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El señor ROMERO.-
Señor Presidente , se pretende justificar el respaldo a un proyecto que todos, en la Sala, han estimado fracasado, sobre la base de poder otorgar recursos a las Regiones, lo que, en la práctica, implica reconocer explícitamente que el Transantiago no se sostiene por sí mismo.
Los fondos ofrecidos a las Regiones han sido y son una burla constante, que es urgente terminar. Se trata sólo de declaraciones y promesas que no son más que situaciones que, en este caso, únicamente se cumplirían en forma condicional. Y todos sabemos cómo serán distribuidos meses antes de una elección.
¡Acordémonos de las platas para la agricultura sureña, cuando se aprobó el MERCOSUR, o de los nortinos que se beneficiarían con el royalty a la minería...!
A mayor abundamiento, en el informe de las Comisiones unidas se señala que los 190 millones de dólares -es decir, dos tercios de los recursos que irían a Regiones- "se transferirán una vez definidos los términos del reembolso".
Las Regiones se preguntarán quién fijará los términos de la devolución de los fondos y advertirán, además, que están frente a un simple préstamo, el cual deberán devolver a los futuros gobiernos, no al actual.
No parece razonable que Chile deba entender que, para financiar un proyecto fracasado, que carece de visos de ser reformable ni recuperable, simplemente se opte por la alternativa de comprar las voluntades a través de recursos con fines regionales.
Las Regiones no se venden ante este tipo de situaciones por una razón muy simple: primero, porque están cansadas de las promesas incumplidas, y segundo, porque no es una forma de dignificar la política el buscar métodos -como sucedió en el primer trámite constitucional y, al parecer, ocurrirá en el actual- en que los parlamentarios que se pronuncian a favor aparecen mencionando cuáles han sido sus ganancias.
Creemos que la actividad política y pública debe ser enaltecida y prestigiada. Y ese objetivo no se puede alcanzar si aparecen votos que simplemente son negociables como si fueran bonos al portador.
Sentimos que en el Transantiago se están jugando demasiados principios. Uno de ellos es que cuando algo no es financiable ni recuperable se acude al expediente de esconder lo sucio debajo de la alfombra y no dar a conocer con transparencia lo que ocurre.
Tenemos que entender que los capitalinos no se van a tragar los ofertones. Y estoy cierto de que se hallan dispuestos a pagar por un buen servicio, como lo hicieron los deudores habitacionales.
--(Aplausos en tribunas).
Pero no se debe sentar el precedente nefasto de que lo mejor es que nadie pague nada. Porque, desde esa perspectiva, el día de mañana serán muchos los que acudirán al mismo principio: a atentar contra la dignidad de las personas y contra las políticas públicas sanas.
Por otra parte, consideramos que las explicaciones dadas al respecto son insuficientes. Basta con escuchar a los operadores para percatarse de que aquí hay grandes beneficiados y, también, detractores.
Luego del debate conocido por la opinión pública, votar a favor de la petición de otorgar 290 millones de dólares significa respaldar la falta de transparencia y tener una actitud irresponsable ante el gasto social.
Acabo de recibir un e-mail de un seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso hasta hace dos años, quien me dice: "Le agradecería que rechace la solicitud de más fondos para el Transantiago. El costo social que ha significado esto es demasiado grande. Que no lo pidan en dólares, sino en pesos para que la gente pueda observar el monto realmente involucrado, y que ese monto lo dividan por el valor de una vivienda social.".
--(Aplausos en tribunas).
¡Ciento cincuenta y dos mil millones de pesos equivalen a 25 mil viviendas sociales o a erradicar todos los campamentos existentes en Chile! ¡Eso significan 290 millones de dólares!
Señor Presidente , no es posible mejorar el Sistema creado por el Estado sin redefinirlo, comenzando por los contratos con las empresas operadoras y por los mecanismos que certifican la evasión. Simplemente, estaríamos echando los recursos como agua en un colador, tal cual expresó un señor Senador que, sin embargo, fue convencido de votar a favor. Otros afirman que el Sistema implementado constituye un gran fracaso o es emblemático de cómo no hacer bien las cosas; pero, probablemente, también van a terminar votando que sí.
Este proyecto nació muerto (nonato, dicen en el campo). No obstante, ahora se pretende que el Congreso Nacional concurra como cómplice en algo que no es posible revivir.
Un señor Senador de las bancas del frente dijo hoy en la radio Cooperativa que la iniciativa no resuelve ni un solo problema del Transantiago. Sin embargo, también la votará a favor.
El proyecto es malo en la forma y en el fondo. Pero el Gobierno ha demostrado que, al parecer, la transparencia y una actitud responsable no forman parte de su accionar. Porque nuestros requerimientos para garantizar el buen uso de los recursos que aportan todos los chilenos eran muy simples, pero importantes: solicitábamos una entrega de los fondos parcelada y sujeta a objetivos por cumplir.
Ahora, deberíamos preguntarnos: ¿vale la pena resucitar un muerto?
Pensamos que lo mejor sería partir de cero, por cuanto los recursos solicitados no tienen un destinatario ni un administrador definidos. Y tampoco se establece qué resultados se obtendrán con la aprobación del proyecto en cuanto a mejoramiento de la calidad del servicio que presta el Transantiago y a reducción permanente del actual déficit.
Nadie debería quedar cruzado de brazos ante esta debacle. Ella no sólo no prestigia a quienes respaldan la iniciativa. Además, quienes la aprueben probablemente serán sindicados como coautores de la mayor tragedia que Santiago ha conocido en su historia.
Pienso, al igual que el Honorable señor Larraín , que la utilización del 2 por ciento que la Constitución Política autoriza para enfrentar calamidades públicas es mejor que aprobar un proyecto que nadie, ni en esta Sala ni fuera de ella, cree que efectivamente se va a aplicar en la especie.
Recién leí una encuesta de la radio Bío-Bío, según la cual el 93,3 por ciento de los participantes afirma que no cree que los 290 millones de dólares vayan a solucionar el problema y sólo el 6,7 por ciento sostiene que sí lo hará.
Siento que estamos prácticamente arando en el agua.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
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