REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 354ª Sesión 77ª, en miércoles 13 de septiembre de 2006 (Especial, de 18.10 a 20.17 horas) Presidencia del señor Labrín, don Antonio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.OBJETO DE LA SESIÓN VI.DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia6 II.Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 V.Objeto de la sesión. Ejecución del programa de reconocimiento al exonerado político. Proyectos de acuerdo9 VI.Documentos de la Cuenta. 1.Moción de los diputados señores Duarte, León, Lorenzini, Ojeda, Paredes, Pérez, Quintana, Saffirio, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Muñoz, doña Adriana, que modifica la ley N° 19.234, sobre exonerados políticos. (boletín N° 453317)41 2.Moción de los diputados señores Monckeberg, don Nicolás; ÁlvarezSalamanca, Galilea, Martínez y Sepúlveda, don Roberto, que modifica el Código Orgánico de Tribunales para establecer la exención de pagos arancelarios a los conservadores de bienes raíces en el caso de reinscripción de títulos de dominio. (boletín N° 453407)43 3.Moción de los diputados señores Becker, Bertolino, Delmastro, Galilea, García, Vargas, y de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia e Isasi, doña Marta, que modifica la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional con el objeto que las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado indiquen en los informes la incidencia de un proyecto de ley en las regiones del país. (boletín N° 453506)44 4.Moción de los diputados señores García, Becker, Bertolino, Delmastro, Galilea, Vargas, y de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia e Isasi, doña Marta, que modifica la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades sobre inhabilidades para ser candidato a concejal y alcalde. (boletín N° 453606)45 5.Moción de los diputados señores Vargas, Becker, Bertolino, Delmastro, Galilea, García, y de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia e Isasi, doña Marta, que sanciona como contrarias a la probidad administrativa promesas y anuncios falsos de autoridades o funcionarios de la Administración del Estado. (boletín N° 453707)46 Pág. 6.Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Kast, Monckeberg, don Cristián; Monckeberg, don Nicolás; Vargas, Verdugo, Ward y de la diputada señora Valcarce, doña Ximena, que modifica el artículo 691, del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de establecer que el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva recaída en os juicios de comodato precario, sea concedido en el sólo efecto devolutivo. (boletín N° 453807)47 7.Moción de los diputados señores Farías, Aguiló, Alinco, Bertolino, Meza, Recondo, Saffirio y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, y Vidal, doña Ximena, que agrega un artículo 25 bis al Código del Trabajo, regulando el descanso de los trabajadores de la locomoción colectiva interurbana al momento de hacerse efectivo sus días de descanso. (boletín N° 453913)48 8.Moción de los diputados señores Duarte, Walker, Araya, Fuentealba, Latorre, León, Ortiz, Silber, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina, y Sepúlveda, doña Alejandra que establece la obligatoriedad de revisar y mantener los ascensores en adecuadas condiciones técnicas. (boletín N° 454014)50 Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de las sentencias referidas a los siguientes recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad: 9.Rol 5352006, caratulado “Sociedad Minera Atocha con Compañía Minera Tamaya SCM”. (Se refiere al caso en que, de conformidad con lo establecido en el Código de Minería, cumplida la prescripción la concesión minera queda saneada de todo vicio)53 10.Rol 5542006, caratulado “Centro Comercial Temuco con Servicio de Impuestos Internos”. (Apelación en contra de funcionaria de Impuestos Internos que actuó en calidad de jueza tributaria)55 VII.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios: Ministerio de Relaciones Exteriores: Proyecto de Acuerdo N° 58, relativo a los tratados internacionales que reconocen el ejercicio de la profesión de médico cirujano. Ministerio de Obras Públicas: Diputado Ojeda, información programa Obras Provincia de Osorno. Diputado Fuentealba, investigación de causas que originaron corte de agua potable durante cuatro días en Illapel. Diputado Robles, licitación de obras de mejoramiento de la Ruta 5 Norte en Región de Atacama. Diputado Monckeberg, don Nicolás, reparación de puentes en comunas de San Carlos y San Nicolás. Diputado Monckeberg, don Nicolás, solicitud de controles móviles de peso en caminos de la comuna de Quillón, Octava Región. Diputado Quintana, información sobre árboles en faja fiscal de Comunidad California. Diputado Lobos, información sobre la apertura de las compuertas de las centrales hidroeléctricas de Pangue y de Ralco. Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Diputado Martínez, situación producida con motivo de la inauguración de la Biblioteca Francisco de Miranda, en Chillán. Diputado Hales, información sobre proyecto BID N° 300402150, investigación para el Desarrollo de un Área Marítima Protegida en Chiloé y Palena. Diputado Accorsi, remisión de decretos 22 y 80, de años 1999 y 2005, respectivamente que trata sobre la norma de emisión para molibdeno y sulfato de solvente. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (117) NOMBRE(Partido*RegiónDistrito) --Accorsi Opazo, Enrique --Aedo Ormeño, René --Aguiló Melo, Sergio --Alinco Bustos, René --Allende Bussi, Isabel --Alvarado Andrade, Claudio --ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Araya Guerrero, Pedro --Arenas Hödar, Gonzalo --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Bobadilla Muñoz, Sergio --Burgos Varela, Jorge --Bustos Ramírez, Juan --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Chahuán Chahuán, Francisco --De Urresti Longton, Alfonso --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Díaz Díaz, Marcelo --Dittborn Cordua, Julio --Duarte Leiva, Gonzalo --Egaña Respaldiza, Andrés --Encina Moriamez, Francisco --EnríquezOminami Gumucio, Marco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escobar Rufatt, Álvaro --Espinosa Monardes, Marcos --Espinoza Sandoval, Fidel --Estay Peñaloza, Enrique --Farías Ponce, Ramón --Forni Lobos, Marcelo --Fuentealba Vildósola, Renán --Galilea Carrillo, Pablo --García García, René Manuel --GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Briere, Guido --Godoy Ibáñez, Joaquín --Goic Boroevic, Carolina --González Torres, Rodrigo --Hales Dib, Patricio --Hernández Hernández, Javier --Herrera Silva, Amelia --Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge --Isasi Barbieri, Marta --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jiménez Fuentes, Tucapel --Kast Rist, José Antonio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leal Labrín, Antonio --León Ramírez, Roberto --Lobos Krause, Juan --Lorenzini Basso, Pablo --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Meza Moncada, Fernando --Monckeberg Bruner, Cristián --Monckeberg Díaz, Nicolás --Monsalve Benavides, Manuel --Montes Cisternas, Carlos --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz D'Albora, Adriana --Norambuena Farías, Iván --Núñez Lozano, Marco Antonio --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Pacheco Rivas, Clemira --Palma Flores, Osvaldo --Paredes Fierro, Iván --Pascal Allende, Denise --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rubilar Barahona, Karla --Saa Díaz, María Antonieta --Sabag Villalobos, Jorge --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Sepúlveda Hermosilla, Roberto --Sepúlveda Orbenes, Alejandra --Silber Romo, Gabriel --Soto González, Laura --Sule Fernando, Alejandro --Súnico Galdames, Raúl --Tarud Daccarett, Jorge --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Turres Figueroa, Marisol --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valcarce Becerra, Ximena --Valenzuela Van Treek, Esteban --Vallespín López, Patricio --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Cárdenas, Mario --Venegas Rubio, Samuel --Verdugo Soto, Germán --Vidal Lázaro, Ximena --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio --Ward Edwards, Felipe Asistieron, además, los ministros del Interior, don Belisario Velasco, y del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 18.10 horas. El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 72ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 73ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. V. OBJETO DE LA SESIÓN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL EXONERADO POLÍTICO. Proyectos de acuerdo. El señor LEAL (Presidente).- Señoras diputadas y señores diputados, esta sesión ha sido convocada por petición de 63 señores diputados, con el objeto de tratar la situación de los exonerados y la ejecución del Programa de Exonerados a cargo del Ministerio del Interior. Han sido citados los ministros del Interior, señor Belisario Velasco, y del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade, quienes ya se encuentran en la Sala. ¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala la coordinadora nacional del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político del Ministerio del Interior, señora Marta Joignant? No hay acuerdo. Saludo a los representantes del Comando Nacional de Exonerados Políticos y a todos los exonerados presentes en las tribunas. Aplausos. El señor HALES.- Señor Presidente, quiero hacer una consulta de Reglamento. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría. El señor HALES.- Señor Presidente, mi pregunta se relaciona con los solicitantes de esta sesión. Entiendo que la negativa para que ingrese a la Sala la encargada de la Oficina Nacional de Exonerados surge de las bancadas de Oposición que pidieron esta sesión especial, lo que me hace pensar que a lo mejor no han reflexionado sobre ese punto. Resulta un contrasentido que no ingrese a la Sala esta funcionaria, pues no vamos a obtener los datos suficientes. Quizás su señoría pueda hacerlos recapacitar al respecto. El señor LEAL (Presidente).- Si entiendo bien, su señoría me está pidiendo que vuelva a pedir el acuerdo. El señor HALES.- Sí, señor Presidente. El señor LEAL (Presidente).- Solicito nuevamente el acuerdo de la Sala para que ingrese la coordinadora del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En el tiempo previo de 15 minutos contemplado en el artículo 74 del Reglamento y que en esta oportunidad corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra al honorable diputado René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco la presencia de los señores ministros y a todos los diputados que firmaron nuestra petición para la realización de esta sesión especial. Por múltiples canales, y constantemente, varios diputados hemos tomado contacto con exonerados o con organizaciones que los representan. En esas oportunidades hemos recibido denuncias gravísimas respecto al manejo del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político por parte del Gobierno, eludiendo los deberes que el Estado tiene con ellos en virtud de lo dispuesto por las leyes que el Congreso Nacional ha despachado. Con los exonerados de mi región y, en particular, con los de la provincia de Arauco, con quienes hemos desarrollado un estrecho trabajo, como consecuencia de ello se han creado confianzas y convicciones, que son las que me han motivado, junto a otros diputados, a solicitar esta sesión especial. Particularmente, quiero reconocer a los dirigentes de agrupaciones de exonerados, señores Rigoberto Lobo, de Lebu; Eduardo Leighton y José Sanhueza, de Curanilahue; Tránsito Llancapán, de Lautaro; Naldo Sanhueza, de Loncoche, y Misael Leiva, de Fresia, todos pertenecientes a la Asociación Gremial de Exonerados Políticos del Arauco y de la Araucanía, organización debidamente reconocida, inserta en el movimiento social independiente. Espero que la actitud valiente de esas organizaciones, que dan la cara y reclaman lo que les corresponde no sea objeto de represalias que incrementen las arbitrariedades y discriminaciones a las que me referiré. Todos ellos me han llevado a comprender la dramática situación de los exonerados y a comprometerme con su causa. Como decía, la Cámara, en definitiva, el Congreso Nacional, despachó proyectos de ley que pretendían reparar, en parte, las difíciles situaciones de los exonerados. En efecto, en 1993 se dictó la ley N° 19.234, que otorgó beneficios previsionales por gracia a quienes fueron exonerados por motivos políticos o actos de autoridad desde la Administración del Estado o empresas privadas intervenidas por éste en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, es decir, a todas las personas que perdieron sus empleos por motivos políticos y no sólo vieron afectada su situación socioeconómica inmediata, sino también su situación previsional futura. A la referida ley se sumaron la ley N° 19.582, de 1998, y la ley N° 19.881, de 2003, que establecieron nuevos plazos para obtener la calificación de exonerado político y acogerse a los beneficios previsionales correspondientes. El Estado, según información oficial, realiza un esfuerzo inmenso y un gasto enorme para poner en ejecución estas leyes. En 2004, el Fisco pagó 81.262 millones de pesos por concepto de estas leyes, una cantidad gigantesca y que asciende cada año. Cuesta comprender, entonces, que con leyes aprobadas y con financiamientos millonarios exista tal volumen de reclamos y de molestia de los exonerados por la falta de claridad y ecuanimidad para otorgar los beneficios. ¿Cuáles son estos reclamos? Para comprenderlos, voy a resumir esquemáticamente una breve descripción de la institucionalidad a través de la cual se canalizan estos beneficios. Primero, el Ministerio del Interior tiene la exclusiva competencia para calificar si una persona reúne las condiciones para ser considerada exonerada política. Este proceso lo realiza a través del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, con un coordinador nacional, cargo de exclusiva confianza del Presidente de la República. Segundo, el Instituto de Normalización Previsional, INP, es el encargado de la tramitación previsional de todos los antecedentes recogidos. Finalmente, a la Contraloría General de la República le corresponde tomar razón de los beneficios, como también fiscalizar y emitir pronunciamientos respecto de la aplicación de las leyes correspondientes y sus reglamentos, función respecto de la cual este organismo contralor se encuentra en deuda. Pero es en el Gobierno y en el Ministerio del Interior donde se concentran las mayores y más duras críticas. La extrema lentitud y las tramitaciones innecesarias han llevado a que, de las 157 mil solicitudes para lograr el reconocimiento de exonerado político realizadas en conformidad a las últimas leyes dictadas, sólo hayan calificado 20 mil. El resto es espera, trámite, papeleos, en definitiva, burocracia estéril, pero bien remunerada para el burócrata. Muchas veces el documento faltante que se solicita es ridículo, como los finiquitos originales, que después de más de 30 años lo más probable es que no existan. Son miles los exonerados a los cuales, cumpliendo con las exigencias de la ley, se les hace jugar al compra huevos y se les envía al INP a buscar certificados, en circunstancias de que perfectamente el Ministerio del Interior podría solicitar y obtener la información del Instituto de Normalización Previsional en forma directa, de manera rápida y completa, y evitarles la pérdida de tiempo y de dinero en traslados. ¿No merecen los exonerados que la autoridad sea más eficiente y no les prolongue este verdadero calvario? Ello se suma a la situación injusta que sufrieron en el pasado y que motivó la dictación de leyes que otorgan los beneficios que reclaman. La indolencia del gobierno de la Concertación llega a ser irritante. Además de las exigencias ridículas que la ley no contempla, se han requerido otros documentos que, a lo menos, resultan sospechosos, por ejemplo, el certificado de militancia, y ojalá del Partido Socialista, porque el que se lo consigue tiene casi garantizada la rapidez en la tramitación y un indiscutible reconocimiento como exonerado. He conocido a personas algunas están con nosotros en las tribunas que llevan más de tres años chocando contra las paredes del Gobierno, intentando ejercer los derechos que la ley les reconoce. Afortunadamente pueden hacerlo, porque también hay muchos que, debido a la lentitud del Gobierno, han fallecido sin poder gozar de ellos. Seguramente habrá alguien de la Concertación que intentará rebatir lo que digo, destacando la cantidad de millones que el Gobierno ha destinado a los exonerados. Les digo de antemano que, con rigor, descuenten el dinero de las cotizaciones que pertenece a los mismos exonerados y también los millones que quedan enredados en la pesada e ineficiente burocracia que montó el Gobierno para tramitar y entorpecer la entrega de beneficios que la ley concede. He conversado con algunos diputados, y con incredulidad revisábamos algunos documentos. ¿Sabían ustedes que una de las razones por las que se produjo el conflicto que determinó la salida de Humberto Lagos, coordinador nacional, fue la diferente apreciación que tenía respecto de la confusión del rol de parlamentario y ministro de fe que aparecía en múltiples certificados? Para acogerse a los beneficios de la ley se acompañaban certificados extendidos por parlamentarios. Actualmente se encuentra en funcionamiento en la Cámara de Diputados una Comisión que investiga la asignación de planes de generación de empleos en función de campañas políticas. Con suerte, se trata de unos cuantos cientos de pagos temporales. ¿Qué ocurre cuando se otorgan miles de beneficios permanentes? Habrá que investigar también el reconocimiento de la calidad de exonerado desde la perspectiva de la intervención electoral. Desde ya, solicito que dicha Comisión realice un examen de esta situación. La discriminación campea en la coordinación nacional del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político del Ministerio del Interior no sólo por la preferencia que se hace a los que simpatizan o se arriman a un partido determinado, sino también porque el Ministerio privilegia a algunas organizaciones de exonerados por sobre otras. La exclusión de organizaciones y la negación de su calidad de interlocutores es una demostración más de arbitrariedad y discriminación odiosa, actitud que ha imperado en el último tiempo y se ha agudizado con los cambios en la coordinación nacional. Hay un antecedente que quisiera omitir, por lo vergonzoso, pero mi deber es exponerlo en esta Sala. No obstante mi indignación, voy a expresarlo en condicional, para no levantar escandalera y desviar la atención de lo principal: me han informado que habría parlamentarios que percibirían pensiones como exonerados políticos. ¿No es suficiente con la dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, incluidas las asignaciones que establece la Constitución? Me parecería moralmente inaceptable que eso fuera así. Si existe alguien en esta Sala que está cometiendo ese abuso, lo exhorto a que renuncie al beneficio que aprobamos para las personas que realmente lo necesitan y no para los aprovechadores. Hace unos días, el presidente del partido Socialista desenterró el término “chupasangre” para endosarlo al que se le pasara por delante. Yo le pregunto ¿cómo se llaman los que succionan al Estado abusivamente y sin necesitarlo? A mi juicio, les queda chico el calificativo de “chupasangres”. Algo no anda bien en todo esto. También se habla de agentes inescrupulosos muy bien vinculados al poder, mediante cuyos oficios se puede obtener más fácilmente el reconocimiento como exonerado político. Obviamente, se deben retribuir sus servicios. Saltarán en las bancas del frente exigiéndome que dé a conocer los nombres y apellidos de los involucrados para que los denuncie en la Sala. ¡Búsquenlos entre sus partidarios, porque ahí están y no entre los nuestros! Quienes son genuinos exonerados políticos saben que lo que digo es verdad. Tengo en mis manos un documento que demuestra la verdadera promiscuidad funcionaria que existe entre los responsables del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, el cual da cuenta de varias cosas de las que he hablado. Se ha determinado una situación injusta, porque por cada persona que recibe el beneficio, abusiva o torcidamente, hay un honesto exonerado que, mereciendo la ayuda y el reconocimiento del Estado, no lo recibe. Por eso, junto con exigir al Gobierno que ponga fin de inmediato a los abusos y discriminaciones, debemos proponer, y así lo hemos hecho en el proyecto de acuerdo que hemos presentado, una serie de medidas legislativas y administrativas que debemos impulsar. Dentro de los aspectos que deben aclararse y enmendarse, y sobre los que el Gobierno debe responder, se encuentran los siguientes: 1. Saber si el presupuesto aprobado para las dos primeras leyes de exonerados políticos fue utilizado en su totalidad, como correspondía. Si no fue así, qué utilización se le dio al saldo; 2. Restituir a los exonerados el 7 por ciento que se les descontó, que nunca utilizaron, y que Fonasa tampoco recibió; 3. Aumentar el monto de los beneficios, de acuerdo a los compromisos asumidos por el Gobierno, y establecer un mínimo de 200 mil pesos; 4. Terminar con la incompatibilidad entre la pensión Valech y la pensión de exonerados, ya que tienen una causa distinta y compensan perjuicios diversos; 5. Corregir el hecho de que las viudas de los exonerados reciban un porcentaje inferior al ciento por ciento de la pensión, y 6. Establecen la obligación del Gobierno de evacuar las solicitudes pendientes, dando respuesta satisfactoria antes de fin de año, para que miles de personas tengan sosiego con su justa y legítima esperanza. No puedo dejar de plantear un tema del que también tendremos que preocuparnos a la brevedad: la injusta situación que viven quienes trabajaron en los programas PEM y Pojh, respecto de los cuales se producen inequidades que deben ser corregidas. Finalmente, quiero señalar que este problema no es de pesos más o pesos menos, sino ético, ya que, por un lado, miles de personas honestas esperan recibir lo que el Estado de Chile les adeuda y, por otro, un grupo enquistado en el Gobierno, que no ha comprendido que su misión es un deber moral y no mantener una burocracia que impide que en Chile exista mayor justicia para los exonerados. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, quiero expresar que esta tarde me embargan sentimientos encontrados, porque estamos revisando una legislación que tuvo su origen en el maltrato que el Estado dio a miles de chilenos, cuando representantes de la actual Oposición, hoy Alianza por Chile, ayer dictadura militar, formaban parte del gobierno. Me alegro de que la Derecha ahora esté disponible a colaborar en la búsqueda de una reparación por el daño causado, el cual nunca debió haberse producido. También me alegra que respalden la pronta y real aplicación de una legislación que, aun cuando lleva años vigente, todavía tiene a mucha gente esperando. Esta actitud de la Oposición de pretender enlodar la imagen del Gobierno por problemas en la aplicación de un beneficio que busca reparar un daño ocasionado por la dictadura, raya en los márgenes de lo razonable desde el punto de vista del comportamiento y la consecuencia política. Quisiera escuchar palabras de arrepentimiento de parte de la Derecha, que asuma su responsabilidad por el enorme daño causado a miles de chilenos que perdieron su fuente laboral por razones políticas. Asimismo, quiero recoger la real preocupación, el desgano, el descontento y la desesperanza que existe en miles de exonerados que han impetrado el derecho a ser beneficiados por esta legislación que busca reparar el daño que el Estado les ocasionó. Sin embargo, con franqueza, siento que se les ha infligido un segundo daño, ya que los han tramitado enormemente en su intento por recibir los beneficios que merecen y que el Congreso Nacional ha aprobado en tres oportunidades. Preferiría equivocarme y que el Estado beneficiara a quien no lo amerita, porque no cumple con los requisitos, antes de seguir tramitando a quienes realmente lo merecen. Me parece que ahí está la tranca, la razón de todo este problema, porque hay tremendas exigencias, a veces insalvables, que dificultan mucho el acceso a los beneficios. Se ha hecho así para que no se cuelen quienes no ameritan recibirlos. No obstante, han pasado muchos años y hay gente que ha cumplido 60, 70, 80 ó 90 años, incluso algunos han muerto en la espera. Por eso, insisto, preferiría que se cometieran errores en cuanto a que el Estado le entregue el beneficio a personas que no lo ameritan, a que no lo reciban quienes realmente lo merecen. Durante la última campaña electoral, la Presidenta de la República visitó las organizaciones de exonerados, con quienes asumió el compromiso de eliminar las trabas los requisitos excesivos que se exigen a los miles de exonerados que aún esperan y en definitiva, agilizar la entrega del beneficio. Por eso, creo que la Cámara de Diputados debería pedir a la Presidenta de la República la dictación de un nuevo reglamento, a fin de que los organismos con competencia en la materia actúen con mayor rapidez para que los exonerados reciban, por fin, la reparación que la Patria y el Estado les debe. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, los exonerados políticos llevan muchos años esperando una solución justa a su situación. Mientras los años pasan y el Gobierno les fija condiciones que muy pocos pueden cumplir para obtener una pensión digna, un gran número de ellos va muriendo, porque se trata de personas mayores. ¿Es que acaso las autoridades quieren demorar la solución de su problema a la espera de reducir los costos con el fallecimiento de un mayor número de ellos? Se han dictado tres leyes en beneficio de los exonerados políticos. La primera, estableció condiciones tan leoninas para tener derecho a pensionarse, que casi ninguno cumplía con las condiciones impuestas y más del 90 por ciento de los recursos fueron a fondos generales de la Nación. Pero no sólo eso. La inmensa mayoría de los muy pocos exonerados que logró pensionarse, lo hizo obteniendo entonces la pensión mínima. Más tarde, una nueva ley restringió los requisitos para pensionarse, pero tampoco satisfizo las aspiraciones de la mayoría. Hoy los exonerados políticos necesitan: primero, que se mejoren las pensiones de quienes ya están jubilados y, segundo, que se den facilidades a quienes no se han pensionado para que puedan hacerlo. Ambas materias requieren iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República. Me he reunido muchas veces con el Comando Provincial de Exonerados Políticos de la provincia Cordillera, en Puente Alto y en San José de Maipo. La mayoría de sus miembros son personas de edad, muchos enfermos, sin ingresos y con cuantiosos gastos en remedios, médicos y otros. Les hemos explicado que los diputados no tenemos iniciativa legal para promover ningún proyecto de ley que signifique gasto. Por tanto, cualquiera iniciativa destinada a favorecerlos debe, necesariamente, partir del Poder Ejecutivo. Me hubiese gustado ver en esta Sala, además de los ministros del Interior y del Trabajo, al ministro de Hacienda, que es quien tiene las llaves del reino. Ellos así lo han entendido y en reiteradas ocasiones nos han hecho saber su preocupación por la demora en la solución de sus apremiantes necesidades. No miro hacia atrás. No me importa cuál haya sido la circunstancia por la que fueron exonerados. Si miramos hacia atrás, nos puede pasar lo que a la mujer de Lot, que quedó convertida en estatua de sal. Miro hacia adelante, hacia el futuro de esos hombres y mujeres que llevan tantos años esperando. Miro el destino de esas familias que viven agobiadas por urgentes necesidades. Espero que la Presidenta de la República y el ministro de Hacienda, con el apoyo de los ministros presentes y de todo el Congreso, den a esta sesión especial el valor que ella tiene, y que los miles de exonerados políticos que hay en el país a quienes no se les ha reconocido su derecho, encuentren pronto la solución que necesitan. No piden caridad. piden justicia. En gente que lleva años esperando pensiones dignas que no les signifique ser una carga para sus familias y, especialmente, para sus hijos. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, muchos diputados de la Concertación hemos hecho de nuestro trabajo un verdadero apostolado por la defensa de los derechos humanos. Hemos tratado de corregir todo el daño o perjuicio causado en su oportunidad por el atropello de este bien supremo del hombre, los derechos humanos. La exoneración política afecta los derechos humanos. Fue tratado en la Comisión de Derechos Humanos en tres oportunidades y puedo decir aquí que en la Comisión, junto con los dirigentes de los exonerados políticos, promovimos un segundo o tercer proyecto de ley, que está en pleno desarrollo. Es deber del Estado reparar todos los daños y perjuicios que se cometieron. Es su responsabilidad. No importa quién lo haya hecho. Por ello, los gobiernos de la Concertación asumieron con mucha seriedad la protección de los derechos humanos. ¡Cuántas reparaciones a violaciones a los derechos humanos hemos llevado a cabo, con mucha dificultad, a través de todos estos años! Tenemos casos como el de los detenidos desaparecidos, los torturados y los prisioneros políticos. También está pendiente el problema de los quinquenios al personal de Gendarmería, que les fueron arrebatados el año 74; el daño previsional a los funcionarios públicos, el 10,6 por ciento de reajuste que no se les pagó a los jubilados; los programas PEM y Pojh, que les significó un vacío previsional tremendamente dañino a los trabajadores que se desempeñaron en ellos, que ha dificultado su jubilación. Ésa es la obra de quienes hoy hablan en un estilo que realmente nos sorprende, porque pretenden imputarnos sus culpas para cubrir sus responsabilidades. Si ellos hubiesen estado interesados realmente en tener más información sobre el motivo que tuvieron en vista para pedir la celebración de esta sesión habrían permitido la presencia en la Sala de la señora Marta Joignant, coordinadora nacional del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, quien nos podría haber entregado una muy buena información, pero da la impresión de que no les interesa. Originalmente, y conforme con los cálculos realizados para la primera ley sobre la materia, se estimaban en 53 mil los exonerados políticos, presentaron sus antecedentes aproximadamente 43 mil. La segunda ley agregó más áreas de trabajadores y las solicitudes fueron 60.147. Por último, luego de la dictación de la tercera ley postularon 155.318 personas. La tercera ley tuvo como objetivo que mucha gente que quedó marginada de los beneficios, entre ellos, los campesinos del sur, presentara sus antecedentes para recibirlos. Esa gente no postuló oportunamente porque no se atrevía a acercarse, a lo mejor, por miedo. Todavía hay muchos que sienten temor, pero se atrevieron por la necesidad que hoy atraviesan. O por desconocimiento... El señor LEAL (Presidente).- Terminó su tiempo, señor diputado. El señor OJEDA.- Termino en medio minuto, señor Presidente. Mucha gente frustró sus planes y programas personales de trabajofamilia, pero por sobre todo, sufrió la ignominia y la humillación de perder sus trabajos. Penosa fue la situación de los exonerados en esa época, como también lo es la desesperanza que hoy los afecta y la desesperación que en muchos de ellos cunde por no recibir sus beneficios. Han pasado 13 años desde que se dictó la primera ley y, hasta el momento, según informes oficiales, sólo el 42 por ciento de los exonerados políticos ha sido calificado. Es decir, apenas 110 mil, de los cuales muy pocos han obtenido beneficios. Quedan 148 mil personas que no han sido calificadas. Pedimos celeridad. Hemos estado siempre atentos y ayudando a los miles de trabajadores afectados, muchos de los cuales han permanecido sin recibir ingreso alguno. Las trabas que ha impuesto la Contraloría General de la República, debido a su excesiva legalidad, retardan los informes que deben ser visados por dicho organismo. También hay lentitud en el INP, razón por la cual tuvimos que citar al director nacional para que nos explicara por qué se demoraban tanto. A ello se suma la ineficiencia de otros organismos públicos que también debían pronunciarse, lo que hace que estas cosas avancen muy lento. Por tanto, pido al Ejecutivo, a la oficina del Programa de Exonerados Políticos la calificación de las personas de mayor edad y enfermos, quienes requieren una urgente solución, como también los campesinos, que están ilusionados por acceder a sus derechos. Las nuevas exigencias y requisitos formales de los documentos necesarios retrasan el trámite, volviendo muchas veces a cero. Estamos con los exonerados políticos y queremos que se dé mayor celeridad a la tramitación de sus solicitudes para que, de una vez por todas, puedan acceder a los beneficios que establece la ley. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- El diputado señor Ojeda ocupó 6,4 minutos del tiempo de su bancada. Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, sin duda, el quiebre institucional de 1973 provocó muchos dolores a la sociedad chilena. Algunos perdimos a nuestros seres queridos yo, a mi padre, pero los que perdieron su trabajo sufrieron y siguen sufriendo enormemente por haber perdido su fuente laboral en aquellos años, lo cual, en las décadas siguientes, a muchos les cambió la vida. Lo que no puedo aceptar es que algunos sectores de la Oposición tengan un discurso que nos hace ver, de repente, el mundo al revés. Lo único que falta es que, en unas semanas más, la Derecha pida una sesión especial para que nuestro Gobierno asuma la responsabilidad por los detenidos desaparecidos, los mismos que ellos hicieron desaparecer. ¡Eso es lo único que falta! Pero hay algo que es necesario reconocer: existen demoras importantes que se deben asumir. Cuando se dictó la tercera ley sobre exonerados se esperaba que se acogieran a ella 40 mil personas aproximadamente; pero lo hicieron 170 mil. ¿Por qué? Porque muchos se han aprovechado del sistema; incluso, algunos de los que nombró el diputado García forman parte del comando que le cobran mensualmente cuotas a la gente. Esto ha provocado tremendas demoras en el reconocimiento de quienes fueron verdaderamente exonerados. Han aparecido exonerados políticos que están recibiendo una pensión, que después del 11 de septiembre de 1973 izaron la bandera, en circunstancias de que aún no han podido acceder a ella personas que en verdad debieran percibirla. Sergio Onofre Jarpa es el mejor ejemplo. Dado el escaso tiempo de que dispongo, daré a conocer rápidamente algunos problemas. En primer lugar, me referiré a los asentamientos. Más del 80 por ciento de los postulantes que pertenecieron a asentamientos campesinos se encuentran sin calificar, debido a que los funcionarios de los SAG regionales dicen que no cuentan con información de esas personas. Hay ahí un problema grave que el Gobierno debe resolver, y para ello se sugiere que el Ministerio solicite a la Dirección del Trabajo una nómina de los dirigentes sindicales de esos asentamientos, a fin de que ellos puedan calificar a esos trabajadores. También hay directores de servicios públicos, como la Conaf, el SAG, el Serviu y el MOP, que tienen la voluntad política de colaborar para agilizar los trámites, pero también hay funcionarios que no tienen la misma voluntad y que entraban la entrega para que la gente sea calificada como corresponde. Tampoco han podido calificar trabajadores de empresas del Estado que ya no existen, como Dinac, Bima, Somasur, ECA y Socoagro. Se requiere una solución rápida y efectiva para ellos. Por eso, encuentro justificable esta sesión especial, pues busca agilizar tales situaciones. En estos casos no existe documentación que permita a los trabajadores exonerados comprobar su relación laboral, porque las empresas no existen. Sin embargo, la Dirección Nacional del Trabajo tiene registros de los sindicatos de esas empresas y por lo tanto se podría validar la relación laboral mediante la certificación de los dirigentes de la época. Sugerimos que directamente el Ministerio del Interior pida el registro de los dirigentes sindicales a la Dirección del Trabajo para hacer más ágil la tramitación. De esta forma sólo bastaría ubicar a los ex dirigentes sindicales para que extiendan un documentos hacia el Ministerio del Interior. Actualmente, un postulante hace la solicitud de los antecedentes de los dirigentes sindicales de la época a través de las direcciones provinciales del trabajo hacia el nivel central y la respuesta demora, en promedio, tres meses, con la posibilidad de que no se encuentren datos, lo que sólo genera expectativas y alarga la espera. Otro caso similar pero más complejo es el de Iansa, que fue intervenida hasta 1982 y que posteriormente pasa a manos privadas que desconocen vínculos con los postulantes que trabajaron anteriormente. Que el Ministerio del Interior dé respuestas concretas a los postulantes que no califican. Consideramos que para no generar falsas expectativas en los postulantes, cuando estos no tengan opción de calificar, el Ministerio del Interior les informe concretamente las razones por las cuales no calificaron. Que el Ministerio del Interior agilice la revisión de las carpetas posteriores a 1980. Desde el cierre del proceso de postulación, en julio de 2003 hasta el día de hoy, hay carpetas que no han sido revisadas y genera una molestia y descontento hacia las oficinas parlamentarias de parte de los postulantes que creen que se les está engañando o tramitando en exceso. Esto ocurre principalmente cuando trabajadores de una misma empresa que han sido colegas y fueron exonerados en años distintos, unos reciben el beneficio mientras otros continúan una larga espera, lo que les provoca molestias. Pero no hay que perder de vista lo que dije al principio. Hay que ser muy cara dura, porque algunos de los que hoy plantean el tema de los exonerados, con su silencio, fueron cómplices directos de la exoneración de miles de nuestros compatriotas. He dicho. Aplausos en las tribunas. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García Huidobro. El señor GARCÍA HUIDOBRO.- Señor Presidente, quiero valorar la decisión de la UDI y de Renovación Nacional de convocar a esta sesión especial, porque si hay un sector que ha estado esperando una solución durante muchos años es, precisamente, una parte de los exonerados políticos. Por eso, no podemos olvidarlos y debemos tratar de solucionar su problema lo antes posible. El lunes tuve una reunión con el grupo de exonerados políticos de la Fiat, empresa de la Sexta Región ya desaparecida, donde 800 ex trabajadores enfrentan problemas muy semejantes. Además, ex trabajadores de Codelco y Femsaco también desaparecida han estado solicitando por muchos años la reliquidación de sus pensiones, pero no lo han logrado porque se perdió la información de esa época. Desgraciadamente, el INP no ha dado una respuesta formal, porque se perdieron los antecedentes que existían en los juzgados. Gracias al trabajo de los dirigentes exonerados de la Fiat, se logró obtener la nómina de esos trabajadores y las actas de advenimiento del último proceso de negociación colectiva. Esos antecedentes fueron entregados al Gobierno. Por su parte, la Contraloría General de la República dio un plazo de 15 días para resolver la situación. Pero, ¿qué ocurrió? Que llevamos un año y medio esperando que se solucione el problema a esos trabajadores, muchos de los cuales han fallecido, dejando a viudas y huérfanos, que se encuentran en una situación lamentable, porque reciben pensiones miserables. Por eso, valoro la decisión de la Cámara de celebrar esta sesión. Muchas veces, hay reuniones ustedes bien lo saben antes de las elecciones para buscar soluciones, pero luego no hay mayor preocupación por estos problemas. Es necesario encontrar una solución definitiva, especialmente para quienes han estado esperando por años que se les haga justicia. Por eso, hemos firmado un proyecto de acuerdo, con el fin de que la Cámara solicite al Gobierno una solución definitiva lo más rápida posible para mucha gente que la está esperando. He dicho. Aplausos en las tribunas. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, es interesante vivir una situación en la cual la tortilla se da vuelta. Esto me hace recordar la revolución española. Debo reconocer la buena intención del diputado García. En realidad, a la Alianza no le veo mucho interés en este tema, pues los asientos de la UDI y de Renovación Nacional están prácticamente desocupados. Pero el diputado García tiene cierta sensibilidad y, además, ha trabajado con los comités de exonerados en su zona. Para que esto sea absolutamente creíble, deberían acoger el llamado hecho por Joaquín Lavín en los últimos días. Ya le respondió una senadora de su propio partido, cuando preguntó si era la última tontera que se le había ocurrido al señor Lavín: que los que adhirieron al gobierno militar deben hacer suyo el “nunca más”. Por eso, junto con este acto de contrición que están haciendo aquí, cuando dicen que se debe dar un buen trato a los exonerados que ellos persiguieron y echaron de sus trabajos por pensar distinto, deberían decir también que, sea cual fuere el escenario que exista en el país, nunca más eso va a ocurrir. Nos da mucho temor que un futuro gobierno de Derecha exonere, como ya ha sucedido en algunos municipios, a muchos funcionarios. No por esto la bancada del Partido por la Democracia no se hace cargo de las deficiencias e ineficacias ocurridas con la aplicación de la última ley de exonerados políticos. Nos hacemos cargo del tema. Por eso, hemos presentado un proyecto de acuerdo. Creemos fundamental que las instituciones asuman su responsabilidad. El Gobierno debe definir un programa, con una fuerte intervención de recursos humanos, económicos y tecnológicos, que permita calificar como exonerados políticos a la mayor cantidad de personas que así lo han solicitado, siempre que cumplan con los requisitos del caso. Llama a duda que hayan aparecido 155 mil exonerados solicitando que su situación sea estudiada. Pero, a pesar de ello, es necesario que se respete el derecho de estas personas a recibir, por lo menos, una respuesta; que se les diga que califican o no califican. Por otro lado, es fundamental que nosotros, como un poder del Estado, hagamos un llamado de atención a la Contraloría General de la República, sobre todo ahora que hay mucha pelea y que la Derecha tiene mucho interés en que una persona de sus filas ocupe el cargo de contralor general de la República. El ente contralor siempre ha sido un gueto, un bolsón de funcionarios que vienen de la época del gobierno militar y que tienen absolutamente frenadas las solicitudes de análisis y calificación de los exonerados políticos, porque insisten en pedir uno y otro papel. Los campesinos represento a una zona netamente campesina del norte chico buscan papeles, gastan plata, viajan y presentan documentos, pero la Contraloría los rechaza, pese a que tales documentos están avalados por la Dirección del Trabajo. Entonces, ahí tenemos un gran cuello de botella para poder seguir calificando a los exonerados políticos, ya sea para rechazar o para aceptar. Pero es necesario considerar y respetar a esas personas que fueron perjudicadas por el gobierno militar. Para concluir, quiero decir que el diputado García actúa a conciencia y con responsabilidad. Pero no me parece bien utilizar políticamente estas situaciones, como lo hicieron anteriormente con los detenidos desaparecidos y con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y enrostrárselas al Gobierno. Por cierto, es importante que éste las conozca; nosotros las conocemos y vamos a asumirlas. Les pido más seriedad; por lo menos, que estén presentes en la Sala y que no anden vendiendo este tipo de discursos. Creo que sería muy bueno que Gobierno y Oposición nos encontráramos en la búsqueda de una solución. Como jefa de la bancada del PPD, propongo que estudiemos proyectos de acuerdo, y si encontramos puntos de consenso, que presentemos uno solo, porque éste es un tema nacional, más que de pequeñas ganancias políticas. Hago un llamado a enfrentar estos temas con la humanidad, el respeto y la consideración que se merecen los exonerados políticos, que fueron víctimas de la dictadura militar a la cual adhirió la gran mayoría de los diputados de la Alianza por Chile. He dicho. Aplausos en las tribunas. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, seré breve y preciso en un tema en el que obviamente hay diputados que conocen mucho más, porque algunos han tenido experiencias personales. Quiero aprovechar la presencia de los ministros del Interior y del Trabajo para plantear mi respaldo a lo que dijo la diputada Adriana Muñoz respecto de la Contraloría General de la República. Si uno mira la historia, hace más o menos un año y medio que se detuvo todo el proceso en esa instancia. Hoy está pidiendo antecedentes que, en nuestra opinión, no proceden. Habría que hacer una evaluación desde los puntos de vista legislativo y legal. La Contraloría debería limitarse a efectuar la toma de razón y avanzar en la materia, y no producir un cuello de botella. Además en regiones vemos que no hay diligencia y que no se actúa en forma transparente con los afectados. El diputado Ojeda hablaba de 155 mil. Entiendo que hay 40 ó 45 mil que tienen problemas, a quienes se les ha dicho que no, y otros 45 mil que tienen posibilidades de obtener su pensión, pero por problemas de papeles no han calificado. Por eso, quiero pedirle al ministro del Interior que se abran oficinas regionales para atender a los exonerados políticos. (Aplausos en las tribunas). Me parece que la mejor forma es tener una oficina en cada región. Estamos con problemas de empleo, y podríamos tener a jóvenes abogados en oficinas que dependan de las intendencias. No es tanta la plata, si consideramos que tenemos una holgura de 15 mil millones de dólares. De manera que estamos hablando de una propina y, por lo tanto, se debe tomar una decisión inmediata, para lo cual ni siquiera debemos esperar la tramitación de la ley de Presupuestos. Si es así, no me cabe duda de que los parlamentarios de la Oposición y de la Concertación haremos lo que corresponda para atender a los afectados y explicarles qué tienen, qué papel les falta y dónde está detenido su trámite, de modo que cada uno, sin intermediarios, pueda conocer exactamente su situación. He dicho. Aplausos en las tribunas. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, quiero señalar algo como concepto de partida. Tenemos retraso; existe lentitud en la calificación de los exonerados políticos. Ésa es una realidad. A la fecha, hay 155 mil solicitudes, de las cuales sólo ha calificado el 15 por ciento. Esto también es una realidad. La mayor parte de los exonerados son personas de la tercera edad y, probablemente, muchos ya fallecieron sin recibir los beneficios. Por eso, urge solucionar el tema que estamos planteando hoy. Los antecedentes de las 20 mil personas calificadas como exoneradas políticas han sido enviados al INP, y ahí también se ha producido un tremendo cuello de botella. Necesitamos agilizar la calificación y el cálculo de los beneficios. En ese sentido, lo importante es reponer la mesa entre el INP y el Comando Nacional de Exonerados, porque fue un mecanismo útil y eficaz para establecer y agilizar el proceso. La última ley sobre los exonerados exige mayor documentación. Incluso, en muchas ocasiones, a las personas se les ha pedido varias veces un mismo documento. Ésa es una carga innecesaria, que genera una incesante circulación de documentos entre las regiones y Santiago. Sin embargo, creo indispensable reconocer que, a lo largo de estos años, los gobiernos de la Concertación han realizado un tremendo esfuerzo para reparar el daño causado a los exonerados por la dictadura. Tengo 35 años y pienso que a la Cámara de Diputados se viene a hablar con la frente en alto. Me parece vergonzoso que hoy la bancada de la UDI esté casi completamente ausente y que ese partido plantee este tema, en circunstancias de que fue responsable de que en Chile existan exonerados políticos. También quiero decir, en concordancia con lo que señaló la diputada Adriana Muñoz, que falta el “nunca más” de la Derecha, el “nunca más violaciones a los derechos humanos”, porque nunca más debe haber exonerados políticos como los que dejó la Derecha. Finalmente, quiero señalar que corresponde poner el máximo de diligencia para acelerar los procedimientos y tratar a estas personas con la dignidad que corresponde, porque de lo que se habla aquí es de hacer justicia, y con mayúsculas, porque esta gente sufrió por el solo hecho de pensar distinto. Anuncio que nuestra bancada apoyará el proyecto que permite aplicar la figura del silencio administrativo, de manera que podamos resolver por esa vía las dificultades y la lentitud en el procedimiento de la calificación de exonerado político. He dicho. Aplausos en las tribunas. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, existe un dicho muy sabio que dice que “no hay que irse por las ramas”. Todos sabemos que esta Cámara, que es política, no está bien evaluada. Y no está bien evaluada por muchas de las intervenciones que hemos escuchado esta tarde en la Sala. En las tribunas hay cientos de personas que han venido a escuchar soluciones y no explicaciones. Pareciera que los que tienen la responsabilidad de solucionar el problema estuvieran en el limbo. ¿Quiénes son las autoridades? ¿Quiénes disponen de los recursos? ¿Quiénes son los que manejan las instituciones? Los integrantes del gobierno de la Concertación. Por lo tanto, encuentro lamentable que escuchemos explicaciones y justificaciones en lugar de soluciones. Como muy bien afirmó alguien en la Sala, pareciera que existe un interés electoral en mantener por años este problema sin solución. Pero lo más sorprendente que hemos escuchado esta tarde es que, de los eventuales culpables a los que se ha acusado, ahora resulta que el verdadero responsable es el contralor. ¡A él se considera el gran culpable, que no ha dado la solución prometida a las miles de personas a quienes afecta el problema! Debemos dar una explicación. Están presentes los ministros del Interior y del Trabajo y Previsión Social es decir, representantes del Gobierno. La Concertación es mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado y, además, tiene el Gobierno. Por lo tanto, ya no existen explicaciones válidas. (Aplausos en las tribunas). Debemos entregar una solución, puesto que no sacamos nada con recriminarnos, porque la gente sigue esperando. Los ministros del Interior y del Trabajo y Previsión Social tienen una gran experiencia y son funcionarios importantes de la Concertación, por lo que me gustaría escuchar algo positivo para que esta gente se vaya con una luz de esperanza, en el sentido de que en el futuro tendrán soluciones y no promesas. He dicho. Aplausos en las tribunas. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, resulta preocupante ver que no están en la Sala los que solicitaron esta sesión. Creo que la gente que nos acompaña en las tribunas se da cuenta de quienes son los que se preocupan del dolor que significó la masiva exoneración ocurrida entre 1973 y hasta muy avanzada la década de los 80. Confío en algunos parlamentarios de la Oposición, como el diputado René Manuel García, porque lo he visto trabajar en estos temas en la Región de la Araucanía, junto a su compañero de distrito, el diputado Fernando Meza, quienes han formulado un sinnúmero de propuestas. Sin embargo, este no es un tema que le interese a la Oposición y no lo podemos abordar sin ir a las causas que motivaron dicha exoneración, porque son las que entraban esta situación, dado que empresas autónomas pasaron a manos privadas de representantes del gobierno militar de la época y ellos escondieron los antecedentes. Es necesario reconocer que en el Ministerio del Interior, en el INP y en la oficina especialmente creada para estos efectos hay lentitud en el proceso de reunir los datos. Pero tampoco debemos dejar de reconocer que las personas del gobierno militar que se apoderaron de las empresas del Estado hicieron desaparecer los antecedentes. Así, muchos de los que están en las tribunas, que son exonerados de las empresas autónomas, no los pueden encontrar. Idéntica situación afecta a los campesinos de asentamientos. Represento a comunas como Curacautín, Lautaro, Vilcún, Victoria, entre muchas otras, en las que el problema es verdaderamente dramático. Ser despojados de sus empleos brutalmente, como lo hizo la dictadura, les cambió la vida a esas personas y el futuro de sus familias. A 33 años del golpe militar, creo y confío que la lentitud evidenciada será corregida por los ministros del Interior y del Trabajo y Previsión Social, de manera de llegar a la reparación que corresponde lo antes posible. No es justo que estas personas tengan que esperar tantos años para una pensión lo digo claramente miserable, no contributiva, o para un abono de tiempo. Me sumo a las propuestas del proyecto de acuerdo que ha presentado la Concertación, en el sentido de apoyar el silencio administrativo. Creo que esta situación no se resuelve con 30 mil cupos más o 30 mil cupos menos. El diputado Tuma dijo con mucha claridad que es preferible que reciba el beneficio aquel que no lo amerita porque le falta un antecedente, a que no lo obtenga quien, aún en vida, lo amerita. Eso debería inspirar un procedimiento más rápido para resolver el problema. También se dijo que la solución ha sido demorada porque a la tercera ley postuló mucha gente, incluidos los colados. ¡Claro! El ex ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa y muchos personajes de la Dina reciben pensión como, por ejemplo, quien usaba el alias de “El Príncipe”, principal sindicado en la muerte de Víctor Jara. Creo que llegó el momento de poner fin a esta situación, de acelerar los procesos y de dar dignidad y reparación a las familias que tanto han sufrido. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, sin duda, este es un tema relevante. Todos sabemos quienes fueron responsables de las exoneraciones. De alguna u otra manera, lo han dicho parlamentarios de la Concertación. Al respecto, durante la dictadura, hubo una responsabilidad inexcusable. Sin embargo, todos sabemos también que llevamos 16 años gobernando y que la última ley que se aplica entró en vigencia hace más de tres años, razón por la cual hay una responsabilidad, obviamente no de la misma envergadura moral, pero sí administrativa, por no entregar, en democracia, las pensiones a los exonerados. Son planos distintos, pero debemos hacer nuestro propio mea culpa y entender que las personas no pueden seguir esperando como lo han hecho hasta ahora que autoridades administrativas de la Concertación y de la Contraloría, reconozcan su condición de exonerados políticos y dispongan el pago de las pensiones. Es fundamental, aprovechando que se encuentran presentes los ministros del Interior y del Trabajo, señores Velasco y Andrade, respectivamente, acelerar los trámites. Hace unos veinte días, junto con la diputada Allende y el diputado Leal, planteamos este mismo tema al ministro del Interior. La Derecha y algunos de sus parlamentarios solicitaron esta sesión especial y aquí estamos, pero es fundamental apurar el proceso. Busquemos una solución al problema. Para ello es necesario contar con más funcionarios y dependencias en la oficina de Exonerados del Ministerio del Interior y en el INP, como también una mejor actitud de los funcionarios de la Contraloría. Por otra parte, los exonerados cuyos beneficios están pendientes necesitan igualdad en el trato. Al parecer, ciertos funcionarios privilegian a algunos por sobre otros. En esta parte, coincido con el diputado señor García, pues me han hecho llegar los mismos planteamientos dirigentes de exonerados. Algunos tienen una vía rápida, un fast track, mientras que otros deben esperar. Necesitamos que haya un proceso en el que exista igualdad de oportunidades para todos y criterios similares. Por ejemplo, en 22 puertos fueron reconocidos sus trabajadores y tienen la calidad de exonerados, pero no ha ocurrido lo mismo con los trabajadores, en idénticas condiciones, de otros seis puertos: San Antonio, Caldera, Iquique, Arica, Huasco y Chañaral. Los sé de memoria, pues es una tremenda injusticia y ésa es responsabilidad de quienes tramitan el proceso. ¿Por qué unos sí y otros no? Esto también hay que corregirlo y establecer iguales exigencias para todos; las mismas que se pidieron hace tres, cuatro o cinco años. Al parecer, hoy se pone una barrera más alta de trámites y se piden documentos muchas veces imposibles de conseguir. Al final, es como decirles que no. En resumen, es necesaria la igualdad en el trato, en los criterios y en las exigencias. Además, una vía rápida para las carpetas perdidas. Muchos exonerados llegan con su colillita timbrada por el ministerio y resulta que la carpeta no está en ninguna parte. Debemos ver cómo las reconstituimos, porque cientos de personas tienen ese problema. No quiero dejar de rendir un homenaje a los dirigentes, particularmente de una organización con la que he trabajado por más de tres años, el Movimiento Social Independiente de Exonerados Políticos: Miguel Pérez, Hugo Torres, Cristián Corona. Finalmente, quiero agradecer la actitud del gobierno, que la he visto en el ministro del Interior, señor Belisario Velasco. No me cabe la menor duda de que él, quien sufrió los rigores de la dictadura desde el 13 de septiembre de 1973, sabrá imprimirle a la solución de este problema como nos dijo hace algunos días la celeridad que corresponde. He dicho. Manifestaciones en las tribunas. El señor LEAL (Presidente).- Pido a las personas presentes en las tribunas que no interrumpan el desarrollo del debate. De lo contrario, tendré que pedir que sean desalojadas. Tiene la palabra el diputado René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, mis colegas de la Concertación dicen que estamos haciendo un mea culpa, pero eso no es verdad. Lo que estamos haciendo aquí es reconocer la tremenda injusticia que se ha cometido con los exonerados políticos. Cuando los representantes del grupo Arauco hablaron conmigo para que citáramos a esta sesión, lo único que queríamos, sin sacar ningún aprovechamiento político, era que se reconociera lo que se ha dicho: que la Contraloría ha fallado; que había que tener certificados; que había gente que tenía fast track, etcétera. Eso queríamos que se aclarara en esta sesión. ¿Saben cuál es el peor error de todos? Creer que los exonerados son de un solo color político. Hay exonerados de todas las tendencias políticas y de las más diversas ocupaciones. En consecuencia, queremos que este tema doloroso se acabe luego; que los exonerados políticos tengan su pensión y que se dediquen a gozar de los años que les quedan de vida, porque la mayoría es gente que ha sufrido mucho. Me parece que echarle la culpa a uno o a otro es ser mezquino. Todos sabemos qué pasó y cómo se produjeron los hechos. Entonces ¿qué estamos corrigiendo? Un tremendo error. Se ha hablado, incluso, de lo dicho por el señor Lavín. ¡Claro! ¡Si alguien tiene culpa, que la reconozca! No es ningún pecado. Es más hombre quien reconoce su culpa; el cobarde se ampara detrás de una puerta. Aquí estamos reconociendo que ha habido errores de todos. (Aplausos) He conversado al respecto con los diputados Quintana, Meza y Espinoza, quienes en plena campaña eleccionaria prometieron a esas personas que iban a presentar un proyecto de ley para que pudieran jubilar; que les iban a dar la condición de exonerados políticos, etcétera. Incluso, en Puerto Montt se buscó jurisprudencia al respecto. Muchos candidatos utilizaron políticamente a los exonerados para sus campañas. Ese daño hay que repararlo ahora. ¡Cuando se prometen cosas, hay que cumplirlas! El diputado Mulet dijo que hay un proyecto sobre la materia que hace tres años, ahora en democracia, ingresó a esta Cámara. Lo vamos a votar favorablemente. En ese sentido, tenemos moral para citar a esta sesión y para hablar sobre esta materia, porque ninguno de nosotros votó en contra de proyectos de ley de reconocimiento a los exonerados políticos. Ése es un buen gesto. Se dice que somos sectarios y tampoco votamos en contra del proyecto para erigir un monumento a su excelencia el ex Presidente de la República don Salvador Allende. Lo votamos a favor, porque le tenemos profundo respeto a todos los Presidentes de la República, sea quien sea. Lo hemos demostrado. Por eso estamos aquí y nos interesa esta sesión. Se ha dicho que don Sergio Onofre Jarpa tiene pensión de exonerado. Eso confirma lo que acabo de decir: hay políticos que tienen pensiones. Él no es el único. Ahora, si hay algún parlamentario que tenga la condición de exonerado político y gana el sueldo que gana, que renuncie a su condición de exonerado para que esa pensión le sirva a otra persona que la necesite más. (Aplausos) Entonces, señor Presidente, estamos hablando el mismo idioma. No es buen negocio echarse la culpa unos a otros. El buen negocio es hacer el trabajo y votar favorablemente los proyectos que ayuden a solucionar este problema que lleva tantos años de arrastre. Algunos creen que porque uno es de Derecha y otro de Izquierda vamos a estar peleando eternamente por estos problemas. ¡No! ¿Cuándo será el día que los exonerados políticos se junten con nosotros, Derecha e Izquierda, para decirnos: “Por fin, estamos tranquilos.”? Me decían los presidentes de los exonerados del Arauco y de La Araucanía: “¿Saben cómo estamos empezando nuestras reuniones? Con un minuto de silencio”. Eso sucede porque muchos de sus compañeros murieron; no tuvieron la fuerza de seguir esperando. Eso sí que es injusticia. ¿Por qué estamos apurando la causa? Porque se hizo un daño patrimonial no sólo en el minuto. Hay muchos exonerados políticos que tienen hijos brillantes, con notas extraordinarias y que no pueden seguir estudiando, porque no disponen de los medios para hacerlo. O sea, el daño ha sido permanente; no sólo cuando perdieron la pega. Ésa es la razón. (Aplausos) ¿Lo que estamos conversando aquí no es tener corazón? Creo que todos tenemos la obligación moral de terminar con estos problemas. ¡Terminémoslos luego! Quiero aclarar una cosa. Hablé con los exonerados del Arauco y de La Araucanía cuando la gente se refería al silencio administrativo. ¿Saben por qué no es bueno el silencio administrativo? Quiero que los exonerados escuchen sin miedo nuestro planteamiento. Ellos mismos han dicho que de 257 mil individuos, sólo 40 mil pueden tener la condición de exonerados políticos. Si se utiliza el silencio administrativo, a lo mejor habría mucha gente que se aprovecharía de esta condición y se burlaría de la buena voluntad que hemos tenido para hacer las leyes y de los verdaderos exonerados políticos. ¡Eso sería ser sinvergüenza! Queremos que los verdaderos exonerados sean los que reciban los beneficios. No hay que tener miedo de decir las cosas, porque ésa es la verdad. Aquí están presentes los ministros Belisario Velasco y Osvaldo Andrade, que han venido gustosos para plantear una solución definitiva a este problema. Su excelencia la Presidenta de la República dijo en su campaña: “Nos preocuparemos de este problema.” No le estamos pasando la cuenta, pues lleva cinco meses; pero después de esta sesión y del proyecto de acuerdo que los diputados hemos elaborado, no me cabe duda de que tomará cartas en el asunto y va a decir: “La Cámara me ha pedido esto y lo vamos a hacer”. La tranquilidad y la estabilidad del país no tiene precio. El otro día me dio una pena negra que en el programa de televisión “El Termómetro” se dijera que el 70 por ciento de los chilenos opina que estamos mucho más divididos. ¡Eso es atroz! ¡Hemos retrocedido! Lo digo de verdad. Quiero un país unido, independientemente de las diferencias políticas; pero, por lo menos, que seamos todos chilenos y que queramos sacar adelante a nuestra patria. También me dio una pena negra cuando tiraron esa bomba a la ventana de La Moneda chiquillos que ni siquiera habían nacido a la fecha del golpe militar. Me alegro que se haya reaccionado con mucha fuerza y se dijera: “Esto no lo queremos ver nunca más.” Pero quienes expresaron eso deberían haber pensado también en la gente a la cual le saquearon sus locales, sus casas; en los pequeños comerciantes, pues tienen los mismos derechos y sufren mucho más las consecuencias de esos hechos. Me llamó mucho la atención que, por fin, gente de la propia Concertación, que decía que Carabineros había actuado desmedidamente, ayer pidiera que actuara como debe hacerlo, porque se da cuenta de que estos desastres siguen desuniendo a Chile. Y este tema que hoy tenemos en carpeta, el de los exonerados, es uno de los últimos que nos queda por resolver para que Chile siga unido. El último es el de los detenidos desaparecidos. También es un problema que hay que abordar con seriedad. No hay que sacarle más el cuerpo a estos problemas. (Aplausos) Señor Presidente, espero que ésta sea la penúltima reunión que tengamos para tratar el tema de los exonerados, porque quiero que la última sesión sobre el tema sea para tratar el proyecto de ley que solucionará el problema de todos aquellos que aún no han sido reconocidos como exonerados. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el ministro del Interior, señor Belisario Velasco. El señor VELASCO, don Belisario (ministro del Interior).- Señor Presidente, en estos días he estado revisando, con personal del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, los antecedentes de las diversas leyes y las cuestiones que aún están pendientes. Hemos confeccionado algunos cuadros sobre los antecedentes relacionados con dicho Programa, de modo de ilustrar a las señoras diputadas y a los señores diputados. Ese Programa está orientado a aplicar las normas sobre exoneraciones políticas. La ley N° 19.234, promulgada en 1993, y sus posteriores modificaciones, está destinada a reparar, en parte, el daño previsional causado a aquellas personas que fueron abruptamente despedidas de sus trabajos por motivos políticos. El artículo 3° de esa legislación restringió el universo de beneficiarios a los trabajadores despedidos de la administración del Estado, de las empresas en las que éste tenía más del 50 por ciento de participación y de las empresas u organizaciones intervenidas o disueltas por la autoridad civil o militar; a los funcionarios del Poder Judicial y del Legislativo, como también a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. El número total de solicitudes de las tres leyes sobre exoneraciones políticas que aparecen en el cuadro, producto de los tres plazos legales establecidos entre 1993 y 2004, es de 258.787 personas, de las cuales, al 30 de agosto de 2006, han calificado, como exonerados políticos, 111.158 postulantes, es decir, el 42,96 por ciento; se han rechazado 41.275 y se encuentran pendientes 88.666. Los casos pendientes, sumados a los 17.688 que restan por analizar, totalizan 106.354. Haremos lo posible, incluso, aumentando el personal pondremos todo nuestro empeño en ello, para que todos los casos sean resueltos durante el transcurso del primer semestre del 2007. Ahora bien, los casos analizados y no calificados de las tres leyes en aplicación, se dividen en dos categorías: Rechazados: 41.275, que corresponden a situaciones de exonerados de empresas privadas, no intervenidas por el Estado o a casos en que el despido no tuvo motivos de persecución política, y Pendientes: 88.666, que corresponden a personas que no han presentado documentos probatorios de su relación laboral o antecedentes que prueben los motivos políticos del despido, a los cuales se ha solicitado que envíen la documentación respectiva. Tercera ley de exonerados, N° 19.881. El gobierno anterior envió a trámite legislativo un proyecto de ley modificatorio de la norma original que se tradujo en la ley N° 19.881, de 27 de junio de 2003, generando un nuevo plazo de doce meses, que se inició el 1 de julio de 2003 y culminó el 30 de junio de 2004. El fundamento de esta nueva iniciativa se asienta en el hecho de que muchas personas, eventualmente beneficiarias de los derechos previsionales que establecen estos textos legales, por diversas razones, no pudieron concretar sus postulaciones en los plazos anteriores. El elevado número de 155.318 solicitudes, presentadas en el tercer plazo legal, que venció el 30 de junio de 2004, constituye una cifra seis veces superior a la proyectada al momento de la publicación de la ley por el Ministerio de Hacienda y calculada en 24.809 casos. Estas presentaciones provocaron un fuerte impacto en las actividades del Programa, colapsando la capacidad de atención y de archivo de documentación. Para ello, se debió adecuar el archivo institucional a una nueva realidad que impide procesar la documentación con la rapidez que permitía el sistema anterior, usado en la aplicación de las dos primeras leyes. Incluso, estas tareas han debido ser asumidas con una capacidad administrativa inferior a la utilizada con la primera ley y, similar, a la existente con la segunda. La dotación de empleados adscritos al Programa, al promulgarse la ley N° 19.881, era de treinta y cinco personas: treinta y una a honorarios, tres a contrata y una de planta; al 31 de agosto de 2006, llega a cuarenta y tres: cuarenta y uno a honorarios y dos a contrata, en circunstancias que el número de casos se ha duplicado en relación con la segunda ley sobre exoneraciones políticas. A continuación, entregamos a la Cámara antecedentes sobre el proceso de calificación histórico que ha hecho el programa de exonerados, desde 1993 a la fecha, y la evolución anual del número de personas calificadas como exonerados políticos durante todo el período de aplicación de la ley. Durante 2003 y 2004, el Programa de Reconocimiento al Exonerado Político estuvo abocado a la recepción de solicitudes y su ingreso a las bases de datos, proceso que culminó los primeros meses de 2005, año en que se inicia la recepción de documentación adicional a las solicitudes presentadas en el plazo legal. La labor de adjuntar esa documentación a los expedientes culmina a mediados del año en curso. No olvidemos que el número de solicitudes es de 155.318, lo que significa procesar alrededor de un millón de documentos. Los antecedentes necesarios para que el postulante califique como exonerado político son los siguientes: a) Solicitud firmada; b) Certificado que acredite la relación laboral; finiquito y certificado de tiempo servido: En algunos casos sirve el certificado de imposiciones, excepto el del Servicio de Seguro Social, porque no indican el empleador; c) Fotocopia de la cédula de identidad; d) Relato escrito de la circunstancia en que se produjo el despido; e)Algún documento que acredite los motivos políticos de la exoneración, como decretos, resoluciones, oficios, bandos u otros, en el que se individualiza al solicitante como participante en actividades políticas o en movimientos o partidos políticos, y f) En caso que no existan documentos probatorios que demuestren que el despido tuvo motivos políticos, se aceptarán tres declaraciones juradas de testigos contestes en los hechos que motivaron la exoneración política, la que será materia de calificación. En todo caso, tratándose de las exoneraciones producidas entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, es posible admitir, sin necesidad de ninguna otra acreditación, que la exoneración tuvo motivos políticos; es decir, basta el certificado de relación laboral, fotocopia de cédula de identidad y solicitud debidamente firmada. Como se puede apreciar, el trabajo, como consecuencia de un universo de solicitudes no esperado, tuvo un incremento exponencial. A pesar de ello, en forma paralela a la recepción de solicitudes, se inició la calificación de las postulaciones presentadas, cuyo avance es el siguiente. En el segundo semestre de 2003 se aprobaron 2.926 postulaciones y, en 2004, calificaron 5.130 presentaciones para aumentar, en 2005, a 9.290 y alcanzar, al 31 de agosto del presente año, las 6.564 solicitudes calificadas, proyectándose para fines de año, aproximadamente, de 11 mil. De acuerdo con los cálculos, estudios y estimaciones que hemos realizado y a la capacidad administrativa con que vamos a reforzar el equipo, el Programa espera trabajar con un número acotado de 73.122 solicitudes pendientes, tercer plazo legal, y proyecta una calificación adicional de 11 mil postulantes para el primer semestre de 2007, lo que permitiría alcanzar una cifra aproximada de 38.442 casos calificados, que representa el 99 por ciento de casos estimados a calificar en el último plazo legal. Esto indica que alrededor de cien mil personas que presentaron sus antecedentes no calificarían como exonerados políticos, porque sus despidos no cumplen con los requisitos y causales establecidos por la normativa vigente. Las estimaciones indican que el Programa, de acuerdo con las medidas que hemos adoptado, podría terminar su trabajo a mediados de 2007. La tarea principal estará centrada en el cierre del Programa, lo que involucrará el análisis de eventuales situaciones pendientes para concluir satisfactoriamente el proceso de análisis y calificación actualmente en marcha, de modo que el total de postulantes, cualquiera sea el resultado, tenga una respuesta concreta y acorde con lo estipulado en la ley. En el plazo concedido por la última ley, la N° 19.881, se presentaron 155.318 solicitudes, pero el porcentaje de calificados es 15,39 por ciento, lo que es muy bajo respecto de las dos leyes anteriores, que alcanzaron 88,16 por ciento y 81,59 por ciento, respectivamente. De las revisiones y de las conversaciones sostenidas con funcionarios del Programa, he podido concluir varias razones para este fenómeno. Muchos postulantes han tenido dificultades para acreditar la relación laboral, sobre todo en los casos de trabajadores agrícolas y de empleados de empresas privadas intervenidas. El Programa ha realizado gestiones con el SAG, con la Conaf y con otras instituciones relacionadas con el agro, lo cual ha permitido avanzar en la calificación como exonerados políticos de campesinos que pertenecieron a diversos asentamientos de la reforma agraria. La certificación ha sido lenta y se estima que no concluirá antes del primer semestre del próximo año. Sin duda, éste es un punto crítico que se debe considerar y en el cual pondremos especial atención para cumplir dentro del plazo estimado. Otro problema ha sido el rechazo de la Contraloría General de la República de certificados vinculantes o de relación laboral entregados por dirigentes sindicales acreditados por la Dirección del Trabajo de la época, es decir, de la misma fecha de exoneración de los postulantes. Las empresas privadas intervenidas tienen una fecha de calificación. Esto ha significado que un número de personas no podrá calificar, porque su exoneración es posterior al período de término de intervención de la empresa. Por ejemplo, la industria Textil Progreso, al 11 de septiembre de 1973 estaba intervenida y lo estuvo sólo hasta el 31 de julio de 1974, cuando fue devuelta a sus dueños, de acuerdo con la información entregada por la Corporación de Fomento, Corfo. Entonces, cualquiera persona despedida después de esta última fecha no califica como exonerada política, porque la norma lo impide. Otra dificultad es que existe un alto número de postulantes cuya separación de funciones no estuvo vinculada a persecución política, sino a jubilación, a problemas de salud, a malas calificaciones o a quiebra de las empresas, lo que hace más lento el proceso Por otra parte, se estima que el porcentaje de calificados para la tercera ley sería de, aproximadamente, 25 por ciento, es decir 40 mil personas, debido, principalmente, al importante número de presentaciones de exoneraciones que no tuvieron el carácter de despidos por motivos políticos, lo que no sobrepasa con creces los 24.800 casos presupuestados al momento de aprobarse la tercera ley. El gran número de solicitudes recibidas, con o sin fundamento, nos ha obligado a adoptar algunas medidas tendientes a dar mayor rigurosidad al proceso de calificación y adecuar la capacidad administrativa del Programa para cubrir satisfactoriamente el análisis de todos los casos recibidos. Entre las principales medidas se contempla establecer prioridad de análisis a las solicitudes correspondientes al segmento de exonerados del período 19731979, incluyendo personas mayores de 75 años y enfermos. Ésta es una buena razón para apurar las presentaciones. En este momento, se está analizando la totalidad de los expedientes presentados. Otra medida es la coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, para documentar y verificar las acreditaciones de los asentados y trabajadores agrícolas, que suman 31.265 postulantes. La comunicación con quienes califican, con quienes hayan presentado documentación incompleta y con los casos sin convicción se hará por correo. Eso nos permitirá acotar el universo existente. También, se están realizando visitas informativas a las regiones con mayor concentración de postulantes, las que se coordinan, generalmente, con las respectivas gobernaciones. Habitualmente, se realizan asambleas informativas, atención directa y reuniones con las asociaciones de exonerados. Tales medidas han sido complementadas con otras, para aumentar la capacidad administrativa del Programa, a fin de agilizar la calificación y sus procesos asociados y asegurar la probidad en la ejecución de las leyes sobre exoneraciones políticas. Entre las medidas complementarias están la asignación de un equipo de once analistas, con dedicación exclusiva, para el estudio de los expedientes y el fortalecimiento de la Comisión especial de calificación con personal externo al Programa y de la seguridad del sistema informático a partir del segundo semestre de 2006, la información de las bases de datos está respaldada por la división de informática del Ministerio del Interior; el estudio de la documentación de las empresas intervenidas, para su presentación a la Contraloría General de la República, cuando corresponda, en los casos pendientes. Se han tomado medidas adicionales para mantener el control del archivo físico que permita resguardar esa documentación. La implementación de esas medidas ha permitido cumplir con mayor rigurosidad la aplicación de la ley y detectar diversas irregularidades, como adulteración de documentos, cobros por tramitación, testigos falsos, etcétera. Reconocemos que existen dificultades en la tramitación de esta clase de solicitudes. Las he señalado con claridad y he dado a conocer todos los antecedentes recibidos por el Ministerio del Interior y lo que estamos haciendo. Reitero el compromiso del Gobierno con quienes sufrieron el drama de la exoneración por razones políticas. Estamos realizando todos los esfuerzos requeridos, reforzando los equipos y contratando nuevas personas por el período necesario, que podría finalizar a fines del primer semestre del próximo año. Todos los diputados han coincidido en la necesidad de dar pronto término a este trabajo tan angustioso. En consideración a eso y, especialmente, a los exonerados políticos, el Ministerio del Interior pondrá especial énfasis y realizará todos los esfuerzos para terminar dentro del plazo señalado la tarea encomendada por el Supremo Gobierno. Muchas gracias. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, uno de los diputados que me antecedió en el uso de la palabra, concretamente el diputado Errázuriz, mi colega de distrito, dijo que no quería mirar hacia atrás. Es evidente que prefiere no hacerlo, a lo mejor porque se ve a sí mismo vistiendo uniforme y celebrando el comienzo de la dictadura militar que, entre otras cosas, es la responsable de la exoneración de miles de chilenos. No es malo recordar. La memoria es distintiva de los hombres, de manera que sólo podemos construir nuestro futuro si tenemos memoria y aprendemos de nuestra historia. Por eso, algunos miramos con orgullo nuestro pasado, porque, no obstante los momentos de dolor vividos, hemos aprendido de él y somos capaces de proyectarnos. Reconocemos que hay lentitudes en el proceso de asignación de los beneficios establecidos en favor de los exonerados. Por eso estamos acá y queremos más eficiencia y rapidez. Pero no olvidemos que no somos los responsables de la exoneración. No olvidemos que hubo una dictadura militar; que en nuestro país se asesinó, se degolló, se quemó, se hizo desaparecer personas, se torturó, se exilió y también se exoneró, que es una de las formas más brutales de violación de los derechos humanos, porque interrumpe la vida laboral de las personas, los ingresos familiares, sus sueños, sus proyectos, exclusivamente por motivaciones políticas, por persecución política. Eso no debe ocurrir nunca más en nuestro país. Señor Presidente, por su intermedio, le digo derechamente al diputado René Manuel García que no sólo miramos nuestro pasado con la frente en alto y que no tenemos las manos ensangrentadas, sino que recibimos nuestra pensión de 96 mil pesos con mucha dignidad, porque es una reparación, ya que muchos de nosotros también fuimos exonerados. No nos confunda, diputado René Manuel García, con aquellos que, aprovechándose de la segunda ley que benefició a los exonerados, hoy reciben pensiones de 800 mil pesos, como los señores Sergio Onofre Jarpa, Juan de Dios Carmona, Hermógenes Pérez de Arce y Mario Arnello, quienes, amparándose en esa norma, no obstante haber sido partidarios del régimen militar y, por tanto, tener responsabilidad en las exoneraciones, se acogieron a sus disposiciones para ser reconocidos como exonerados, lo que hoy les permite percibir esas pensiones que no tienen nada que ver con la modesta, casi miserable, pensión que la gran mayoría de los exonerados recibe. (Aplausos) Y porque tenemos la frente en alto y la conciencia tranquila, y no tenemos las manos ensangrentadas, podemos levantar la voz esta tarde en favor de los exonerados, a quienes hemos acompañado durante muchos años para tratar de perfeccionar la legislación que pretende beneficiarlos. Es cierto que se han dictado tres leyes, debido a que la primera fue muy restringida, pues exigía una cantidad increíble de certificados, lo que la hacía casi inaplicable. No obstante, y esto es una lección respecto del problema que hoy nos convoca, calificó al 88 por ciento de los postulantes, en tanto que la segunda calificó al 81 por ciento. Lamentablemente, la tercera ley, que amplió el plazo de postulación hasta julio de 2004 van más de dos años desde que se presentaron las postulaciones, recién ha calificado al 14 por ciento de los solicitantes. ¡Ése es el tema que nos debe preocupar! ¿Por qué?, porque la presentación de más de 150 mil solicitudes generó enormes dificultades y, por desgracia, como todos sabemos, están pagando justos por pecadores, pues algunos han cometido abusos que obligan a calificar con mayor rigor las solicitudes presentadas. Con todo, tenemos que buscar la forma de mejorar la acreditación de la relación laboral, particularmente en el caso de los campesinos. El SAG, la Conaf y todas las instituciones que se relacionan con el mundo de la agricultura deben ayudarnos para que a esos campesinos se les reconozca con mayor rapidez su condición de exonerados. Se ha dicho, y es cierto, que la Contraloría ha rechazado los certificados de acreditación de la relación laboral otorgados por dirigentes sindicales que estaban registrados en la Dirección del Trabajo de la época. ¿Por qué los rechaza? Debido a la situación de algunas empresas intervenidas esto no se ha dicho en la Sala, pero es muy importante, escuchen bien, hay un número de personas que no podrán calificar porque su exoneración es posterior al período de término de intervención de la empresa; por lo tanto, están quedando afuera, y eso también lo queremos rectificar. Pedimos al Gobierno más rapidez y eficiencia, más recursos para fortalecer los programas; que el INP califique más rápido, no sólo los 9 mil casos pendientes, y reformar la ley Valech, que discutiremos en otro momento. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi. La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, no voy a entrar en el detalle de las diversas leyes que se han dictado, como las Nºs 19.234, de 1993, y 19.980, de 2004, pues se trata de datos estadísticos y en esta Sala estamos hablando de personas. Podríamos dar muchos antecedentes, y se han escuchado bastantes, pero aquí no hay que preguntar cuáles son los beneficios, sino cuántos exonerados realmente los han conseguido a lo largo y ancho del país, porque algunos han tenido muchos problemas para acogerse a los distintos beneficios de la ley. Una vez más, la burocracia estatal se interpone para que los beneficios lleguen realmente a quienes lo necesitan. En este punto hay que hacer hincapié: los beneficios aún no han llegado a quienes realmente los necesitan. En este caso, para que los exonerados puedan obtener sus beneficios previsionales, de acuerdo con las modificaciones introducidas a la ley en 2004. Según datos oficiales, se inscribieron alrededor de 155 mil personas para recibir los beneficios de la mencionada ley, pero hasta el momento sólo 25 mil han sido reconocidas por el Ministerio del Interior. ¿Qué ha pasado con el resto? Hemos escuchado muchos anuncios en el sentido de agilizar los plazos; pero ¿la gente está en condiciones de seguir creyendo en promesas? ¿Deben seguir teniendo paciencia para acogerse a beneficios que les corresponde por el solo hecho de haber vivido todo lo que tuvieron que vivir? Sé que las bancadas oficialistas, en su afán de buscar una solución, dieron un plazo al Ejecutivo. No obstante, en esta sesión especial queremos escuchar soluciones concretas. ¡La gente quiere escuchar soluciones concretas! La Concertación también ha dicho que de no prosperar los canales adoptados, utilizarán todos los mecanismos necesarios que otorga la Constitución para avanzar en esta materia. ¿Es necesario seguir esperando? Creo que no, sobre todo si consideramos que son innumerables los casos en que estas personas, desde distintos puntos del país, nos hacen llegar sus peticiones para que solucionemos sus problemas. De hecho, muchos de ellos ni siguiera saben que existe un programa de exonerados a cargo del Ministerio del Interior, porque me ha tocado atenderlos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por lo expuesto, ¡las soluciones tienen que darse hoy y ahora! ¡No pueden seguir esperando! Lo pido en nombre del pueblo de Chile. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, qué fácil es hoy, después de 33 años, olvidarse de la tortura de ayer y darnos cuenta de que tanto daño se le hizo a este Chile, que todavía permanece dividido. El señor ÁLVAREZSALAMANCA.- ¡Ustedes se olvidan de lo que hicieron! El señor JARAMILLO.- ¡Qué bueno es que ahora queramos a quien ayer odiábamos y vejábamos! Al oír estos discursos, me estoy convenciendo de que ayer era yo el que torturaba, y no el torturado. ¡Qué curioso! Pero comienzo a tranquilizarme al escuchar al ministro del Interior. ¡Gracias, don Belisario, por estar aquí! Gracias, porque usted, con su intervención, le da tranquilidad a quienes estamos esperando desde hace tanto tiempo la solución de este problema que se plantea día a día. Encontraremos una solución con altura de miras. No tengo dudas. ¿Cuántos exonerados sobreviven de esas familias que han esperado demasiado? Creo que no alcanzan al 50 por ciento. En 33 años, muchos de esos chilenos y chilenas decoran el cielo eterno, como dicen los filósofos. No hay duda de ello. Cuando hablamos de esas personas no nos referimos sólo a chilenos que simplemente fueron despedidos de sus trabajos por pensar de una manera diversa al régimen autoritario que se impuso a partir del 11 de septiembre, sino de miles de familias que vieron interrumpidos sus proyectos de vida, que fueron despojadas de sus ingresos, y de trabajadores que fueron tratados como parias, ya que no fueron contratados en ningún otro lugar por pensar distinto. No pudieron rehacer su vida, porque así lo dispusieron compatriotas nuestros. ¡Los mismos que hoy dicen defenderlos! ¡Qué curioso! Por eso, espero que esta materia se debata con altura de miras, y ojalá que en esta sesión encontremos soluciones concretas y verdaderas, como la que se ha planteado aquí de crear las oficinas regionales para destrabar los nudos que impiden dar solución a los que aún esperan. ¡Les queda tan poco de vida! ¡Devolvámosle lo mínimo! Son chilenas y chilenos que esperan algo de nosotros. ¿Qué es ese algo? ¡Justicia, señor Presidente! He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, las intervenciones de mis colegas y, por cierto, la del ministro abordaron muchas de las observaciones que queríamos hacer respecto de cómo rectificar y mejorar este programa nacional. Sin embargo, quiero dejar claro a los dirigentes y a las personas que se encuentran en tribunas, que el hecho de que el señor René Manuel García y otros diputados hayan solicitado esta sesión, no significa que han demostrado una preocupación por el tema y que no la ha habido por parte de los parlamentarios de la Concertación. Quiero intervenir en homenaje a quien estoy reemplazando en esta Cámara: el diputado don Edmundo Villouta Concha. Muchos dirigentes que se encuentran en tribunas, incluyendo a don Luis Bravo, quien representa a Angol, saben que él realizó un trabajo incansable por los exonerados. Además, son testigos de que muchas veces estuvo en La Moneda, en el programa de exonerados políticos y en la coordinación nacional, para pedir que se mejorara e hiciera más expedito ese trabajo. Y sé también que muchos otros diputados, que ahora son senadores, han hecho lo mismo. Por ello, quiero señalar que, si bien entiendo el fondo de esta sesión y comparto en todos sus términos el proyecto de acuerdo propuesto por la Concertación, éste es un problema al cual debemos dedicarle mucha atención. Se lo digo al señor ministro, por su intermedio, señor Presidente. Efectivamente, en el trabajo que realizamos en el distrito, permanentemente nos estamos encontrando con consultas sobre esta materia. Las cifras son elocuentes. Allí está la explicación de por qué ocurre esto. Sólo nos resta abogar para que actuemos con la mayor diligencia, a fin de resolver esta situación en los tiempos que ha señalado el señor ministro del Interior. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez. El señor PÉREZ.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir con claridad que no comprendí las cifras que entregó el ministro del Interior. Con bastante antelación le solicité una audiencia para el 4 del presente mes. Uno de los temas que le dí a conocer a su jefe de gabinete, don Jaime Pilowsky, que yo quería abordar era el de los exonerados. La respuesta de ese señor fue que hablara con el diputado Antonio Leal o con la diputada Isabel Allende, porque el ministro ya había hablado acerca del tema. Quiero decir al ministro que no es bueno que eso se repita. Es segunda vez que tropiezo con la misma piedra y me voy a esmerar por no volver, nunca más, a pasar cerca de ella. El tema de los exonerados tiene muchas aristas. Las visiones de otros parlamentarios pueden ser muy distintas de la mía. El ministro expresó que ingresaron 155.318 solicitudes en el plazo concedido por la tercera ley. Efectivamente, así es. Pero le aclaro que están pendientes algunas solicitudes de beneficios de la segunda ley. Cuando se dice que se ha calificado a una cantidad muy importante de personas, hago presente que la calificación no las hace merecedoras de la pensión. Además, dentro de las personas calificadas mencionadas por el ministro, 5.872 sólo han recibido un bono de reconocimiento, pues ya eran pensionadas. Únicamente 6.993 han recibido la pensión de exonerados, lo que es la nada misma si pensamos que 40 mil corresponden a la tercera ley. Llevamos dos años en este proceso. ¿Cuántos años habrá que esperar para terminar con el proceso de calificación y de entrega del beneficio a la gente? Sólo se otorgan 278 pensiones de sobrevivencia a las viudas, las que deberían recibir no el 50 por ciento, sino el ciento por ciento. Estudiemos un proyecto de ley en esa dirección. Estos procesos se han dilatado en el tiempo, porque en los programas de exonerados es mucha la lentitud para analizar esta situación. En los últimos dos años, el avance ha sido prácticamente nulo y el personal asignado para esos efectos no es el más idóneo. No voy a dar nombres en esta oportunidad, pero se los entregaré a la encargada nacional. (Aplausos) Hay que tener un poco de calor, compromiso y sensibilidad social. No se puede atender mal a la gente cuando va a consultar, pero ello acontece en forma reiterada. ¿Cómo se va a atender mal a la gente en ese programa? Lo digo, porque en mi distrito dispongo de tres oficinas permanentes para atender a la gente y tengo que dar explicaciones que deberían ser dadas por ese programa, por el ministerio o el Gobierno; mi Gobierno. Estoy molesto porque a la gente se le pide reiteradamente los mismos documentos. Eso significa que hay un desorden muy grande. Luego, en el Instituto de Normalización Previsional pasan a cálculo, donde, con seguridad, descansarán durante meses. El lunes me entrevisté con el nuevo director del INP, quien tiene bastante mejor disposición para avanzar en esta materia, de lo cual me alegro. Después viene la Contraloría General de la República, otro estanco, otro pantano. Hace años, ocurría la misma situación, pues esa instancia revisaba los documentos una y otra vez, en circunstancias de que el otorgamiento de este beneficio es una facultad privativa del Presidente o de la Presidenta de la República. (Aplausos) En esa época, varios parlamentarios fuimos a hablar con el contralor, quien entendió la situación. Quiero decir al ministro que muchos exonerados murieron esperando el beneficio y que los que aún viven, lo exigen, pues no están pidiendo una migaja. Por ello, hay que salir del estanco y hacer efectivo este derecho antes de que sea demasiado tarde, antes que nuestras banderas sean arrebatadas por personas que hoy bien podrían dar explicaciones, porque hicieron sufrir a tantos exonerados y a sus familias. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade. El señor ANDRADE (ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha propiciado una política de puertas abiertas con las distintas agrupaciones de exonerados políticos, con el propósito de identificar problemas y encontrar estrategias de solución. Para ello, a través de la Subsecretaría de Previsión Social ha dispuesto, desde abril del año en curso, la constitución de un equipo técnico político que se aboque a las siguientes tareas: 1. Instalar y desarrollar mesas de trabajo bipartitas entre el ministerio y las organizaciones de exonerados políticos, debidamente reconocidas como tales. Estas mesas trabajan sobre la base de los planteamientos que entregan los comandos y se procura llegar a acuerdos en todos aquellos puntos que dependen del ministerio, conforme a la normativa vigente y a los dictámenes emitidos por los organismos pertinentes; 2. Realización de gestiones institucionales con la Contraloría General de la República en torno a la aplicación de los distintos cuerpos legales que rigen el otorgamiento de los beneficios a los exonerados políticos, y 3. Realización de gestiones con organismos e instituciones públicas y privadas que, conforme a la tarea que les compete en el proceso de entrega de antecedentes, deben agilizar su correspondiente tramitación. El INP, servicio dependiente de esta cartera, es la institución pública encargada del cálculo de las pensiones establecidas en las leyes N°s 19.234, 19.582 y 19.881, sobre exonerados políticos, orientadas a generar reparación a aquellos que hayan sido calificados como tales por el Ministerio del Interior. De acuerdo con los datos registrados hasta agosto de 2006, el INP ha recibido un total de 110.481 solicitudes de personas que fueron exoneradas por razones políticas. Hago presente que hay una diferencia con lo informado por el ministro del Interior, de 800 casos aproximadamente, como consecuencia de un desfase de diez días entre la información de uno y del otro. Estas solicitudes se encuentran en el siguiente estado: Los beneficios se están pagando a 53.699 exonerados. Estos se desglosan en 52.543 pensiones no contributivas; 1.068 pensiones de sobrevivencia, y 88 por expiración obligada de funciones. Por otra parte, 37.916 personas recibieron abono de tiempo. Esto significa sumar al tiempo trabajado un reconocimiento de tiempo adicional por haber sido exonerado político, el que se considera en las reliquidaciones de pensiones de régimen. Hay 6.128 solicitudes rechazadas por incumplimiento de requisitos; 8.064 casos se encuentran pendientes, en tramitación interna en el INP, de los cuales 1.043 están en la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón; 2.024 en el Ministerio del Interior para la emisión del decreto respectivo, y 4.997 en proceso en distintas unidades del INP. Existen 4.674 casos a la espera de antecedentes que se han solicitado a los exonerados, imprescindibles para el cálculo del beneficio, sin que hasta la fecha se hayan respondido. En síntesis, respecto del universo de 110.481 solicitudes, el INP está al día con 102.417 exonerados, lo que representa más del 90 por ciento. Sólo están pendientes 8.064 solicitudes, que representan menos del 10 por ciento. En el último año se han adoptado medidas que han permitido quintuplicar el procesamiento de los decretos. De 207 beneficios decretados en abril de 2005, se subió a un promedio de l.100 por mes, entre enero y agosto de 2006. En tanto, en el caso de pensiones no contributivas nuevas, se pasó de 200 casos procesados en abril de 2005, a un promedio de 550 por mes entre enero y agosto de 2006. Sin embargo, como se señaló, quedan aún por tramitarse 8.064 casos al interior del INP. Como nuestra política es enfrentar seriamente la situación de los exonerados políticos y para acelerar este proceso se han dispuesto las siguientes medidas: 1°Implementar un proyecto que optimice el funcionamiento de la oficina de exonerados del INP, privilegiando los principios de especialización, agilización y transparencia. Esta medida pretende recoger lo mejor del proyecto de exonerados políticos que funcionó entre 1993 y 2004 y, al mismo tiempo, evitar las debilidades que tuvo. Además, se revisarán los actuales procedimientos para la concesión de los beneficios y se fortalecerán las coordinaciones externas con organismos públicos y privados. 2°Generar un planincentivo de ciento cincuenta días hábiles para que el INP lleve a stock cero los 8.064 casos pendientes, que son de su responsabilidad y que, hasta la fecha, han sido calificados por el Ministerio del Interior, sin perjuicio de los que se califiquen en ese período. Esta medida considerará informar un plazo para el otorgamiento de los beneficios, cuestión que hasta ahora no ocurría y que es de gran preocupación para los exonerados y sus familias. Finalmente, quiero dejar establecido el interés del ministro que habla y de los servicios dependientes de este Ministerio por dar respuesta a la preocupación que la honorable Cámara de Diputados ha manifestado por los exonerados políticos. Escuchar y acoger los planteamientos que han expuesto las distintas agrupaciones de exonerados políticos ha sido nuestra política en los primeros meses de Gobierno, siguiendo los lineamientos que nos ha dado la Presidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Cerrado el debate. El señor Secretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo presentado. El señor LOYOLA (Secretario).- Proyecto de acuerdo N° 215, suscrito por los diputados señores García, don René Manuel; Vargas, Monckeberg, don Cristián; Bertolino, Galilea, Estay, Arenas, Kast, GarcíaHuidobro, Uriarte, Palma, Masferrer y Von Mühlenbrock. “Considerando que: Resulta evidente el descontento masivo de los exonerados políticos respecto al funcionamiento del programa de reconocimiento a cargo del Ministerio del Interior. Existen más de 150.000 peticiones de acreditación pendientes a las que el gobierno no ha dado respuesta satisfactoria. Los montos de las pensiones que se pagan resultan muy bajos, si se consideran los perjuicios que los exonerados han tenido por las circunstancias que motivaron la dictación de las leyes que les favorecen. El sistema ha determinado que se establezcan pensiones que atentan contra la equidad como lo es el que las viudas perciban sólo el 75% de las pensiones. El Gobierno ha creado un sistema excesivamente burocrático e ineficiente que se ha convertido en un obstáculo para que miles de personas puedan acceder a los beneficios que la ley les otorga. La Cámara de Diputados acuerda: I.Oficiar a S.E. la Presidenta de la República para que: 1°Disponga que todas las solicitudes pendientes sean respondidas a los solicitantes en un plazo de 3 meses. 2°Envíe un proyecto de ley que corrija las iniquidades que se producen respecto de la situación de los exonerados, concretamente las siguientes: a) Que se otorgue a las viudas el 100% de la pensión. b) Que se establezca un mínimo de $ 200.000 (doscientos mil pesos) para las pensiones inferiores a dicha cantidad. c) Que se incorpore a los hijos lisiados entre las personas que pueden heredar la pensión. 3°Que se informe a esta Cámara si existen parlamentarios que gocen de los beneficios contemplados en las leyes que favorecen a los exonerados. II.Oficiar a la Contraloría General de la República para que emita un instructivo que unifique la interpretación administrativa respecto de los beneficios en materia de Salud, Vivienda y Educación que favorecen a las personas calificadas como exonerados políticos y sus familias”. El señor LEAL (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo N° 215. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 46 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Rechazado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Correa De La Cerda Sergio; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tuma Zedan Eugenio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena. Se abstuvieron los diputados señores: Allende Bussi Isabel; Muñoz D’Albora Adriana. El señor LEAL (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor LOYOLA (Secretario).- Proyecto de acuerdo N° 216, suscrito por las diputadas señora Muñoz, doña Adriana; Goic, doña Carolina; Pacheco, doña Clemira; por los diputados señores Paredes, Meza, Quintana, Jarpa, Duarte, Lorenzini, Mulet, Tuma, Jaramillo, Hales, Encina; por la diputada señora Allende, doña Isabel; por los diputados señores Espinoza, don Fidel; Súnico, Ojeda, Venegas, don Mario; Silber; por la diputada señora Tohá, doña Carolina; por los diputados señores Pérez, Sabag, Díaz, don Eduardo; Ceroni, y por la diputada señora Pascal, doña Denise. “Considerando: Que el Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, puesto en funcionamiento a partir de la ley N° 19.234, está destinado a reparar en parte el daño causado a aquellas personas que, por persecución política de la Administración del Estado, entre el 1 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, fueron despedidas de empresas en las que éste tenía más del 50% de participación, y de organizaciones o empresas intervenidas o disueltas por la autoridad civil o militar, además de los funcionarios de los Poderes Judicial y Legislativo, como también los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden; Que, luego de la ley N° 19.234, se dictaron las leyes N°s 19.582 y 19.881, que, en lo esencial, aumentaron el universo de personas que podrían impetrar los beneficios que, jurídicamente, constituyen una indemnización de perjuicios establecida por ley; Que, indudablemente, se ha otorgado la calidad de exonerado político, hasta la fecha, a más de cien mil personas. De ellas, cuarenta y siete mil doscientas siete reciben pensión no contributiva y treinta y tres mil cuatro obtuvieron abono de tiempo por gracia, con el cual pueden regularizar su situación previsional. La cifra pagada a los exonerados entre 1993 y 2006 asciende a más de trescientos cincuenta mil millones de pesos; Que, asimismo, la necesidad de acreditar la calidad de exonerado político se ha transformado en un entorpecimiento que la legislación no previó. La ley contempla que esta calidad se debe acreditar por cualquier instrumento público o auténtico disponible, tales como decretos, resoluciones, oficios, bandos u otros que den cuenta de actos de la autoridad civil o militar, en que se incluya al afectado en listas, nóminas o que de otro modo se le individualice como participante en actividades políticas o en movimientos o partidos de tal índole durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, o se considerarán aquellos en que conste la privación de libertad del exonerado por similares motivos; Que, al día de hoy, existe una cifra cercana a los cien mil casos de personas que aún no han sido calificadas, descontando, desde luego, a aquellas cuyas solicitudes fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley (casos de personas trabajadoras de empresas privadas no intervenidas o que el despido no tuvo motivos de persecución política); Que las personas exoneradas por motivos políticos, nuevamente están sufriendo, ya no por una persecución por parte de la Administración del Estado, pero sí por una atención deficiente de los órganos que deben intervenir, lo que no sólo vulnera el espíritu de la ley, que, como se ha dicho, es el de reparar a estas personas por los daños sufridos, sino que, eventualmente, les genera nuevos sufrimientos y aflicciones frente a una estructura administrativa que no ha actuado con la suficiente celeridad y eficacia a la hora de indemnizar sus daños; Que, de acuerdo con los antecedentes vertidos en la Sala de esta Honorable Corporación, sostener que, sin incurrir en faltas administrativas, los inconvenientes en la tramitación de las solicitudes presentadas al Programa del Ministerio del Interior se encuentran en este ministerio y, también, en otras reparticiones, como el Instituto de Normalización Previsional (INP), la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), encargados del cálculo del beneficio y la Contraloría General de la República, en cuanto al trámite de toma de razón; Que, naturalmente, las reparticiones aludidas no han podido realizar los trámites con la celeridad normal, ya que se han visto sobrepasadas, atendido el volumen de solicitudes y la complejidad de las tareas a realizar; Que, por lo anterior, es necesario y oportuno que sea la Presidenta de la República la que adopte las medidas necesarias, con la finalidad que la estructura administrativa pueda dar una eficiente respuesta y gestión a las solicitudes pendientes, y Que es también importante que el acuerdo adoptado se dirija a las reparticiones públicas aludidas, con el fin de que éstas, por su parte, adopten las medidas dentro de la esfera de sus atribuciones, para gestionar con mayor celeridad las solicitudes pendientes, en especial consideración a que se trata del modo en que el Estado de Chile está indemnizando a personas dañadas por actos abusivos, precisamente, de la Administración del Estado. La Cámara de Diputados acuerda: 1. Representar al Gobierno la preocupación y malestar de esta Corporación por la excesiva tardanza en la tramitación y otorgamiento de los beneficio previstos en la ley para las personas que han postulado para ser calificadas como exoneradas por razones políticas; 2.Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que disponga todas las medidas necesarias para elaborar un plan de intervención de todas las instituciones que tienen a su cargo la implementación de la ley N° 19.234, sus modificaciones, tendente a dinamizar la evaluación y la entrega de los beneficios a los exonerados por motivos políticos, en términos de cumplir los objetivos de la ley, disponiendo si es menester la entrega de mayores recursos al Instituto de Normalización Previsional (INP), a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y a la Contraloría General de la República, ya sean económicos , tecnológicos o humanos. Igualmente, que califique con urgencia la moción que modifica la ley N° 19.234, sobre exonerados políticos, que establece plazos máximos para dar solución a la calificación de las personas exoneradas (boletín N° 453317); 3.Requerir a la Contraloría General de la República una mayor diligencia que la demostrada hasta la fecha en el trámite de toma de razón que debe recaer en los respectivos decretos supremos que otorgan los beneficios de la ley N° 19.234, y 4.Enviar copia de este acuerdo al Instituto de Normalización Previsional (INP), a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y a la Contraloría General de la República.” El señor LEAL (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo N° 216. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Correa De La Cerda Sergio; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón. El señor LEAL (Presidente).- Agradezco la presencia de los exonerados que nos han acompañado en esta sesión. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 20.17 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones. VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA Moción de los diputados señores Duarte, León, Lorenzini, Ojeda, Paredes, Pérez, Quintana, Saffirio, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Muñoz, doña Adriana. Modifica la ley N° 19.234, sobre exonerados politicos. (boletín N° 453317) “Que, la ley Nº 19.234, de 1993, estableció beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos, que luego fueron perfeccionados por la ley Nº 19.582, de 1998. Con las adecuaciones introducidas por el último cuerpo legal, se permitió hacer menos restrictiva la aplicación del régimen normativo que beneficia a los exonerados políticos. Para ello, se ajustó el texto de la ley Nº 19.234, de 1993, a los fines reparatorios de la misma, con el objeto de hacerla más efectiva, extendiendo sus beneficios y flexibilizando el acceso a los potenciales beneficiarios. Lo anterior significó que el universo se amplió de la misma manera que los beneficios, posibilitando al mismo tiempo, que se cursaran solicitudes efectuadas al amparo de la ley Nº 19.234, y que se encontraban pendientes por los problemas que presentaba su aplicación. Que, por su parte, la ley N° 19.881, de 2003, amplió el plazo para acogerse a sus beneficios, en doce meses, a contar del 27.06.03, fecha de publicación en el Diario Oficial de esa ley. Que, el Programa ha otorgado la calidad de exonerado político, hasta la fecha, a cerca de cien mil personas. De ellas, 47 mil 207 reciben Pensión No Contributiva y 33.004 obtuvieron Abono de Tiempo por Gracia con el cual pueden regularizar su situación previsional. La cifra pagada a los exonerados entre 1993 y el presente año, asciende a más 350 mil millones de pesos. Que, de acuerdo al artículo 9° de la ley N° 19.234, la calidad de exonerado político se tiene de pleno derecho, si la exoneración por motivos políticos ocurrió en el lapso comprendido entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. En los demás casos, es materia de acreditación por el interesado si la exoneración pudo o no tener motivos políticos, para cuyo efecto se considerarán todos los instrumentos públicos o auténticos disponibles, tales como decretos, resoluciones, oficios, bandos u otros que den cuenta de actos de la autoridad civil o militar, en que se incluya al afectado en listas, nóminas, o en que de otro modo se le individualice como participante en actividades políticas o en movimientos o partidos de tal índole, durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, o se considerarán aquellos en que conste la privación de libertad del exonerado y por similares motivos. Que, según el artículo 10, de la ley en referencia, la facultad de calificar la exoneración por motivos políticos, corresponde privativamente al Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior, el que, una vez formada la convicción del carácter político de la misma, debe resolver también privativamente, sobre el otorgamiento de los beneficios de cargo fiscal que se autorizan en la mencionada ley. Efectuados los abonos por gracia de los períodos de cotización a que se refiere la ley o la declaración del derecho a pensionarse, que el mismo cuerpo legal consagra, el Ministerio del Interior debe comunicar la resolución correspondiente al Instituto de Normalización Provisional (INP), que debe registrar los abonos, o, en su caso, efectuar las reliquidaciones de las pensiones, otorgar o reliquidar los bonos de reconocimiento, conforme a la ley. Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 19.234, corresponde al Instituto de Normalización Previsional, previa declaración de la calidad de exonerado político por parte del Presidente de la República y verificación de que se cumplen los demás requisitos exigidos al efecto, conforme al procedimiento enunciado que la misma ley establece, debe determinar el monto de la pensión que se otorgue por expiración obligada de funciones, en conformidad con el artículo 6° de la misma ley, aplicando las normas legales que correspondan al régimen de pensiones a que se hubiere encontrado afecto el interesado en el momento de cesar en funciones. Que, no obstante haber transcurrido más de dos años desde la expiración del plazo legal para efectuar nuevas solicitudes de beneficios de la ley N° 19.234, esto es marzo de 2004, aún se encuentran pendientes de resolución por el Ministerio del Interior, de innumerables solicitudes de reconocimiento de la calidad de exonerado político y el otorgamiento del consiguiente beneficio por parte del INP. Que, los numerosos chilenos, que injustamente se vieron afectados también en su situación laboral por razones políticas a partir de septiembre de 1973, después de casi 30 años, pudieron vislumbrar la reparación a aquel sufrimiento, a través del mencionado programa de reconocimiento al exonerado político. Sin embargo, esa ilusión, está viéndose frustrada, con la innecesaria tardanza en la resolución de las solicitudes que el procedimiento legal contempla. Que, por otra parte, cabe tener presente que conforme a lo dispuesto en ley N° 19.880, sobre Procedimiento Administrativo, se obliga dar término a todo procedimiento administrativo en un plazo máximo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de seis meses contado desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final. Junto con este plazo máximo para afinar el procedimiento administrativo que se hubiere iniciado, se encuentra el valor del silencio administrativo. Como se sabe, éste puede ser positivo o negativo. La ley entiende rechazado lo solicitado, silencio negativo, cuando lo impetrado no ha sido resuelto dentro del plazo legal. Por su parte, el silencio positivo, se traduce en que se entiende aceptada la solicitud, cuando habiendo transcurrido el plazo para resolver, el órgano impetrado no se ha pronunciado. Que, como una forma de contribuir a la aceleración del procedimiento contemplado en la ley N° 19.234, sobre beneficios a los exonerados políticos, los diputados que suscriben la presente propuesta legislativa, hemos estimado pertinente introducir una norma que fije un plazo para resolver las solicitudes. De esta menera, se permitirá afinar las solicitudes pendientes, dándolas por aprobadas, ante el transcurso del plazo que pesa sobre las autoridades obligadas a responderlas, sin que ésta hubiese emitido su pronunciamiento. Que, en consecuencia, los diputados firmantes venimos en proponer una modificación a la ley N° 19.234, que fije un plazo de 4 meses al Ministerio del Interior e INP, para resolver las solicitudes de reconocimiento de la calidad de exonerado político y el otorgamiento de los consiguientes beneficios. Transcurrido dicho plazo, se entenderá que la solicitud ha sido acogida, en la medida que cumpla con los requisitos los demás requisitos exigidos al efecto. Que como una forma de dar mayor eficacia a esta disposición, se ordena a la Contraloría General de la República, tomar razón de la respectiva resolución, a través de un trámite de urgencia, el que no podrá exceder de 10 días. Por lo anterior, vengo en presentar el siguiente. PROYECTO DE LEY “ARTÍCULO ÚNICO.- Establécese un plazo de 4 meses, a contar del día de la publicación de esta ley, para que el Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior, resuelva las solicitudes de reconocimiento de la calidad de exonerado político y los consiguientes beneficios, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.234. Transcurrido dicho plazo, sin que la autoridad mencionada se hubiere pronunciado, se deberá otorgar la calidad enunciada, concediendose los correspondientes beneficios solicitados. En tal caso, el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal. Dicho certificado, será expedido sin más trámite, por la misma autoridad que le correspondía pronunciarse”. Moción de los diputados señores Monckeberg, don Nicolás; ÁlvarezSalamanca, Galilea, Martínez y Sepúlveda, don Roberto. Modifica el Código Orgánico de Tribunales para establecer la exención de pagos arancelarios a los Conservadores de Bienes Raíces en el caso de reinscripción de títulos de dominio. (boletín 453407) I. FUNDAMENTOS. Desde hace años, debido a las necesidades derivadas de los requerimientos de un sistema judicial más coherente con la realidad, se han producido modificaciones que también han afectado a los auxiliares de la administración de justicia (notarios, conservadores, etc.), especialmente en lo que dice relación con número. Todo esto ha conllevado a que inmuebles que ya se encontraban inscritas ante un Conservador de Bienes Raíces determinado y que era el competente para ello al momento de la inscripción, deban nuevamente inscribirse ya que la creación de un nuevo Conservador los obliga a ello. Desafortunadamente, este proceso que se entiende en la lógica de la regularización de los títulos de los inmuebles, trae aparejado un costo económico, muchas veces difícil de asumir por las personas más modestas que, por lo demás, y como se ha dicho ya han realizado la inscripción. Este proyecto de ley busca, en definitiva, eximir del pago de nuevos derechos de inscripción derivados de la creación de un nuevo Conservador de Bienes Raíces a todos aquellos que se encuentren en la necesidad de hacerlo pero son dueños de inmuebles que se encuentran exentos del pago de contribuciones. Para estos efectos, se incorpora un nuevo texto al artículo 451 del Código Orgánico de Tribunales en el sentido que se indica más arriba. II. PROYECTO DE LEY. Incorpórese el siguiente nuevo artículo 451 al Código Orgánico de Tribunales: “Los Conservadores de Bienes Raíces ante los cuales se requiera una inscripción derivada del hecho de que se encuentran dentro de su competencia inmuebles que ya han sido inscritos previamente ante otro Conservador, no podrán cobrar derecho alguno por dicha inscripción en sus registros, siempre que se trate de inmuebles que se encuentren exentos del pago de contribuciones” Moción de los diputados señores Becker, Bertolino, Delmastro, Galilea, García, Vargas, y de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia e Isasi, doña Marta. Modifica la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, con el objeto que las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado, indiquen en los informes la incidencia de un proyecto de ley en las regiones del país. (boletín N° 453506) “Considerando: 1. Que, en Chile el proceso de descentralización no es nuevo. Desde el año 1979 se comienza a implementar fundamentalmente con un traspaso de funciones desde el nivel central a las regiones, específicamente en el ámbito municipal con la ley de rentas municipales de 1979, el traspaso de la administración de la salud y la educación en 1981, y la elección de alcaldes y concejales en 1992; y en el ámbito regional con la ley de gobiernos regionales de 1993, proceso que, sin embargo, ha sido insuficiente para lograr una descentralización real. 2.Que, la descentralización real del país es una aspiración que genera un amplio consenso en la ciudadanía que ve cómo todas las decisiones importantes se toman a nivel central, muchas veces con desconocimiento de la problemática regional, o sin tomar en consideración la opinión de los ciudadanos de regiones que se ven directamente afectados por ellas. 3.Qué, durante el proceso electoral presidencial y parlamentario del año 2005, el Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile, Conarede, realizó, dentro de su actividad denominada “Yo Voto por las Regiones”, una campaña destinada a obtener de los candidatos presidenciales y parlamentarios su apoyo al documento denominado “Reformas Estratégicas de Regionalización, el que fue suscrito por los cuatro candidatos presidenciales y por el 90% de los senadores y diputados electos. 4. Que, el documento “Reformas Estratégicas de Regionalización”, en su punto 10, trata de la participación ciudadana efectiva en decisiones de interés local y regional, estipulando en su numeral 10.4 “Evaluar el Impacto Regional de los Proyectos de Ley y de Inversión”, el cual fue aprobado por el 93% de los senadores electos y por el 94% de los diputados electos. 5. Que, habiendo asumido en la campaña parlamentaria un compromiso con las regiones, proponemos modificar la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, estableciendo que todo proyecto de ley debe llevar un informe que señale el impacto que dicha ley producirá en las regiones o en una región determinada, sea éste positivo, negativo o neutro. Por tanto, Venimos en presentar el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo Único: Incorpórese al artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional el siguiente inciso tercero nuevo: “Las comisiones deberán consignar en los informes de los proyectos de ley la incidencia que éstos tengan en las regiones del país o en el proceso de descentralización en general.” Moción de los diputados señores García, Becker, Bertolino, Delmastro, Galilea, Vargas, y de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia e Isasi, doña Marta. Modifica ley orgánica constitucional de municipalidades sobre inhabilidades para ser candidato a concejal y alcalde. (boletín N° 453606) “Considerando: 1. Que, la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades señala en su artículo 74, que: “No podrán ser candidatos a alcalde o a concejal: a)Los ministros de Estado, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los intendentes, los gobernadores, los consejeros regionales, los parlamentarios, los miembros del consejo del Banco Central y el Contralor General de la República; b)Los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, así como los del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales, los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, y c) Las personas que a la fecha de inscripción de sus candidaturas tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la respectiva municipalidad. Tampoco podrán serlo quienes tengan litigios pendientes con la municipalidad, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con la municipalidad. Tampoco podrán ser candidatos a alcalde o a concejal las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. 2. Que, la disposición anteriormente citada no establece plazo para hacer efectiva la inhabilidad, por lo cual basta que quien esté inhabilitado renuncie a su cargo anterior, pudiendo así postular sin impedimento alguno. 3. Que, las inhabilidades para optar a ciertos cargos establecidas en la Constitución y en las leyes respectivas, tiene como finalidad establecer una regulación a quienes por ejercer ciertos cargos públicos tienen o puedan tener influencia en los votantes. 4.Que, los jefes superiores de servicios, de empresas e instituciones públicas, dada la labor que ejercen, tales como entrega de casas, caminos, puentes, escuelas, subsidios, etcétera, tienen gran influencia sobre los electores. 5. Que, estas personas cuentan con recursos del Estado los cuales podrían ser usados en campañas electorales personales. 6. Que, si el legislador ha inhabilitado a personas que ejercen cargos similares, no existe antecedente plausible que permita concluir que donde existe la misma razón no exista una misma disposición, por lo cual, los jefes superiores de servicios, de empresas e instituciones públicas, deberían estar afectos a la misma inhabilidad. 7. Que, se debe establecer un plazo para que la disposición tenga plena eficacia. Por tanto, Venimos en presentar el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo Único: Modifíquese el artículo 74 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, de la siguiente forma: 1. “Intercálese en la letra a) después de la coma (,) que sigue al vocablo regionales la siguiente frase: “los jefes superiores de servicios o instituciones públicas, los directores y administradores de empresas públicas o el subrogante legal de ellos;” 2. “Incorpórese el siguiente inciso final: Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección.” Moción de los diputados señores Vargas, Becker, Bertolino, Delmastro, Galilea, García, y de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia e Isasi, doña Marta. Sanciona como contrarias a la probidad administrativa promesas y anuncios falsos de Autoridades o Funcionarios de la Administración del Estado. (boletín N° 453707) “Considerando: 1.Que, la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado consagra el principio de la probidad administrativa, el cual fue incorporado en el año 1999 por la ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable de los órganos de la Administración del Estado. 2.Que, el principio de la probidad administrativa, según lo señalado en el artículo 52 de la ley N° 18.575, consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. 3. Que, la demagogia es la actitud de quienes, para conquistar el favor popular, hacen promesas que saben falsas o inalcanzables, y quienes en razón de su cargo realizan estas promesas alteran la voluntad ciudadana realizando intervencionismo electoral. 4. Que, la autoridad o funcionario que recurre a estas prácticas está violentando el espíritu de la ley, al no desempeñar en forma honesta y leal su función o cargo. 5. Que, atendido que un gran número de ciudadanos ha realizado denuncias que indican que autoridades y funcionarios hacen promesas y anuncios, que luego no cumplen, lo que se ve aumentado notoriamente en época de procesos electorales, resulta indispensable para la protección del sistema democrático tipificar este tipo de conductas como contrarias a la probidad, sancionando su ocurrencia. Por tanto, Venimos en presentar el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo único.- Modifíquese la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado de la siguiente forma: “Agréguese al artículo 52 los siguientes incisos tercero y cuarto nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser inciso quinto. Vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, las promesas y anuncios realizados por las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, cuando no tienen la certeza de que se van a cumplir, o cuando teniéndola no las cumplen. Para acreditar el hecho de haberse realizado estas promesas y anuncios se considerará prueba suficiente las declaraciones efectuadas por estos funcionarios a los medios de comunicación”. Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Kast, Monckeberg, don Cristián; Monckeberg, don Nicolás; Vargas, Verdugo, Ward y de la diputada señora Valcarce, doña Ximena. Modifica el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de establecer que el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva recaída en los juicios de comodato precario, sea concedido en el solo efecto devolutivo. (boletín N° 453807). Fundamentos del proyecto. Los juicios cuyo objeto es obtener la restitución de cosas que se tienen bajo comodato precario, esto es, sin previo contrato o por ignorancia o mera tolerancia de su dueño, o bien, cuando la cosa no se ha prestado para un servicio particular ni se ha fijado tiempo para su restitución, se rigen por las normas del juicio sumario, de acuerdo a lo que dispone en tal sentido el artículo 680 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil. Lo anteriormente expuesto implica que las sentencias que se dicten en estos juicios, son apelables en ambos efectos, salvo que, concedida la apelación de esta forma, haya de eludirse sus resultados. La referida situación trae como consecuencia que, mientras no se falle en la Corte respectiva el recurso de apelación interpuesto, el procedimiento queda paralizado, no pudiendo llevarse a cabo durante dicho lapso la ejecución de la sentencia ante el juzgado correspondiente, en el evento que el juez que la dicte haya ordenado restituir la cosa objeto del comodato. Como la gran mayoría de los juicios de comodato precario que se sustancian en los diversos tribunales del país tienen por objeto la restitución de bienes inmuebles, la situación actualmente vigente se traduce en que si una persona ocupa gratuitamente un bien raíz, por ignorancia o mera tenencia de su dueño, por el solo hecho de apelar en contra de la sentencia que acoge la demanda de comodato precario, tiene derecho a seguir usando la propiedad, gratuitamente, hasta que no se resuelva en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto. Considerando que este tipo de recursos, en la práctica se demoran alrededor de un año en ser vistos y resueltos en los tribunales de alzada, los ocupantes gratuitos de un inmueble, por mera bondad o ignorancia de su legítimo dueño, tiene más derechos que una persona que arrienda un bien raíz con un título que lo habilite para tal efecto, ya que la ley Nº 18.101, que contiene las normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos dispone en su artículo 8 Nº 9, que la sentencia que dé lugar al desahucio, restitución o terminación del contrato será apelable en el solo efecto devolutivo, no pudiéndose conceder orden de no innovar en este tipo de juicios. Por otra parte, los jueces que conocen de este tipo de juicios, rara vez hacen uso de la facultad excepcional que les otorga el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, esto es, conceder la apelación en el solo efecto devolutivo, cuando se trata de juicios sumarios, si al conceder la apelación en ambos efectos, haya de eludirse sus resultados. Resulta obvio que tal estado de cosas actualmente imperante constituye un contrasentido, y una situación de clara injusticia para el dueño de una propiedad raíz ocupada por un tercero, gratuitamente, y por su ignorancia o mera tolerancia. Para subsanar esta situación, consideramos que debe modificarse el citado artículo 691, estableciendo que el recurso de apelación en contra de las sentencias que se dicten en los juicios de comodato precario, se concederán en el solo efecto devolutivo. En mérito a las consideraciones expuestas, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, el siguiente PROYECTO DE LEY: Artículo único: Sustitúyese el texto del inciso segundo del artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, por el siguiente: “No obstante lo establecido en el artículo precedente, la sentencia definitiva que se pronuncie en los juicios sobre comodato precario, mencionados en el artículo 680 Nº 6, serán apelables en el solo efecto devolutivo. Las demás resoluciones, inclusa la que acceda provisionalmente a la demanda, también serán apelables en el efecto devolutivo”. Moción de los diputados señores Farías, Aguiló, Alinco, Bertolino, Meza, Recondo, Saffirio y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, y Vidal, doña Ximena. Agrega un artículo 25 bis al Código del Trabajo, regulando el descanso de los trabajadores de la locomoción colectiva interurbana al momento de hacerse efectivo sus días de descanso. (boletín N° 453913) “Consideraciones Que es de conocimiento público los diversos accidentes carreteros en los que se han visto involucrados vehículos de transporte interurbano de pasajeros, y que en muchos de estos casos de nefastas consecuencias, (tanto para el personal de los vehículos, pasajeros y terceros), el motivo principal obedece a la falta del debido descanso de los conductores. Que atendido el gran numero de accidentes por el motivo señalado, resulta de vital importancia regular con prontitud y efectividad el descanso real que beneficie al personal involucrado en estas tareas. Que las estadísticas nos señalan de manera indesmentible, que los accidentes en los que se ven involucrados estos vehículos, obedecen en un porcentaje abrumador a errores humanos y en varios de estos casos, a que los conductores no han descansado debidamente, en un lugar adecuado y con las horas de sueño que requiere el ser humano. Que la presente moción tiene por finalidad adquirir un rol preventivo, ya que el descanso efectivo de las trabajadores de transporte interurbano otorgará mayor seguridad a los usuarios de dichos servicios y obviamente a los propios conductores. Que dichos trabajadores, en atención a las labores que desarrollan, se encuentran sujetos a un régimen especial de descanso, por lo se requiere especial atención, con el objeto de que dicho descanso se realice de manera correcta y con esto, cumplir con su objetivo. Que la resolución exenta Nº 1082 de la Dirección del Trabajo del 22 de septiembre del año 2005, contempla que las empresas del rubro podrán implementar un sistema excepcional de distribución de la jornada y de los descansos, consistente en siete días de trabajo seguidos de dos de descanso y/o diez días de trabajo seguidos de cuatro de descanso. Que dicha resolución, como tampoco el Código del Trabajo contempla la situación en que un trabajador se encuentre en una ciudad, pueblo u otro diverso al de su domicilio al momento de tener sus días de descanso. Invocando un ejemplo practico, el trabajador termina sus días de trabajo seguidos, tiene derecho a 2 ó 4 días de descanso según el caso, vive en Rancagua y a propósito de sus labores se encuentra en Antofagasta. La legislación no contempla esta situación, y hoy en día el trabajador debe usar horas de su descanso para regresar a su domicilio, reduciéndose sustancialmente su tiempo real para descansar debidamente y compartir con sus familias. En consecuencia y dada la responsabilidad que tienen dichos trabajadores, debiese ser imputable al empleador el tiempo que el trabajador utilice para desplazarse desde el lugar en que se encuentra al momento de terminar sus días de trabajo y el tiempo que utilice para desplazarse a su domicilio. FUNDAMENTO: Que el personal de chóferes de la locomoción colectiva interurbana y de los servicios interurbanos de transporte de pasajeros se rige, en materia de jornada de trabajo, descansos a bordo o en tierra y esperas entre turnos laborales, por las normas contenidas en el artículo 25 del Código del Trabajo. Es absolutamente necesario introducir las modificaciones pertinentes al Código del Trabajo y compensar en horas al trabajador cuando se encuentre en una ciudad, pueblo u otro distinto al de su domicilio al momento de hacerse efectivo sus días de descanso, y así obtener el goce integral de sus horas de descanso. PROYECTO DE LEY Artículo Único: Agréguese el siguiente artículo 25 bis al Código del Trabajo “Si los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de servicios interurbanos de transporte de pasajeros y tripulaciones de buses y camiones que solo transporten carga terrestre interurbana, se encontraren al inicio de su descanso, en una ciudad, pueblo, localidad u otro diverso al domicilio fijado en su contrato de trabajo, el empleador deberá agregar una compensación en horas no imputable al descanso del trabajador, con el objeto de regresar al lugar de su domicilio: 7 horas, si se encontrase a una distancia superior a 500 kilómetros e inferior a 1000 kilómetros. 12 horas, si se encontrase a una distancia superior a 1000 kilómetros e inferior a 1500 kilómetros. 17 horas, si se encontrase a una distancia superior a 1500 kilómetros. Si el trabajador tuviese que regresar al lugar de origen al momento de finalizar su descanso, se agregará nuevamente el número de horas compensatorias señaladas precedentemente, o al que corresponda según el punto de inicio de la nueva jornada. La retribución económica por las horas compensadas precedentemente, se ajustará a la proporción del valor hora, que le corresponde al trabajador en relación a la última jornada de trabajo desempeñada. OBSERVACIONES La Moción es constitucional en el planteamiento propuesto, por cuanto no se encuentra en casos de exclusión señalados en los numerales del artículo 65 del Constitución Política de la República. Moción de los diputados señores Duarte, Walker, Araya, Fuentealba, Latorre, León, Ortiz, Silber, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina, y Sepúlveda, doña Alejandra. Establece la obligatoriedad de revisar y mantener los ascensores en adecuadas condiciones técnicas. (boletín N° 454014) Fundamento: Hace pocos días en el hemiciclo de esta Cámara de Diputados rendimos un sentido homenaje al Presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Infancia, don Jaime Crispi, su lamentable fallecimiento, no es un hecho aislado derivó de un accidente que pudo haber sido evitado de existir una normativa que regule de manera adecuada la instalación y mantenimiento de los ascensores. En efecto actualmente existe normas técnicas referidas a la instalación, funcionamiento y características de ascensores, se encuentran contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, DS N° 47 (V. y U.), de 1992, en virtud de dichas disposiciones debe incorporarse los planos y específicaciones técnicas, suscritos por el fabricante, en el expediente del proyecto de edificación antes de la recepción de la obra por parte del Director de Obras Municipales. No obstante, dichas disposiciones no abordan lo relativo a la fiscalización con posterioridad a la recepción de las obras, tampoco establecen normas en relación a la mantención de dichos elementos, lo que en definitiva termina poniendo en riesgo la vida de los usuarios de los mismos, sea que se trate de edificaciones de uso público como de edificios residenciales. En especial, en estos últimos, porque aunque resulte paradojal, el mayor número de accidentes se produce en los edificios acogidos a copropiedad inmobiliaria, porque si bien se indica que ellos son bienes comunes y que por tanto todos los copropietarios deben contribuir a su mantención, a través de los gastos comunes, no se ha regulado quien debe dar cumplimiento a dicha obligación, es por ello que como antes debimos legislar para evitar problemas con las instalaciones de gas, hoy debemos asumir la tarea de regular la fiscalización y mantención de los ascensores. Para cumplir con ese objetivo: En primer término, se propone, una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, DFL N° 458 (V. y U.), de 1975, incorporando un artículo 159 bis con el fin de obligar a los propietarios de edificios a mantener los ascensores conforme a las exigencias que al efecto establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Se exije que a lo menos cada 2 años los ascensores y sus instalaciones sean inspeccionados por organismos calificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Organismo a quien se encarga la fiscalización de los trabajos de mantención y estado de los ascensores. En segundo lugar, se propone la modificación de la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria en los siguientes aspectos, se incorpora “la mantención y certificación de los ascensores y sus instalaciones” como gastos que deben ser atendidos con el fondo común de reserva y se establecen expresamente como obligación del administrador, otorgándole amplias facultades para contratar dichos servicios. (artículos 7 y 23 ley N° 19.537). Finalmente se propone un conjunto de modificaciones a la ley N° 18.410 que creó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para incorporar a dicho organismo como fiscalizador y certificador de las empresas que realicen la instalación y mantención de ascensores, estableciéndose además el otorgamiento de un sello, similar al que “sello verde o sello rojo” que existe en relación a las instalaciones de gas. La regulación específica queda entregada a un reglamento que deberá ser suscrito por los ministro de Vivienda y urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura de Sesiones del H. Congreso Nacional, el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo 1º Modifíquese el decreto con fuerza de ley Nº 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1975, que fija el texto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el siguiente sentido: Establézcase como nuevo artículo 159 bis el siguiente: “Los propietarios de edificios que deban contar con ascensores, conforme a las disposiciones de la Ordenanza General de esta Ley, estarán obligados a mantenerlos conforme a las exigencias técnicas señaladas en la Ordenanza. Será obligatorio que los ascensores y sus instalaciones sean inspeccionados, al menos cada dos años, por un organismo de certificación autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el que deberá fiscalizar que los trabajos de mantención y el estado de los ascensores se ajusten a las exigencias técnicas ya mencionadas. Las personas que presten el servicio de mantención de ascensores deberán tener una licencia de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cuyo otorgamiento se ajustará al reglamento que se dicte estos fines, el cual establecerá los requisitos de inscripción y las causales de amonestación, suspensión y revocación de la licencia.”. Artículo 2º Modifíquese la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, en los siguientes puntos: 1°En el artículo 7°, inciso primero intercálese entre las frases “certificación periódica de las instalaciones de gas” y “o a gastos comunes urgentes o imprevistos”, el siguiente texto, precedido de una coma “a la mantención y certificación de los ascensores y sus instalaciones”. 2°En el artículo 23: a) Intercálese entre las expresiones “efectuar los actos necesarios para realizar la certificación de las instalaciones de gas;” y “ejecutar los actos de administración, el siguiente texto: “y el mantenimiento y certificación de los ascensores y sus instalaciones”. b) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente: “El administrador o quien haga sus veces está facultado para requerir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles con objeto de que dicho organismo fiscalice el cumplimiento de la normativa vigente en materia de gas y ascensores. El administrador podrá encomendar a cualquier persona o entidad autorizada la certificación de las instalaciones de gas de la comunidad, y de los ascensores y sus instalaciones, para lo cual deberá notificar por escrito el valor del servicio al Comité de Administración, el que tendrá un plazo de diez días hábiles contados desde la notificación para aceptar lo propuesto o presentar una alternativa distinta. Si, transcurrido este plazo, no se pronunciare, el administrador procederá a contratar la certificación conforme a la propuesta notificada al Comité de Administración. Asimismo, el administrador podrá disponer, previo aviso a dicho Comité, cualquier revisión relativa al gas o los ascensores en los bienes de dominio común o en las unidades que forman parte del condominio, cuando sea dispuesta por la autoridad competente.”. Artículo 3º Modifíquese la ley Nº 18.410, que creó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en lo siguiente: 1°En el artículo 3° : a) En el numeral 15, intercálese entre la expresión “de gas” y la coma (,), la siguiente frase: “, y de mantenimiento de ascensores”. b) En el numeral 18, sustitúyase, la expresión “los instaladores autorizados” por la expresión: “quienes posean una licencia otorgada conforme el Nº 15 de este artículo”. c) En el numeral 23, agréguese como nuevo párrafo quinto, el siguiente: “Lo dispuesto en los párrafos anteriores de este numeral se aplicará también al incumplimiento de las exigencias técnicas relativas a los ascensores y sus instalaciones y a la autorización y fiscalización de las personas que certifiquen o efectúen los trabajos de mantención de los ascensores. Del mismo modo, se aplicará a las instalaciones certificadas el otorgamiento de un certificado sello. El reglamento que se dicte para estos efectos deberá ser suscrito por el Ministro de Vivienda y Urbanismo y el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.”. d) En el numeral 31, agréguese a continuación de la palabra “industrial” la frase siguiente: “y sobre certificación y mantención de ascensores”. 2°En su artículo 3º D: En el inciso primero, intercálese entre las palabras “líquidos”, luego de la coma y “, tendrán”, la siguiente frase: “o de ascensores y sus instalaciones”.