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- rdf:value = " INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE EVENTUAL INTERVENCIÓN ELECTORAL.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora recaído en el mandato contenido en el proyecto de acuerdo N° 1, de fecha 4 de abril de 2006, sobre “la eventual intervención electoral del Ejecutivo , sus organismos y agentes en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias”.
Diputado informante es el señor Guillermo Ceroni.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 103ª, en 5 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 10.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por 30 minutos, el diputado informante.
El señor CERONI.-
Señor Presidente , honorable Cámara, me corresponde informar sobre el trabajo realizado por la Comisión Especial Investigadora encargada de recopilar antecedentes sobre intervención electoral.
Tal como lo dijo el Presidente , el mandato a la Comisión se originó en un proyecto de acuerdo, de 4 de abril de 2006, que consistió en encargarle que investigara la posible utilización del Programa de Generación de Empleo con fines político-electorales.
El informe de mayoría fue aprobado esencialmente por diputados de la Concertación, y a pesar de los esfuerzos hechos para llegar a un informe de consenso, en una actitud armoniosa, la Comisión acordó que el informe de la Alianza, es decir, el de minoría, fuera anexado al informe que me corresponde entregar a la Sala, como un antecedente más, teniendo claro que el informe oficial es el que daré a conocer a continuación.
Son muchas las personas que fueron citadas a la Comisión, pero he considerado adecuado centrarme en las declaraciones que realmente nos permiten dar antecedentes más serios y que sirven de fundamento para las conclusiones que voy a dar a conocer.
Una de las declaraciones más reveladoras que consideró la Comisión fue la del alcalde de Quillota , señor Luis Mella , quien relató que, en el marco de la campaña electoral de 2005, específicamente el 6 de diciembre, recibió una llamada telefónica de un vecino de Quillota, que le informó que en un sector del cerro Mayaca , de Quillota, se estaban entregando cheques. Esto, por cierto, le causó extrañeza, y al día siguiente fue visitado por la persona que hizo el llamado, quien le exhibió uno de los cheques en cuestión, constatando el alcalde que había sido extendido por una suma idéntica al monto del sueldo que se pagaba en los PGE, esto es, la cantidad de 51.478 pesos.
Ante eso, el alcalde se contactó con el abogado de la municipalidad, con quien visitó a las dos personas que vivían en el cerro Mayaca que habían sido beneficiadas con los cheques señalados. Según su testimonio -afirmó el alcalde- se les había pagado por trabajos que no efectuaron.
Por otro lado, el alcalde menciona que tuvo acceso a uno de los contratos laborales, en el que se estipulaba que el servicio a prestar era de limpieza y desmalezamiento de varias calles de Quillota, en circunstancias de que como alcalde debería haber estar enterado de la prestación de tal servicio.
Luego de ese encuentro, el 7 de diciembre el alcalde se entrevistó con el fiscal del Ministerio Público, señor Pablo Bravo , quien le solicitó formalizar por escrito la denuncia de los hechos, trámite que el alcalde realizó, adjuntando el cheque mencionado y una fotocopia del contrato que había obtenido.
El alcalde dice claramente que en el escrito no hizo imputación de ningún delito en particular.
Respecto de los Programas de Generación de Empleo, el alcalde relata que el seremi del Trabajo, José Manuel Mancilla , tenía la facultad de entregar los cupos de empleo directamente, sin requerir la aprobación de la gobernación ni de la municipalidad respectiva. Asevera que no había ningún Programa de Generación de Empleo en condiciones irregulares o en condiciones de mezclarse con algún tipo de campaña política.
El alcalde explica que en su dilatada experiencia ésta es la primera vez que se llevan a cabo Programas de Generación de Empleo sin conocimiento del municipio, al punto que se enteró con posterioridad a la ejecución de los mismos y que tenía total desinformación de dónde se llevaban a efecto dichos programas.
De toda esta situación informó al entonces intendente don Luis Guastavino , quien no manifestó ninguna reacción. Sin embargo, el 19 de diciembre, después de una conversación entre el intendente y el subsecretario del Interior de la época, don Jorge Correa , la máxima autoridad regional dispuso, por decreto, una investigación sumaria.
Con posterioridad, afirma que el fiscal de Quillota constató en terreno que los trabajos que supuestamente se estarían haciendo no se habían ejecutado, por lo que requisó las herramientas como una forma de probar los hechos denunciados.
¿Qué dice el alcalde respecto de los responsables de los Programas de Generación de Empleo? Dice que no tiene ninguna prueba de que el actual diputado señor Enríquez-Ominami haya estado directamente implicado en los hechos que se investigaron. Sólo sabe que gente de su comando sí participaba en ellos. Así, por lo demás, consta en el documento que entregó al fiscal.
Las personas que le exhibieron su contrato de trabajo manifestaron que don Luis Fernández no les había solicitado que votaran por el actual parlamentario, sino que trabajaran y hablaran bien de su persona.
En consecuencia, el alcalde afirma que no tiene ningún antecedente contra dicho diputado ni contra ningún otro.
Por su parte Víctor Huenufil , ex seremi de Gobierno de la Quinta Región, explicó el procedimiento que se utilizaba para los PGE, señalando que la intendencia tiene facultades para suscribir convenios con cualquier cartera ministerial, con el objeto de administrar los recursos de los Programas de Generación de Empleo, y que en 2001 se celebró un convenio entre la intendencia y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para hacer funcionar estos programas.
El 19 de octubre de 2001 el intendente don Raúl Allard creó el Comité ProEmpleo, con el objeto de administrar los recursos. Este comité era presidido por el intendente y contaba con un secretario ejecutivo, rol que cumplía en esa fecha el seremi del Trabajo y Previsión Social, señor José Manuel Mancilla. También conformaban dicho comité diversos secretarios regionales ministeriales: de Obras Públicas, de Economía, de Minería y Energía, de Vivienda y Urbanismo, etcétera.
El señor Huenufil dice que desde el año 2003 el seremi del Trabajo se hizo asesorar por el funcionario de la División de Desarrollo Regional, don Jaime Quiroz, con el objeto de administrar los PGE.
Los testimonios posteriores recogidos en la Comisión señalan que este comité jamás funcionó, y que, en definitiva, quien manejó todos los programas de empleo fue el entonces seremi del Trabajo junto con Jaime Quiroz.
Igualmente, informa que hubo una serie de irregularidades que determinaron que la Contraloría analizara los Programas de Generación de Empleo y que hubo diversas auditorías solicitadas por la Subsecretaría del Trabajo. A raíz de ellas, se aplicaron medidas estructurales o administrativas para mejorar la operatoria de los PGE.
Su declaración no menciona a ningún responsable de irregularidades en los PGE.
También tenemos la declaración del consejero regional por la provincia de Los Andes, señor Guillermo Hurtado.
Él dice que el informe que emitió la Contraloría a raíz de la investigación de los PGE tiene fecha 27 de julio de 2005 y que no se tuvo conocimiento de él durante mucho tiempo, porque se habría mantenido oculto.
A partir de ese informe, el fiscal del Ministerio Público, señor Torres, hizo una denuncia ante la justicia a fines de 2005.
El citado informe denuncia una serie de irregularidades, entre las cuales destaca que se contrataron particulares para los programas mediante trato directo, omitiéndose el acto administrativo que aprueba los respectivos convenios, y sin que previamente se haya dictado una resolución fundada que autorice esa modalidad excepcional.
Se agrega a las deficiencias anteriores la circunstancia de que el intendente suscribió convenios para los efectos indicados con sociedades de hecho, lo que representa un evidente riesgo para el interés fiscal, ya que tampoco se advierte que estos convenios hayan sido revisados por la asesoría jurídica.
Además, dice que la intendencia no exigió la presentación de garantías por parte de los ejecutores privados para el debido resguardo del interés público.
De su declaración, queda en evidencia una serie de irregularidades en la forma en que se contrataba a los actores que implementaban los PGE.
El consejero regional por la provincia de Valparaíso, señor Manuel Millones , afirma que la investigación que efectuó la Contraloría sobre los PGE arrojó como conclusión que se había arriesgado el patrimonio público, por la forma en que se contrataba y se implementaban los programas.
La Contraloría efectuó auditorías en todas las comunas con Programas de Generación de Empleo en la Quinta Región.
Entre los documentos que acreditarían el uso de dichos programas con fines electorales se encuentra un correo electrónico enviado con fecha 29 de diciembre de 2005 por doña Jazmín Alfaro , secretaria del entonces seremi del Trabajo señor José Manuel Mancilla , que permitiría inferir que el Gobierno estaba informado de los cupos de empleo para utilizar en la campaña de 2005. Sin embargo, no entregó mayores detalles sobre el particular.
Afirma que existen suficientes testimonios para sostener que los PGE en la Región de Valparaíso y, en particular, en esa ciudad, fueron desviados a campañas políticas del bloque PS-PPD-PR, y que hasta la fecha no se ha sabido de personas que hayan trabajado en la campaña de algún parlamentario de la Democracia Cristiana.
En cuanto a lo sucedido en el cerro Mayaca , de Quillota, sostuvo que un grupo de personas contratadas en los PGE -alrededor de cincuenta- declaró no haber trabajado porque no les compraron las herramientas necesarias, pero que de todas formas se les pagó. Afirmó que una de ellas, de apellido Fernández , fue jefe de la campaña del diputado señor Enríquez-Ominami , pero no dio a conocer ningún antecedente que permitiera establecer algún tipo de responsabilidad de dicho parlamentario.
El ex seremi del Trabajo de la Quinta Región , señor José Manuel Mancilla , afirmó, en resumen, que en ningún momento los PGE se utilizaron para fines políticos ni menos para campañas parlamentarias, y que su relación con dirigentes políticos siempre fue fluida, pero en el sentido de que atendía sus preocupaciones en relación con las necesidades en materia de empleo de sus comunas, como se hace en todas partes del país.
Desmintió también la información de prensa según la cual se habían utilizado recursos de los PGE para financiar un circo con fines proselitistas, ya que esa actividad, según sostuvo, fue emprendida por algunos funcionarios públicos y pagada con fondos propios.
El ex intendente de la Quinta Región , señor Luis Guastavino , expresó que no le cabe la menor duda de que la administración de los Programas de Generación de Empleo ha adolecido de graves fallas, que en su calidad de intendente sólo pudo detectar cuando el sistema llevaba operando un buen tiempo. Dijo haberse enterado de la primera denuncia sobre la materia a raíz de la información que le proporcionó el alcalde de Quillota, don Luis Mella. Como consecuencia de ello, ordenó la instrucción de un sumario administrativo para investigar lo sucedido y solicitó que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera parte en la causa respectiva por fraude al fisco.
Agregó que los PGE estaban radicados en la seremía del Trabajo y que, en su calidad de intendente, debió firmar documentos varios relacionados con el tópico, pero que el ejecutor de los programas debe responder por la forma en que se realizaron.
Sostuvo que a medida que avanzaba la investigación, quedó de manifiesto que la seremía del Trabajo no podía seguir a cargo de los programas, máxime considerando que su titular, el mencionado señor Mancilla , había salido del servicio y aparecía como inculpado por la fiscalía.
Respecto de la responsabilidad de las diferentes autoridades que, de una u otra manera, estaban relacionadas con los PGE, afirmó que es pertinente recordar la jurisprudencia sentada por la Contraloría General de la República, que en 1961 dictaminó que es imposible exigir una absoluta prolijidad a ministros, intendentes, jefes de servicio, etcétera, en el sentido que encontrarse interiorizados del contenido de cada uno de los documentos que deben suscribir.
Insistió en que el seremi del Trabajo tenía plena libertad para actuar en materia de PGE y que, a su juicio, el control administrativo sobre ese funcionario recaía en el ministerio del ramo.
Por último, dijo que la justicia determinará si hubo responsabilidades penales en el manejo de los PGE, pero que, sin perjuicio de ello, no cabe duda de que funcionarios confeccionaron listas con personas que debían ser contratadas por razones de favoritismo político o de otra índole, a las cuales, en lugar de cumplir la función que les correspondía, en las elecciones pasadas les exigían trabajar en la campaña de un determinado candidato, procedimiento que, incuestionablemente, es inaceptable y condenable.
Compareció ante la Comisión el diputado señor Samuel Venegas , quien, a raíz de haber sido vinculado con la materia, en especial por algunos medios de comunicación, estimó necesario aclarar que no tiene nada que ver con los PGE y que jamás tuvo relación alguna con ellos.
Asimismo, concurrieron, entre otros, los senadores Baldo Prokurica , Antonio Horvath y Jorge Arancibia. El primero sostuvo que en la Octava Región los PGE fueron exagerados y que presentó querellas sobre el particular. El segundo denunció la forma como se trajo a chilenos desde Argentina con el objeto de que votaran en las mencionadas elecciones y anunció la presentación de las denuncias respectivas sobre el particular. El tercero sostuvo que, en relación con los PGE, presentó las respectivas querellas.
Asistieron, además, diferentes personeros, como el representante del Instituto Libertad y Desarrollo y abogados expertos en la materia, quienes dieron a conocer sus puntos de vista sobre la manera de mejorar los PGE.
Asimismo, concurrieron autoridades de Gobierno, como el subsecretario del Trabajo , señor Zarko Luksic , etcétera.
También se recibió la declaración del honorable diputado señor Jaime Mulet , quien, como se recordará, actuó como director ejecutivo de la campaña presidencial de la actual Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet. En la oportunidad, afirmó que, en su calidad de encargado de la campaña de la primera mandataria, responsabilidad que asumió en agosto de 2005 y terminó el 15 de enero de 2006, día de la segunda vuelta electoral, no visualizó ninguna situación que pareciera irregular en los equipos de trabajo que conformaban el comando de la abanderada de la Concertación.
Una de las declaraciones importantes la aportó el señor Hugo Meza , ex ejecutor de PGE en la Quinta Región , quien sostuvo que, a su juicio, fue utilizado como testaferro y engañado por el ex seremi del Trabajo de la Quinta Región don José Manuel Mancilla y por el empresario señor Giuseppe Malatesta, con quien lo unió una amistad de doce años.
Agregó que su participación como ejecutor en los PGE se originó en el segundo semestre de 2005, cuando fue despedido de su trabajo en la empresa de combustibles Comar, oportunidad en la que el señor Malatesta le propuso postular como ejecutor de los aludidos programas de empleo, a lo cual accedió.
Aclaró que en octubre de 2005, el señor Malatesta y el entonces seremi del Trabajo lo citaron a una reunión para comunicarle que se había adjudicado el programa N° 246. En esa ocasión, el ex seremi le dijo que don Giuseppe Malatesta se haría cargo de “todo” porque era el verdadero ejecutor, pero que no podía tomar proyectos debido a que la Contraloría lo había objetado. Afirmó haber sido utilizado por Giuseppe Malatesta, quien manejaba todo. En suma, dado que el señor Malatesta se encontraba inhabilitado, el señor Hugo Meza aparecía a cargo desde el punto de vista legal.
Explicó que recién cuando estalló este asunto, a raíz de la denuncia hecha por el alcalde de Quillota don Luis Mella , se dio cuenta de lo que estaba pasando. Aclaró que hasta ese entonces se había limitado a firmar papeles y liquidaciones, de acuerdo con las instrucciones que le daba el señor Malatesta.
Sostuvo que tras la denuncia de dicho alcalde, el señor Malatesta lo integró a todas las reuniones, en las que Mancilla y aquél le especificaban lo que debía declarar ante la fiscalía. Aclaró que en esas reuniones también participaban los señores Lepe y Quiroz.
Afirma que en una de las reuniones en las que participó, junto a los señores Malatesta y Mancilla , se dijo que el señor Lepe era quien dirigía la marcha de los Programas de Generación de Empleo y que se habría ayudado a algunos parlamentarios con ellos. Menciona al diputado Marco Henríquez Ominami y Marco Antonio Núñez.
En definitiva, no aporta ningún antecedente que pueda probar efectivamente que ello fuese así.
Con posterioridad, explica que dentro de las distintas reuniones que tuvo a propósito de los Programas de Generación de Empleo, nunca, en todo caso, se reunió con un diputado o senador, ya fuera en el recinto del Congreso o en otro sitio. O sea, a pesar de haber explicado las menciones a algunos parlamentarios, afirma que jamás vio a ninguno de ellos en ningún tipo de reunión.
Por otra parte, tenemos la declaración del señor Giuseppe Malatesta, quien habría utilizado a don Hugo Meza. Explica, en el fondo, que nunca, a raíz de los Programas de Generación de Empleo, se reunió con algún parlamentario en la sede del Congreso o en otra parte, y que con don Hugo Meza eran socios.
La sociedad de hecho con don Hugo Meza tenía el siguiente modus operandi: la intendencia le daba un listado con las personas a las que debían contratar a plazo fijo y pagar su sueldo en el término estipulado.
Sólo se enteró de una eventual utilización de los dineros asignados a estos programas con fines de propaganda política cuando el alcalde de Quillota, don Luis Mella , hizo la denuncia pública sobre la materia. Fue entonces cuando recién se sintió “utilizado” por el señor Mancilla , aunque no en el sentido de contratar y pagar a activistas políticos, porque no le consta y jamás le planteó algo así. Nunca fue testigo de que alguno de los trabajadores incluidos en los Programas de Generación de Empleo a su cargo realizara actividades de tipo proselitista.
Explica que en una oportunidad tuvo que ir a Viña del Mar a efectuar un pago de los Programas de Generación de Empleo. Para tal efecto, la intendencia le proporcionó una lista de cien personas, las que, a su juicio, cumplieron realmente la labor para la que fueron contratadas.
El lugar designado para el pago fue La Casona. Ustedes saben, ?
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Señor Ceroni , le restan cuatro minutos del tiempo destinado al diputado informante.
El señor CERONI.-
No alcanzaría a terminar las conclusiones. Por lo menos, para ello necesito diez minutos más.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para prorrogar en diez minutos el tiempo destinado al diputado informante?
Acordado.
El señor CERONI.-
La Casona que se menciona sería sede de la candidata a la presidencia en aquel entonces, Michelle Bachelet , o del diputado Rodrigo González, lo cual es desmentido más adelante en una carta suya. En ella establece que en ese lugar, en definitiva, se encuentran diversas organizaciones, y que dentro de él está su oficina parlamentaria.
En todo caso, el señor Giuseppe Malatesta explicó que el pago a esas personas se materializó en una sala que hay al costado del inmueble principal, donde no advirtió la presencia de ningún político, y que el pago se realizó mediante cheques, por razones de seguridad.
Con estos antecedentes y otros que figuran en el informe escrito, la Comisión redactó sus conclusiones.
Queda claro que los hechos denunciados que dieron origen a la Comisión Investigadora ponen de relieve un conjunto de anomalías en la administración y ejecución de los Programas de Generación de Empleo; que ella, obviamente, tiene serios reparos acerca del comportamiento de algunos funcionarios públicos, cuyos casos han sido y son materia de investigación administrativa por parte de la Contraloría General de la República; que, a pesar de ello, la Comisión reconoce las iniciativas administrativas y judiciales que las autoridades gubernamentales, regionales y nacionales llevaron a cabo una vez conocidos los hechos; y que de las declaraciones escuchadas en el sentido que el ex seremi del Trabajo de la Quinta Región , señor José Manuel Mancilla , habría utilizado las ventajas que le otorgaba el mal funcionamiento de los mecanismos de control de los planes de empleo y dada la confianza que en él depositó el intendente regional, se deduce que el ex seremi se habría aprovechado de ello, coordinándose con empresarios ejecutores de los proyectos y con otros actores políticos territoriales, como los señores Ricardo León y Edgardo Lepe , para que alguno de estos programas fueran destinados a labores distintas a las consideradas en los objetivos planteados en el decreto supremo N° l, de 2004, del Ministerio del Trabajo.
En definitiva, la Comisión ha arribado a la conclusión de que lo sucedido con los Programas de Generación de Empleo en la Quinta Región se debe, en parte importante, a la falta de control y fiscalización en que incurrieron autoridades políticas de la intendencia y del gobierno regional, las que tenían la obligación de administrar estos asuntos con el cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.
Por tal motivo, la Comisión atribuye responsabilidad política al intendente señor Luis Guastavino , amén de las administrativas que los órganos competentes le asignen.
La Comisión, sobre la base de la experiencia que entrega esta investigación, concluye que los parlamentarios de la Quinta Región deben tener especial cuidado y diligencia en la contratación de su personal, a fin de no verse afectados en irregularidades que puedan cometer.
La Comisión considera que, de los antecedentes, se puede presumir el desvío de recursos del Programa de Generación de Empleo para contratar activistas políticos en algunas campañas parlamentarias, sin que se haya podido establecer, por la falta de antecedentes, carencia de medios y facultades de la Comisión, quienes son responsables o se vieron favorecidos con ello, por lo cual corresponde a la Contraloría General de la República y, en especial, a los tribunales de justicia determinar las responsabilidades personales que procedan.
Se deja constancia que en esta investigación no han sido mencionados parlamentarios de la Democracia Cristiana, ni tampoco involucrados en ningún tipo de irregularidades.
La Comisión, unánimemente, condena y deplora lo sucedido con los Programas de Generación de Empleos en la Quinta Región y solicita que se aplique el máximo rigor en el castigo de quienes resulten sindicados como culpables, especialmente si se trata de funcionarios públicos.
La Comisión hace un llamado a colaborar en la Quinta Región con la acción del Ministerio Público y de los tribunales, a los que compete esclarecer los hechos, determinar los delitos cometidos y procesar a los culpables, allegando antecedentes o poniéndose a su disposición, cualquiera sea su condición o fuero, de manera de agilizar la investigación y resolver a la mayor brevedad la situación procesal de los involucrados.
Hay una serie de propuestas para mejorar los Programas de Generación de Empleos, su metódica y procedimiento que pueden ser leídas.
En definitiva, la Comisión concluye que hay desvío de recursos a campañas parlamentarias, pero no hay ningún antecedente que permita inculpar o hacer responsable a algún parlamentario. En definitiva, la justicia tendrá que resolver las responsabilidades personales.
He dicho
.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero destacar el extenso trabajo realizado por la Comisión a lo largo de treinta sesiones. Tuvimos la ocasión de recibir antecedentes y testimonios que nos permitieron avanzar en el tan difícil objetivo de acercarse a la verdad. Si bien valoro el clima y el consenso alcanzado en diversas materias, lamento que existieran otras evidentes motivaciones por parte de la Oposición que hicieron imposible, como le consta a todo el mundo y le constará hoy, presentar un informe apoyado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Investigadora.
Estoy convencido de que, como Cámara, perdimos una ocasión única de demostrar que es posible ser justos y rigurosos en el análisis sin que interfieran nuestras propias creencias o intereses.
Es importante también señalar que existe cierta información que no pudimos obtener por razones jurídicas. Esto rige tanto para el Consejo de Defensa del Estado, que se encuentra sujeto a una ley orgánica que le exige no entregar información sobre procesos en que intervenga, como para la investigación de la Fiscalía.
Nuestras conclusiones se basan en auditorías internas realizadas por la Subsecretaría del Trabajo y los informes de la Contraloría, además de antecedentes obtenidos por autoridades de la época y actuales, parlamentarios y diversas personas que los entregaron o rindieron testimonio.
En primer término, me referiré al modo de funcionamiento y administración de los programas de empleo.
Es evidente que existieron notables deficiencias en el manejo de los recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y administrados por la Intendencia, siendo el seremi del Trabajo una especie de secretario ejecutivo.
Pudimos constatar lo siguiente:
Falta de transparencia en la adjudicación de los proyectos; se priorizó el trato directo versus la licitación pública; no se evaluaron rigurosamente los antecedentes de los ejecutores, es decir, la idoneidad técnica y la solvencia económica, pues podían postular sociedades de hecho con el evidente eventual perjuicio fiscal; no se suscribieron los convenios pese a que se ejecutaron los proyectos; se traspasaron recursos de proyectos a contratistas, en circunstancias de que dichos proyectos ni siquiera estaban decretados en Santiago. En ocasiones, no se dictó resolución fundada respecto de tratos directos, que es un acto administrativo necesario, y muchos convenios no fueron revisados por la asesoría jurídica.
Además, no hubo control adecuado y seguimiento de la ejecución de los proyectos. Contribuyó a esto el hecho de que, desde 2002, los municipios no quisieron seguir a cargo de los proyectos, pues debían asumir los gastos relativos a su control, seguimiento en terreno y ejecución. La falta de control y de transparencia posibilitó que ocurrieran hechos graves como la suplantación de personas -en el caso de San Antonio eran reclusos- u obras que no se realizaron. Los recursos involucrados fueron importantes. Por ejemplo, el 2004, a Giuseppe Malatesta se transaron 462 millones de pesos, y a Fernando Valladares , 496 millones de pesos.
Cabe señalar que no se estableció el número de beneficiarios que el ejecutor se obligaba a incorporar en los proyectos. Tampoco se dispusieron los honorarios que debía cobrar el ejecutor. Hubo saldos que se gastaron en cosas ajenas. Todo esto motivó que no se les pagara a todos los trabajadores lo mismo.
¿Qué es lo más grave, a mi juicio, de todo esto? Que en 2003 hubo voces de alerta respecto de estas graves irregularidades, como la auditoría que efectuó ese año el Ministerio del Trabajo. Asimismo, el informe de la Contraloría, de 27 de julio del 2005, que ingresó a la intendencia el 15 de septiembre y que llegó a manos del intendente recién cuatro meses después. Es evidente la responsabilidad del intendente. Ahora, el responsable directo es quien, evidentemente, administró estos recursos: el ex seremi del Trabajo, José Manuel Mancilla. La modalidad de contratación, la ejecución y el control financiero eran responsabilidad directa del intendente. Él delegó en el propio ejecutor la supervisión y el buen manejo del proyecto en terreno sin recurrir a otras instituciones públicas, a través del establecimiento de convenios de colaboración. José Manuel Mancilla -reitero- era, en la práctica, el administrador de estos recursos. Existen antecedentes de reuniones entre el señor Mancilla con los contratistas Malatesta y Hugo Meza , en las cuales habría participado también Edgardo Lepe.
Malatesta y Avendaño , además, habrían ejecutado programas de generación de empleo en Viña del Mar. Del mismo modo, Luis Fernández habría oficiado de capataz de proyectos desarrollados en Quillota.
El 30 de septiembre de 2004, el jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la intendencia le hizo ver al seremi de Gobierno Interior de la época, señor Víctor Huenufil , las deficiencias e irregularidades que existían. Éste era una especie de caja pagadora de los programas de empleo.
Respecto de la utilización de fondos de los programas de empleo para financiar actividades políticas, hay muchas declaraciones de alcaldes, de consejeros regionales y de contratistas en el sentido de que se usaron recursos en las campañas. De esas declaraciones me he formado la opinión de que el ex seremi del Trabajo, José Manuel Mancilla , aprovechando la falta de control y la serie de deficiencias administrativas respecto de los PGE, se coordinó con ejecutores de proyectos, como los señores Meza y Malatesta -según el señor Meza , él sólo era el “palo blanco” del señor Malatesta, lo cual habría sabido el ex seremi- y con otros actores políticos territoriales como los señores Ricardo León y Edgardo Lepe , concejal y ex presidente regional del PS de la Quinta Región , respectivamente-.
Existen antecedentes aportados a la Comisión que indican que activistas políticos se habrían desempeñado como capataces de la ejecución de ciertos proyectos. Sin embargo, no hay ningún testimonio -ni siquiera de los senadores Arancibia y Romero , o del alcalde Mella - que señale que ex candidatos al Congreso tuvieran participación o hubiesen estado enterados de estos hechos. Sin duda alguna, las eventuales responsabilidades penales individuales deberán ser establecidas por la justicia.
¿Hubo mal uso de recursos públicos en campañas políticas? Me he formado la convicción de que sí. Si hubo parlamentarios implicados, no se desprende de los antecedentes que tenemos. La Comisión recomienda que todo parlamentario debe tener especial cuidado y diligencia en la contratación de su personal, a fin de no verse afectado por irregularidades o ilícitos que estos pudieran cometer.
Finalmente, me llama profundamente la atención de que hoy la Oposición llegue a conclusiones y haga afirmaciones que nunca se hicieron en la Comisión. No lo digo con el ánimo de ofender a nadie, sino sólo de ser riguroso y no basar conclusiones en el “creí que” o “pensé que”, porque eso no dice relación con la función que debemos desempeñar como Comisión Investigadora.
Digo esto, porque frente a la pregunta que se le hizo a los senadores Romero y Arancibia y al alcalde Mella -estoy hablando con los antecedentes que tuvo en vista la Comisión, no con los del fiscal del Ministerio Público-, en el sentido de que si sospechaban o tenían algún antecedente que involucrara directamente la participación de parlamentarios o de candidatos al Congreso en estos hechos ilícitos, ellos dijeron que no. Por eso, lamento que, a pesar del reconocimiento de que hubo traspaso de recursos públicos para financiar campañas políticas, no hayamos arribado a un informe unánime, lo cual habría contribuido a prestigiar más la labor del Congreso y también la eficiencia de las Comisiones Investigadoras.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente , un distinguido ex presidente de la República dijo que Chile no es un país corrupto. Esa afirmación es una verdad a medias y, como toda verdad a medias, esconde una parte de la realidad. Y, como toda verdad a medias, es también una mentira a medias.
Es efectivo que Chile, de acuerdo con los estándares internacionales, todavía se mantiene en lugares relativamente bien ubicados en lo que se refiere a la corrupción. Pero hay señales clarísimas, indiscutibles, de que vamos por un muy mal camino, por un mal rumbo.
No tenemos tiempo, en esta ocasión, para analizar las declaraciones de destacados dirigentes de la Concertación, los señores Arriagada , Boeninger , Schaulsohn , Martner y otros, que han reconocido un mal manejo, un manejo abusivo delictual, incluso, de recursos públicos. Pero, es importante llamar la atención sobre este aspecto. Estamos viviendo un momento decisivo, crucial. Y, cuando uso la expresión “crucial” no es por mera retórica. Si no somos capaces de cambiar el rumbo, el sentido en que vamos, terminaremos mal. La descomposición en el manejo del aparato del Gobierno siempre termina mal y, finalmente, quien se perjudica es la democracia, es nuestro sistema político. En consecuencia, debemos luchar contra la corrupción con todas nuestras energías y convicción. Lamentablemente, la Concertación ha dado muchas muestras de que no oye lo que se le dice.
Hace aproximadamente nueve años, cuando hablábamos de economía y advertíamos que íbamos por mal rumbo -todavía nos mantenemos en primera línea en América Latina-, se nos decía que lo único que queríamos era crear un ambiente de odiosidad y causar problemas al país, y que la economía estaba muy bien. Pues bien, han pasado nueve años y este país, que era la estrella, en 2006 fue la octava economía de Latinoamérica con mayor crecimiento. Siempre habíamos sido los primeros en los últimos años. Por eso, amparándose nuevamente en las cifras que nos informan las mediciones internacionales, sostienen que en Chile no hay corrupción, que no somos corruptos. Efectivamente, todavía no hemos llegado a un nivel de descomposición que nos permita decir que Chile es un país corrupto. Pero es indiscutible que si seguimos avanzando en esta línea, vamos a terminar mal. Por eso, insisto, hay que enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción.
En cuanto al informe de la Comisión Especial Investigadora sobre Intervención Electoral, hemos llegado a la incuestionable conclusión, después de recoger numerosísimas declaraciones de una enorme cantidad de personas que tuvieron participación en los hechos, que hubo delitos de malversación de caudales públicos, de fraude y de negociación incompatible. Conscientes de que esto no es materia de nuestro análisis, pero habiendo arribado a conclusiones tan determinantes, hemos sido extremadamente cuidadosos al consignarlas en nuestro informe. Lamento mucho que no hayamos concordado en ellas con los diputados de la Concertación.
Se ha dicho mucho que nosotros acusamos de manera irresponsable. No es así. Los antecedentes y los hechos descritos, suficientemente acreditados, conforman un sistema ilegal e indebido de aprovechamiento de fondos públicos para campañas electorales. En razón de que hemos sido extremadamente cuidadosos con nuestros colegas, a ninguno hemos acusado y no tenemos antecedentes para hacerlos responsables, pero sí dijimos que, conforme a los antecedentes recibidos y dada la relación que había entre las personas acusadas, muchas de las cuales están formalizadas por la justicia, “no puede descartarse que, a lo menos, algún conocimiento tuvieron de las irregularidades acreditadas”. A este punto queríamos llegar; nada más. Como pueden ver, no hay acusación, y no la hay, porque no podemos hacerlo y porque la Comisión no es un tribunal.
El informe de mayoría concluye: “Esta Comisión considera que, de los antecedentes, se puede presumir el desvío de recursos…”. Decir que “se puede presumir”, es lo mismo que nada. Las conclusiones son contundentes: hubo desvío de fondos, hubo aprovechamiento de fondos que estaban destinados a un objetivo social en favor de campañas políticas. Y eso es intolerable e inaceptable, además de ser ilegal y, probablemente, delictual.
Por eso, nos molesta no haber logrado acuerdo. Y no se logró, porque el ministro del Interior , don Belisario Velasco , interfirió en las labores de esta Cámara de Diputados. El señor Velasco , abusando de su posición, influyó en los diputados de la bancada democratacristiana, impidiéndoles concordar con nosotros la redacción final del texto de las conclusiones. Habíamos avanzado bastante. Sin embargo, el llamado del ministro del Interior , interfiriendo nuestras atribuciones exclusivas, impidió ese acuerdo de mayoría. Los diputados democratacristianos integrantes de la Comisión tuvieron la lealtad de reconocer que el ministro del Interior los había llamado.
Pero el informe de mayoría tiene un “caramelo”. Y ese caramelo, a pito de nada, nos endulza dejando constancia que ningún candidato a diputado de la Democracia Cristiana fue acusado en el proceso de investigación, contrariamente a lo que ocurrió con algunos candidatos de otros partidos de la Concertación. Eso fue lo que permitió que se llegara al informe de mayoría, que es completamente insuficiente.
El informe en debate no sirve de nada al señalar que “se puede presumir”. Existen antecedentes muy categóricos y la justicia ha avanzado enormemente en la investigación. Hay más de 15 personas formalizadas; otras, han tenido importante responsabilidad política en las campañas de algunos candidatos de la Concertación y, de esas personas, algunas concurrieron a la Comisión y prestaron lealmente su reconocimiento. Hubo testimonios elocuentes de personas que dijeron que se habían sentido usadas, que se habían aprovechado de sus nombres. Otras, en cambio, a pesar de responsabilidades, sencillamente eludieron comparecer ante la Comisión.
Por eso, la Concertación, como coalición gobernante, debe decidirse a enfrentar la corrupción. Y tuvo la ocasión de hacerlo, sumándose a nosotros, para que de manera unánime hubiésemos arribado a conclusiones serias, responsables y contundentes, sin hacer cargos gratuitos a ninguna persona, porque no es nuestro propósito ni es nuestra manera de trabajar. Lamentamos que no haya aprovechado esta oportunidad.
Llamo a la coalición de Gobierno a tomar en serio el tema; de lo contrario, vamos a terminar causando un grave perjuicio a nuestro sistema político-institucional.
Por lo tanto, con el mérito de lo expresado, pido a los diputados presentes en la Sala que concurran a votar en contra del informe de mayoría y a favor del de de minoría, que presentamos en la comisión investigadora.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , por el bien de la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, no es del todo pertinente constituir comisiones investigadoras cuando los temas en revisión ya están en manos del Ministerio Público y se inician las formalizaciones en tribunales. Estas instancias son mucho más rápidas y cuentan con mayores antecedentes que les permiten realizar una labor más efectiva que la nuestra, dado que muchas personas invitadas a las comisiones a entregar su testimonio no asisten, pues podrían afectarse sus procesos judiciales. Las comisiones investigadoras se justifican en la medida en que aportan a la evaluación y a la solución de problemas de interés social. Cuando ellas interfieren o se superponen a la acción de la Justicia, no se dispone de las condiciones básicas para ser bien escuchadas y entendidas como tales.
En todo caso, la Comisión Especial Investigadora sobre Intervención Electoral, presidida de manera muy adecuada, ponderada y objetiva por el diputado de Renovación Nacional , señor Francisco Chahuán , trabajó con seriedad y profesionalismo en la investigación de los hechos denunciados.
En la Comisión se concluyeron cuatro aspectos fundamentales, que me permiten discrepar de lo planteado por el diputado Eluchans.
En primer lugar, se concluyó que:
a) Las irregularidades existieron;
b) Se traspasaron recursos de los Programas de Generación de Empleo para financiar activistas de algunas campañas parlamentarias de la Quinta Región y que, en ningún caso, para la presidencial, como consta de los antecedentes recopilados en la Comisión;
c) Están involucrados ex funcionarios públicos y algunos militantes del bloque PS-PPD que perdieron el norte y sus principios en dichas acciones, y
d) Ellos están siendo formalizados por el Ministerio Público.
Esta situación debe ser reprochada por todos, pues, desde el punto de vista ético, se dañó a los más necesitados porque se usaron recursos destinados a los desempleados de la Región de Valparaíso, lo que expresa una profunda falta moral de quienes las realizaron, los cuales no merecen llamarse militantes de la Concertación, debido a que ésta nació para dar grandes luchas por la democracia, la equidad y la justicia. La Concertación no nació para hacer prácticas reñidas con la ética por la mera conveniencia electoral partidista.
Por ello, insisto en que las personas que participaron en esos hechos no merecen pertenecer a la Concertación, pues han dañado sus principios, sus valores y sus convicciones.
La Concertación está representada por quienes reprueban hechos ilícitos que comprometen el buen nombre de todos nosotros. Eso es inaceptable, porque lo que esperamos que en éste y en cualquier caso que se presente, siempre se aplicarán las sanciones que corresponden. Debe hacerse un juicio político, que es independiente del juicio legal.
Asimismo, también debo lamentar que, a pesar de los esfuerzos del Presidente de la Comisión , el diputado Francisco Chahuán , y de varios de nosotros por aprobar un informe único, no se haya logrado ese propósito debido a los típicos fines políticos y mediáticos de muchos representantes de la derecha, quienes insistieron en aprobar un texto con sus propias conclusiones y propuestas, el que, aparte de tener problemas conceptuales graves, hace afirmaciones falsas y temerarias, con generalizaciones respecto de situaciones puntuales y con especulaciones carentes de sustento real, que sólo obedecen a un afán de denostar, simplificar y acomodar a su conveniencia política la situación analizada, con lo que perdió, lo que lamento, la oportunidad de mostrar objetividad.
El informe presentado por el diputado Ceroni reconoce claramente hechos y actitudes irregulares de desvío de recursos de los Programas de Generación de Empleos para fines electorales, lo cual incluso ha sido reconocido por un editorial de “E1 Mercurio”, medio de comunicación que, como todos sabemos, no es de la Concertación ni le interesa el éxito de ésta.
Por ello, insisto en que la Derecha ha perdido la oportunidad de actuar con altura de miras. Se pudo haber aprobado sólo un texto de conclusiones, para lo que había que diferenciar hechos de evaluaciones políticas. No quisieron actuar de ese modo. Un problema grande no se enfrenta con miradas pequeñas.
Sin embargo, como militante de la Democracia Cristiana y como un firme defensor de la Concertación y de su obra, debo expresar también mi pesar y mi preocupación, pues la Concertación ha sido una alianza política buena para Chile y para su gente, por lo cual deben existir lealtades, confianzas y normas éticas que orienten nuestro accionar. Esas confianzas y esas normas éticas no se pueden quebrar por un afán electoral de tener más parlamentarios de tal o cual fuerza política o el deseo de perjudicar a un socio, como la Democracia Cristiana. Si militantes de partidos políticos, algunos con responsabilidades directivas, que son socios en una alianza política que comparte un ideario que aún tiene desafíos importantes para hacer de Chile un país más justo, solidario y humano, como la Concertación, se concertan o se organizan para perjudicar y destruir a otro socio con prácticas reñidas con la ética y los valores, es algo que no se puede hacer, pues se dañan las confianzas. Está demostrado en el mundo que el inicio de la decadencia lo producen el oportunismo y el relativismo político, que permiten transar las convicciones por las conveniencias personales y partidarias.
Algo de esto se vivió como germen en algunos distritos de la Región de Valparaíso, donde ciertos militantes del PS y del PPD perdieron el norte y realizaron acciones específicas para perjudicar a algunos aliados del pacto. Esas acciones repudiables, que son expresión de la pequeña política, han sido ejecutadas por individuos inescrupulosos y poco éticos, que nunca debieron haber entrado a la política ni menos a militar en partidos políticos de la Concertación con tradición histórica como el PS o el PPD que nació para derrotar a la dictadura. Es por ello que no considero a esos individuos como verdaderos militantes de partidos políticos de la Concertación ni han merecido serlo, pues las prácticas que parecen haber realizado no son éticas ni responden a ningún principio humanista progresista, sino que sólo a las conveniencias. Esas prácticas de algunos individuos nunca más deben volver a repetirse por el bien del país, de la política, de Concertación y de nuestros partidos.
Ciertamente que los pocos que ejecutaron esos hechos adolecen, además de los temas éticos y valóricos que he señalado, de miopía política, pues con su accionar sembraron un manto de dudas sobre la legitimidad de los procesos eleccionarios, lo que resulta absolutamente inconveniente. Tampoco deben pensar que de esa forma han obtenido un dividendo político, pues están muy lejos de la realidad, ya que sólo han hecho un gran daño a la política y a todos los políticos, puesto que la opinión pública, como lo señalan las recientes encuestas conocidas por todos, hace generalizaciones de que todos los políticos son ladrones y corruptos, lo cual es muy injusto y malo para todo el sistema político y para el país, pues no querrán incorporarse a la política elementos nuevos y buenos, lo que se transformará en una oda a la mediocridad en todos los partidos políticos.
Por ello, junto con sancionar a los implicados, que lo hará la justicia como corresponde, es necesaria la máxima responsabilidad y precisión al momento de realizar denuncias y acusaciones, pues las generalizaciones sólo aportan desprestigio a las instituciones, lo que no debe suceder, porque se deteriora la calidad de la política y de la democracia.
La Derecha también debe entender el peligro que implica intentar sacar dividendos políticos menores al insistir en generalizaciones en materia de corrupción que nos enlodan a todos. No hay ningún problema en identificar, transparentar, limpiar lo realmente malo que puede haber en diferentes partes, pero no podemos dañar a toda la institucionalidad política por hechos que tienen responsables individuales. Las generalizaciones son siempre malas. No todos los militares violaron los derechos humanos, pero costó mucho romper esa imagen respecto de la institucionalidad del Ejército.
Creo y estoy en política por principios, por valores, por convicciones que nunca se transan frente a las conveniencias, por lo cual es necesario que cada uno de nosotros ponga el máximo de energía y dedicación en el reclutamiento de nuestros colaboradores. Debemos ser especialmente responsables en esa tarea, pues el accionar de nuestros colaboradores es la proyección de nuestro actuar a los ojos de la gente; cuando ellos fallan, también fallamos nosotros, porque ellos están ahí por nuestras decisiones. Ésa debe ser parte de nuestra responsabilidad como actores políticos en el ejercicio de nuestros cargos, pues no resulta sostenible que la victoria seas del jefe y los errores del subalterno. La responsabilidad penal por los errores del subalterno o colaborador no es nuestra, pero sí lo es desde el punto de vista moral.
Por ello, convoquemos a personas que dignifiquen la política y no la ensucien, pues todos los países, también Chile, necesitan de una gran política. Eso espera la gente de nosotros; no espera abusos ni mal usos del poder. Por eso tenemos que volver a recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en la política. Chile está esperando que la Concertación y la Alianza practiquen una mejor política, con principios serios y responsables.
Para quienes estamos en la gran política, siempre existen oportunidades y también se pueden sacar lecciones de esos hechos, entre las cuales podemos señalar algunas que nos parecen fundamentales:
a) Mayor preocupación y responsabilidad de los partidos y de nosotros, los candidatos, respecto del accionar de los colaboradores, militantes y personas que participan en nuestras campañas;
b) Empadronamiento de nuestros promotores o activistas durante la campaña;
c) Asumir el pago de esos colaboradores como la ley lo establece;
d) No contratar o contactar matones o maleantes para proteger propaganda, pues con ello sólo se pone en riesgo la integridad física de quienes trabajan en las diferentes campañas;
e) No romper la propaganda entre candidatos, pues nos denigramos como políticos al dar una pésima señal a la comunidad, y
f) Necesitamos liderazgos capaces de motivar y de seducir al electorado sobre la base de principios e ideas. Por ello, no debiera estar permitido que los parlamentarios y candidatos entreguen donaciones o erogaciones de ninguna índole a personas y organizaciones, pues ello sólo genera clientelismo político y es una especie de cohecho solapado, con cara de solidaridad y beneficencia que no es tal.
Éstos y otros temas podrán ser abordados en la modificación de la ley electoral, para el bien de nuestra democracia y de nuestro país. Debemos recuperar el sentido del Congreso Nacional como el espacio privilegiado de la República para las grandes discusiones y desafíos del desarrollo nacional en todos sus ámbitos. En ese sentido, debemos librarlo del clientelismo y de esta especie de “macroasistencialismo” para ganar el apoyo de la gente.
Es necesario llevar a cabo éstos y otros cambios. Podemos hacerlos. He sido parte de los que han construido la Concertación. Sé lo que ella es y la he defendido siempre. Para defenderla hay que preservar la ética que la mueve y la justifica. Ha llegado el momento de explicitar normas éticas, por todos compartidas, para actualizar la confianza. Es algo necesario que debemos emprender todos los líderes de la Concertación.
En cuanto a mi partido, la Democracia Cristiana, espero que sea el más activo, el más claro y el más decidido actor de este proceso. Por mi parte, no evalúo intenciones; simplemente constato hechos. Mi partido ha sido perjudicado por lo ocurrido, pero más perjudicada ha sido la Concertación y el país. Debemos asumir posiciones colectivas, como partido y como coalición. Aprendamos de los errores. No dejemos espacios para que actúen los que desacreditan la política. Lo digo muy claro: no se puede decir que existan partidos involucrados en los hechos acaecidos. No obstante, los partidos son responsables de lo que hagan de aquí hacia adelante. Sabemos lo que ha ocurrido, por tanto, la inacción a futuro sería complicidad. Estoy seguro de que nadie se quedará mirando el techo, pues somos capaces de actuar en política sobre la base de principios y convicciones que permitan construir un país más humano y más justo. Ése debiera ser nuestro norte. No dejemos que los miopes sean nuestros guías. Alguno habrá pensado que a través de este actuar se pueden conseguir ventajas políticas. Tal vez se logre por un tiempo, pero al final el político miope y el oportunista destruyen todo lo que tocan.
Quiero terminar señalando, categóricamente, que todos aquellos seudoconcertacionistas y malos militantes de partidos políticos con historia, que llevan a cabo prácticas poco éticas, no han sido, de verdad, ni merecen ser militantes de los partidos de la Concertación. Quienes formamos parte de ella nos unimos para una tarea ética por el bien de Chile y de su gente y en eso nunca debemos claudicar. El país aún necesita a esa Concertación que quiere un Chile más justo, más humano y más solidario. Ésta es la motivación que debemos tener como conglomerado político. Ojalá que quienes han perdido el norte y han perdido sus valores, se retiren voluntariamente de la Concertación. Si no quieren irse por su propia decisión, deberemos buscar los mecanismos para sacarlos, pues denigran la política, deterioran la democracia y perjudican a Chile.
He dicho.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente , la democracia es el sistema político que mejor responde a la naturaleza del hombre, pero, a la vez, es el que exige mayores virtudes cívicas tanto a gobernantes como a gobernados. Por esta simple pero contundente razón, si la corrupción comienza a generalizarse, tarde o temprano la sociedad podría terminar cuestionando a fondo la legitimidad de su sistema de organización política, con todas las implicancias que ello tiene. Porque hay que defender la democracia, hay que defender la transparencia y la probidad en la gestión de los gastos públicos, particularmente de los que van destinados a los más pobres de los pobres y a los cesantes.
No pretendo sostener que la corrupción es un fenómeno que sólo habita en el ámbito público. De hecho, existen innumerables prácticas corruptas en el sector privado que, si bien también son graves, no son de la misma entidad que las cometidas en el sector público. La corrupción que tiene lugar en el ámbito privado puede ser controlada y castigada por el Estado. Pero, como se pregunta acertadamente un estudioso del tema, el señor Mariano Grondona : “Si los mecanismos del Estado están infiltrados por la corrupción, o comienzan a ser infiltrados por la corrupción, ¿quién puede controlar o castigar al propio Estado?”.
La corrupción es un cáncer. Si no se extirpa a tiempo, se extiende por todo el cuerpo social y gesta una verdadera cultura de la corrupción, a la que los ciudadanos honestos terminan por sumarse, hastiados de las dificultades y desventajas que implica rechazar prácticas y hábitos que la mayoría asume y de las cuales profita. La experiencia enseña que cuando ello ocurre, se cruza un umbral de difícil retorno.
Con lo señalado he querido exponer mi pensamiento y reflejar el ánimo con que asumí la tarea de presidir la Comisión Investigadora: intentar poner freno a futuro a las vergonzosas irregularidades -la justicia determinará si constituyen delitos- que nos correspondió investigar. Para esos efectos la Comisión remitió todos los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, a fin de que determinen si hubo ilícitos penales e irregularidades de tipo administrativo, de modo que los responsables sean sancionados.
Lamento que finalmente hayamos llegado a una discusión en la que sólo podemos pronunciarnos por una de las visiones, la de la mayoría, y que la otra se omita, se niegue y se esconda. No vamos a resolver el problema de la corrupción en Chile con criterios de mayoría versus los de minoría. La fórmula para hacerlo es poner la verdad por delante, con la honestidad como estandarte y, sobre todo, con total disposición a reconocer los hechos tal como ocurrieron, sin importar si los responsables son de nuestro partido político.
Cabe preguntarse por qué llegamos a este nivel de corruptela. Para responder, considero pertinente reproducir las expresiones del ex senador José Antonio Viera-Gallo , publicadas en “La Tercera” el 10 de noviembre último, con el cual encabezamos nuestro informe de minoría. En ella, el señor Viera-Gallo hace la siguiente afirmación: “¿Cómo se pudo producir un desfalco tan prolongado en el tiempo, que comprometiera a tanta gente? Muchos deben haber sabido antes y callaron: operadores de alta y de poca monta. Miraron para el techo por conveniencia, por miedo, por indolencia o por cálculo.”
Estas conductas no constituyen acciones aisladas, sino que conforman, de acuerdo con lo señalado por otro destacado personero de la Concertación, una verdadera cultura o ideología de la corrupción. Es así que el ex diputado y ex Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Schaulsohn , en entrevista publicada por “El Mercurio” el pasado 10 de diciembre, expresó: “Creo que se inventó una ideología para dar sustento y legitimidad a la utilización de los recursos públicos para fines políticos.”
La Comisión realizó un exhaustivo trabajo. La presunta utilización de recursos de los Programas de Generación de Empleo en campañas electorales fueron los hechos de mayor notoriedad en la investigación. Pero no debemos olvidar que también se investigaron otras formas de intervención electoral, sobre las cuales se debe profundizar. Entre ellas, cabe mencionar el caso de Chiledeportes, que a las semanas explotó públicamente; del Indap; del Sence ; de la contratación a honorarios en períodos electorales -de 2004 a 2005 hubo un aumento de contratación de 66 por ciento-, del traslado de electores desde Argentina -sobre el particular la Comisión envió antecedentes a la Contraloría General de la República-, y de los fondos sociales Presidente de la República. La Comisión recabó muchos antecedentes que confirman la existencia de una red articulada y extendida de personas y mecanismos que tendrían por finalidad intervenir, con fondos públicos, en los procesos electorales.
El proyecto enviado por el Gobierno sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política es el mejor reconocimiento de que los hechos que investigó la Comisión realmente se produjeron, ya que pretenden regular esas situaciones y conductas. Nadie puede pensar que el Gobierno califica de conductas prohibidas hechos que nunca ocurrieron. Desde la perspectiva de enfrentar la verdad y de proponer medidas para que no se repitan estos hechos, considero que la tarea de la Comisión se ha cumplido, más allá de las justificadas diferencias que existan entre la Alianza y la Concertación respecto del informe.
Finalmente, cabe destacar el reconocimiento público, categórico, audaz y valiente que hicieron algunos diputados de la Concertación, que reconocieron que hubo intervención electoral y desvío de fondos para las campañas políticas parlamentarias. Lamentablemente, creemos que ese reconocimiento categórico no se expresa en el informe de mayoría.
Me sentí particularmente honrado de presidir la Comisión sobre hechos tan sensibles en nuestra región, y fue esa misma responsabilidad la que me llevó a presentar un proyecto de acuerdo junto a otros parlamentarios de la Alianza por Chile.
Ahora depende de otros determinar si hubo irregularidades o ilícitos penales. Chile nos está mirando. De nosotros depende que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir y que haya probidad en la gestión de los recursos públicos.
He dicho.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El seño CERONI.-
Señor Presidente , a raíz de este tema y de las conclusiones de la comisión investigadora, debemos enorgullecernos por la forma en que se trabajó en ella, porque se hizo en forma muy armoniosa. Lamento no haber podido concluir en un informe unitario. Pero, tal como lo explicó el diputado Eluchans , lo que nos separó fue algo muy pequeño.
También quiero decir que el informe que presentamos hoy fue suscrito por los parlamentarios de la Concertación presentes en la ocasión, es decir, los señores Fuetealba , Meza , Quintana , Rossi , Súnico, Vallespín y quien habla, porque estamos convencidos de ello. El documento deja claro, en aras de la seriedad, que de los antecedentes se puede presumir el desvío de fondos de los Programas de Generación de Empleo hacia campañas parlamentarias.
Creo que ese reconocimiento es doloroso, porque estamos diciendo que es un desvío de fondos a campañas parlamentarias de la Concertación. Por lo tanto, aquí queda claro que nadie en la Concertación ha querido ocultar algo. Pienso que el país sabe eso. La conclusión de la Concertación es en aras de la verdad. Nadie pretende ocultar la verdad o que quede en un rincón.
Evidentemente, cuando se habla de presumir es porque la comisión investigadora no conoce todos los hechos como para ser categórica. Puede haber antecedentes en este capítulo que aún no se han terminado de analizar -porque está en manos de la justicia- y, a lo mejor, podría haber conclusiones diversas. Por eso, en aras de la seriedad, la conclusión es que se presume el desvío de fondos.
También en aras de la verdad, se deja constancia de algo que no es un dulce, como lo expresó el diputado Eluchans en relación a la Democracia Cristiana. Desde ningún punto de vista, como lo dijo él, es producto de la intervención del ministro del Interior , sino de los hechos. Incluso, el consejero regional señor Manuel Millones , de la provincia de Valparaíso, declaró que en el tema de los Programas de Generación de Empleo jamás se ha mencionado que se hayan beneficiado parlamentarios de la Democracia Cristiana.
Como consecuencia de querer expresar la verdad, uno concluye que en las campañas de la Democracia Cristiana, desde ningún punto de vista se presume que se haya podido utilizar algún recurso en forma irregular. La Democracia Cristiana no firmó el informe porque haya pensado que fuera un dulce. Firmarlo significa estar de acuerdo con él, porque había un compromiso de honor.
Es importante decir que éste no es un país corrupto. Cuando decimos que la política es corrupta todos nos estamos empañando. No acepto eso. No habito en un país corrupto ni soy un político corrupto, así como no conozco en esta Cámara a ningún parlamentario que lo sea. ¿Alguien que está acá conoce a alguno?
(Aplausos).
Más allá de lo que digan los medios de comunicación, quien más sabe esto es la propia ciudadanía y lo refleja en su votación. Si somos corruptos, no vota por nosotros en las elecciones.
Evidentemente, eso no significa que no haya actos de corrupción. Por supuesto que los hay. Mientras estemos entre seres humanos habrá corrupción no sólo en la política, sino en la empresa privada, en los negocios y donde sea. ¿Acaso no conocen los actos de corrupción en la empresa privada, los que perjudican a consumidores, a la ciudadanía entera cuando la estafan con los productos y con los precios? La corrupción y la inmoralidad están en todas partes. Lo importante es que en la política estamos tomando todas las medidas. Ahí están los proyectos de ley de la Presidenta Michelle Bachelet para evitar los actos de corrupción, y cada vez vamos a tomar más medidas, con el apoyo de la Alianza por Chile y de la Concertación.
También quiero decir que aparecen en tela de juicio parlamentarios del Partido Socialista y del PPD. Pero, antes de emitir cualquier opinión al respecto, prefiero que este capítulo termine, y será transparente y verdadero cuando la justicia dictamine. No caigamos en tirar piedras a las personas mientras no tengamos todos los antecedentes.
Soy abogado y tengo la formación de tal, así como muchos parlamentarios. Para mí, el principio de inocencia es fundamental, y mientras no se pruebe que alguien cometió hechos ilícitos, es inocente.
Espero que todos los parlamentarios que estén en situaciones complicadas salgan airosos del tema relacionado con el uso de los Programas de Generación de Empleo, que tanto dolor nos ha causado.
Creo que esto ha sido un final positivo de la comisión. Llamo a la Cámara a apoyar el informe. No porque haya otro que nos separe tan poco del otro vamos a votar en contra, porque significaría que estamos en contra de todo lo positivo del informe. A lo menos, ha sido suscrito por los parlamentarios de la Concertación. Por supuesto, tengo plena confianza que dichos parlamentarios son personas de honor, y si lo han suscrito, van a apoyarlo plenamente.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda.
El señor SEPULVEDA (don Roberto).-
Señor Presidente , nos corresponde hoy pronunciarnos sobre el informe de la Comisión Investigadora encargada de recopilar antecedentes sobre intervención electoral.
Quiero iniciar mi intervención, y como una forma de reflejar la médula del trabajo de esta Comisión, leyendo un extracto de la respuesta del alcalde de Quillota , señor Luis Mella , al señor fiscal investigador de la Intendencia de la Quinta Regón y que se encuentra en el informe en la página 98, en su Anexo 1. Señala:
“El 7 de diciembre de 2005 se acercó a mí una persona cuya identidad desconozco, portando el cheque serie CM 3877765, del Banco del Estado de Chile, sucursal San Antonio N° 1360, de Viña del Mar Oriente, correspondiente a la cuenta corriente 23600042882, por la suma de $ 51.478.-, girado a la orden de doña Mercedes Calderón General, explicándome que tal cheque le fue pagado a esta señora por un trabajo que nunca ejecutó y a cambio del favor político de votar en las pasadas elecciones parlamentarias por el candidato a diputado del Distrito N° 10, hoy diputado , señor Marco Enríquez-Ominami Gumucio ”.
Ese hecho concreto, comprobable, avalado por un alcalde de la propia Concertación, que de acuerdo a lo que señala el diputado Jaime Mulet -en página 32 del informe- “es una persona seria y responsable” por lo que “su denuncia debe haberse fundado en antecedentes de carácter grave”, es un ejemplo entre cientos y tal vez miles de casos que dan cuerpo a la intervención electoral más desvergonzada y grotesca de que tengamos memoria.
Esto no es una conjetura, hipótesis o suposición; éste es un caso concreto, con una persona de carne y hueso.
La cantidad entregada a la señora Mercedes Calderón de $ 51.478 pesos era para otra persona y, por cierto, para otra cosa.
Estos casos se repiten en los diversos testimonios y antecedentes que recogió la Comisión, con precisión respecto de quienes recibieron y quienes hicieron los pagos y también de donde procedían los dineros utilizados.
A veces el despojo se realiza bajo otras modalidades pero en el fondo la misma estructura inmoral: “Fondos públicos destinados a los más necesitados de nuestro país son robados para ir a parar a campañas electorales”.
Estas denuncias motivaron esta Comisión, y hoy se encuentran acreditadas no sólo por la Comisión, sino mediante investigaciones judiciales y periodísticas.
Estos hechos han tenido suficiente difusión y no utilizaré mi restringido tiempo en abundar sobre ellos.
Me referiré eso sí a la inexplicable actitud de algunos diputados de la Concertación y a las conclusiones del informe de mayoría que resultan evidentemente insuficientes, a la luz de los hechos acreditados.
Las conclusiones del informe y en lo referido a los PGE señalan que: “Se puede concluir que en algunas comunas de la Quinta Región existió presuntamente un uso inadecuado de fondos públicos destinados a los PGE”.
Reitero “presuntamente un uso inadecuado de fondos públicos”.
También señala el informe que: “de los antecedentes, se puede presumir el desvío de recursos de los PGE para contratar activistas políticos en algunas campañas parlamentarias, sin que se haya podido establecer quienes son responsables o se vieron favorecidos con ello”.
Sin embargo, y también en las conclusiones, se señala en forma categórica y sin titubeos que: “en esta investigación no han sido mencionados parlamentarios de la Democracia Cristiana, ni tampoco involucrados en ningún tipo de irregularidades”.
Entonces, por descarte, realizando un esfuerzo para comprender este laberinto, podemos señalar que:
1.- El desvío de fondos se produce principalmente en la Quinta Región;
2.- No favoreció a los candidatos de la Democracia Cristiana, a lo menos, en la Quinta Región, y
3.- Los operadores políticos que cometen las fechorías son jefes de campaña de determinadas y conocidas candidaturas.
¡Por favor! ¿Qué necesitan los diputados de la Concertación para dejar de presumir y afirmar que los desvíos de fondos favorecieron a los candidatos del Partido por la Democracia y del Partido Socialista?
¿Qué más de lo que todos hemos sabido?
Lo que falta no son sentencias judiciales ni mayores antecedentes; lo que se requiere es una pequeña cuota de coherencia, que les permitiría reconocer y concluir que los beneficiados fueron los entonces candidatos señores Marco Enríquez-Ominami , doña Laura Soto , Rodrigo González, Marco Antonio Núñez y Samuel Venegas. Y esto por simple deducción de lo señalado por ellos mismos, pero oblicuamente.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
¿Me permite, señor diputado ?
Me señalan que el tiempo restante le corresponde al diputado René Manuel García. Por tanto, le pido redondear la idea.
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).-
Muy bien, señor Presidente.
¿Cuál es el problema de decirlo derechamente?
El diputado Fuentealba , miembro de la Comisión Investigadora, en la sesión del jueves pasado señaló que: “le resultaba imposible asumir que en estas actividades, impropias o contrarias a la probidad, esos funcionarios actuaran a nombre propio. Todos sabemos que nuestros secretarios actúan ejerciendo la influencia que les da su posición de tal, y en nuestra representación. A pesar de que las iniciativas que emprendieron en relación con el manejo de los Programas de Generación de Empleo sean personales, no tuvieron ningún control ni fiscalización por sus empleadores en el desempeño de sus tareas. Actuaron con total y plena autonomía, como merecedores de la confianza de sus jefes”. Continúa señalando el diputado Fuentealba : “me cuesta aceptar que los parlamentarios no supieron lo que hacían sus empleados; y eso no los exime del hecho de que debieron saber. Por consiguiente, los parlamentarios tampoco están exentos de responsabilidad política, pues no prestaron el debido cuidado y atención, ni fueron debidamente diligentes en orden a supervisar, fiscalizar y controlar los actos de sus empleados, toda vez que dichos actos, directa o indirectamente, los iban a comprometer”.
Hoy esos parlamentarios, que a través de sus funciones se vieron involucrados en acciones impropias relativas a los PGE, en que se desviaron recursos fiscales a campañas políticas, deben dar una explicación a las miles de personas modestas, a las que si estaban destinados los recursos. Esas modestas personas si necesitaban esos recursos y fueron despojadas de esos dineros que les correspondían y merecían.
Este informe, el de mayoría, es una expresión fiel de la “ideología de la corrupción”, esa que reconoce, ¡pero hasta ahí no más!, que nunca responsabiliza a nadie, que pretende dejar las cosas en una nebulosa que permita ocultar la verdad y a quienes asaltan la caja de los fondos públicos que son de todos los chilenos y preferentemente de los más humildes.
Sin embargo, el diputado Renán Fuentealba en intervención efectuada durante Incidentes en sesión realizada la semana pasada, nos señala que los parlamentarios beneficiados con estos desvíos de recursos hacia sus campañas no pueden estar exentos de responsabilidad política por no haber ejercido los suficientes controles, y deben darle una explicación a las personas modestas, a las que estaban destinados estos recursos.
Por eso, el informe de mayoría hay que rechazarlo por hipócrita y por consagrar un estado de podredumbre moral inaceptable.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , qué pena tener que intervenir en una sesión en que se confirma el mal uso de los recursos destinados a los chilenos más pobres; qué irritante resulta conocer, en los últimos días, declaraciones y testimonios de brigadistas y connotados dirigentes de partidos políticos de la Concertación, quienes dan a conocer cómo operaba el sistema para usar la plata de los cesantes; que desilusionante resulta confirmar que en la última campaña parlamentaria y presidencial se desviaron fondos públicos para ser utilizados en campañas políticas.
Después de conocerse el año pasado hechos de corrupción tan o más graves que los que motivaron esta Comisión, probablemente los chilenos hayan perdido su capacidad de asombro y no puedan aquilatar su gravedad.
Una intervención electoral pocas veces vista, desde el retorno a la democracia, que cobra particular relevancia si consideramos lo estrecho del resultado en las últimas dos elecciones y una utilización de los recursos de los chilenos más pobres, aquellos que viven el drama del desempleo, para campañas políticas.
Creo que es importante despejar si estas denuncias de irregularidades surgen de la Alianza o de la Concertación.
Usted, diputado Sule, tendrá que reconocer -como todos los otros diputados que están en esta Sala-, que todas estas denuncias surgen de ustedes mismos. ¿O acaso se olvida del escándalo de Correos de Chile, denunciado por Soledad Lazcar?, ¿De las indemnizaciones, denunciadas por Carlos Cruz , o de los gastos reservados, denunciados por Schaulsohn o Martner? ¿O la existencia de una pandilla o camorra, denunciada por el senador Flores?
Aquí no hay nada distinto. La denuncia proviene de un alcalde democratacristiano, cuya hermana perdía una elección parlamentaria.
Quiero detenerme en ese punto, porque lo natural sería valorar el gesto. Pero cabe preguntarse si estas denuncias se hacen por convicción. Claramente, no puedo juzgarlo, pero, evidentemente, le resta legitimidad, pero no credibilidad, porque se han confirmado los hechos de que se han llevado a cabo con fines electorales o después de derrotas internas.
Lo lamentable es cómo terminan dichas denuncias: con fotos donde aparecen todos sonriendo, tomados de las manos, ofreciendo integrar a los denunciantes a la directiva, o derechamente silenciándolos o expulsándolos.
Estimados colegas, digo esto a aquellos que quieren escucharme y dignificar la actividad política. Evitar que se vuelvan a repetir hechos como los ocurridos con los fondos de los Programas de Generación de Empleo en la Quinta Región, y otros hechos de corrupción, requieren voluntad política.
Por eso, es una pésima señal que en el Gobierno nadie asuma la responsabilidad por las irregularidades que se cometen. ¿O ustedes creen que es una señal clara a favor de la transparencia el que los funcionarios públicos se mantengan en sus puestos, aún cuando son denunciados por fraude al mismo Estado que dicen representar? ¿Es una señal clara a favor de la transparencia el que algunos diputados corran a retirar sus firmas de comisiones investigadoras porque los llama un ministro de Estado ? ¿Es una señal clara que el llamado del ministro del Interior cambie el contenido de una Comisión autónoma del Congreso Nacional, cuya función es investigar? ¿Es una señal clara y de transparencia que quienes aparecen implicados en estos hechos, por las declaraciones de sus propios brigadistas, puedan votar e incidir sobre un informe que les afecta?
Con una mano en el corazón, tendrán que reconocer y compartir conmigo que son pésimas señales; el resto, son sólo cuñas del segundo piso.
¡A mi Gobierno se entra y se sale con las manos limpias! ¡Pongo las manos al fuego porque en mi campaña no se utilizaron recursos del Estado! Y otras frases por el estilo.
Esas afirmaciones siempre han sido puestas en duda por ustedes mismos.
En la última sesión de la Comisión, el diputado Fernando Meza afirmó: “Hay cosas que aquí se han dicho que son indesmentibles. Ha habido intervención electoral y mal uso de los recursos públicos. En el fondo de nuestro corazón, todos estamos convencidos de que ha sido así.
Se ha dado un paso.
Un informe reconoce algo que hemos venido denunciado durante años: que existe y ha existido una tremenda intervención del Estado en las campañas políticas.
Pero, sabiendo esto, ¿por qué se han negado a legislar? Por una razón muy sencilla: porque otros diputados serían más beneficiados que ustedes en el financiamiento de sus campañas, cosa que Schaulsohn dice que no es así. Los empresarios apuestan a caballo ganador, porque sus campañas son mucho más millonarias que las nuestras.
¿Qué es lo que está en juego en todo esto, queridos colegas de la Concertación, que se ríen con las frases del ex diputado y ex presidente del PPD , Jorge Schaulsohn ? Ni más ni menos que la legitimidad de nuestra democracia y la calidad de los servidores públicos. Es lógico que se discuta la legitimidad de las elecciones y la representatividad de quienes son elegidos en estas condiciones, porque intervenciones electorales como la efectuada durante las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias afectan las reglas del juego en una democracia.
Pero no quiero entrar en la discusión un tanto mezquina, en cuanto a que si no hubiera mediado esta intervención los beneficiados habrían obtenido más o menos votos o habrían sido o no electos. Lo verdaderamente grave es que para algunos el fin sigue justificando los medios.
Queridos colegas, mantener el poder y conservar las mayorías, ¿justifica la utilización de dineros que están destinados a los chilenos más pobres y que sufren el drama del desempleo? Claramente, no; menos aún cuando han sido los propios gobiernos de la Concertación, con su demagogia laboral también en períodos de elecciones, los que han aprobado normas que han condenado a miles de chilenos a sufrir los efectos de un desempleo crónico. Comparto plenamente lo afirmado por el diputado Tarud en El Mercurio de Valparaíso: “Ya basta; las campañas hay que ganarlas sin recursos del Estado.”.
Escuchemos lo que han dicho públicamente los propios diputados de la Concertación, integrantes de la Comisión.
Nuestro amigo, el diputado Fulvio Rossi , declaró públicamente que hubo, efectivamente, uso de platas públicas que, en vez de ir a los PGE, fueron a campañas parlamentarias. ¿A cuáles campañas parlamentarias se refería nuestro amigo, el diputado Rossi ? No lo sabemos, pues el informe de mayoría no determinó responsables políticos.
El diputado Patricio Vallespín afirmó: “Hubo traspaso de recursos en los programas de empleo para financiar activistas políticos que participaron en el ámbito de las campañas parlamentarias.”. Eso está muy bien espectrado. ¿A qué campañas parlamentarias se refería el diputado Vallespín ? No lo podemos saber porque el Gobierno impidió que figuraran en el informe los nombres de los beneficiados.
El actual subsecretario del Trabajo , Zarko Luksic , dice que es injustificable e impresentable que los recursos destinados a programas destinados a servir a la gente más pobre de Chile y con dificultades para acceder al mercado laboral fueran empleados en campañas parlamentarias. ¿A cuáles campañas parlamentarias se refiere el subsecretario del Trabajo? Reitero, el informe de mayoría no lo consigna; se reconoce que hay desvío de fondos públicos hacia campañas políticas pero, paradójicamente, todo el país, menos el Gobierno y algunos diputados de la Concertación, saben a cuáles.
¿No es razonable, entonces, lo que prudentemente señala el informe de minoría, en el sentido de que no se puede descartar el conocimiento de los parlamentarios de la Quinta Región investigados por estos hechos, menos aun cuando la justicia avanza aceleradamente y todos los días recaba testimonios y arriba a conclusiones muy importantes en la investigación? Hay cerca de quince formalizados, entre ex seremis, concejales, jefes de campaña y diputados. Sin embargo, la Cámara concluye que no es posible determinar la responsabilidad política de quienes se vieron beneficiados con estos planes. Da pena hablar de estos temas; da pena escuchar los testimonios de personas modestas que fueron en busca de empleo y que fueron, lamentablemente, utilizadas.
Andrés Rojas, un obrero de Calle Larga. ¿Qué dice cuando lo interroga la Policía de Investigaciones? “Me pidieron colocar y sacar palomas de propaganda de Michelle Bachelet y del doctor.”.
Verónica Puebla reconoce haber firmado un contrato para un supuesto empleador, Hugo Meza , que nunca se presentó ante ella, empezando esa misma tarde a repartir los volantes de propaganda política para la señora Michelle Bachelet y para el doctor.
La temporera Rosario Muñoz dice que el presidente político del comando de Michelle Bachelet y del doctor le habían ofrecido trabajar en un puerta a puerta, repartiendo volantes y haciendo propaganda a la candidata.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que no hay responsables políticos en estos casos?
Quiero terminar reflexionando respecto de dos hechos. El primero, el desprestigio creciente de nuestra labor parlamentaria. Como siempre, creo que hay que hablar con la verdad y decir que no hubo por parte de la Concertación actitudes obstructivas durante el trabajo de la Comisión; es más, existió un espíritu de colaboración. No se puede decir lo mismo de dos diputados que están siendo objeto de una investigación, que fueron invitados a la Comisión y que, lamentablemente, nunca concurrieron. Pero, debo lamentar lo denunciado públicamente por un parlamentario de la Democracia Cristiana, en cuanto a que habría recibido un llamado del ministro del Interior para que influyera en el contenido de un informe, cuestión que, finalmente, terminó sepultando el éxito de la investigación.
Creo -lo digo públicamente- que el Presidente y la actual Mesa de nuestra Corporación han realizado una gran labor en la conducción de la Cámara, destacándose por su imparcialidad y por defender la autonomía y la dignidad de la labor parlamentaria. Por eso, le pido a usted, señor Presidente , y a quien le suceda que nunca más guarden silencio frente a presiones públicas como ésta, cada vez más frecuentes, que están afectando nuestra imagen.
El segundo punto dice relación con el escándalo de los Programas de Generación de Empleo, en el marco de la “ideología de la corrupción”, denunciada por uno de ustedes, uno de sus amigos, uno de los fundadores de la Concertación, uno de los amigos del ex Presidente Lagos , uno de los amigos de la Presidenta Bachelet.
¿Acaso para alguno de ustedes es una novedad lo que confiesan Boeninger , Schaulsohn , Arriagada , Tironi , Martner , Hormazábal y tantos otros? ¿Acaso no concuerdan con Boeninger, en cuanto a que dentro del Estado existe una generalización de prácticas indebidas y de corruptelas crecientemente difundidas? ¿Es lógico que ustedes -como dice Schaulsohn-, que son los beneficiados con esta ayuda, no supieran que, muchas veces, se utilizaban los Programas de Generación de Empleo para agarrar plata y pagar a las personas para que trabajaran por sus candidatos? ¿Alguien podría pensar que alguno de ustedes, que ocupan y han ocupado altos cargos en la Concertación, no sabía que este tema se ha conversado y discutido a alto nivel y que el dinero fiscal ha sido vital para la supervivencia de los partidos de la Concertación? ¿Por qué nadie ha salido a desmentir a Eugenio Tironi , que hace más de un mes, en el diario “El Mercurio”, les hace una grave acusación, cuando dice que ustedes respaldan los proyectos del Ejecutivo a cambio de que éste coloque a alguno de sus operadores, y que este pacto de reciprocidad es conocido por todos en la Concertación? No tengo tiempo -sólo me restan tres minutos- para seguir citando a sus camaradas y compañeros.
Señor Presidente , honorable Cámara, quedan formuladas estas preguntas, y serán los tribunales de justicia los que tendrán la última palabra. Se determina que hubo desvío de recursos hacia campañas políticas, pero después de meses de investigación los diputados que suscriben el informe de mayoría -todos de la Concertación- no pueden advertir a cuáles campañas beneficiaron, pese a existir más de quince funcionarios formalizados.
No se inquieten. Me he preocupado, durante toda mi intervención, de citar sólo a las personas que tienen la calidad de camaradas o compañeros suyos. Espero que no los expulsen. Tampoco citaré el informe de minoría, que espero que sea aprobado por la Cámara, al rechazarse el informe del Ministerio del Interior.
Para mantener esta ley mordaza, que ustedes han aprobado con discusión inmediata, en la política chilena, me he preocupado de no mencionar a ninguno de los diputados que aparecen beneficiados con los PGE y que son investigados por la justicia. Y no los voy a citar porque, a estas alturas, el país los identifica y los conoce.
Ustedes ya pueden respirar tranquilos. No importa que los recursos del Estado no lleguen a los chilenos más pobres; lo que importa es que la Presidenta aumente el número de adherentes, y tienen la esperanza de mantenerse en el poder. Los que denuncian la corrupción están suficientemente amenazados, y el objeto de enlodar a toda la clase política está cumplido. ¡Qué consuelo! Les da lo mismo que para muchos servidores públicos de distintos sectores sea cada vez más difícil mantenerse alejados de sus profesiones y de sus familias, sacrificando muchas cosas por dedicarse a esta actividad que algunos de ustedes y sus gobiernos se han preocupado de ensuciar y desprestigiar. Será cada vez más difícil conseguir que jóvenes profesionales, honestos y preparados, lleguen al servicio público, porque, al final, son colocados en el mismo saco con aquellos operadores que arrancan de los tribunales con pasamontañas.
Hace algunos días, a propósito de las graves irregularidades que vive el país, el cardenal Errázuriz nos decía que permanecer mucho tiempo en el poder crea grandes problemas de desgaste y falta de ideas; se corre el riesgo de hacer mal uso del poder, por ejemplo, con el dinero, con la corrupción.
Al parecer, este tema y las advertencias que provienen de distintos sectores no inquietan a la Presidenta , pues califica estos hechos como pequeños. Allá ella, nosotros tenemos un deber que cumplir.
A lo mejor, como dice Tironi, Bachelet será la primera presidenta mujer y la última de la Concertación, pero, créanme, no es lo que más nos importa.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente , el 19 de diciembre de 2006, el jefe de bancada de Renovación Nacional envió una carta al Presidente de la Corporación , en la que pide que los diputados que aparecen involucrados en el Programa de Generación de Empleo se inhabiliten cuando se vote el informe de la Comisión Investigadora. La carta ni siquiera fue contestada.
El artículo 5B de la ley N° 18.918 dice que los miembros de cada Cámara no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos.
De acuerdo con esa norma, los parlamentarios aludidos tienen la gran oportunidad de demostrar al país que están por la transparencia y por que este asunto se aclare de una vez por todas.
En consecuencia, pido formalmente que esos señores diputados se abstengan de votar el informe.
Las leyes que hacemos en el Congreso Nacional rigen para todos los habitantes del territorio. Ningún parlamentario está exento de cumplirlas, sobre todo cuando se trata de regular conductas parlamentarias.
Me parece increíble que se oculten los nombres de los involucrados, que no voy a mencionar ahora, aunque todos los conocen, pero, desde el punto de vista ético, tienen la obligación de abstenerse, tal como señalan la ley y el código de conducta parlamentaria.
Tengo en mi poder una carta de doña Denise Maura Morales , que dice lo siguiente: “Debo señalar que hace bastante tiempo a la fecha soy militante del Partido Socialista. Señalo que he obtenido tres cupos pagados para trabajar en la campaña de Michelle Bachelet, dos eran para militantes socialistas y uno para un militante del Partido por la Democracia”.
Dichos cupos pagados consistían en entregar los trípticos de la señora Bachelet. Indica que era requisito fundamental que dichos cupos estuvieran inscritos en la Oficina Municipal de Información Laboral (Omil).
Esta declaración está en tribunales y en Investigaciones. Como ésta, hay 24 declaraciones más.
Por lo tanto, pido que no nos pongamos coraza y que seamos honestos con la gente que nos está escuchando. ¿Alguien aquí cree que si entregaban propaganda de un parlamentario no entregaban de la señora Presidenta , o era desconocido el tema? ¡Por favor!
Actitudes como ésta son las que desprestigian a la clase política, cuando los propios parlamentarios, a pesar de ver la basura y la mugre, siguen barriendo para adentro de la casa. Cuando se barre para adentro de la casa hay un problema muy grande: la mugre sigue quedando en la casa. Hay que barrer la casa de adentro hacia fuera, para limpiarla.
Hoy, los parlamentarios involucrados se someten a una prueba de fuego. Esperamos que tengan la hombría y la conciencia de reconocer que efectivamente están nombrados y que, para darle transparencia al proceso anticorrupción y no estar más en boca de nadie, van a abstenerse voluntariamente en la votación del informe.
(Manifestaciones en las tribunas)
Ésa es la gente que traen acá para que pifien. Meten la mano a la cartera para ganar las elecciones. Las elecciones no se ganan con la plata de los más pobres, se ganan con votos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero señalar que seremos los primeros en estar atentos a todos los signos de corrupción para detenerla. Sin embargo, cuando se utiliza este tema para buscar dividendos políticos, ponemos en riesgo la institucionalidad del país.
Así ha quedado claramente establecido en la última encuesta CEP, en la que se produce una paradoja. Cuando se le pregunta a los encuestados si creen que en Chile hay corruptos, el 80 por ciento responde que muchos o algunos; sin embargo, cuando se les pregunta si alguna vez en el año han concedido una prebenda, sólo el 10 por ciento responde afirmativamente. Lo más grave es que todas las instituciones de nuestro país están puestas en duda.
Debemos abordar este tema con mucha seriedad y responsabilidad. Aún más, como jefe de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, me corresponde hacer la defensa de mi amigo, el diputado Samuel Venegas , elegido como independiente y que luego se incorporó a nuestro partido, de lo cual estamos orgullosos. El fue atacado cuando estaba aquejado de una delicada enfermedad.
Se dijo que en los Programas de Generación de Empleo de la comuna de San Antonio, una de las que tiene los índices de cesantía más altos de la región, los trabajadores no habían tenido empleador, que en las nóminas aparecían nombres de gente que estaba detenida, incluso fallecida.
Voy a dar lectura a la carta que me envió el señor Juan Carlos Manríquez, abogado encargado de la defensa del diputado Samuel Venegas.
Dice: “Con fecha 22 de diciembre de 2005 comparecí en representación del honorable diputado don Samuel Venegas Rubio.
Pedí copias de la investigación para conocer el resultado de la orden de investigar de la Bridec N° 864, del 5 de diciembre de 2006. En la carpeta que tengo en mi poder consta que las cuatro afirmaciones hechas por la prensa respecto del honorable diputado don Samuel Venegas por el Programa de Generación de Empleo de San Antonio son inefectivas; por lo tanto, no se le puede relacionar de modo alguno con supuestas irregularidades o desvíos de fondos públicos para activismo de las campañas a su favor entre octubre y diciembre de 2005.
En efecto, primero, de los 150 trabajadores consultados, todos son cesantes, imponentes del INP y cuentan con empleador registrado. El oficio N° 9505, del INP, así lo prueba.
Segundo, todos esos trabajadores tienen cotizaciones declaradas y pagadas por su empleador, salvo 11 casos en los que hay atraso de una deuda.
Tercero, no se emplearon personas detenidas. El oficio N° 5474, de Gendarmería, dice que ninguna de las 150 personas de la nómina del Programa de Generación de Empleo de San Antonio estuvo detenida entre octubre y diciembre de 2005.
Cuarto, -se refiere a una acusación ignominiosa-, dice que: no se emplearon o usaron nombres de personas fallecidas. Los 150 consultados estaban vivos entre octubre y diciembre de 2005. En el oficio N° 164, del Registro Civil , consta que don Luis Villavicencio murió en julio de 2006, siete meses después del término del Programa de Generación de Empleo.
Todos los entrevistados ratifican que sus empleadores les pagaron sus sueldos en efectivo, en recintos privados. Dicen que no hicieron activismo político entre octubre y diciembre de 2005 y que no tuvieron contacto con el honorable diputado don Samuel Venegas.”
He señalado, con hechos indesmentibles, que en una forma ignominiosa se han hecho cargos falsos, bajo la premisa del famoso refrán que dice miente, miente, que algo queda.
Como jefe de la bancada del Partido Radical Social Demócrata señalo nuestra clara adhesión y respeto a la labor del diputado Samuel Venegas.
He dicho.
El señor KAST.-
Señor Presidente , pido que cite a reunión de Comités.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Se reanuda la sesión.
En votación el informe de la Comisión Especial Investigadora recaído en el mandato contenido en el proyecto de acuerdo N° 1, de 4 de abril de 2006, sobre la eventual intervención electoral del Ejecutivo , sus organismos y agentes en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Araya Guerrero Pedro; Díaz Del Río Eduardo; Mulet Martínez Jaime; Olivares Zepeda Carlos; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Patricio.
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