritariamente, estos j�venes y sus padres enfrentan dos opciones: dejar el deporte relegado a nivel de hobby -o sea, no practicarlo de manera intensiva y profesional-, dedic�ndose solo a estudiar; o, por el contrario, emplear m�s tiempo en la actividad deportiva y proseguir su ense�anza en condici�n de "alumnos libres". De este �ltimo modo, se produce una desconexi�n entre el entorno y los amigos. Los colegios se preocupan, adem�s, porque, cuando el alumno falta para asistir a un campeonato internacional, no se paga la subvenci�n correspondiente. El sistema de financiamiento de la educaci�n p�blica y particular subvencionada que hoy tenemos es perverso. Si se considera que nuestro pa�s no se caracteriza por la abundancia de talentos deportivos y que, en general, tampoco existen medios econ�micos suficientes para lograr su desarrollo y perfeccionamiento en cada una de las ramas, esta suerte de dicotom�a, que obliga a definir tempranamente prioridades de vida, no parece ser la mejor alternativa para el avance deportivo nacional ni para el de quienes destacan en ese �mbito. No es admisible que un joven se vea obligado a decir: "Yo dejo el deporte intensivo, de alto rendimiento, porque no puedo compatibilizarlo con mis estudios". En los pa�ses desarrollados eso no ocurre. En Cuba, que ostenta un liderazgo internacional en materia deportiva, es factible realizar las dos actividades. En todo el mundo se pueden conciliar ambas cosas. Pero en Chile, no. La rigidez de un sistema educacional, de un director de colegio, de un seremi de Educaci�n hace imposible que los talentos j�venes repartidos a lo largo del territorio armonicen el estudio con la pr�ctica deportiva. En este contexto, creo absolutamente necesario generar mecanismos que posibiliten condiciones de discriminaci�n positiva, sin atropellar la igualdad de oportunidades de los pares y sin afectar los intereses financieros del establecimiento, y permitan la permanencia de los deportistas en los colegios, sin considerar la inasistencia a clases como un elemento de evaluaci�n final; es decir, si rinde, que se le exija igual, pero que no se deje de pagar la subvenci�n, que es el reclamo de los sostenedores. Lo que deseamos es transmitir a CHILEDEPORTES y al Ministerio de Educaci�n la idea de establecer una suerte de fuero deportivo, pero no en el rendimiento acad�mico -porque conozco a los ni�os deportistas; hay muchos en mi Regi�n; algunos son de alto rendimiento en disciplinas como el karate, el rugby, el tenis de mesa, el tenis, el atletismo-, sino en el sentido de que a partir de ciertas edades, seg�n su actividad y con el requisito de determinado promedio de notas -no cualquiera-, se consideren ciertos criterios pedag�gicos, como el de no hacer rendir ex�menes a los alumnos deportistas en tiempos iguales que los de sus compa�eros. Porque al final, �qu� les pasa a esos estudiantes deportistas? Tras representar a Chile de manera exitosa en otros pa�ses, al regresar de sus giras les ponen fecha para sus ex�menes y los obligan a rendirlos en las mismas condiciones que las de quienes han tenido tiempos normales para estudiar. Esa es una situaci�n que CHILEDEPORTES y el Ministerio de Educaci�n debieran considerar. Menciono en particular el caso de Paulina Catalina Francisca �valos Purralef, quien particip� en varios campeonatos: el Nacional Federado Penecas 2001; el Nacional Escolar 2002; el Latinoamericano Juvenil Ecuador 2007; el Sudamericano Juvenil Ecuador 2007; en el Circuito Mundial Juvenil Ecuador 2007, etc�tera. Es decir, una cantidad impresionante de t�tulos y medallas de plata que avalan que nuestros j�venes talentos deben ser apoyados. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. RESPALDO A DECLARACIONES DE PRESIDENTE DE DIRECTORIO DE TELEVISI�N NACIONAL. OFICIOS Se�or Presidente, el debate surgido con respecto al Directorio de Televisi�n Nacional es, sin duda, pol�tico. Y mi oposici�n y mi cr�tica en esta materia no pasan por los nombres propuestos por la Presidenta de la Rep�blica para integrar aquel organismo, se�ores P�rez Yoma y Aleuy, sino que se refieren a los procedimientos usados y al vac�o producido en la discusi�n. Tengo en mis manos el texto del an�lisis efectuado por el profesor Sergio Godoy Etcheverry -versi�n final del lunes 29 de marzo de 2004-, bajo el t�tulo "Propuesta de Proyecto de Acuerdo para TVN". All� establece claramente un conjunto de elementos que debiera tener la televisi�n p�blica, que fueron recogidos casi �ntegramente en un proyecto de acuerdo aprobado por el Senado en abril de 2004 y despachado al Ejecutivo con la firma del entonces Presidente de esta Corporaci�n, Senador Hern�n Larra�n Fern�ndez. �Qu� dec�a el proyecto de acuerdo del Senado? Que Televisi�n Nacional est� obligada a mantener un equilibrio constante en el conjunto de su programaci�n; que el trabajo period�stico en todas sus labores informativas debe ser nacional y regional; que la ausencia de una doctrina escrita que establezca los grandes principios de la televisi�n como servicio p�blico se ha hecho sentir claramente en los �ltimos tiempos, no obstante los notables �xitos alcanzados por Televisi�n Nacional; que la ley N� 19.132 obliga a tener un Directorio pluralista, pero que tambi�n el Senado de la Rep�blica tiene que considerar criterios adicionales al pluralismo para nombrar a los directores, tales como perfil profesional, experiencia empresarial, acad�mica, identidad regional. El 60 por ciento de los chilenos que ve Televisi�n Nacional vive fuera de Santiago. No hay un director de Televisi�n Nacional que sea de Regi�n. Por eso la programaci�n se refiere solo a la Capital. La gente se levanta con las inundaciones, con el Transantiago, con los problemas de Santiago, aun cuando est�n en Arica o en Coihaique. Tambi�n se refer�a a la edad, a fin de dar espacio a nuevas generaciones que contribuyan con miradas y enfoques distintos. �Qu� se�ala el profesor Godoy en su documento, que es de alta valoraci�n? Hablaba de g�nero. Hay 51 por ciento de mujeres en la humanidad. La Presidenta de la Rep�blica ha dicho que debe haber paridad. Al parecer, esta materia no es motivo de preocupaci�n en Televisi�n Nacional. En cuanto a religi�n, dice que debe haber diversidad en el Directorio y que lo compongan cat�licos, laicos, evang�licos y de otros credos. Respecto de la edad, que debe darse espacio a nuevas generaciones menores de 40 a�os. �Qu� ped�a, adem�s, Sergio Godoy (no el Senado; aunque el proyecto de acuerdo aprobado por este recog�a su esp�ritu)? Establecer la figura de un "defensor del televidente" con garant�a de total independencia, que asesore al Directorio al evaluar el cumplimiento de los compromisos del servicio p�blico de Televisi�n Nacional. El "defensor del televidente" es una figura interesante desde el punto de vista de la mantenci�n del equilibrio. Porque si los miembros del Directorio son designados por la Presidenta de la Rep�blica, defender�n el proyecto del Gobierno; y si son de la Oposici�n -que los hay-, respaldar�n el que es de esta. Entonces, la pregunta es qui�n defiende al televidente. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- �Me permite una interrupci�n, con la venia de la Mesa? El se�or NAVARRO.- Por supuesto. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Zald�var. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, encuentro de gran importancia lo se�alado por el Senador se�or Navarro. Pero quiero hacer un modesto o quiz�s insignificante aporte. Todos los planteamientos de Su Se�or�a son de extremada validez. Y me gustar�a agregar uno solo. Ojal� que en el futuro el Directorio de Televisi�n Nacional est� integrado por personas que entiendan y conozcan de televisi�n. Me parece que, si fuera as�, quiz�s se podr�a lograr todo lo que manifiesta el se�or Senador. Muchas gracias, Honorable colega. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede continuar el Senador se�or Navarro. El se�or NAVARRO.- Se�or Presidente, se�alaba que el "defensor del televidente" parece ser una figura extraordinariamente necesaria. Tambi�n el proyecto de acuerdo del Senado expresa que una debilidad de la actual Ley sobre Televisi�n Nacional es que el Directorio no est� obligado a rendir cuenta. No lo hace. El Ministro se�or Viera-Gallo manifest� que s� rinde cuenta a la C�mara de Diputados. Est� obligado a informarle a ella. Pero es el Senado el que designa a sus miembros, el que aprueba sus nombramientos. Ac� debiera rendir cuenta. El propio proyecto de acuerdo establece al respecto tres criterios. El plan de trabajo debiera aludir a la diversidad de su programaci�n; a la capacidad de atender el mandato de difundir nuestras tradiciones; a velar por nuestra identidad cultural, y a acoger de manera respetuosa todas las expresiones de nuestra naci�n. En el punto sobre calidad de la programaci�n, se refiere en t�rminos de cumplimiento de los principios, del �xito comercial, pero tambi�n de excelencia t�cnica, y que haya un porcentaje de la programaci�n original generado en el per�odo, dentro del propio canal. En seguida, menciona la calidad de sus espacios informativos, a trav�s de indicadores que midan con precisi�n el respeto al pluralismo. Del mismo modo, el proyecto de acuerdo se�ala que el Directorio debe ser inamovible, garant�a que hoy no tiene. Recordemos que el Presidente Lagos, si bien carec�a de las facultades, pidi� la renuncia masiva del Directorio de Televisi�n Nacional el 2004. Por otra parte, las opiniones del Presidente de Televisi�n Nacional, Francisco Vidal, llaman a una profunda reflexi�n. Claramente, tenemos un duopolio en los medios de expresi�n escrita. Lo dice Vidal, a quien cito: "de los cuatro canales de televisi�n, tres y medio son de derecha, ya que una mitad de TVN es social dem�crata" (se lo dice al diario electr�nico "El Clar�n de Chile"). Porque el Directorio es compartido con la Derecha. Y expresa: "se debe tener una pol�tica de televisi�n p�blica, porque en los medios de comunicaci�n hay cierto c�rculo perverso". Creo que la opini�n del Presidente del Directorio de TVN se ajusta a la realidad concreta que vive Chile y constituye un recado con meg�fono para La Moneda en cuanto a que debemos debatir sobre la televisi�n p�blica y la digital. Dig�moslo francamente, este recado para la Moneda tiene que ser escuchado. Es bueno que exista Vidal, pero uno esperar�a que m�s voces respaldaran esta posici�n y que nuestros Ministros observaran un debate de esta naturaleza. A veces pienso que cierta esquizofrenia colectiva nos aprisiona a todos, porque hay discursos en un sentido y una praxis en otro. Es decir, no hay coherencia entre ambas cuestiones. Me parece que la C�mara Alta no puede contribuir a acentuar esta situaci�n. El proyecto de acuerdo del Senado es de abril del 2004. Poco o nada se ha avanzado para hacer efectiva la petici�n al Gobierno. Ese proyecto, aprobado por unanimidad, nos lleva a pensar que lo realizado hoy por las Comisiones unidas de Constituci�n y de Educaci�n -que se reunieron para escuchar a los se�ores P�rez Yoma y Aleuy- no ha tenido el sentido orientador exacto, necesario y deseable. Esto es, que llevemos a cabo una discusi�n sobre la televisi�n p�blica; que practiquemos una evaluaci�n de la Ley de Televisi�n Nacional, y que tengamos claridad en cuanto a si habr� televisi�n digital. Porque en el Gobierno hay dos almas que se expresan a diario. Una de ellas quiere que se aplique la norma norteamericana que privilegia la calidad de la imagen; la otra, prefiere la norma europea que permite tener por cada se�al 4 � 6 canales m�s, es decir, hasta 24. Y eso es diversidad, pluralismo. Sin embargo, lo anterior no me queda claro del todo y he conversado el tema con el Subsecretario de Telecomunicaciones, don Pablo Bello. En consecuencia, solicito que se oficie al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que nos aclare por qu� se detuvo el tr�mite del proyecto de ley sobre televisi�n digital en lo relativo a definir a qui�n se va a asignar su implementaci�n. De otro lado, quiero que se env�e copia de mi intervenci�n a los Ministros Secretario General de la Presidencia y Secretario General de Gobierno, esperando que el Ejecutivo escuche la voz de sus parlamentarios y no nos obligue, una vez m�s, a votar de rodillas una propuesta que no compartimos. He dicho. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 18:15. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n