?REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 363ª Sesión 129ª, en miércoles 2 de marzo de 2016 (Ordinaria, de 10.39 a 14.30 horas) Presidencia de los señores Núñez Lozano, don Marco Antonio, y Vallespín López, don Patricio. Secretario, el señor Landeros Perki?, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-HOMENAJE VI.-ORDEN DEL DÍA VII.-PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VIII.-INCIDENTES IX.-ANEXO DE SESIÓN X.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA XII.-PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ÍNDICE GENERAL Pág. I.- ASISTENCIA18 II.- APERTURA DE LA SESIÓN21 III.- ACTAS21 IV.- CUENTA21 MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE FUNCIONARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SEÑORA JOSEFINA OLIVARES NAVARRO, RECIENTEMENTE FALLECIDA21 V.- HOMENAJE22 HOMENAJE A EXDIPUTADO Y EXVICEPRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN SEÑOR ARMANDO ARANCIBIA CALDERÓN, RECIENTEMENTE FALLECIDO22 VI.- ORDEN DEL DÍA32 REGULACIÓN DE SITUACIÓN DE FUNCIONARIO O TRABAJADOR DEPENDIENTE QUE SE DESEMPEÑA COMO VOLUNTARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9720?13)32 EXENCIÓN DE PAGO DE PEAJE A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA POR RUTAS CONCESIONADAS (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 9311-09, 9313-09 Y 9318-15)39 PERFECCIONAMIENTO DE JUSTICIA TRIBUTARIA Y ADUANERA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9892-07)43 TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 7606-07 Y 9936-07)59 VII.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN68 INCLUSIÓN EN CANASTA GES DE BOMBA DE INSULINA CON MONITOREO CONTINUO DE NIVELES DE AZÚCAR EN LA SANGRE68 ESTABLECIMIENTO DE NOTARÍA EN COMUNA DE QUILLÓN71 MEDIDAS PRODISMINUCIÓN DE BRECHA ENTRE INGRESOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES PARTICULARES73 ELABORACIÓN DE NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN77 VIII.- INCIDENTES80 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE MALNUTRICIÓN, SOBREPESO Y DIABETES EN CHILE, Y PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD EN RELACIÓN CON INFORME DE LA ONU SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (OFICIO)80 PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESPECTO DE ESPACIOS RADIALES CONTRATADOS POR MUNICIPIO DE PARRAL (OFICIO)81 INFORMACIÓN SOBRE HABILITACIÓN PLENA DE FIBROBRONCOSCOPIO EN HOSPITAL SAN PABLO, DE COQUIMBO (OFICIOS)82 TOMA DE MUESTRA DE RESIDUOS CONTAMINANTES EN PLAYA LA HERRADURA, DE COQUIMBO, Y FISCALIZACIÓN A EMPRESA AGUAS DEL VALLE (OFICIOS)83 ACLARACIÓN SOBRE FORMA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD EN ALZA DE TARIFAS DE VISAS PARA CIUDADANOS LATINOAMERICANOS (OFICIO)84 NÚMERO DE PREDIOS ACOGIDOS A REBAJA DE CONTRIBUCIONES DE BIENES RAÍCES DURANTE PERÍODO 2014-2015 (OFICIO)84 ACELERACIÓN DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS EN SECTORES SANTA TERESA Y BULI, COMUNA DE SAN CARLOS (OFICIO)85 AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL A ESTUDIANTES DE COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS DE SECTORES RURALES (OFICIOS)85 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO DE APOYO A AHORRANTES QUE POSTULAN A SUBSIDIO HABITACIONAL (OFICIO)86 INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL EJECUCIÓN DE PROYECTO DE EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN COMUNA DE HUALQUI (OFICIOS)86 INFORMACIÓN SOBRE PLAN VERANO SEGURO EN BORDE COSTERO DE REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS (OFICIO)87 INFORMACIÓN SOBRE DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN EN COMUNA DE SAN FERNANDO E INSTALACIÓN DE CUARTEL POLICIAL EN ZONA PONIENTE DE LA COMUNA (OFICIO)87 ALCANCES RESPECTO DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN N° 494, SOBRE REDUCCIÓN DE PRIVILEGIOS EN SECTOR PÚBLICO88 INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL EN SECTORES DE TRANAMÁN Y LA ISLA, COMUNA DE PURÉN (OFICIO)88 CONSTRUCCIÓN DE ATRAVIESO EN RUTA 5 SUR PARA ACCESO A CEMENTERIO DE COMUNA DE COLLIPULLI (OFICIOS)89 INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS Y MEDIDAS ADOPTADAS ANTE CONTAMINACIÓN POR AGUAS SERVIDAS EN COMUNA DE PANGUIPULLI (OFICIOS)89 IX.- ANEXO DE SESIÓN91 COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES91 ALCANCE SOBRE CONGELAMIENTO DE REAJUSTE DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO (OFICIOS)91 COORDINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES EN AUTOPISTAS CONCESIONADAS (OFICIOS)92 ANTECEDENTES SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE RANCAGUA Y MACHALÍ (OFICIOS)92 INFORMACIÓN SOBRE CEMENTERIO DIAGUITA DESCUBIERTO EN REGIÓN DE COQUIMBO (OFICIO)93 INVESTIGACIÓN DE EVENTUALES DELITOS RELACIONADOS CON SUPUESTO ABOGADO VINCULADO CON LA CONADI (OFICIOS)94 INVESTIGACIÓN SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES COMETIDAS EN MUNICIPALIDAD DE TILTIL DESDE 2012 A LA FECHA (OFICIOS)95 X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA97 1.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10057-06)97 2.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10344-06)97 3.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10489-11)97 4.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10523-11)98 5.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10490-11)98 6.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10491-11)99 7.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10395-14)99 8.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10368-04)100 9.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N°10344-06)100 10.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10368-04)101 11.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES JIMÉNEZ, ALVARADO, ANDRADE, AUTH, BROWNE, ESPINOSA, DON MARCOS; FARÍAS, GUTIÉRREZ, DON HUGO, Y NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA RUBILAR, QUE “AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO EN HOMENAJE A DON SVEN OLOF JOACHIM PALME”. (BOLETÍN N° 10552-24)109 12.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR SALDÍVAR QUE “ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE PROTECCIÓN”. (BOLETÍN N° 10553-17)113 13.- OFICIO DE LA CORTE SUPREMA POR EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO DEL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, EN MATERIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO, TRATÁNDOSE DE CAUSAS RELATIVAS A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”. (BOLETÍN 10528-07)122 XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1.-Notas: -Del diputado señor Flores por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 27 de febrero de 2016, para dirigirse a Londres, Inglaterra. 2.-Licencia médica: -Otorgada al diputado señor González por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de once días, a contar del 29 de febrero de 2016. 3.-Comunicaciones: -De la diputada señora Turres, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión celebrada el 1 de marzo de 2016 por impedimento grave. -Del jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que la diputada señora Hoffmann reemplazará al diputado señor Urrutia, don Ignacio, en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. 4.-Oficios: -De la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización por el cual se solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala hoy miércoles, 2 de marzo, de 11:00 a 12:00 horas, con el propósito de continuar con la discusión y votación particular del proyecto, iniciado en un mensaje, que Regula el ejercicio del derecho a voto de los chilenos en el extranjero, boletín N° 10.344-06, hasta su total despacho. -Del Secretario General de la Corporación por el cual comunica que se ha calificado como “misión oficial” la participación de los diputados señores Flores y Ulloa en el encuentro parlamentario de la Alianza del Pacífico, que se llevará a efecto en Londres, Inglaterra, los días 2, 3 y 4 de marzo en de 2016. (467). -Del Secretario General de la Corporación por el cual comunica que las diputadas señoras Fernández, Hoffmann y Sabat integrarán la delegación que concurrirá a la reunión de la Comisión de las Mujeres, que llevan a cabo anualmente la UIP y la ONU, los días 15 y 16 de marzo de 2016, en Nueva York, Estados Unidos (469). Respuestas a Oficios Contraloría General de la República -Diputada Hernando doña Marcela, Posibilidad de disponer una fiscalización al Programa de casas tuteladas para adultos mayores ejecutado en la comuna de Antofagasta, en los términos que plantea. (6738 al 9762). Ministerio de Interior -Diputado Boric, Solicita dar respuesta a las consultas específicas que en ella se indican, respecto de las eventuales irregularidades que se habrían producido en el proceso de evaluación de la asignación de los recursos provenientes del Fondo de Innovación para la Competitividad del año 2015. (117 al 14852). -Diputado Urrutia don Osvaldo, Solicita informar si existen proyectos de infraestructura planificados para su desarrollo en la comuna de Isla de Pascua, cuyo objeto sea la construcción de una red de alcantarillado, abastecimiento y distribución de agua potable, terminal portuario, vertedero para desechos sólidos y pista de aterrizaje paralela a la existente. (328 al 15061). -Diputado Edwards, Informar sobre las organizaciones, tanto funcionales como territoriales de La Araucanía, beneficiadas por el Fondo Social Presidente de la República del año 2015 en los términos que señala en solicitud adjunta. (71 al 15799). Ministerio de Economía, Fomento y Turismo -Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre la efectividad de que el señor Jorge Bustos Nielsen estaría gestionando ante ese Servicio, con mecanismos al margen de la legalidad vigente, la regularización de una embarcación de su propiedad. (410 al 14908). -Diputado Verdugo, Se sirva informar sobre las empresas que tengan una posición dominante de mercado y el rubro al que pertenecen. (411 al 14499). -Diputado Verdugo, Reiterar el oficio N° 14499 de fecha 04 de diciembre de 2015. (411 al 15531). Ministerio de Hacienda -Diputado Fuenzalida, Reiterar los oficios de esta Corporación, N° 14.183 del 18 de noviembre de 2015, N° 14.349 del 26 de noviembre de 2015 y N° 11.841 del 2 de septiembre de 2015. (25 al 15772). -Diputado Pérez don Leopoldo, Tenga a bien avaluar nuevamente la propiedad ubicada en Camino Lo Rulos N° 02100 ST 4 de la comuna de San José de Maipo, rol N° 111-31, informando las medidas adoptadas en la materia. (477 al 15728). Ministerio de Educación -Diputado Boric, Posibilidad de disponer una fiscalización en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, con el propósito de verificar la existencia de las irregularidades que denuncia. (65 al 10026). Ministerio de Justicia -Diputado Farcas, Factibilidad de implementar programas preventivos para evitar eventuales vulneraciones de derechos a menores de edad en el sector de las intersecciones de las avenidas Vicuña Mackenna y Costanera y Costanera con Carrascal de la comuna de Renca, lugares en los que se practicaría comercial sexual. (2350 al 14861). -Diputado Verdugo, Informar sobre las actividades, programas y talleres de reinserción social y laboral que se desarrollan al interior de los centros cerrados y semi cerrados en la Región del Maule. (306 al 15530). -Diputado Robles, Informe a esta Cámara sobre el uso de la huella dactilar por empresas privadas utilizando registros biométricos, si corresponden a la utilización de convenios con el servicio de Registro Civil e Identificación o a la venta de sus bases de datos y los fundamentos legales que justificarían dichas transferencias. (577 al 14845). -Diputado Farcas, Se sirva informar la factibilidad de evitar el incremento en el valor de la cédula de identidad y de establecer la gratuidad de este documento para los sectores más vulnerables de la población. (578 al 11163). Ministerio de Defensa Nacional -Diputada Turres doña Marisol, Se sirva informar la factibilidad de instruir a la Dirección General de Movilización Nacional para que realice un catastro de las personas que poseen armas inscritas en la Región de Los Lagos y cuyos informes médicos hayan sido otorgados por don Patricio Abelardo Rondón Ramo, reexaminar estas inscripciones sometiéndolas a un nuevo proceso de inscripción de armas, e informar las gestiones realizadas. (2216 al 11323). Ministerio de Obras Públicas -Diputado Campos, Solicita informar las medidas que se adoptarán ante un eventual aumento de la tarifa del peaje Agua Amarilla de la Autopista de Itata S.A. en la comuna de Concepción (275 al 14816). -Diputado Silber, Cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad de la provincia de Chacabuco, para la reubicación de los pórticos destinados a realizar el cobro electrónico, por el uso de las vías, precisando los plazos estimados. (276 al 14378). -Diputado Hasbún, Se sirva informar el estado de avance y los entorpecimientos ocurridos durante la ejecución del proyecto de asfaltado del camino “Lago Colico”, en la comuna de Cunco. (278 al 14044). -Diputado Ojeda, Disponer que se realicen los estudios técnicos para el asfaltado del camino que va de Huillinco a Forrahue Bajo, en una extensión de catorce kilómetros, que une la Ruta U-40, de Osorno a Bahía Mansa, con la Ruta U-22, que une Osorno con Misión de la Costa. (280 al 894). -Diputado Urrutia don Ignacio, Posibilidad de destinar recursos necesarios para asfaltar el camino que une los sectores de El Transito y Los Copihues, correspondientes de la Ruta L-555, en la comuna de Longaví, provincia de Linares, Región del Maule. (281 al 8708). -Diputado Santana, Informe a esta Cámara sobre el estado de avance y calendarización del proyecto de construcción del bypass en la comuna de Castro. (282 al 7681). -Diputado Rocafull, Informe esta Cámara sobre el listado de puentes peatonales existentes en la Región de Arica y Parinacota, el estado en el que se encuentran; y, los proyectos de restauración y mantención. (283 al 7730). -Diputada Hoffmann doña María José, Informar sobre el estado de avance del estudio de prospección para el año 2016 en la localidad de Quillaicillo de la comuna de Cartagena, la existencia de alguna planificación por parte del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas para el desarrollo de un estudio de prospección en dicha localidad y los recursos necesarias para desarrollar este tipo de estudio. (284 al 14989). -Diputada Hoffmann doña María José, Informar sobre el estado de avance del estudio de prospección para el año 2016 en la localidad de Quillaicillo de la comuna de Cartagena, la existencia de alguna planificación por parte del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas para el desarrollo de un estudio de prospección en dicha localidad y los recursos necesarias para desarrollar este tipo de estudio. (284 al 14990). -Diputada Álvarez doña Jenny, Informe sobre la licitación del camino que une los sectores de Astillero y Pargua en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos. (285 al 7818). -Diputada Provoste doña Jenny, Solicita disponer que la Dirección de Obras Hidráulicas informe los antecedentes técnicos que se habrían considerado para calificar como zonas de riesgo de aluviones las poblaciones Algarrobo, Cancha Carrera y Punta del Cobre en la comuna de Tierra Amarilla. (323 al 13459). -Diputado Farcas, Reitera el oficio N° 10.886, de esta Corporación, de fecha 6 de agosto de 2015. (324 al 12366). -Diputado Farcas, Situación del proyecto de construcción de colectores de aguas lluvias en el sector de Barón de Juras Reales de la comuna de Conchalí. (324 al 14803). -Diputado Chahin, Situación legal de la empresa San Isidro, que administra el sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de San Ramón, en la comuna de Padre Las Casas, precisando la calidad jurídica en que presta dichos servicios, a fin de determinar el organismo encargado de su fiscalización. (325 al 12727). -Diputado Urrutia don Osvaldo, Solicita informar si existen proyectos de infraestructura planificados para su desarrollo en la comuna de Isla de Pascua, cuyo objeto sea la construcción de una red de alcantarillado, abastecimiento y distribución de agua potable, terminal portuario, vertedero para desechos sólidos y pista de aterrizaje paralela a la existente (328 al 15062). -Diputado Bellolio, Plan de financiamiento de alcantarillado para el sector de Viluco, en la comuna de BuÍn y las comunidades favorecidas. (329 al 12996). -Diputado Jarpa, remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la postulación de la localidad de Valle Las Trancas, comuna de Pinto, a un proyecto de agua potable rural. (330 al 8037). Ministerio de Agricultura -Diputado Espinoza don Fidel, Remitir antecedentes y copia del convenio suscrito con el Consejo General de Caciques de la provincia de Osorno, con el cual se iniciaría un trabajo permanente para el desarrollo de las prácticas agrícolas huilliches, antecedentes respecto del plan de sanidad animal especial para el sector y la continuidad del programa de desarrollo territorial indígena. (103 al 13632). -Diputado Hernández, Se sirva informar sobre la existencia de planes o programas destinados a subsanar la carencia de semillas de papa u otras, particularmente en la Región de Los Lagos, en razón de la escasez hídrica que afecta al país. (105 al 13486). -Diputado Sabag, Informe a esta Corporación sobre la situación actual del marcado del trigo, evaluando la posibilidad de una intervención por la Comercializadora de Trigo S. A., Cotrisa. (67 al 15083). -Diputado Paulsen, Informar sobre la situación de una reserva ubicada entre los kilómetros 6 y 7, camino Lautaro-Galvarino, específicamente si dicha reserva cuya información se adjunta cuenta con inscripción fiscal, y si existe inscripción de dominio relacionada con el asentamiento “La Tierra para quién trabaja” o “El Trébol”, de la comuna de Lautaro. (6993 al 14956). -Diputado Monsalve, Disponer, a la brevedad posible, las gestiones necesarias para que se realice una visita inspectiva del personal especializado de la Corporación Nacional Forestal, por el deterioro de cuatro pinos araucarias en el sector El Boldo de la comuna de Arauco, informando a esta Cámara sobre las medidas adoptadas. (72 al 14481). -Diputado Espinoza don Fidel, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con el efecto que tienen las inversiones realizadas por las empresas procesadoras lácteas, especialmente Soprole, Watts y Nestlé, en la Región de Los Lagos. (74 al 6982). Ministerio de Bienes Nacionales -Diputado Urízar, Posibilidad de disponer la coordinación de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, la Subsecretaría de Prevención del Delito e instituciones del Estado a objeto de intervenir el sector de El Bajío, en la comuna de Quillota ante el aumento de la actividad delictual. (16 al 15096). Ministerio de Trabajo y Previsión Social -Diputada Girardi doña Cristina, Solicita informar sobre la eventual deuda previsional y laboral, de los últimos 6 años, de la Municipalidad de Cerro Navia y la Corporación Municipal de la misma comuna. (1074 al 16395). -Diputado De Mussy, Se sirva remitir un informe sobre la regularidad de las labores de fiscalización a empresas de transporte de carga, las infracciones cursadas y se dé respuesta a los demás requerimientos señalados en el documento adjunto. (113 al 14051). -Diputado Gutiérrez don Hugo, Informe a esta Cámara, al tenor de la intervención y antecedentes que se acompañan, si ha ejercido las facultades de control que le corresponden, en su calidad de superior jerárquico, respecto de los funcionarios de su dependencia individualizados en el Informe de Investigación Especial N° 875/2015, emitido por la Contraloría Regional de Tarapacá, sobre eventuales faltas a la probidad de servidores públicos del gobierno regional de Tarapacá y de otras entidades públicas de la región. (38 al 14631). -Diputada Álvarez doña Jenny, Remitir los antecedentes y resultados de las fiscalizaciones realizadas en la Región de Los Lagos, respecto al cumplimiento de la nueva normativa sobre trabajadores de casa particular, indicando el número de fiscalizaciones realizadas, tipo y número de infracciones detectadas y de multas cursadas o en curso, y así mismo, señalar el número de contratos ajustados a dicha normativa ingresados con datos desagregados por provincia. (53 al 14686). -Diputado Verdugo, Informar sobre las interrogantes que plantea en solicitud adjunta respecto a la jornada de trabajo de los choferes y auxiliares de buses interurbanos. (617 al 14743). -Diputado Robles, Eventual vulneración a las normas contenidas en el Instructivo Presidencial sobre buenas prácticas laborales en desarrollo de personas en el Estado y en el oficio circular N° 35, de 13 de noviembre de 2014, que establece orientaciones generales a los jefes de servicios sobre proceso de renovación del personal a contrata, cometida en la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Atacama, al no renovar los contratos de los funcionarios señores Ramón Palacios Pizarro, César Pereira Vergara y Francisco Rojas Cárdenas, a pesar de presentar altas calificaciones en su desempeño, disponiendo una investigación al respecto. (76 al 15815). -Diputado Venegas don Mario, Solicita una investigación acerca de las causas del accidente ocurrido en el camino que une las comuna de Los Sauces y Angol el pasado 9 de enero, cuyo resultado fue la muerte de nueve trabajadores temporeros, informando sus conclusiones y las medidas preventivas que se adoptarán para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral en este tipo de faenas y las condiciones de seguridad en su traslado (910 al 15684). Ministerio de Salud -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Se sirva disponer una investigación ante una eventual vulneración de derechos de la que habría sido objeto la señora Ángela Veliz Romero, quien no habría podido hacer uso de los permisos pre natal y post natal, remitiendo a esta Corporación los resultados de dicha verificación. (26 al 14518). -Diputado Lavín, Se sirva informar acerca de deudas impagas que mantengan los municipios de Maipú, Estación Central y Cerrillos, con la Central Nacional de Abastecimiento. (280 al 15073). -Diputada Hernando doña Marcela, se sirva reforzar la seguridad de los funcionarios que resguardan las drogas incautadas, en cada uno de los servicios de salud del país, informando las medidas que se adopten en este sentido. (302 al 12476). -Diputado Chahin, Se sirva tener presente las consideraciones que expone, al momento de resolver el recurso de reclamación presentado por la empresa que presentó el proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en el río Cautín, provincia de Curacautín, cuya factibilidad fue rechazada en la instancia regional. (304 al 1534). -Diputado Pérez don Leopoldo, Solicita dar respuesta a las consultas específicas que en ella se contienen, en relación a las denuncias que se efectuaron en el programa televisivo “Contacto” en cuanto al desempeño profesional de los médicos anestesistas en el sistema público. (33 al 14412). -Diputado Pérez don José, Posibilidad de considerar una modificación legal para eximir del impuesto al valor agregado a la importación de medicamentos de alto valor destinados a enfermedades de elevado costo. (406 al 9728). -Diputado Becker, Razones consideradas para excluir la construcción del nuevo hospital de Padre Las Casas del período anterior a 2018. (416 al 13044). -Diputado Alvarado, Situación que afecta al hospital de Coquimbo, el que se encuentra funcionando en condiciones de emergencia luego del terremoto que afectó a dicha comuna, adoptando las medidas que correspondan para enfrentar el aumento de la población flotante durante el verano. (422 al 14783). -Diputado Arriagada, Total de resoluciones emitidas por funcionarios dependientes del sector salud que hayan remitido a los tribunales de familia antecedentes para retener menores en proceso de adopción. (80 al 14359). Ministerio de Vivienda y Urbanismo -Diputado Trisotti, Se sirva remitir el cronograma de trabajo y el estado de ejecución de las obras de ensanchamiento de la avenida Las Cabras en la comuna de Iquique. Asimismo se dé respuesta a los demás requerimientos indicados en el documento adjunto. (71 al 15486). Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -Diputado Mirosevic, Se sirva informar el número de proyectos e iniciativas en materia de telecomunicaciones que se encuentran destinados a la Región de Arica y Parinacota. Asimismo se dé respuesta a los demás requerimientos indicados en el documento adjunto. (313 al 14641). -Diputada Hernando doña Marcela, Solicita remitir una copia del Decreto Exento N° 709 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, informando además cuál es el grado de operatividad de la Radio “Impacto” de Antofagasta. (763 al 14979). Ministerio Secretaría General de la Presidencia -Diputada Hernando doña Marcela, Se sirva tener por incorporado al oficio N° 12.454 enviado por esta Corporación, relativo a eventuales responsabilidades en la destrucción de bienes muebles en la denominada “Plaza de Eventos”, el decreto alcaldicio N° 1531 del año 2015 de la Municipalidad de Antofagasta. (6735 al 1426). -Diputada Hernando doña Marcela, Tenga a bien adjuntar al oficio N° 12.454 de fecha 11 de septiembre del presente año, los documentos que se acompañan. (6735 al 1518). -Diputada Hernando doña Marcela, Se sirva disponer una investigación para determinar eventuales responsabilidades involucradas en los hechos denunciados por el Concejo Municipal de Antofagasta relacionados con la destrucción de bienes muebles en la denominada “Plaza de Eventos”, cuya administración habría sido entregada de manera irregular a tres organizaciones de comerciantes que explotan ramadas, dando cuenta de los resultados de dichas verificaciones a esta Corporación. (6735 al 12454). Ministerio Público -Diputado Pilowsky, Requiere informar las causas penales en actual tramitación en que han sido utilizados como medio de prueba los registros visuales obtenidos de cámaras aéreas y emitir a su opinión respecto de la efectividad de este medio tecnológico para la persecución penal (32 al 15452). Ministerio Medio Ambiente -Diputado Espejo, Señala las nefastas consecuencias que podría acarrear la reciente dictación de una resolución de calificación ambiental que permite la instalación de un plantel para más de noventa mil cerdos, en la comuna de La Estrella; solicita informar medidas que se adoptarán para garantizar el cuidado al medio ambiente y el desarrollo turístico en la zona; propone pedir renuncia de la Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins. (160577 al 15842). -Diputado Castro, Informar sobre la situación que afecta a los residentes de la población Granja de la comuna de Rancagua, por los efectos que provoca la empresa Barracas de Madera Castro, la fundición de metales pesados y el galpón de maquinaria pesada, ubicados en el sector. (67 al 15783). Intendencias -Diputado Hernández, Existencia de un plan de implementación de nuevas ciclovías en las ciudades de Osorno, San Juan de La Costa y San Pablo de la Región de Los Lagos, con el propósito de incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte no contaminante. (139 al 11856). -Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informar sobre la destinación de recursos para la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia desde el año 2010 al 2015, en los términos que señala en solicitud adjunta. (399 al 15910). Servicios -Diputada Carvajal doña Loreto, Se sirva informar la factibilidad de colaborar en el diseño y pavimentación de un tramo de camino en el sector de Los Remates de la comuna de Quirihue y la generación de un plan de mantención integral de caminos, según se indica en la solicitud que se acompaña. (326 al 10932). -Diputado Schilling, Informar sobre posibles acciones a realizar con objeto de subsanar los problemas que afectan a la Junta de Vecinos Villa Alberto Callejas de la comuna de Petorca, respecto a la carencia de una sede propia del Comité de Agua Potable rural que abastece a dicha Junta y sobre la necesidad de renovación de redes. (331 al 14882). -Diputado Gutiérrez don Hugo, Se sirva complementar el oficio N° 2.748 de fecha 2 de noviembre de esa institución, individualizando a los querellados de las acciones judiciales señaladas en el referido oficio. (35 al 13619). Varios -Diputado Pilowsky, Solicita informe el sistema de coordinación y funcionamiento de las cámaras aéreas de seguridad así como la recopilación de datos captados a través de ellas (106 al 15455). -Diputado Lavín, Se sirva informar sobre la factibilidad de disponer funcionarios montados de Carabineros de Chile en el sector del Parque Tres Poniente de la comuna de Maipú. (110 al 15468). -Diputado Saldívar, Solicita informe si la externalización en el pago de los consumos de servicios de energía y agua potable y la consecuente disminución de funcionarios de dichas empresas que puedan asesorar técnica y comercialmente a los usuarios, da cumplimiento a las condiciones de calidad del servicio establecidas en las respectivas concesiones (236 al 14906). -Diputado Urízar, Solicita disponer la cesión de un estacionamiento que se destine al uso de personas minusválidas, en la sucursal de la comuna de Cabildo de esa Caja de Compensación. (61 al 1563). Municipalidades -Diputado Sandoval, Informar si algún concejal de ese municipio se verá afectado por la incompatibilidad que incorporó la ley N° 20.742, que perfecciona el rol fiscalizador del concejo, fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades, crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales, al inciso primero del artículo 75 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, modificación que entrará en vigencia el 6 de diciembre del año 2016, de acuerdo al artículo tercero transitorio de la norma sustitutiva. (1 al 14441). -Diputado Berger, Se solicita fiscalización para determinar las causas del corte de luz que afectó al Centro de Salud Familiar “Lautaro Caro Ríos, en la comuna de Paillaco, con una duración de dos días y que no se habría producido en el resto de la comuna, especialmente en los aspectos que se detallan en documento adjunto. Asimismo, se requiere informar los resultados del control solicitado. (143 al 16049). -Diputado Becker, Número de funcionarios de planta, a contrata y bajo la modalidad a honorarios que prestan servicios en su municipio. (150 al 12108). -Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (1504 al 13696). -Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (152 al 15383). -Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (171 al 15108). -Diputado Rathgeb, Reitera el oficio N° 13.739, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015. (177 al 16330). -Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (28 al 15178). -Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (313 al 13821). -Diputado Rathgeb, Informe a esta Cámara sobre los cursos o seminarios a los que han concurrido el alcalde o los concejales dentro o fuera del país, desde diciembre de 2013, indicando la fecha de inicio, término y lugar de los mismos y precisando si el costo ha sido de cargo municipal, la materia, tema u objeto del curso o seminario y los datos de las empresas o entidades que los han impartido. (41 al 14592). -Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (42 al 13919). -Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (491 al 13754). -Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (55 al 15293). -Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (65 al 15276). -Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (821 al 13741). Presidencia de la República -Diputado Norambuena, Solicita instruir a los ministerios de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones para que aborden con medidas concreta la difícil situación de conectividad que se presenta en la Isla Mocha de la Región del Biobío. (279 al 1503). XII.PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. -Diputado Farcas, Se sirva informar a esta Cámara si la señora Miriam del Carmen Acevedo Carvajal se encuentra dentro del grupo de pensionados beneficiados con la eliminación de la cotización legal del 7% de salud. (16486 de 29/02/2016). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Farcas, Se sirva informar a esta Cámara si la señora Margarita Berrios se encuentra dentro del grupo de pensionados beneficiados con la eliminación de la cotización legal del 7% de salud. (16487 de 29/02/2016). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Farcas, Se sirva informar a esta Cámara si la señora Fresia Espinoza Farías se encuentra dentro del grupo de pensionados beneficiados con la eliminación de la cotización legal del 7% de salud. (16488 de 29/02/2016). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Farcas, Se sirva informar a esta Cámara si la señora Carmen Rosa Gajardo Urra se encuentra dentro del grupo de pensionados beneficiados con la eliminación de la cotización legal del 7% de salud. (16489 de 29/02/2016). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Farcas, Se sirva informar a esta Cámara si la señora Rosa Galdam Norambuena se encuentra dentro del grupo de pensionados beneficiados con la eliminación de la cotización legal del 7% de salud. (16490 de 29/02/2016). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Farcas, Se sirva informar a esta Cámara si la señora María Lara Benavides se encuentra dentro del grupo de pensionados beneficiados con la eliminación de la cotización legal del 7% de salud (16491 de 29/02/2016). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Farcas, Se sirva informar a esta Cámara si la señora Gladys Maldonado Yáñez se encuentra dentro del grupo de pensionados beneficiados con la eliminación de la cotización legal del 7% de salud. (16492 de 29/02/2016). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Farcas, Se sirva informar a esta Cámara si la señora María Marchant se encuentra dentro del grupo de pensionados beneficiados con la eliminación de la cotización legal del 7% de salud. (16493 de 29/02/2016). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Farcas, Se sirva informar a esta Cámara si la señora Aida Ortiz Palomino se encuentra dentro del grupo de pensionados beneficiados con la eliminación de la cotización legal del 7% de salud (16494 de 29/02/2016). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Farcas, Se sirva informar a esta Cámara si la señora Aida Saavedra Muñoz se encuentra dentro del grupo de pensionados beneficiados con la eliminación de la cotización legal del 7% de salud. (16495 de 29/02/2016). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Kast, Se sirva a remitir a esta Cámara la cantidad de fiscalizaciones que se han realizado a las empresas de buses Inversiones Alsacia S. A., Express de Santiago S. A., Subus Chile S. A., Buses Vule S. A., Metbus S. A., Red Bus Urbano S. A. y STP Santiago S. A., durante del año 2015, específicamente en materia de contratos de trabajo, horas extras y condiciones de higiene y seguridad, remitiendo copia de las denuncias que se hayan presentado por sus trabajadores. (16496 de 29/02/2016). A Dirección del Trabajo Región Metropolitana. -Diputado Kast, Se sirva a remitir a esta Cámara la cantidad de inspecciones que se han realizado a las siguientes instalaciones (terminales) de buses y resultado de las mismas en cuanto a las condiciones de los casinos, baños y camarines de las empresas de buses Inversiones Alsacia S. A., Express de Santiago S. A., Subus Chile S. A., Buses Vule S. A., Metbus S. A., Red Bus Urbano S. A. y STP Santiago S. A. (16497 de 29/02/2016). A Ministerio de Salud. -Diputado Kast, Se sirva a remitir a esta Cámara copia de todas las multas o procesos sancionatorios, que se hayan cursado o estén en trámite por las distintas infracciones que hayan cometido las empresas de buses Inversiones Alsacia S. A., Express de Santiago S. A., Subus Chile S. A., Buses Vule S. A., Metbus S. A., Red Bus Urbano S. A. y STP Santiago S. A. (16498 de 29/02/2016). A seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana. -Diputada Girardi doña Cristina, Acciones adoptadas, dentro del ámbito de su competencia, para verificar las denuncias efectuadas por la organización Greenpeace relacionadas con hallazgos de basurales en el glaciar Guanaco y el glaciarete Esperanza, próximos a las operaciones mineras de proyecto Pascua Lama. (16499 de 29/02/2016). A Contraloría General de la República. -Diputada Girardi doña Cristina, Acciones adoptadas, dentro del ámbito de su competencia, para verificar las denuncias efectuadas por la organización Greenpeace relacionadas con hallazgos de basurales en el glaciar Guanaco y el glaciarete Esperanza, próximos a las operaciones mineras de proyecto Pascua Lama. (16500 de 29/02/2016). A Ministerio de Obras Públicas. -Diputada Girardi doña Cristina, Se sirva informar a esta Cámara sobre la existencia de una práctica reiterada en la Universidad de Viña del Mar de suspender el ingreso de nuevos alumnos a determinadas carreras, acerca de las fiscalizaciones al cumplimiento permanente de las normas sobre reconocimiento oficial de sus carreras no acreditadas y si ha considerado la posibilidad del nombramiento de un administrador provisional si concurrieren los requisitos legales. (16501 de 29/02/2016). A jefe de Educación Superior. -Diputada Girardi doña Cristina, Acciones adoptadas para verificar las denuncias efectuadas por la organización Greenpeace relacionadas con hallazgos de basurales en el glaciar Guanaco y el glaciarete Esperanza, próximos a las operaciones mineras de proyecto Pascua Lama. (16502 de 29/02/2016). A Ministerio Medio Ambiente. -Diputado Sandoval, Motivos que impiden al señor Hernán Contreras Barrientos acceder al beneficio de exención del pago del 7% de la cotización legal de salud, considerando su renta, precisando las acciones que podría ejercer para acceder a dicho beneficio. (16503 de 29/02/2016). A servicios. -Diputado Sandoval, Posibilidad de efectuar una reconsideración de la suspensión de la pensión básica solidaria del señor Hermes Formantel Cárdenas, en atención a que mantiene las limitaciones que le impiden realizar labores físicas y que motivaron su otorgamiento original. (16504 de 29/02/2016). A servicios. -Diputado Sandoval, Motivos que impiden al señor Hernán Contreras Barrientos acceder al beneficio de exención del pago del 7% de la cotización legal de salud, considerando su renta, precisando las acciones que podría ejercer para acceder a dicho beneficio. (16505 de 29/02/2016). A servicios. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Por su intermedio, el Jefe de la VI Zona Libertador Bernardo O'Higgins, se sirva remitir a esta Cámara un informe del nivel de accidentabilidad y riesgo en la Avenida O'Higgins, entre las calles España y Walker Martínez de la comuna de Peumo. (16506 de 29/02/2016). A varios. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: NOMBRE -Aguiló Melo, Sergio -Álvarez Vera, Jenny -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Alvarado Ramírez Miguel Ángel -Andrade Lara, Osvaldo -Arriagada Macaya, Claudio -Auth Stewart, Pepe -Barros Montero, Ramón -Becker Alvear, Germán -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Browne Urrejola, Pedro -Cariola Oliva, Karol -Carvajal Ambiado, Loreto -Castro González, Juan Luis -Ceroni Fuentes, Guillermo -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Cicardini Milla, Daniella -Coloma Álamos, Juan Antonio -Cornejo González, Aldo -De Mussy Hiriart, Felipe -Edwards Silva, José Manuel -Espejo Yaksic, Sergio -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farcas Guendelman, Daniel -Farías Ponce, Ramón -Fernández Allende, Maya -Fuentes Castillo, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -Gahona Salazar, Sergio -García García, René Manuel -Girardi Lavín, Cristina -Godoy Ibáñez, Joaquín -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Jackson Drago, Giorgio -Jarpa Wevar, Carlos -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Kast Sommerhoff, Felipe -Kort Garriga, Issa -Lavín León, Joaquín -Lemus Aracena, Luis -León Ramírez, Roberto -Letelier Norambuena, Felipe -Lorenzini Basso, Pablo -Macaya Danús, Javier -Melero Abaroa, Patricio -Melo Contreras, Daniel -Meza Moncada, Fernando -Mirosevic Verdugo, Vlado -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Morales Muñoz, Celso -Morano Cornejo, Juan Enrique -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Arancibia, Daniel -Núñez Lozano, Marco Antonio -Núñez Urrutia, Paulina -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Pascal Allende, Denise -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Arriagada, José -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Rathgeb Schifferli, Jorge -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Robles Pantoja, Alberto -Rocafull López, Luis -Rubilar Barahona, Karla -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Saldívar Auger, Raúl -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Tuma Zedán, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Urízar Muñoz, Christian -Urrutia Bonilla, Ignacio -Urrutia Soto, Osvaldo -Vallejo Dowling, Camila -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Concurrieron, además, el ministro secretario general de Gobierno, señor Marcelo Díaz Díaz, y el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido. -Asistió, también, el subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco Aguayo. -Se contó con la asistencia, también, de la senadora señora Isabel Allende Bussi, y de los senadores señores Juan Pablo Letelier Morel y Carlos Montes Cisternas. -No estuvieron presentes por encontrarse: -En misión oficial: Los diputados señores Iván Flores García y Jorge Ulloa Aguillón. -Con licencia médica: Los diputados señores Rodrigo González Torres y Enrique Jaramillo Becker. -Con impedimento grave: El diputado Cristián Campos Jara.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.39 horas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 120ª se declara aprobada. El acta de la sesión 121ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE FUNCIONARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SEÑORA JOSEFINA OLIVARES NAVARRO, RECIENTEMENTE FALLECIDA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Solicito a la Sala guardar un minuto de silencio con motivo del reciente fallecimiento de la funcionaria de esta Corporación señora Josefina Olivares Navarro, quien se desempeñaba como maquilladora en el Canal de Televisión de la Cámara de Diputados. -Las señoras diputadas, los señores diputados, funcionarios y público asistente a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio. -o- El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización en orden a sesionar hoy en forma simultánea con la Sala, con el propósito de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula el ejercicio del derecho a voto de los chilenos en el extranjero, hasta su total despacho. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella. El señor SQUELLA.- Señor Presidente, en relación con el proyecto que acaba de mencionar, en consideración a las materias que trata, a las modificaciones que introduce a distintas leyes orgánicas constitucionales, a los tipos penales que contiene y al hecho de que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hace menos de un año trató una reforma constitucional sobre la misma materia, mi impresión es que debe ser conocido por esa instancia. Ello es conveniente y correcto. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para acceder a su propuesta debe existir acuerdo unánime de la Sala. ¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado señor Squella? No hay acuerdo. V. HOMENAJE HOMENAJE A EXDIPUTADO Y EXVICEPRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN SEÑOR ARMANDO ARANCIBIA CALDERÓN, RECIENTEMENTE FALLECIDO El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde rendir homenaje al exdiputado señor Armando Arancibia Calderón, recientemente fallecido, quien ejerció el cargo de Vicepresidente de la Cámara de Diputados entre 1996 y 1997. Se encuentra presente en la tribuna de honor la señora Marcela Medina, viuda de nuestro homenajeado, acompañada de sus hijos y nietos. Agradezco la presencia en las tribunas de la expresidenta de la Cámara de Diputados y actual senadora señora Isabel Allende, y del exdiputado y actual senador señor Juan Pablo Letelier. En nombre de la bancada del Partido Socialista de Chile, rinde homenaje el diputado señor Marcelo Schilling. El señor SCHILLING (de pie).- Señor Presidente, tengo el honor de participar en este homenaje a nuestro amigo y excolega Armando Arancibia Calderón. Aprovecho de saludar a sus familiares y amigos quienes nos acompañan en las tribunas. Fui distinguido por el Partido por la Democracia para expresar, en su nombre, este homenaje a Armando, cuestión que para nada es injusta, pues Armando Arancibia, yo y muchos otros socialistas tuvimos doble militancia: fuimos fundadores del PPD, pero, cuando las cosas se normalizaron, volvimos al partido que nos había acogido desde nuestra juventud. Armando falleció a los setenta y cinco años de edad. Era casado y tuvo seis hijos. No sé exactamente cuántos nietos le brindaron esos seis hijos. Llegó a tener seis hijos porque empezó temprano: el primero lo tuvo a los diecisiete años, cuando recién se incorporaba a estudiar derecho en la Universidad de Chile. Luego de titularse de abogado, cursó una maestría en economía en el Programa de Estudios Económicos Latinoamericanos para Graduados (Escolatina), del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, el mismo en el que también siguieron estudios superiores de economía, después de titularse de abogados, personas como Ricardo Lagos Escobar y Jorge Arrate Mac Niven. Además de haber estudiado derecho y después economía, a estas tres personas los une otra característica: pertenecieron al Grupo Universitario Radical en sus primeros años de estudio. En lo que respecta a Armando, en 1962 ingresó al Partido Socialista. Eso era lo normal, dado el contexto de la época. En el caso de Chile no bastaba con ser radical; además había que ser radical en la búsqueda del cambio social. Por eso, ninguno de ellos se negó a encontrar esa posibilidad de expresar sensibilidad por la justicia social en el Partido Socialista. De Armando hay muchas cosas que destacar. En lo académico, fue profesor. En el sector público, entre 1970 y 1971, asesoró en el área económica a Clodomiro Almeyda, entonces ministro de Relaciones Exteriores. Al respecto, debo señalar un detalle que también habla de la época que se vivía: En aquel entonces, el ministro de Relaciones Exteriores tenía derecho a contar con dos asesores: uno para el ámbito económico y otro para el jurídico. Como en ese tiempo existía el llamado “cuoteo” -no debe avergonzarnos porque existió-, correspondía que el asesor económico fuera del Partido Comunista, el cual nombró para esa función a un distinguido profesor de educación física. En consecuencia, Clodomiro Almeyda quedó cojo de la asesoría económica que necesitaba. Fue así que contrató como asesor jurídico a Armando, por ser abogado, aunque en realidad lo contrató por su maestría en economía. Creo que cuando hacemos estos homenajes lo peor de todo es hacerlos acartonados y no decir las cosas tal cual fueron, para el registro de la historia. Posteriormente, Armando Arancibia fue presidente del directorio, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la Sociedad Minera El Teniente, en épocas de la nacionalización del cobre, cuando estaba todo por hacerse debido a que los ejecutivos norteamericanos habían partido. Tuvieron que ser los chilenos quienes se hicieran cargo de que se produjera cobre con eficiencia. Si hay cosas que no fallaron en el gobierno de Allende, una fue la producción de cobre, con nacionalización mediante. Parte de eso se lo debemos a gente talentosa como Armando Arancibia. Posteriormente, fue nombrado subsecretario de Economía, cargo en el que lo sorprendió el golpe de Estado. Fue exiliado. En México se desempeñó en el área económica. Junto con Luis Maira, Pedro Vuskovic, algunos mexicanos y otros exiliados latinoamericanos, fundó el Centro de Investigación y Docencia Económica, centro de estudios de excelencia que incidió en que por primera vez Latinoamérica mirara a Estados Unidos de América con otros ojos, esto es, no solo con aquellos del enemigo en bloque, sino considerando todas las complejidades, detalles y heterogeneidades que tiene la vida política, social, cultural y económica de ese país. En 1979, con otros economistas, fundó la revista “Economía de América Latina”, de la cual fue editor hasta 1984. Entre 1980 y 1981 fue invitado por la Universidad de Lovaina, Bélgica. De regreso en Chile, fue elegido miembro del Comité Central del Partido Socialista, en ese entonces en la ilegalidad. No era precisamente un honor pertenecer al partido, sino más bien un problema. Daba mucho susto. Además, integró la comisión política y dirigió la comisión económica del partido y fue secretario de relaciones internacionales. Asimismo, fue director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Vector, ONG fundada por los socialistas para producir ideas en la época de la dictadura y de las luchas por desplazarla. Cuando Armando Arancibia todavía no era director de Vector, en la mañana del 3 de enero de 1985, con no muy buenos modales, se apersonó un grupo de gente a dicho centro, y quien lo mandaba dijo: “¡Los que están arriba, que bajen!”. Era la CNI, que nos llevó a todos quienes estábamos ahí. Pero no solo se llevaron a las personas que estaban en el lugar: se llevaron hasta las tazas del café. También estaban en el centro su director de ese entonces, Eduardo Ortiz, un distinguido internacionalista del Partido Socialista, y Solari, que había ido a hablar conmigo para, por primera vez, intentar una aproximación para la reunificación del Partido Socialista, con tan mala suerte, que llegó diez segundos antes que los de la CNI. Por supuesto, fue un intento fracasado de reunificar el partido. Pero Armando Arancibia, hijo de un juez que había integrado la Corte Suprema, gracias a esos buenos oficios, logró, primero, que soltaran a Eduardo Ortiz el mismo día en la noche y, después, que nos largaran a todos como al séptimo día, en momentos que no eran fáciles. Quiero recordarles que en marzo de 1985 ocurrió el degollamiento de tres profesionales comunistas. Armando era un militante disciplinado. Reconquistada la democracia, le pedimos que se fuera de candidato a diputado por Vallenar. No sé si Armando Arancibia había visitado esa comuna antes, pero aceptó el desafío y se fue a Vallenar. Fue elegido diputado no sin dificultades. Como ustedes saben -todos lo hemos experimentado en carne propia-, los problemas se producen con quienes buscan votos desde la vereda de enfrente; pero también, a veces, los encontramos entre nosotros mismos. En su campaña ocurrieron situaciones complejas: llegaron a acompañarlo dos entrañables amigos: Juan Vadell y Roberto Donoso, ambos abogados. Vadell y Donoso, grandes conversadores, a la hora de almuerzo interrumpían la campaña de Armando Arancibia hasta avanzadas horas de la tarde, con lo cual se perdía de hacer campaña puerta a puerta, reuniones con comités, en fin. Hubo que mandar a buscar a Vadell y a Donoso y retirarlos de Vallenar para que Arancibia pudiera hacer la campaña. En esa época teníamos muchas dificultades: poca plata, las cosas se compartían. Ricardo Núñez era el candidato a senador por Atacama, y de lo poco que pudimos reunir, les compramos unos Suzukis, los llamados “panes de molde”, para que con Armando Arancibia se pudieran movilizar, y les mandamos un equipo de fax, el cual tendrían que compartir entre los dos. Pero un día me llamó Núñez para decirme: “Oye, no me ha llegado el fax”. “¡Pero, cómo, si lo mandamos!, le respondí.”. Él insistió: “No. No me ha llegado nada”. Bueno, la máquina fue descubierta debajo de la cama de Armando Arancibia, quien tenía miedo de que Núñez, por el hecho de ser el candidato a senador, se quedara con su uso exclusivo y no lo compartiera con él. Pero yo creo que lo que catapultó a la diputación a Armando Arancibia fue la visita de la señora “Tencha”, la viuda del ex-Presidente Allende, quien lo acompañó en el proceso. La señora “Tencha” fue primero a Copiapó, y de ahí, por tierra, a Vallenar, donde -en la parte alta de la ciudad- la esperaba una caravana que entró con ella en un auto conducido por uno de los jefes de campaña, Caroca, si mal no recuerdo. Jorge Andrés Richards iba a un lado; Armando Arancibia, al otro, y la señora “Tencha”, al medio. Fue una recepción apoteósica. Pero la señora “Tencha”, que ya tenía sus años, una vez que llegaron a la Plaza de Armas, dijo: “Armando -más o menos en el tono que estoy empleando; me corregirá Isabel si me equivoco-, lléveme a la hostería. Estoy cansada.”. Richards le señaló al chofer: “Sigue, nomás. Hay que completar.”. Y media cuadra más adelante, la señora “Tencha” les dijo: “Llévenme a la hostería. ¿Creen que soy tonta?”. Hubo que llevarla a la hostería. Mientras tanto, el resto del pueblo estaba esperando a la señora “Tencha”. Pues bien, a algún ingenioso se le ocurrió subir a otra señora en el lado del vehículo que ocupaba la señora “Tencha”, le puso un ramo de flores, y le dijo: “Lo único que usted tiene que hacer es sacar la mano.”. (Risas) Todo eso iba bien, hasta que, ya encumbrado el automóvil hacia las poblaciones, se cruzó un grupo -parece que eran del Frente Manuel Rodríguez- que les dijo a sus ocupantes: “Aquí la señora se baja a saludar”. Ustedes entenderán la angustia de los que llevaban a esta señora, que no era la señora “Tencha”. Pero, miren, de Armando podríamos hablar mucho. Fue un hombre apasionado, comprometido, excelente futbolista; no solo un gran hincha de la Chile, sino además un tremendo jugador, con un muy buen estado físico. Una vez fuimos al Santa Laura a ver un partido. En esa oportunidad hubo un encuentro preliminar: Palestino jugó contra el Audax, y después la Chile se enfrentó a otro equipo. Mientras esperábamos el partido de fondo -nadie había ido a ver ni al Palestino ni al Audax-, unos hinchas de Palestino agredieron a unos pobres señores del Audax, que eran inferiores en número. Nosotros no teníamos nada que ver en la trifulca. Pero Armando Arancibia, por su sentido de la generosidad y de la solidaridad, sí tenía que ver, y se metió a la trifulca a defender a los del Audax. Tuvimos que meternos todos. Terminamos a tablonazos. Bueno, ahí decidí retirarme de las pistas. Después de esa experiencia nunca más volví al estadio. Como parlamentario, Armando Arancibia era muy trabajador y estudioso. Varios funcionarios recordarán que tenían que quedarse acá esperando en la noche a que terminara de ver los proyectos que se tratarían al día siguiente. Cuando ya todo el mundo había abandonado el edificio, Armando continuaba leyendo, analizando, anotando cosas para ver solventemente las materias que se iban a discutir al día siguiente. Además, era muy comprometido con los proyectos que respaldaba. Su compromiso no era vergonzante. René Manuel García podrá recordar que aquí hubo un debate muy grande sobre la despenalización del delito de sodomía y que ambos fueron invitados a un programa de televisión. Ahí Armando Arancibia tuvo que defender -no sé de dónde sacó fuerza- la despenalización del delito de sodomía mientras René Manuel García le disparaba… Bueno, en esa época las cosas no eran tan delicadas: no se hablaba de matrimonios igualitarios ni de gais. Eran los tiempos en que se usaba el concepto de maricón, así que las cosas no eran tan sencillas. -Habla un señor diputado. El señor SCHILLING (de pie).- Lo que dice el señor diputado corre por su cuenta. Señor Presidente, también tengo que expresar mi agradecimiento particular a Armando Arancibia, desde su condición de notario pobre -así lo planteaba él, porque se desempeñaba en un barrio popular de Santiago: La Cisterna-, quien, además, no podía con su naturaleza, pues llegó a ser presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile. O sea, se dedicaba a registrar y ser ministro de fe de diversos actos, pero eso no era suficiente para él: tenía que ser también presidente de los notarios. Siendo notario, él me apoyó en las campañas electorales en que tuve que participar. No puedo decir que lo hizo con plata, porque me podría haber expuesto al examen de los fiscales; me apoyó con ideas, con consejos, con su experiencia como candidato, y de eso le estaré siempre agradecido. Finalmente, quiero recordarles a todos -aunque creo que no es necesario, pues vi a varios funcionarios que han estado desde el principio en esta Corporación- que Armando era un gran amante de la vida y de la humanidad. Todos quienes lo conocimos nos beneficiamos de su amistad, su calor humano, su generosidad, su solidaridad, su cortesía, su amabilidad. Además, fue un gran hombre de familia, un gran padre y un gran abuelo, e independientemente de las vicisitudes y dificultades que le puso la vida, su primera prioridad siempre fue proteger a su familia. Despedimos a un gran diputado, a un gran parlamentario, a un gran socialista. Gracias, señor Presidente. He dicho. -Aplausos en la Sala y en las tribunas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ (de pie).- Señor Presidente, señor Primer Vicepresidente, señora Segunda Vicepresidenta -tengo entendido que el desempeño de los colegas en los cargos finaliza el 22 del corriente, así que también los estamos despidiendo; esta Mesa se ha desempeñado de manera brillante-; señor Secretario General de nuestra Corporación, señor Prosecretario, distinguida familia de don Armando Arancibia que está en las tribunas, estimados diputados presentes en la Sala; señora presidenta del Partido Socialista, senadora Isabel Allende; senadores y exdiputados señores Carlos Montes y Juan Pablo Letelier: Con vuestra presencia queremos reiterar y ratificar lo que ha significado Armando Arancibia -ello, a pesar de que ahora es tan común denostar a los políticos-, pues fue un gran servidor público y un gran político. Quise comenzar diciendo esto porque de los 120 diputados que componemos la Corporación, seis -de todos los colores políticos- estamos desde el año 90, y hemos sido testigos de la naturaleza humana de todos nuestros colegas en este séptimo período. A la diputada Yasna Provoste le correspondía rendir este homenaje, pero como ella se encuentra en su distrito en estos instantes, me solicitó que la reemplazara, y lo estoy haciendo con mucho gusto, con muchas ganas y con mucha fuerza, porque creo que debemos hacer este tipo de homenajes quienes fuimos compañeros, colegas de los homenajeados. Lo demás es cumplir un rito, un ritual, lo que me parece pésimo. ¡Este poder del Estado debe tener tradición, cultura propia para ayudar al desarrollo del país! Conocí a Armando Arancibia con ocasión de la campaña del No. Llegó a Concepción con su profesor, Clodomiro Almeyda. Los coordinadores de la campaña del No en la provincia de Concepción -fue donde esta opción obtuvo el más alto porcentaje de votación a nivel nacional, el 68,4 por ciento- éramos el secretario regional del Partido Socialista, Juan Martínez, a quien lo unía una amistad muy grande con “don Cloro” -lo dijo él-, y yo, en mi calidad de presidente provincial de la Democracia Cristiana. Aprendimos a querernos los democratacristianos y los socialistas y cultivamos una amistad cívica, porque estaban en juego cosas muy grandes. Fue así como conocí a Armando Arancibia. Me impresionó su franqueza y lo alegre que era. Siempre le buscaba el lado bueno a las cosas. El respeto que le tenía a don Cloro era impresionante. Marcelo dijo que los dos grandes conversadores eran los jefes de campaña. Recuerdo que con ocasión de aquella visita almorzamos con Juan Martínez y con don Cloro. Fue un largo almuerzo; nos levantamos de la mesa a las 6 de la tarde, no obstante que habíamos comenzado a la 1, pasado el mediodía. Almorzamos al interior de una sede chiquitita que teníamos en Concepción, porque nadie nos quería arrendar una más grande. Durante ese almuerzo nos habló de la gran amistad que lo unía con Patricio Aylwin Azócar. Como ya se mencionó en este homenaje, Armando era un hombre muy disciplinado, y lo demostró durante los ocho años en que ejerció como diputado. De repente me asombra la liviandad con que habla alguna gente. Dicen “estos viejos políticos no han hecho nada”, y otras cosas del mismo estilo. ¡Mentira! ¡El mundo se hizo en siete días, y la política también, y el país también! ¿Por qué lo expreso? En el instante en que nos pusimos de acuerdo en la Concertación, todos los partidos que la integrábamos en ese instante, que eran muchos, delegamos en nuestro candidato presidencial la facultad de elegir a los candidatos a diputados y a senadores de la coalición. Era una tarea compleja, pero no en el Partido Socialista, sino en nosotros, los democratacristianos, que incluso tuvimos elecciones internas para seleccionar a nuestros candidatos. Yo era el candidato de la DC por el distrito de Concepción cuando don Patricio Aylwin, de cuya amistad me siento muy orgulloso, visitó la ciudad. Él se encontraba en gira como parte de su campaña presidencial y tenía que ratificar a los candidatos a parlamentario. Concurrí al hotel en que se alojaba cuando estaba por terminar su visita y se aprontaba para volver a Santiago. En aquella ocasión me comentó que en el distrito 6 no había ninguna diferencia, que todos estaban de acuerdo en que el candidato debía ser Armando Arancibia. Eso tengo que decirlo, porque en los otros 59 distritos, ¡ave María que había problemas! Hay una cosa muy sui géneris que debo comentarle a su familia, presente en las tribunas: en 1990 Armando fue jefe de bancada del Partido Socialista, del PPD y del Partido Humanista. ¡Algo inédito! Lo digo con conocimiento de causa, porque la única vez que fui candidato a jefe de Comité en mi bancada -por cierto que la gané-, me correspondió integrar la Comisión de Régimen con él. Ahí pude conocerlo mucho más. Era un tipo que no provocaba dificultades, una persona que entendía especialmente la importancia de esa alianza histórica entre los socialistas y nosotros, los democratacristianos. Siempre nos entendimos bien y llegábamos a acuerdos, lo que no significa que uno se impusiera al otro, sino que resolvíamos las cosas conforme a lo que nos parecía mejor para el país. Expreso estas reflexiones porque, tal como mencionó el colega Marcelo Schilling, estas cosas deben quedar en la historia del Poder Legislativo. En el futuro muchos de los nietos de Armando podrán decir: “Pocos días después de que falleció mi abuelo, la Cámara de Diputados acordó por unanimidad rendirle homenaje”, y podrán pedir en la Biblioteca del Congreso los antecedentes de lo que fue su “tata” como parlamentario. Esas cosas son importantes, porque para nosotros, que amamos el servicio público y el bien común, ¡ave María que es importante que a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras nietas también les guste lo que hacemos! Armando nació en Santiago el 6 de enero de 1941. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Alemán de Santiago, en tanto que cursó los secundarios en el liceo José Victorino Lastarria, de la capital, y en el liceo de Illapel. En cuanto a sus estudios superiores, los realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de la cual egresó en 1966. Con posterioridad obtuvo el título de abogado. Además se especializó en economía en el Programa de Estudios Latinoamericanos para Graduados (Escolatina). Es decir, Armando era abogado y economista, una mezcla muy especial -como no imaginan-, porque tenía la capacidad de analizar los números y el contenido de las normas al mismo tiempo. ¡Ese fue vuestro esposo, vuestro padre, vuestro abuelo! A los 21 años ingresó al Partido Socialista, en el que militó hasta su muerte. Su calidad y sus conocimientos en materia económica lo llevaron a desempeñarse como profesor de teoría y política económica en las facultades de Derecho y de Economía de la Universidad de Chile, en tanto que su compromiso con el servicio público lo llevó a desempeñarse en distintos cargos dentro del sector público. En efecto, fue asesor económico del Ministerio de Relaciones Exteriores; vale decir, de don Clodomiro Almeyda; fue presidente del directorio, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la Sociedad Minera El Teniente. En 1972 fue nombrado subsecretario de Economía del gobierno del Presidente Salvador Allende, cargo que ocupó, lógicamente, hasta el 11 de septiembre de 1973. Tal como se expresó, en 1974 se vio obligado a partir al exilio. México lo acogió en esas horas dramáticas para nuestra patria. Ahí se desempeñó como catedrático e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y en otros centros universitarios de México. El 1979, junto con otros economistas latinoamericanos, fundó la revista Economía de América Latina, de la cual fue su editor hasta 1984. Todos dicen que la Universidad de Lovaina -y es cierto- acogió mayoritariamente a los democratacristianos, pero también acogió a Armando, porque dicha universidad trata de practicar la pluralidad. Lo llamaron a desempeñarse en la Universidad de Lovaina y, según he escuchado decir a varios camaradas míos, Armando fue vital para que se empezaran a tejer los lazos de lo que significó después la recuperación de la democracia. Su compromiso político lo llevó a asumir como secretario y miembro del Comité Central de la seccional México del Partido Socialista. En 1987 integró la Comisión Política del Comité Central del Partido Socialista. Como ya expresé en esta intervención, en 1989, y luego en 1993, fue elegido diputado por el distrito N° 6, que comprende las comunas de Caldera, Tierra Amarilla, Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen, de la Región de Atacama. Fue integrante de las comisiones permanentes de Hacienda, de Economía y de Vivienda. Debo señalar que tuvo una participación importante en la primera reforma tributaria, cuando Alejandro Foxley era ministro de Hacienda y Patricio Aylwin era Presidente de la República. En ese momento teníamos el gran drama de no contar con los votos necesarios para aprobarla, por lo que se debe reconocer que un sector de la derecha -me refiero a Renovación Nacional- dio los votos para aprobarla. Recuerdo muy bien que en uno de los almuerzos, que se realizan hasta hoy los lunes desde las 14 hasta las 16 horas, él planteó con mucha fuerza que había que captar todos los votos que fueran necesarios porque sin esa reforma tributaria íbamos a fracasar como gobierno. Y no dejaba de tener razón, ya que no habríamos tenido el financiamiento para realizar las grandes reformas que se comenzaron en 1990. Integró las comisiones especiales investigadoras del Sistema de Empresas Públicas-Corfo, para las Empresas Sanitarias. Fue miembro de los grupos binacionales Chileno-Alemán y Chileno-Argentino. Desde 1996 hasta 1997 fue Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados. A esas alturas, venía terminando mi período de Primer Vicepresidente, lo que me permitió comprobar que fue un hombre que siempre le dio continuidad a la institucionalidad y a la Cámara de Diputados como Poder del Estado, lo que cumplió como Vicepresidente de la Corporación. Asumió el cargo de intendente de la Región de Atacama desde 2000 a 2002. La muerte lo encontró siendo notario público y presidente de la Asociación de Notarios de Chile. Quiero terminar expresando a su familia, que lo apoyó siempre, que se ha ido hacia el más allá un hombre comprometido ciento por ciento con el servicio público. Esos chilenos de excepción no figuran en las portadas ni en los medios de comunicación, pero hacen las cosas porque alguien tiene que hacerlas, sin emitir declaraciones. Por lo tanto, el homenaje y el reconocimiento que hacemos a este hombre demuestran que fue un valor, un tipo extraordinario que supo ser siempre consecuente. Armando Arancibia Calderón, que en paz descanses, muchas gracias por lo que diste a toda la política chilena. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES (de pie).- Señor Presidente, estimados colegas, estimada presidenta del Partido Socialista y senadora por la Región de Atacama, señora Isabel Allende; estimados senadores presentes en la Sala, amigas y amigos: soy portador del más alto honor de rendir homenaje póstumo a quien fuera un gran hombre, padre, esposo, profesional, servidor público y, sobre todo, hermano y amigo. Resumir la vida de Armando Arancibia Calderón en pocas palabras no es tarea sencilla, pero como bien expresó Cicely Saunders: “Tú importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras.”. Este es y será nuestro compromiso. Armando Arancibia Calderón nació en Santiago el 6 de enero de 1941. Casado, padre de seis hijos, cursó sus estudios primarios en el Colegio Alemán, de Santiago, y su enseñanza secundaria en la educación pública, en el liceo José Victorino Lastarria, de Santiago, y en el liceo de Illapel. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de donde egresó en 1966. Posteriormente, obtuvo el título de abogado. Cursó una maestría en Economía en el Programa de Estudios Latinoamericanos para Graduados, por lo que se convirtió además en economista. En su época universitaria perteneció al Grupo Universitario Radical (GUR). No me consta, pero se dice que no militó en el Partido Radical, en el partido de los Matta y los Gallo. Se incorporó en 1962 al Partido Socialista. Durante toda su vida se caracterizó por ser un gran servidor público de ideas humanistas y laicas, donde el libre examen y la tolerancia fueron una práctica constante de su quehacer profesional y social. Fue profesor de Teoría y Política Económica en las escuelas de Derecho y Economía de la Universidad de Chile. Se desempeñó en distintos cargos dentro del sector público. Entre 1970 y 1971 fue asesor económico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue presidente del directorio, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la Sociedad Minera El Teniente, donde le cupo importante labor en relación con la nacionalización del cobre. En 1972 fue nombrado subsecretario de Economía, cargo que ocupó solo hasta septiembre de 1973, cuando se produjo el golpe militar. En 1974 fue exiliado y se estableció en México, donde se desempeñó como catedrático e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), y en otros centros universitarios de México. Entre 1980 y 1981 fue invitado por la Universidad de Lovaina, Bélgica, donde estuvo un tiempo. Entre 1982 y 1984 asumió como secretario y miembro del Comité Central de la seccional México del Partido Socialista y como subdirector y director del Instituto de Estudios Económicos de América Latina (CIDE). De regreso en Chile se incorporó al Comité Central del Partido Socialista, asumiendo posteriormente otros cargos. En 1987 integró la Comisión Política de esa colectividad y fue designado secretario de Relaciones Internacionales y encargado de la Comisión Económica del partido. Más adelante participó en la Comisión Económica-Social de la Concertación de Partidos por la Democracia. A fines de 1989 desembarca en Atacama, donde lo conocí. Fue elegido diputado por el distrito que hoy me honro en representar en la región y se desempeñó como diputado por el distrito Nº 6, que comprende las comunas de Caldera, Tierra Amarilla, Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen, por dos períodos: 1990 a 1994 y 1994 a 1998. Integró las comisiones permanentes de Hacienda, de Economía, de Vivienda y Desarrollo Urbano, y de Defensa Nacional en la Cámara de Diputados. En ese tiempo trabajamos con Armando en distintos tipos de actividades relacionadas con la región. Con él logramos desarrollar proyectos tan importantes para la provincia y para la región como establecer las primeras bases para lo que posteriormente sería el hospital provincial de El Huasco. Con él trabajamos en distintos temas relacionados con la salud. En ese tiempo, yo participaba como secretario regional ministerial de Salud y como director del Servicio de Salud de Atacama. Me correspondió trabajar en distintas áreas que él desarrollaba en el distrito que representaba. Entre el 11 de marzo del año 2000 y el 26 de diciembre del 2001 se desempeñó como intendente de la Región de Atacama -fue nombrado por el Presidente Lagos- y desarrolló distintas políticas y actividades relevantes en la región, las que hoy todos recuerdan y valoran. En aquella época, fui candidato a diputado por el distrito N° 6, y Armando, con su generosidad y con su bonhomía, apoyó fuertemente mi candidatura: me presentó a sus redes, me integró a su grupo de amigos y, gracias al trabajo que realizó, por primera vez logramos doblar en ese distrito y contar con dos representantes de la coalición en la Cámara de Diputados. En sus últimos años se radicó en Santiago. Fue nombrado notario de la comuna de La Cisterna y conformó la notaría Armando Arancibia Calderón, ubicada en Gran Avenida. Además, desde enero del 2014 se desempeñó como presidente de la Asociación de Notarios. Se caracterizó por atender su notaría hasta que sus últimas fuerzas se lo permitieron, pero, finalmente, el debilitamiento físico lo obligó a dejar en manos de un interinato la atención al público. Armando fue capaz de emerger por sobre el acontecer pequeño y mirar el propósito final. Chile y la Región de Atacama tienen una gran deuda con él. Fue un hombre sencillo, alegre, sabía escuchar y combinó muy bien la vida pública con la vida familiar. Nuestro querido amigo y hermano, Armando, nos deja una tarea pendiente: alcanzar en Chile un Estado social y democrático de derechos que permita que todo ciudadano y ciudadana pueda tener los grados de dignidad y bienestar que la sociedad y la civilización de hoy son capaces de entregar. Por su ejemplo como ser humano y servidor público de tanto potencial y por ese amor y entrega infinitos al prójimo, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, quererlo, respetarlo y admirarlo, le aseguramos que su existencia y ejemplo trascenderán la historia republicana de Atacama, no solo a aquellas múltiples generaciones a las que inspiró, sino también a las que seguirán surgiendo, porque, como dijo François Mauriac: “La muerte no nos roba a los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo.”. Hoy, los trabajadores públicos de Atacama se movilizan en defensa de sus derechos conquistados para que se respeten los acuerdos suscritos con las autoridades del gobierno central. Ellos me solicitaron que los acompañara, pero me excusé, porque consideré un deber moral y político concurrir a rendir homenaje a un gran hombre, a un gran demócrata, a un gran servidor público y de Atacama. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- De esta manera, la Corporación ha rendido homenaje a uno de sus más brillantes miembros, al ex-Vicepresidente de la Cámara de Diputados, señor Armando Arancibia Calderón, a quien recordaremos siempre. Muchas gracias, en particular a su familia, que está presente en la tribuna de honor. -Aplausos en la Sala y en las tribunas. VI. ORDEN DEL DÍA REGULACIÓN DE SITUACIÓN DE FUNCIONARIO O TRABAJADOR DEPENDIENTE QUE SE DESEMPEÑA COMO VOLUNTARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9720?13) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo para regular la situación del trabajador dependiente que se desempeña como voluntario del Cuerpo de Bomberos. Hago presente a la Sala que, de conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados el martes 1 de marzo, por unanimidad, en la discusión del proyecto se limitará el uso de la palabra a cuatro discursos de hasta cinco minutos cada uno. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, sesión 128ª de la presente legislatura, en 1 de marzo de 2016. Documentos de la Cuenta N° 9. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra uno de los autores del proyecto, el diputado Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención agradeciendo a todos quienes respaldaron la presente iniciativa, que también contó con el apoyo del Poder Ejecutivo, lo cual permite que hoy prácticamente esté a punto de convertirse en ley de la república. Pero nobleza obliga y, por lo tanto, debo manifestar públicamente que si bien soy uno de los autores del proyecto, el principal es el diputado Víctor Torres, quien me solicitó una reunión ante el requerimiento de algunos voluntarios de los cuerpos de bomberos de su distrito, que necesitaban corregir una situación que solo podía solucionarse a través de una ley. En su oficina, el diputado Víctor Torres, no contento con escribirme de puño y letra lo que consideró debía contener el proyecto para otorgar fuero laboral a los bomberos, a objeto de que concurran a cumplir con su deber sin arriesgar su fuente laboral, solicitó mi colaboración y coordinó reuniones con el Ministerio del Trabajo para afinar la propuesta, con el objetivo de que la iniciativa también contara con el respaldo del Ejecutivo, porque todos sabemos que el colegislador es el que establece la urgencia en el despacho de un proyecto y, por tanto, es clave en su tramitación. En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social tuvimos el respaldo de los diputados Tucapel Jiménez, René Saffirio y Patricio Vallespín, y de la diputada Denise Pascal -pido excusas si olvido nombrar a algún otro parlamentario-, quienes también son autores de la moción que dio origen al proyecto, para acelerar la tramitación de la iniciativa e, incluso, otorgarle preferencia por sobre otros proyectos, lo cual permitió que pasara pronto a la Sala, que fuera despachado por unanimidad al Senado y que hoy esté en su tercer trámite constitucional. Por otra parte, no puedo dejar de reconocer a todos aquellos que en la Cámara de Diputados han trabajado el tema de los bomberos, como el colega Jorge Ulloa y el colega y amigo José Miguel Ortiz, entre otros, pues hicieron fuerza para que la iniciativa avanzara en su tramitación, dado el compromiso que por años han tenido con los bomberos de nuestro país. El Senado introdujo a la iniciativa un complemento que debemos reconocer y destacar: amplió la aplicación de la ley en proyecto de los trabajadores dependientes regidos por el Código de Trabajo a los funcionarios públicos fiscales de la administración central del Estado de Chile y a los funcionarios municipales que tengan el carácter de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chile. Gracias a ello, a quien concurra a combatir un incendio, a colaborar en un rescate o a prestar ayuda a cualquier siniestro no le serán descontadas las horas de trabajo ni aquello será causal del término del empleo. De esta manera, tendrán una cobertura que, de acuerdo con lo que ellos mismos acreditaron, será la forma de solucionar lo que, a veces, constituía una situación que no les permitía cumplir adecuadamente con sus funciones, pues no obstante que la mayoría de los empleadores les otorgan facilidades, lamentablemente algunos, actuando de manera egoísta, no lo hacen. Por las razones expuestas, como bancada de la Democracia Cristiana concurriremos con nuestro voto favorable. Finalmente, reitero mis disculpas si olvidé mencionar a alguno de los autores de esta importante iniciativa, que, tras ratificarse lo obrado por el Senado, estará en condiciones de ser promulgada y publicada como ley de la república. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade. El señor ANDRADE.- Señor Presidente, este es un muy buen proyecto, que discutimos in extenso en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, se presentaron algunas indicaciones y por esa razón fue a segundo informe. Posteriormente a haberse aprobado en el Senado, se le introdujeron algunas enmiendas que, como bien señaló el diputado Rincón, han mejorado su redacción. De modo que deberíamos aprobarlo sin mayores dificultades. En el fondo, esta iniciativa intenta algo muy simple y concreto: que quienes han encontrado en el voluntariado de bomberos una forma de hacer Chile no tengan una dificultad laboral cuando deban salir intempestivamente de su lugar de trabajo para atender un siniestro. No es más que eso. ¡Pero por Dios que es razonable que así sea! Para precaver cualquier riesgo de abuso -como se manifestó en la Sala en su momento-, en el Senado se planteó la posibilidad de que el empleador pudiese certificar aquello con una vinculación directa con la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos, de modo de acreditar que la salida se justifica porque el trabajador concurrió a enfrentar un siniestro. Se ha mejorado ese aspecto y se ha incorporado a los funcionarios públicos y municipales. En consecuencia, el proyecto ha mejorado en forma importante. No deberíamos tener mayores dificultades para aprobarlo, sobre todo si consideramos que, en su momento y por iniciativa de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, la jefatura de Bomberos hizo una consulta a sus miembros, y el 98 por ciento de los aproximadamente mil bomberos consultados manifestó estar plenamente de acuerdo con la iniciativa. De manera que, claramente -reitero-, este proyecto fue mejorado en el Senado y, por consiguiente, no deberíamos tener dificultades para aprobarlo. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, simplemente solicité hacer uso de la palabra para apoyar entusiastamente este proyecto de ley. Cuando se revisa el informe y se revisa la idea matriz que sustenta y los objetivos que persigue el proyecto, se entiende que sea de todo sentido común. Pero, desgraciadamente, como el sentido común no es el más común de los sentidos, es importante que se regule legalmente esta materia, porque si hay una institución de la que debemos sentir un profundo orgullo es justamente el Cuerpo de Bomberos de Chile, que incluye a los bomberos y a las bomberas, que tiene la singularidad, al comparar la experiencia internacional, de integrar a hombres y mujeres que de manera voluntaria cumplen la función de proteger el patrimonio de todos. Dios mediante, espero que nunca tengamos que vivir la experiencia de necesitarlos. Como señalé, no tenemos una norma que los proteja al momento en que ellos deben tomar la decisión de acudir, a las 8 de la mañana, al trabajo o a combatir el siniestro anunciado por las sirenas. También podría ocurrir que estuviéramos en presencia de un jefe con poco criterio que tomara ese acto como una falta o que el trabajador que está cumpliendo ese rol tan importante resulta ser un problema por esa misma razón. Ese es su objetivo. La ley N° 20.564, de 2012, por la cual hoy se rigen, no precisa ni resguarda claramente que ellos puedan estar presentes en tales emergencias y cumplir con la labor que voluntariamente resolvieron realizar, la cual, por lo demás, es encomiable. Entonces, felicito a los autores de la iniciativa, porque se hace cargo de una cuestión de mucho sentido común, que no habíamos analizado. ¿Cuál es el objetivo? Como establece el nuevo artículo que se incorpora en el Código del Trabajo, la idea es dejarlos protegidos y que las horas que destinen a combatir un incendio o a socorrer a personas en caso de accidente sean consideradas como horas de trabajo. Además, algo muy importante es que cuando se ausenten de su trabajo por estas razones aquello no sea considerado como una ausencia intempestiva o injustificada, como lo estipula la letra a) del número 4 del artículo 160 del Código del Trabajo, que pudiera ser razón o argumento para despedirlos. A mi juicio, tanto los bomberos de Chile como la comunidad se merecen esta norma, a fin de dar garantías de que puedan realizar ese trabajo tan valioso e importante. En consecuencia, desde ya anuncio mi voto favorable al proyecto y, además, invito a todos los colegas a aprobarlo como corresponde e indica el sentido común. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, en primer lugar, considero que esta es una gran iniciativa. Tanto para mí como para todos los ciudadanos es un proyecto que nos llena de orgullo, porque demuestra que como sociedad estamos avanzando en un área tan importante como la que dice relación con el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Chile. Además, como bombero honorario de la Décima Compañía de San Joaquín -lo digo a mucha honra-, me enorgullezco de lo que hoy estamos haciendo para valorar la real importancia que tienen los bomberos y las bomberas de nuestro país. Una de las características que distingue a Chile son las catástrofes, ya que permanentemente vivimos preocupados por su ocurrencia, de la más diversa índole. En la medida en que nos hemos ido construyendo como sociedad, ha sido frecuente la ocurrencia de terremotos, inundaciones y grandes incendios, como el que azotó nuestra querida ciudad de Valparaíso, en 2014, y las Torres del Paine, en el sur del país. Casi todas las regiones han sido asoladas por grandes incendios, que han afectado a muchas personas, entre hombres, mujeres, niños, adultos mayores, y a los bomberos, que acuden a ayudar en momentos tan difíciles. Por lo anterior y muchos otros argumentos, la iniciativa que hoy discutimos es fundamental. ¿Cómo no vamos a regular una situación laboral de aquellos hombres y mujeres que, además de prestar un servicio a la comunidad de manera gratuita y con riesgo para su vida, sufren descuentos en sus remuneraciones de parte de sus empleadores por el tiempo que se ausentaron de manera intempestiva? ¿Cómo no regular su situación si se ausentan para ayudar a otros compatriotas? No podemos seguir sin normar esa materia, y hay que terminar con el abuso y el descriterio de muchos empleadores. Es realmente insólito que nuestros bomberos no reciban sueldo, en circunstancias de que esos valientes voluntarios ayudan a la comunidad. Es realmente vergonzoso que algunos empleadores mantengan esa práctica. Este proyecto permitirá que los trabajadores dependientes que se desempeñan como voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chile puedan participar en actos de servicio que ocurran durante la jornada laboral, de manera que se proteja al trabajador y al bombero voluntario. Además, el gobierno, representado por la Presidenta Michelle Bachelet, presentó indicaciones a este proyecto para ampliar aún más la protección, no solo a los trabajadores dependientes, sino también a los sujetos al Estatuto Administrativo y municipales. Por lo tanto, el empleador no podrá calificar la salida del funcionario público o municipal como intempestiva e injustificada, o como fundamento para una investigación sumaria o un sumario administrativo. Para contextualizar el proyecto, cabe señalar que el 30 de junio de 1851 surgió en Valparaíso el primer cuerpo de bomberos organizado de nuestro país, con una característica que los acompaña hasta hoy y que produce orgullo a todos los chilenos y las chilenas, esto es, que surge y se mantiene como un cuerpo de bomberos voluntario. A pesar del tiempo transcurrido desde el momento en que se fundó el Cuerpo de Bomberos hay algo que invariablemente se mantiene y que forma parte del alma de esa institución de bien público: el carácter voluntario con que ejercen su labor cada uno de sus integrantes. Se trata de personas que adquieren un compromiso de honor con su país y su ciudad, con el objeto de ayudar a quien lo necesite. Se mantiene, así, la protección del gran acervo valórico, que se traduce en demostrar que existen ciudadanos y ciudadanas que se comprometen con la idea de atender el servicio social más allá de la búsqueda del beneficio personal, para transformarlo en bien común y en patrimonio colectivo. Por ello, el Cuerpo de Bomberos, seguramente una de las instituciones más antiguas de nuestra república, debe regular la situación laboral de sus voluntarios. Voy a votar favorablemente la iniciativa y estoy seguro de que la gran mayoría de los parlamentarios hará lo propio. Antes de finalizar mi intervención, solicito enviar un afectuoso saludo a los voluntarios de mi distrito, en particular a la 11ª Compañía de Bomberos de Macul, a la 5ª Compañía de Bomberos de La Granja y a la 10ª Compañía de Bomberos de San Joaquín He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Por acuerdo de los Comités, se ha limitado el uso de la palabra a cuatro discursos de cinco minutos cada uno. Como numerosos diputados han pedido hacer uso de la palabra, quiero recabar la unanimidad de la Sala para extender el tiempo de discusión. ¿Habría unanimidad? No hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, pese a que soy uno de los autores del proyecto, no podré hacer uso de la palabra. Sin embargo, como uno de sus autores, pido al menos que en el informe se corrija la escritura de mi apellido. Además, quiero agradecer al diputado señor Ricardo Rincón el hecho de haberme invitado a suscribir esta importante iniciativa. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Señor diputado, Secretaría va a corregir el error a que ha hecho alusión. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, ¿podría recabar nuevamente el asentimiento de la Sala para continuar con las intervenciones? El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para extender el tiempo de debate? No hay acuerdo. Cerrado el debate. -En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario: El señor SALDÍVAR.- Señor Presidente, el proyecto que hoy discutimos, en su tercer trámite constitucional, viene a reconocer efectivamente la labor que juega Bomberos en nuestro país, permitiendo que quienes se desempeñan como trabajadores dependientes no tengan impedimento al momento de suscitarse una emergencia ni se les descuente de sus remuneraciones el tiempo dedicado a servir a la comunidad. Para esto se propone la modificación del artículo 66º ter de nuestro Código del Trabajo. Como señalé durante el primer trámite constitucional de la iniciativa, Bomberos es una institución admirable, precisamente porque arriesgan su vida a cambio solamente del agradecimiento popular, ejemplo paradigmático en una sociedad basada en el individualismo y el egoísmo, convirtiéndose en verdaderos héroes, ya que su arrojo y valentía al momento de ayudar a quienes más lo necesitan son admirados por muchos niños, quienes antes de ser influenciados por el individualismo propio de nuestra sociedad, sueñan con convertirse en bomberos. En nuestro país hay más de 40.000 bomberos, quienes históricamente han jugado un rol crucial al respecto. Solo a modo de ejemplo, se puede mencionar el caso del megaincendio que asoló a Valparaíso en 2014 y lo que sucede actualmente en el norte de nuestro país, en donde el llamado invierno boliviano ha causado estragos. Me refiero al aluvión que ha afectado a la localidad de Camiña. Señor Presidente, nuestra posición geográfica ha determinado que Chile sea escenario de los más variados desastres naturales: erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, incendios, aluviones, derrumbes, etcétera. Sin embargo, a pesar de ser habituales, estos acontecimientos siguen viéndose como sucesos extraordinarios, lo cual no hace más que ratificar que en muchas ocasiones se hace caso omiso a la realidad. Es así como en 1851, en esta misma ciudad, como respuesta a la insuficiencia de la institucionalidad de la época, surgió el primer cuerpo de bomberos voluntarios, lo cual se ha mantenido con orgullo hasta el día de hoy. Hoy, esta iniciativa se encuentra en su tercer trámite constitucional. Por lo tanto, nos corresponde pronunciamos sobre las enmiendas efectuadas por el Senado, las cuales han especificado que los alcances de este proyecto de ley se aplicarán al sector público, como es el caso de los funcionarios municipales, lo cual no hace más que perfeccionar lo aprobado por la Cámara. Señor Presidente, no cabe duda de que la aplicación de esta ley en proyecto será resistida por algunos empleadores, los que, velando por sus intereses, muchas veces no permiten que sus empleados acudan a estas emergencias. Sin embargo, deberán comprender que, al igual que todos nosotros, como miembros de una comunidad, deben colaborar con el bien común y, en su caso, deberán facilitar la concurrencia de sus trabajadores dependientes. Señor Presidente, debemos preocuparnos de que, una vez aprobado este proyecto, la pertenencia a Bomberos no se convierta en un factor que incida negativamente al momento de contratar a un nuevo empleado, lo que sería un contrasentido. En definitiva, hoy, a casi un año de su votación en su primer trámite constitucional, nos aprestamos a aprobar una iniciativa que ha logrado el apoyo transversal en este hemiciclo, donde fue aprobado por 85 diputados, lo que no hace más que evidenciar que en esta materia no existen diferencias políticas y que ha primado el bien común, por lo que, desde ya, anuncio mi voto a favor. He dicho. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo para regular la situación del trabajador dependiente que se desempeña como voluntario del Cuerpo de Bomberos. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Boric Font, Gabriel; Browne Urrejola, Pedro; Cariola Oliva, Karol; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, José Manuel; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; Girardi Lavín, Cristina; Godoy Ibáñez, Joaquín; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Morano Cornejo, Juan Enrique; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Con la venia de la Sala se adecuará el nombre del proyecto para ajustarlo a la modificación introducida por el Senado, por lo que quedará de la siguiente manera: “Modifica el Código del Trabajo para regular la situación del funcionario y trabajador dependiente que se desempeñe como voluntario del Cuerpo de Bomberos” ¿Habría acuerdo? Acordado. Despachado el proyecto. EXENCIÓN DE PAGO DE PEAJE A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA POR RUTAS CONCESIONADAS (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 9311-09, 9313-09 Y 9318-15) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que establece la exención de pago de peaje a vehículos de emergencia por rutas concesionadas. De conformidad a los acuerdos de Comités adoptados ayer, el uso de la palabra se limitará a cuatro discursos de cinco minutos cada uno. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, sesión 128ª de la presente legislatura, en 1 de marzo de 2016. Documentos de la Cuenta N° 12. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo de la UDI, tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina. La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, estoy muy contenta de abordar este proyecto de ley y de votarlo a favor, a fin de que pronto se convierta en ley de la república. Desde hace tiempo hemos estado esperando contar con la posibilidad de que todos los vehículos de emergencia puedan transitar por las rutas concesionadas sin pagar peaje, de modo de facilitar el trabajo de las personas encargadas de resguardar la vida y el medio ambiente. Me parece importante destacar los nombres de los autores de la iniciativa. Quiero mencionar en particular a la diputada Karla Rubilar, autora del proyecto, quien ha luchado desde hace bastante tiempo para que la iniciativa se convierta en realidad. El proyecto resulta relevante para quienes representamos a regiones, puesto que estas constantemente están expuestas a sufrir emergencias, tales como terremotos, tsunamis o incendios. En este mismo instante se ha dado alerta roja en La Ligua a consecuencia de un incendio que ha consumido más de trescientas hectáreas. ¿Qué pasa ahora en ese lugar con los vehículos de bomberos, las ambulancias y otros? ¿Han debido pagar peaje? El tema, como dije, es sumamente relevante. Por lo tanto, es de toda justicia votar la iniciativa favorablemente. La experiencia indica que ha habido muchas situaciones en que se ha impedido la labor de esos vehículos, lo cual ha provocado graves consecuencias. Es fundamental tomar conciencia de la utilidad de este tipo de proyectos, que parecen livianos, pero que no lo son, ya que en la forma y en el fondo son tremendamente importantes. Pido a todos los diputados y diputadas votar a favor el proyecto. Agradezco -repito- la labor de sus autores, en especial de Karla Rubilar. Todos ellos han propiciado que hoy estemos en condición de votar la iniciativa. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco. La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente, las mociones refundidas en el proyecto en debate pasaron mucho tiempo en la Comisión de Obras Públicas. Las diputadas de esa comisión, desde hace cuatro o seis años, hemos trabajado para que se exima del pago de peaje a los vehículos de emergencia. La iniciativa establece sanciones a las empresas concesionarias que no cumplan con la futura ley. Se aplicará una multa cuyo monto podría alcanzar las 50 UTM. También amplía el concepto de “vehículo de emergencia” a los utilizados por las brigadas forestales de la Conaf y de las Fuerzas Armadas. Quiero destacar que se trata de un buen proyecto, el cual fue elaborado para que no suceda lo que en algunas ocasiones ya hemos vivido tanto en la Región del Biobío como en otras. Lamentablemente, cuando se hicieron contratos con las concesionarias no fueron incorporadas las medidas que consigna el proyecto. Ahora se van a aplicar por ley. Esperamos que la Cámara vote favorablemente la iniciativa, tal como lo hará la bancada socialista. Esperamos también que el Ejecutivo -en este caso, el ministro de Obras Públicas- asigne urgencia al proyecto en el Senado con la finalidad de que pronto se convierta en ley de la república. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger. El señor BERGER.- Señor Presidente, nuestro país se ha convertido en un laboratorio mundial en lo que a catástrofes de la naturaleza se refiere. El modelo de acción frente a los desastres naturales en Chile ha resultado ser un fracaso rotundo. Tenemos un retraso de muchos años si nos comparamos con el resto del globo. Este proyecto me parece de total pertinencia, por lo cual le voy a dar todo mi apoyo. Me preocupa que sigamos siendo poco reactivos e improvisadores en esta materia y no se haga nada por abordar soluciones respecto de su contexto general e institucional. Asegurar el tránsito libre y fluido de los vehículos de emergencia, incluyendo los de las Fuerzas Armadas en situación de estados de excepción constitucional, resulta sumamente importante. Por lo tanto, se deben modificar los contratos de concesión existentes y agregar las cláusulas necesarias en los futuros. Ello resulta ser un gran paso, amén de que, como ya lo dije, nos queda mucho por hacer y comprometer al respecto. Como lo hice en ocasiones anteriores cuando este proyecto fue examinado por la Sala, voy a darle todo mi apoyo -también están comprometidos los votos de Renovación Nacional-, pues nos parece un gran avance a fin de solucionar las dificultades que históricamente se han vivido en materia de tránsito libre y fluido de vehículos de emergencia. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, agradezco su deferencia, como también las expresiones de la diputada Andrea Molina, quien me mencionó a la hora de señalar que, junto con otros parlamentarios, soy autora de una de las mociones que se refundieron para dar origen a este proyecto de ley, que es muy trascendente porque se hace cargo de una problemática que se repetía año a año, que era objeto de denuncias ciudadanas y que generaba una molestia que se expresaba a través de los medios de comunicación. Tal situación ha sido una de las cosas absurdas que han ocurrido en las concesiones de carreteras. Mediante esta iniciativa hacemos justicia respecto de aquellos que se dedican a salvar vidas. En regiones como la de usted, señor Presidente, y en otras como la Octava y la Novena es habitual que se produzcan incendios forestales. Lamentablemente, los bomberos de dichas regiones y quienes conducen otros vehículos de emergencia muchas veces se ven imposibilitados de acceder rápidamente a atender la emergencia porque deben pagar peaje. Muchas veces faltó el sentido común; muchas veces faltó el criterio. Lamentablemente, no pudimos hacer que este asunto se autorregulara, ni logramos que se impusiera la justicia social. En consecuencia, hubo que modificar la ley. Agradezco al Ministerio de Obras Públicas al igual que al Senado por dar a esta iniciativa la premura que correspondía y que esperábamos sus autores. Ello permitirá que hoy la aprobemos para que pronto se convierta en ley. Estamos muy contentos. Por último, quiero decir a todos los ciudadanos que denunciaron la situación que dio origen a este proyecto: “Ustedes también son parte, pues aportaron con un granito de arena a esta futura ley.”. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que establece la exención de pago de peaje de los vehículos de emergencia en las rutas concesionadas. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Boric Font, Gabriel; Browne Urrejola, Pedro; Cariola Oliva, Karol; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, José Manuel; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Girardi Lavín, Cristina; Godoy Ibáñez, Joaquín; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Morano Cornejo, Juan Enrique; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Despachado el proyecto. PERFECCIONAMIENTO DE JUSTICIA TRIBUTARIA Y ADUANERA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9892-07) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que perfecciona la justicia tributaria y aduanera. Diputados informantes de la comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, son los señores Renzo Trizotti y Patricio Melero, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, sesión 123ª de la legislatura en 362ª, en 3 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 6. -Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 122ª de la presente legislatura, en 19 de enero de 2016. Documentos de la Cuenta N° 3. -Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 124ª de la presente legislatura, en 21 de enero de 2016. Documentos de la Cuenta N° 10. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El señor TRIZOTTI (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje, que perfecciona la justicia tributaria y aduanera. Las ideas matrices o fundamentales del proyecto son las siguientes: a) Reforzar la independencia y especialidad de los tribunales tributarios y aduaneros mediante un sistema de remuneraciones propio para esta judicatura y un aumento en la planta de funcionarios de dichos tribunales. b) Avanzar en la especialización de esta judicatura mediante la mejora de ciertos procedimientos e incorporación de nuevas etapas que, además, otorguen mayor certeza jurídica a los intervinientes y celeridad a los procesos. c) Establecer la tramitación electrónica de causas en los procedimientos, que facilite el acceso oportuno a la información y genere ahorro de recursos. El mensaje señala que la ley N° 20.322 dio un primer paso en el fortalecimiento de la institucionalidad relativa a los litigios en materias tributaria y aduanera por medio de la creación de los tribunales tributarios y aduaneros, entes independientes de la administración del Estado, que garantizarán la imparcialidad en sus decisiones. Adicionalmente, se buscó fortalecer la garantía de un justo y racional procedimiento, tal y como lo exige la Constitución Política de la República en su artículo 19, número 3°. Agrega la iniciativa que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la ley N° 20.322, los tribunales tributarios y aduaneros son órganos jurisdiccionales letrados, especiales e independientes en el ejercicio de su ministerio, sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Menciona que, teniendo en cuenta las modificaciones al sistema impositivo introducidas por la reforma tributaria contenida en la ley N° 20.780 y la experiencia que los tribunales tributarios y aduaneros han adquirido, especialmente durante su proceso paulatino de instalación a nivel nacional, entre 2010 y 2013, con la puesta en marcha definitiva de los dieciocho tribunales actualmente en funcionamiento, se ha estimado necesario fortalecer aún más la institucionalidad de la justicia tributaria y aduanera en nuestro país, para enfrentar los nuevos desafíos y necesidades que se presentarán en los próximos años. Los principales objetivos del proyecto son los siguientes: a) Fortalecer la institucionalidad de la justicia tributaria y aduanera a través de la generación de una escala de remuneraciones propia y el aumento en las plantas de funcionarios de dichos tribunales. Ello refuerza la independencia de estos y permite hacerse cargo de mejor manera de dicha especialidad, considerando, además, los relevantes cambios introducidos por la reciente reforma tributaria. b) Mejorar ciertos procedimientos e impulsar la incorporación de nuevas etapas en los mismos, que permitan avanzar en una judicatura especializada que otorgue a los contribuyentes y a los órganos de la administración del Estado encargados de aplicar las disposiciones legales respectivas y fiscalizar el cumplimiento tributario y aduanero, la mayor certeza jurídica y celeridad necesaria en el desarrollo de sus actividades. c) Establecer la tramitación electrónica de causas en los procedimientos tributarios y aduaneros, lo que constituye un avance en la incorporación del uso de la tecnología, de la información y de la comunicación digital, lo que facilita el acceso a la información y el ahorro de recursos dada la mayor eficiencia del almacenamiento de datos en medios tecnológicos. Vuestra comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó la idea de legislar e introdujo al proyecto, durante su discusión particular, modificaciones tendientes a recoger lo planteado por la Excelentísima Corte Suprema, la Asociación Nacional de Funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y la Asociación Nacional de Jueces y Secretarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor MELERO (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que perfecciona la justicia tributaria y aduanera, con urgencia calificada de “suma”, y de conformidad con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación. Como señaló el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el propósito de la iniciativa consiste en lo siguiente: 1. Fortalecer la institucionalidad de la justicia tributaria y aduanera a través de la generación de una escala de remuneraciones propia y del aumento en las plantas de funcionarios de dichos tribunales. 2. Mejorar ciertos procedimientos e impulsar la incorporación de nuevas etapas en los mismos, que entreguen mayor certeza jurídica y la celeridad necesaria en el desarrollo de las funciones de estos tribunales. 3. Establecer la tramitación electrónica de las causas en los procedimientos tributarios y aduaneros. Durante el debate, los señores diputados demostraron especial interés, entre otras materias, en saber sobre los límites de la facultad de los tribunales tributarios y aduaneros para conocer y declarar, a petición de parte, la nulidad de los actos administrativos, como también los aspectos esenciales de la incorporación del trámite de conciliación, particularmente la razón de excluir del mismo a los casos de elusión. Al respecto, el representante del Ejecutivo señaló que la facultad de nulidad se refiere a actos reclamables y que la nulidad procederá en la medida en que el acto tenga vicios esenciales que hayan irrogado perjuicios. Respecto de la conciliación, explica que se excluyó tanto la elusión como la evasión del trámite de conciliación, en el evento de que el Servicio de Impuestos Internos haya decidido ejercer sus facultades, por cuanto, tratándose de facultades privativas, se estimó más apropiado desestimar tal posibilidad. Asimismo, la comisión escuchó la opinión de la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de los Tribunales Tributarios, señora Marlene Leyton, y del presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Secretarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, señor Óscar Meriño, quienes manifestaron su conformidad con los términos del proyecto, en especial en lo que dice relación con su nueva escala de remuneraciones y su nueva planta. En cuanto a los efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal, el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que el mayor gasto fiscal anual que genere el proyecto asciende a 1.863.763.000 pesos en régimen, a contar del tercer año, asociado principalmente a la escala de remuneraciones, al incremento en doce funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros y al aumento en dos funcionarios de la Unidad Administrativa: un profesional informático, que se desempeñará en la gestión y operación de la plataforma digital de administración de causas, y un profesional en grado 10, que se ocupará de las materias de capacitación, selección e inducción de los nuevos funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Adicionalmente a lo anterior, se consideran gastos por una vez durante el primer año, asociados al desarrollo del sistema de administración de causas tributarias y aduaneras, la habilitación de dependencias y capacitación de los funcionarios, por 283.280.000 pesos. Tanto el informe financiero como el artículo quinto transitorio del proyecto señalan que el mayor gasto que represente la aplicación de la ley en proyecto se financiará, durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, con cargo al presupuesto de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, dicha cartera, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplir ese presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. Luego, el informe financiero N° 154, del 16 de octubre de 2015, que acompaña a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo ante la comisión técnica, señala que estas no representarán gasto fiscal. Sometidas a votación las normas de competencia de la Comisión de Hacienda, esto es, los números 2), 3), 4), 5) y 8) del artículo 1° y los artículos primero, cuarto y quinto transitorios, fueron aprobadas por mayoría de votos. Por último, la comisión solicita a la Sala la aprobación de las referidas disposiciones. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, en primer lugar, por su intermedio, tal como lo hizo el diputado Melero, también rendiré un homenaje al ministro de Hacienda. Como él no lo complementó -lo traduzco-, yo supongo que lo iba a hacer. En segundo término, quiero manifestar que estamos frente a un proyecto de ley que tiene mucha historia. Han pasado varios ministros en esta historia. Los diputados Jaramillo y Ortiz, con quienes hemos trabajado este tema, recordarán lo que nos costó introducir la idea de instalar tribunales tributarios en nuestro país, hace ya más de una década. Ello se hizo, y con la iniciativa en discusión hoy estamos perfeccionando algo que la gente quiere. Por tanto, se trata de un tema ciudadano. Muchas reformas, numerosos proyectos de ley, cuantiosos opinantes, un leguaje que muchas veces no se comprende. Pero, qué significa esto. Dar a la pyme, dar al ciudadano normal e incluso a los señores parlamentarios -porque la gran mayoría no es experta en esta materia- la posibilidad de pararse frente al Servicio de Impuestos Internos y a Aduanas y exponer sus casos. Por lo tanto, primero haré algunas peticiones adicionales, ya que la tarea está cumplida. Agradecemos al ministro de Hacienda porque cumplió lo que comprometió antes de irnos al receso parlamentario: que una vez aprobada la reforma tributaria, los tribunales tributarios y aduaneros tendrían urgencia -hoy estamos viendo el proyecto sobre la materia; esperamos que el compromiso se sostenga en el Senado-, para mantener el equilibrio entre las instituciones de gobierno -Aduanas y Servicio de Impuestos Internos- y los contribuyentes. Entonces, después de lo que ha pasado en estos días, lo primero que habría que pedir al ministro es que el ajuste que hará a los gastos, a los honorarios, a las facilidades vinculadas con una serie de servicios no ocurra en los tribunales tributarios. Se lo pido, señor ministro -ello, por intermedio del señor Presidente-, porque lo que estamos haciendo es precisamente reforzar a dichos órganos jurisdiccionales con algunas ideas relacionadas -así lo señalaron los diputados informantes de las respectivas comisiones- con las remuneraciones de sus funcionarios. Hoy, esto es un plan de trabajo absolutamente complicado. Así como hasta hace un tiempo los asesores políticos eran los que más ganaban -hoy, sobre todo después de la Quinta Vergara, están bastante disminuidos-, en la actualidad el trabajo mejor remunerado, más que ser parlamentario o alcalde, es el de asesor tributario. La reforma tributaria es muy compleja, y, sin lugar a dudas, los pocos asesores tributarios que hay ayudarán a ahorrar mucho dinero a las empresas y a los contribuyentes. Por eso necesitamos, sobre todo en regiones, tribunales tributarios compuestos por gente que sepa, que tenga la experiencia y la habilidad requeridas. En consecuencia, señor ministro, no aplique el ajuste a la baja a los tribunales tributarios y aduaneros. Capacitémoslos, démosles experiencia y plata para que realmente nazcan, con todo este complemento que estamos haciendo, con potencia. Así, espero que el citado ajuste no se aplique a la baja. Esto depende de Hacienda, y como dice el refrán: “En casa de herrero, cuchillo de palo”; otros ministros seguramente se van a sentir. ¿Qué nos estaría faltando después de este paso? En esto comprometemos al ministro. Todavía le quedan dos años de gobierno. ¿Quién defiende al pequeño contribuyente, al que no sabe, al pequeño comerciante del norte y al del sur ante los tribunales tributarios? A partir de ahora, si alguien tiene un litigio con el Servicio de Impuestos Internos y este le dice: “Me tiene que pagar por tales razones”, esa persona podrá responderle: “No. Vamos a los tribunales tributarios”. Y ahí hay que hacer planteamientos. En ese caso, como manifestó hace algunos días el diputado Ortiz, el empresario tiene recursos para contratar un asesor tributario que lo defienda ante tales tribunales. Pero, ¿quién defiende al pequeño comerciante de San Clemente, de Puerto Montt o de Puerto Varas, que no conoce el tema y no tiene plata para contratar a alguien que lo asesore? Sé que el defensor del pueblo está de moda, lo que me parece bien. Es otra idea que desde hace muchos años hemos incentivado, y ojalá se concrete. En este sentido, ¿por qué no creamos también al defensor del contribuyente? Hay que crear la defensoría del contribuyente para que represente en forma gratuita en los tribunales tributarios y aduaneros a aquel que no tiene recursos. Quizás podría entregarse esa defensa a la Corporación de Asistencia Judicial, que ha estado muy en el tapete en el último tiempo. Insisto en que hay que crear una defensoría del contribuyente para el que no tiene recursos, pues aunque está bien la figura de los tribunales tributarios y aduaneros, el que tiene, va y se defiende; pero el que no, ahí queda, pues respecto de él el lenguaje no es el mismo. Por lo tanto, ahí tenemos una tarea. Reconozco que el Servicio Impuestos Internos ha estado esforzándose. Se le entregaron más recursos para dar todas las facilidades del caso, pero igual es parte. O sea, si demanda, hasta ahí llega su asistencia al contribuyente, porque con ello le está diciendo al pequeño empresario: “Estás mal allá. Tienes que pagarme. No interpretaste bien la cosa.”. Por eso se hace necesario el defensor del contribuyente. Sin lugar a dudas, la gente quiere que avancemos en eso. Otro de los temas importantes es qué pasa después, porque esto recién comienza. Nos costó sacar adelante los tribunales tributarios. ¡Ya! Los estamos modernizando. ¡Bien! Está en aplicación la reforma tributaria. Estamos pidiendo que alguien defienda al contribuyente. Pero cuando no hay acuerdo entre los contribuyentes y estos órganos jurisdiccionales -no me cabe duda de que el ministro de Hacienda se comprometerá a crear la defensoría del contribuyente en este gobierno; nos quedan dos años, hasta marzo del 2018-, ¿quién decidirá la discrepancia? La corte de apelaciones que tiene jurisdicción sobre el territorio del tribunal en cuestión. En esta Sala hay abogados, y así como en los juzgados de familia hay expertos en derecho de familia, yo pregunto cuántos de nuestros queridos juristas de las cortes de apelaciones conocen de derecho tributario. Entonces, no ganamos nada con hacer todo esto si en las cortes de apelaciones no tenemos especialistas en la materia. El propio ministro señaló que, afortunadamente, el ajuste a la baja fue menor porque los ingresos de la reforma tributaria ya están dando resultados. Elusión, evasión, repatriación de capitales, en fin, significan mucha plata. Entonces, qué pasa a nivel de interpretación arriba. Deberíamos esforzarnos también para que respecto de la segunda instancia, en las cortes de apelaciones, exista un pequeño acápite para que haya ministros expertos en lo tributario que puedan decidir en segunda instancia las discrepancias que se susciten a nivel de los tribunales tributarios de primera instancia. O sea, al igual que ocurre en materia aduanera, nos quedan aspectos por corregir. Hay estudios que indican que en el ámbito aduanero se evaden o eluden más de 1.000 millones de dólares, o sea, un monto que duplica los ahorros que se espera alcanzar a través del ajuste del gasto público que se acaba de anunciar. De manera que estamos hablando de medidas muy importantes, porque hay muchos recursos involucrados. Está muy bien lo que hemos hecho y que el ministro haya cumplido su compromiso, pero todo eso lo debemos complementar con lo que aún nos falta: la defensoría, la gratuidad y que en segunda instancia, en las Cortes de Apelaciones, haya ministros que tengan expertise, que hayan efectuado algún curso de especialización en materia tributaria, a fin de que no resuelvan sobre causas que no manejan o no dominan, porque en esos casos va a pesar la importancia del Servicio de Impuestos Internos, que tiene muy buenos especialistas, versus los pequeños contribuyentes, que no tienen cómo argumentar en esas materias, porque no las conocen. Me gustaría que esas tareas quedaran encaminadas. Por último, un comentario respecto del plazo que se establece para tener esto caminando, que es de un año. Si bien el Presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Pepe Auth, declaró inadmisible una indicación que presenté para disminuir ese plazo -lo hizo con toda razón desde el punto de vista reglamentario-, cabe preguntarse cuál fue el plazo que le dimos a la reforma tributaria. Fueron una pocas semanas, un par de meses. Recuerdo que el diputado Ortiz trabajó 48 horas seguidas en enero para que estuviera operativa. Sin embargo, en este proyecto, que tiene por objeto defender al contribuyente, establecemos un tiempo mucho mayor: un año, como señalé. Por eso le pido, señor ministro, que dentro de su plan de ajuste del gasto fiscal no le baje el sueldo a quienes estarán encargados de elaborar el reglamento y hacer las clarificaciones que sean necesarias para mejor aplicación de la iniciativa. Ellos deben defender a la gente. A ellos, no; a otros asesores, a los que andan dando vueltas por ahí, lo que quiera, pero a estos, no. Acortemos los plazos de un año a seis meses. ¡Cómo en seis meses no va a ser posible destinar una par de fin de semanas para sacar rápido este tema! Los contribuyentes nos lo van a agradecer. Este es un tema que está por encima del gobierno y la oposición, porque permite que los parlamentarios demos una salida, un respiro al pequeño y al mediano emprendedor, al comerciante, al que está en la feria, para que pueda defenderse de lo que el Servicio de Impuestos Internos legítimamente considera que ese contribuyente debe pagar por concepto de impuestos. Espero que en el Senado se logren los acuerdos necesarios para reducir ese plazo, que es un poco excesivo. Espero que el ministro recoja estos planteamientos que le hacemos, pero le vamos a poner una fecha, el 28 de diciembre de este año, por la mañana, para que tenga los reglamentos listos. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, me correspondió votar en la aprobación el proyecto de ley que creó los tribunales tributarios, lo que, sin duda, fue un gran avance para nuestro sistema de justicia, ya que antes la competencia de estas materias estaba radicada en sede administrativa, es decir, en el propio fisco, que era juez y parte en este tipo de causas. Ahora nos presentan este proyecto, que tiene por objeto perfeccionar la justicia tributaria y aduanera, iniciativa que valoro y considero muy pertinente en un país que ha suscrito más de 25 tratados de libre comercio y que basa su economía precisamente en el comercio internacional, por lo que necesita mayor expedición en esta materia. Según señala el mensaje, se trata de una iniciativa que busca modernizar la actuación de la justicia tributaria y aduanera, reforzar su independencia y especialización, mejorar las condiciones salariales de los funcionarios de los tribunales respectivos y ampliar sus plantas, así como mejorar algunos procedimientos, para dar mayor rapidez y certeza jurídica, e incorporar la tramitación electrónica de las causas para facilitar el acceso a la información y ahorrar recursos físicos y humanos. Esta reforma es de especial importancia, considerando el dinamismo del comercio internacional de nuestro país y dada la relevancia de resolver con prontitud, con criterios de objetividad y la debida transparencia, cualquier reparo en la internación de elementos al territorio nacional, que muchas veces resultan indispensables para la mejor operación de las empresas y actividades productivas en nuestro país. En este sentido, es particularmente destacable la creación del procedimiento relativo a la audiencia de conciliación, ya que permitirá agilizar la resolución de los conflictos de relevancia jurídica, sin afectar el interés de los importadores, y evitará tener que llegar a un proceso judicial, con la consiguiente dilación en el procedimiento. La propuesta en esta materia recoge la experiencia previa de estos tribunales, que hace recomendable establecer un sistema de acuerdo entre las partes. Asimismo, debemos resaltar la decisión de excluir de la conciliación los eventuales casos de elusión o evasión tributaria, por considerarse que son asuntos que corresponden al ámbito de acción del Servicio de Impuestos Internos. Del mismo modo, es importante aclarar que el Servicio de Impuestos Internos mantiene sus facultades de supervisión sobre el proceso, pero en el contexto de una mayor independencia de los tribunales tributarios y aduaneros, que terminaron de constituirse en todas las regiones del territorio nacional en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2013. Finalmente, es necesario poner énfasis en la transversalidad con que se aprobó esta iniciativa y recoger el planteamiento del diputado Pablo Lorenzini en cuanto a contar con una defensoría de los pequeños contribuyentes. Es triste ver cómo se ejerce el poder tributario sobre los pequeños comerciantes o sobre los feriantes, por ejemplo, que no tienen ninguna posibilidad de defenderse con éxito, y ver cómo hay grandes empresas que se coluden o se fusionan para defraudar al fisco. No se ve el mismo celo en la persecución de este tipo de ilícitos. De manera que hago mías las ideas del diputado Lorenzini en cuanto a crear una defensoría del pequeño contribuyente, y crear una segunda instancia especializada, con una sala especializada, en las cortes de apelaciones, como la que hay en la Corte Suprema. Entiendo que en todas las facultades de derecho de nuestro país la asignatura de Derecho Tributario es obligatoria, de manera que con el tiempo -esperamos que más temprano que tarde- también tengamos una segunda instancia especializada en las cortes de apelaciones. En definitiva, expreso mi respaldo a este proyecto y agradezco el apoyo transversal que ha recibido, al igual que el apoyo del ministro de Hacienda. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal. La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente, saludo a todos los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, pero en particular a los que nos acompañan en las tribunas. Represento a una región en que el comercio internacional, el tráfico de mercancías con el exterior, es sumamente importante, al igual que para el resto del país, gracias a la firma de sucesivos tratados internacionales, ámbito en el cual somos pioneros en Latinoamérica, lo que ha dado salida y cabida a nuestros productos y permitido el desarrollo de nuestras comunidades, especialmente a través de la actividad agrícola y forestal, en el caso de mi región. Ya hemos dicho que los tribunales, particularmente la justicia tributaria y aduanera, deben dar cabida a ese sentido común que tiene que ver con cómo fortalecemos nuestra institucionalidad y con cómo la hacemos más ágil y eficaz. También es necesario, tal como señaló el diputado Lorenzini, que esta iniciativa tenga un alcance mayor al que se pretende, para que dé cabida a los pequeños y medianos emprendedores, cuya actividad es, indiscutiblemente, un elemento impulsor de la economía, del desarrollo, de la generación de empleo, que es lo que queremos para nuestro país. Sin duda, este proyecto apunta en ese sentido, a través de una modernización de la justicia tributaria, para lo cual busca alcanzar varios objetivos que son esenciales, como ya se ha manifestado en este hemiciclo. En ese sentido, es importante reiterar la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la justicia tributaria y aduanera, por ejemplo, a través de la generación de una escala de remuneraciones propia, del aumento de las plantas de personal, de adecuar las mismas al número y complejidad de las causas que se tramitan, considerando la experiencia que ya se tiene en este ámbito, gracias al proceso de instalación gradual, a nivel nacional, de estos juzgados, sobre todo con lo que tiene que ver con la forma de operar. También se deben mejorar los procedimientos e impulsar la incorporación de nuevas etapas en los mismos, que permitan seguir avanzando en el establecimiento de una judicatura más especializada que otorgue a los contribuyentes y a los órganos de la administración del Estado encargados de aplicar las leyes y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, la mayor certeza jurídica y la mayor celeridad necesaria para el desarrollo de todas sus actividades. Otro objetivo del proyecto es establecer la tramitación electrónica de causas en los procedimientos tributarios y aduaneros, lo que incluye la incorporación de tecnologías, que son una necesidad urgente, ya que está dentro del ADN de todos los procedimientos de un país, de una sociedad en desarrollo como la nuestra; más información, comunicación digitalizada, etcétera. Respecto de los contenidos del proyecto, se pueden sintetizar en los siguientes: Medidas para lograr un fortalecimiento institucional. a) La inclusión de una nueva materia que conocerán los tribunales tributarios y aduaneros, como el procedimiento de nulidad en los términos que señaló el diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Patricio Melero. b) Un nuevo sistema de remuneraciones, que comprenda una nueva escala de sueldos, asignación de responsabilidad para quienes se desempeñen en calidad de titular como juez o secretario abogado de los tribunales tributarios y aduaneros, remuneraciones ligadas al desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados. Además, el proyecto posibilita a la Dirección de Presupuestos para generar remuneraciones más flexibles atendiendo a estos criterios. Entrega una bonificación especial por la obtención de título profesional para el personal de los estamentos administrativo y de auxiliares de los tribunales mencionados, especialización que nos parece muy importante para que los funcionarios ejerzan sus cargos o para ascender dentro de la misma institución. Asignación de zona y asignación de antigüedad para quienes se desempeñen como resolutor, profesional experto, administrativo y auxiliares de los tantas veces mencionados tribunales. c) Pago de subrogaciones para quienes se desempeñen transitoriamente en los cargos de juez o secretario abogado, lo que permitirá hacer las compensaciones correspondientes en caso de subrogaciones por largo tiempo, cuestión muy anhelada por los funcionarios de Aduanas, ya que existe un vacío que hace imposible subsanar esas situaciones, por lo que consideramos que es una buena modificación. d) Aumento de la dotación de las plantas de 120 a 139 cargos. e) Establecimiento de una regla más eficiente para la distribución de las causas en la Región Metropolitana. Como se vio en las cifras de 2013 y 2014, existe una gran concentración de causas, por lo que se busca hacer una distribución más equitativa al interior de la región. El proyecto también contempla medidas para perfeccionar los procedimientos contenidos en el Código Tributario, para lograr un proceso más eficiente, como el cumplimiento administrativo de las sentencias dictadas por los tribunales tributarios y aduaneros, lo que recoge un anhelo muy sentido de los jueces tributarios. Mejoras al recurso de reposición administrativo voluntario al interior del Servicio de Impuestos Internos, lo que permitirá aumentar los plazos dentro de los procesos administrativos al interior de dicho servicio, con el fin de evitar eventualmente su judicialización. Incorporación del trámite procesal de la conciliación, ya no a nivel administrativo, sino frente a los jueces tributarios y aduaneros, dado que es un elemento muy importante para disminuir los plazos o reducir los tiempos de resolución de las causas y los costos que conllevan las mismas. Incorporación del trámite procesal de observaciones a la prueba, lo que permitirá dar un tiempo para evaluar las pruebas y mejorar la tramitación de las causas. Instauración de la tramitación electrónica de los procedimientos, y otras mejoras. En nuestra bancada creemos que el proyecto va en la dirección correcta, por lo que lo aprobaremos, a la espera de que nuestra economía vaya en franco desarrollo y de la mano de instituciones fuertes que permitan fiscalizar y hacer más eficaces los procedimientos, teniendo en cuenta que esta iniciativa y todas las que se presenten deben mantener y reconocer el recurso humano que se desempeña en las distintas áreas, particularmente en Aduanas, para mejorar sus carreras funcionarias y sus remuneraciones, así como la gestión administrativa y los procedimientos. Por lo tanto, anuncio nuevamente mi voto a favor de este proyecto tan relevante para la economía, para el desarrollo y, particularmente, para las regiones, como la del Biobío, que represento, y para la futura Región de Ñuble. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo y valoro la presencia del ministro de Hacienda. Señor Presidente, para muchos el debate del proyecto puede parecer poco atractivo, árido, lejano y complejo; pero resulta que es indispensable tener una buena institucionalidad en estas materias. ¿Cuántas situaciones fraudulentas hemos conocido en materia aduanera? ¿Cuántos escándalos hemos conocido en materia tributaria? Recordemos el famoso caso Johnson´s, ese perdonazo de 50.000 millones de pesos que hizo el gobierno del Presidente Piñera a esa empresa del grupo Paulmann, mientras se apremia, se fiscaliza y se sanciona a los pequeños contribuyentes, a las pymes. Hace unos días me llamaron algunos artesanos porque se les clausuró y se les sancionó por vender su artesanía en Villarrica, lo que se repite en muchos lugares; pero vemos que a los grandes contribuyentes se les otorgan todas las facilidades, razón por la cual es tan importante tener una institucionalidad adecuada. Me parece bien que se fortalezcan orgánicamente los tribunales tributarios y aduaneros, así como que se modernice el procedimiento mediante la incorporación de elementos de tramitación electrónica, que se establezcan claros procedimientos en relación al trámite de conciliación, que se busque una solución a través de equivalentes jurisdiccionales de la sentencia a los conflictos. También me parece muy bien que se resuelva el tema de la competencia en materias de nulidad de derecho público. Quiero detenerme aquí, porque hay dos temas que me parecen muy importantes. El primero dice relación con una indicación que perdimos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, mediante la cual se pretendía quitar el monopolio de la acción al director del Servicio de Impuestos Internos. El Consejo de Defensa del Estado necesita el requerimiento del director de ese servicio para actuar, por lo que la decisión de ejercer o no ejercer acciones termina radicada en muchos casos en una sola persona, como lo hemos visto a propósito de las boletas ideológicamente falsas, etcétera. Lo mismo ocurre con las facultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos para condonar hasta el 99 por ciento de los intereses y de las multas, decisión que recae en los directores regionales o, en su caso, en el director de Grandes Contribuyentes. ¿Quiénes tienen la posibilidad de hacer presentaciones para lograr esas condonaciones? Los que tienen asesoría letrada, los más grandes contribuyentes, ya que a los pequeños se les hace más complejo, porque los trámites que se realizan por internet tienen un porcentaje de condonación menor; pero para llegar a condonaciones del 99 por ciento, como sucedió en el caso Johnson's, se requiere la asesoría de un especialista, lo que permite a las grandes empresas dejar de pagar cuantiosos recursos en impuestos. También se han producido prácticas complejas, en las que muchas veces el director del Servicio de Impuestos Internos tiene que decidir si toma una decisión u otra. A propósito del caso Johnson's, lo vimos con la adquisición de las empresas con pérdida. Cuando había una legítima razón de negocio y se adquiría una empresa con pérdida que absorbía a la empresa que tenía utilidades, no solo no se pagaban esos impuestos por las utilidades, sino que se podían recibir de vuelta los impuestos pagados mediante los pagos provisionales mensuales (PPM). Pero, ¿qué ocurrió? Que los grandes contribuyentes vieron la posibilidad de hacer trampa, ya que se dedicaron a comprar empresas quebradas hace veinte años sin ninguna legítima razón de negocios, con lo que dejaron de pagar impuestos. En muchas ocasiones, el mismo actual subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos decía que aquí tenía que haber una legítima razón de negocio. Sin embargo, el director del servicio decía que no; que no era necesario y, por lo tanto, se legitimó esta práctica para que los grandes contribuyentes pagaran menos impuestos. Hoy ocurre algo muy similar con el goodwill, que, si bien se resuelve con la reforma tributaria, a mi juicio era perfectamente posible enfrentar sin la necesidad de la norma general antielusión. A veces se hacen fusiones sin una legítima razón de negocios, sino con el único objetivo de obtener un beneficio tributario. Es más, en muchos casos el director del SII ha aceptado que las empresas se fusionen solo para pagar menos impuestos, sin que exista ninguna otra razón detrás. Por lo tanto, lo que tenemos que cuestionar es si resulta aceptable que estas decisiones todavía recaigan en una sola persona, cuyo cargo, además, es de exclusiva confianza del Presidente de la República. Quizá se debiera avanzar hacia un modelo colegiado para tomar este tipo de decisiones. Me refiero a las condonaciones y al ejercicio de acciones judiciales. Cuando invitamos al presidente del Consejo de Defensa del Estado para analizar las fusiones simuladas, en especial la fusión de las AFP de papel, nos dijo que no podía hacer nada si no se lo pedía el director del Servicio de Impuestos Internos. Es decir, el Consejo de Defensa del Estado, que tiene que resguardar el interés fiscal, no puede hacer nada si no se lo pide el director de dicho servicio. Si bien perdimos esa discusión en la comisión, valió la pena el debate, porque si tenemos tribunales con competencia para ver las nulidades, pero no tenemos la voluntad del director del Servicio de Impuestos Internos de impetrar las acciones para defender el interés fiscal, entonces esta ley en proyecto no habrá servido de nada o de muy poco. Digo esto porque recientemente, la Contraloría General de la República en dos informes ha señalado que la creación de la AFP Argentum, y su posterior fusión con AFP Cuprum, están al margen de la ley, están fuera de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto -reitero-, la Contraloría General de la República, que es el órgano que tiene que hacer el control de legalidad de los actos administrativos, nos ha dicho que esas operaciones son ilegales. ¿Qué va a hacer el Servicio de Impuestos Internos? ¿Va a reclamar la nulidad de derecho público en los tribunales para que estos 500 millones de dólares de goodwill, de beneficio tributario de estos dos grupos norteamericanos, no se materialicen porque tienen como sustento operaciones ilegales, y porque no hay ninguna legítima razón de negocio, sino que lo que único que buscaron es pagar menos impuestos? ¿Va a defender el interés fiscal y a demandar como corresponde? Todo esto ocurre mientras nos llaman a apretarnos el cinturón y a realizar ajustes presupuestarios. ¡Esta es la prueba de fuego! ¿Por qué? Porque el pequeño contribuyente no puede tener a la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham) para defender sus intereses, tal como la tienen el grupo Principal y el grupo Metlife, que a través de los medios de comunicación y por todas partes están presionando para que se consolide la ignominia de que a través de operaciones ilegales esos dos grupos norteamericanos obtengan 500 millones de dólares de beneficio tributario de goodwill. Eso significa menos ingresos para el fisco, en momentos en que nos dicen que debemos apretarnos el cinturón y restringir el presupuesto. Vamos a aprobar este proyecto de ley, pero me parece que tenemos que discutir seriamente la manera como se toman las decisiones en el Servicio de Impuestos Internos. Además, tenemos que discutir cómo se ejercen las acciones, para que nunca más tengamos una institucionalidad que opera para exigir a los pequeños contribuyentes, pero, al mismo tiempo, otorga manga ancha a los grandes contribuyentes, permitiéndoles que paguen menos impuestos. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, sin duda alguna que se ha avanzado enormemente en el fortalecimiento de la institucionalidad y en contar con buenos instrumentos. Si bien se partió en dos o tres regiones, el gran sueño es que en todo Chile existan estos tribunales tributarios y aduaneros. Es cierto lo que señaló el diputado Fuad Chahin y lo suscribo, porque, además de dar señales a los inversionistas extranjeros y a la banca mundial, también tenemos que mirar lo que ocurre en el país. En efecto, si por un lado se anuncia un recorte fiscal de 500 millones de dólares y, al mismo tiempo, un monto similar irá a parar a los bolsillos de dos empresas transnacionales estadounidenses, ¡de qué estamos hablando! ¡Debemos sincerarnos! No basta con entregar señales a los poderosos; también debemos manejar con dignidad los negocios en nuestro país, sobre todo el capital financiero. Sin duda alguna, la iniciativa en estudio representa un avance; sin embargo, me preocupan algunas intervenciones de colegas, que comparto plenamente. Es difícil decir a los vecinos de la zona que represento que vamos a tener 500 millones de dólares menos, pero que eso no va a afectar la inversión social. Me hace mucha fuerza que, por un lado, nos tengamos que apretar el cinturón y, por otro, se dé manga ancha a otros grupos solamente porque son inversionistas. ¿Vienen a especular a Chile o a invertir en un capital productivo? Me queda la duda. Más bien creo que vienen a especular, y tenemos el temor de decir la verdad y poner las peras a cinco reales, porque nuestro país es chico y se trata de dos empresas transnacionales poderosas. Es indudable que este proyecto de ley es un avance y, por eso, como bancada lo vamos a aprobar. Sin embargo, quiero que el señor ministro tome nota y haga una raya en la cacha de la huasca sobre algunas intervenciones respecto de cómo se manejan en los negocios las dos transnacionales estadounidenses citadas por el diputado Fuad Chahin. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva. El señor SILVA.- Señor Presidente, la UDI considera positivo y apoya este proyecto de ley porque perfecciona la institucionalidad en materia de funcionamiento de los tribunales tributarios y aduaneros. Sobre este proyecto, después de escuchar los informes de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, quiero hacer tres alcances. En primer lugar, el avance de la institucionalidad de los tribunales tributarios y aduaneros es un primer paso; sin embargo, estará siempre incompleto si no se hace el cambio de la institucionalidad del Servicio de Impuestos Internos. Desde hace años venimos planteando que el hecho de que en dicho servicio exista una autoridad unipersonal con demasiadas facultades, como está establecido hoy, es una forma insuficiente de organizar ese servicio público, sobre todo cuando cuenta con tantas herramientas que, de manera justa o injusta, pueden afectar al contribuyente. Lo mismo puede suceder con la forma en que se recaudan los recursos públicos. Por eso, en esta instancia queremos insistirle al gobierno en la necesidad de que pueda avanzar en una nueva institucionalidad para el Servicio de Impuestos Internos, tal como se hizo, por ejemplo, en nuestro gobierno en materia de la institucionalidad de la Superintendencia de Valores y Seguros, a través de la creación de la Comisión de Valores, o bien en otros mecanismos. Invitamos al gobierno y a su ministro de Hacienda a dar nuevos pasos en esta materia. Los tribunales tributarios y aduaneros son un avance; pero sin un cambio en el gobierno corporativo del Servicio de Impuestos Internos, la tarea queda coja y pendiente, por lo que proponemos avanzar. En segundo lugar, en el proyecto de ley se hace referencia a la conciliación como un mecanismo de resolución de temas antes de llegar a un procedimiento de litigio o de conflicto. En este caso, se dejan fuera de la posibilidad de conciliación ciertos tipos de delitos que tienen que ver con colusión y otros. Al respecto, nosotros planteamos la discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de dejar estos delitos fuera de la posibilidad de conciliación. Al respecto, nos parece que los argumentos que se entregaron en la comisión no fueron del todo sólidos como para poder fundamentar esa exclusión. El gobierno debería volver a pensar sobre este tema y argumentar en profundidad respecto de la forma en que se ha hecho y, posiblemente, evaluar su consideración, porque creemos que la conciliación es una buena herramienta que puede ser usada más ampliamente en los distintos mecanismos. El tercer alcance que quiero hacer va de la mano con la necesidad de fortalecer el gobierno corporativo del Servicio de Impuestos Internos, quizá con un organismo colegiado, con otra orgánica. El principal objetivo del Servicio Impuestos Internos es la recaudación tributaria y no la persecución penal. Por lo tanto, mantener el monopolio de la acción penal, que ha sido discutido ampliamente en distintos proyectos de ley, es una decisión correcta. En ese punto tengo una lectura distinta de lo que han planteado algunos diputados que han hecho uso de la palabra. Si el Servicio de Impuestos Internos pierde el monopolio de la acción penal, se le hará más difícil la tarea recaudatoria, la cual ha cumplido de muy buena manera hasta ahora. Habiendo planteado esos tres puntos, quiero reiterar que la UDI apoya este proyecto de ley. Consideramos que es una buena iniciativa, porque mejorará la institucionalidad. Sin embargo, el gobierno debe dar un paso adicional y mejorar el gobierno o la estructura del Servicio de Impuestos Internos, para que no descanse en una sola persona el poder de decisión para ejercer acciones en una u otra dirección, a fin de que pueda tener más solidez en su actuar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda. El señor VALDÉS (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, solo quiero agradecer el apoyo y las mejoras que ha tenido este proyecto durante su tramitación. Varios diputados se han referido a esta iniciativa y a su importancia, por lo que solo voy a remarcar que forma parte del protocolo de acuerdo de la reforma tributaria de julio de 2014. Creo que es importante ir poniéndole tickets a los acuerdos que se han ido completando. Este proyecto es un ejemplo de ello, pues fue una negociación compleja que tuvo distintas aristas y una de ellas es esta. Claramente, es un paso adelante para tener un mejor sistema tributario en Chile. Muchas gracias. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona la justicia tributaria y aduanera, con excepción de las normas que requieren quórum especial para su aprobación, que se votarán después. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Boric Font, Gabriel; Browne Urrejola, Pedro; Cariola Oliva, Karol; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, José Manuel; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Godoy Ibáñez, Joaquín; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Morano Cornejo, Juan Enrique; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe. -Se abstuvo la diputada señora Girardi Lavín, Cristina. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar en general los números 1), 2), 3), 4), con excepción de su inciso final; 5) y 7) del artículo 1°; el número 13) del artículo 2°, el artículo primero transitorio y el inciso primero del artículo segundo transitorio. Hago presente a la Sala que para su aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras y señores diputados. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Boric Font, Gabriel; Browne Urrejola, Pedro; Cariola Oliva, Karol; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Girardi Lavín, Cristina; Godoy Ibáñez, Joaquín; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Morano Cornejo, Juan Enrique; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quorum constitucional requerido. Despachado el proyecto. TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 7606-07 Y 9936-07) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos. De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados ayer, las intervenciones se limitarán a cinco minutos. Diputada informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es la señorita Karol Cariola. Antecedentes: Mociones: -N° 7606-07, sesión 19ª de la legislatura en 359ª, en 21 de abril de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6. -N° 9936-07, sesión 4ª de la presente legislatura en 18 de marzo de 2015. Documentos de la cuenta N° 10. -Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 125ª de la presente legislatura, en 26 de enero de 2016. Documentos de la Cuenta N° 2. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante. La señorita CARIOLA, doña Karol (de pie).- Señor Presidente, la Comisión de Seguridad Ciudadana me ha mandatado para que informe sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sin urgencia, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos, originado en las mociones refundidas que a continuación se enuncian: 1.- De las diputadas señoras Karla Rubilar, Clemira Pacheco y Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Pedro Browne, José Manuel Edwards, Nicolás Monckeberg, Leopoldo Pérez, David Sandoval, Alejandro Santana y Matías Walker, que tipifica el delito de acoso sexual en público (boletín N° 7606-07). 2.- De las diputadas señoras Loreto Carvajal, Daniella Cicardini, Yasna Provoste, Karla Rubilar, Marcela Sabat, Camila Vallejo y de quien habla, Karol Cariola, y de los diputados señores Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic, que modifica el Código Penal para tipificar el acoso sexual callejero (boletín N° 9936-07). Cabe hacer presente que la Sala, por oficio N° 12.068, de 20 de agosto de 2015, informó que acordó remitir en primer lugar a esta comisión el proyecto, iniciado en moción, signado con el N° 9936-07 para su tramitación e informe, y luego a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Posteriormente, por oficio N° 12.238, de 21 de diciembre de 2015, comunicó que acordó remitir a esta comisión el proyecto, iniciado en moción, signado con el N° 7606-07. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y a petición de esta comisión, por oficio N° 12.251, de 23 de diciembre de 2015, la Cámara de Diputados informó que acordó que las referidas mociones fueran refundidas y tramitadas en conjunto. Dando cumplimiento con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República y en el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la excelentísima Corte Suprema remitió el oficio N° 53-1015, de 29 de abril de 2015, en el que entrega su opinión, en el marco de su competencia, acerca de la moción signada con el N° 9936-07. Durante el análisis de esta iniciativa, la comisión contó con la asistencia y colaboración de diversas autoridades e invitados: la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Claudia Pascual; el auditor institucional general de Carabineros de Chile, señor Juan Gutiérrez Silva; la directora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional, señora Patricia Muñoz García; la profesora de derecho penal señora María Elena Santibáñez; la presidenta del Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC), señora María Francisca Valenzuela Tapia, y la directora ejecutiva del OCAC, señora Bárbara Sepúlveda. Cabe destacar que al menos el proyecto que tipifica el acoso sexual callejero es una iniciativa popular de ley que fue respaldada por los parlamentarios mencionados. La iniciativa surgió del OCAC, institución a la que agradecemos profundamente sus intervenciones y el apoyo permanente en el proceso legislativo de ambos proyectos, una vez que fueron refundidos. Ideas matrices o fundamentales Las ideas centrales de los proyectos se orientan al objetivo de crear un nuevo tipo penal consistente en la tipificación y sanción de las conductas constitutivas del delito de acoso sexual callejero, en lugares públicos o de acceso público, para lo cual se propone modificar el Código Penal. Tales ideas, que los proyectos concretan, son propias de ley, al tenor de lo establecido en el artículo 63, N° 3), de la Constitución Política. Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado No contiene disposiciones con ese carácter. Normas que requieren trámite de Hacienda No requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda. Los proyectos fueron aprobados en general por la unanimidad de votos Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad de las diputadas y de los diputados presentes. Votaron a favor las diputadas señoras Claudia Nogueira, Marcela Sabat y Karol Cariola, y los diputados señores Guillermo Ceroni, Juan Antonio Coloma, Daniel Farcas, Gonzalo Fuenzalida, Giorgio Jackson, Jaime Pilowsky, Gabriel Silber, Leonardo Soto, Arturo Squella y Matías Walker, Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, quien ayudó a facilitar la tramitación de este proyecto de ley, por lo que quiero hacerle un reconocimiento público por ese motivo. Artículos e indicaciones rechazados Se rechazó la totalidad de los artículos contenidos en ambas mociones, como consecuencia de la aprobación de una indicación sustitutiva. Se rechazaron las indicaciones formuladas tanto por los diputados Boric y Jackson como por la diputada Sabat y el diputado Fuenzalida, que se transcriben latamente en el informe. Relación descriptiva de los proyectos La moción que tipifica el delito de acoso sexual en público, correspondiente al boletín N° 7606-07, contiene tres artículos que crean un nuevo cuerpo normativo, a través del cual se tipifica el acoso sexual contra mujeres en lugares públicos o privados con alta concurrencia de público, sancionándolo penalmente y con multa, la cual será aumentada en caso de reincidencia. Además, el condenado por este delito deberá ofrecer disculpas públicas, y para las empresas de transporte público y productoras de eventos masivos se establece la exigencia de adoptar las medidas de resguardo y preventivas pertinentes. La moción que modifica el Código Penal para tipificar el acoso sexual callejero (boletín N° 9936-07) consta de un artículo único que modifica el Código Penal al agregar un párrafo 11 en el Título VII del Libro Segundo, que trata de los crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual, con el propósito de tipificar el delito de acoso sexual callejero en sus distintas variantes, para lo cual crea, al efecto, los nuevos artículos que van desde el 389 bis al 389 octies. Disposiciones legales que los proyectos modifican Una iniciativa modifica el Código Penal, y la otra crea un nuevo texto jurídico, según se describe en el número anterior. Discusión y votación del proyecto Discusión general. La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por las mociones refundidas y las opiniones, los argumentos y las observaciones vertidos por las señoras y los señores diputados, autoridades del Ejecutivo e invitados, aprobó por unanimidad la idea de legislar, según se detalló en el capítulo de las constancias reglamentarias previas. Discusión particular Se señaló la importancia de precisar el contenido de los proyectos de ley refundidos, sopesando las diversas opiniones esgrimidas al respecto, que generalmente coinciden en rescatar la sanción del acoso sexual callejero con contacto físico, debiendo excluir otras conductas. Se destacó que es importante hablar de “espacio público o de acceso público”, pues de esta forma se amplía el ámbito espacial en que el delito puede verificarse, al incluir tanto lugares públicos como aquellos privados de acceso público. Asimismo, se advierte la posibilidad de que ciertas formas de acoso sexual sin contacto físico se clasifiquen como faltas y no como delitos, en tanto que lo último podría considerarse un exceso en la calificación penal. Luego, para procurar una técnica legislativa eficiente y funcional, se formula una indicación sustitutiva para la totalidad del articulado contenido en ambas mociones refundidas, suscrita por el diputado señor Matías Walker, las diputadas señoras Karol Cariola, Marcela Sabat y Claudia Nogueira, y los diputados señores Guillermo Ceroni, Gonzalo Fuenzalida, Vlado Mirosevic y Arturo Squella. Esta indicación establece un nuevo tipo penal, tomando como modelo de redacción los actualmente vigentes en el Código Penal respecto del abuso sexual en contra de mayores de 14 años, sin exigir las condiciones de relevancia y/o significación sexual consagrados en el artículo 366 ter, llenando el vacío legal que existe en nuestro país. Enseguida, se incorpora como falta el “acoso sexual en lugares públicos o de acceso público”, mediante la creación de un nuevo artículo 494 ter, con distintas multas dependiendo de las circunstancias respectivas y destacando el establecimiento de una multa mayor cuando las imágenes con connotación sexual, una vez captadas por medios audiovisuales, sean exhibidas o divulgadas a través de medios de difusión. Además se amplía el espacio en que se puede perpetrar este nuevo delito, toda vez que se añade el concepto de acceso público, para incluir a recintos privados que admiten el ingreso de personas, como son los establecimientos comerciales, por ejemplo, malls, restaurantes, servicentros, entre otros. Si bien se estimó pertinente que debe legislarse respecto de esta materia en relación con espacios o recintos privados, no es plausible en estos proyectos por no concordar con sus ideas matrices. Finalmente, luego del extenso debate que hubo en el seno de esta comisión, se plantea la indicación que sanciona la conducta como delito como la mejor alternativa para suplir el actual vacío legal, relegando aquellas conductas menos graves a la sanción de falta, que asimismo no implica registro, respondiendo a las diversas observaciones esgrimidas tanto por las señoras y los señores diputados como por los profesores y representantes de las instituciones invitadas a participar de la discusión concerniente a los proyectos de ley refundidos. Se hizo presente, en la discusión de estos proyectos refundidos, el trabajo desarrollado por los asesores parlamentarios, la secretaría de la comisión, la Biblioteca del Congreso Nacional y los diputados patrocinantes, pues ello ha permitido obtener como resultado un relativo consenso en torno a los puntos centrales que se deben considerar al redactar una indicación sustitutiva, corrigiendo los elementos más controversiales, acotando el tipo penal y estableciendo la figura penal en carácter de falta y de delito, según las circunstancias estimadas. Se plantearon dudas sobre la definición que se entrega de acoso sexual, estimando que la actual estaría demasiado restringida al hablar solo de espacios públicos, sin extender la protección a otros ámbitos, como el privado. Lo mismo ocurriría al referirse únicamente a gestos, lo que podría generar complicaciones probatorias en la práctica. Al efecto, según otra opinión, se estimó que la redacción no impide considerar otras posibilidades, como la inclusión del acoso sexual en espacios privados. Sin embargo, el espíritu de estos proyectos de ley refundidos suponía justamente la regulación del acoso sexual callejero o en lugares públicos, de modo que la propuesta de secretaría parece estar plenamente ajustada a ello. La motivación de los proyectos de ley, se dijo, era justamente contemplar los casos de acoso sexual en lugares públicos y, por tanto, también callejeros. Se consultó por el alcance de la expresión “ambiente ofensivo”. Se aclara al efecto que todos los conceptos contenidos en la indicación propuesta deberán ser definidos y sopesados por el juez del caso respectivo. Se cuestionó si los términos señalados en la indicación podrían restringir demasiado el tipo penal. Se argumentó que el artículo 494 ter propuesto emplea el término “o”, de modo que no se trata de requisitos copulativos, sino alternativos, de modo que más bien se amplían los casos en que podría darse el acoso. Se valoró incluir la captación de imágenes por medio de registros audiovisuales y se proponía aumentar la multa si tal registro audiovisual se sube a internet o difunde por otro medio. Al consultar sobre si esta figura propuesta podría chocar con otras ya vigentes, específicamente en lo que se refiere al aumento de la multa si el registro es difundido, se respondió que ello se descarta completamente, pues se estimó que esta nueva alternativa es distinta a todo lo que ya está regulado. Finalmente, se argumentó a favor de esta indicación, señalando que la nueva norma esta- ría regulando la difusión del registro audiovisual con carácter sexual, cuyo objeto sea hostigar, humillar o degradar, entendiendo que ello coincide plenamente con las ideas matrices de los proyectos de ley refundidos. Puesta en votación la citada indicación sustitutiva, fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Claudia Nogueira, Marcela Sabat y Karol Cariola y los diputados señores Guillermo Ceroni, Gonzalo Fuenzalida, Vlado Mirosevic, Arturo Squella y Matías Walker. Finalizo señalando que este proyecto de ley tuvo su origen en una iniciativa popular, patrocinada por parlamentarios que quisieron recogerla a partir de un estudio del Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC Chile). Tuvo una tramitación bastante rápida gracias a la voluntad de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de los parlamentarios que dispusieron la fusión de dos proyectos que iban en la misma dirección. Por lo demás, en el mes en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, la iniciativa nos parece de total relevancia, considerando que son principalmente mujeres las que se ven afectadas por las situaciones que se describen en el proyecto. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada señora Claudia Nogueira. La señora NOGUEIRA (doña Claudia).- Señor Presidente, la iniciativa legal en debate viene a llenar un gran vacío que existe en nuestro ordenamiento jurídico, como es la sanción al acoso sexual callejero, que afecta principalmente a mujeres, por lo que también es un ilícito que forma parte de lo que en el derecho internacional de los Derechos Humanos se denomina violencia de género, sin perjuicio de que el acoso afecta también a hombres, pero claramente en menor medida. Esto es recogido expresamente por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención Belém do Pará, que dispone y categoriza el acoso sexual en lugares públicos como parte integrante de la violencia contra la mujer. Tanto es así que según una encuesta elaborada por el Observatorio Contra el Acoso Callejero, realizada en 2015, tres de cada cuatro personas del total de la muestra han sido víctimas de acoso sexual callejero en el último año, y aproximadamente el 85 por ciento de las mujeres han sido víctimas de acoso sexual callejero en los últimos doce meses. Pero esta realidad no solo está siendo regulada y sancionada en nuestro país, sino que otros países, como Bélgica, Uruguay y Argentina, ya dieron ese gran paso de seguridad y tienen una legislación protectora contra el acoso sexual callejero. Todos los expertos coincidieron en que el propósito de este proyecto de ley asume un problema muy común, fundamentalmente tratándose de tocaciones, por ejemplo, en el metro, en el transporte público o en otros espacios públicos, que es la principal situación sujeta a una laguna de punibilidad en materia de delitos sexuales. Por esa razón la iniciativa es absolutamente relevante. La normativa actual es altamente insuficiente para regular la situación, ya que las disposiciones sobre ofensas al pudor y ultrajes públicos a las buenas costumbres constituyen normas que tienden a desaparecer por estar prácticamente obsoletas, pues toman en consideración cánones morales para establecer la punición de las conductas. Por ello, todo el sistema reformista en materia de criminalidad sexual apunta a proteger un bien jurídico real, que es la integridad sexual, por lo que cualquier proyecto de ley referido a ese tipo de criminalidad debe partir de ese punto de vista. En ese sentido, las conductas que se sancionen deben ser aquellas que efectivamente generen un detrimento en la integridad sexual de la víctima, lo que se produce con las conductas señaladas. Esto no significa de modo alguno que se penalizarán los piropos o algo parecido a ellos. Lo que hace el proyecto es establecer un nuevo tipo penal, a fin de sancionar a toda persona que realizare una acción sexual que implique un contacto corporal contra una persona mayor de 14 años, que provoque en la víctima intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo, con una pena de 61 a 540 días, sin que ello implique abuso sexual propiamente tal. Además, el proyecto incorpora como falta el acoso sexual en lugares públicos o de acceso público, para el cual se establecerán distintas multas cuya graduación dependerá de las circunstancias respectivas. Cabe destacar el establecimiento de una multa mayor cuando imágenes con connotación sexual, una vez captadas por medios audiovisuales, sean exhibidas o divulgadas a través de medios de difusión. El proyecto también amplía el espacio en el que se puede perpetrar el delito, toda vez que añade el concepto de “acceso público” para incluir a recintos privados que admiten el ingreso de personas, como malls, restaurantes, servicentros, entre otros. Con todo, creo que aún quedan aspectos por considerar, ya no desde el punto de vista de la sanción, sino más bien desde el de la prevención, tal como ocurre en Argentina, donde la regulación sobre acoso sexual callejero contempla diversos aspectos preventivos que, en el caso de nuestro país, deberán ser desarrollados por el Consejo Nacional de la Mujer, órgano de aplicación de la ley y encargado del diseño de las políticas públicas tendientes a prevenir el acoso sexual contra las mujeres en espacios públicos. Por lo tanto, si bien la iniciativa constituye un avance considerable e importante, por lo que felicito a sus autoras y autores, no podemos quedarnos solo en la ley. También debemos hacer un llamado al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a que asuma un rol activo en la prevención y combate del acoso sexual callejero mediante campañas de publicidad fuertes que contribuyan a generar cambios culturales que conlleven a un mayor respeto hacia la equidad de género y hacia la mujer, de modo de propiciar una mejor convivencia social. Por las razones expuestas, llamo a las señoras diputadas y a los señores diputados a votar a favor el proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Matías Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, agradezco a la Mesa por haber puesto en Tabla este proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en espacios públicos; también agradezco el completo informe de la diputada Karol Cariola, una de las autoras de una de las iniciativas que se refundieron para dar origen a este proyecto. También soy coautor del proyecto de ley, presentado por el diputado Leopoldo Pérez, que sanciona el acoso sexual en el metro, el cual se refundió con otro proyecto que, como bien dijo la diputada Cariola, fue una iniciativa popular de ley que nació de una inquietud ciudadana canalizada por el Observatorio Contra el Acoso Callejero, cuyas integrantes nos acompañaron en el trámite del proyecto en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Cabe destacar que la comisión priorizó esta iniciativa que dice relación con la dignidad de las mujeres, que, en su mayoría, son las víctimas del acoso sexual en espacios públicos. Como bien señaló la diputada Claudia Nogueira, el proyecto no sanciona los piropos, como alguien dijo a modo de caricatura, probablemente sin leer el informe. Lo que hace la iniciativa, que finalmente subsumió y refundió dos proyectos de ley en un solo artículo y acogió las propuestas que en esta materia nos hicieron representantes del Ministerio Público, de la Brigada de Delitos Sexuales y profesores y profesoras de Derecho Penal que concurrieron a exponer a la comisión, es sancionar como delito una conducta específica, cual es aquella acción sexual que implique un contacto corporal contra una persona mayor de 14 años que provoque en la víctima un resultado concreto, como la intimidación, la hostilidad, la degradación, la humillación o un ambiente ofensivo, con una pena de presidio menor en su grado mínimo. El diputado Pedro Browne me preguntó por qué el proyecto se refiere solo a las personas mayores de 14 años. La respuesta es que el acoso sexual hacia personas menores de 14 años ya está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. De esta forma, el proyecto viene a llenar un vacío legal que fue reconocido por el Ministerio Público y por las profesoras de Derecho Penal que expusieron en la comisión. La iniciativa también dispone que comete acoso sexual el que abusivamente realizare en lugares públicos o de acceso público una acción sexual distinta del acceso carnal, que implique un hostigamiento capaz de provocar en la víctima intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo. Para dicha conducta establece una graduación de sanciones: si los actos de hostigamiento descritos fueren de carácter verbal o se ejecutaren por medio de gestos, se impondrá la pena de multa equivalente a una unidad tributaria mensual, toda vez que estamos hablando de faltas -la sanción fue incorporada en el catálogo de faltas-. Pero cuando dichos actos se refieran a la captación de imágenes, videos o cualquier otro registro audiovisual del cuerpo de otra persona o de alguna parte de él, cuestión que ocurre muchas veces en la locomoción colectiva, se impondrá una pena de multa de entre 5 y 10 unidades tributarias mensuales. Si el registro fuere divulgado por medios de difusión, como Youtube, Facebook u otras redes sociales, produciendo en la víctima una humillación, la multa se ampliará y será de entre 10 y 20 unidades tributarias mensuales. Cuando el hostigamiento fuera realizado a través de conductas físicas concretas, como abordajes o persecuciones intimidantes -los verdaderos acosadores- o bien por medio de actos de exhibicionismo, obscenos o de contenido sexual explícito, se impondrá una pena de multa de entre 10 y 20 unidades tributarias mensuales. En consecuencia, estamos hablando de un proyecto serio, que fue trabajado acuciosamente en la comisión después de escuchar a los expertos -entre ellos a Carabineros de Chile-, que tipifica y sanciona por primera vez en nuestra legislación el delito de acoso sexual en espacios públicos, para lo cual establece un catálogo completo de las conductas que constituyen delitos y faltas en este ámbito. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini. La señorita CICARDINI (doña Daniella).- Señor Presidente, hace algunos años, mientras aún ejercía su cargo como directora ejecutiva de la ONU Mujeres, la Presidenta Michelle Bachelet, en uno de sus mensajes, expresó: “Ya sea que vayan caminando por la calle de una ciudad, viajando en medios de transporte público, yendo a la escuela o vendiendo productos en el mercado, las mujeres y las niñas están sujetas a la amenaza del acoso sexual y a la violencia. Esta realidad de vida cotidiana limita su libertad de recibir educación, de trabajar, de participar en política o, simplemente, de disfrutar de sus propias poblaciones. Pero pese a su prevalencia, la violencia y el acoso contra mujeres y niñas en espacios públicos es un tema ampliamente desatendido, con pocas leyes o políticas que lo aborden.”. Hoy, a través de la discusión en la Sala de este proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos, nos estamos haciendo cargo de ese vacío en nuestro país. Es lamentable que en estos tiempos y a esta altura de nuestra historia todavía tengamos que crear normas y leyes para regular aquello que debiera ser fundamental y básico: el respeto a los derechos del otro simplemente por su condición de ser humano y persona, independientemente de su género. Ojalá ya hubiéramos llegado a un grado de evolución en el que no fuera necesario tener que implementar las llamadas leyes de cuotas de género o la creación de un Ministerio de la Mujer, o, como en este caso, abordar normas que protejan a las personas de este tipo de abusos, como el de acoso sexual en espacios públicos. Lamentablemente, la realidad de los abusos, la discriminación, la violencia de género y los femicidios nos demuestran que estamos bastante lejos de alcanzar esa evolución, al punto de que hoy una mujer todavía no puede caminar por nuestras calles o subirse al metro sin tener la certeza y la tranquilidad de que no será violentada, pasada a llevar o invadida de alguna forma. Por eso, mientras no alcancemos ese mayor grado de desarrollo como sociedad, las medidas propuestas serán indispensables hasta que logremos nivelar la cancha de los derechos entre hombres y mujeres en tantos y distintos ámbitos. En este caso particular, sobre el acoso sexual en espacios públicos, es muy triste tener que pedir mediante una ley algo tan fundamental y básico como el respeto a la dignidad y a los derechos de la mujer -reitero-, a su simple condición de ser humano y persona. Por consiguiente, miro de manera muy positiva esta -así la han llamado algunos colegas- iniciativa popular -se trata de una demanda social, específicamente del Observatorio Contra el Acoso Callejero-, cuya importancia nos motivó a un grupo de parlamentarios a patrocinarla, porque a través de ella finalmente nos estamos haciendo cargo de una realidad que sufren a diario miles de mujeres en Chile. Además, porque si bien este tipo de abusos también pueden afectar a los hombres, las cifras revelan la innegable realidad de que la abrumadora mayoría de las víctimas de tales acciones corresponde a mujeres. Como lo indica el texto del proyecto en debate, esta realidad determina que existe una necesidad urgente de crear y tipificar expresamente el delito de acoso sexual callejero, en lugares de alta concurrencia de público. Para ello, la iniciativa busca establecer una normativa que no solo sancione a los acosadores, sino que además disponga medidas que ayuden a desincentivar tales acciones, como también imponga cargas para operadores de transporte público, organizadores de eventos masivos y otros, a fin de prevenir y educar a la población en estos temas. El objetivo es la creación de un nuevo tipo penal consistente en la tipificación y sanción de las conductas constitutivas de delito de acoso sexual callejero, en lugares públicos o de acceso público, para lo cual se propone modificar el Código Penal, definiendo el acoso sexual como una acción que implique un hostigamiento capaz de provocar en la víctima intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. Para abordar esta problemática se propone la imposición de distintas multas para acciones de carácter verbal o que se ejecuten por medios de gestos; para actos, como la captación de imágenes, videos o cualquier otro registro audiovisual del cuerpo de otra persona o de alguna parte de él, y también para conductas físicas, tales como abordajes o persecuciones intimidantes, o bien, por medio de actos de exhibicionismo, obscenos o de contenido sexual explícito. Además, mediante la creación de un nuevo artículo 494 ter, se incorpora como falta el acoso sexual que se realice en lugares públicos o de acceso público, y se imponen distintas multas, dependiendo de las circunstancias (actos cometidos). En este sentido, destaca el establecimiento de una multa mayor cuando las imágenes con connotación sexual, una vez captadas por medios audiovisuales, sean exhibidas o divulgadas por medios de difusión. Asimismo, se amplía el espacio en que se considera la perpetración de este nuevo delito que se propone, toda vez que se añade el concepto de “acceso público” para incluir a recintos privados que admiten el ingreso de personas, como malls, restaurantes, servicentros. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ha terminado su tiempo, diputada señorita Cicardini. Le pido que concluya su idea. La señorita CICARDINI (doña Daniella).- Sí, señor Presidente. Por último, solo quiero hacer un llamado a la Sala para que aprobemos este proyecto, porque, sin duda, impulsar este tipo de iniciativas cumple un objetivo de fondo, que es simplemente respetar a la mujer en su condición de persona y como verdadero sujeto titular de derecho. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Informo a la Sala que el debate de este proyecto quedará pendiente para una próxima sesión ordinaria, siguiendo estrictamente el orden de los inscritos. Ha concluido el Orden del Día. VII. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN INCLUSIÓN EN CANASTA GES DE BOMBA DE INSULINA CON MONITOREO CONTINUO DE NIVELES DE AZÚCAR EN LA SANGRE El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo de Proyectos de Acuerdo y de Resolución, el señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución Nº 492. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N° 492, suscrito por los diputados señores Luis Rocafull, Roberto Poblete; señoras Maya Fernández, Daniella Cicardini, Karol Cariola; señores Miguel Ángel Alvarado, Juan Luis Castro, Christian Urízar, Víctor Torres y señora Karla Rubilar, que en su parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados resuelve: La Cámara de Diputados, en uso de las facultades contenidas en el artículo 52, numeral 1), letra a) de nuestra Constitución Política de la República, acuerda oficiar y solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que incluya dentro de la canasta GES, a través de la incorporación al tratamiento de la diabetes prevista en el decreto supremo N° 44, de 2007, del Ministerio de Salud, el reparto de bombas de insulina con monitoreo continuo de niveles de azúcar en la sangre para todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, y que instruya al Ministerio de Hacienda para que analice y adopte todas las medidas necesarias para, en el más breve plazo, determinar los costos de esta medida y su forma de financiamiento. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto resolución, tiene la palabra la diputada señorita Karol Cariola. La señorita CARIOLA (doña Karol).- Señor Presidente, este es el segundo proyecto de resolución vinculado con la materia en comento. La Cámara de Diputados aprobó un primer proyecto, mediante el cual hizo un llamado al gobierno a que definitivamente tome medidas urgentes frente a esta situación. Chile tiene una alta prevalencia de diabetes mellitus tipo 1, pero, lamentablemente, no la estamos tratando con todas las herramientas necesarias. Más de un millón de personas, esto es, aproximadamente 9,4 por ciento de nuestra población mayor de 15 años, padece la enfermedad. Se trata de una situación compleja y grave. No solo la sufren adultos y personas mayores, sino también nuestros niños: por desgracia, deben vivir controlando permanentemente su glicemia, con pinchazos en los dedos, e inyectándose insulina de manera particular. Por su parte -lo señalamos la vez anterior-, los colegios no están preparados para recibir a alumnos que padecen esta patología, porque tampoco los profesores se encuentran capacitados para ello. Por lo tanto, son muchos los riesgos que corren esos niños y las demás personas que viven cotidianamente con esta enfermedad crónica, que es muy demandante y que los vuelve tremendamente dependientes de su medicamento. Por eso, si bien la señalada bomba de insulina no resuelve definitivamente la diabetes mellitus tipo 1, porque esta enfermedad no tiene cura, sí constituye una forma de entregar una mejor calidad de vida a quienes la padecen. Por eso, insistimos a la Presidenta de la República y a la ministra de Salud en que esta sea una medida para mejorar en el corto plazo la calidad de vida de más de un millón de personas que padecen esa enfermedad en nuestro país, porque les permitirá tener acceso a una bomba de insulina por la que hoy deben pagar a lo menos cinco millones de pesos, si la adquieren en forma particular, sin contar los insumos que se requieren, cuestión que resulta imposible para una familia chilena que tenga un ingreso promedio, razón por la cual debe acudir a la ayuda solidaria de los vecinos, a través de bingos y de otras iniciativas similares. Por lo demás, estamos convencidos de que no se puede permitir que la salud y la calidad de vida queden sujetas a ese tipo de posibilidades. En consecuencia, señor Presidente, llamo a aprobar este proyecto de resolución, a fin de dar paso, de una vez por todas, a una medida como esta. Es el segundo proyecto que presentamos en menos de un año, por lo que espero que haga conciencia en el gobierno y rápidamente se tomen medidas al respecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado Víctor Torres. El señor TORRES.- Señor Presidente, intervengo para apoyar la petición contenida en este proyecto de resolución, con la que me encuentro comprometido desde que varios parlamentarios presentes nos reunimos a conversar con pacientes que se han ido organizando en torno a este requerimiento. Ya lo habíamos planteado y debatido con ocasión de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, en noviembre del año pasado, ocasión en la que se adquirió un compromiso en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que luego fue ratificado en la Sala de ambas cámaras, en orden a avanzar en torno a conseguir recursos que permitan financiar la adquisición de bombas de infusión continua para pacientes con diabetes tipo 1, diabetes juvenil. Como bien explicó la diputada Cariola y señala expresamente el proyecto de resolución, la calidad de vida de los pacientes que padecen esta enfermedad, muchos de ellos diagnosticados durante su juventud, cambia si, en lugar del tratamiento que se realiza a través de inyecciones en distintos horarios del día, se les proporciona uno basado en una bomba de infusión continua, dada la comodidad que supone un tratamiento de esta naturaleza, pero también gracias a los beneficios en cuanto al control de insulina durante las 24 horas del día. Una de las mayores dificultades que tienen estos pacientes son las oscilaciones del nivel de glicemia y del de insulina que se va dando de acuerdo con el tratamiento que les prescriben. Eso mejora sustantivamente con el apoyo de la bomba de infusión continua, por lo que es fundamental contar con el financiamiento del Estado para quienes no puedan pagársela por sí mismos. Dada la gran cantidad de pacientes insulinorrequirentes, ese apoyo supondría un gasto importante para el Estado. Sin embargo -insisto-, la relación costo/beneficio es favorable. En virtud de lo que muchos parlamentarios hicimos durante el debate de la Ley de Presupuestos, y hemos seguido realizando después, incluido el autor principal de esta iniciativa, el diputado Luis Rocafull, a quien también debo expresar mi reconocimiento, solicito a la Sala que preste su aprobación al proyecto de resolución en debate, mediante el cual pedimos a la Presidenta de la República incluir esta ayuda en el presupuesto de la nación. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de resolución, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 492. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Boric Font, Gabriel; Browne Urrejola, Pedro; Cariola Oliva, Karol; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Girardi Lavín, Cristina; Godoy Ibáñez, Joaquín; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Morano Cornejo, Juan Enrique; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe. ESTABLECIMIENTO DE NOTARÍA EN COMUNA DE QUILLÓN El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde tratar el siguiente proyecto de resolución, a cuya parte dispositiva va a dar lectura el señor Prosecretario. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N° 493, de las diputadas señoras Yasna Provoste y Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Jorge Sabag, José Miguel Ortiz, Roberto Poblete, Marcelo Chávez, David Sandoval, Iván Norambuena, Leopoldo Pérez y Claudio Arriagada, en cuya parte dispositiva expresa: La Cámara de Diputados resuelve: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República la creación de una notaría en la comuna de Quillón. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, junto con varios parlamentarios presentamos este proyecto de resolución mediante el cual solicitamos el establecimiento de una notaría en Quillón, provincia de Ñuble, Región del Biobío. Lo cierto es que se trata de una comuna muy pujante, de casi 20.000 habitantes, que se ha transformado en el segundo destino turístico de la región, dado que, según las últimas estadísticas, más de 200.000 personas la visitaron durante 2015. La comuna de Quillón tiene innegables atractivos turísticos, como la laguna Avendaño y el río Itata, que han sido foco de atención para la realización de grandes festivales y motivan la visita de turistas durante todo el año. También es una comuna agrícola, gran productora de vinos, que se ha distinguido a nivel nacional por la elaboración del vino pipeño. Ello motivó la creación de una ruta turística del vino, todo lo cual hace que miles de personas acudan, sobre todo en la temporada estival, a esa linda comuna, donde también algunos parlamentarios tienen su vivienda de veraneo. Como expresé, el objetivo de esta iniciativa es solicitar a la Presidenta de la República que tenga a bien crear una notaría en Quillón, ya que resulta insostenible que las personas deban viajar a otras localidades para celebrar contratos y realizar otros trámites notariales, en circunstancias de que el volumen de la actividad económica de la comuna amerita desde hace rato la instalación de una notaría en ella. Sin duda, la aceptación de esta petición favorecerá el mayor desarrollo económico de la zona. Me parece oportuno recordar a la Sala que a pocos kilómetros de la ciudad hay una planta en la que trabajan más de 10.000 personas, quienes requieren realizar sus trámites con mayor agilidad y celeridad, como una forma de mejorar sus condiciones de vida. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, felicito a los autores de este proyecto de resolución mediante el cual se solicita a su excelencia la Presidenta de la República la creación de una notaría en la comuna de Quillón. En mi condición de exgobernador de la provincia de Ñuble y por estar ligado familiarmente a esa comuna, he visto el crecimiento demográfico y productivo de la zona, a lo que ya se refirió el diputado Jorge Sabag. La comuna ya se acerca a los 20.000 habitantes y, lo más importante, su población flotante llega a 225.000 habitantes durante el año, lo que constituye uno de los fundamentos que me impulsó a solicitar mediante oficio la apertura de una sucursal del Banco del Estado en Quillón. No obstante las dificultades que han tenido las cosechas de uvas y de cerezas por ser un sector del secano costero, ello no ha sido inconveniente para que siga creciendo su producción, lo que me parece fundamental. Por último, cabe hacer presente que la Corte de Apelaciones de Chillán ha dado su beneplácito para la creación de la nueva notaría, la que sería muy importante para el sector productivo y para todos los habitantes de la comuna de Quillón, que forma parte de la futura región de Ñuble. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 493. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Boric Font, Gabriel; Cariola Oliva, Karol; Carvajal Ambiado, Loreto; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, José Manuel; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Girardi Lavín, Cristina; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Letelier Norambuena, Felipe; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Venegas Cárdenas, Mario; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Morano Cornejo, Juan Enrique. MEDIDAS PRODISMINUCIÓN DE BRECHA ENTRE INGRESOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES PARTICULARES El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N° 494, de los diputados señores Lautaro Carmona y Guillermo Teillier; de las diputadas señoritas Camila Vallejo y Karol Cariola y señora Alejandra Sepúlveda, y de los diputados señores Giorgio Jackson, Sergio Aguiló, Daniel Núñez, Vlado Mirosevic y Daniel Melo, en cuya parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados resuelve: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que adopte las medidas antes enunciadas de la siguiente manera: poner urgencia a las mociones boletines 9304-07 y 9502-16; que ingrese un proyecto de ley para reducir la remuneración de los escalafones A, B y C del sector público en 50 por ciento; que se modifique la reglamentación correspondiente, terminando con el uso de pasajes de avión en clases superiores y beneficios comerciales individuales para los funcionarios, siempre que viajen con dineros públicos; que se elimine, mediante la modificación del decreto N° 1 del Ministerio de Hacienda, de 1991, el concepto de viático como se conoce hoy para el sector público, que se establezca la obligación de transparencia y rendición de gastos, y que se propicie la modificación correspondiente para el Congreso Nacional; que se reitere la solicitud para que se modifique la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios en orden a establecer la preferencia de uso de software libre en las reparticiones estatales; que se modifique la Ley Reservada del Cobre, N° 13.196, destinándose un tercio del presupuesto ahí indicado a educación y otro tercio a salud, manteniendo el tercio restante para las Fuerzas Armadas, y que se modifique la reglamentación relativa a los aranceles de los ministros de fe antes enunciados. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson. El señor JACKSON.- Señor Presidente, el ministro Rodrigo Valdés anunció hace pocos días un ajuste en el gasto fiscal cercano a 540 millones de dólares para este año, medida que se justifica debido al precio del cobre y a la contracción de la economía de China, entre otros argumentos. El antecedente que dio origen a la presentación del proyecto de resolución en estudio es la considerable desconfianza ciudadana que existe respecto de la política, desprestigio que ha sido expresado de manera muy consistente a través de algunas rutinas de humor en los últimos días. Existe la duda fundamentada de que los políticos ya no están al servicio de la gente, sino de sí mismos. En verdad, por más que la generalización sea incorrecta, es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Independiente de que muchos no seamos culpables de eso, sí nos podemos hacer responsables para proponer una posible solución. Según antecedentes de la Fundación SOL, el 70 por ciento de los chilenos gana menos de 426.000 pesos líquidos al mes y solo el 10 por ciento supera los 826.000 pesos líquidos. No creo que alguien en Chile crea que todos los sueldos deben ser exactamente iguales, pero lamentablemente es la caricatura que se hace respecto de quienes defendemos la igualdad. Las desigualdades que se producen en Chile indignan a la gran mayoría, más aún cuando se trata de privilegios injustificados. Por eso, un grupo de parlamentarios del Comité Independiente y de la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana proponemos una mezcla de medidas de austeridad y de término de determinados privilegios, a la que hemos llamado realismo sin privilegios. Queremos que se discuta sobre la disminución de la dieta parlamentaria, que se revisen las remuneraciones de los escalafones más altos del sector público, las que en muchos casos llegan a ser injustificables; que se termine con el uso de pasajes de avión en clases superiores y que se ponga fin a los beneficios comerciales que se otorgan a las autoridades al momento de comprarlos, como la acumulación de puntos para uso privado de los parlamentarios; que se elimine el concepto “viático”, el cual muchos creemos que no se justifica, y que se utilice el sistema de rendición total de gastos; proponemos el uso del software libre en el sector público y la contratación de software privativo solo en los casos justificados. Además, solicitamos la modificación de la Ley Reservada del Cobre y la reevaluación de aranceles y remuneraciones para ministros de fe en el Código Orgánico de Tribunales, que también son funcionarios públicos. En fin, planteamos una serie de medidas, las cuales, diferencias más, diferencias menos, creemos pueden constituir una señal pública importante. Si bien todos sabemos que el proyecto de resolución no es vinculante, reitero que puede ser una señal importante para abrir una oportunidad para reconocer con humildad que tenemos privilegios que a las personas a las cuales representamos no les hacen sentido. Quizás no es muy ambicioso pensar que el proyecto de resolución puede servir como un puntapié inicial para realizar un debate sobre el rol del servicio público y el significado de los cargos de representación popular. Solicito a los parlamentarios que no justifiquen su voto en contra del proyecto de resolución por detalles menores respecto de lo que propone, ya que son muy discutibles y estamos muy abiertos a que se debatan en detalle, ni menos que lo hagan sobre la base de las diferencias personales que pudieran tener con quienes lo firmamos. Les pido que enviemos una buena noticia para las chilenas y los chilenos, quienes hoy, lamentablemente, se enteran de la política a partir del chiste y del desprecio, en circunstancias de que me gustaría que fuese desde la admiración por la actividad política. En consecuencia, creo humildemente que con la aprobación del proyecto de resolución podremos comenzar un lento trabajo de reconstrucción de la confianza, la que es sumamente necesaria para una democracia sana. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo. La señorita VALLEJO (doña Camila).- Señor Presidente, me sumo a lo expresado por el diputado Giorgio Jackson e insisto en que este es un proyecto de resolución de carácter transversal, cuyo objetivo no es efectuar una crítica a la labor política, sino todo lo contrario. Últimamente, muchos hemos visto y escuchado en la prensa algo que en verdad no es nada nuevo, cual es que los gobiernos de Chile han demostrado una gran responsabilidad fiscal. De hecho, se ha saludado la labor de distintos ministros de Hacienda a través de la historia, tal como hoy también se ha hecho aquí con el trabajo del actual ministro de Hacienda, debido a que ha enfrentado el decrecimiento económico del país con una agenda corta de ajuste, a través de la cual se ha llamado a los ministerios a reducir gastos. Mediante el proyecto de resolución solicitamos la adopción de medidas para reducir las dietas parlamentarias y los sueldos que reciben quienes ocupan los altos cargos del sector público, con lo que no pretendemos agudizar la crítica a las instituciones y a la labor política, sino señalar que si con la agenda de ajuste fiscal se pide reducción de honorarios, no pueden existir cargos con dietas o viáticos que excedan los 6 millones de pesos, contradicción que la ciudadanía ve con claridad y reprocha. Por último, tal como señaló el diputado Giorgio Jackson, llamo a que no se justifique el rechazo al proyecto de resolución con argumentos que planteen que se trata de una propuesta populista, porque si hablamos de populismo o de la realización de promesas que no se cumplen, podríamos tratar de populistas a muchos gobiernos a lo largo de nuestra historia. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señor Presidente, el proyecto de resolución tiene una finalidad muy loable, que es disminuir los gastos de la Cámara de Diputados. Por eso, si bien estoy haciendo uso de la palabra en el tiempo destinado a impugnarlo, lo votaré a favor. No obstante, hago un llamado a sus autores para que devuelvan la parte de sus remuneraciones que consideran que están recibiendo de más, con lo que se acaba el problema, pero no obliguen a los demás a hacer algo que ni ellos practican. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Morano. El señor MORANO.- Señor Presidente, como estuve ausente durante diciembre y enero, pensé que el proyecto de resolución era nuevo, pero me he dado cuenta de que no lo es, ya que está fechado el 15 de octubre de 2015, lo que, tal vez, explica su contenido, ya que desconoce que la Cámara de Diputados aprobó el año pasado una disposición para no reajustarnos la dieta parlamentaria, la que tuvo una pérdida del poder adquisitivo de 6 por ciento, y que los viáticos de la Cámara también se rebajaron, razón por la que me parece extemporáneo votar el proyecto de resolución. Además, plantea la disminución de las remuneraciones de los cargos más altos del sector público, los que tampoco fueron objeto de reajuste el año pasado. En consecuencia, tal como señaló el colega que me antecedió en el uso de la palabra, si bien comparto el fondo de la materia que aborda el proyecto de resolución, no estoy de acuerdo con su contenido, razón por la cual sus autores debieran reformularlo. Además, si quieren que sea aprobado, requiere ser discutido por los Comités Parlamentarios. Por lo tanto, lo votaré en contra. He dicho. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 494. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 16 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Boric Font, Gabriel; Browne Urrejola, Pedro; Cariola Oliva, Karol; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; García García, René Manuel; Girardi Lavín, Cristina; Godoy Ibáñez, Joaquín; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hernando Pérez, Marcela; Jackson Drago, Giorgio; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Monckeberg Díaz, Nicolás; Monsalve Benavides, Manuel; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Pacheco Rivas, Clemira; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Urízar Muñoz, Christian; Vallejo Dowling, Camila. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: León Ramírez, Roberto; Lorenzini Basso, Pablo; Morano Cornejo, Juan Enrique; Ortiz Novoa, José Miguel; Tuma Zedan, Joaquín; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Venegas Cárdenas, Mario; Walker Prieto, Matías. -Se abstuvieron los diputados señores: Coloma Alamos, Juan Antonio; Gahona Salazar, Sergio; Hasbún Selume, Gustavo; Hoffmann Opazo, María José; Kast Rist, José Antonio; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Molina Oliva, Andrea; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Pérez Lahsen, Leopoldo; Sandoval Plaza, David; Silva Méndez, Ernesto; Squella Ovalle, Arturo; Turres Figueroa, Marisol; Ward Edwards, Felipe. ELABORACIÓN DE NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N° 495, de los diputados señores Rodrigo González y Claudio Arriagada, señora Cristina Girardi, señores Juan Morano, Jorge Sabag y Gabriel Boric, señora Yasna Provoste, señor Luis Rocafull y señora Marcela Hernando, en cuya parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados resuelve: Oficiar a su excelencia la Presidenta de la República y a la ministra de Educación para que en el proceso de elaboración de un nuevo régimen jurídico para los asistentes de la educación, el Ejecutivo presente una propuesta de estatuto normativo elaborado por el Consejo Nacional de los Asistentes de la Educación. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, a pesar de que no firmé este proyecto de resolución, simplemente porque no me invitaron a hacerlo -de haberlo hecho, lo habría firmado-, quiero expresar mi apoyo, pues nuestra preocupación por los asistentes de la educación ha sido permanente -como le consta a todos los miembros de la Comisión de Educación- en la discusión de los proyectos relacionados con la reforma educacional. Quienes conocemos las discusiones que ha habido en la comisión hemos planteado reiteradamente a las autoridades -no solo a la actual ministra de Educación, sino también al anterior, Nicolás Eyzaguirre- la necesidad de trabajar paralelamente en este nuevo régimen jurídico. Es más, para quienes no conocen la información entregada por las autoridades del Ministerio de Educación, expongo que existe una mesa de trabajo que incluye a la citada cartera, concretamente a la Subsecretaría de Educación, y a los dirigentes de los asistentes de la educación, que trabaja en el desarrollo de las ideas matrices del nuevo cuerpo jurídico que regulará la actividad. Confiamos en que la aprobación de este proyecto de resolución fortalecerá la decisión del Ejecutivo, la que ha sido objeto permanente de interés y de preocupación durante la discusión de los distintos proyectos. Es necesario hacerse cargo de esta realidad, más aún cuando estamos discutiendo el proyecto de nueva institucionalidad para la educación pública. Invito a aprobar el proyecto, porque va en la misma línea de lo que se ha realizado en la Comisión de Educación de la Cámara desde hace bastante tiempo. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi. La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, aunque sé que debo referirme al proyecto en discusión, quiero aprovechar de expresar mi apoyo al anterior proyecto de resolución, que presentamos con el diputado señor Giorgio Jackson. El proyecto que estamos discutiendo ahora, que presentamos con Rodrigo González, Yasna Provoste y otros diputados, y que cuenta con el apoyo de muchos otros parlamentarios, tiene por objeto concretar un compromiso asumido por nuestro gobierno con los asistentes de la educación, porque ellos no son entes externos al proceso educativo. Sabemos que los profesores son una parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y que son determinantes en el mejoramiento de la calidad de la educación; pero los asistentes de la educación, como seres humanos que participan de los procesos educativos, también son fundamentales en la calidad de la educación. Por lo tanto, no se les puede dejar fuera, ni tampoco se puede ignorar la necesidad de regular la forma en que ellos van a aportar a mejorar la calidad de la educación. Así como son fundamentales los profesores, también lo son todos aquellos que participan en el proceso educativo. Por eso, hago un llamado a los diputados a apoyar su incorporación definitiva, no como personas externas o prescindibles, sino como parte real de los procesos educativos. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 495. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Boric Font, Gabriel; Cariola Oliva, Karol; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Girardi Lavín, Cristina; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jackson Drago, Giorgio; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Morano Cornejo, Juan Enrique; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Turres Figueroa, Marisol; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VIII. INCIDENTES INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE MALNUTRICIÓN, SOBREPESO Y DIABETES EN CHILE, Y PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD EN RELACIÓN CON INFORME DE LA ONU SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (OFICIO) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi. La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, me alegra que hace poco hayamos aprobado un proyecto de resolución relacionado con la diabetes y la bomba de insulina, porque la diabetes corresponde a un tipo de enfermedad no transmisible que es absolutamente evitable, que afecta gravemente la vida de las personas y que, según los registros internacionales, aqueja cada vez a más niños y jóvenes. Todos los tipos de diabetes requieren un gran apoyo de los servicios de salud a fin de evitar costosas complicaciones que provoquen daños tanto a la visión como problemas de amputación en los pies, que podrían llegar a la insuficiencia renal, lo que obligaría a que esas personas tengan que dializarse durante el resto de su vida. Sin tratamiento, estas patologías dan lugar a muertes prematuras que, según el atlas mundial de la diabetes, aumentan día tras día. Desde que en 2013, luego de su 66ª Asamblea Mundial de la Salud, la ONU aprobara un plan de acción global para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, la diabetes se hizo prioritaria en la agenda de salud mundial. En Chile, según los registros del Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud, en 2012 los niños y niñas que presentaron malnutrición por déficit sumaron un total de 27.878, lo que equivale solo al 2,8 por ciento de la población. Sin embargo, los niños y niñas que presentaron malnutrición por exceso, obesidad o sobrepeso sumaron un total de 335.387, lo que equivale al 34 por ciento del total solo en menores de seis años. Cabe considerar que la malnutrición es la antesala para enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que generan una gran pérdida en la capacidad funcional y laboral a largo plazo, por lo que se está afectando gravemente el capital humano del país. Por otro lado, el sobrepeso en adultos mayores alcanza un total de 405.759 personas, lo que corresponde al 52 por ciento. En este segmento los daños graves aparecen asociados a amputaciones y discapacidad. La prevalencia por causa de mortalidad de la diabetes llegó al 19,86 por ciento de la tasa anual en 2011. Finalmente, las estimaciones internacionales respecto a Chile, conforme al atlas mundial de la diabetes, señalan que estaríamos bordeando 1,3 millones de personas con esa patología, ya que se incluyen estimativamente los no diagnosticados. Por lo tanto, creemos que nuestro país enfrenta una crisis real en materia de salud y existe irresponsabilidad de parte de nuestras autoridades, que no han asumido el problema en propiedad. Por eso, es urgente generar una campaña nacional para prevenir tanto la obesidad como la diabetes en la población. Por todo lo anterior y en atención al aumento sostenido y alarmante de la obesidad y la diabetes, solicito que se oficie a la ministra de Salud, a fin de que me informe sobre las cifras actuales en relación con el sobrepeso, malnutrición y diabetes, como también sobre el plan de acción que ha adoptado en consideración al pronunciamiento de la ONU mencionado anteriormente. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas y diputados que están levantando su mano. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESPECTO DE ESPACIOS RADIALES CONTRATADOS POR MUNICIPIO DE PARRAL (OFICIO) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra, hasta por dos minutos y cuarenta y cinco segundos, el diputado señor Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, en esta oportunidad quiero denunciar que la alcaldesa de Parral, señora Paula Retamal, ha contratado programas radiales informativos en los cuales ocupa todo el espacio. Bajo el pretexto de informar sobre las gestiones en favor de la comuna, ha transformado ese programa en verdadera propaganda electoral en su propio beneficio. Por lo tanto, solicito que se oficie al contralor general, a fin de que se pronuncie sobre esta situación, que considero improcedente. Ahora, si se estima que se pueden contratar estos espacios, se debería dar cabida a todos los concejales, de modo que puedan emitir su opinión, al igual que a todos los representantes gremiales y vecinales, así como a cualquier ciudadano de la comuna. Esto se está transformando en verdadera propaganda electoral, práctica que están desarrollando muchos alcaldes en distintas comunas. Esos recursos municipales no pueden utilizarse para campañas electorales bajo el pretexto de que se está informando acerca de las obras en beneficio de la comuna. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas y los diputados que así lo indican. INFORMACIÓN SOBRE HABILITACIÓN PLENA DE FIBROBRONCOSCOPIO EN HOSPITAL SAN PABLO, DE COQUIMBO (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Por el tiempo que resta al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, como es sabido en el ámbito médico, la primera causa de muerte en el mundo es el cáncer pulmonar. Las patologías pulmonares son muy frecuentes. En la Región de Coquimbo, el único centro de derivación para este tipo de casos es el hospital San Pablo, de Coquimbo, pero es fundamental que los exámenes se realicen mediante un fibrobroncoscopio. Sin embargo, desde el año pasado, a raíz del terremoto y posterior tsunami que afectó a nuestra zona, el equipo no está funcionando en buenas condiciones; se necesita una torre. Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Salud, al director del Servicio de Salud de Coquimbo, señor Ernesto Jorquera, y a la directora del hospital de Coquimbo, doctora Eugenia Ortiz, a fin de que me envíen los antecedentes del caso y para solicitarles que faciliten la instalación e implementación de este instrumental, que es fundamental, pues no solo sirve a los habitantes de su región sino también a pacientes de la Región de Atacama. Para el manejo de este instrumental se necesita personal de alta capacitación y solo los médicos del hospital de Coquimbo tienen esa preparación. Los pacientes de la Región de Coquimbo, desde Los Vilos, Salamanca, Illapel, Combarbalá, Ovalle, La Serena, Coquimbo, etcétera, hasta los de la Región de Atacama que padecen patologías pulmonares no pueden seguir esperando y retardando sus tratamientos. Todos sabemos que el tiempo es crítico cuando se trata de biopsias y diagnósticos de ese tipo de pacientes. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas y los diputados que así lo indican. TOMA DE MUESTRA DE RESIDUOS CONTAMINANTES EN PLAYA LA HERRADURA, DE COQUIMBO, Y FISCALIZACIÓN A EMPRESA AGUAS DEL VALLE (OFICIOS) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo del Comité del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, tiene la palabra el diputado señor Daniel Núñez. El señor NÚÑEZ (don Daniel).- Señor Presidente, la semana pasada recibí varias denuncias de parte de la junta de vecinos de La Herradura y de diversas organizaciones ambientales de Coquimbo, que también fueron efectuadas en la prensa. Lamentablemente, en la playa La Herradura, en momentos en que muchos turistas se encontraban bañándose, aparecieron una serie de excrementos y aguas servidas que contaminaron el lugar. Los desechos llegaron incluso a la orilla de la playa, provocando mucho temor y angustia entre la gente, pues se produjo en una playa que, dadas sus características y por ser día domingo, se encontraba repleta de bañistas. Lamentablemente, no es primera vez que ocurre esto, pues hemos tenido situaciones de contaminación muy serias en la bahía de Coquimbo. Por ejemplo, la playa Changa se contaminó a consecuencia de las aguas servidas provenientes del humedal El Culebrón. Desgraciadamente, no quedó claramente establecido el origen de esa contaminación. Por otra parte, desde hace varios meses el barco Don Humberto, varado en la bahía de Coquimbo, se encuentra expulsando restos de petróleo, lo que evidentemente genera preocupación ciudadana. Consideramos muy grave este nuevo foco de contaminación surgido en la playa La Herradura, por lo cual pido que se oficie al seremi de Salud de la Región de Coquimbo, para que ordene una toma de muestras en la playa La Herradura y determine si se mantiene la contaminación por aguas servidas y excrementos y cuáles son sus características. En segundo lugar, pido que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios, para que adopte todas las medidas de fiscalización pertinentes en relación con la empresa Aguas del Valle, pues, al parecer, la contaminación descrita se debe justamente al desagüe de aguas servidas cuya administración es responsabilidad de esa empresa. Asimismo, que se determine si existe algún incidente que explique esa contaminación y que se apliquen las multas respectivas, ya que no puede suceder que permanentemente tengamos contaminación en Coquimbo y que ningún actor público sea capaz de dar una explicación. Más encima, la empresa que aparece involucrada, que al parecer sería Aguas del Valle, tampoco da la cara y una explicación satisfactoria a la ciudadanía sobre los hechos descritos. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Arriagada, Farías, Gutiérrez, don Hugo; Chávez, Sabag, Alvarado y Soto. ACLARACIÓN SOBRE FORMA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD EN ALZA DE TARIFAS DE VISAS PARA CIUDADANOS LATINOAMERICANOS (OFICIO) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada. El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, el pasado 30 de diciembre la Cancillería procedió a reajustar el costo de las visas. En algunos casos, como ocurrió con Bolivia, la visa se incrementó de 215 dólares a 285 dólares; en otros se duplicó o triplicó. El reajuste se efectuó atendiendo al principio de reciprocidad. Sin embargo, no se entiende que, simultáneamente, se haya rebajado la visa en relación con otros países. Por ejemplo, a los ciudadanos alemanes se les rebajó la visa de 75 dólares a 65 dólares; a los japoneses, de 55 dólares a 50 dólares, y a los australianos -es sorprendente-, de 325 dólares a 81 dólares. Los ciudadanos bolivianos y peruanos, a quienes se les ha triplicado el valor de la visa, se ven enfrentados, además, a la dolorosa situación de que aún no ingresa el proyecto de ley, con indicación sustitutiva, sobre nueva política migratoria. Muchos de los inmigrantes que provienen de Colombia, Venezuela, República Dominicana y Perú hacen un aporte al país. Algunos de ellos son profesionales, pero la inmensa mayoría son personas pobres que vienen a buscar, en un mundo muy convulsionado, la posibilidad de una vida mejor. Por lo tanto, pido oficiar al canciller para que nos aclare cómo se aplica el principio de reciprocidad en la tarificación de visas correspondientes a países latinoamericanos, por qué se ha incrementado tan gravemente el costo de estas y cuál es la razón de que otras hayan reducido su valor, como ocurre con la de Canadá, la de países europeos, como España y Alemania, y la de algunos países asiáticos. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Gutiérrez, don Hugo; Chávez y de quien preside. NÚMERO DE PREDIOS ACOGIDOS A REBAJA DE CONTRIBUCIONES DE BIENES RAÍCES DURANTE PERÍODO 2014-2015 (OFICIO) El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, por último, solicito oficiar al director del Servicio de Impuestos Internos para que nos envíe la información sobre el número de predios acogidos a rebaja de contribuciones de bienes raíces durante los años 2014-2015. Digo esto especialmente preocupado, porque esta medida administrativa facultativa y discrecional del director del Servicio de Impuestos Internos impacta en el Fondo Común Municipal y genera menores ingresos para los municipios. Todos vemos que a los municipios les aumentan los gastos con distintas medidas. Esta tiene un efecto negativo directo en la economía municipal. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Gutiérrez, don Hugo; Chávez y de quien preside. ACELERACIÓN DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS EN SECTORES SANTA TERESA Y BULI, COMUNA DE SAN CARLOS (OFICIO) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, pido oficiar al ministro de Obras Públicas, a fin de que encuentre una solución al problema de las pasarelas de los sectores Santa Teresa y Buli, en la comuna de San Carlos. Se ha solicitado reiteradamente su instalación debido a las muertes ocurridas en el sector, pero como aún no han concluido las conversaciones con la concesionaria, solicito que el ministro de Obras Públicas acelere la solución a este problema. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Chávez, Ortiz, Berger, Rathgeb, Sandoval, Gutiérrez, don Hugo, y Farías. AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL A ESTUDIANTES DE COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS DE SECTORES RURALES (OFICIOS) El señor SABAG.- En segundo lugar, pido oficiar a la ministra de Educación y al ministro de Transportes y Telecomunicaciones en relación con la situación que viven miles de niños de sectores rurales que estudian en colegios particulares subvencionados, que no son transportados por los vehículos municipales debido a que la subvención solo autoriza trasladar a niños que estudian en colegios municipalizados. Creemos que después de la aprobación de la ley que elimina el copago en los colegios no existe razón para discriminar a estos niños, que también son de escasos recursos y cuyos padres libremente han optado por una educación subvencionada. La idea -repito- es que esos estudiantes tengan acceso a los medios de transporte que prestan los municipios, ya que -insisto- no debiera existir ningún tipo de discriminación. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Chávez, Ortiz, Berger, Rathgeb, Sandoval, Gutiérrez, don Hugo, y Farías. IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO DE APOYO A AHORRANTES QUE POSTULAN A SUBSIDIO HABITACIONAL (OFICIO) El señor SABAG.- Por último, pido oficiar al director de BancoEstado, para que estudie implementar algún mecanismo de apoyo a los ahorrantes que postulan al subsidio habitacional. Como sabemos, hoy deben abrir una libreta de ahorro en el banco para postular a dicho subsidio, lo que se ha constituido en el principal escollo para las familias de escasos recursos al momento de postular a una vivienda. Creo que aquí debiera estudiarse un sistema en que el propio BancoEstado aporte los recursos y que, posteriormente, las familias sirvan esa deuda en cuotas. Recordemos que desde que se exigen las diez unidades de fomento, o ahorro previo, hasta que se entregan las llaves de la casa pasan aproximadamente dos años. Por lo tanto, el banco puede entregar los recursos y recuperarlos en dos años, lo que constituiría una gran facilidad para los miles de familias que sueñan con su casa propia. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Chávez, Ortiz, Berger, Rathgeb, Sandoval, Gutiérrez, don Hugo, y Farías. INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL EJECUCIÓN DE PROYECTO DE EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN COMUNA DE HUALQUI (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Chávez. El señor CHÁVEZ.- Señor Presidente, en las últimas semanas, en la comuna de Hualqui, específicamente en el sector República de Hualqui, diversos vigilantes, contratistas, administrativos y vecinos trabajadores del sector han estado advirtiendo sobre la próxima ejecución de un proyecto inmobiliario de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. Las obras, que se iniciarían en octubre del presente año, contemplarían la demolición del bodegón de Ferrocarriles y de la sede social de la junta de vecinos de República de Hualqui, y la construcción de dos líneas férreas aledañas al lugar, con el objeto de instalar un taller de reparaciones de los trenes de pasajeros que circulan hacia la comuna de Hualqui, el cual sustituiría al actual, ubicado a tres kilómetros del sector. Esta noticia ha generado gran alarma en la comunidad de República de Hualqui, pues, de ser efectiva, el proyecto provocaría una alteración en la calidad de vida de quienes allí habitan. En efecto, la comunidad ya ha visto postergada una serie de reparaciones en el sector y en sus viviendas, debido a los daños producidos por las crecidas de los ríos. Por lo tanto, solicito que se oficie al presidente del directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, a fin de que nos informe acerca de la veracidad de la referida información que me han entregado los vecinos del sector República de Hualqui. De ser cierta, pido que nos indique cuáles son los plazos para la concreción del proyecto y de qué manera se realizará la obra. Pido que se envíe copia de mi intervención al alcalde y al concejo de la comuna de Hualqui y a la presidenta de la junta de vecinos de República de Hualqui, señora Sonia Ríos Estrada. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a los cuales se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE PLAN VERANO SEGURO EN BORDE COSTERO DE REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS (OFICIO) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Espejo. El señor ESPEJO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública, a fin de que nos remita los resultados del Plan Verano Seguro en el borde costero de las comunas de Navidad, Litueche, Pichilemu y Paredones en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Hasta ahora, todo indica que el plan resultó extremadamente exitoso, pues fue fruto de un intenso trabajo de las autoridades locales en conjunto con las de gobierno, las policías y los propios vecinos. El plan es el resultado de un trabajo que tomó muchos meses elaborar. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN EN COMUNA DE SAN FERNANDO E INSTALACIÓN DE CUARTEL POLICIAL EN ZONA PONIENTE DE LA COMUNA (OFICIO) El señor ESPEJO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública, a fin de que nos remita información estadística sobre los delitos de mayor connotación ocurridos en la comuna de San Fernando, capital de la provincia de Colchagua, a fin de desarrollar un trabajo de largo plazo que permita mejorar las condiciones de seguridad de sus habitantes. Asimismo, solicito que considere la instalación de un cuartel policial en la zona poniente de San Fernando, que probablemente concentra cerca del 60 por ciento de la población de la comuna, pues sabemos que en dicha zona hay problemas de seguridad muy relevantes. Formulo la petición en el contexto de una comuna que el próximo año se transformará en ciudad universitaria debido a la instalación de la nueva universidad regional de O’Higgins. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican a la Mesa. ALCANCES RESPECTO DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN N° 494, SOBRE REDUCCIÓN DE PRIVILEGIOS EN SECTOR PÚBLICO El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco que el canal de televisión de la Cámara de Diputados haya incluido el segundo apellido de las diputadas y de los diputados en el diseño de presentación de su imagen durante sus intervenciones en la Sala. Me parece muy bien. Por otra parte, sin perjuicio de que lamentablemente ya no quedan muchos parlamentarios en la Sala, quiero hacer presente que espero consecuencia en los diputados que presentaron el proyecto de resolución N° 494, en el sentido de que devuelvan el exceso, si estiman que están ganando mucho, así como yo lo hice de forma absolutamente voluntaria durante algunos meses de 2015, particularmente con parte de mi dieta y con los viáticos. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL EN SECTORES DE TRANAMÁN Y LA ISLA, COMUNA DE PURÉN (OFICIO) El señor RATHGEB.- Señor Presidente, el señor René Pedraza, concejal de la comuna de Purén, y los vecinos de los sectores de Tranamán y La Isla, que pertenecen a esa comuna, me han solicitado que recabe información en relación con lo siguiente. Después de diez años, los vecinos de Tranamán y La Isla ven con alegría que en ambos sectores se haya instalado el sistema de agua potable rural. Se trata de la concreción de un sueño muy anhelado por las 77 familias que habitan el lugar. Sin embargo, la empresa sanitaria Aguas Araucanía no certifica el agua que allí debería consumirse, por cuanto se requiere su purificación. Han pasado cinco meses y la empresa no ha dado ninguna solución. Por lo tanto, solicito que se oficie al gobierno regional de La Araucanía, a fin de que nos informe sobre la situación actual del proyecto de agua potable rural en los sectores de Tranamán y La Isla, que se encuentra terminado en su materialidad, pero que no cuenta con certificación ni con los filtros purificadores necesarios para que entre en operación. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican a la Mesa. CONSTRUCCIÓN DE ATRAVIESO EN RUTA 5 SUR PARA ACCESO A CEMENTERIO DE COMUNA DE COLLIPULLI (OFICIOS) El señor RATHGEB.- Por último, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas y al secretario regional ministerial de Obras Públicas de la Región de La Araucanía, a fin de que consideren la posibilidad de que se construya un atravieso para vehículos menores en la Ruta 5 Sur que permita a los habitantes de Collipulli acceder al cementerio de esa comuna, ubicado al otro lado de la ruta. El atravieso que existe en el lugar solo es peatonal. En consecuencia, los cortejos mortuorios interrumpen el tránsito en la ruta y dificultan el trayecto de los peatones en el sector. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS Y MEDIDAS ADOPTADAS ANTE CONTAMINACIÓN POR AGUAS SERVIDAS EN COMUNA DE PANGUIPULLI (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger. El señor BERGER.- Señor Presidente, quiero poner en conocimiento del superintendente de Servicios Sanitarios un problema de carácter grave que están viviendo los habitantes de la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos. Hace un par de días, en plena temporada estival, fuimos alertados de una grave contaminación que afectó a los vecinos de la población Clodomiro Figueroa, quienes vieron cómo sus viviendas se inundaron con aguas servidas a raíz del colapso que sufrió la planta elevadora del lugar. Este episodio de contaminación no solo afectó a esos vecinos; los desechos también fueron a parar al lago en días en que era visitado por cientos de turistas. Según los dirigentes sociales de Panguipulli, estos problemas obedecen a que la empresa Essal no cuenta con una planta de tratamiento para atender los requerimientos de los 17.000 habitantes permanentes que posee la comuna en el área urbana y que se amplían exponencialmente en época de verano. Señor Presidente, la preocupación de este parlamentario, al igual que la de la comunidad organizada, radica en dos puntos: el cobro por un servicio de mala calidad, existente a medias o irregular, y los inconvenientes que ello genera para una comuna cuya principal actividad económica es el turismo. Por este motivo, solicito que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios, con copia de mi intervención al alcalde de Panguipulli y al intendente de la Región de Los Ríos, a fin de que tome cartas en el asunto y nos informe si se identificó la causa del problema. De ser así, pido que nos la detalle y nos informe qué acciones emprendió la superintendencia en este caso concreto, si corresponde la aplicación de multas u otras sanciones y si efectivamente ellas se cursaron o si eso se hará. Asimismo, qué soluciones de fondo se están implementando o se implementarán para evitar que sigan sucediendo episodios como el que relaté, que se han vuelto reiterativos para los vecinos. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.30 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones. IX. ANEXO DE SESIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES -Se abrió la sesión a las 14.03 horas. El señor ROBLES (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. ALCANCE SOBRE CONGELAMIENTO DE REAJUSTE DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO (OFICIOS) El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, la Sala de esta Corporación acaba de aprobar el proyecto de resolución N° 494, que propone una serie de medidas de austeridad y, por esa vía, se vincula con el reajuste de remuneraciones de los trabajadores del sector público aprobado por el Congreso Nacional en noviembre del año pasado, pues, como se recordará, en aquella ocasión se decidió congelar los salarios de los funcionarios que perciben los ingresos más altos. En efecto, según quedó claro en el debate del proyecto de ley respectivo, el reajuste no se aplicaría a los salarios de monto más alto; pero cabe preguntarse -es uno de los factores que me llevó a votar a favor el proyecto de resolución mencionado- si esa política de congelamiento de los salarios más altos se aplica en todo el sector público, es decir, si incluye a los miembros de las Fuerzas Armadas y a quienes integran los gobiernos corporativos de las empresas del Estado, como Codelco, Metro S.A. o BancoEstado. Si en esas instituciones no se aplica esta política de austeridad, habríamos legislando solo para un grupo restringido, como son los parlamentarios y los ministros de Estado, pero no para otros sectores en que hay funcionarios que perciben tremendas dietas, como los miembros de los gobiernos corporativos de ciertas empresas o instituciones públicas, con la diferencia de que estos no asisten a trabajar todos los días, sino a tres o cuatro reuniones de directorio al mes. Es por ello que me interesa que me aclaren si esos funcionarios quedaron sujetos al congelamiento de salarios al que me he referido. En consecuencia, solicito que se oficie al contralor general de la República y al ministro de Hacienda para que me aclaren la duda. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. COORDINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES EN AUTOPISTAS CONCESIONADAS (OFICIOS) El señor LETELIER.- En segundo lugar, señor Presidente, a fin de que me informen y envíen antecedentes respecto de los planes de acción destinados a atender los accidentes de tránsito que se producen en las autopistas del país e impedir o mitigar su impacto en el tráfico o circulación por dichas de carreteras, solicito que se oficie a las autoridades competentes en esta materia, a las empresas a cargo de las autopistas concesionadas y a las instituciones encargadas de atender esas emergencias. ¿Qué ocurre? Ocurre que en la época estival muchos chilenos, y otros tantos extranjeros, se trasladan por nuestras carreteras hacia los distintos balnearios u otros lugares de descanso que hay en el país, o bien por razones de trabajo, y en ocasiones se encuentran con accidentes de tránsito que generan graves problemas de congestión, pues en esa época son cientos de miles los vehículos que circulan por nuestras carreteras. Requiero que me envíen la información que he solicitado para saber cómo estamos reaccionando como país ante esas situaciones, pues en otros países hay avances en esta materia que podríamos imitar. Según me han informado, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en Chile las empresas concesionarias no cuentan con helicópteros para evacuar o atender rápidamente a las víctimas de los accidentes. Cuando se produce un accidente en una de nuestras carreteras, se produce una congestión de 20 o 30 kilómetros de vehículos, porque las concesionarias no invierten para dar rápida solución a esos problemas, lo que sí ocurre en otros países, porque están obligadas a hacerlo. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. ANTECEDENTES SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE RANCAGUA Y MACHALÍ (OFICIOS) El señor LETELIER.- Finalmente, señor Presidente, solicito que me informen y envíen antecedentes respecto de la situación actual de la infraestructura vial que une las comunas de Rancagua y Machalí, sobre futuras pavimentaciones y proyectos de mejora en la conectividad con avenida La República, así como respecto de planes destinados a evitar congestión y el colapso del tráfico vehicular entre ambas comunas. Rancagua y Machalí prácticamente se han convertido en una metrópolis. Por eso es necesario poner ahora atajo a los problemas que se comienzan a producir, porque cada día se hace más insostenible la congestión a causa de los vehículos que circulan entre las dos comunas. Por eso, solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Andrés Gómez-Lobo; a Francisco Lara Acevedo, seremi de Transportes de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; a Hernán Rodríguez Baeza, seremi de Vivienda de la Sexta Región; a Pablo Silva Amaya, seremi de Obras Públicas de la misma región, y a José Miguel Urrutia Celis, alcalde de la comuna de Machalí, para saber qué alternativa tenemos como para resolver este problema, porque, como he manifestado, es insostenible la situación que afecta al tráfico entre Rancagua y Machalí. He dicho. El señor CHAHIN (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia íntegra de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano y de quien preside. INFORMACIÓN SOBRE CEMENTERIO DIAGUITA DESCUBIERTO EN REGIÓN DE COQUIMBO (OFICIO) El señor CHAHIN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, cuando volví por vía terrestre de mis vacaciones en la Región de Atacama, donde normalmente vacaciono, me di cuenta de que la carretera era de muy buen nivel y con dos pistas prácticamente hasta La Serena. En verdad, estoy muy contento porque tendremos doble vía prácticamente en toda la región en muy poco tiempo. Sin embargo, me llamó la atención que un sector de la ruta 5 Norte ubicado antes de llegar a La Serena, pasado la cuesta Porotitos, se encontraba obstruido por algunos obstáculos, a pesar de que las obras estaban prácticamente terminadas. Me sorprendí cuando me informaron que muchos antropólogos y otros profesionales estaban trabajando desde hacía meses en la extracción de momias desde un cementerio o de una población de origen diaguita. Como parlamentario de la zona y como uno de los impulsores de la doble vía, me llamó poderosamente la atención que ese hecho no se conociera. En consecuencia, quiero saber por qué el Ministerio de Obras Públicas no ha entregado esa información. ¿Qué quiere ocultar? ¿Qué ha hecho el subsecretario en relación con esa materia? Me parece inaceptable que la gente del lugar me haya informado de que allí hay más de cuarenta cuerpos. Se está trabajando desde hace meses en ese sector. Es un tema importante que no corresponde mantener en secreto; debió ser difundido hace mucho tiempo y se debieron tomar las precauciones del caso, porque, al parecer, la carretera no podrá pasar por esa zona. Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe con precisión y detalladamente qué está ocurriendo allí, la fecha en que se hizo el descubrimiento, cómo y quién lo informó, por qué no se han adoptado medidas desde el punto de vista comunicacional y quién ha dado instrucciones de no informar a la comunidad. Asimismo, solicito que se remita copia de mi intervención a las comunidades diaguitas de las regiones de Atacama y de Coquimbo. Reitero, ese hecho me llama poderosamente la atención; no me parece que ocultarlo sea una política sana. El respeto por nuestras etnias incluye entregarles la información necesaria. Si hay un hallazgo en un sector diaguita, me parece básico que esas comunidades estén interiorizadas de lo que está ocurriendo para que tomen las acciones pertinentes en defensa de sus intereses culturales y patrimoniales. Deseo ser informado plenamente y en los plazos que establece la ley, para no tener que solicitar a la Contraloría que se inmiscuya en el tema. Además, quiero saber si los organismos que tienen relación con ese tipo de hallazgos, como los museos de Chile y los ministerios de Bienes Nacionales y de Educación, están informados sobre lo que está pasando. De igual manera, quiero que se me informe qué se hará en ese sector de la ruta 5 Norte. He dicho. El señor CHAHIN (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia íntegra de su intervención. INVESTIGACIÓN DE EVENTUALES DELITOS RELACIONADOS CON SUPUESTO ABOGADO VINCULADO CON LA CONADI (OFICIOS) El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, solicito oficiar al contralor general de la República y al fiscal nacional, con el objeto de que instruyan una investigación respecto de un caso del cual he tomado conocimiento. La señora María Luisa Lyon, propietaria del predio Santa Filomena, comuna de Curacautín, quien fue demandada por algunas comunidades mapuches, informó que un supuesto abogado de nombre Cristóbal Illanes, celular número 992514998, y su secretaria, la señora María Cecilia Sepúlveda, teléfono número 226110400, tienen teóricos contactos en la Conadi, por lo que podrían obtener un muy buen precio por la compra de dicho predio, lo que me parece muy grave. La dueña del predio me hizo llegar esos antecedentes porque estima absolutamente irregular que un supuesto abogado, el cual tiene una secretaria que mantiene contactos con la Conadi, se ofrezca como intermediario para obtener un precio superior al del mercado por ese predio, en caso de que ella tome la determinación de venderlo a la Conadi. En consecuencia, eso debe ser investigado por el Ministerio Público y por la Contraloría General de la República, porque podríamos estar frente al delito de cohecho. Me parece fundamental que se tome declaración a la señora María Luisa Lyon y que se contacte a las demás personas para que se investiguen los posibles delitos que se estarían cometiendo en este caso. Finalmente, pido que se remita copia de mi intervención al contralor general de la República, al fiscal nacional del Ministerio Público y al ministro de Desarrollo Social, para que estén en antecedentes de lo ocurrido. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia íntegra de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano y de quien preside. INVESTIGACIÓN SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES COMETIDAS EN MUNICIPALIDAD DE TILTIL DESDE 2012 A LA FECHA (OFICIOS) El señor CHAHIN.- Por otra parte, solicito oficiar al contralor general de la República, a fin de que realice una investigación sobre lo ocurrido, a partir de 2012, en el Departamento de Salud del hospital de Tiltil, Región Metropolitana, cuyo director era el doctor Diego Octavio Navarro Lagos. La esposa del señalado facultativo, señora Bárbara Andrea González Zúñiga, fue contratada como matrona en la misma época en que ese médico era director del hospital. Luego, la señora González se presentó como candidata a concejala de dicha comuna y asumió ese cargo a pesar de ser funcionaria municipal. A partir de ahí se generó un conjunto de situaciones irregulares que es importante investigar, como que el Servicio de Salud Metropolitano Norte traspasó recursos en esa época a la municipalidad de Tiltil para la compra de dos ambulancias que serían transferidas en comodato al hospital comunitario de Tiltil, en el marco de un convenio de trabajo colaborativo vigente. Los dineros fueron traspasados, pero los vehículos nunca fueron adquiridos. Además, dicho departamento se dedicó a contratar a una sobredotación funcionaria durante la campaña de la candidata Bárbara González y, según entiendo, todos los funcionarios participaron activamente en eso. Por lo tanto, es importante investigar todos los traspasos que hizo el Servicio de Salud Metropolitano Norte a la Municipalidad de Tiltil, si cumplió con los convenios y lo establecido para dichos traspasos, y la variación que sufrió la dotación funcionaria, con una descripción de funciones y justificación de los cargos contratados en 2012 para dicho departamento de salud. De igual forma, pido que me informe si la señora González continuó trabajando como matrona del departamento de salud de la Municipalidad de Tiltil. En 2015 se abrió el concurso para el cargo de director del hospital comunitario de Tiltil por parte del doctor Luis Álvaro Lefio Celedón. El proceso -según se nos informa- estuvo lleno de vicios, desde la formulación de las bases hasta la selección final. Tanto así que las bases indicaban como deseable que existiera un curso que es propio de la atención primaria de salud municipal y no del estatuto administrativo del Estado, que era lo que en verdad correspondía para un hospital comunitario. También hay que consignar otras situaciones irregulares, como despidos injustificados, en cuyo reemplazo se ubicó estratégicamente a personas relacionadas con la campaña municipal previa, lo cual, evidentemente, refleja aún más el conjunto de irregularidades cometidas desde 2012 a la fecha. Voy a dejar copia de todos los antecedentes, que tienen carácter confidencial, con el objeto de que se investiguen las licitaciones desde el 2012 a la fecha, y también las contrataciones, a fin de aclarar tales irregularidades. La Contraloría General de la República debe realizar una investigación profunda sobre cada uno de estos hechos. Por último, pido que se remita copia de este oficio a la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte. He dicho. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.22 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones. X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES JIMÉNEZ, ALVARADO, ANDRADE, AUTH, BROWNE, ESPINOSA, DON MARCOS; FARÍAS, GUTIÉRREZ, DON HUGO, Y NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA RUBILAR, QUE “AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO EN HOMENAJE A DON SVEN OLOF JOACHIM PALME”. (BOLETÍN N° 10552-24) INTRODUCCIÓN Este proyecto tiene como objeto erigir un monumento en nuestro país a don Sven Olof Joachim Palme (30 enero 1927 - 28 febrero 1986). Su enorme conciencia y compromiso social y su ejemplo de fortaleza por defender los derechos humanos en todo el mundo, han alzado a su persona un reconocimiento sin fronteras por su incansable lucha por la dignidad humana y el respeto por los derechos fundamentales. SVEN OLOF JOACHIM PALME Y SU ROL INTERNACIONAL Esta moción viene a otorgar un merecido homenaje a quien siempre postuló que; “la democracia es una cuestión de dignidad humana. (…) Y la dignidad humana es el derecho a la salud y al empleo, a la educación y seguridad social. La dignidad humana es la ley y la capacidad para junto con otros formar el futuro. Estos derechos, los derechos democráticos, no pueden llegar a ser reservados a un determinado estrato de la sociedad. Deben ser propiedad del pueblo entero.” El espíritu solidario de Palme no tuvo límites ni fronteras, su corazón y coraje superó todo obstáculo. Durante toda su vida, inspiró a los demás una profunda sensibilidad por lo social, logrando ser un embajador de paz. Palme desde muy joven estuvo presente en las causas más nobles, ya en 1968 siendo ministro de educación pronunció un sentido discurso, frente a la trágica realidad que vivían los vietnamitas encontrándose en guerra, un fragmento dice así: “La democracia es un sistema exigente de gobierno. Exige respeto por los demás. Uno no puede forzar un sistema de gobierno de una nación desde afuera. Las personas deben tener el derecho a decidir sobre su destino. Se presupone por tanto el derecho a la autodeterminación. La democracia demanda justicia. Uno no puede beneficiar a un pueblo llenando los bolsillos de los que ya son ricos, mientras que el pobre es impulsado hacia una angustia cada vez más profunda. Uno no puede satisfacer la demanda de la justicia social por la violencia y el poder militar. La democracia presupone la liberación social. El objeto de la democracia nunca puede ser alcanzado por medio de la opresión. No se puede salvar a un pueblo (…), incendiando los campos, destruyendo las casas, deteniendo gente o matándolos. Estos son puntos básicos para juzgar la guerra de Vietnam. (…)” Comprometido con el pueblo vietnamita y con la paz internacional, Olof Palme lograba con el paso del tiempo, posicionarse como un líder influyente a nivel mundial. En el año 1972, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Suecia se tensionaron al máximo, luego que Palme pronunciara un discurso sobre los bombardeos masivos a Hanoi; “Hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que ocurre en Vietnam hoy es una forma de tortura. No puede existir ningún motivo militar para los bombardeos. Fuentes militares en Saigón han negado que Vietnam del Norte estuviera preparando una ofensiva.” A minutos de haberse transmitido el discurso por radio, tanto el Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon como su asesor Henry Kissinger, tomaron la decisión de retirar al embajador de Estados Unidos en Suecia y se le comunicó al embajador de Suecia en Estados Unidos que el tiempo de su misión había finalizado . Ya en el año 1976 y luego de cumplirse un año del término de la guerra de Vietnam, Henry Kissinger visita Suecia logrando reunirse con Olof Palme, quien manifestó en el encuentro que “la política de neutralidad de Suecia no significa neutralidad de opinión, Kissinger comentó: “De eso nos hemos dado cuenta”. Olof Palme no sólo fue un comprometido gestor de la paz internacional, sino también, fue un destacado líder de la socialdemocracia. Palme promovió en el mundo los conceptos de estado de bienestar, solidaridad, justicia social y progresismo. Como expresó en un discurso; “El bienestar de un pueblo no puede expresarse únicamente en un crecimiento expresado en cifras… La producción tiene que emplearse, en primer lugar, para la construcción de un bienestar para todo el pueblo” Olof Palme quién hasta en la actualidad nos mantiene con la convicción de que la lucha por la democracia, por los vulnerados y por una sociedad justa son siempre causas de vida. No solo luchó contra la Guerra de Vietnam, contra el apartheid, contra el dictador Francisco Franco, sino también, tuvo un activo rol a favor del pueblo de Chile en una dolorosa época, que a continuación se detalla. SVEN OLOF JOACHIM PALME Y CHILE Olof Palme comienza a conocer nuestro país, cuando en su condición de Ministro de Educación de Suecia (1967 - 1969), viaja a Chile en el año 1969 en contexto de la inauguración del observatorio astronómico “La Silla”. Durante su visita, Palme concretó diversas reuniones con autoridades políticas y culturales, entre ellas destacan encuentros con el ex Ministro de Relaciones Exteriores don Gabriel Valdés y el Poeta Premio Nobel de Literatura don Pablo Neruda. Unos meses después de su visita a Chile como Ministro de Educación, es electo Primer Ministro de Suecia (1969-1976 / 1982-1986). En relación a lo anterior, Palme ya contaba con importante conocimiento de los procesos políticos y sociales que se vivían en Chile, sobre todo los que atañen a la Reforma Agraria y de Educación. Por tanto, la relación entre Chile y el primer Gobierno de Olof Palme se inició bajo un clima de respeto y hermandad, que se fortaleció aún más a partir del gobierno del ex Presidente Salvador Allende, repercutiendo positivamente en las relaciones comerciales, de cooperación tecnológica y académica. Respecto de lo anterior, las relaciones bilaterales se estaban consolidando por medio de un “Acuerdo de Cooperación Cultural y Técnica” firmado el día 31 de agosto de 1973, que finalmente no se concretó, debido a que las relaciones entre Chile y Suecia se tensionaron producto del quiebre de la Democracia en nuestro país . SVEN OLOF JOACHIM PALME Y SU ROL HUMANITARIO A PARTIR DE LA DICTADURA CHILENA La intensa relación entre Chile y el Reino de Suecia ¬-a partir del Golpe de Estado en 1973- sufrió significativos cambios. Las relaciones comerciales disminuyeron, las relaciones diplomáticas se tensionaron al máximo, pero la solidaridad del pueblo de Suecia afloró con gran generosidad y humanidad a la hora de otorgar protección a miles de chilenos y chilenas que eran amenazados y perseguidos por el gobierno de su país. Olof Palme, férreo opositor a guerras, genocidios y dictaduras, lideró -entre otros- una fuerte solidaridad internacional por Chile. Resultado de su irrestricto compromiso con nuestro país, el pueblo sueco otorgó la posibilidad a decenas de miles de compatriotas partir desde Chile a aquel país nórdico, el cual entregó un cálido recibimiento en momentos difíciles, esto se debe por la empatía y conciencia social que alberga el pueblo sueco. En relación a lo anterior, Suecia bajo el gobierno de Olof Palme también cumplió un enorme rol en defensa de personas que estaban siendo perseguidas en Dictadura. La embajada de Suecia en Chile a partir de septiembre de 1973, se transformó en una verdadera fuente de protección de chilenos y chilenas que fueron perseguidos por órganos represores del Estado, bajo las órdenes del gobierno del General Augusto Pinochet Ugarte. En este sentido, tanto el embajador de Suecia en Chile, el señor Harald Edelstam como el primer ministro de Suecia, el señor Olof Palme, tuvieron una directa participación en dar protección a chilenos al interior de nuestro territorio nacional y fuera de él, dándoles la oportunidad de continuar sus vidas en aquel país del norte de Europa. “Inmediatamente después del Golpe, Edelstam protegió y ayudó a personas de distintas nacionalidades, solicitando para ello apoyo a otros diplomáticos. Dio asilo a más de 500 perseguidos políticos chilenos, salvó a 40 refugiados uruguayos de ser fusilados en el Estadio Nacional, en ese entonces transformado en una cárcel para presos políticos por (…) Augusto Pinochet. Edelstam trasladó personalmente a los refugiados que salvó en el vehículo de la embajada hasta el avión que los sacó de Chile.” Las estimaciones de población chilena en Suecia antes de septiembre de 1973, se calcula en no más de 90 personas, constituidos entre estudiantes y trabajadores temporales . Pero a partir de octubre de 1973, esta cifra se elevó significativamente alcanzando actualmente una estimación de 60.000 compatriotas viviendo en Suecia . El gobierno de Olof Palme y el pueblo del Reino de Suecia, posibilitaron que chilenos y chilenas pudiesen seguir viviendo, y en condiciones de dignidad y libertad. Palme siempre mantuvo un fuerte lazo con nuestro país, incluso hasta en sus últimos días de vida, es así, que familiares y cercanos a Palme, decidieron -en contexto del velorio del ex primer ministro de Suecia- invitar a la cantante finlandesa Arja Saijonmaa para que interpretara en sueco una de sus canciones favoritas, “Gracias a la vida” de Violeta Parra. En el año 2008, realicé gestiones ante las distintas autoridades, para que un establecimiento educacional llevara el nombre de Olof Palme, recibiendo la iniciativa, una excelente acogida tanto del establecimiento como del consejo municipal de La Cisterna. Esta acción sin dudas significó un mínimo reconocimiento a su memoria y legado, posibilitando que las nuevas generaciones conozcan su gran labor humanitaria y ejemplo de solidaridad. En la ceremonia de inauguración del Liceo Polivalente Olof Palme, se contó con la destacada presencia de uno de los hijos de Olof Palme, Joakim Palme y uno de sus ministros más cercanos, Pierre Schori. En aquella instancia señalé que el objeto de este reconocimiento se fundamenta en “revivir su memoria, legado y que las nuevas generaciones conozcan de este hombre de paz. Para la comunidad educativa, la Comuna de La Cisterna y para Chile, debe constituir un orgullo que un establecimiento educacional lleve el nombre de uno de los más destacados hombres que haya dado el siglo XX a la humanidad” . Por las consideraciones expuestas, los diputados(as) abajo patrocinantes venimos en proponer el siguiente proyecto de ley: PROYECTO DE LEY Artículo primero: Se autoriza erigir un monumento en homenaje al ex primer ministro del Reino de Suecia, señor Sven Olof Joachim Palme. Artículo segundo: El monumento se erigirá en la comuna de Santiago. Artículo tercero: Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que crea en el artículo quinto, en coordinación con el Ministro del Interior y Seguridad Pública. Artículo cuarto: Créase un fondo con el mismo objeto señalado en el artículo anterior, el que además estará constituido por donaciones y aportes privados. Artículo quinto: Créase un Comisión Especial de cinco miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por un representante del poder Ejecutivo, un representante del poder Legislativo, un representante del Ministerio de Educación, el Alcalde o Alcaldesa de la I.Municipalidad de Santiago y un representante que designe la familia de Olof Palme. Artículo sexto: la comisión tendrá las siguientes funciones: -Llamar a concurso público de proyectos, fijar sus bases y condiciones y resolverlo.-Determinar el sitio en que se ubicará el monumento, en coordinación de la Ilustre Municipalidad de Santiago con el Consejo de Monumentos Nacionales. -Organizar el fondo creado por el artículo cuarto. -Administrar el fondo creado por el artículo cuarto. Artículo séptimo: Si al concluir la construcción del monumento resultaren excedentes de las erogaciones recibidas, estos serán destinados a los fines que la Comisión Especial determine”. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR SALDÍVAR QUE “ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE PROTECCIÓN”. (BOLETÍN N° 10553-17) “1. Fundamentos. El recurso de protección, se encuentra regulado en el art. 20 de la Constitución Política y en el auto acordado de 24 de junio de 1992 de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación de recurso de protección de garantías constitucionales, publicado en el Diario Oficial de 27 de junio de 1992, modificado por autos acordados publicados en el Diario Oficial de 9 de junio de 1998 y 8 de junio de 2007. En cuanto a su naturaleza, es una acción cautelar destinada amparar a quién por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en legítimo ejercicio de derechos y garantías mencionados en artículo 20 de la Constitución Política. Para Mosquera y Maturana, es “la acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores, a fin de solicitarles que adopten inmediatamente las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, frente a un acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”[1]. Entre sus características, el profesor Ríos señala que “Si hubiera que caracterizar el Recurso de Protección en nuestro ordenamiento jurídico, habría que especificar los distintos planos en que se revela su extraordinaria valía […] El R. de P. se inscribe entre las escasas acciones procesales instituidas directamente por la Constitución Política; y, por ello, está dotado de la supremacía normativa, de la estabilidad y de la aplicación preferente, que son cualidades propias de la Carta Fundamental. Además, el R. de P. dispone de una estructura procedimental, diseñada en el art. 20 de la Constitución, que incluye sus efectos”[2], luego agrega que en cuanto a sus méritos procesales “En agudo contraste con los lentos, rituales e indeterminables procedimientos ordinarios -y también, a veces, con procedimientos sumarios que tardan años en afinarse- el R. de P. tiene un procedimiento informal, inquisitivo, unilateral, breve y concentrado, abierto y provisorio. En cuanto a sus características, como se indica “En lo tocante a la prueba, y aun cuando el procedimiento no contempla una fase ni un período probatorio, su carácter inquisitivo se refleja en el deber del tribunal de primera instancia de indagar los actos u omisiones denunciados, su talante arbitrario o ilegal y el agravio que ellos puedan haber producido al legítimo ejercicio del derecho invocado por el recurrente. Esta información, así como todos aquellos antecedentes que digan relación con el asunto, son requeridos por el tribunal ordenando que la persona o entidad a quien se atribuye el acto u omisión agraviante, remita a la Corte el informe y los antecedentes referidos dentro del plazo breve y perentorio que se le señale. De esta manera, el recurrente tiene oportunidad de probar su derecho, así como el acto u omisión agraviante y su origen, al presentar su recurso y hasta antes de la vista de la causa; y aquél de cuyo obrar se pide protección, lo que al emitir su informe y también hasta antes de dicha vista”, además el procedimiento del R. de P. es unilateral “porque está establecido en beneficio del titular de esta acción y en resguardo de sus derechos sin otra consideración, respecto del agresor, que requerir su informe, como un tercero ajeno al proceso”[3]. Otro de los méritos más apreciables de la citada acción constitucional, consiste en estos caracteres de su procedimiento: “Este consta de tres fases en la primera instancia: la admisión del recurso, la inquisitiva y la de decisión […] Pero, precisamente por tratarse de un procedimiento de emergencia, carente de un período de prueba y de un principio contradictorio, en que se trata de proteger o restablecer el statu quo preexistente a la agresión que lo origina, impidiendo a un tiempo la autotutela jurídica y la violación flagrante o inminente de un derecho probado y protegido, la Constitución ha debido dejar a salvo el derecho de discutir el fondo de la cuestión que ha motivado el recurso, o su rechazo, en un juicio de lato conocimiento o por otra vía administrativa o jurisdiccional que sea procedente. En resumen, la sentencia firme en este proceso no produce cosa juzgada material o substancial sino, simplemente, cosa juzgada formal; y así, puede concluirse que es provisoria, como toda solución de emergencia…”[4]. En síntesis, es una acción constitucional, no un recurso, pues “no tiene por objeto impugnar una resolución judicial dictada dentro de un determinado proceso, sino que requerirá que se ponga en movimiento la jurisdicción”[5]. En consecuencia, se trata de una acción autónoma o que da origen a un procedimiento de urgencia. Los Tribunales al conocerla hacen uso de sus facultades conservadoras, “puesto que tiene por objetivo la adopción de medidas necesarias para el restablecer el imperio de los derechos constitucionales…”, es decir, “la facultad que tienen los tribunales de justicia de velar porque todos los poderes públicos actúen dentro de la órbita de sus atribuciones”[6]. Es un recurso informal, que tiene para su tramitación y fallo un procedimiento concentrado e inquisitivo. Luego de este análisis corresponde abordar el procedimiento según el cual se regula el recurso de protección, como señala Navarro, “La Corte Suprema por Auto Acordado de 29 de marzo de 1977 regula por primera vez la tramitación de esta acción. Sabido es que el Acta Constitucional Nº 3 de 1976 contenía referencia explícita a la facultad de la Corte Suprema para dictar un Auto Acordado”[7]. En el mismo sentido, Nogueira reconoce una habilitación expresa, empero señala: “se excedió de su mandato al establecer un plazo de caducidad de quince días corridos para ejercer la acción de protección…”[8], contrario a estas objeciones Soto Kloss ha señalado que “en caso alguno podría entenderse que dicho Auto Acordado carece ahora de sustento normativo, pues, como vimos en el párrafo precedente, la Corte Suprema posee de suyo la potestad normativa para dictar auto acordados, tanto bajo la Constitución Política de 1925 como ahora con la de 1980”[9], afirmación que debe contrastarse con el alcance del artículo 19 Nº3 de la Constitución y la reserva legal de los derechos fundamentales. En este contexto, se puede sostener que es principio general y básico del derecho constitucional chileno la reserva legal en la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales; esto es, toca al legislador, y sólo a él, disponer normas al respecto, sin más excepción -no sin polémicas en nuestro sistema-, que la referente al derecho de reunión en lugares de uso público, regido su ejercicio por disposiciones generales de policía (artículo 19, Nº 13, de la Constitución), pero tanto aquellas regulaciones como ésta no pueden jamás afectar el contenido esencial de tales derechos (artículo 19, Nº 26, de la Carta Fundamental). De ahí que se señale que “La discrecionalidad del legislador a la hora de establecer las reservas no puede confundirse con la arbitrariedad. El legislador tiene un margen para determinar el mandato constitucional de la reserva, pero con un conjunto de condicionantes muy significativas. Hay condicionantes que afectan a la generalidad de la actividad legislativa y que tiene que ver con el respeto a la esencia de los derechos. Además, hay condicionantes que provienen de la propia estructura de la reserva. Los términos en los cuales la Constitución la concibe, la exigencia de contenidos materiales mínimos y la vinculación del reglamento que colabora en el mandato; son cuestiones que le imponen a la actividad legislativa una orientación más cualificada que la libre decisión de legislar”[10]. Como bien señala la doctrina “El reparto de competencias entre el ejercicio del poder normativo de la ley y del reglamento responde a lo que tradicionalmente se denomina principio de reserva de ley, lo que supone que ni la ley puede definir libremente su ámbito de actuación, regulando o dejando de regular unas y otras materias, ni el reglamento puede actuar a su arbitrio en todas las materias no ocupadas por el legislador; y ello porque la norma constitucional exige que la regulación de determinadas materias se lleve a cabo precisamente por la ley”[11]. En este sentido se distinguen distintos tipos de reserva de ley, así “Siguiendo el modelo normativo diseñado por la Constitución, esta dejó reservada a la ley tres grandes ordenes de materias; (a) aquellas que taxativamente enumera el artículo 63; (b) aquellas que la Constitución encomienda a la ley a través de reservas específicas, cuya manifestación más evidente son los diversos numerales del art. 19; (c) aquellas regulaciones que son esenciales del ordenamiento jurídico, por mandato del contenido y redacción del Nº 20 del art. 63”, así se sostiene que “Si bien existe consenso hoy entre nosotros en la literatura y en la jurisprudencia constitucional que existen en la Carta Fundamental diversos tipos de reserva legal, lo cierto es que la reserva impone algunas consecuencias que es indispensable tener en consideración y que se dan con indiferencia de su clasificación: En primer lugar, la existencia de una reserva impone que sea el legislador quien adopte las decisiones esenciales para hacer efectivos los derechos o procurar el funcionamiento de las instituciones; En segundo lugar, impone la existencia de una densidad regulatoria mínima impuesta por la reserva, de manera por ejemplo que la potestad discrecional de la Administración queda fuertemente acotada. La ley, en el marco de la reserva, tiene que tener suficiente densidad como para que sus aplicaciones administrativas sean previsibles; En tercer lugar, supone una faz objetiva y normativa para el sistema de derechos, lo que supone la imposición al legislador de mandatos de regulación que obligan a incluir la organización y los sistemas normativos necesarios para que los derechos puedan ejercerse; Finalmente, si bien es admisible afirmar que se puede distinguir entre reserva relativa y reserva absoluta, cuando están en juego el sistema de derechos, la reserva es absoluta, es decir, una exigencia constitucional de mayor densidad normativa y un acotamiento sustantivo de la intervención de la autoridad administrativa” . En esta perspectiva es que la actual regulación resulta problemática, a la luz de la reserva legal de los derechos fundamentales, y el incremento de los ingresos de estos recurso (siendo v. gr. el más relevante el Caso de Isapres), mas si tenemos en perspectiva histórica que “En estos 35 años transcurridos, el incremento de las acciones ha sido ciertamente notable. De unas pocas decenas -a fines de los setenta- a más de 30.000 anuales -en la actualidad- y que se refieren diversas situaciones vinculadas a bienes jurídicos tan importantes como la vida, igualdad, privacidad, libertad y propiedad, siempre y cuando se trate de derechos indubitados […] Para apreciar la magnitud de esta acción, es caso tener presente que sólo el año 2011, la Corte Suprema resolvió más de cinco mil apelaciones de protección, habiendo acogidos en definitiva cerca de un 75%. En otras palabras, de cada cuatro acciones que fueron conocidas por el máximo tribunal, una fue aceptada, lo que constituye un porcentaje elevado si se lo compara con el de otros ordenamientos jurídicos, en donde sólo las inadmisibilidades bordean el 90%” . Como sostiene Nogueira “en el análisis de los fallos de los tribunales competentes en materia de recurso de protección (Cortes de apelaciones y Corte Suprema) puede apreciarse diferentes criterios, más amplios o más restrictivos, en materia de admisibilidad del recurso, como asimismo, respecto del criterio para contabilizar el plazo de caducidad de la acción” , esta afirmación sobre la realidad practica, es una derivación de lo anteriormente planteado en relación a la naturaleza del acto sobre el cuál se ha regulado el procedimiento para el ejercicio de esta importante acción constitucional, pues, “las salas de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia en sus fallos sobre recursos de protección muestran por regla general un déficit importante de argumentación jurídica de derechos fundamentales, ya que debieran analizar en los respectivos casos, el contenido constitucionalmente asegurado del respectivo derecho y sus garantías en la evaluación de si el mismo ha sido o no afectado, a través de un acto u omisión ilegal o arbitrario, a través de una amenaza, perturbación o privación del mismo. En una gran cantidad de fallos no hay ningún esfuerzo por delimitar el derecho o derechos invocados por el recurrente, con lo cual el contenido del derecho fundamental es utilizado discrecionalmente o debe subentenderse, no existiendo argumentación convincente suficiente en el acogimiento o rechazo del recurso de protección” . Otra practica frecuente, que observa Nogueira es que: “en diversas salas de cortes de apelaciones es derivar a otros procedimientos jurisdiccionales la resolución del problema, olvidando que la acción de protección es, como determina la Constitución, sin perjuicio de otros medios o procedimientos jurisdiccionales” . Con todo, un aspecto controvertido en la regulación del auto acordado es que “la inadmisibilidad de los recursos de protección se utiliza a menudo la causal de manifiesta falta de fundamento, sin la argumentación respectiva, con lo cuál la decisión es absolutamente discrecional. Por lo anterior no es extraña la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude vs. Chile , que sobre este aspecto señalo: “134. Al pronunciarse sobre dicho recurso, la Corte de Apelaciones de Santiago no resolvió la controversia suscitada por la actuación del Vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras, pronunciándose sobre la existencia o no en el caso concreto del derecho de acceso a la información solicitada, ya que la decisión judicial fue declarar inadmisible el recurso de protección interpuesto (supra párr. 57.25). 135. En primer término, este Tribunal encuentra que esa decisión judicial careció de fundamentación adecuada. La Corte de Apelaciones de Santiago únicamente señaló que adoptaba tal decisión con base en que de “los hechos descritos [...] y de los antecedentes aparejados al recurso, se desprende que éste adolece de manifiesta falta de fundamento”…”. Otro aspecto controvertido, es que en los orígenes de esta acción constitucional, el plazo de interposición del recurso de quince días (actualmente treinta días), fue establecido por el Nº1 del auto acordado de 29 de marzo de 1977, pero que el Constituyente no previo, ni existen antecedentes que haya querido establecer, sin embargo, la Corte Suprema creyó necesario establecer este nuevo requisito de admisibilidad, no exento de una fuerte crítica respecto a su constitucionalidad, por haberse excedido en sus atribuciones conforme a la habilitación del Acta Constitucional . En este sentido, si consideramos que bajo el imperio de la Constitución Política de 1980, el derecho a la acción jurisdiccional establecido en el artículo 20, “no puede ser regulada por una norma de carácter instrumental, ya que la Carta Fundamental exige respeto por el principio de reserva legal, en la regulación de los derechos y garantías constitucionales, como también lo exige la Convención Americana de Derechos Humanos, siendo contrario a la Constitución el auto acordado en su artículo primero que se refiere a este plazo de quince días corridos y fatales” . Por su parte el artículo 7º de la Constitución prescribe que “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido”, creemos que el plazo fatal previsto no tiene valor y la Corte debiera eliminarlo” . De esta manera, es posible sostener que el acto es claramente ilegal, pues contraviene lo dispuesto en el artículo 7º de la Constitución Política, es decir, adolece de nulidad de derecho público, toda vez que el máximo tribunal se atribuye más facultades que las que le otorga la propia Constitución y la ley, pues sólo el legislador puede establecer por ley el procedimiento aplicable como se desprende del art. 19 Nº3 de la Constitución Política, por lo que a la Corte Suprema le esta vedado establecer un plazo que no esta previsto en la ley, y que consecuencialmente lleva a la restricción de los derechos garantidos por la Constitución por esta acción cautelar. En contra este planteamiento, legitimando esta practica controvertida, se ha pronunciado el propio Tribunal Constitucional, pues, “se ha estimado que se ajusta a la Carta Fundamental el auto acordado que regula la tramitación del recurso de protección y que señala la forma en que procede la vista de la causa en segunda instancia y la condena en costas”. Entre otras razones “porque la Carta fundamental ha reconocido que la Corte Suprema ejerza facultades normativas” . Creemos, como señala el profesor Nogueira, quién de lege ferenda, sostiene que “es necesario, sea en el plano constitucional o legal, regular el plazo de caducidad para interponer el recurso o acción de protección el que debe ampliarse más allá de los 15 días corridos que establecidos por el auto acordado de la Corte Suprema, o al igual que en la acción de habeas corpus, no establecer un plazo, pudiendo ejercerse el recurso en cualquier momento que la acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero se encuentre afectando el ejercicio de uno o varios derechos esenciales de la persona” . Es aquí donde radica la necesidad de regular esta materia. 2. Historia legislativa y derecho comparado. Históricamente, sus antecedentes se remontan “al ámbito del análisis parlamentario en las postrimerías del gobierno de Don Salvador Allende en 1972-1973, en plena crisis jurídico política” , que es antecedente de tal regulación la que nace en nuestro ordenamiento constitucional con el Acta Constitucional Nº 3, sobre derechos y deberes constitucionales (Decreto Ley Nº1.552 de 13 de septiembre de 1976), y cuyo precedente en el derecho comparado se vislumbra con el amparo mexicano instaurado en el acta de reforma de 1847, a la Constitución de 1824, o el “mandado de segurança” de 1880 hasta sus actuales proyecciones en la Constitución Brasileña de 1988, y también, con el amparo argentino de origen jurisprudencial a partir de 1957 (caso Siri) y “regulado por la ley federal 16.968 de 1966” , que concede protección contra todo acto u omisión de autoridad pública -con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta- lesiones, restrinja, altere o amenace los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional. En Francia, un antecedente es el denominado refere, “que nació de los usos o prácticas del Châtelet de París y fue reglamentado por el edicto real de 1685. Se trataba de tomar medidas urgentes requeridas por una situación particular y, a fin de salvaguardar derechos de aquellos a quienes la ordonnance del juez pudiere causar perjuicio, el presidente, al disponer la medida ordenaba qu’il lui en será réferé en cas de difficulte” , es decir, se trata de un procedimiento de urgencia y de carácter provisional que resuelve un conflicto. Ya no se trata de simples medidas conservativas, sino de declarar el derecho sobre una pretensión concreta, siempre que este derecho aparezca con gran verosimilitud. Se trata, conforme a lo prescrito en el artículo 809 del Código de Procedimiento civil Francés de “el restablecimiento en caso de un trastorno manifiestamente ilícito. Esto da origen a lo que se ha denominado réferé en el fondo para diferenciarlo de las medidas conservativas que preparan o aseguran los resultados de una acción principal” . En Italia mas dudoso es el caso de la Dei provvedimenti d’urgenza, prevista en los artículos 700, 701 y 702 del Código de Procedimiento Civil Italiano, específicamente en el capítulo que versa sobre los procedimientos cautelares, y que al tenor de la disposición asume la amplitud que “quien tenga motivo fundado para temer que durante tiempo necesario para hacer valer su derecho en vía ordinaria este se halle amenazado por un perjuicio e irreparable, puede solicitar por escrito al juez las providencias de urgencia que, según las circunstancias, parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo” , esta última parte es iniciativa de su carácter meramente cautelar. Cabe reconocer, la existencia de diversos intentos legislativos -sin éxito a la fecha del presente proyecto- por regular esta materia, que, de manera inexplicable no han sido tratados por el órgano por antonomasia llamado a regularlos. Entre lo más recientes podemos mencionar, primeramente, y haciendo gala de una técnica legislativa impecable el proyecto sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección (Boletín 2.809-07) que data de octubre del año 2001 actualmente sin movimiento para su tramitación, y que según se desprende de los oficios acompañados en la tramitación, cuenta desde ya con la férrea oposición por parte de la Corte Suprema, pues, según oficio de enero de 2002 el máximo Tribunal cuestiona -sin mayores fundamentos-, las numerosas innovaciones que introduce el citado anteproyecto. Las críticas aludidas resultan paradójicas si tenemos presente que el referido proyecto es el resultado del trabajo de un conjunto de destacados profesores de Derecho Constitucional y Derecho Procesal. Un segundo proyecto, anterior y que data del año 1998, originado en moción del ex Senador Bombal , actualmente archivado, está bien orientado en el tema central que nos convoca, que dice relación con la impugnación de la constitucionalidad del plazo de quince días, establecido por los autos acordados. Sin embargo, resulta deficiente el establecimiento de un plazo de prescripción, para el ejercicio de la acción, cuando en estricto rigor se trata de un plazo de caducidad para su puesta en movimiento. En general mantiene un esquema similar al propuesto en los referidos autos, sin mayores innovaciones. Un tercer proyecto, es el Boletín Nº4.011-07, del Senador Navarro, que a diferencia de las otras mociones propone un plazo de seis meses para deducir la acción cautelar -coherente con el plazo de las denuncia ante la Corte Interamericana, con una tramitación similar a la primera propuesta analizada. A pesar de los referidos intentos legiferantes, las convicciones sobre la materia, refrendadas por la opinión absolutamente dominante de la doctrina nacional, nos llevan a instar por una revisión integral del tema por intermedio de un nuevo proyecto que se propone, en que se pretende innovar en tres cuestiones fundamentales; en primer lugar, estableciendo un plazo por ley, distinguiendo la clase de actos u omisiones que privan, perturban o amenaza el legítimo ejercicio de derechos fundamentales, de aquellas permanentes, así como, aquellas situaciones en que el plazo no es exigible; en segundo lugar, la regulación expresa de las medidas cautelares, y finalmente el reforzamiento de los dictaminado por la jurisdicción internacional en el sentido de simplificar las exigencias a fin de que exista pronunciamiento de fondo y que ante la Corte Suprema la audiencia para la vista de la causa sea ineludible. 3. Ideas matrices. El presente proyecto, tiene por finalidad establecer un procedimiento establecido por ley, para una de las principales acciones para la tutela de urgencia de derechos fundamentales, así las cosas, no resulta aceptable que sea regulada mediante un procedimiento que no se ajusta a la exigencia prevista en la carta fundamental (art. 19 Nº3). En el esquema vigente la autorización para regular la sustanciación de un procedimiento e investigación racional y justo sólo puede ser fijado por ley, ahí radica la importancia de la reserva legal de los derechos como regla constitucional. En este sentido se busca establecer una regulación detallada del procedimiento, pero que cumpla con todos las exigencias para simplificar la tutela de los derechos fundamentales y restringir los formalismos innecesarios, como la declaración de inadmisibilidad que por no cumplir con los principio formativos del procedimiento atentan con la protección de los derechos fundamentales y el debido proceso. Un aspecto específico, dice relación con la fijación -por la vía de un auto acordado- de un plazo para ejercer esta importante acción. Conforme a la idea que es un problema que debe resolver una reforma legal, es necesario establecer un plazo en la ley, para luego distinguir la naturaleza de los actos u omisiones, así como también, la posibilidad de interrumpir el computo del plazo o precisar los casos de situación de una vulneración permanente lo que se establece en el presente proyecto. En caso de apelación se garantiza expresamente el derecho de las partes a la vista de la causa del recurso Es por estos fundamentos que venimos en proponer el presente: Proyecto de ley Artículo 1°.- Naturaleza. La acción de protección será procedente contra actos u omisiones arbitrarios o ilegales por los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 conforme a lo señalado en el Artículo 20 de la Constitución Política. El afectado podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Artículo 2º.- Plazo de interposición. La acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo de seis meses contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. Artículo 3°.- Sujetos legitimados activamente. El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, aún cuando no tenga mandato, poder, ni cuente con patrocinio de abogado. También se encontrarán legitimados para interponerlo, en las mismas condiciones, por las asociaciones o agrupaciones que carezcan de personalidad jurídica. Artículo 4°.- Tramitación. El recurso se presentará por escrito en papel simple, por telégrafo, télex, fax, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo. En casos graves y urgentes podrá ser deducido verbalmente, debiendo el Ministro de Fe del Tribunal levantar un acta. Deducida la acción, el Tribunal examinará en cuenta si ha sido interpuesto en tiempo y si señala un derecho que sea protegido por esta vía procesal. Si no se hubiere dado cumplimiento a estos requisitos lo declarará inadmisible por resolución fundada, la que será susceptible de reposición ante el mismo tribunal, el que deberá interponerse dentro de tercero día. Acogido a tramitación el recurso, la Corte de Apelaciones ordenará que informe, por la vía que estime más rápida y efectiva, la persona o personas, funcionarios o autoridad que según la acción o en concepto del Tribunal son los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal, que haya podido producir privación, perturbación o amenaza del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger, fijándole un plazo perentorio de cinco días corridos para emitir el informe, señalándole que conjuntamente con éste, el obligado en evacuarlo remitirá a la Corte todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo del recurso. Recibido el informe y los antecedentes requeridos, o sin ellos, el Tribunal ordenará traer los autos en relación y dispondrá agregar extraordinariamente la causa a la tabla del día subsiguiente, previo sorteo, en las Cortes de Apelaciones de más de una Sala. Los oficios que fueren necesarios para el cumplimiento de las diligencias decretadas se despacharán por comunicación directa, por correo o telegráficamente, a través de las Oficinas del Estado o por medio de un ministro de fe. Artículo 5º.- Medidas cautelares. El Tribunal cuando lo juzgue conveniente para los fines cautelares de la acción, podrá decretar orden de no innovar. Se entenderá especialmente necesaria la dictación de tal medida en los casos de las garantías a que se refieren al derecho a la vida e integridad física o psíquica de la persona. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Artículo 6°.- Las personas, organizaciones, funcionarios u Órganos del Estado afectados o recurridos, podrán hacerse parte en el recurso. Artículo 7°.- Para mejor acierto del fallo se podrán decretar todas las diligencias que el Tribunal estime necesarias. La Corte apreciará de acuerdo con las reglas de la sana crítica los antecedentes que se acompañen al recurso y los demás que se agreguen durante su tramitación. La sentencia que se dicte, ya sea que lo acoja, rechace o declare inadmisible el recurso, será apelable ante la Corte Suprema. Artículo 8°.- Sentencia. La sentencia se notificará personalmente mediante la forma de notificación que señalen los intervinientes o por el estado a la persona que hubiere deducido el recurso y a los recurridos que se hubieren hecho parte en él. La apelación se interpondrá dentro del término fatal de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la parte que entabla el recurso, y deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulen al Tribunal. Si la apelación se interpusiere fuera de plazo o no es fundada o no contiene peticiones concretas el Tribunal la declarará inadmisible. Artículo 9°.- Recibidos los autos en la Secretaría de la Corte Suprema, el Presidente del Tribunal ordenará traerlo "en relación" para oír a los abogados de las partes, en cuyo caso se agregará extraordinariamente el recurso a la tabla de la Sala especializada. Previo a la vista de la causa o para el mejor acierto del fallo, la Corte Suprema, podrá solicitar de cualquier autoridad o persona los antecedentes que considere necesarios para la resolución del asunto. Todas las notificaciones que deban practicarse se harán por el estado diario. Artículo 10°.- Tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema, cuando en ésta se traiga el recurso "en relación", la suspensión de la vista de las causas procederá por una sola vez a petición del recurrente, cualquiera que sea el número de ellos y respecto de la otra parte, aunque fuere más de uno el funcionario o persona afectada, sólo cuando el Tribunal estimare el fundamento de su solicitud muy calificado. La suspensión no procederá de común acuerdo de las partes. Artículo 11°.- La Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, en su caso, fallará el recurso dentro del quinto día hábil, pero tratándose de las garantías constitucionales contempladas en los números 1°, 3° inciso 4°, 12° y 13° del artículo 19 de la Constitución Política, la sentencia se expedirá dentro del segundo día hábil, plazos que se contarán desde que se halle en estado la causa. Cuando lo estimen procedente, podrán imponer la condenación en costas. Artículo 12°.- Si respecto de un mismo acto u omisión se dedujeren dos o más acciones, aún por distintos afectados, y de los que corresponda conocer a una determinada Corte de Apelaciones, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, se acumularán todos los recursos al que hubiere ingresado primero en el respectivo registro de la Secretaría del Tribunal formándose un solo expediente, para ser resueltos en una misma sentencia. Artículo 13°.- Firme el fallo de primera instancia por haber transcurrido el plazo para interponer el recurso de apelación, sin que éste se hubiere deducido, o dictado sentencia por la Corte Suprema cuando fuere procedente, se transcribirá lo resuelto a la persona, funcionario o autoridad cuyas actuaciones hubieren motivado el recurso de protección, por oficio directo, telegráficamente o por correo electrónico si el caso así lo requiere. Artículo 14°.- Si la persona, el funcionario o el representante o Jefe del Órgano del Estado, ya tenga éste la calidad de titular, interino, suplente o subrogante, o cualquiera otra, no evacuare los informes o no diere cumplimiento a las diligencias, resoluciones y sentencias dentro de los plazos que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema ordenaren, conforme a lo establecido en la presente ley, podrán éstas imponer al renuente, oyéndolo o en su rebeldía alguna o algunas de las siguientes medidas: a) amonestación privada; b) censura por escrito; c) multa a beneficio fiscal que no sea inferior a una unidad tributaria mensual ni exceda de cinco unidades tributarias mensuales; y d) suspensión de funciones hasta por cuatro meses, tiempo durante el cual el funcionario gozará de medio sueldo. Todo ello además de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir dichas personas”.