PROTECCIÓN A DENUNCIAS SOBRE IRREGULARIDADES Y FALTAS A LA PROBIDAD. Primer trámite constitucional. El señor LEAL ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, de origen en mensaje, que protege al funcionario que denuncie irregularidades y faltas al principio de probidad. Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el diputado Alfonso de Urresti. Antecedentes: -Mensaje, boletín N° 4722-06, sesión 107ª, en 13 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1. -Informe de la Comisión de Gobierno Interior, sesión 112ª, en 2 de enero de 2007. Documentos de la Cuenta N° 3. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , el proyecto de ley, de origen en mensaje, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de “suma”, protege al funcionario que denuncie irregularidades y faltas al principio de probidad. Con motivo de su tratamiento, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recibió a la ministra Secretaria General de la Presidencia , señora Paulina Veloso , y al subsecretario de esa cartera, señor Edgardo Riveros. I. Constancias reglamentarias previas. Previamente al análisis de fondo y forma del proyecto, se hace constar, en lo sustancial, lo siguiente: a) Que la idea matriz del proyecto en informe es proteger a los funcionarios de la Administración del Estado que denuncian ante quien corresponda la comisión de actos que constituyen delito o falta de probidad de parte de un agente público, y, como contrapartida, establecer una sanción drástica en contra de quienes efectúen denuncias irresponsables o de mala fe. b) Que el artículo 3° del proyecto debe ser aprobado con quórum de ley orgánica constitucional. c) Que la iniciativa legal no requiere ser conocida por la Comisión de Hacienda. d) Que el proyecto fue aprobado en general por unanimidad. e) Que el diputado informante es quien habla. Antecedentes generales. A) Antecedentes de hecho: Al decir del mensaje, la probidad administrativa es uno de los principios fundamentales que deben inspirar la actuación de los organismos de la Administración del Estado. La especial relevancia que se ha asignado en los últimos años a ese pilar del ordenamiento jurídico ha quedado plasmada con la dictación , en 1999, de la ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa que, entre otros aspectos, consagró la norma según la cual las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, sean de planta o a contrata, deben dar estricto cumplimiento a dicho principio. Conforme a la mencionada ley, la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. En el último tiempo, como es de dominio público, se han producido situaciones que han transgredido el principio de marras, lo que generó en el Ejecutivo una seria preocupación. Fruto del trabajo realizado en este campo, en el último tiempo surgieron varias propuestas, entre ellas la presente iniciativa legal. En ella se da cuenta de la convicción del Gobierno de que para resguardar y hacer efectivo el cumplimiento del principio de la probidad administrativa, se requiere contar con medios eficaces para denunciar los hechos irregulares de que se tenga conocimiento, sin temor a venganzas ni represalias por parte de los afectados por tales denuncias. Por otro lado, cabe constatar que tanto en el Estatuto Administrativo como en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, se prescribe la obligación de los funcionarios de denunciar, con la debida prontitud ante la autoridad competente, los crímenes o simples delitos y los hechos irregulares de que tomen conocimiento en el ejercicio de su cargo. A su vez, el artículo 11, números 8 y 9 del Código Penal, considera como atenuantes de responsabilidad penal las denuncias útiles formuladas por quienes hayan tenido participación punible. Por su parte, el artículo 308 del Código Procesal Penal establece normas aplicables a la protección de los testigos, y el artículo 109, letra a), del mismo Código, dispone una norma de protección a la víctima y a su familia. Sucede, sin embargo, que la ley no contempla los derechos correlativos a la obligación de denuncia a que se hizo alusión. Se hace necesario, entonces, proteger a los funcionarios que, de buena fe, denuncien la comisión de un acto que constituya una falta a la probidad por parte de algún funcionario público. Como contrapartida, y para evitar la proliferación de conductas irresponsables sobre la materia, el Ejecutivo estima que debe haber sanciones para quienes hagan denuncias frívolas o de mala fe. El mensaje recuerda, a continuación, que se han presentado varias mociones que abordan esta problemática, sea desde el punto de vista penal o administrativo. Entre dichas iniciativas conviene detenerse brevemente en las siguientes: -Establece normas de investigación y persecución de actos de corrupción. Esta moción fue patrocinada por los entonces diputados Mora, Krauss , Prokurica , Valenzuela y Lily Pérez. -Establece un sistema de protección al denunciante y un incentivo a la denuncia de actos de corrupción. Esta moción fue presentada por los entonces diputado Víctor Pérez y diputada Lily Pérez. -Obliga a los funcionarios públicos a denunciar conductas delictivas y faltas a la probidad administrativa. Esta moción fue de los diputados Bustos , Espinoza , Araya , Meza , Accorsi , Aguiló, Tohá, doña Carolina ; y del entonces diputado Escalona. -Modifica la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, con el objeto de precisar la obligación que indica e incorporar un nuevo derecho de los funcionarios públicos. Esta moción fue presentada por los diputados Sepúlveda, don Roberto ; y Chahuán. B) Antecedentes de derecho: El artículo 38 de la Carta Fundamental encomienda a una ley orgánica constitucional regular los principios de carácter técnico y profesional en que debe fundarse la carrera funcionaria. Discusión del proyecto. Discusión y votación en general. Durante la discusión en general, la ministra Secretaria General de la Presidencia , doña Paulina Veloso , explicó, complementando los antecedentes plasmados en el mensaje del proyecto, que éste se inscribe en la agenda que impulsa el Ejecutivo en materia de modernización del Estado, probidad, transparencia y mejoramiento de la calidad de la política. Agregó que, no obstante haberse registrado importantes avances en estos ámbitos en los últimos años, resulta conveniente analizar periódicamente los ajustes que hay que incorporar a dicha legislación. En este caso, se ha estimado pertinente perfeccionar la normativa que regula las denuncias que efectúan los funcionarios por delitos y hechos irregulares de que toman conocimiento en sus funciones, en términos de otorgarles los derechos que garanticen el efectivo ejercicio de esa facultad, pero adoptando al mismo tiempo los resguardos que inhiban un uso indiscriminado y eventualmente abusivo de esa herramienta. Para la formulación de este proyecto -prosiguió la ministra Veloso - se tomaron en cuenta las sugerencias que entregó una comisión de expertos sobre el tema y, además, se tuvieron a la vista las propuestas materializadas en las mociones señaladas precedentemente. Refiriéndose luego al contenido del proyecto en informe, manifestó que modifica tanto la ley orgánica constitucional de Bases de la Administración del Estado como el Estatuto Administrativo y el Estatuto de los Funcionarios Municipales, con el fin de fortalecer el principio de probidad. En esa perspectiva, se establece que los funcionarios no sólo deben denunciar los delitos y hechos irregulares de que tomen conocimiento, sino además las faltas que puedan atentar contra el referido principio. Una vez concluida la intervención de la secretaria de Estado, y no registrándose mayor debate sobre la materia, el proyecto fue votado en general, contando con la aprobación unánime de los asistentes que se individualizan en el informe. Votación en particular. La idea matriz de la iniciativa legal se desarrolla en tres artículos respecto de los cuales se registró la votación que en cada caso se indica. Artículo 1°. Incorpora varias enmiendas al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, según pasa a examinarse. Número 1: El numeral supra modifica la letra k) del artículo 61 de la ley mencionada, que trata de la obligación de los funcionarios de denunciar ante el ministerio público o a la policía, según el caso, los crímenes o simples delitos, y a la autoridad competente los hechos irregulares de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus cargos. La reforma al precepto, que se traduce en que además de los hechos irregulares el funcionario debe denunciar las faltas al principio de probidad, fue aprobada por asentimiento unánime. Número 2: Éste, que incorpora un artículo 90 A a la ley en comento, en cuya virtud los funcionarios que denuncien las irregularidades y/o las faltas a la probidad que lleguen a su conocimiento, tendrán los derechos que enuncia la disposición. Ante una inquietud de varios diputados asistentes, en cuanto a que habría sido positivo incluir en esta disposición a los empleados de empresas del Estado, como Codelco, Enami , Televisión Nacional, etcétera, para que gocen del mismo derecho que se otorga a los funcionarios públicos, la señora ministra expresó que se trata de una aspiración justa, pero que debe ser abordada en un proyecto aparte, que modifique el Código del Trabajo, ya que las personas que se desempeñan en las aludidas empresas se rigen por el derecho común. Acotó que, sin perjuicio de los derechos que confiere la disposición supra a los denunciantes, les son aplicables también las normas de protección a los testigos que contempla el Código Procesal Penal. Número 3: Este numeral, que agrega un artículo 90 B a la ley N° 18.834, conforme al cual la denuncia de marras debe ser fundada y cumplir con los requisitos que se especifican -identificación en el escrito respectivo del denunciante, del denunciado y de los testigos, si los hubiere, narración circunstanciada de los hechos, firma del denunciante, etcétera-, fue aprobado asimismo por unanimidad. Número 4: Éste introduce una letra d) en el artículo 125 de la ley en comento, que puntualiza que la medida de destitución del funcionario procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa. La nueva letra d), que hace aplicable la sanción de destitución respecto del funcionario que efectúe denuncias acerca de irregularidades y/o faltas al principio de probidad de las que tuviere conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado, fue aprobada a través de la votación indicada. A propósito de esta disposición, el Ejecutivo sostuvo que ella constituye el necesario complemento del artículo 90 A que se incorpora al Estatuto Administrativo y que consagra una suerte de “fuero” a favor de los funcionarios denunciantes. Artículo 2°. Modifica varias disposiciones de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, según se verá a continuación: Número 1: Éste, en armonía con la enmienda al artículo 61 del Estatuto Administrativo, incorpora una adecuación al artículo 58, letra k), de la ley aludida en el párrafo que antecede, y que se refiere a la obligación de denunciar a la justicia los crímenes o simples delitos, y al alcalde los hechos irregulares de que los funcionarios tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La reforma al precepto, que se traduce en que, además de los hechos irregulares, el funcionario debe denunciar las faltas al principio de probidad que advirtiere, fue aprobada por asentimiento unánime. Número 2. Incorpora un artículo 88 A a la ley N° 18.883, que trata de los derechos del funcionario que denuncia ante el alcalde las irregularidades y/o las faltas al principio de probidad de las que tuviere conocimiento, y que son idénticos a los consagrados en el nuevo artículo 90 A de la ley N° 18.834, ya analizado. Fue aprobado por análoga votación. Número 3. Incorpora un artículo 88 B a la ley N° 18.883, de idéntico tenor que el artículo 90 B que se propone agregar a la ley N° 18.834, y que se refiere a los requisitos que debe reunir la denuncia. Fue aprobado por unanimidad. Número 4. Introduce una letra e) al artículo 123 del Estatuto en referencia, que consagra las causales de destitución de los funcionarios municipales, y que son análogas a las previstas en el Estatuto Administrativo. Artículo 3° El artículo supra incorpora una enmienda en el artículo 62 del D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que especifica las conductas que contravienen especialmente el principio de probidad administrativa. La reforma al precepto, que se traduce en agregar una nueva situación consistente en efectuar denuncias de irregularidades y/o de faltas al referido principio que revistan las características señaladas en el último numeral del artículo 2°, fue aprobada también por unanimidad. No hubo artículos rechazados; la indicación de los señores De Urresti y Valenzuela , para reemplazar en el nuevo artículo 90 A de la ley N°18.834, propuesto en el numeral 2 del artículo 1° del proyecto, las palabras “noventa días” por “seis meses”, fue rechazada por cinco votos en contra y tres a favor. Tampoco hubo artículos e indicaciones declarados inadmisibles. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Iniciando el debate, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente , mi bancada aprobará el proyecto de ley que protege al funcionario de la Administración Pública y de la municipalidad que de buena fe denuncia actos que constituyan faltas al principio de probidad, habida consideración de que no existen normas precisas que le den suficiente garantía. Se trata de defender y proteger uno de los valores fundamentales que debe inspirar la actuación de los organismos de la administración del Estado mismo, cual es la probidad administrativa, que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. En la probidad administrativa están en íntima conexión la moral, la dignidad del funcionario y la intangibilidad del Estado. Nuestro ordenamiento establece la obligación de los funcionarios de denunciar los crímenes o simples delitos y los hechos irregulares de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus cargos. Sin embargo, la legislación no contempla los derechos correlativos a la obligación de denunciar, a fin de proteger al denunciante de buena fe de eventuales represalias u hostigamiento. En ese ámbito se concreta el proyecto; es decir, llena un espacio que no está reglado. El tema ha sido motivo de mucha preocupación legislativa. Existen varias mociones sobre la materia; algunas abordan la protección del denunciante desde el punto de vista penal y, otras, desde el punto de vista administrativo. El Ejecutivo ha recogido esas inquietudes y las ha concretado en la iniciativa que hoy nos convoca. El proyecto es preciso y se refiere a los funcionarios públicos y municipales. Hubiésemos querido incorporar a los empleados de las empresas del Estado. El Ejecutivo reconoció que es una aspiración justa, pero que debe ser abordada en un proyecto aparte, que modifique el Código del Trabajo, que los regula. La probidad administrativa debe inspirar a todos los funcionarios. Y para hacer efectivo el respeto de ese principio y protegerlo es necesario establecer el derecho a la denuncia de hechos irregulares de que se tenga conocimiento sin temor a represalias o medidas disciplinarias para el denunciante, como trasladado de localidad sin su autorización o precalificación anual. Para el proyecto es clave proteger al funcionario que denuncia en resguardo de la probidad administrativa, pero también se debe garantizar la seriedad de la denuncia, como una manera de evitar lesiones a la dignidad de las personas o al prestigio del servicio por denuncias sin fundamento. El ansia de protagonismo en los medios de comunicación o alguna intención soterrada generan denuncias lanzadas a la bandada. Por eso, es importante que la denuncia cumpla con ciertas exigencias que le den seriedad. A saber, debe formularse por escrito; debe ser fundada; debe identificar al denunciante y al denunciado; debe acompañar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento y, sobre todo, debe ser firmada por el denunciante o por un tercero a su ruego. Y esto no es entrabar la denuncia, esto no es burocracia, sino que es regular un derecho y proteger a las personas que puedan ser lesionadas o dañadas por una denuncia calumniosa. Hemos conocido de muchas denuncias, que se lanzan a través de los medios con gran espectacularidad y al voleo; que son como los globos, que se inflan y al primer pinchazo se desinflan; denuncias irresponsables, que se investigan, que quedan en nada y que después nadie las recuerda, pero ya ha quedado la mancha y el descrédito de la persona denunciada. El proyecto es una demostración de que el Gobierno combate la corrupción y que entrega los elementos propicios para ello. No ampara los hechos, sino que entrega los elementos para que se denuncien éstos. Ésta es una respuesta a la necesidad de enfrentar hechos ilícitos. No nos quedamos en la crítica ni en la simple descalificación; el Gobierno ha actuado con seriedad y a tiempo. Señor Presidente , a veces se trata de hechos nuevos; pero en otras oportunidades, de situaciones que se van repitiendo a través del tiempo hasta constituir malas prácticas que llegan a ser tan graves que hay que legislar para impedirlas, ya que la legislación no es efectiva para corregirlas o para impedirlas. Por ello, es importante que el derecho vaya a la par con los acontecimientos; más aún, que se anticipe a los hechos que está regulando. Al existir una legislación de esta naturaleza, se impide la comisión de hechos ilícitos y se evitan las denuncias que en ciertas ocasiones se han hecho de manera irresponsable. En buena hora que el Gobierno haya presentado el proyecto, que es serio y contundente, lo que lo transforma en una señal de que se están combatiendo todos los hechos irregulares que se han venido registrando desde hace mucho tiempo. Señor Presidente , aquí hay una relación entre lo que es el derecho y el deber, que está ligado a la protección de los recursos del Estado y al buen funcionamiento de las instituciones consagradas en la Constitución y las leyes. Éste es un instrumento activo, que creemos que va a cumplir un rol eficaz en pro de la función administrativa. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , mi intervención se relacionará con lo que le falta al proyecto y que amerita una máxima preocupación no sólo del Gobierno, sino también de nosotros. Los diputados de la Alianza, específicamente de la UDI, han presentado mociones para proteger a los funcionarios de empresas públicas que hacen denuncias de esta naturaleza. Por lo tanto, quiero aprovechar la presencia de la ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Paulina Veloso, con el fin de que podamos conversar este tema para incluirlo en el proyecto, porque me consta que se ha perseguido a funcionarios de empresas del Estado que han hecho denuncias responsables. Incluso, se han realizado auditorias al interior de las empresas que han comprobado que las irregularidades denunciadas eran efectivas, pero posteriormente se hace caso omiso de esos antecedentes. No quiero dar nombres, pero sé que muchos diputados han recibido denuncias de estos funcionarios, ya que cuando éstos las formulan donde corresponde, caen en tierra de nadie. ¿Qué ocurre? Se crea una cultura dramática en nuestro país, que es callar, porque, de lo contrario, el denunciante sabe que será perseguido, en circunstancias de que está haciendo una denuncia para resguardar los intereses de todo el país. Me preocupan los casos que conozco de funcionarios que han sido trasladados a distintos lugares del país por el hecho de haber denunciado actos de corrupción al interior de las empresas del Estado en que trabajan. Señora ministra, por intermedio del señor Presidente , creo que éste es el momento adecuado para legislar sobre lo expuesto. En consecuencia, le solicito, como se lo planteé hace un rato, que también incluyamos esta materia en el proyecto, al cual no me voy a referir específicamente, ya que lo harán otros diputados de mi bancada, porque no sacamos nada con dejar cabos sueltos. La legislación tiene que avanzar para detectar y eliminar las irregularidades en los lugares en que se está perdiendo plata del Estado. Cuando existe corrupción o posibilidades de corrupción al interior de empresas estatales que manejan miles de millones de dólares, tenemos la obligación de proteger a quienes denuncian ese tipo de situaciones para que no sean perseguidos, ya que, por el contrario, debemos felicitarlas y ascenderlas. Por eso, señor Presidente , creo que debiéramos avanzar en estos casos. Ojalá el Ejecutivo tenga la voluntad para dar la misma urgencia al proyecto que presentó esta bancada sobre la materia. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , no tuve mayor conocimiento del proyecto en discusión. No obstante, me asaltan ciertas interrogantes al leerlo, las cuales deseo que me aclaren los diputados que participaron en la Comisión de Gobierno Interior. Los proyectos deben prever cuando parte importante de los sectores involucrados quedan fuera de determinada legislación, en este caso los funcionarios de las empresas del Estado, situación que, de acuerdo con mi opinión, también expuso el colega García-Huidobro. Es un proyecto que, lisa y llanamente, deja de lado a los funcionarios de empresas estatales regidos por el Código del Trabajo cuando se producen situaciones de gravedad, como las que ha conocido la opinión pública, algunas de las cuales han sido denunciadas en este hemiciclo, como las relacionadas con Codelco. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en que el proyecto se aplique a los funcionarios públicos, pero se deje de lado a los trabajadores de las empresas del Estado, lo que se podría interpretar como una discriminación. El segundo párrafo del N° 2 del artículo 1° del informe, cuando explica lo planteado en la discusión particular, se expresa: “Ante una inquietud de varios de los asistentes en cuanto a que habría sido positivo incluir dentro de esta disposición a los empleados de las empresas del Estado ( Codelco , Enami , Televisión Nacional, etc.), para que gocen del mismo derecho que se otorga a los funcionarios públicos, la señora ministra expresó que se trata de una aspiración justa, pero debe ser abordada en un proyecto aparte,”. O sea, volvemos a plantear que, a raíz de determinado proyecto, es necesario elaborar otra iniciativa, pero ni siquiera se sabe cuándo se va a concretar, para que todos los trabajadores queden protegidos por una legislación sólida cuando hacen este tipo de denuncias. Por lo tanto, señor Presidente, solicito que me aclaren esta inquietud, que también fue planteada por varios asistentes que participaron en el estudio del proyecto en la Comisión de Gobierno Interior. Queda en duda mi votación, porque algunos trabajadores son protegidos por el proyecto cuando denuncian actos de corrupción, pero otros quedan al margen de ese beneficio, lo que permitirá que se sigan produciendo estos ilícitos en el futuro. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, “Prevenir la corrupción es defender nuestra democracia”, fue la frase fuerza con que inició su intervención la Presidenta de la República cuando entregó al conocimiento público las medidas de la comisión que ella misma designó para trabajar sobre esa materia, las cuales fueron recogidas casi en su totalidad e, incluso, muchas de ellas se han convertido en proyectos de ley. Ahora que estamos discutiendo la concreción legislativa de esas medidas, considero bueno remitirse a lo que propuso al respecto esa comisión, cuya integración y resultados fueron aplaudidos por todo el mundo. “VI. Otras propuestas que favorecen la probidad y la transparencia. (a) Denuncias de buena fe y prohibiciones a ex funcionarios. 32. Un sistema efectivo de protección al denunciante de buena fe. Elevar la probabilidad de ser denunciado reduce la disposición a incurrir en un delito o ilícito administrativo. Ello requiere proteger adecuadamente a quienes los denuncien de buena fe y por lo canales regulares. Quienes están en mejor posición de conocer de actos de corrupción que involucren a funcionarios son los particulares afectados, los copartícipes en el ilícito o en los planes para cometerlo y los funcionarios que conozcan de ellos en razón de sus funciones. Todos ellos, sin embargo, pueden inhibirse de denunciar por temor a represalias. Por otro lado, las normas de tratados anticorrupción de que Chile es parte estipulan la obligación de proveer protección a los denunciantes. Si bien las normas penales y procesales vigentes reconocen como atenuante la denuncia útil para sancionar un delito efectuado por quien tuviera participación punible en su comisión y permiten una adecuada protección a testigos, este beneficio no alcanza a quienes no tienen responsabilidad penal y, por ende, sólo resuelve parcialmente el problema.” Ahí hace mención a las atenuantes del artículo 11, números 8 y 9 del Código Penal. “En consecuencia, resulta necesario establecer medidas de protección para las personas particulares o funcionarios públicos que, de buena fe y del modo que la ley señale, denuncien que se cometió, o existe alta probabilidad de que vayan a cometerse actos que constituyan un delito u otro incumplimiento de un deber legal relativo a la probidad pública,...” -hoy en rango constitucional; lo agrego yo- “... o bien, denuncien que se ocultó o pretende ocultarse información relacionada con tales actos.” Se propone que esto se regule por ley. Del análisis del proyecto, informado por el colega De Urresti y respecto del cual han intervenido diputados como Sergio Ojeda, que discutieron en particular sobre el mismo, se desprende que recoge positivamente uno de los puntos centrales de la propuesta de la Presidenta de la República. Estamos en presencia del primer proyecto de la agenda pro probidad a menos de un mes y medio de haberse anunciado su necesidad, porque, como dice la Presidenta, con toda razón, prevenir la corrupción es defender nuestra democracia, y estamos en condiciones de despacharlo al Senado. Creo que es un buen proyecto. Es cierto lo que han dicho algunas personas en el sentido de que está limitado al Estatuto Administrativo o a algunos elementos jurídicos análogos, como ocurre con los municipios. Creo que incluso es mejor diferenciar y establecer este sistema de protección a la denuncia de buena fe para evitar las represalias en el ámbito del funcionario público en un proyecto en el que, a mi juicio, queda pendiente el tema de la protección de los particulares o de otro tipo de funcionarios. Es una cuestión sobre la cual se puede legislar perfectamente. Por lo demás, la Comisión lo propone. Ésta no sólo se refiere a la protección del denunciante que es funcionario público, sino también del particular y, por ende, también de aquellos que no puedan ser calificables como funcionarios públicos en determinadas empresas del Estado o en algunas instituciones en que ese carácter es más discutible. Creo que el proyecto se basta a sí mismo desde el punto de vista del ámbito público, del Estatuto Administrativo o de estatutos análogos. A mi juicio, desde el ángulo de un avance concreto en esta agenda pro transparencia de la probidad, es demostrativo del ánimo transversal de aprobar la iniciativa y darle un trámite rápido en el Senado, sin perjuicio de que, a través de una moción o de un mensaje, pueda ampliarse para los particulares la capacidad de que su denuncia sea protegida y no tenga como efecto futuras represalias. En ese sentido, a lo menos respecto del ámbito público, trata bien la materia, constituye un avance concreto y recoge una propuesta unánimemente aplaudida a la hora de las consideraciones de la comisión que en su oportunidad presidió el ministro Ferreiro y que fueron recogidas en la ocasión posterior por la Presidenta de la República. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente , como se ha dicho, el proyecto avanza en la línea de crear una legislación que permita combatir la corrupción y en la garantía que los ciudadanos deben tener respecto del funcionamiento del Estado y la transparencia con que se realiza la administración de los recursos. En esta iniciativa se crea un instrumento que tiene que ver con la denuncia que hace un funcionario público respecto de actos de corrupción. Me parece que con ello estamos avanzando en darle un incentivo y protección y conocer lo que ocurre con dichos actos. Más adelante en esta Corporación vamos a tratar el proyecto para fortalecer a los tribunales que protegen la libre competencia. Ahí hay figuras en que se pueden denunciar actos que atenten contra ella. Pero bien sabemos que en eso y en otros actos de corrupción existe tal privacidad o planificación concertada que sus actores aprovechan ese ocultamiento para realizar actos de corrupción o actos en beneficio propio o de grupos. Por eso, creo que el proyecto avanza en cuanto a que los tribunales puedan tener información para juzgar y sancionar a quienes caen en actos de corrupción. Sin embargo, creo que hay que dar una mirada -quizás en otro proyecto- que tenga que ver también con aquellos funcionarios no públicos y que esté relacionada con la protección de particulares que eventualmente hagan denuncias de funcionarios públicos que cometen actos de corrupción. Conozco algunos casos de pequeños empresarios que han sido extorsionados para permitirles presentar alguna propuesta, y cuando no pueden hacerlo, los que quedan seleccionados son aquellos que han accedido a la presión. El que accedió no hará denuncia alguna de ese acto corrupto, porque no hay forma en que la ley lo proteja. Aquí le estamos dando un marco de protección al funcionario público. Al privado que es extorsionado no se lo estamos dando para los efectos de descubrir estas redes. Se ha esgrimido el argumento de que no tenemos un país tan corrupto como para crear una legislación que ponga a disposición de privados elementos de protección, incluso para aquellos que hayan participado en actos de corrupción o que hayan cometido algún delito. Ellos no denunciarán si no tienen un incentivo de protección legal. La legislación penal lo considera, pero deberíamos dar una mirada distinta para ver de qué manera podemos garantizar que quienes tengan información de actos de corrupción o de presiones indebidas puedan entregarla a la autoridad correspondiente sin que arriesguen la posibilidad de seguir en libertad o presentando propuestas. Ni siquiera lo digo respecto de aquellos empresarios o contratistas que postulan a una entidad pública y la aceptación de su propuesta se les condiciona al pago de una contribución, de una coima o como se le llame. Si se niega, queda inhabilitado de postular a ese servicio para siempre. El año pasado, en la Novena Región, un contratista tuvo la valentía de entregar a los tribunales y a las autoridades pertinentes antecedentes sobre actos que, en algunos casos, constituían irregularidades y, en otros, delitos. Los involucrados están próximos a ser formalizados. Sin embargo, la información que tengo es que en la etapa actual del juicio el propio denunciante ya no se atreve a mantener sus afirmaciones, por el riesgo de que también sea formalizado. Por ello, creo que la Cámara de Diputados debe hacer algo más en términos de buscar otras formas de incentivar la denuncia de actos corruptos o irregulares. Por ejemplo, deberíamos crear instrumentos para que aquellos contratistas que no están involucrados en actos corruptos, pero que por no ceder ante presiones indebidas, como el pago de coimas, no podrán seguir prestando sus servicios, puedan efectuar la denuncia correspondiente. Cabe señalar el caso de un pequeño empresario que comenzó ejecutando pequeñas obras de construcción, y logró reunir un capital significativo para conformar una empresa mediana. Con ella prestaba servicios de construcción en diversas entidades públicas. En una oportunidad, le adjudicaron una licitación, pero le exigieron una comisión que se negó a pagar. Como consecuencia de su negativa le impusieron tal cantidad de exigencias, de trabas y de problemas para la ejecución de la obra, que al final terminaron cobrándole la garantía, cancelándole la obra y persiguiéndolo. Hasta hoy tiene deudas previsionales y tributarias, no puede rehacer su empresa, figura en el Dicom y no tiene con qué alimentar a su familia. Por eso, la Cámara de Diputados debe crear un instrumento que otorgue seguridad al denunciante en ese tipo de situaciones. Sin perjuicio de que votaré a favor del proyecto, porque constituye un paso importante en la lucha contra la corrupción, considero que también debemos avanzar en orden a legislar para proteger a las personas que quieran limpiar el ambiente de falta de probidad y que quieran colaborar con los tribunales y con los órganos fiscalizadores. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo. El señor VERDUGO.- Señor Presidente, sólo he escuchado bondades respecto del proyecto. Sin embargo, siendo extraordinariamente buena su intención -nadie está en contra de legislar para que realmente exista probidad-, pienso que la iniciativa no contribuye a lo que se pretende. Por ejemplo, el artículo 90 A que se incorpora establece que los funcionarios que efectúen la denuncia ante la autoridad competente no podrán ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, desde la fecha en que la autoridad que reciba la denuncia la tenga por presentada y hasta noventa días después de haber terminado la investigación sumaria o sumario, incoados a partir de la citada denuncia. Noventa días pasan muy rápido. ¿Qué sucede después de los noventa días? ¿En qué situación queda el funcionario que se atrevió a hacer la denuncia? Lo mismo ocurre respecto de las municipalidades. La protección que la ley ofrece a los funcionarios que se atreven a denunciar dura noventa días. ¿Se protege realmente al funcionario que se atreve a denunciar situaciones que contravienen la ley y que tanto perjuicio ocasionan a la credibilidad en el sistema de la administración pública? Considero que la protección que el proyecto establece para los funcionarios probos no es suficiente. Por otro lado, me llama profundamente la atención que el artículo 90 B que se incorpora establece que la denuncia debe cumplir determinados requisitos. Por ejemplo, se exige la narración circunstanciada de los hechos y la individualización de quienes los hubieran cometido y de las personas que los hubieren presenciado o que tuvieren noticia de ellos, en cuanto le constare al denunciante. Creo que esta disposición es en extremo rigurosa. Si no concurre alguno de los requisitos exigidos, se tendrá por no presentada la denuncia. En consecuencia, más que proteger a los funcionarios y contribuir a la probidad, el proyecto producirá el efecto contrario; es decir, servirá de mordaza para los funcionarios que tengan la intención de denunciar las irregularidades de las cuales tengan conocimiento y que puedan perjudicar el funcionamiento del servicio a que pertenecen. La urgencia para el despacho del proyecto ha sido calificada de “suma”. Quisiera haber tenido el tiempo suficiente para haber analizado con mayor profundidad la iniciativa, a fin de haber hecho las propuestas correspondientes, porque creo que como está concebida no contribuye al propósito que se persigue. He dicho. El señor LEAL ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente , los diputados de la Unión Demócrata Independiente vamos a aprobar este proyecto, conscientes de que tiene muchos cabos sueltos. La necesidad del Gobierno es presentar medidas para combatir la corrupción y la falta de transparencia. En la Comisión de Gobierno Interior se comentó que el proyecto ingresó con urgencia calificada de “suma”, en circunstancias de que se trata de una materia que requiere mayor análisis. Aparentemente, lo que quiere el Ejecutivo es mostrar pronto que se está legislando, antes que hacer un trabajo bien hecho. Es lamentable, porque cuando se legisla bien, se dice que el mérito es del Ejecutivo , pero cuando se legisla mal, nos pasan la cuenta a los diputados y senadores. Creo que el proyecto constituye un paso importante, pero insuficiente. Entre otras cosas, el mensaje señala: “No obstante lo anterior, durante el último tiempo se han producido situaciones que han afectado y violentado el principio de la probidad administrativa”. Lo dice el Ejecutivo , no nosotros. En los últimos días, como una estrategia más bien dirigida a los medios de comunicación, el Gobierno se ha puesto el parche antes de la herida. Hemos recibido llamados de la Concertación en los que nos piden que terminemos con la guerrilla mediática. No es eso lo que estamos haciendo. Si bien estamos frente a un proyecto propuesto por el Ejecutivo , debemos recordar que hubo cuatro mociones que apuntaban en la misma dirección. La primera, patrocinada por los entonces diputados Mora, Krauss , Prokurica y Lily Pérez ; después se presentaron varias mociones más que, por suerte, fueron acogidas por el Ejecutivo. Durante el debate han quedado claras algunas falencias que tiene el proyecto; pero más vale que logremos su aprobación. Posiblemente, la opinión pública se va a mostrar sorprendida con la aprobación de un proyecto cuya suma dice: “protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad”, y luego se va a preguntar qué pasó con un destacado dirigente político, como es Jorge Schaulsohn , quien fue expulsado de su partido por hacer una denuncia y no se le dio ningún tipo de protección. Esas son las inconsecuencias que a veces se producen por legislar más preocupados del impacto mediático que del resultado en beneficio del país. La Unión Demócrata Independiente dará su apoyo al proyecto porque creemos que va en la dirección correcta. Son muchas las situaciones que se han venido presentando. Incluso, a muchos diputados, fundamentalmente de la Oposición, nos ha llegado una gran cantidad de mails, enviados desde los ciber café, porque la gente tiene temor de hacer las denuncias desde un mail propio. Éste es un inicio. Son muchas las personas que trabajan en la Administración Pública, funcionarios de carrera de muchos años que ven frente a sus ojos que se están cometiendo irregularidades, pero por temor a perder su trabajo muchas veces no dan a conocer esos hechos. Por eso, la UDI va a dar su aprobación al proyecto, aun cuando hubiese sido mejor tener una discusión más de fondo. Incluso, habría sido importante invitar a las personas que han sufrido la pérdida de su trabajo. Aquí se dijo cuánto ha costado recibir la información de Codelco y de otras situaciones que ocurren en empresas del Estado por donde pasan millones de dólares. Sin embargo, desgraciadamente, empresas como Ferrocarriles del Estado, Televisión Nacional de Chile, las sanitarias, han quedado excluidas del proyecto. Por eso, la UDI va a votar a favor del proyecto, aun cuando reconoce que han quedado muchos cabos sueltos. La Oposición, como siempre lo ha hecho, está disponible para combatir la corrupción. No debemos perder de vista que éstos son más bien proyectos de reacción que de prevención. Alguien decía anteriormente que este proyecto iba a servir para prevenir la corrupción, lo que no es así. Para prevenir la corrupción habría que elaborar un proyecto en virtud de las mociones que se vienen presentando desde hace muchos años. Pero hay un dicho que dice: “más vale tarde que nunca”. Por lo tanto, estamos satisfechos con el proyecto, pero le hacemos la recomendación al Ejecutivo para que todos los cabos que han quedado sueltos se puedan corregir en el futuro, porque cuando la corrupción entra en un gobierno, en la sociedad, cuesta mucho erradicarla, y eso es lo que no queremos que pase en Chile. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente , no cabe duda de que hoy iniciamos un camino al cual nos ha convocado la Presidenta de la República como una de las prioridades para el 2007. Es el primer proyecto de la agenda de probidad del Gobierno. Por tanto, es una ocasión oportuna para referirse, en cierta medida, al debate actual sobre la corrupción y la probidad que durante los últimos meses ha arrastrado a una vorágine de declaraciones a gran parte de los sectores políticos. No cabe duda de que todos estamos afectados por lo que hemos vivido en el último tiempo. Son hechos que indignan y avergüenzan, sobre todo, porque lo que debemos buscar los sectores políticos -espero-, de buena fe y con buena voluntad, es responder a nuestra obligación, la cual debe estar orientada a lograr el bien común, generando espacios para una mayor transparencia y protección, lo que se logra aumentando el control ciudadano y protegiendo a quienes denuncian, lo que, en definitiva, también es una respuesta concreta para quienes han hablado de la “ideología de la corrupción” como una herencia -no deseada probablemente-, para algunos, de quienes probablemente han caído en la corrupción; para otros, de parte de toda la sociedad. Nuestra respuesta a ello ha sido la unanimidad que la moción alcanzó en la Comisión. Todos los sectores políticos apoyaron exigir mayor transparencia desde el primero al último funcionario público. Si existiese esa “ideología de la corrupción” esto no tendría sentido. Sería un absurdo. Sería como el pirata que entierra sus naves para no seguir asaltando. No hay tal “ideología de la corrupción”, sino un esfuerzo constante y sostenido, desarrollado por muchos hombres y mujeres, para avanzar hacia un país más probo y más transparente. Eso ha sido reconocido en el informe de la Comisión, cuando recuerda a los entonces diputados Mora, Krauss , Prokurika , Valenzuela y Lily Pérez. Salvo el caso de Valenzuela, ninguno de ellos están actualmente como diputados; algunos no lo son desde hace cinco años. Sin embargo, han sido nombrados en los antecedentes que dieron origen al proyecto. También quiero hacer un reconocimiento a los diputados señores Bustos , Espinoza , Araya , mesa, Accorsi , Aguiló, al entonces diputado Camilo Escalona y a la diputada señora Carolina Tohá , quienes también plantearon iniciativas en la misma dirección. Ello demuestra el esfuerzo de los sectores políticos, quienes permanentemente han estado preocupados de impulsar mayor probidad, transparencia y calidad a la gestión pública. En la Comisión también se abrió debate sobre otra materia, que quiero incorporar a este diálogo. Todos somos partidarios de la transparencia pública, pero pocas veces hablamos de la transparencia privada. Da la impresión de que la plata privada puede ser mal utilizada, obviando aquel principio del destino universal de los bienes, principio evangélico al cual adherimos los cristianos. Nosotros entendemos que los bienes son de todos, sea bajo la administración pública o privada, y que la transparencia y el buen uso de los bienes es una obligación de todos. Por eso, planteamos que esta transparencia debe llegar tanto a las empresas públicas como a las privadas. Por ello, en la Comisión se planteó a la señora ministra que esperamos la llegada al Congreso Nacional de un proyecto que establezca exigencias de transparencia, por ejemplo, a todos los directores y gerentes de las empresas concesionarias de servicios que por delegación, mandatadas por el Estado, administran bienes públicos. Así tenemos la provisión de agua, de telefonía, de luz, incluso la misión de los canales de televisión, que son bienes públicos cuya administración se ha entregado a los privados, pero también deben ser objeto de control y transparencia del buen uso de esos recursos, que son de todos, aunque su modalidad sea distinta. Pero, desgraciadamente, esos temas poco se escuchan en el debate nacional. Lo ocurrido con Enron fue una estafa mundial, y aunque fue realizada por actores privados, sus daños fueron públicos; hay una pérdida de confianza en el sistema financiero.¿Ustedes creen que los daños los pagan sólo los privados? La crisis del sistema financiero el año 1982, hasta hoy, lo seguimos pagando todos los chilenos. Hace unos días, el Ministerio de Hacienda transfirió 600 millones de dólares al Banco Central para capitalizarlo, como consecuencia de la falta de eficiencia y transparencia del sistema financiero privado. En ese sentido, creemos esencial responder a aquellos que nos han acusado de tener una “ideología de la corrupción”, diciendo: “Miren, como no tenemos nada que esconder, como queremos que cualesquiera que sean las tentaciones humanas a las cuales nos veamos enfrentados -que esto quede muy claro-, aquí está el respaldo unánime de la Cámara a este proyecto, que garantiza autonomía y estabilidad a cualquier funcionario público que haga una denuncia.” Simultáneamente, queremos pedir formalmente al Ejecutivo que estudie un proyecto de ley orientado a crear condiciones de transparencia y control público en la gestión de las empresas públicas y privadas relacionadas con bienes públicos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , no puedo dejar de coincidir con lo que acaba de expresar mi colega Verdugo y, aunque en parte, con lo manifestado por el colega Duarte. Cuando se trata de probidad, tenemos que dar protección a las personas que hacen una denuncia, pero tal protección no puede ser sólo por 90 días. ¿Qué pasará después de los 90 días, si la investigación continúa? Que, por temor a lo que pueda ocurrir después, la persona no hará denuncia alguna. Por eso, quiero pedir votación separada de la letra a) del artículo 90 A, y de la letra a) del artículo 88 A, porque no podemos poner límites mientras se esté llevando a cabo el sumario correspondiente. Me gusta oír que se hable de probidad, como ha ocurrido aquí. En realidad, en Chile no estábamos acostumbrados a discutir este tipo de proyectos. Indudablemente, nos parece grave lo que está pasando en el país. Pero, ¿qué induce a las personas a hacer cosas reñidas con la probidad? ¿Quién dice que se debe aprobar tal proyecto? ¿Quién decide que una empresa amiga debe adjudicarse ciertas concesiones? Esto lo hemos visto muchas veces. Uno se pregunta, entonces, ¿qué sabemos sobre estas verdaderas camarillas? A modo de ejemplo, y para no mencionar a otras, voy a hablar sobre lo que sucede en mi región. Hay empresas que no han terminado los caminos, a pesar de haber transcurrido cinco años; sin embargo, año tras año, se siguen adjudicando obras del mismo tipo. Al camino Curarrehue-Puesco se le quitaron tres veces los recursos. Nunca se supo dónde fueron a parar esas platas. Algunos empresarios nos llaman para saber cómo funciona esto de las denuncias. Entonces, les decimos que las hagan porque ellos tienen los antecedentes. La respuesta es típica: “¿Está loco? Si denuncio lo que está pasando, nunca más gano una propuesta.”. Entonces, ¿cómo podemos pedir transparencia y probidad en un solo lado? Creo que deben existir en ambos lados: en el sector público y en el privado. En la Novena Región, han pasado muchas cosas raras. Por ejemplo, una empresa empezó a construir la Avenida Caupolicán, pero no la terminó. Para que se fuera, después de un año de atraso, le pagaron una indemnización de 800 mil pesos, y dejó la obra botada. Ahora, se volvió a adjudicar la construcción de otro camino: el de Choroico a Los Laureles. Tendría que haber empezado la construcción en septiembre, pero aún no lo hace. En el caso de Chiledeportes, muchos funcionarios me decían: “¿Qué quiere que hagamos, diputado , si los propios parlamentarios nos obligaban a hacer estas cosas?” Lo decían ellos. Llegaban pidiendo que las propuestas se adjudicaran por asignación directa, y así las concedían. ¿Y vienen a hablar de probidad ahora, aquí en la Cámara? Lo denunciamos miles de veces; que hagan memoria los colegas que tienen más años que yo. Que la ministra Paulina Veloso averigüe los resultados de las votaciones efectuadas en las comisiones especiales investigadoras: en ninguna de ellas jamás se reconoció que existía corrupción. De esa forma, se sentían amparados. ¿Acaso eso no es, en parte, amparar la corrupción? ¿Cuál fue el error que se cometió? Pensaban que la Concertación tenía que defender a los infractores a como diera lugar. La verdad es que ya es tarde para ponerle atajo. Hoy, tenemos leyes de buena crianza, para decir que el Congreso y la Presidenta de la República cumplieron. La verdad es que dudo mucho sobre la efectividad de dichas leyes, porque esto de la corrupción es algo tremendo. Voy a dar un ejemplo. En el sector de la vivienda, llamaban a licitación para construir cinco mil casas, pero todos se ponían de acuerdo y la declaraban desierta. Después, se las adjudicaban a dedo, proporcionalmente, a los mismos que no habían construido las viviendas. Todo parecía correcto, pero ahí venía lo bueno cuando se trataba de defender a los pobres. Se ponían de acuerdo sobre la forma de bajar el costo de las casas, y las entregaban sin escalas, sin forrar, con el piso de cemento a medio terminar. Entonces, decían que bajaban el precio de las viviendas en un millón y medio. Al parecer, no era mucha plata, pero si sacamos la cuenta, son 7.500 millones de pesos extras para las empresas, que se conseguían quitándoles a las casas lo que acabo de mencionar. Si eso, ministra, no es corrupción, no sé lo que puede ser. Pero, ni una sola palabra al respecto. Todo el mundo sabe que eso se hizo y se sigue haciendo. Lo he dicho siempre y lo reitero aquí: las empresas que han entregado coimas deben ser borradas de los registros de contratistas. ¡Deben ser borradas! ¿Y qué está pasando hoy con este problema? Como se han incrementado tanto los recursos, las empresas dilatan, junto con los funcionarios públicos, las licitaciones, y cada mes aumentan en 5 ó 10 por ciento el costo de las obras. Eso es lo que están haciendo en todas partes. De manera que todo esto también es un tipo de corrupción encubierta, y eso es, precisamente, lo que queremos evitar. En el caso de las viviendas, lo queremos hacer para que las platas lleguen a destino y las personas tengan casas dignas. El otro día, un diputado me contaba que en las últimas elecciones le tocó competir con el ex director nacional del Indap , y ahí estuvo todo el Indap repartiendo subsidios, abonos, etcétera, en su distrito. Entonces, no hablemos sólo de la corrupción a nivel de funcionarios. Éste es el momento para que el Gobierno tome cartas en el asunto, puesto que la corrupción electoral es mucho más perversa que la de los funcionarios, por una razón muy simple: hay mucha más plata involucrada. Muchos pueden decir: “ Diputado , está profundamente equivocado, porque todo esto lo hacen fuera de las horas de trabajo.” Es absolutamente cierto; no lo voy a discutir; es verdad lo que dicen los funcionarios. Pero, aunque sea fuera de las horas de trabajo, comprometían fondos públicos para que el lunes fueran a sus oficinas a las 9 de la mañana. Así, aprovechaban las primeras horas de trabajo para comprometer fondos públicos para los días de la semana. Pues bien, no veo que se haya considerado ese tipo de corrupción y falta de probidad en el proyecto. Por lo tanto, sólo se sanciona -¡ojo, señor Presidente !- el peor flagelo que ha afectado al país: la corrupción, pero se protege al que denuncia sólo durante 90 días; sin embargo, al que induce a la corrupción queda protegido ad aeternum; le pueden aplicar una multa, pero sigue siendo contratista; crea otra sociedad con algún abogado, y sigue funcionando. Aquí no hay que castigar a la empresa, sino a la o las personas que forman parte de ella. No hay que tener miedo de atacar de frente la corrupción. Creo que en Chile la corrupción partió con mucha fuerza, pero estamos a tiempo para ponerle atajo. ¿Y quiénes podemos contribuir a ello? Precisamente, los parlamentarios y los funcionarios de cada repartición, que pueden dar más antecedentes y con mayor certeza. Eso es lo que hay que aprovechar. Pero, con esa misma fuerza, si un funcionario hace una denuncia y se comprueba que es falsa, también se tiene que ir sin ninguna indemnización, por tratar de involucrar a gente inocente, que no tiene ninguna responsabilidad. Por eso, pido votación separada de la letra a) del artículo 90 A y de la letra a) del artículo 88 A, para que la protección al funcionario no se dé sólo por 90 días, sino mientras dure la investigación por el hecho denunciado a las distintas instituciones. Los otros artículos los votaré favorablemente. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Señor diputado, en todo caso, los 90 días se cuentan desde que se concluye el sumario. Tiene la palabra la ministra Paulina Veloso. La señora VELOSO (ministra secretaria general de la Presidencia).- Señor Presidente , el proyecto que hoy discute la Cámara de Diputados forma parte de la agenda de probidad, transparencia, mejoramiento de la calidad de la política y modernización que el Gobierno comprometió ante el país hace algunas semanas, en la convicción de que las irregularidades y los atisbos de corrupción al interior de nuestra institucionalidad pública no sólo deben condenarse y sancionarse a través de los procedimientos que corresponden, sino que nos convocan a todos en el esfuerzo de implementar medidas que erradiquen esas conductas y aseguren del mejor modo posible el respeto irrestricto de la probidad y de la transparencia en la gestión pública. Hay que recordar que en todos los países y también en todos los períodos en Chile ha habido casos de corrupción. Se trata -ahí es donde se distinguen las distintas naciones- de cuáles mecanismos se establecen para prevenir y sancionar en forma adecuada. La agenda con la que nos hemos comprometido abarca cuatro áreas centrales: probidad, transparencia, modernización del Estado y calidad de la política. En cada área se han propuesto al Congreso Nacional medidas legislativas muy concretas, que implican cambios normativos, legales y constitucionales. Digo esto a propósito de algunas intervenciones, en especial de la del diputado René Manuel García, que probablemente no está informado de que éste es uno de un conjunto de proyectos que consideramos por separado, entre otras cosas, para reconocer por separado, en su caso, cuando lo hemos incorporado vía indicación sustitutiva, reconociendo el trabajo realizado a nivel parlamentario. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Son tres ministra. La señora VELOSO (ministra secretaria general de la Presidencia ).- Las medidas contenidas en el proyecto se inspiran en el aporte de los partidos que hicieron llegar sus propuestas en un conjunto bastante amplio de mociones de parlamentarios de Gobierno y de Oposición, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional, y en la formulada por un grupo de siete expertos que reunió la Presidenta de la República. La agenda que impulsamos tiene varios ejes centrales. En primer lugar, parte de la base de que la reforma del Estado no significa jibarizarlo ni debilitarlo. Esto se dice en el mensaje. Para reformar el Estado, lo primero que hay que hacer es creer en el Estado, y este Gobierno cree en su capacidad de producir cambios, de mejorar la vida de los ciudadanos, de fortalecer la libertad de nuestra gente. Por eso, queremos reformar el Estado y hacerlo mejor. Reformamos el Estado porque el mundo moderno así nos lo exige. Los países que crecen, que se desarrollan, que compiten con éxito en los mercados mundiales, todos, sin excepción, cuentan con estructuras modernas y vigorosas, eficientes y dinámicas, que les permiten acompañar al sector privado y construir juntos, de la mano, una mayor prosperidad para su gente. En segundo lugar, esta reforma parte de la base de que la transparencia es uno de los mejores antídotos que una sociedad puede darse contra la corrupción. Pocas sanciones son tan severas como el juicio de una comunidad que no tolera actos irregulares; pero, además, la transparencia tiene un fuerte contenido ético, es profundamente democrática. Aquello que no soporta el juicio crítico de una sociedad vigilante resulta simplemente inaceptable. La transparencia inhibe lo incorrecto y estimula los mejores desempeños. Ésta es la potencia de someter la administración al escrutinio social de una sociedad vigilante. Un régimen de transparencia es un régimen progresista; entrega información a los ciudadanos, los empodera, los transforma a todos, en cierto modo, en custodios de la fe pública. Por eso, la Presidenta de la República ha dispuesto, sin perjuicio de la tramitación legislativa que siga el proyecto de acceso a la información pública que está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, que en enero se comience a aplicar en los distintos servicios de la administración pública y en los distintos ministerios el principio de transparencia activa, de manera que estaremos obligados, de acuerdo con esa instrucción presidencial, a incorporar en nuestras páginas web la información básica contenida en el proyecto como información obligatoria a todos los servicios, para conocimiento público. En tercer lugar, la reforma se apoya en todo lo que hemos avanzado en los últimos años en materia de transparencia, probidad y modernización. Muchas veces se parte de la base de que no hemos hecho nada en la materia. No es así; no podemos circunscribirnos a lo propuesto en esta oportunidad, porque venimos avanzando en materia de modernización y probidad desde hace tiempo. Por lo demás, con el aporte de ustedes mismos. Baste señalar los avances en materia de regulación de los gastos reservados, en la normativa del pago de honorarios, en el gasto electoral, en la transparencia que significa la ley de procedimiento administrativo y en la ley de compras públicas. No hay que olvidar que hoy nos preguntamos sobre una serie de aspectos relacionados con el gasto electoral, pero que antes de la ley, dictada en 2003, no existía legislación al respecto y había una cierta zona oscura en la materia. Hoy nos podemos plantear determinadas discusiones y exigencias porque existe esa legislación. De manera que no estamos partiendo de cero, hay un trabajo previo realizado. Asimismo, hemos avanzado en materia de recursos humanos al fortalecer la carrera funcionaria y crear la Dirección Nacional de Servicio Civil junto a la Alta Dirección Pública. El último eje de esta agenda es que el Estado necesita modernizar sus sistemas de control. Queremos un control incisivo, pero no sobre aspectos meramente formales, sino medulares. En tal sentido, impulsamos ajustes a las facultades de la Contraloría y la creación de la Agencia Nacional de la Calidad de Políticas Públicas , con el objeto de que se encargue de evaluar socialmente los proyectos de inversiones, examinar los programas gubernamentales y efectuar prospectivas de políticas públicas. En esta línea, se ubica también el fortalecimiento de la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso. Específicamente, la agenda comprende medidas en cada una de las áreas a las que nos hemos referido. En materia de probidad, la publicidad completa de la declaración de intereses y patrimonio. Les recuerdo que si bien ustedes aprobaron la publicidad de la declaración de intereses y patrimonio, el Tribunal Constitucional lo interpretó de manera restrictiva. Por eso, estamos proponiendo una modificación constitucional en la materia, y la protección al denunciante, que estamos debatiendo en este momento. En materia de transparencia, tenemos la moción parlamentaria sobre acceso a la información, a la que recién hice referencia; la regulación del lobby, en trámite en el Senado, y el proyecto denominado de “puerta giratoria”. En lo que se refiere a la modernización del Estado, se modifican las normas relativas a la Alta Dirección Pública. También se proponen cambios a la ley de compra y a la Auditoría Interna general de Gobierno. En esta misma línea, se encuentra la supresión de ciertas funciones de la Contraloría General de la República. Finalmente, en materia de calidad de la política, hay propuestas legislativas para modificar la ley del gasto electoral que está en discusión en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, que incluye sanciones a las autoridades por los delitos vinculados a esa ley. Asimismo, hemos propuesto una reforma constitucional para que la ley pueda regular las primarias y se sancionen los conflictos de intereses de los parlamentarios. En esta materia, también se ubican todas las restricciones a la denominada intervención electoral. Ahora bien, dentro de las medidas específicas que se proponen para favorecer la probidad administrativa, se considera la creación del sistema efectivo de protección para el funcionario público denunciante de buena fe, que denuncie incumplimiento de deberes legales relativos a la probidad pública, medida que el proyecto que se somete a vuestra consideración materializa. En síntesis, el proyecto en discusión parte de la base de que no existe una regulación que confiera protección dentro de la propia administración al denunciante de buena fe. Hay una protección general consagrada en el Código Penal; no hay un sistema que le otorgue suficientes garantías y tampoco hay sanciones para el denunciante irresponsable o que no respete los conductos regulares. Éste es el ámbito en el que se concentra la iniciativa. El proyecto recibió las propuestas del consejo de expertos y, al mismo tiempo, ha tenido en cuenta las mociones parlamentarias sobre la misma materia, que paso a reseñar: la que establece normas de investigación y persecución de actos de corrupción, de los entonces diputados Mora, Krauss, Prokurica, Valenzuela y Lily Pérez; la que establece un sistema de protección al denunciante y un incentivo a la denuncia de actos de corrupción, de los entonces diputados Víctor Pérez y Lily Pérez; la que obliga a los funcionarios públicos a denunciar conductas delictivas y faltas a la probidad administrativa, de los diputados Bustos, Espinoza, Araya, Meza, Accorsi, Aguiló y Tohá, doña Carolina, y del entonces diputado Escalona, y la que modifica la ley Nº 18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, con el objeto de precisar la obligación que indica e incorporar un nuevo derecho de los funcionarios públicos, de los diputados Sepúlveda, don Roberto, y Chahuán. El contenido del proyecto es muy sencillo, pero muy importante. La primera modificación apunta a reforzar el principio de probidad administrativa que inspira a nuestro sistema jurídico, mediante el establecimiento de la obligación de denunciar ante la autoridad administrativa correspondiente los actos irregulares y las faltas administrativas de que se tome conocimiento en el ejercicio del cargo. Al funcionario que denuncie se le otorgará una serie de derechos. No los voy a mencionar todos, porque ya lo hizo el diputado informante. Sólo quiero hacer presente que el plazo de noventa días comienza a contarse después de terminada la investigación sumaria o el sumario incoado a partir de la denuncia. Es decir, se hace la denuncia, se inicia una investigación sumaria o un sumario, en su caso, y una vez que termine esa investigación se cuenta el plazo de noventa días. Por eso, en la Comisión defendimos la idea de que dicho plazo resulta adecuado. Entonces, como digo, al funcionario se le otorgará un conjunto de derechos y, además, podrá solicitar que los antecedentes se mantengan en secreto para proteger su identidad. Sin embargo, también se exigen ciertos requisitos para garantizar la seriedad de la denuncia, lo que se hace por dos vías. En primer lugar, se exige que la denuncia sea fundada y cumpla con los requisitos de identificación y domicilio del denunciante, narración circunstanciada de los hechos, etcétera. En segundo lugar, se establece la sanción de destitución para los funcionarios públicos y municipales que efectúen denuncias de irregularidades y/o de faltas al principio de probidad administrativa sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado. Esa conducta será considerada como falta al principio de probidad administrativa. De esa forma, existe armonía con las normas del Código Penal, que establece una sanción a la denuncia calumniosa. Por último, con el proyecto, el Ejecutivo da cumplimiento a una de las medidas anunciadas por la Presidenta de la República para fomentar la transparencia de la función pública, en la convicción de que la colaboración de los funcionarios en la detección y corrección de las faltas a la probidad administrativa contribuirá a la mayor eficacia y al cumplimiento de ese principio. Respecto de las sugerencias formuladas en la Comisión y en la Sala en relación con la ampliación del sentido del proyecto a otros ámbitos, deseo manifestar nuestra disposición y actitud a escuchar todas las propuestas que tengan por objeto perfeccionar la iniciativa en estudio y las demás que, espero, ingresarán próximamente a tramitación en la Cámara, de manera de contar con un cuerpo armónico y completo que permita al país dar un salto en materia de modernización, probidad, corrección y transparencia de la administración pública. En mérito de todo lo anterior, esperamos que el proyecto concite un amplio respaldo en la honorable Cámara de Diputados, tal como en su momento lo obtuvo en su Comisión de Gobierno Interior, de manera que pronto se convierta en ley de la República. Ojalá se avance en forma acelerada, a fin de cumplir con la tercera agenda en materia de modernización, probidad y transparencia de la administración pública. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente , sólo quiero hacer algunos alcances a la discusión. Deseo llamar la atención sobre el hecho de que la iniciativa incorpora una condición adicional a la exigencia que por ley tienen todos los funcionarios públicos, sean de planta o a contrata y, desde luego, también las autoridades, cual es que al estar en conocimiento de alguna irregularidad de carácter administrativo o de la comisión de algún eventual delito, existe la obligación de hacer la respectiva denuncia. Pareciera ser que la idea que subyace a la presentación del proyecto es la suposición de que mucha gente no denunciaría situaciones irregulares por temor al efecto que eso podría desencadenar en su propia estabilidad laboral. Tengo la impresión de que dicha norma básica que rige a la administración pública, que obliga a los funcionarios a reaccionar ante el conocimiento de alguna irregularidad o de algún eventual delito, probablemente está en crisis debido a que en muchas instituciones no existiría claridad sobre las circunstancias de que alguien debiera sentirse formalmente en conocimiento de alguna situación irregular. En ese sentido, diría que un complemento adicional a esas normas para entender que una denuncia ha sido hecha formalmente, debiera considerar no sólo lo que se establece en el proyecto, sino también los mecanismos mediante los cuales el funcionario puede darse por informado de alguna situación irregular. Se ha hecho alusión a casos de particulares, y específicamente de contratistas que no conocen o están conscientes del procedimiento que deben adoptar para dejar constancia de la existencia de alguna irregularidad, y cuando lo hacen, su denuncia no necesariamente conlleva sanciones para el funcionario que recibe la información y no reacciona como debiera. Parece ser que el funcionario informado sobre la posible existencia de irregularidades no hace la denuncia para no poner en riesgo su estabilidad laboral, lo que me parece un aspecto no menor, porque, reitero, la obligación de denunciar es de todos los funcionarios públicos, cualquiera sea su cargo o la naturaleza de su función. En mi opinión, el proyecto, a pesar de que pareciera fortalecer dicha obligación, podría terminar debilitándola en cierta forma, si es efectivo el supuesto de que las denuncias no se realizan por temor a la pérdida de la estabilidad en el cargo. Utilizando el refrán de que lo que abunda no daña, el proyecto merece nuestra aprobación. No obstante, deseo hacer presente que mi experiencia en el sector público -la única que tuve fue como subsecretario- me permitió aprender que en él ocurren situaciones que conviene tener presente. Es decir, me asiste el temor de que tras la aprobación de la iniciativa, muchas personas -no tengo duda alguna de que así ocurrirá- recurrirán a la formulación de esa clase de denuncias para evitar ser objeto de alguna sanción por incumplimiento de sus tareas funcionarias, sea de planta o a contrata. Si este proyecto es confrontado con lo que piensan los dirigentes de la Anef o de otras instituciones representativas de los trabajadores del sector público, no cabe duda de que se llegará a la conclusión de que varias de sus normas precisamente han sido un obstáculo para reemplazar, muchas veces, a funcionarios que no cumplen su rol. Por lo general, pasan los años y siguen sin desempeñar las funciones para las cuales fueron contratados. También quiero hacer presente que me parece de Perogrullo el alcance que se hizo en la Comisión, en el sentido de que estas normas debieran ser aplicables a personas que trabajan en empresas del Estado. No entiendo por qué debieran aplicarse sólo a los funcionarios del aparato central, en circunstancias de que en las empresas del Estado normas como éstas permitirían aclarar situaciones derivadas de la falta de transparencia. Muchas veces, contratistas que les prestan servicios a contratistas más grandes se ven afectados por resoluciones arbitrarias en las que no se respetan las normas de las licitaciones o por la poca claridad de los procedimientos a través de los cuales se otorgan los contratos. Esas situaciones irregulares podrían darlas a conocer los funcionarios de las empresas del Estado. Tengo la impresión de que el proyecto responde a hechos de corrupción en distintas instituciones. Es más, esto es evidente en el cuadro de propuestas que el Gobierno ha planteado, pero debo expresar que considero bastante exageradas las opiniones de algunos colegas respecto del sector público. Como en todos los ámbitos, es un error exagerar o generalizar comportamientos, porque el proyecto exige seriedad y que se especifique nítidamente en qué consiste la denuncia y las eventuales personas a las que se supone un proceder inadecuado. Las acusaciones al voleo, muchas veces para obtener dividendos políticos, se han transformado en una cosa habitual. Hay ejemplos de denuncias que no han sido fundamentadas adecuadamente. En consecuencia, luego de estos dos alcances, primero, que se adopten las medidas para que un proyecto de esta naturaleza no sea utilizado como una forma de evitar las medidas que corresponden a un funcionario que no cumple sus funciones, y segundo, que estas normas sean aplicables a funcionarios de las empresas del Estado, anuncio los votos favorables de mi bancada. He dicho. El señor BURGOS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, sin duda, el proyecto va en el camino correcto. Es un nuevo avance del Gobierno y de ninguna manera constituye una reacción, como se ha dicho, frente a algunos hechos de corrupción. Los gobiernos anteriores y el actual han promovido diferentes proyectos para proteger el principio de probidad en el aparato estatal. El que se debate, precisamente, va en ese camino: resguardar, en forma más eficiente, el principio de probidad que debe regir los actos de la administración pública. Reitero: es un nuevo avance, porque muchos de los hechos de corrupción son detectados por los propios funcionarios públicos, pero ellos se sienten intimidados de darlos a conocer debido a que no cuenta con la protección legal suficiente. Por eso el proyecto es acertado. Pero es bueno dejar constancia de que el hecho de que estemos legislando no significa que Chile sea un país corrupto, como se ha dicho tanto en los medios de comunicación. Es cierto que ha habido situaciones graves, atentatorias contra la probidad, pero Chile no es un país corrupto. Debe tenerse mucho cuidado con generalizar, porque con ello se afecta la honra de miles y miles de funcionarios públicos que ponen todo su esfuerzo en forma anónima para que el país siga avanzando. La generalización hace que se sientan desincentivados. No generalicemos. Deben atacarse los actos puntuales de corrupción, pero desde ningún punto de vista puede aceptarse que en nuestro país se ha asentado la ideología de la corrupción. ¡Por Dios que error más grave¡ También es muy grave tratar de asentar que la política es corrupta. Debe tenerse claro que hay personas corruptas, y las personas corruptas actúan como tales en las distintas actividades. A ellas debemos combatirlas y denunciarlas, para evitar su accionar en el aparato público. Por lo tanto, me parece acertado el proyecto, aun cuando comparto que deben mejorarse algunos aspectos. Es bueno incentivar la denuncia responsable de los funcionarios, pero es poco el tiempo de protección que se les otorga. Al denunciante responsable no se le pueden aplicar medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, de traslado de una localidad a otra o de función, desde la fecha en que la autoridad que reciba la denuncia la tenga por presentada y hasta 90 días después de haber terminado la investigación sumaria o sumario, incoados a partir de la citada denuncia. Tampoco podrá ser objeto de precalificación anual durante el mismo lapso, si el denunciado fuese su superior jerárquico. Por eso, creo que debemos discutir más esta parte para que realmente se incentive la denuncia responsable. Si queremos incentivar la denuncia responsable, no podemos exagerar los requisitos, porque, de lo contrario, las personas no van a denunciar. Por ejemplo, en el proyecto se establece una serie de exigencias obvias, como la identificación y el domicilio del denunciante, la narración circunstanciada de los hechos, la individualización de quienes los hubieren cometido y de las personas que los hubieren presenciado o que tuvieren noticia de ellos, en cuanto le constare al denunciante. Pero la exigencia que contiene la letra d) del artículo 90 B me parece exagerada: “Acompañar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento.” El hecho de exigir a un funcionario, en su denuncia, que acompañe antecedentes y, además, documentos que le sirvan de fundamento, son dos requisitos copulativos exagerados. Si le pedimos que narre los hechos y que mencione a las personas que los hubieren presenciado, que tuvieren noticias de ellos o, por ejemplo, que solamente acompañe los antecedentes o documentos que le sirvan de fundamento, es adecuado. Pero no exijamos las dos cosas, porque muchas veces ese funcionario tiene conocimiento de todo, pero a lo mejor no puede obtener los documentos. En la narración de los hechos puede decir dónde están archivados y en qué consisten. Basta con exigirle uno de estos requisitos. Debemos perfeccionar ese aspecto; de lo contrario, amarraremos de manos al funcionario y, finalmente, no vamos a obtener una denuncia que perfectamente puede ser responsable. Me alegro de que esta protección sirva también a los funcionarios municipales, porque, según mi experiencia como diputado , en los municipios hay muchas irregularidades que los funcionarios quisieran denunciar. Con gusto aprobaré este proyecto respecto del cual veo que hay unanimidad. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en relación con este proyecto, discutido y votado por unanimidad en la Comisión de Gobierno Interior, nos damos cuenta de que hay unanimidad de propósitos en cuanto a proteger a los funcionarios públicos y municipales que denuncien irregularidades y faltas al principio de probidad. Hay consenso y es una buena señal. Quiero destacar que ésta es la primera iniciativa legal en que el Gobierno y nuestra Presidenta están dando una señal fuerte y contundente en el sentido de fortalecer el principio de probidad y, con ello, combatir cualquier vicio de irregularidad. Esto es lo que nos convoca, como diputados, a legislar. Pero, hay hechos importantes que hacer notar y explicar a la comunidad, a quienes siguen este debate y que serán los destinatarios de esta iniciativa legal. Va a existir la obligación de los funcionarios públicos y municipales de denunciar hechos irregulares y, además, las faltas. Esto es importante, porque en las faltas es donde muchas veces comienzan las situaciones irregulares, donde comienza la cadena de irregularidades y con lo cual se va minando o socavando la confianza pública. A través de ellas, precisamente, los funcionarios detectan a quien las comete: a su jefe directo o a alguien que esté en la estructura superior de la administración. Es fundamental resaltar que los derechos de los funcionarios públicos y municipales serán consagrados legalmente, que no podrán ser objeto de medidas disciplinarias durante el procedimiento; es decir, no habrá represalias como las que muchas veces se ejercen sobre ellos como consecuencia de una denuncia. Además, no podrán ser trasladados, como medida de presión para acallarlos, ni podrán ser precalificados. Esos derechos -reitero-, consagrados legalmente, no podrán ser vulnerados. También es importante el proyecto, porque dispone que estos derechos conllevan una responsabilidad: no más denuncias irresponsables que, simplemente, permiten ganar un titular de prensa, un par de minutos en una radio local o nacional, sin que se llegue a nada. Es importante establecer la responsabilidad de quienes denuncian, la identificación de los hechos, de las personas, etcétera. Al respecto, hago un llamado a la responsabilidad a la Oposición que hoy ha tenido como bandera de lucha las denuncias sobre irregularidades. Ojalá que tenga una visión de conjunto y se denuncien todos los hechos; no sólo los que la favorecen electoralmente o que le sirven para acosar a determinadas autoridades. Entendamos que este flagelo está en todas las municipalidades; hay un germen, y si no lo combatimos de manera clara, precisa, transversal, simplemente no acabaremos con él. Éste es un principio que tienen que ejercer especialmente los funcionarios públicos y municipales. En la medida en que nuestros funcionarios tengan estas herramientas y capacidad, defenderemos mejor a la administración y consagraremos efectivamente el principio de probidad. Quiero también destacar una propuesta que planteamos con el diputado Valenzuela , en el marco de la discusión en la Comisión, en cuanto a que el plazo de noventa días se amplíe a ciento ochenta días. El Ejecutivo nos ha ilustrado en el sentido de que ese plazo se cuenta a partir del cierre del sumario. Creemos que puede ser ampliado, que noventa días es un período muy corto y que puede establecerse uno mayor. Por último, el Ejecutivo debiera estudiar la posibilidad de presentar esto en otra iniciativa legal. En la Comisión hubo consenso en incluir también en esta normativa a los empleados de las empresas del Estado. Planteamos la razonable duda de qué ocurre con los funcionarios de empresas, como Codelco, Televisión Nacional, Ferrocarriles del Estado, Enami , con miles de trabajadores que hoy no quedan sujetos a estas normas porque se rigen por el Código del Trabajo. Es muy importante que el Ejecutivo tome nota de que existe el compromiso de incluir, a través de las modificaciones legales correspondientes, a esos miles de trabajadores de empresas del Estado, no como funcionarios públicos, sino en su calidad de trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Ellos también deben tener la facultad de denunciar. Ampliemos esta posibilidad para que cualquier chileno y chilena que vea o tenga conocimiento de una irregularidad o falta, la pueda denunciar. Sería bueno que el Ejecutivo pueda enviar, en el breve plazo, un proyecto de ley en esa línea para proteger los derechos de esos trabajadores y trabajadoras. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la honorable diputada Laura Soto. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente , hay un dicho popular que dice: “Todo es del color del cristal con que se mira”. Aquí en la Sala se ha hecho una especie de apología de que se está combatiendo la corrupción sólo desde un lado y que la Concertación y el gobierno de la Presidenta Bachelete no hacen sino aparentar que la están combatiendo. Eso es muy grave, porque de esa forma herimos a la democracia y al estado de derecho que tanto nos ha costado. Claro, del otro lado siempre se dice que es de mal gusto sacar las cosas antiguas, pero la verdad es que la fuente más tremenda de corrupción es el maridaje entre el dinero y la política. Ya vimos que en el pasado muchas empresas estatales exitosas fueron privatizadas, permitiendo grandes ganancias financieras a sus nuevos dueños. Por lo tanto, hay que poner las cosas en su justo término, porque para bailar tango se necesitan dos. En general, nuestros funcionarios públicos, tal como dijo la Presidenta Bachelet, son personas probas. Estamos hablando de gente limpia y decente, de gente que nos enorgullece saber que son funcionarios públicos. Antes que el proyecto en debate, se trataron otros referidos al financiamiento de compañas políticas, a los gastos reservados y a la declaración de intereses. Este último nos costó mucho sacarlo adelante, pues hubo diputados y senadores que se opusieron, porque -según decían- con la declaración de intereses les iban a secuestrar los hijos. La iniciativa trata de legislar para que las denuncias se hagan de manera responsable y no al voleo, en momentos en que se dice que existe una ideología de la corrupción, porque eso atenta y hiere la democracia que queremos conservar y mejorar. El proyecto va en la línea correcta, pero tiene algunos bemoles. Pienso que la denuncia responsable está absolutamente garantizada, por cuanto, si se constata su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar a alguien, el denunciante será sancionado con la destitución. Pero el correlato de la denuncia es demasiado oneroso. Se exigen casi todos los requisitos de una querella, en circunstancias que deseamos facilitarla, lo que ya se cumple con que tiene que ser verdadera, con que será sancionado el causante si la denuncia es falsa o si se quiere perjudicar a alguien, etcétera. Por eso, hay que hacer algunas adecuaciones en este capítulo. En seguida, si se quiera dar seguridad plena al denunciante, me parece que el plazo de 90 días de “fuero” es muy breve y habría que ampliarlo a 180. En definitiva, está bien lo que estamos haciendo, pero podemos mejorar el proyecto, y con las modificaciones necesarias votarlo favorablemente. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Por último, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente , me parece oportuno hacer un alcance acerca de los plazos de protección para el denunciante. Normalmente, un sumario dura hasta tres años; por eso, los 90 días de “fuero” que se agregan pareciera poco tiempo. Pero recordemos que se cuenta una vez terminado la investigación sumaria o el sumario. Por lo tanto, me parecen suficientes. Si lo extendemos a 180 días, ese plazo podría ser utilizado como un instrumento de protección por quien está a punto de ser exonerado de la administración pública, sea porque está en lista tres o cuatro, subterfugio que le otorgaría un fuero gratuito durante dos o tres años. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Cerrado el debate. Señoras diputadas y señores diputados, debo recordarles que, por tratarse de un proyecto calificado de suma urgencia, el Reglamento me obliga a pedir la unanimidad de la Sala para incorporar las indicaciones que se le han formulado: una, del diputado Maximiano Errázuriz, y tres, de los diputados Roberto Sepúlveda, Francisco Chahuán, Germán Verdugo, Alberto Cardemil y René Manuel García. Por lo tanto, solicito la unanimidad de la Sala para incorporar esas indicaciones. No hay acuerdo. En votación general el proyecto, con excepción del artículo 3°, que requiere quórum de ley orgánica constitucional. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Verdugo Soto Germán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, solicito que se reconsidere la posibilidad de incluir las indicaciones presentadas. El señor LEAL (Presidente).- No existe unanimidad para ello, señor diputado. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, pido que se voten. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, las indicaciones no se votan. Se pide la unanimidad de la Sala para incorporarlas, dado que el proyecto está calificado con suma urgencia. Y no la hay, señor diputado. Lo siento mucho. En votación general el artículo 3°, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Verdugo Soto Germán. El señor LEAL (Presidente).- Se deja constancia de que se ha alcanzado el quórum requerido. Se da por aprobado el proyecto en particular, con excepción de la letra a) del artículo 90 A, que incorpora el número 2) del artículo 1° y la letra a) del artículo 88 A, que incorpora el número 2) del artículo 2°, respecto de los cuales se ha pedido votación separada. En votación la letra a) del artículo 90 A. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 45 votos. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo la diputada señora Soto González Laura. El señor LEAL (Presidente).- En votación la letra a) del artículo 88 A. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 45 votos. No hubo abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. El señor LEAL (Presidente).- Despachado el proyecto.
PROTECCIÓN A DENUNCIAS SOBRE IRREGULARIDADES Y FALTAS A LA PROBIDAD. Primer trámite constitucional.