REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 354ªSesión 42ª, en jueves 22 de junio de 2006(Ordinaria, de 10.39 a 14.08 horas)		Presidencia de los señores Burgos Varela, don Jorge, y		Pérez Arriagada, don José.		Presidencia accidental de Ortiz Novoa, don José Miguel.		Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.		Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	PROYECTOS DE ACUERDO	VII.-	INCIDENTES	VIII.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	IX.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.	I.	Asistencia		6	II.	Apertura de la sesión		9	III.	Actas		9	IV.	Cuenta		9	V.	Orden del Día. 	-	Normas sobre contratos de trabajo a menores. Modificación 	del Código del Trabajo. Primer trámite constitucional		9	-		Incorporación de nueva medida cautelar a la normativa procesal penal. Primer trámite constitucional		29	VI.	Proyectos de acuerdo.	-	Libertad a presos por motivos ideológicos en Cuba		35	-	Condonación de intereses y multas a deudores del impuesto territorial		37	-	Revisión de tratados internacionales que permiten el ejercicio de médicos cirujanos titulados en el extranjero. (Votación)		39	VII.	Incidentes.	-	Respuesta a oficio enviado al superintendente de casinos y juegos		40	-		Presupuesto y ampliación de programa de mantención de viviendas serviu. Oficios		40	-	Información sobre vertimiento de aguas servidas en río Limarí. Oficios		41	-	Agilización de calificación de exonerados políticos. Oficio		42	-		Recursos para iluminación de aeródromo Bernardo O´Higgins, de Chillán. Oficios		43	-		Aumento de dotación y mejoramiento de infraestructura de Carabineros para Décima Región. Oficio		44	-		Antecedentes sobre construcción de escuelas en Pichilemu y Santa Cruz. Oficios		44	-	Reparación de la Avenida 18 de Septiembre de la comuna de Chépica. Oficios		45	-	Mejoramiento de situación laboral y presupuestaria del Servicio Agrícola y Ganadero. Oficios		45	-	Situación de productores de remolacha. Oficios		47	-	Saludo de año nuevo a comunidades indígenas de la Novena Región. Oficios		48	-	Recursos para hospital Tisné, de Peñalolén. Oficios		50	-	Mayores recursos para hospitales de salud pública. Oficio		50	-	Medidas contra la delincuencia		51Pág.	VIII.	Documentos de la Cuenta. 	1.	Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de prohibir o regular la importación o cultivo de especies hidrobiológicas modificadas. (boletín N° 2753-03)		53	2.	Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que prorroga la vigencia del mecanismo de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo, establecido en la ley N° 20.063. (boletín N° 4227-08)		53	3.	Informe complementario del segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar. (boletín N° 3235-13) (S)		54	4.	Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay, Alvarado, Egaña, Galilea, García, Lobos, Martínez, Rojas, Sabag y Von Mühlenbrock, que autoriza el funcionamiento de camionetas-taxis. (boletín N° 4265-15)		56	5.	Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Becker, Bertolino, Delmastro, Galilea, García, Monckeberg, don Nicolás, Vargas y de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia e Isasi, doña Marta, que tipifica el delito de robo de tapas de alcantarillado o de cauces y señala pena para delito de receptación de cables eléctricos y tapas de cauces. (boletín N° 4266-07)		58	6.	Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Monckeberg, don Nicolás, Bertolino, Galilea, García, Uriarte, Urrutia, Vargas, Verdugo, y de las diputadas señoras Isasi, doña Marta y Rubilar, doña Karla, que modifica el Código Penal en lo referente a delitos relacionados con el robo y receptación de cables de cobre y metales del mobiliario urbano. (boletín N° 4267-07)		59	IX.	Otros documentos de la Cuenta. 	1.	Comunicaciones.	-	Del Grupo Interparlamentario Chileno-Italiano por el cual comunica que eligió como presidente al diputado señor Delmastro y como vicepresidente al diputado señor Masferrer. 	-	Del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que, en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social el diputado señor Ward reemplaza al diputado señor Hernández, y en la Comisión de Zonas Extremas, el diputado señor Hernández reemplaza al diputado señor Ward.	-	De la diputada señora Soto, doña Laura, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35, del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 23 de junio en curso.	2.	Oficios		Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:	-	Diputado Sepúlveda, don Roberto, resultado de fiscalización ejercida empresa de transportes de buses interurbanos. 
    
    I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (100)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Accorsi Opazo, Enrique	PPD	RM	24Alinco Bustos, René	PPD	XI	59Allende Bussi, Isabel	PS	RM	29Alvarado Andrade, Claudio	UDI	X	58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro	RN	VII	38Álvarez Zenteno, Rodrigo	UDI	XII	60Araya Guerrero, Pedro	PDC	II	4Barros Montero, Ramón	UDI	VI	35Bauer Jouanne, Eugenio	UDI	VI	33Becker Alvear, Germán	RN	IX	50Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Bobadilla Muñoz, Sergio	UDI	VIII	45Burgos Varela, Jorge	PDC	RM	21Bustos Ramírez, Juan	PS	V	12Correa De la Cerda, Sergio	UDI	VII	36Cubillos Sigall, Marcela	UDI	RM	21Chahuán Chahuán, Francisco	RN	V	14De Urresti Longton, Alfonso	PS	X	53Delmastro Naso, Roberto	IND	X	53Díaz Díaz, Marcelo	PS	IV	7Dittborn Cordua, Julio	UDI	RM	23Duarte Leiva, Gonzalo	PDC	RM	26Egaña Respaldiza, Andrés	UDI	VIII	44Eluchans Urenda, Edmundo	UDI	V	15Encina Moriamez, Francisco	PS	IV	8Enríquez-Ominami, Gumucio Marco	PS	V	10Errázuriz Eguiguren, Maximiano	RN	RM	29Escobar Rufatt, Álvaro	PPD	RM	20Espinosa Monardes, Marcos	PRSD	II	3Espinoza Sandoval, Fidel	PS	X	56Estay Peñaloza, Enrique	UDI	IX	49Farías Ponce, Ramón	PPD	RM	30Forni Lobos, Marcelo	UDI	V	11Galilea Carrillo, Pablo	RN	XI	59García García, René Manuel	RN	IX	52Girardi Briere, Guido	PPD	RM	18Godoy Ibáñez, Joaquín	RN	V	13González Torres, Rodrigo	PPD	V	14Hernández Hernández, Javier	UDI	X	55Herrera Silva, Amelia	RN	V	12Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge	PPD	RM	28Isasi Barbieri, Marta	PAR	I	2Jaramillo Becker, Enrique	PPD	X	54Jarpa Wevar, Carlos Abel	PRSD	VIII	41Jiménez Fuentes, Tucapel	IND	RM	27Kast Rist, José Antonio	UDI	RM	30Lobos Krause, Juan	UDI	VIII	47Lorenzini Basso, Pablo	PDC	VII	38Martínez Labbé, Rosauro	RN	VIII	41Masferrer Pellizzari, Juan	UDI	VI	34Melero Abaroa, Patricio	UDI	RM	16Meza Moncada, Fernando	PRSD	IX	52Monckeberg Bruner, Cristián	RN	RM	23Monckeberg Díaz, Nicolás	RN	VIII	42Monsalve Benavides, Manuel	PS	VIII	46Montes Cisternas, Carlos	PS	RM	26Moreira Barros, Iván	UDI	RM	27Mulet Martínez, Jaime	PDC	III	6Muñoz D'Albora, Adriana	PPD	IV	9Nogueira Fernández, Claudia	UDI	RM	19Norambuena Farías, Iván	UDI	VIII	46Núñez Lozano, Marco Antonio	PPD	V	11Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Olivares Zepeda, Carlos	PDC	RM	18Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Pacheco Rivas, Clemira	PS	VIII	45Palma Flores, Osvaldo	RN	VII	39Paya Mira, Darío	UDI	RM	28Pérez Arriagada, José	PRSD	VIII	47Quintana Leal, Jaime	PPD	IX	49Recondo Lavanderos, Carlos	UDI	X	56Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Rossi Ciocca, Fulvio	PS	I	2Rubilar Barahona, Karla	RN	RM	17Saa Díaz, María Antonieta	PPD	RM	17Sabag Villalobos, Jorge	PDC	VIII	42Saffirio Suárez, Eduardo	PDC	IX	50Salaberry Soto, Felipe	UDI	RM	25Sepúlveda Hermosilla, Roberto	RN	RM	20Sepúlveda Orbenes, Alejandra	PDC	VI	34Silber Romo, Gabriel	PDC	RM	16Soto González, Laura	PPD	V	13Sule Fernando, Alejandro	PRSD	VI	33Súnico Galdames, Raúl	PS	VIII	43Tarud Daccarett, Jorge	PPD	VII	39Tohá Morales, Carolina	PPD	RM	22Tuma Zedan, Eugenio	PPD	IX	51Turres Figueroa, Marisol	UDI	X	57Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Uriarte Herrera, Gonzalo	UDI	RM	31Urrutia Bonilla, Ignacio	UDI	VII	40Valcarce Becerra, Ximena	RN	I	1Vallespín López, Patricio	PDC	X	57Vargas Lyng, Alfonso	RN	V	10Venegas Rubio, Samuel	PRSD	V	15Verdugo Soto, Germán	RN	VII	37Vidal Lázaro, Ximena	PPD	RM	25Von Mühlenbrock Zamora, Gastón	UDI	X	54Walker Prieto, Patricio	PDC	IV	8Ward Edwards, Felipe	UDI	II	3	-Asistió, además, el senador Pedro Muñoz. 	-Por encontrarse con permiso constitucional, no asistieron la diputada señora Denise Pascal y el diputado señor Alberto Robles.	-Diputadas y diputados en misión oficial, señora Denise Pascal, y señores Gabriel Ascencio, Antonio Leal, Alberto Cardemil.-II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 10.39 horas.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 37ª se declara aprobada. 	El acta de la sesión 38ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.	-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. V. ORDEN DEL DÍANORMAS SOBRE CONTRATOS DE TRABAJO DE MENORES. Modificación del Código del Trabajo. Segundo trámite constitucional.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- En el Orden del Día, corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al3235-13 empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar.	La diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, es la señora Carolina Goic.	Antecedentes:	-Informe complementario del segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, boletín N° 3235-13. Documentos de la Cuenta N° 3 de esta sesión.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el señor Saffirio.	El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, hago presente que informé el proyecto en reemplazo de la diputada señora Carolina Goic, porque ella tuvo que viajar urgente a Punta Arenas debido a que su hija de cuatro años presentó problemas de salud. Aprovecho de enviar a Carolina -y espero representar a toda la Sala-, nuestra solidaridad y deseos de que la salud de su pequeña hija se reestablezca a la brevedad posible.	Señor Presidente, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a complementar el informe, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en moción del ex senador Ruiz De Giorgio, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar.	A la sesión que la Comisión destinó para el estudio de este informe complementario respecto de la referida iniciativa legal, asistió el asesor del ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río Correa.	En cuanto a los antecedentes, la Cámara acordó, en sesión de 7 de junio de 2006, reenviar esta iniciativa legal a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, con la finalidad de que ésta emitiese un informe complementario.	Teniendo presente que no existe referencia legal ni reglamentaria para los efectos de los contenidos de un informe complementario, el presente informe sólo da cuenta del desarrollo de la sesión especial de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de 20 de junio de 2006.	Con ocasión del debate habido durante el desarrollo de la citada sesión, que versó básicamente en la necesidad de señalar la obligatoriedad de que los menores de edad cumplan, al contratarse, con el imperativo constitucional establecido en el artículo 19, número 10°, de la Carta Fundamental, se presentó una indicación al proyecto ya informado por vuestra Comisión en segundo trámite constitucional y reglamentario, adoptándose respecto de ella el siguiente acuerdo:	Indicación de la diputada Goic y del diputado Sergio Aguiló, para reemplazar en el inciso segundo que se propone en el numeral 1 del artículo 1° del proyecto, la oración que viene a continuación del primer punto seguido, por la siguiente: “Previamente, deberán acreditar haber culminado su educación básica y media, o bien encontrarse cursando cualesquiera de éstas.”.	La indicación apunta a establecer que el derecho de opción para acreditar escolaridad en los contratos de trabajo de los menores, se circunscribe al hecho de haber cursado o estar cursando la educación básica o, en su caso, la media. De esta forma, no es posible que un menor de 18 años contrate sus servicios sin haber completado o estar completando su educación, que es obligatoria, de acuerdo con la reforma constitucional que estableció la obligatoriedad de la enseñanza básica y media.	Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por siete votos a favor y cinco abstenciones.	A juicio de la Comisión, el proyecto en informe no contiene normas de quórum calificado o de rango orgánico constitucional ni artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. Tampoco hay indicaciones ni artículos rechazados o declarados inadmisibles.	Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente proyecto de ley:	“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 13 del Código del Trabajo:	“1.- Sustitúyanse los incisos segundo y tercero por los siguientes:	“Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar contratos de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo o abuela paterno o materno; o a falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. Previamente, deberán acreditar haber culminado su educación básica y media o encontrarse actualmente cursando cualesquiera de éstas. En estos casos, las labores no deberán dificultar su asistencia regular a clases y su participación en programas educativos o de formación. Lo mismo se aplicará respecto de los menores de quince años, en las situaciones calificadas en que se permite su contratación en los espectáculos y actividades artísticas a que hacen referencia los artículos 15, inciso segundo, y 16.	“Los menores de dieciocho años que se encuentren actualmente cursando su Enseñanza Básica o Media no podrán desarrollar labores por más de veinte horas semanales durante el período escolar.	“2.- Sustitúyese, en el inciso sexto, la expresión “Lo dispuesto en” por “La autorización exigida en”.	“3.- Agréguense los siguientes incisos nuevos:	“Un reglamento determinará las actividades consideradas como peligrosas para la salud y el desarrollo de los menores de dieciocho años que impidan la celebración de contratos en conformidad a los incisos anteriores, debiendo actualizarse dicho listado cada dos años, previo informe conjunto de la Superintendencia de Seguridad Social y la Dirección del trabajo.	“Los empleadores que contraten los servicios de menores de dieciocho años, deberán registrar dichos contratos en la respectiva Inspección Comunal del Trabajo.”	“Artículo 2°.- Agréguese el siguiente artículo 18 bis al Código del Trabajo.	““Artículo 18 bis.- En los casos señalados en los artículos 15, inciso segundo; 16 Y 18, deberá cumplirse con lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y séptimo del artículo 13, según la edad y actividad de los menores.”	“Artículo transitorio.- El reglamento a que se refiere el inciso octavo del artículo 13 propuesto, se dictará en el plazo de 90 días contado desde la publicación de esta ley.”.”	Acordado en sesión de 20 de junio del presente año, con asistencia de los diputados señores Aguiló, Alinco, Bertolino, Dittborn, señora Goic, doña Carolina; Meza, Monckeberg, Muñoz, doña Adriana; Recondo, Saffirio, Salaberry y Vidal, doña Ximena.	Es todo cuanto puedo informar.	El señor BURGOS.- (Presidente en ejercicio).- En discusión el proyecto.	Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.	El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en que los jóvenes no debieran trabajar. La idea es que primero estudien. Todos hemos actuado en esa línea.	Sin embargo, durante la última discusión del proyecto se produjo una situación que me llevó a abstenerme en la votación habida en la Comisión, cuyo resultado final fue de siete votos a favor y cinco abstenciones. 	La razón de mi abstención radica en que me siento engañado, porque el subsecretario del Trabajo -en ese entonces ministro subrogante-, señaló en esta Sala, que al proyecto había que agregarle una serie de antecedentes para mejor legislar. Pero ocurre que a nuestra Comisión no concurrieron el ministro del Trabajo ni el subsecretario de la cartera, a fin de dar cuenta de los elementos que, dijeron, iban a aportar. Solamente se cambió una “o” por una “y”. 	Eso, a mi juicio, no soluciona el problema, y menos cuando la moción en debate se contrapone con el mensaje del Ejecutivo, en discusión en la Comisión de Trabajo (boletín Nº 4174-13), que modifica el Estatuto de Capacitación y Empleo, en materia de bonificación al contrato de aprendizaje. 	Dicho proyecto extiende, a menores de 25 años, la edad para contratar aprendices. Hoy se permite a menores de entre 15 y 21, como establece el Código del Trabajo, en la medida en que se desempeñen en jornada completa y se les pague, a lo menos, un salario mínimo.	Por lo tanto, el objetivo de la moción respecto del proyecto del Ejecutivo es totalmente contradictorio. 	La iniciativa en discusión no clarifica la situación en que quedará el joven durante sus vacaciones de invierno, porque, por un lado, se le considera en época escolar, pero, por otro, está en vacaciones. Además, no propone ningún incentivo para que los jóvenes prefieran estudiar en lugar de trabajar. Y en esto hay que ser muy claro, porque son muy pocos los jóvenes que prefieren trabajar. Quienes lo hacen, es por necesidad. 	El proyecto no considera la realidad y la necesidad de algunos jóvenes, cuando señala: “Previamente, deberán acreditar haber culminado su educación básica y media o encontrarse actualmente cursando cualesquiera de éstas.”.	¿Qué pasa en lugares apartados, donde no existe la enseñanza vespertina para completar estudios?	En consecuencia, el proyecto deja automáticamente en la informalidad a ese joven que requiere trabajar, porque sólo un 20 por ciento de ellos tiene la posibilidad de acceder a recibir estudios vespertinos, los cuales se imparten en las grandes ciudades, en las grandes comunas, y no en los lugares apartados, como son los sectores agrícolas o mineros, donde se da la necesidad de que algunos jóvenes trabajen. Lo peor es que el Código del Trabajo lo está ratificando. 	Por lo tanto, ante la incongruencia del proyecto, que no va en la línea de solucionar el verdadero problema que afecta a esos jóvenes, porque el Gobierno eligió lo más fácil: prohibir, pero sin dar una salida a esa realidad que todos los parlamentarios, sin distinción, compartimos en la preocupación de que -ojalá- los menores no tuvieran que trabajar, la bancada de Renovación Nacional anuncia su voto de abstención.	He dicho.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Julio Dittborn.	El señor DITTBORN.- Señor Presidente, este proyecto de ley no esta referido al trabajo infantil, como algunos parlamentarios de la Concertación nos quieren hacer creer, sino que está referido al trabajo juvenil. El infantil nos lleva a la imagen de un niño de 6 u 8 años; en cambio, el juvenil, a la de una joven de entre 15 y 18 años.	Debo recordar que hace poco tiempo, en esta misma Corporación, se aprobó la imputabilidad de delitos penales a jóvenes mayores de 14 años. De manera que, con esta iniciativa, estamos regulando a una población que es imputable penalmente; no se trata de niños, sino de jóvenes, responsables de sus actos en lo penal.	El proyecto nos plantea un conflicto permanente, que me molesta, y es que el objetivo deseable, que los jóvenes no trabajen, hay que enfrentarlo con la realidad de los hechos.	Si los objetivos deseables no se cumplen, se genera un daño, el que no logramos apreciar, porque quedamos con la sensación del deber moral cumplido al haber redactado y aprobado una iniciativa que limita la posibilidad de los jóvenes al trabajo. Todos quedamos contentos, porque compartimos la idea de que los jóvenes no deben trabajar. ¡Es evidente! Pero si lo pensamos detenidamente, surgen dudas; a mí, por lo menos. Por eso, me abstuve en la Comisión.	En general, los jóvenes trabajan por necesidad y no porque lo deseen. Las familias les piden que busquen trabajo para complementar el salario familiar. Los jóvenes no abandonan adrede la escuela para ir a trabajar; podrá haber algunos, pero esa no es la generalidad. Por lo tanto, la razón del trabajo es la necesidad.	El proyecto establece que los jóvenes, de entre 15 y 18 años, podrán trabajar, pero sólo si acreditan haber terminado la educación básica y media, o se encuentran cursando cualesquiera de estas. Si terminaron su educación, no hay problema; de lo contrario, deben acreditar que la están cursando. 	A los diputados de regiones, de zonas extremas, de zonas cordilleranas o costeras, les pregunto si ese joven, que trabaja de día -es lo más probable- en un pequeño pueblo de la Octava, Novena o Décima regiones, o en el norte del país, tiene posibilidades reales de acceder a la educación básica o media vespertina. Les pregunto cuántos establecimientos educacionales imparten enseñanza vespertina para nuestros jóvenes. Son muy pocos. La educación vespertina está concentrada en las grandes o medianas ciudades, pero en los pequeños pueblos agrícolas o mineros no existe.	Imaginemos una familia modesta, con un joven que necesariamente tiene que trabajar; la familia se lo pide y él tiene el sentido de responsabilidad de ayudar a su familia. Pero al optar a un trabajo formal se dará cuenta que deberá estudiar en la noche, según lo establece esta iniciativa. En consecuencia, dirá: “¡Pero los señores de la Cámara de Diputados están locos, porque aquí no hay ninguna posibilidad de estudiar en la noche. En ese caso, deberá viajar varias horas, todos los días, para hacerlo!” En la práctica, estamos obligando por ley a que ese joven tenga que estudiar mientras trabaja, lo cual nos deja moralmente muy contentos.	¡Obviamente, nos deja muy contentos! Pero este joven no podrá estudiar, porque en su pueblo no existe educación vespertina. Entonces, el empleador le va a decir: “Lo siento, amigo, pero los señores diputados dijeron que tienes que estar estudiando, pero como no lo está, no te puedo contratar formalmente, pues no puedo firmar un contrato de trabajo, porque la Dirección del Trabajo me multaría. Así es que sólo te puedo dar trabajo informal y pagarte por debajo de la mesa cinco mil pesos y olvídate.”	Con esto, hemos tirado a un joven, entre quince y dieciocho años, a la informalidad laboral. Va a trabajar igual, ya que la presión de la familia y la necesidad son mayores, pero sin contrato de trabajo, sin previsión, sin derecho a ser atendido por problemas de salud y sin ningún derecho laboral.	Reitero, en nuestra Corporación hemos quedado todos felices, porque aprobamos un proyecto de ley que tiene un objetivo noble, pero que no se puede cumplir en gran parte del país. Lo más probable es que terminemos con una realidad peor que la actual, es decir, que los jóvenes sólo trabajen informalmente. 	Por eso, en la Comisión planteamos esto y nos abstuvimos en la votación, pero no porque estemos en contra del objetivo, ¡por favor!, ya que evidentemente lo compartimos. Ojalá que nuestro país tuviera un ingreso per cápita de 20 ó 25 mil dólares al año y que no hubiera ningún joven con necesidad de trabajar, pero ésa no es la realidad. 	Para que el proyecto sea menos dañino, se deberá exigir al joven acreditar estar estudiando sólo en los lugares donde exista la posibilidad de cursar educación vespertina. ¡Lógico! Ahí, me parece razonable. Pero donde no se imparta, es forzar a la informalidad a miles de jóvenes.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ximena Vidal.	La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a la opinión del diputado Dittborn respecto del tema de la educación.	No se puede permitir que los jóvenes dejen de estudiar; ése es el objetivo más importante del proyecto. Existe la oferta para que todos los niños y jóvenes puedan estudiar, por lo que esta iniciativa es absolutamente coherente con todos los planes de estudios destinados a nuestros jóvenes.	A raíz de las diferentes formas de trabajo juvenil que existen en el mundo actual, en el que nuestro país no es la excepción, se hace necesario actualizar y proteger los derechos de los niños, y resguardar su salud y el trato que se les da cuando se ven obligados a trabajar. Pero esta situación no siempre se debe a falta de ingresos, pues algunos padres piensan que es bueno que sus hijos mayores de quince años trabajen para ser mejores seres humanos y adquieran disciplina y valores sólidos.	Yo misma trabajé como actriz desde los diez años, y no abandoné mis estudios. De eso se trata: de cuidar los intereses de los niños.	Por lo tanto, es necesario hacerse cargo del equilibrio necesario entre la obligatoriedad de la educación y la libertad laboral para los jóvenes, quienes deben ser protegidos con normas que prevengan abusos o maltratos. Además, es necesario contar con una legislación que responda adecuadamente a la realidad y a la diversidad laboral existente para los jóvenes, la que, ojalá, no tengamos que aplicar a los niños.	Nuestros principios nos obligan a eliminar toda forma de explotación humana. Desde mi primer período parlamentario, integro la Comisión de Trabajo y Seguridad Social por ese motivo tan profundo, cual es defender y apoyar relaciones laborales dignas y justas, en el marco del sistema productivo neoliberal imperante. Por eso estamos discutiendo este proyecto de ley: porque el trabajo dignifica a los seres humanos, siempre y cuando se realice en la forma apropiada, con buen salario, buen trato y seguridad, resguardando los derechos de niños y jóvenes, en este caso, y permitiendo el ejercicio laboral cuando lo estimen conveniente las personas a cargo de los menores. De esa forma se produce una ecuación que puede entregar una herramienta legislativa que cambie las formalidades y requisitos existentes en el Código del Trabajo por mejores protecciones para los menores de 18 años en su relación laboral.	En la Comisión de Trabajo se conocieron las diversas visiones sobre el tema, pero concluimos que es necesario aprobar el proyecto para concordar, además, con los valores y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que vela por una real integración de las normas laborales.	Es bueno recordar que en el Código respectivo, el trabajo de los menores está dividido por edades. A modo ilustrativo, debo señalar que éste dispone que la plena capacidad de convenir libremente un contrato de trabajo se produce a los dieciocho años. Antes de esa edad debe contarse con la autorización de diferentes personas. En consecuencia, prescribe que los que tengan menos de dieciocho años y más de quince “pueden celebrar contratos de trabajo si cuentan con autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo paterno o materno; o a falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo”.	Volviendo a las intervenciones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, no es bueno comparar este proyecto con el de contratos para mayores de dieciocho años, que aún no está en tabla. A mi juicio, es bueno circunscribirse a la discusión específica del proyecto. 	El artículo 1° del proyecto, que reemplaza los incisos segundo y tercero del artículo 13 del Código del Trabajo, propone que los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar contratos de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que hayan cumplido con la obligación escolar y que cuenten con autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo paterno o materno, etcétera.	A continuación, dispone que los menores de dieciocho años y mayores de quince que no hayan completado la educación media podrán celebrar contratos de trabajo de las características y con la autorización exigida en el inciso anterior, siempre que sus servicios sean de una naturaleza y jornada que no impidan o perjudiquen la continuación de sus estudios en la educación media ni su participación en programas educativos o de formación.	De esa manera, aseguramos que los jóvenes tengan la posibilidad de formarse integralmente como seres humanos.	En conclusión, el proyecto no prohíbe el trabajo de menores, porque se entiende que en algunos sectores es una realidad innegable, pero regula su existencia a través de resguardos mínimos, como contar con la autorización de sus padres o ascendientes, ejecutar labores ligeras y, en conformidad con el objeto de este proyecto, exigirles hayan cumplido o estén cumpliendo su educación media.	He dicho.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.	El señor URRUTIA.- Señor Presidente, me correspondió participar en la Comisión de Trabajo durante el año pasado, cuando empezó a estudiarse la iniciativa y, en verdad, me pareció un muy buen proyecto, que iba por el camino adecuado, por lo que lo voté favorablemente. Pero luego, cuando se le introdujo la oración que ya ha sido leída por varios diputados, cambió absolutamente el sentido.	Después de escuchar la intervención de la diputada Vidal, me di cuenta de que ella es una representante de la ciudad, porque no capta lo que ocurre en los sectores rurales. Las ciudades están llenas de colegios que imparten la educación media, pero en los sectores rurales las escuelas sólo importen hasta octavo básico.	En tal situación, los jóvenes deben trasladarse a las ciudades para poder continuar sus estudios. Sin embargo, por razones económicas, no todos pueden pagar pasajes hasta la ciudad todos los días, por lo que muchos, lamentablemente, terminan sólo la educación básica. 	¡Cómo no vamos a querer que todos los jóvenes de nuestro país estudien y terminen el cuarto medio! ¡Ojalá llegaran a la universidad o pudieran estudiar carreras técnicas! ¡Todos queremos que nuestros jóvenes progresen, pero la realidad es otra! Si tuviéramos colegios y escuelas con enseñanza media en todos los sectores rurales del país, sería extraordinario y se podría aplicar la norma que se quiere agregar; pero eso no es así. 	Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando salga un joven de la enseñanza básica -más o menos a los catorce años-, que no tiene la posibilidad de continuar los estudios de educación media, tendrá que quedarse sin trabajar durante cuatro años, ¡cuatro años!, porque, para poder hacerlo, deberá esperar a cumplir dieciocho años. Me parece realmente insólito. 	La solución es muy fácil. En lugar de que el texto agregado diga “su educación básica y media”, debiera decir “su educación básica o media”. Simplemente, se trata de cambiar una letra: que diga “o” y no “y”. Tan simple como eso. Y de esa forma el proyecto queda fantástico. 	Si bien hace un año voté a favor el proyecto en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, hoy estoy obligado a votarlo en contra, porque está fuera de la realidad que se vive en los sectores rurales, que es absolutamente distinta a la de la ciudad, la que representa otro mundo.	Para que tengan una idea de lo que ocurre en la zona de Parral, Cauquenes, y otras, les puedo decir que la gente trabaja la mitad del año; la otra mitad está cesante. Así de simple. En esta época, todo el mundo está cesante, no hay trabajo, porque la gente trabaja en la temporada agrícola. Y el joven debe salir a trabajar para aportar a su familia, para que se pueda sostener durante los meses de invierno, período en el que no hay trabajo. No trabaja porque le guste, sino, tal como lo dijo el diputado Dittborn, por necesidad, porque no le queda otra alternativa.	Con la limitante que se agregó, al final, lo único que se está logrando es, también lo señaló el diputado Dittborn, potenciar el empleo informal, que es mucho más mal pagado que el formal. 	Por lo tanto, no sólo no me voy a abstener de votar el proyecto, sino que, de frentón, lo votaré en contra. 	En vista de que no podemos presentar indicaciones, espero que el Senado corrija esta anomalía que se ha producido hoy en la Cámara de Diputados.	He dicho.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en el país existe una realidad: las instituciones funcionan y cumplimos nuestros compromisos y obligaciones a nivel internacional. 	En este caso, el proyecto que estamos discutiendo, originado en moción del entonces senador José Ruiz De Giorgio, en el fondo, actualiza ahora -año 2006, siglo XXI- toda la parte que se relaciona con la obligatoriedad de la enseñanza para esos 190 mil jóvenes de 15 a 18 años que hoy cumplen algún determinado trabajo.	¿Por qué comienzo expresando esto? Actualmente, la cobertura en enseñanza media es de casi 97 por ciento; la de enseñanza básica es prácticamente del ciento por ciento.	No podemos olvidar que en diferentes épocas de nuestro país, en cuanto a la asistencia escolar, hubo personas que tuvieron la visión de plantear proyectos de ley que significaron terminar efectivamente con las discriminaciones. Así ocurrió con la ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Eso es lo que estamos haciendo con el proyecto en cuanto a la obligatoriedad de la enseñanza media.	Está faltando la obligatoriedad de la enseñanza prebásica, que la Presidenta de la República anunciara a través de indicaciones a los proyectos de educación. 	Hay un capítulo del Código del Trabajo que regula la contratación de trabajadores mayores de 15 años y menores de 18 años en forma restrictiva, orientado a que se pueden contratar, siempre y cuando exista autorización del padre, de la madre o de sus guardadores y que sólo pueden ejecutar labores ligeras que no perjudiquen su desarrollo. Además, la ley vigente exige haber cumplido o estar cursando la enseñanza básica, dado que la norma se dictó cuando sólo ese nivel era constitucionalmente obligatorio.	¿Quién puede desconocer que aparte de estos 190 mil jóvenes de 15 a 18 años, que tienen contrato actualmente, hay muchos miles más a los que, lamentablemente, sus empleadores no les hacen contrato de trabajo? Por ejemplo, en los grandes supermercados los jóvenes que empacan reciben como remuneración sólo la propina del cliente. 	He escuchado a muchos colegas en la Sala que plantean cómo se está concentrando la riqueza en grandes grupos económicos; otros dicen que se está coartando la posibilidad del aumento de empleo para bajar la cesantía. 	Aumentar la cobertura del empleo no significa que no se respeten las normas mínimas del Código del Trabajo. Me alegro de los estados financieros de los supermercados y de las grandes tiendas, pero hay que repartir, y no sólo el capital, sino también el trabajo. En este caso debemos tener especial preocupación por las niñas y los niños de entre 15 y 18. Eso lo que estamos haciendo. 	Aquí se ha planteado -es posible que muchos tengan razón- que en los sectores rurales prácticamente no hay posibilidad de que esos jóvenes estudien y trabajen. Pero hay una realidad: prácticamente ningún municipio del país, en cuanto a la educación media a nivel vespertino o nocturno, tiene capacidad, porque a nivel nacional la cobertura de enseñanza media es de casi un 97 por ciento. Sin embargo, hay instrumentos. Cuando se dice que los jóvenes no pueden estudiar por problemas de distancia, no nos olvidemos que hay unidades educativas a lo largo de todo el país, en los lugares más aislados de nuestra patria. Por lo tanto, existe la posibilidad. No podemos cambiar la discusión de este proyecto en función del “qué” o “con qué” para abstenerse, con lo cual no se actualiza una norma constitucional en el tema de la enseñanza media.	Por lo demás, la indicación que presentó el Ejecutivo en concordancia con el autor, el senador José Ruiz De Giorgio, y la diputada señora Carolina Goic, es muy clara y explícita. No es que se tenga que completar la enseñanza básica o casi completar la enseñanza media. El texto que debería aprobarse, porque estamos en el segundo trámite constitucional, se refiere al joven que está efectuando su educación básica o su educación media.	¿Por qué educación básica o media? Porque también puede ser que exista una cobertura de más o menos tres o un cuatro por ciento de gente que todavía no ha aprendido a leer ni a escribir. En todos los colegios a lo largo de Chile hay posibilidades para que los jóvenes puedan cumplir con ello. Por ejemplo, hay programas con el Sence que tienen que ver con formación y alfabetización.	En consecuencia, en nombre de la bancada del partido Demócrata Cristiano, anuncio nuestro voto favorable a este proyecto, pues consideramos que cada día debemos normar, actualizando el 2006, para que esos 190 mil jóvenes, y, en especial los que no tienen contrato de trabajo, puedan ser parte de la cobertura y del blindaje de un Estado.	He dicho.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra al diputada señora Adriana Muñoz.	La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, solamente quiero referirme a las intervenciones que han hecho los colegas de la UDI y de Renovación Nacional, en el sentido de que la propuesta del proyecto sería inviable, sobre todo para las zonas rurales.	Represento el distrito Nº 9 en este hemiciclo, que tiene el 60 ó 70 por ciento de ruralidad en las comunas que represento. En todas ellas los alumnos rurales tienen escuelas donde asistir. Hay un ciento por ciento de cobertura en el país. Además, existe una reforma que hemos hecho al sistema educacional, la que establece una obligatoriedad de doce años de educación y que los padres tienen el deber de educar a sus hijos.	Creo que hay una insistencia en la Oposición en dejar las cosas como están y de tener a los jóvenes de entre 15 y 18 como un ejército de reserva de trabajo mal pagado y explotado. Si deseamos cambiar las cosas y de hacer realidad la Constitución a través de las leyes, como lo estamos discutiendo hoy, debemos hacer que existan las condiciones para que los jóvenes que trabajan, debido a la necesidad imperiosa por situaciones económicas familiares, asistan a una escuela vespertina. Por ejemplo, en las escuelas rurales de Caimán, en la comuna de Los Vilos, del distrito Nº 9, necesitamos cursos vespertinos.	No podemos pasar a llevar los derechos establecidos en la Constitución y en las leyes por una realidad que hay que cambiar. Ése es el mandato que hemos dado a través de las modificaciones legislativas y constitucionales. No es posible que a los niños los obliguen a estar estudiando para poder tener un contrato de trabajo. Si esa realidad existe en alguna de las comunas, debemos detectarla y cambiarla.	Hoy están dadas las condiciones para que nuestros jóvenes puedan trabajar. Ojalá no tuvieran que trabajar y pudiera erradicarse el trabajo infantil y juvenil, pero como ello aún no es posible, debemos regular e incluir dimensiones humanas en la contratación de los menores de edad.	He dicho.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.	El señor SALABERRY.- Señor Presidente, parece que este proyecto produce algunas confusiones. El diputado Ortiz señaló cómo se originó esta iniciativa. Fue por moción del senador Ruiz De Giorgio, que originalmente era bastante simple y que buscaba compatibilizar el trabajo de menores de edad con la reforma constitucional, aprobada por el Congreso Nacional, que establece la obligatoriedad de la educación media. El señor diputado también recoge los argumentos señalados por parlamentarios de la Alianza por Chile, que se expresan en una indicación, aprobada la semana pasada, que establece la exigencia de que los jóvenes -no los niños- hayan completado la educación básica o la educación media para ser contratados. Ése fue el argumento expresado esta mañana por el diputado Ortiz. Comparto ese argumento. Pero, lamentablemente, la semana pasada, los parlamentarios de la Concertación pidieron que el proyecto volviera a la Comisión de Trabajo, a raíz de lo cual se emitió un nuevo informe. En su oportunidad, la diputada Muñoz señaló que debido a una mayoría circunstancial se había aprobado una indicación. Siempre las mayorías son circunstanciales; algunas más permanentes que otras. En esta oportunidad, también por una mayoría circunstancial, se modificó una vez más el proyecto y se le incorporaron, a nuestro juicio, mayores rigideces. Ahora no se exige que el menor de edad haya cursado la educación básica o la media, sino que acredite haber culminado en forma estricta las dos, o que se encuentra cursando cualesquiera de ellas.	Las pretensiones del proyecto -reitero- originalmente eran simples, pero se fueron rigidizando. Ello ha generado que no se ponga sobre la mesa una realidad que desconozco -porque soy diputado de un distrito urbano-, cual es la del trabajo de menores de edad en los sectores rurales. El diputado Dittborn señaló que si el Estado garantizara la cobertura de la educación vespertina, obviamente éste sería completamente un buen proyecto.	Hace algunas semanas una periodista me preguntó por qué la Alianza por Chile está en contra de regular el trabajo infantil o infantojuvenil o por qué no quiere prohibir el trabajo a menores de quince años. Le manifesté mi sorpresa, porque nunca hemos señalado un argumento en esa línea. Ello habría sido dado a conocer por autoridades del Ministerio de Trabajo -entiendo que por el propio ministro- y por parlamentarios de la Concertación. Sin embargo, si se revisa en las actas cómo se desarrolló la discusión de este proyecto, se comprobará que siempre votamos a favor y contribuimos a mejorarlo. Nunca hemos estado en contra de regular una situación que hoy está contemplada en el Código del Trabajo, cual es establecer ciertas restricciones a los mayores de quince y menores de dieciocho años.	El diputado Rojas me señala que una forma de corregir y de mejorar el proyecto es permitir que en estos casos especiales puedan acceder a la educación vespertina, puesto que no se les permite hacerlo. Así, salvamos gran parte de las restricciones de este proyecto de ley, sobre todo si se considera que los jóvenes de nuestro país trabajan por necesidad.	El otro día, en un reportaje de un diario de circulación nacional, el “presidente de la CUT juvenil”, un joven que desde los doce años ha ayudado a su familia trabajando en la feria los fines de semana, decía que él les pedía a los políticos que no le prohibieran trabajar, sino que le dieran las condiciones para hacerlo. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia el término del trabajo informal de nuestros jóvenes y darles las posibilidades para que compatibilicen el trabajo con el estudio.	Reitero, una modificación que podría mejorar esta situación -esperamos que en el Senado se presente la indicación, debido a que ya no podemos hacerlo en este trámite-, dice relación con lo que planteó el diputado Manuel Rojas, en orden a permitir que menores de 18 años y mayores de 15 en estas condiciones, de acuerdo con nuestra legislación laboral, accedan a la educación vespertina, con el fin de que puedan cumplir con su anhelo de trabajar y también con la obligación de terminar su cuarto medio.	He dicho.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.	La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, tengo contradicciones vitales con el proyecto, porque, como dijo la diputada Adriana Muñoz, la iniciativa es buena, pues se relaciona con la protección de nuestros jóvenes. Ojalá no tuvieran la necesidad de trabajar, pero la realidad del país es distinta y muchos jóvenes tienen que hacerlo.	Con esta iniciativa se quiere cautelar dos cuestiones fundamentales. La primera está relacionada con la salud, con el riesgo que corren algunos jóvenes trabajadores, sobre todo en los sectores agrícolas, donde tienen que hacer fumigaciones y prácticas con agroquímicos. Se han efectuado cambios legislativos, pero no siempre se cumplen. Sin embargo, ahora decimos que vamos adoptar una actitud distinta, de protección hacia los jóvenes en aquellos trabajos riesgosos.	La segunda tiene que ver con compatibilizar el estudio y el trabajo. Es decir, que ellos trabajen, sin dejar de estudiar, puesto que es la única forma de llegar a ser trabajadoras y trabajadores mejor remunerados y con mayor dignidad.	En esos dos ámbitos, sin duda, no tenemos mayor discusión y no hay dificultades. Todos estamos por aprobar el proyecto. Yo también lo haré.	Pero, hay un tema de fondo distinto que tiene que ver con el acceso a la educación en los sectores rurales. No me refiero a la educación básica, puesto que hoy no existen mayores dificultades en ese nivel, sino a la educación media.	Ahí se presenta el problema de las distancias y las dificultades para trasladarse, situación que, además, complica a los alcaldes de esos sectores en su obligación de dar cobertura y educación media de calidad.	Reitero, el problema que me preocupa es cómo acercamos la educación media a los sectores rurales. Por eso, a pesar de que el proyecto está en su segundo trámite, ojalá pudiera volver a la Comisión de Trabajo para que se considerara el programa Chile Califica, que es un instrumento flexible y práctico, a fin de llevar la educación media a los sectores rurales.	No es solución para los sectores rurales; pero permitiría acercar la educación media, tener más cupos y darles una atención preferencial.	Por lo tanto, anuncio que votaré a favor del proyecto de ley, por el bien superior que protege.	He dicho.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.	La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, todos somos conscientes de estar en el siglo 21, y una de las cosas importantes acaecidas con anterioridad, sobre todo en el siglo pasado, es la valoración de la infancia.	Sin embargo, hace algunos siglos atrás, los niños eran considerados adultos. Como ejemplo, tenemos los relatos del escritor inglés Charles Dickens. Sin duda, muchos recordarán “Oliver Twist” y “David Copperfield”. En esa época, se daba una gran explotación infantil, porque no había consideración por los menores. Por eso, una de las grandes conquistas de la humanidad fue reconocer el valor de la infancia, lo cual se plasmó en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esto es de un tremendo valor, porque el concepto de niño, según el texto aprobado por las Naciones Unidas, abarca a todos los menores de 18 años de edad, habida consideración de las diferencias entre la primera infancia, preadolescencia, adolescencia y juventud. En consecuencia, estamos frente a un tema valórico, y hoy se habla mucho de la agenda valórica.	Pues bien, esto corresponde a una agenda valórica, porque el respeto de los derechos de los niños debe ser primordial en cualquier país. Debemos construir el país de manera que los niños y los adolescentes puedan ejercer sus derechos y que no sólo sean una declaración romántica. Por eso aprobamos los doce años de educación obligatoria, que tuvo reparos en algunos sectores -el diputado Urrutia dijo que el problema se reducía a una “y” y a una “o”-; pero queremos que el ciento por ciento de los jóvenes accedan a los doce años de educación obligatoria. Es más, el Congreso Nacional y la sociedad toda ya expresó su opinión e incorporó a la Constitución la exigencia de que la educación preescolar también se convirtiera en requisito educacional. En este sentido, en sólo cien días, la Presidenta Bachelet logró la habilitación de las doscientas salas cunas que prometió y se encamina hacia las ochocientas, lo que permitirá la estimulación de los niños desde muy temprana edad y reflejará el respeto y el cuidado de la sociedad por ellos.	El hecho de que haya jóvenes de entre 15 y 18 años que tengan que trabajar -desgraciadamente, tienen la necesidad-, y celebren contratos de trabajo se relaciona con una cuestión valórica y de principios; pero no podemos transigir en que no cursen la educación media. 	¿Qué debemos hacer? Si hay problemas en los campos, me encantaría que los alcaldes y los diputados de sectores rurales se unieran -soy diputada urbana- para solucionar en conjunto el problema de los jóvenes de entre esas edades que no pueden terminar su educación media, por cuanto se trata de una obligación constitucional. 	Ése es el camino que debemos tomar. Si no adecuamos las leyes en ese sentido -además, está contemplado en un convenio internacional que nuestro país suscribió-, entonces, no hagamos nada. 	Debemos lograr que los jóvenes de sectores rurales que no pueden terminar la educación media, porque no tienen dónde, puedan hacerlo. No sé de qué porcentaje se trata y me gustaría tener cifras al respecto. Ya estamos haciendo una concesión respecto del trabajo juvenil, pero no podemos seguir haciendo más. 	Hace unos instantes se encontraba en las tribunas un grupo de ex trabajadores ferroviarios. Gente mayor. Si les hubiéramos preguntado cuándo comenzaron a trabajar, la mayoría de ellos habría contestado que a muy temprana edad, a los nueve u once años, y seguramente no tuvieron ninguna oportunidad para educarse. 	En la actual etapa de desarrollo y con el mandato constitucional de los doce años de obligación escolar, no podemos aprobar una ley que facilite -sabemos que el trabajo en los jóvenes los lleva a dejar sus estudios- la deserción para, finalmente, tener un contingente de jóvenes de sectores rurales, que ya sufren cierta discriminación, más discriminados, porque les dimos facilidades para que se insertaran en el mundo laboral y no terminaran sus estudios. 	Debemos solucionar el problema. Si hay jóvenes de sectores rurales que no tienen acceso a la educación media, debemos preocuparnos de que lo tengan.	Como señalé al inicio de mi intervención, ésta es una cuestión valórica y así debemos discutirla. Me extraña que algunos colegas que defienden con tanta pasión una agenda valórica, que muchas veces contiene valores religiosos, no defiendan este tema que tiene directa relación con la Convención sobre los Derechos de los Niños, suscrita por los países miembros de la ONU. 	He dicho.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.	La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, en verdad me molesta escuchar que algunos diputados digan que los diputados de la bancada de la UDI “quieren el trabajo infantil”, que “quieren explotar a los niños”, porque eso está nada más lejos de la realidad. 	Todos sabemos que un joven trabaja exclusivamente por razones económicas. Aquí, la mayoría somos padres de familia y soñamos, como cualquier padre o madre de este país, con que nuestros hijos tengan oportunidades para estudiar y desarrollarse como persona de manera integral. Pero no siempre están dadas esas oportunidades.	Vuelvo al punto central de la discusión, que es la realidad de los sectores rurales. Si en ellos hubiera acceso a una completa educación básica y media, todos estaríamos dispuestos y gozosos de aprobar este proyecto; pero ésa no es la realidad. 	Hace algunos momentos, la diputada Adriana Muñoz dijo que, en la Cuarta Región, había un ciento por ciento de cobertura en educación media. Me alegro mucho, pero no es la realidad de la Décima Región, donde tenemos islas e innumerables sectores rurales en los cuales no se imparte educación media. La única opción de los padres para que sus hijos puedan estudiar es que los trasladen, en algunos casos diariamente, cuando tienen matrículas, a los liceos de las localidades del distrito que represento, como Calbuco, Maullín, Puerto Montt y Cochamó. Sin embargo, no siempre están disponibles los medios económicos y tampoco los caminos habilitados, por lo que el viaje diario se hace tremendamente difícil y, en el caso de las islas, materialmente imposible.	Tampoco tenemos la cantidad de internados suficiente en esas ciudades para acoger a esos niños durante toda la semana, y ni siquiera podemos soñar con la educación vespertina. 	Las leyes se dictan para que produzcan efectos en el momento en que son publicadas en el Diario Oficial y entran en vigencia, salvo que establezcan otra cosa, y no para que generen efectos en un Chile ideal con una educación ideal.	Por lo tanto, no se trata de que los jóvenes dejen de estudiar y trabajen, porque eso está lejos de lo que pensamos y de lo que queremos, sino simplemente tener presente que las realidades son distintas en cada región, y en la nuestra no todos los jóvenes de sectores rurales tienen la opción de continuar con la enseñanza media. Entonces, ¿qué opción tienen los jóvenes que a los catorce o quince años han completado su enseñanza básica? Quedarse en sus casas todos los días. Muchos de ellos quieren trabajar, porque no tienen otra opción. 	Esta norma, además de ser extraña, exige dos requisitos: acreditar la enseñanza básica y media. Obviamente, quien acredita la enseñanza media ha cursado la básica. Si un joven no puede acreditar la enseñanza media porque no dispone de recursos para seguir estudiando, estamos impidiendo que pueda trabajar. Es decir, lo estamos dejando en su casa y sin una oportunidad. Por último, eso le sirve para superarse, para colaborar con su familia y para ser una persona responsable a futuro. ¿O acaso lo dejaremos cruzado de brazos en su casa durante tres o cuatro años? No estamos hablando de los jóvenes que tienen la posibilidad de seguir estudios. A veces, se piensa que hay tres o cuatro Chile distintos. Entonces, no es menor la “y” o la “o” a que aludimos, porque si un joven ha completado la enseñanza básica, pero no la media, y quiere trabajar, obviamente vamos a preferir a quien esté dentro del mercado formal de trabajo, antes de contratar a alguien que no cumpla con los requisitos que se le imponen.	Por lo tanto, espero que esto pueda ser enmendado. Estoy hablando por aquellos que quizás son una minoría, los cuales hoy no tienen esa oportunidad. No se trata de que no queramos dársela. Ahora que se inició el mundial de fútbol, espero que la calidad de la educación no pase a segundo plano y que nuestros esfuerzos garanticen los doce años de educación que todos queremos. Mientras exista esa realidad, no podemos dejar que los jóvenes que tienen necesidad de trabajar de la mejor manera y lo más protegidos posible queden fuera de esa protección.	Ése es el tema. No buscamos impulsar el trabajo entre los jóvenes, pero debemos dar la oportunidad a quienes lo necesitan y en las mejores condiciones posibles. Por eso, es importante esa “y” o esa “o”.	Si la educación fuera igual para todos no habría ningún problema. Incluso entre las distintas bancadas no hay diferencias sobre el fondo del proyecto ni sobre la mirada que tenemos respecto del trabajo juvenil. Sin embargo, a veces, parece que legisláramos a espaldas de la ciudadanía y de los sectores rurales. Por eso, como representante de islas y sectores rurales, mi obligación es dar a conocer a esta Cámara la realidad que allí se vive.	He dicho.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.	El señor MEZA.- Señor Presidente, en nombre de la bancada del partido Radical quiero manifestar nuestro apoyo al proyecto que regula y modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión de menores de edad al empleo. Quiero señalar algunas consideraciones que, estoy convencido, la ciudadanía que nos ve y escucha, se ha hecho en más de una oportunidad.	En Chile, el trabajo infantil está unido indisolublemente a la inequidad, a los bolsones de pobreza que existen, sobre todo, en las zonas rurales y en las comunas más pequeñas. De lo contrario, ¿cómo nos explicamos que en la Novena Región más de ocho mil quinientos niños desarrollen distintos trabajos, incluido el comercio sexual? ¿Qué la ausencia de educación en los sectores rurales lleve a los padres a permitir que sus hijos desarrollen labores agrícolas? ¿Qué el sistema previsional, cuya reforma está pendiente, que mantiene a nuestros adultos mayores en sus hogares, sin pensión, y gastando sus pocos ingresos en medicinas, obligue a sus niños a realizar distintos trabajos, muchas veces indignos?	Si bien es cierto el proyecto está muy bien redactado, quiero felicitar a la diputada Carolina Goic por presentar una indicación, que todos aprobamos, para que los menores de dieciocho años y mayores de quince, con autorización paterna o familiar, que deseen trabajar, previamente, acrediten haber culminado su educación básica y media, o bien encontrarse cursando cualesquiera de éstas.	Sin embargo, esta indicación sólo quedará en el papel si los niños campesinos no tienen dónde estudiar, porque nuestras escuelas rurales son unidocentes, es decir -ya se ha dicho hasta el cansancio en la Sala- un solo profesor atiende a niños de distintos cursos, con los magros resultados académicos por todos conocidos. Los niños deben recorrer largas distancias para llegar a sus escuelas, por lo que casi no asisten.	La iniciativa busca regular el trabajo infantil, pero hace falta una política de parte de los gobiernos de la Concertación que busque poner término a la inequidad y a la enorme injusticia que significa la falta de acceso a la educación y al bienestar económico que hoy se dice que tiene Chile.	También hace falta que el Ministerio de Hacienda entienda que no sólo debemos mantener las políticas sociales que hoy se anuncian con bombos y platillos, sino nutrir con más recursos al otro Chile que está más allá de la Región Metropolitana. Es necesario acordarse de las regiones, de los campos y de las decenas de miles de niños que, a lo largo y ancho del país, están trabajando en campos, supermercados, ferias libres y calles, vendiendo parches curita o, muchas veces, su propio cuerpo.	Mientras no se reparta bien la riqueza, vamos a tener que seguir tolerando las permanentes denuncias de Carabineros acerca de la actividad laboral de nuestros niños, quienes no tienen otra alternativa para ayudar a la economía familiar que no sea ofrecerse para ser explotados laboralmente.	He dicho.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.	El señor RECONDO.- Señor Presidente, durante la discusión de esta iniciativa he podido apreciar que la mayoría de quienes han intervenido comparten las intenciones en que se funda. Sin embargo, no nos hemos hecho cargo de un problema que es necesario resolver.	En efecto, por una parte nos encontramos con la aspiración ampliamente deseada de que el ciento por ciento de nuestros jóvenes pueda acceder a la educación y, en consecuencia, tengan oportunidades reales de obtener mejores condiciones laborales cuando se incorporen al mundo del trabajo y, por otra, con las posibilidades que nuestra sociedad entrega a esos jóvenes para que puedan acceder a la educación, que no siempre son tan reales.	Hay quienes piensan que nuestra sociedad está resolviendo este problema, pero hay otros, entre los que me cuento, que pensamos que eso no está ocurriendo, sobre todo en los sectores rurales, como es el caso del distrito que represento, pues en ellos uno puede constatar claramente que los jóvenes no tienen posibilidades reales de acceder a la educación, especialmente a la educación media completa.	Aquí se ha planteado que lo primero es una aspiración, un valor deseado que, por cierto, compartimos. No obstante, lo que debe preocuparnos es si nuestra sociedad entrega posibilidades para que esos jóvenes puedan acceder a la educación, pues hay zonas en que eso no ocurre.	Como parlamentarios, no podemos sentirnos satisfechos ni quedarnos tranquilos con haber aprobado una reforma constitucional que establece doce años de escolaridad obligatoria, pues con eso no hemos resuelto el problema. Una señora diputada insinuaba que nuestra tarea consiste en ayudar a resolver los problemas por la vía de aprobar leyes adecuadas, pero no me parece que con eso nos podemos quedar tranquilos. Insisto, no basta con haber aprobado la reforma constitucional que establece doce años de escolaridad obligatoria, si, en la práctica, no todos nuestros jóvenes tienen acceso real a la educación. Además, sin educación no es posible que puedan incorporares al mercado laboral formal, lo que las obligará a optar por trabajos informales, en malas condiciones.	Por eso, considero necesario desideologizar este debate. No es posible que haya diputados que planteen que la bancada del frente sólo aspira a que los jóvenes trabajen y sean productivos para que los poderosos abusen de ellos y sean mano de obra barata. Eso no está en las intenciones de nadie.	Considero más adecuado plantear este debate bajo otra óptica, aquella que nos indica la realidad, para que, a partir de ella, busquemos la forma de resolver el problema al que me he referido.	A causa de modificaciones menores que se le han introducido a través de indicaciones, de ser aprobado este proyecto, no obstante estar fundado en buenas intenciones, provocará tales efectos que imposibilitará a muchos jóvenes, que hoy no acceden a una educación completa, a que en el futuro puedan obtener un trabajo formal, ni siquiera parcializado.	Creo que podríamos haber mejorado sustancialmente esta iniciativa si no hubiéramos ideologizado tanto el debate, porque, finalmente, se mantendrán ciertas rigideces en la legislación laboral que impiden, finalmente, que los jóvenes puedan acceder a una oportunidad de trabajo formal que les permita contribuir al ingreso mensual de sus familias. 	Quise intervenir, fundamentalmente, para plantear esta paradoja que se presenta, pero atendidos los planteamientos formulados aquí, lamentablemente, creo que no vamos a poder resolverla, porque ya se han fijado las distintas posiciones. Por eso, pienso que el proyecto se va a aprobar tal como está. 	Lamento que tengamos que hacernos cargo nosotros de eso que la sociedad, en su conjunto, no les está ofreciendo a los jóvenes: igualdad de condiciones y posibilidades de completar su educación. Pero, tampoco les estamos ofreciendo la posibilidad de acceder a un trabajo formal, por las excesivas restricciones que establece la iniciativa, de manera que, lamentablemente, no vamos a poder compatibilizar ambas situaciones. 	Por lo tanto, anuncio que me voy a abstener. 	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.	El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, a diferencia del diputado Recondo, no temo que los temas se ideologicen, porque creo que las ideologías son las miradas valóricas, de ideales y de ideas, que estructuran sociedades más o menos justas en función del concepto que cada sector tenga de ellas. 	Por tanto, qué bueno es que se den así las discusiones, porque ello significa que hay involucradas cuestiones valóricas, de fondo, y no meramente operativas, como muchas veces pretende la Alianza por Chile. 	Las leyes se hacen con coherencia y con una mirada de futuro el desarrollo de un país que quiere ser, cada vez, más integrado. ¿Qué duda cabe de que los países se desarrollan cuando aumentan las capacidades de las personas? Pero, esto se logra con educación y con trabajo de calidad, más calidad del recurso humano, no con un empleo precario o subvalorado, desde el punto de vista de las capacidades de la gente. 	Los niños y los jóvenes de la ciudad y del campo deben estudiar y, excepcionalmente, trabajar. Y eso es lo que posibilita esta iniciativa. No niega la posibilidad de trabajo: sólo asegura que el menor siga estudiando, porque es lo único que le permitirá llegar más alto y más lejos. El rendimiento escolar está directamente vinculado a la capacidad de dedicación y concentración de los jóvenes. Éste es un tema que recoge el proyecto. 	Algunos parlamentarios de la Alianza han dicho que les preocupa que se haya agregado esa “y”, que asegura la educación media. Creo que esa “y” es lo que más defendemos, porque significa asegurar la posibilidad, desde el punto de vista de la sociedad que queremos construir, de que los jóvenes continúen su proceso educativo, porque eso es, en verdad, lo que los hará libres, y no un trabajo ocasional. 	En esta forma de discusión que se ha dado, los diputados de Derecha nos han hablado permanentemente de su gran interés por la educación; pero, al parecer, ahora prefieren a los jóvenes trabajando desde muy niños. Eso no es abrirles oportunidades. 	Lo que se está defendiendo aquí, desde nuestro punto de vista como Gobierno, es la certeza de que los jóvenes van a seguir estudiando, y no, a la luz de algunas intervenciones de nuestros amigos de la Alianza, un empleo mal remunerado. En este proceso radica la coherencia del proyecto. 	Por eso, vamos a apoyar con mucha fuerza la iniciativa -así lo anunció el diputado Saffirio-, porque responde a un mejor concepto de desarrollo y a seguir entregando la máxima capacidad a la gente. 	Para nosotros la flexibilidad no es un dogma, sino un criterio que se aplica en función de las realidades, y creo que, en este caso, se está aplicando ese criterio, porque estamos asegurándoles a todos los chilenos y chilenas que la educación es lo fundamental, para trabajar, pero en un marco regulado.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.	El señor MULET.- Señor Presidente, las intervenciones de los diputados Recondo y Vallespín no han logrado despejar una duda que tengo relacionada con el proyecto. A lo mejor, algún integrante de la Comisión de Trabajo podría responder y precisar mejor.	Sin duda, el proyecto encierra una manifestación de voluntad y de buenas intenciones, pero la realidad es muy distinta. Estamos hablando de miles de jóvenes entre 15 y 18 años que no terminan la enseñanza media por distintas razones, obviamente, culturales y sociales bastante complejas, que ni el propio Estado, a través del ministerio de Educación y de los órganos competentes, ha logrado reinsertar, a pesar de todos los esfuerzos realizados. Se trata de jóvenes de educación media que, como digo, por motivos socioculturales abandonan el primero, segundo o tercero medio. Incluso, esto ocurre en la educación básica.	El Estado no tiene la capacidad de reinsertar a los jóvenes al sistema educacional. Así ha quedado demostrado, pese a que ha habido avances en tal sentido. Esto es efectivo, al punto de que los municipios no han logrado que puedan retomar sus estudios, aunque deberían ser los llamados a hacerlo con los recursos que reciben del Ministerio de Educación, y no los colegios particulares subvencionados. Entonces, frente a esta decisión de un joven de 15, 16 ó 17 años, tomada con algún grado de libertad, según entiendo, lo estaría dejando sin la posibilidad de trabajar, a pesar de que hay quienes están proponiendo que, incluso, puedan votar los menores de 18 años -por lo menos, así lo escuché- en una elección de junta de vecinos. De manera que se trata de personas absolutamente conscientes, incluso penalmente responsables, de acuerdo con el proyecto que aprobamos el año pasado. Esto implica que igual lo va a hacer, pero en un mercado de naturaleza informal. 	De manera que considero riesgoso este proyecto en ese sentido; no obstante, después de escuchar al diputado Vallespín, lo que todos deseamos es que los jóvenes terminen su enseñanza básica y media.	Yo buscaría una manera de flexibilizar esto. Quizás, una fórmula podría ser que el empleador esté obligado, no a lograr que el joven retome su enseñanza formal, pero sí, por ejemplo, a capacitarlo. De manera que cuando un joven no retome la enseñanza media -suponiendo que debería haber terminado la básica-, el empleador se comprometa a capacitarlo. Incluso, hay instrumentos del Estado que permiten al empleador usar los subsidios del Estado para capacitar a jóvenes y trabajadores, en general.	Entonces, no obstante encontrarle la razón al diputado Vallespín y haciéndome eco de la preocupación manifestada por el diputado Recondo, aun cuando la norma es ideal, creo que se aleja de algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad.	Hoy, es muy difícil obligar a los jóvenes mayores de quince años que toman la decisión de trabajar a que retomen sus estudios. Incluso, podríamos perjudicarlos innecesariamente al mandarlos al trabajo informal o a desempeñar otro tipo de actividades innobles.	Pensemos también en quienes tienen una inteligencia normal, pero que les cuesta aprobar el segundo, tercero o cuarto medio. Sin embargo, aunque están en el límite de las personas normales, están capacitados para aprender muy bien un oficio.	Dejo planteada la idea a los miembros de la Comisión de Trabajo. ¿Por qué no ver la posibilidad de que el empleador asuma el compromiso de capacitar en un oficio determinado al joven que no está estudiando, conforme a las reglas establecidas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo? De ese modo, si no logramos la solución ideal de que todos los jóvenes cursen cuarto medio, por lo menos, conseguiríamos que no queden excluidos aquellos que no han completado la enseñanza media exigida en el mercado formal del trabajo; y el compromiso del empleador, que sería otro actor social, de capacitar a los jóvenes de 15 a 18 años, incluidos en el proyecto de ley.	Por último, pese a todos los esfuerzos realizados en los últimos años por las corporaciones municipales y a los recursos que coloca el Ministerio de Educación, el Estado no ha logrado reinsertar a un porcentaje importante de jóvenes que no terminan sus estudios. De ahí mis observaciones a esta loable iniciativa.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.	El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, sólo para hacerme cargo de algunos argumentos que han surgido en el debate.	En primer lugar, quiero recordar que -esto debería ser obvio, pero aparentemente no lo es, dado que hemos estado discutiendo esta materia durante meses; incluso tuvimos una interpelación al ministro de Educación- afortunadamente, hoy la cobertura de enseñanza media es del ciento por ciento. De modo que, desde el punto de vista de la cobertura y de la infraestructura el objetivo está logrado. 	En segundo lugar, los últimos gobiernos de la Concertación han hecho un gran esfuerzo para permitir a millones de chilenos terminar su educación formal, vía planes de nivelación de estudios. He visto en comunas modestas de la Novena Región de La Araucanía, que es muy pobre, que esto se está llevando a la práctica y permitiendo que muchas personas, algunas de edad avanzada, puedan terminar su educación media. 	Por lo tanto, constituye una equivocación decir que no están dadas las condiciones materiales para aplicar la reforma constitucional que aprobamos unánimemente, para hacer también obligatoria la enseñanza media, al tenor de los antecedentes que todos manejamos y que el propio ministro de Educación expuso la semana pasada desde el podio de esta Sala.	En tercer lugar, está tan probado que la calidad de la educación y el nivel a que accede la persona está en directa relación con sus posibilidades de mejorar sus ingresos, que no podemos cerrarnos a esa realidad. La persona que sólo termina la enseñanza básica tiene ingresos muchísimo más bajos que aquellas que terminan la enseñanza media y, por cierto, el salto es aún más pronunciado para las que tienen la posibilidad de acceder a la educación superior, en cualquiera de sus ramas. 	De manera que si no queremos condenar a esos muchachos y muchachas, de 15 a 18 años, a ser subempleados permanentes, a ser trabajadores precarios permanentes, que en treinta o cuarenta años más, van a seguir engrosando las filas de decenas de miles de personas que esperan pensiones asistenciales en los municipios, tenemos que hacer todo lo posible para no dificultar que accedan a lo que la Constitución garantiza, es decir, a una enseñanza media obligatoria, cualquiera sea el esfuerzo de la sociedad desde el punto de vista del ajuste que se requiere para que puedan terminar sus estudios básicos y medios.	En la prensa de hoy, los economistas que critican las políticas económicas del Gobierno o su manejo económico sostienen que no hemos hecho reformas microeconómicas significativas en los últimos seis, siete u ocho años. Ponen el énfasis básicamente en las medidas que se han adoptado para proteger a los trabajadores. Pero yo les digo que si el crecimiento ha caído y la productividad no ha avanzado como se requiere, el problema tiene que ver directamente con el nivel educacional de las personas.	Si queremos aumentar el crecimiento y la productividad, las personas deben educarse, a lo menos, hasta nivel medio. Los jóvenes, en primer lugar, y luego los adultos, por vía cursos de nivelación de estudios. De lo contrario, lo único que lograremos es proveer de lo que alguien llamaba hace algunas décadas “un ejército de reserva de personas no calificadas que presionan sobre el mercado del trabajo; que facilitan el subempleo, los malos salarios, el trabajo informal, la falta de jubilaciones.” 	Esto de debatir entre empleo y educación, en el fondo, es simplista, ya que significa -por decirlo vulgarmente- “pan para hoy, por unos pocos pesos, en trabajos precarios, subempleados en condiciones subhumanas, y hambre para mañana”, porque esas personas no van a poder abandonar en los próximos treinta o treinta y cinco años, si no se educan, su situación. Por lo tanto, serán destinatarios de la ayuda del Estado vía pensiones asistenciales, no por errores de la sociedad de hace cuarenta años, sino por la falta de solidaridad y de justicia social de la sociedad de los albores del siglo XXI.	Por eso, el proyecto debemos aprobarlo como viene. No tengo duda de que los diputados de la Concertación, como lo hicimos unánimemente en la Comisión de Trabajo, vamos a ratificar su informe complementario en la Sala.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	Cerrado el debate. 	-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- En votación el texto contenido en el informe complementario de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social sobre el proyecto que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 34 abstenciones.	Varios señores DIPUTADOS.- Señor Presidente, apuró mucho la votación.	La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, se apuró mucho y no alcancé a votar.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Se va a repetir la votación.	El señor MELERO.- Señor Presidente, punto de Reglamento.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra su señoría.	El señor MELERO.- Señor Presidente, ¿en razón de qué ha resuelto repetir la votación? Se tocaron los timbres, se llamó y ha habido un pronunciamiento claro. No veo por qué repite la votación. Esto sienta precedentes futuros, porque cuando los resultados no le son convenientes a un sector u otro, las votaciones se repiten. No veo ningún fundamento.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Señor diputado, no tiene por qué presumir; ni siquiera he visto el resultado de la votación.	Estoy procediendo a repetir la votación, tal como lo hemos hecho otras veces, pues muchos diputados alzaron la mano en señal de que no habían alcanzado a votar.	Le pido, por favor, que por una cuestión de criterio repitamos la votación. Ayer lo hicimos con un proyecto, que podrían haber interesado a otro sector, porque muchos diputados, que estaban en la Sala, no alcanzaron a votar, sea por rapidez de quien llamó a votación o por lentitud de quien tenía que votar. No sé, pero es una cuestión de criterio.	El señor MELERO.- Señor Presidente, un hecho reciente es la votación de la interpelación. Se tocaron los timbres y se votó de inmediato, sin que algunos diputados, que se encontraban en los pasillos, alcanzaran a votar, y la Mesa validó la votación. El argumento que dimos fue que había algunos diputados en los pasillos, pero no se aceptó. 	En esta ocasión, los timbres han estado sonando desde hace bastante rato. Es más, la Mesa advirtió que se votaría a las 12.45. Por lo tanto, se estaría sentando un precedente que, el día de mañana, podría afectar otras votaciones de esta naturaleza. Me parece una mala práctica. El Reglamento se ha cumplido fielmente; los timbres se tocaron. El que los diputados no hayan llegado a votar, es una responsabilidad que no puede avalar esta Cámara, más aún cuando el resultado de la votación fue claro y nítido.	He dicho.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Señor diputado, hay una sola diferencia con su legítima argumentación. En esta ocasión, los diputados estaban en la Sala y, por eso, al igual como lo hice ayer y en uso de mis atribuciones, se repite la votación.	-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 40 abstenciones.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- No se alcanzó el quórum requerido para su aprobación.	Rechazado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Bustos Ramírez Juan; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Quintana Leal Jaime; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio	-Votó por la negativa el diputado señor Urrutia Bonilla Ignacio.	-Se abstuvieron los diputados señores:	Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.INCORPORACIÓN DE NUEVA MEDIDA CAUTELAR A LA NORMATIVA PROCESAL PENAL. Primer trámite constitucional.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- A continuación, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que establece como medida cautelar la retención de la licencia de conducir en casos de cuasidelitos como consecuencia de conducción de un vehículo.	Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Patricio Walker.	Antecedentes:	-Moción, boletín N° 4125-07, sesión 7ª, en 23 de marzo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 3.	-Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 39ª, en 20 de junio de 2006. Documentos de la Cuenta N° 9.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker.	El señor WALKER.- Señor Presidente, este proyecto, que es muy simple y que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se originó en una moción de los diputados señores Gabriel Ascencio, Jorge Burgos, Gonzalo Duarte, Eduardo Saffirio y quien habla.	Su objetivo es establecer una medida cautelar consistente en la retención de la licencia de conducir en caso de cuasidelitos que se cometen con ocasión de la conducción de vehículo.	La idea matriz del proyecto es básicamente incorporar una nueva medida cautelar, de carácter personal, a la normativa procesal penal vigente, con la finalidad de facultar expresamente al juez para decretar la retención del carné, permiso o licencia de conducir de un imputado cuando en un proceso judicial se investiguen hechos de cuasidelitos ejecutados con ocasión de la conducción de vehículos mecánicos o de tracción animal.	El antecedente que se tuvo en consideración es el artículo 196 F de la ley de tránsito, N° 18.290, que faculta a los jueces para aplicar una medida cautelar personal, que consiste en la retención de carné, permiso o licencia de conducir del imputado, por un plazo que no podrá ser superior a seis meses, cuando una persona ha sido sorprendida conduciendo un vehículo en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.	Sin embargo, al conductor de un vehículo que participa en un accidente de tránsito y ocasiona la muerte o lesiones graves gravísimas sin estar bajo la influencia del alcohol, no puede aplicársele una medida de esa naturaleza, es decir, la retención de la licencia de conducir, por grave que sea el accidente.	El artículo 155 del Código Procesal Penal establece en siete letras, desde la “a” a la “g”, siete medidas cautelares personales, las que tienen por finalidad garantizar el éxito de la investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia. Cualquiera de dichas medidas las decreta el tribunal, luego de formalizada la investigación, a petición del fiscal, del querellante o de la víctima.	La modificación propuesta consiste en introducir una letra h), para agregar una nueva medida cautelar personal, consistente en la prohibición de conducir vehículos de tracción mecánica o animal, que se hará efectiva mediante la retención del carné, permiso o licencia de conducir del imputado, cuando hubiere participado en cuasidelito con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas, ejecutados por los mencionados medios de transportes. Es decir, se circunscribe a la muerte o a las lesiones graves gravísimas; no a lesiones leves o si el daño que se ocasiona es relativamente acotado. 	En una oportunidad hubo un accidente gravísimo en Providencia. Una persona atropelló y mató con su vehículo a un jardinero y a unos niños. Era un peligro que siguiera conduciendo, pero el juez no podía retenerle la licencia porque sólo se puede aplicar esta medida cautelar personal cuando hay delitos cometidos bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad, o bajo el efecto de las drogas.	No me quiero referir a los detalles, a la jurisprudencia, pero muchas veces la fiscalía ha pedido medidas cautelares y el juez de garantía las ha negado. En algunas ocasiones se han aprobado, pero finalmente se ha decretado su nulidad porque son específicas; no se pueden aplicar analógicamente. En consecuencia, los jueces han establecido que es ilegal aplicarlas.	En síntesis, el Ministerio Público apoya entusiastamente el proyecto de ley porque es importante para entregar esta herramienta a los jueces. Básicamente, apunta a introducir la letra h) que los señores diputados pueden leer en el informe.	Por último, la iniciativa fue votada con la asistencia de los diputados Araya, Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni, Eluchans, Monckeberg, don Cristián; Monckeberg, don Nicolás; Soto, doña Laura; Turres, doña Marisol; Ward y quien habla.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe Ward.	El señor WARD.- Señor Presidente, el informe emitido por el diputado Walker ha sido bastante completo. Además, como el proyecto fue analizado en detalle en la Comisión de Constitución, no corresponde extenderse más allá de su exposición.	Es un buen proyecto y lo voy a apoyar -espero que cuente con la unanimidad de la Sala-, puesto que viene a solucionar una inconsistencia en la legislación. Hoy, el juez puede decretar la medida cautelar de suspender o retener la licencia de conducir cuando una persona ha sido sorprendida conduciendo en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas. Sin embargo, no existe dicha medida para quien participa en un accidente de tránsito y ocasiona muerte o lesiones graves gravísimas sin estar bajo la influencia del alcohol o de drogas. Por eso vamos a apoyar esta iniciativa.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.	El señor BURGOS.- Señor Presidente, después de lo señalado por el diputado informante y por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, sólo quiero agregar algunos detalles.	Con la actual legislación, en un accidente de tránsito con graves consecuencias, como la muerte de personas, por la ausencia de disposiciones legales, pudiera darse el caso que el juez de garantía no cancele provisionalmente la licencia de quien hubiere cometido cuasidelito, aunque sea por la negligencia más excusable, como quedarse dormido, manejo descuidado, no haber tomado ninguna medida de prevención. 	Lo anterior no es una hipótesis. Cuando presentamos la moción, en la comuna de Providencia ocurrió un accidente que tuvo notoriedad. Alguien, por manejo descuidado, salió de la pista en que conducía su vehículo y causó la muerte de dos personas. La jueza de garantía no pudo retener su licencia de conductor porque no estaba bajo la influencia del alcohol ni de la droga. No sé si se habrá dado así, pero, a pesar del cuasidelito, podría haber conducido un vehículo al día siguiente. 	Por eso, mediante esta iniciativa se entrega la posibilidad al juez de garantía -no la obligación-, cuando lo requiera el fiscal, el querellante o la víctima, de retener la licencia como medida cautelar, hasta por seis meses, que es el tiempo que duran las investigaciones en esos casos.	En consecuencia, parece de toda lógica aprobar un proyecto de esta naturaleza, que, además, fue apoyado explícitamente por el fiscal nacional.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.	La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, todos estamos conscientes de que nuestro país, por desgracia, lidera el ranking de muertes por accidentes de tránsito. Lamentablemente, muchas de esas muertes también son de jóvenes, lo que es muy lamentables.	Nos pareció que el proyecto originado en moción acierta perfectamente en el sentido de qué debemos prevenir y, sobre todo, que a quienes incurran en un hecho de esta naturaleza -hay que tener bien claro que es un cuasidelito; no un delito-, con resultado de muerte -es decir, con resultado muy grave o de lesiones graves gravísimas y, por lo tanto, muy serio-, debiera aplicárseles una medida cautelar. Es una cuestión de lógica lo que dicen los mocionantes.	El diputado Burgos, por ejemplo, uno de los autores de este proyecto, opina que a un imputado se le debe retener el carné, el permiso de conducir o lo que sea que lo habilita para conducir vehículos mecánicos o de tracción animal, para que, al menos, durante seis meses no pueda hacerlo. Es lo mínimo que podemos pedir.	El diputado Accorsi, por su parte, muy preocupado sobre este tema, expresa que la medida cautelar debería extenderse por un año. En la Comisión debatimos esta materia y pensamos que hay que mantener simetría con la ley de tránsito que, en el caso de delito por conducir en estado de ebriedad o manejo bajo la influencia del alcohol, dispone la medida cautelar por un período de seis meses. Entonces, la existencia de esa simetría no nos permite presentar hoy una indicación, sino aprobar derechamente esta moción y luego pensar, a lo mejor, en agravar más la otra situación, que es lo que se ha pedido acá.	Estamos muy preocupados porque en los últimos acontecimientos, de los cuales todos hemos tomado conocimiento profusamente, han participado personas que, manejando bajo alguna situación especial, dieron muerte a transeúntes y, sencillamente, salieron en libertad provisional de inmediato, con la posibilidad de conducir al día siguiente. Eso es, francamente, inaceptable.	Por lo tanto, anuncio que la bancada del Partido por la Democracia está totalmente de acuerdo en aprobar el proyecto.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.	El señor BUSTOS.- Señor Presidente, ésta es la prohibición que faltaba en nuestro ordenamiento, especialmente cuando se refiere a los cuasidelitos de homicidio y de lesiones graves gravísimas; es decir, cuando, en virtud de un accidente, alguien queda demente, inútil para el trabajo o enormemente desfigurado, etcétera. Se trata de las lesiones más graves que pueden producirse. 	Hoy, el mayor número de muertes y de lesiones graves gravísimas se producen en los accidentes del tránsito. O sea, no se producen por hechos intencionales, por delitos dolosos, sino por delitos en los cuales hay imprudencia o negligencia.	Por eso, parecía absurdo que si se trataba, simplemente, de manejo en estado de ebriedad, existiese una medida cautelar y, en cambio, si se trataba de muerte o de lesión grave gravísima de una persona, no existiese esa medida cautelar.	Por eso, el hecho de poder retener al imputado su carné, licencia o permiso y, por consiguiente, de prohibirle conducir vehículos de tracción mecánica o animal por un período de seis meses, guarda plena coherencia con el nuevo sistema penal y procesal penal.	Por lo tanto, desde esa perspectiva, vamos a apoyar este proyecto.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.	El señor ACCORSI.- Señor Presidente, también quiero manifestar mi apoyo a este proyecto.	En otros proyectos, hemos sido bastante categóricos en cuanto a sanciones relacionadas con la licencia de conducir de quienes provocan accidentes con resultado de muerte o lesiones severas.	A través de la prensa hemos visto cómo choferes, sobre todo de la locomoción pública, matan a personas y rápidamente vuelven a conducir sin ninguna sanción. Muchas veces, el problema lo generan los peatones, pero, independientemente de eso, no existe un control sobre las licencias de conducir.	Somos partidarios -incluso, presentamos una propuesta con ocasión de la ley de alcoholes- de que a las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol -hecho comprobado- se les retenga en forma automática su licencia de conducir durante un año. Medidas como ésa ayudarán en el futuro. 	Ojalá contemos con consenso para modificar la ley de tránsito, porque, hoy, el 66 por ciento de los accidentes de tránsito con causa de muerte está relacionado con drogas y alcohol. Tenemos la responsabilidad de tener un cuerpo legal que cumpla una función preventiva en esta materia. La cultura de conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol es vox populi. La gente se reúne, ingiere alcohol y no existe ninguna limitación, incluso en su propia familia.	Por lo tanto, debemos tener una legislación preventiva, por lo que buscaremos los consensos necesarios para modificar esa legislación.	He dicho. 	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.	El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, este proyecto, cuya idea fundamental es incorporar una nueva medida cautelar de carácter personal a la normativa procesal penal vigente, con la finalidad de facultar expresamente a un juez o fiscal para decretar la retención del carné, permiso o licencia de conducir de un imputado, cuando existan hechos constitutivos de cuasidelitos, me parece muy importante.	Es más, presenté una moción, que pronto va a ser discutida en la Comisión de Obras Públicas de esta Cámara, que justamente apunta a profundizar esta situación. Su objetivo central es sancionar de inmediato, con la caducidad de su licencia, a aquellos conductores que, bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad ocasionen la muerte de personas. 	Sólo en la Décima Región, en los últimos doce meses, han fallecido más de treinta personas -la mayoría jóvenes-, como consecuencia de accidentes de tránsito en los cuales están involucradas personas que conducían sus vehículos en estado ebriedad. 	Recuerdo que en noviembre de 2004, en la localidad de Alerce, fallecieron Cristina Velásquez, de diecisiete años, y Manuel Miranda, de diecinueve, atropellados por un conductor que, no sólo conducía bajo la influencia del alcohol, sino que, además, no prestó auxilio a las víctimas después de atropellarlas y escondió el vehículo. Les provocó una muerte instantánea a la salida de una discoteca, a la una de la mañana.	De acuerdo con el nuevo sistema procesal penal, ese conductor no estuvo preso ni un solo día, cuestión que me parece paradójica. Las sanciones que la justicia le ha aplicado son irrisorias.	Con posterioridad, en enero de 2005, en la avenida Salvador Allende, en Puerto Montt, fallecieron, en la misma forma, el hijo del presidente del Cuerpo de Bomberos de la Décima Región, señor Víctor Neira, y su polola. El causante de esa tragedia fue un conductor que estaba bajo la influencia del alcohol y la sanción que recibió también fue irrisoria, desde el punto de vista de cualquier familiar que pide justicia. 	Además, recién, hace 45 días, en Puerto Varas, murió atropellada Pamela Pradenas y su acompañante quedó gravemente herido. El autor de esta desgracia fue un conductor que se encontraba bajo la influencia del alcohol. 	Sólo he querido hacer una breve síntesis de los accidentes que están provocando conductores en estado de ebriedad en el país. En el caso de Pamela Pradenas, a un par de horas del atropello que terminó con la vida de esta joven de veintitrés años, el conductor tenía la licencia de conducir en su poder. 	Eso demuestra la importancia de este proyecto por el cual se permitirá a un juez o a un fiscal aplicar medidas cautelares, porque, a mi parecer, un conductor en estado de ebriedad que atropella y causa la muerte de una persona -como en los tres casos de la Décima Región ocurridos, en los últimos meses-, demuestra que nuestra sociedad no puede atajar a los infractores de ese tipo de delito. 	Por eso, llamo a apoyar esta iniciativa que es un gran paso, puesto que -repito- incorpora una nueva medida cautelar que permitirá a un juez o fiscal retener la licencia de conducir. 	Asimismo, aprovecho esta ocasión para informar que, en los próximos meses, vamos a tratar un proyecto que va más allá que éste, en cuanto permitirá aplicar medidas mucho más duras para quienes conduzcan bajo la influencia del alcohol, atropellen a una persona y le causen la muerte, puesto que nunca más tendrán licencia de conducir. Me parece que es una medida que tenemos que abordar de una vez por todas para evitar que sigan ocurriendo estas desgracias todos los fines de semana en diferentes lugares del país. 	Esta iniciativa es un primer gran paso para abordar una temática nacional. Esta mañana, leí en la prensa sobre un accidente entre microbuses en Santiago, donde hubo pasajeros con heridas graves y es probable que uno de los conductores haya estado bajo la influencia del alcohol. Ese hecho es más significativo aún cuando esas personas tienen la responsabilidad de transportar vidas humanas en sus vehículos.	Insisto en que esta medida es un paso trascendental para el país, pero espero que esta Cámara, con altura de miras, apruebe en el futuro un proyecto mucho más duro que impida tener licencia de conducir a quienes, en estado de ebriedad, atropellen y causen la muerte a personas. 	He dicho.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Cristián Monckeberg. 	El señor MONCKEBERG (don Cristián).- Señor Presidente, Renovación Nacional va a votar favorablemente esta iniciativa que, en términos simples, tiende a suplir un vacío legal que existe respecto de las medidas cautelares. En la actualidad, sólo se contemplan para situaciones en que se conduce en estado de ebriedad o bajo influencias de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, pero no existe ninguna cuando se producen hechos constitutivos de cuasidelito con resultado de muerte o lesiones graves gravísimas, con motivo de accidentes de tránsito. No obstante que los fiscales la piden a través del procedimiento establecido, los jueces de garantía, en forma permanente y sistemática, no la otorgan. 	El objetivo central de la iniciativa es agregar una medida cautelar de carácter personal consistente en la retención del carné, cuya duración no podrá exceder de seis meses, sin que proceda el otorgamiento de permisos provisorios, fórmula que se utiliza para zafarse de la medida.	El proyecto resuelve una situación pendiente, y forma parte de lo que los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, han estado revisando permanentemente para mejorar las normas del nuevo proceso penal. Aprovecho de destacar la disposición que han tenido para ello.	Por lo tanto, ratifico el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional al proyecto.	He dicho.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Cerrado el debate.	-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar en general el proyecto, originado en moción, que establece como medida cautelar la retención de licencia de conducir, en caso de cuasidelitos como consecuencia de conducción de un vehículo.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Aprobado en general.	Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado en particular.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Bustos Ramírez Juan; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; Girardi Briere Guido; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Despachado el proyecto.	La Mesa ha recibido el pareo de los diputados señores Nicolás Monckeberg y Juan Carlos Latorre.VI. PROYECTOS DE ACUERDOLIBERTAD A PRESOS POR MOTIVOS IDEOLÓGICOS EN CUBA.	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 128, que, por acuerdo de los Comités, será tratado sobre Tabla.	El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 128, de los señores Walker, Duarte, Ojeda, señora Soto, doña Laura; señores Ortiz, Vargas, señora Muñoz, doña Adriana; señores Burgos y Delmastro.	“Considerando:	Que, dentro de la línea de protección de los derechos humanos, es necesario solicitar formalmente al Gobierno cubano que ponga fin a las detenciones efectuadas por motivos ideológicos y deje en libertad a todas las personas apresadas por ser contrarias al régimen político de Fidel Castro.	Que, en este sentido, el 3 de abril de 2003, la Cámara de Diputados, en sesión 63ª, aprobó el proyecto de acuerdo N° 192, mediante el cual se solicitó a la Ministra de Relaciones Exteriores que recabara la información respecto de la relación existente entre las detenciones masivas efectuadas en Cuba en marzo de 2003 y la presentación a la Asamblea Nacional del Poder Popular de tal país del proyecto de reforma constitucional denominado ‘Proyecto Varela’.”	Que la situación que se vive actualmente en Cuba es un problema de carácter internacional, lo que ha determinado que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos haya nombrado un delegado especial para supervisar la situación cubana. 	La Cámara de Diputados acuerda:	Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya al Ministro de Relaciones Exteriores a fin de requerir del Gobierno de Cuba que ponga fin a las detenciones por motivos ideológicos y deje en libertad a todas las personas apresadas por ser contrarias al régimen político de Fidel Castro.”	El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker.	El señor WALKER.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo tiene por objeto pedir a la Presidenta de la República que instruya al ministro de Relaciones Exteriores para que solicite al gobierno de Cuba poner fin a las detenciones por motivos ideológicos.	El 3 de abril de 2003 aprobamos el proyecto de acuerdo N° 192, mediante el cual se solicitó a la entonces ministra de Relaciones Exteriores que recabara información sobre las detenciones masivas ocurridas en Cuba, en marzo de 2003, donde muchas personas fueron aprehendidas por razones de conciencia y no por haber cometido delitos.	El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos designó un delegado para supervisar la situación en Cuba. Sin embargo, no ha sido posible visitar la isla debido a la negativa de su gobierno.	Estamos pidiendo que nuestro gobierno solicite al de Cuba la libertad de los presos de conciencia, porque los derechos humanos tienen connotación universal. En consecuencia, hablar de los derechos humanos de otro país no significa entrometerse en sus asuntos internos.	La Cámara aprobó el Tribunal Penal Internacional, porque los derechos humanos hoy son un tema universal.	Adémas, porque no corresponde perseguir ideas. ¿Cuántos de nosotros criticamos la detención de Clodomiro Almeyda en virtud del artículo 8° de la Constitución? La misma lógica debe aplicarse siempre, cualquiera sea el color político del gobierno que adopte esas medidas. 	El proyecto pretende, fundamentalmente, brindar apoyo moral a los presos de conciencia, personas encarceladas que viven en condiciones infrahumanas, con problemas de salud, que han sido golpeadas, algunas de ellas conviven con ratones, tienen pésima alimentación y no pueden ser visitadas por sus familiares. A esas personas, la Cámara de Diputados tiene el deber de darles una voz de aliento, decirles que no las hemos olvidado y que estamos preocupados.	Nadie puede decir que tenemos doble estándar. Ayer aprobamos un proyecto, presentado también por nosotros, que condenaba la situación de Guantánamo y pedía el fin de esa prisión escandalosa y vergonzosa. Hoy, proponemos este proyecto por razones éticas, porque hay personas que están en la cárcel por pensar distinto y no por haber cometido delitos; por haber presentado el “proyecto Varela” al amparo de la Constitución cubana, que permite, con diez mil firmas, proponer una reforma constitucional, que es lo que hicieron Osvaldo Payá, Gutiérrez y otros actores relevantes, quienes están presos y amenazados.	La Cámara de Diputados no puede permanecer pasiva frente a esa lamentable situación, que pisotea la dignidad de las personas y sus derechos humanos.	Ayer pedimos el cierre de la prisión de Guantánamo; hoy pedimos la libertad de los presos de conciencia en Cuba. No pedimos condena, sino -reitero- libertad para los presos de conciencia. 	Por lo tanto, esperamos que toda la Cámara de Diputados apruebe este proyecto de acuerdo.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.	El señor FORNI.- Señor Presidente, apoyo el proyecto presentado por los diputados democratacristianos, encabezados por el diputado Patricio Walker, que en esta materia ha sido muy consecuente y consistente.	La bancada de la UDI rechaza absolutamente las violaciones a los derechos humanos en Cuba y en otros países con los que tenemos relaciones internacionales. 	Pedimos al Ministerio de Relaciones Exteriores que haga un llamado, serio y contundente, al régimen cubano para que ponga término a las detenciones por motivos ideológicos y deje en libertad a todas las personas que han sido apresadas por ser contrarias a Fidel Castro.	Hasta hoy existen presos políticos en Cuba, la represión es cada vez mayor y muchos países hacen oídos sordos a esta realidad.	Los diputados de la UDI -reitero- votaremos a favor del proyecto, que encabeza el diputado Patricio Walker.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.	Ofrezco la palabra.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 6 abstenciones.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi Opazo Enrique; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Escobar Rufatt Alvaro; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; Girardi Briere Guido; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.	-Votó por la negativa el diputado señor Alinco Bustos René.	-Se abstuvieron los diputados señores:		Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; Jarpa Webar Carlos; Meza Moncada Fernando; Sule Fernández Alejandro; Venegas Rubio Samuel.CONDONACIÓN DE INTERESES Y MULTAS A DEUDORES DEL IMPUESTO TERRITORIAL.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señoras y señores diputados, ¿habría acuerdo para votar sobre Tabla y sin discusión el proyecto de acuerdo N° 95, mediante el cual se solicita al ministro de Hacienda estudiar la viabilidad de condonar intereses y multas a deudores del impuesto territorial que indica?	Acordado.	El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo.	El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 95, de los señores Verdugo, Álvarez-Salamanca, Lorenzini; de la señora Herrera, doña Amelia, y de los señores Dittborn, Ceroni, Bertolino, Delmastro, Martínez y Sepúlveda, don Roberto.	“Considerando:	Que la ley N° 20.033, denominada ley de Rentas II, -que modificó: la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial; el decreto ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales y la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, por la cual se facultó a las municipalidades otorgar condonaciones- estableció, en su artículo 3°, que el Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá revaluar cada cinco años los bienes raíces agrícolas y no agrícolas sujetos a las disposiciones de esta ley, aplicando, simultáneamente, a todas las comunas del país, la nueva tasación para cada serie.	Que, durante el primer semestre de 2006, la ley de Rentas II se aplicó en todo el territorio nacional, tomando gran protagonismo la circular que el Servicio de Impuestos Internos (SII) hizo llegar a los domicilios de los propietarios que debían pagar contribuciones -cerca de un millón ciento ochenta mil setecientas dos personas- muchos de las cuales presentaron la reclamación respectiva ante el SII, por lo que, a su juicio y el de muchos legisladores, era injusto y arbitrario. 	Que, como antecedente, es propio señalar que, a raíz de las numerosas denuncias de ‘reavalúo’ inadecuado, en 1984, la ley N° 18.337 estableció que los contribuyentes que hubiesen reclamado en contra de las liquidaciones o los giros efectuados por el SII pudieran acogerse a la condonación equivalente al 100% de los intereses y las multas por concepto de atraso en su declaración y pago, todo ello comprendido, si lo hubiere, del juicio pertinente. Asimismo, esta ley condonó a los contribuyentes el 50% del impuesto adeudado y el 50% de los reajustes respectivos.	Que, por su parte, el Servicio de Impuestos Internos efectuó un giro provisional de la parte no condonada del impuesto y del reajuste pertinente, los que se pagaban dentro del plazo de sesenta días, desde la publicación de la norma en comento. Por su lado, a favor del contribuyente que se acogió a estos beneficios y pagó dentro de plazo, operó la suspensión del juicio, si lo hubiere habido. Pero lo meritorio de la ley fue que esta transacción se realizó por el solo ministerio de la ley, lo que permitía a los contribuyentes celebrar, respecto de la misma, convenios de pago entre ellos y el acreedor -para el caso, el Fisco-, lo cual facilitaba, sin duda alguna, la recaudación de dineros para el Estado de manera más rápida y efectiva.	Que, luego de publicada la ley y habiendo corrido los plazos fijados por la misma, se solucionó cerca del 80% de los casos y se evitó llevar a juicios de larga data a contribuyentes que, teniendo la intención de pagar los tributos respectivos, por causas diversas no lo habían podido hacer.	Que, por estas razones y al existir una misma razón debe, necesariamente o por lógica jurídica, haber una misma disposición o solución. Se podría, perfectamente, dictar una nueva ley con los mismos beneficios, lo cual supondría, de manera evidente, un beneficio directo e inmediato para las partes; una desconcentración de procesos recién iniciados en los tribunales de justicia y otros ya en curso, al hacerse efectivos nuevos y reales convenios de pago, lo que implicaría el ingreso, desde ese mismo instante, de dineros frescos para el Fisco. 	La Cámara de Diputados acuerda:	Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que estudie la viabilidad técnica y financiera de remitir al Congreso Nacional un proyecto de ley, con suma urgencia, que:1.	Establezca por única vez, o como se estime pertinente, la condonación de intereses y multas para aquellos contribuyentes que adeuden el impuesto territorial -con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N° 20.033, sobre Rentas ll-, otorgándoseles, para el caso, la posibilidad de repactar los mismos y, además, paralizar las eventuales acciones legales que se hayan iniciado o estén por iniciarse en su contra, a fin de permitir que el Fisco perciba recursos frescos y de manera inmediata.2.	Permita a los contribuyentes firmar convenios de pago para tal efecto, en cuyo caso el requisito de abono a la deuda no será superior al 10% de la misma, y el plazo de convenio no inferior a treinta y seis meses para el pago total de lo adeudado.3.	Sin perjuicio de lo anterior, si el contribuyente no pagare una cuota, automáticamente se iniciaría o activaría el proceso judicial respectivo, si así lo estableciere la Tesorería General de la República, lo que permitiría al Fisco percibir las obligaciones tributarias impagas correspondientes.4.	Asimismo, considere para estos beneficios a aquellos contribuyentes con deudas pendientes hasta el 31 de mayo de 2006 y, en el caso de aquéllos que se encontraren pagando deudas por convenio, se les abone el citado beneficio al saldo de la deuda.”	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi Opazo Enrique; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.REVISIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE PERMITEN EL EJERCICIO DE MÉDICOS CIRUJANOS TITULADOS EN EL EXTRANJERO. (Votación).	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo N° 58, que quedó pendiente la sesión anterior.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi Opazo Enrique; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Girardi Briere Guido; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Mulet Martínez Jaime; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán.	-Votó por la negativa el diputado señor Álvarez-Salamanca Büchi Pedro.VII. INCIDENTESRESPUESTA A OFICIO ENVIADO AL SUPERINTENDENTE DE CASINOS Y JUEGOS.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.	Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.	El señor BURGOS.- Señor Presidente, hace aproximadamente una semana, en uso de mis facultades fiscalizadoras, solicité oficiar al superintendente de Casinos de Juego, señor Francisco Leiva, adjuntando una información de prensa que hacía mención a uno de los postulantes a las concesiones respectivas, el consorcio español de casinos denominado Cirsa, para que me explicara si al momento de las precalificaciones se ponderaron los antecedentes de dicha empresa. 	Hoy recibí la respuesta del superintendente, quien me señala que dichos antecedentes fueron ponderados y que, luego de una serie de análisis que se hizo respecto de ésa y otras empresas, fueron desechados, porque, a juicio de la Superintendencia y en uso de sus facultades, está absolutamente clara la procedencia de los capitales con que se formó la empresa Cirsa y porque no fueron considerados suficientes para hacerle un juicio de reproche.	Con esta respuesta se ha satisfecho mi inquietud, que produjo una serie de aseveraciones, de parte de algunas personas, algunas bastante deshonrosas y descalificatorias, en circunstancias de que simplemente hice uso de mi facultad fiscalizadora contemplada en la Constitución Política, para lo cual, entre otras cosas, casi cincuenta mil 50 mil electores de las comunas de Providencia y Ñuñoa votaron por mí.	He dicho.PRESUPUESTO Y AMPLIACIÓN DE PROGRAMA DE MANTENCIÓN DE VIVIENDAS SERVIU. Oficios.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.	El señor SILBER.- Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Hacienda respecto de un programa que actualmente se encuentra operando por la vía del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que dice relación con la aplicación del decreto supremo N° 149, de 2005, que ha sido ampliamente publicitado y ha generado bastantes expectativas en la población. Se trata de un subsidio de hasta 50 UF para la reparación de viviendas entregadas por el Serviu cuya antigüedad no sea superior a los quince años. 	Se han generado muchas expectativas por lo positivo de este programa, que permite reparar fallas estructurales u otras que se han venido presentando en la construcción de viviendas sociales. 	No obstante la amplia promoción del programa por parte del Ministerio de Vivienda, a la fecha no se encuentra debidamente presupuestado por el Ministerio de Hacienda. Vale decir, está la oferta de un programa; pero, como contraparte, no existe la disponibilidad presupuestaria para que los postulantes obtengan el subsidio.	Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Hacienda, para que nos explique por qué al día de hoy la partida respectiva se encuentra sin presupuesto asignado, por cuanto se trata de un decreto supremo vigente. 	Asimismo, solicito oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que, una vez que los recursos estén disponibles, estudie la modificación del decreto supremo N° 149, para posibilitar, en casos excepcionales, la entrega del subsidio a los propietarios de viviendas del Programa Especial de Trabajadores, PET, como los de la villa San Enrique, comuna de Quilicura, construida por Copeva, que a raíz de los temporales de 1997 sufrió daños. Hasta la fecha esos propietarios no han recibido ningún respaldo económico o de otra naturaleza por parte del Gobierno, a diferencia de lo que ha sucedido con otras viviendas sociales.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Carlos Abel Jarpa, Carlos Olivares, Álvaro Escobar, Fidel Espinoza y de quien habla.	En el tiempo que resta al Comité de la Democracia Cristiana, ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.INFORMACIÓN SOBRE VERTIMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN RÍO LIMARÍ. Oficios.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.	El señor ENCINA.- Señor Presidente, quiero referirme a un problema que se ha suscitado en nuestra región, específicamente en la comuna de Ovalle, en relación con la empresa sanitaria Aguas del Valle.	Todos entendemos que los problemas surgidos con las empresas sanitarias no sólo de la Cuarta Región, sino también de otros lugares, son consecuencia de la privatización realizada hace algún tiempo, con la cual muchos parlamentarios no estuvimos de acuerdo. Al final, el tiempo nos ha dado la razón. Para qué mencionar la situación de la empresa Essbío, respecto de la cual hubo una investigación que la Cámara no pudo concluir. Desgraciadamente, ellas no han entendido el rol social que debe tener una empresa que entrega un servicio público como el agua potable. No está dentro de su política tener un entendimiento sobre esos temas. Lo único que hacen es maximizar sus ganancias, como ocurre con cualquier empresa, lo que me parece bien, pero -reitero- sin cumplir el rol de un servicio público concesionado a través del Estado. Lo más paradójico es que esas empresas tienen aseguradas sus utilidades mediante una ley y, al margen de eso, cualquiera inversión se traspasa a los usuarios. Incluso, pudimos constatar que las obras de varias empresas sanitarias que investigamos estaban sobredimensionadas y su presupuesto estaba por encima de lo que realmente se había invertido en ellas, lo que se refleja en las tarifas. 	Por ello, queremos que la Superintendencia de Servicios Sanitarios actúe como corresponde. Probablemente, ese organismo tenga poco personal o una relación muy amigable con esas empresas; porque, de hecho, no está fiscalizando como corresponde. En ese sentido, el tema es muy preocupante, porque no sólo afecta a la Cuarta Región, sino a gran parte de las regiones del país.	Quiero denunciar que la empresa Aguas del Valle está vertiendo las aguas servidas directamente al río Limarí, según lo han confirmado los representantes de la Asociación de Regantes y de la Junta de Vigilancia del Río Grande, de Limarí, a través de una completa información y fotografías que nos han entregado, las que demuestran claramente cómo se están vertiendo esas aguas a ese cauce sin el debido tratamiento. Esa situación es muy grave para la agricultura, por los problemas sanitarios que podría acarrear para los consumidores de esos productos. Además, hay malos olores permanentemente en Ovalle, debido a las lagunas de decantación que allí existen.	La empresa miente descaradamente a la opinión pública, porque dice que ha medido el nivel de los olores. El Departamento de Higiene Ambiental, la empresa y la Superintendencia no pueden medirlo, porque no existe forma de hacerlo. En consecuencia, estamos en terreno de nadie, en una situación grave para la ciudad de Ovalle, como para cualquiera otra que sufra este tipo de problemas. Cuando tuvimos dificultades similares con la planta de tratamiento de aguas servidas La Farfana, de la Región Metropolitana, nadie pudo esconder esa realidad.	Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas y al superintendente de Servicios Sanitarios para que aclaren la situación mencionada e informen cuál es el rol fiscalizador de dicho organismo respecto de este tema, porque muchas veces no se fiscaliza. El Departamento de Higiene Ambiental dice que no le corresponde y todo queda en un terreno de nadie. Las empresas, que tienen aseguradas por ley sus utilidades, no sólo traspasan el costo de sus inversiones a los usuarios, sino que, además, no cumplen con el rol de servicio público que la ley establece.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.AGILIZACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EXONERADOS POLÍTICOS. Oficio.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.	El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro del Interior, a fin de agilizar una situación que todavía afecta a miles de exonerados políticos.	Cuando el Gobierno del Presidente Lagos envió al Congreso Nacional el tercer proyecto destinado a beneficiar a los exonerados políticos, abrió una puerta para solucionar un problema que afecta a miles de personas que no pudieron acogerse a las leyes anteriores. Pese a que más de 180 mil personas en todo el país se acogieron a dichas leyes, aún existen miles que mantienen la esperanza de ser calificadas como exonerados políticos por parte del Ministerio del Interior.	En la Décima Región, tenemos el caso de personas que formaron parte de asentamientos campesinos, a quienes, una vez instaurado el régimen militar, se les privó de esa posibilidad laboral. Lamentablemente, el SAG y otros organismos ligados a los asentamientos campesinos han demorado en demasía la certificación de exonerados políticos de miles de personas, muchas de las cuales no cuentan con sus respectivos finiquitos, lo que es obvio, porque es poco probable que en aquellos años existiesen esos documentos. Miles de personas no han podido acogerse a esta ley debido a dicha situación.	Hago un llamado al ministro del Interior, en su calidad de segunda autoridad del país, para que solicite al ministro de Agricultura y a la ministra de Vivienda -miles de familias son parte de los organismos de vivienda de esa época- para que califiquen a esas personas como exonerados políticos en el más breve plazo y esta situación no se prolongue más. Se trata de un tema país que no sólo afecta a la Décima Región, pero en el caso de los asentamientos campesinos, el problema afecta esencialmente a las regiones Novena y Décima.	Solicito el oficio con el propósito de solucionar este problema, ya que miles de personas tienen cifradas sus esperanzas en obtener su calificación de exonerados políticos.	Por último, aprovecho esta ocasión para destacar la labor de la diputada de Oposición Karla Rubilar, porque ha jugado un gran papel en los temas de reivindicación de derechos humanos.	Tenemos muchos desafíos pendientes en materia de derechos humanos, uno de los cuales es dar un reconocimiento a las familias que no calificaron en el informe Valech, porque no presentaron sus antecedentes a tiempo. También debe haber una reivindicación para las viudas de quienes fueron torturados o presos políticos. Por eso, valoro que una joven diputada de Oposición como Karla Rubilar también esté dispuesta a entregar justicia en un tema tan importante.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados Carlos Abel Jarpa, Manuel Monsalve, Enrique Jaramillo, Enrique Accorsi, Carlos Recondo y de quien preside.RECURSOS PARA ILUMINACIÓN DE AERÓDROMO BERNARDO O’HIGGINS, DE CHILLÁN. Oficios.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.	El señor JARPA.- Señor Presidente, los habitantes de provincias, las autoridades y los parlamentarios que los representamos somos testigos del mejoramiento de infraestructura de nuestro país, por ejemplo, los aeródromos y aeropuertos. Sin embargo, la comunidad chillaneja y sus autoridades, como el gobernador, el alcalde y el diputado que habla, estamos muy preocupados por la situación en que se encuentra el aeródromo Bernardo O’Higgins, de Chillán.	Hace aproximadamente cinco años, las autoridades de la zona, especialmente las municipales, iniciaron conversaciones con la Dirección General de Aeronáutica Civil destinadas a transformar el mencionado aeródromo en aeropuerto. Entre los acuerdos adoptados, el municipio se comprometió a adquirir un terreno cercano, de 23 hectáreas, con el objeto de extender la pista. Si bien el municipio de Chillán, encabezado por su alcalde, Aldo Bernucci Díaz, y el concejo municipal, cumplió y adquirió una propiedad por un valor cercano a los cuatrocientos millones de pesos, hubo demora en la concreción del proyecto debido a la falta de recursos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. No obstante, finalmente se realizaron las obras de ampliación de la pista.	El problema actual radica en que el aeródromo no cuenta con la iluminación necesaria para operar las 24 horas del día, por lo que sólo puede funcionar mientras hay luz diurna, lo cual impide su uso en situaciones de emergencia en horas de la noche como, por ejemplo, para trasladar órganos en casos de transplantes, razón por la cual hay que enviarlos a través del aeropuerto de Concepción.	El costo de dotar de la iluminación necesaria al aeródromo Bernardo O’Higgins alcanza, aproximadamente, a setenta millones de pesos, lo cual permitiría transformarlo en un aeropuerto alternativo a los de Santiago y Concepción cuando éstos se encuentren cerrados por causas meteorológicas.	Por lo expuesto, pido que se oficie a la ministra de Defensa, al ministro de Obras Públicas, al de Hacienda y a la intendenta de la Octava Región, señora Soledad Tohá, para que busquen la forma de obtener los setenta millones de pesos que se requieren para dotar al mencionado aeródromo de la iluminación necesaria para operar las 24 horas del día.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Rosauro Martínez y de quien habla.AUMENTO DE DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARABINEROS PARA DÉCIMA REGIÓN. Oficio. 	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.	El señor RECONDO.- Señor Presidente, desde hace bastante tiempo he estado reiterando una petición a través de la Cámara de Diputados al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Carabineros, que dice relación con la necesidad de aumentar de dotación de Carabineros en la Décima Región sur, particularmente en la comuna de Puerto Varas, y con la posibilidad de instalar un retén en el sector poblacional denominado Puerto Chico, porque lugar donde se concentran los hechos delictuales y las actuaciones de las pandillas juveniles en las noches, que provocan mucha inquietud en la población. 	Hace cuatro o cinco días nuevamente la población tuvo que sufrir los desmanes de esas pandillas, lo que obligó a Carabineros a reforzar su patrullaje y la dotación durante esa jornada, permaneciendo seis horas, prácticamente durante toda la noche, con cuatro carros policiales estacionados en el sector a fin de controlar los desórdenes de esos grupos juveniles. 	Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior reiterando mi petición, pero agregando la posibilidad de incorporar un retén móvil, de aquéllos que anunciara en el mensaje del 21 de mayo la señora Presidenta de la República, cuando expresó que parte de los recursos del cobre se invertirían en retenes móviles. Solicito que solicito que al menos uno de ellos se destine a la comuna de Puerto Varas, a fin de satisfacer la demanda de mayor atención policial en el sector poblacional mencionado. 	He dicho. 	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Ramón Barros, Rosauro Martínez, Enrique Jaramillo y de la diputada señora Amelia Herrera. ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN PICHILEMU Y SANTA CRUZ. Oficios.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.	El señor BARROS.- Señor Presidente, en el distrito 35, que comprende las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, existen varios problemas con escuelas y liceos recientemente inaugurados -hace aproximadamente un año y medio-, los cuales, ya iniciado el invierno de este año, han presentado tremendos problemas en su funcionamiento, debido a su mala construcción. 	Muchos habitantes de Pichilemu me han manifestado su preocupación por la situación de la escuela Divino Maestro, de esa comuna, capital de la provincia de Cardenal Caro, como también por la escuela Nº 296, de Paniagua, un sector popular de la comuna de Santa Cruz. 	Muchos padres y apoderados han pedido audiencia a distintas autoridades con la finalidad de poner sobre la mesa el problema de la construcción de los establecimientos, tratándose en ambos casos de escuelas y liceos inaugurados hace menos de año y medio, como señalaba anteriormente. 	Por eso, pido que se oficie al ministro de Educación y al seremi de Educación de la Sexta Región, para que informen sobre la situación de ambos establecimientos, indicando las empresas constructoras, los montos involucrados y quiénes estuvieron a cargo de la parte técnica de la obra y de la fiscalización, a fin de dilucidar el tema. 	Espero que el ministro solucione un problema que compromete el anhelo de los padres y estudiantes de dichas escuelas, por las malas condiciones que imperan en los establecimientos. 	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así los indican. REPARACIÓN DE AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNA DE CHÉPICA. Oficios.	El señor BARROS.- Señor Presidente, para mañana está programada una manifestación pública por parte de la ciudadanía para demostrar su malestar por la situación en que se encuentra la avenida 18 de septiembre, de la comuna de Chépica, eje central en la provincia de Colchagua, de responsabilidad del Serviu, y que conecta por el sur con la ruta 89, que une Chépica, a través de la cuesta El Peral, con la comuna de Teno, Séptima Región; y por el norte, con la ruta Raúl de Ramón J-30, que une también la comuna de Chépica con Santa Cruz.	Se trata de una manifestación de repudio, porque dicha arteria deja prácticamente intransitable la calle central de la comuna, por cuanto los pavimentos datan de décadas y su calidad no se condice con este eje vial que une las regiones Sexta y Séptima, por donde transitan camiones de gran tonelaje.	Por tanto, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y al ministro de Obras Públicas para que dispongan la reparación total de la avenida 18 de septiembre, comuna de Chépica, y también nos informe si existe algún proyecto de by-pass en atención al tamaño de los vehículos que por ahí transitan, con el consiguiente peligro para toda la población de esta comuna. Además, el by-pass evitaría el paso de camiones de alto tonelaje por esta avenida, que provoca la destrucción de dicha arteria.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican.MEJORAMIENTO DE SITUACIÓN LABORAL Y PRESUPUESTARIA DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO. Oficios.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El Comité de la UDI ha cedido el resto de su tiempo al diputado señor Rosauro Martínez.	Tiene la palabra su señoría.	El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, agradezco al Comité de la Unión Demócrata Independiente el tiempo que me ha cedido.	En nuestro Congreso se dio un debate muy interesante para la opinión pública y trascendente también para los trabajadores respecto del proyecto de subcontratación. Cada uno de los legisladores tiene una visión sobre la materia que, si bien es respetable, en lo que nadie podría disentir es en la necesidad de tener una normativa que junto con proteger los derechos de los trabajadores, estimule de manera muy concreta el empleo.	La fórmula y los mecanismos serán diversos, pero debemos llegar a una legislación que cautele ambos bienes.	En todo este debate hemos observado un arduo trabajo del Ejecutivo, tanto en el seno del Congreso como en los medios de comunicación, con el objeto de ir creando “opinión” respecto de la urgencia de tener una ley sobre esta materia.	El punto es que, en este caso, estamos en una situación dicotómica entre lo que se dice y lo que verdaderamente se hace. Se han mirado con mucho rigor, y me parece muy bien, los problemas que suceden en el sector privado. Pero se ha dicho muy poco, o más bien no se ha reconocido con la misma energía, lo que sucede en distintas reparticiones públicas donde la mayoría de sus funcionarios no son de planta. 	En cifras entregadas por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, cerca de 35 mil personas cumplen funciones a honorarios o a contrata en los organismos públicos, pero desempeñan -y esto es lo grave- funciones regulares, situación similar a la que denunciaba el diputado señor Nicolás Monckeberg respecto de lo que está ocurriendo en el Instituto de Normalización Previsional.	Esto provoca enormes problemas en los trabajadores. Existen denuncias concretas de abusos y arbitrariedades por despidos injustificados, cuyos fundamentos en caso alguno tienen que ver con la calidad del desempeño y las competencias para el cargo. Se privilegia la relación de confianza entre el directivo de turno y los funcionarios bajo su responsabilidad, lo que deja, como es de suponer, espacio privilegiado para el cuoteo o pago de favores, usando para ello el aparato público, el que, es bueno recordar, pertenece a todos los chilenos. Lo concreto, así lo sienten los funcionarios afectados, es que están en completa indefensión.	Voy a ilustrar mis palabras con un hecho real. El año pasado, específicamente el 18 de abril, el médico veterinario, señor Robert Smith Rojas, funcionario del Servicio Agrícola Ganadero, sufrió un ataque brutal mientras rastreaba chivos y caballos provenientes de Argentina, en la localidad de Los Sauces, perteneciente a la comuna de San Fabián de Alico, provincia de Ñuble. Debido a este ataque, resultó con fractura de tibia, peroné y cráneo. El otro funcionario del SAG y un carabinero que les acompañaba, quedaron con heridas de menor consideración.	La relación que existe entre este caso y funcionarios y trabajadores del servicio público en calidad de honorarios, se da porque el señor Smith, precisamente, es una de esas 35 mil personas que denunciaba la Anef; y lo es, aquí lo arbitrario del asunto, desde hace varios años. Se le tiene o, más exactamente, se le tenía para cumplir funciones permanentes, con contratos a honorarios renovables, hasta este año, donde ya no se contrató más.	Esto es una muestra elocuente del abuso, la discriminación y la imagen palpable de la falta de humanidad más absoluta con un profesional que, además, fue objeto de un ataque que, perfectamente, pudo costarle la vida, porque se enfrentó a delincuentes que contrabandeaban ganado desde Argentina; es decir, cuidaba nuestro patrimonio fitosanitario. Este es el reflejo más evidente del llamado “pago de Chile”.	Este hecho ha dejado en evidencia, además, una serie de problemas que los dirigentes del SAG han hecho presente, tales como infraestructura de mala calidad y obsoleta, planta de personal y presupuesto insuficientes en relación con las nuevas funciones que han ido asumiendo derivadas de los tratados y acuerdos comerciales; malas remuneraciones y gestión deficiente en la distribución de los recursos -ha habido devolución de ellos-, carencia de una política de recursos humanos, como lo prueba, por ejemplo, el hecho de que durante más de dos años consecutivos no se han realizado concursos para los cargos vacantes y todo indica que vamos para el tercer año; denuncias de acoso laboral en diferentes estamentos del servicio -hubo dos casos, uno de los cuales fue solucionado-, y la gran cantidad de personal a honorarios -más de mil personas, con las consecuencias que ello acarrea, como le ocurrió al señor Smith, quien se encontraba en esa situación desde 2001.	He seguido con mucha atención las opiniones y objetivos diseñados por el ministro de Agricultura, en el sentido de hacer de Chile una potencia agroalimentaria mundial. ¡Tremendo desafío, que requiere de excelencia en todos los servicios!	Por eso, pido oficiar al ministro de Agricultura para que investigue lo que he señalado, aplique las correcciones correspondientes, provea los cargos permanentes por concurso público y, en general, desarrolle una política institucional clara y permanente en el Servicio Agrícola y Ganadero para evitar abusos, generar las condiciones laborales más adecuadas para que los funcionarios cumplan su labor como corresponde. Es dable exigir a un servicio que es fundamental para resguardar nuestro patrimonio fitosanitario.	Si no se actúa con prontitud, podemos arriesgar todo lo que el país ha construido con tanto esfuerzo durante años. Aquí está en juego no el destino de un servicio, sino el futuro de todos, en especial de las personas de menores recursos.	Dada la gravedad de lo descrito, pido que se haga llegar copia íntegra de mi intervención a su Excelencia la Presidenta de la República y al ministro de Agricultura. Me parece que la Primera Mandataria debe conocer los hechos que están ocurriendo en un área tan significativa e importante para Chile.	Por de pronto, espero que antes de que el proyecto de la subcontratación se convierta en ley de la República, el SAG dé un ejemplo y provea a todos sus funcionarios de un trabajo decente y estable.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención y con la adhesión de la diputada señora Amelia Herrera y de los diputados señores Enrique Jaramillo y Enrique Accorsi.SITUACIÓN DE PRODUCTORES DE REMOLACHA. Oficios.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo, quien dispone de seis minutos: tres de su bancada y tres que le cedió el Comité Renovación Nacional.	El señor JARAMILLO.- Agradezco al diputado Rosauro Martínez que me haya cedido parte de su tiempo.	Haré también mi intervención en nombre de los diputados Rosauro Martínez y Pablo Lorenzini, representantes de la zona donde se cultiva la remolacha.	El sector agrícola nacional, productor de alimentos, medio laboral de miles de chilenas y chilenos y del cual viven muchas familias, se ha visto afectado por crisis difíciles de superar provocadas por períodos de inestabilidad propios de los vaivenes del mercado, que también han atacado fuertemente el desarrollo del país.	El mercado, que constituye el sistema de moda, especialmente por los tratados comerciales con países de distintos lugares del mundo, nos crea posibilidades y dificultades. Hoy, desgraciadamente, se vuelve a vivir un período difícil y de dificultades que afecta, una vez más, a los productores de remolacha.	Como si a ello les gustara vivir año a año estos desajustes de acuerdos alcanzados después de grandes discusiones con la monopólica Iansa. Me pregunto: ¿A ellos les agradarán las dificultades, a pesar de ser uno de los productores de azúcar de remolacha de mayor rendimiento a nivel mundial?	Se les crean dificultades y molestias que los llevan incluso a abandonar su trabajo como empresarios agrícolas. No es justo, lo digo una vez más, lo que nuevamente están viviendo los cada día menos productores de remolacha.	Quiero hacer llegar mi molestia al ministro de Agricultura, al fiscal Nacional Económico, al director de la Comisión Resolutiva Antimonopolio a fin de que tomen conocimiento de la realidad que hoy viven los productores de remolacha.	Iansa es la única productora de azúcar. Tiene una posición de liderazgo en el mercado nacional, con una participación superior al 75 por ciento. Actualmente, la empresa posee una competitiva estructura de costos entre los productores de azúcar de remolacha, lo cual, unido a las protecciones que brindan las bandas de precios del azúcar, le permite competir de buena manera con las importaciones de azúcar de caña y de fructosa provenientes de otros países de Latinoamérica.	Iansa es uno de los productores de azúcar de remolacha con menores costos a nivel mundial, no obstante lo cual hace pasar trastornos de todo nivel a los productores y empresarios remolacheros nacionales.	El mercado mundial del azúcar se caracteriza por presentar un alto nivel de proteccionismo, como subsidios, impuestos específicos, cuotas de importación y bandas de precios, las que en Chile aún conservamos.	La actuación mezquina de Iansa está dejando sin la posibilidad de sembrar a muchos agricultores, en circunstancias de que para ellos ese negocio representa su única alternativa. Tampoco ha respetado el acuerdo pactado, pues productores del agro me han informado que les han bajado los precios, lo cual ha hecho disminuir su rentabilidad.	El gerente de operaciones de Iansa, señor Juan Fabri, ha dicho que es posible que se cierre la planta Rapaco durante lo que resta del año, y el presidente del directorio, señor Joaquín Noguera, en reunión con veinticinco productores de la Décima Región, señaló que no les interesa el impacto social que significaría el cierre de dicha planta por un año o, tal vez, en forma definitiva.	La preocupación planteada es compartida por los diputados señores Pablo Lorenzini y Rosauro Martínez, con quienes iniciaremos acciones para lograr consensuar una idea diferente a la que mantiene hoy la monopólica empresa Iansa.	Solicito adjuntar copia de mi intervención a los oficios pedidos.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental) Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada señora Amelia Herrera y de los diputados señores Rosauro Martínez, Álvaro Escobar, Enrique Accorsi y José Miguel Ortiz.SALUDO DE AÑO NUEVO A COMUNIDADES INDÍGENAS DE NOVENA REGIÓN. Oficios.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar.	El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, deseo enviar un saludo de año nuevo a los pueblos indígenas antes de que lo celebren, lo cual espero que no traiga mala suerte.	Según la cosmogonía que quiero celebrar y honrar desde esta tribuna -me refiero al año nuevo indígena, el we tripantu, que incluye al pueblo mapuche-, el futuro está atrás.	He sido invitado por el honorable diputado señor Jaime Quintana a visitar las comunas que representa, donde existe una gran comunidad mapuche, a las que aprovecho de saludar con antelación, pues la próxima semana estaremos trabajando en nuestros respectivos distritos, en especial a las comunidades de Galvarino, Lautaro y Vilcún, que quiere decir lagartija.	La cosmogonía que plantea que el futuro está atrás -fíjense en el matiz-, nos enseña que el pasado no sólo nos sirve para evitar repetir errores, sino también para iluminar un camino a seguir. Quiero dedicar, a nuestros pueblos originarios, las “Enseñanzas de la Primavera Ancestral”, contenidas en un libro recopilado luminosa y lúcidamente por el profesor Ziley Mora. Este libro, al final, dice: Peumangen felepe. Disculpen mi pronunciación, no es tan buena la del mapudungun como la del inglés. Aun cuando intuyo que debería ser al revés: uno debería ser capaz de pronunciar peumangen felepe sin dificultades; pero, quizás, falta mucho para eso. En todo caso, rescato mi intención y el espíritu de la intervención. 	Peumangen felepe quiere decir “Que todo te suceda como la felicidad de un sueño”. Dice el autor: Fórmula es una fórmula muy particular de despedida entre dos personas luego de comulgar en la mutua verdad de un diálogo. Sólo se emplea al concluir una conversación profunda e íntima donde cada uno honestamente habló desde el fondo de su ser. La expresión desiderativa de peumangen resulta muy rica en matices si reparamos en la riqueza semántica de Peuma. Esta palabra expresa, junto al contenido de la visión propia del sueño, “fortuna próspera y fecunda”, y la idea de “dicha” y “felicidad”. Su exacta traducción etimológica sería “tener la visión y el hallazgo de (pen) de la suerte entrevista en una experiencia mística” (mann).	En consecuencia, la palabra peuma, para la mentalidad mapuche, indica que el sueño -del cual tanto hablamos de pronto en esta actividad, a la cual dedicamos parte importante de nuestras vidas-, la visión onírica, en cuanto revelación de algo de sí, en cuanto contenido desnudo de la verdad del inconsciente o del “sí mismo”, es siempre felicidad, fortuna y dicha, por más que a veces nos resulte duro su descubrimiento. Se comprenderá, entonces, la profundidad de la carga positiva que se desea al otro, al momento de una despedida, luego que con el otro se ha entrevisto la belleza de lo real.”	Feliz Año Nuevo a nuestro pueblo mapuche. 	We Tripantu.	Prometo avanzar en el conocimiento del idioma de nuestros pueblos originarios. 	Asimismo, espero que el reconocimiento que constitucionalmente se hará a nuestros pueblos originarios, también contemple, de una manera noble, aprender de las “Enseñanzas de la Primavera Ancestral”.	Señor Presidente, pido que se remita copia de mi intervención a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, para quien resultan especialmente sensibles estos y otros asuntos de interés humano, como también a los dirigentes de las comunidades indígenas de la Novena Región.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se oficiará a la señora Presidenta de la República y a los dirigentes de las comunidades indígenas, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de la diputada señora Amelia Herrera y de los diputados señores Enrique Jaramillo, Carlos Abel Jarpa y José Miguel Ortiz. RECURSOS PARA HOSPITAL TISNÉ, DE PEÑALOLÉN. Oficios.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.	El señor ACCORSI.- Señor Presidente, solicito que se oficie a la ministra de Salud, a fin de que se pronuncie sobre un problema grave que afecta a la comuna de Peñalolén.	Hace cuatro años, se inauguró el hospital Luis Tisné, un establecimiento excelente, moderno y con la mejor infraestructura.	Este hospital, que tiene 240 camas, se ha visto sobrepasado en sus dependencias, sobre todo en la Unidad de Tratamientos Intensivos, UTI. Además, en él se ha estado trabajando con mucha fuerza para implementar nueve camas en la unidad de cuidados intermedios para descongestionar la UTI y, así, otorgar una mejor atención para los pacientes de Peñalolén y descongestionar el servicio de urgencia y los servicios de la UTI del hospital Salvador.	En fin, dicho establecimiento hospitalario cuenta con la infraestructura, las camas, el local y las dependencias, pero falta lo esencial: el recurso humano.	Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Salud, a fin de que vea la posibilidad de entregar dichos recursos, para dar una mejor atención a los pacientes del área oriente. 	Esta petición se viene haciendo desde hace tres años y aún no se concreta. Insisto en la materia porque es justo que el hospital Luis Tisné cuente con el recurso humano suficiente para hacer funcionar estas nueve camas de intermedio.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de la diputada señora Amelia Herrera y de los diputados Álvaro Escobar, Enrique Jaramillo y José Miguel Ortiz.MAYORES RECURSOS PARA HOSPITALES DE SALUD PÚBLICA. Oficio.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera.	La Señora HERRERA (doña Amelia).- Señor Presidente, las prestaciones de salud son absolutamente limitadas y los gobiernos de la Concertación no han sido capaces de proveer mayores recursos e implementación para mejorar la calidad del sistema, especialmente en las regiones.	La salud está enferma, casi en la UTI, y el Gobierno tiene el remedio.	Una muestra de las falencias en los hospitales que hoy están en crisis, incluyendo la Posta Central de Santiago, es lo que han señalado los propios médicos, en cuanto a que muchos quirófanos no están funcionando, las salas de emergencia colapsan habitualmente y hay cortes en el suministro de agua -como ocurre en un hospital de la Región Metropolitana-, lo que impide el buen funcionamiento de los laboratorios y las salas de rayos X.	A ello hay que agregar el escuálido presupuesto que se les entrega para las actuales tareas impuestas, lo que redunda en una atención mediocre por la carencia de los elementos necesarios para ello, obligando muchas veces a algunos recintos a trasladar a los enfermos a otras regiones en busca de una mejor y más adecuada atención.	Es necesario tener un catastro, un diagnóstico de cada hospital, a objeto de detectar verdaderamente las carencias que presentan, tanto profesionales del área, médicos generales, especialistas, paramédicos y funcionarios de prestaciones vinculadas al sistema. Ello para permitir tener un cabal conocimiento acerca de las reales falencias que presenta el sistema y que no permite entregar a la ciudadanía una atención adecuada y digna.	Si bien se ha intentado a través de distintos programas, como el Auge, posibilitar un mejor acceso a la salud, no ha sido suficiente, y la actual crisis hospitalaria así lo demuestra. Debemos tener una atención de calidad y comparativamente igual a los estándares de exigencias de otros países.	Para ello, es necesario que el Congreso Nacional y la ciudadanía conozcan cuánto le cuesta al Estado tener una eficiente salud pública. No sacamos nada con seguir construyendo más hospitales si los ya existentes no cuentan con los insumos necesarios. La falta de profesionales del área es evidente y, además, los sueldos son bajos, lo que impide que profesionales de calidad ingresen al sistema estatal de salud.	Por tanto, solicito que se oficie a la ministra de Salud, a fin de que me informe lo que he señalado, porque no se ha transparentado la precaria situación de los hospitales, debido a que muchos de sus directores son nombrados por el Gobierno. Es evidente que ante cualquiera circunstancia que impida al Gobierno cumplir exigencias que demanda la atención hospitalaria, ellos no pueden presionar porque eso los llevaría a quedar sin trabajo. Es decir, están amordazados. Esto les hace mal a los chilenos, porque, como se ha hecho recurrente, prima el interés personal y político por sobre un bien superior tan fundamental en la vida del ser humano, como es la salud.	Lamentablemente, por impedimentos constitucionales, los parlamentarios no podemos aumentar, durante la discusión del Presupuesto de la Nación, los ítems o glosas de los ministerios. Por el bien del país, creo que debemos modificar la Constitución, a fin de que los legisladores tengamos esa facultad.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión del diputado Rosauro Martínez.MEDIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA.	La señora HERRERA (doña Amelia).- Señor Presidente, entre las cuestiones sociales que han cobrado más relevancia en el último tiempo, sin duda, es la delincuencia, la que ha acaparado el centro de la atención, por cuanto los índices de criminalidad han aumentado.	Si bien en Chile tales índices son comparativamente menores que en el resto de los países de Latinoamérica, esto no representa una panacea o ventaja, puesto que la forma de vivir o de asociarse que existe en cada país es completamente diferente. Además, la comparación con otros países es una práctica poco sana, porque las encuestas revelan una tendencia al aumento de la criminalidad en nuestro país.	He querido referirme a este problema, porque en la comuna de Quilpué, correspondiente al distrito que represento, en las últimas dos semanas, los asaltos, robos a locales comerciales y de servicios y robo con fuerza se han transformado en hechos preocupantemente habituales que hasta hace poco tiempo no eran de común ocurrencia. La violencia ha llegado allí a tales niveles, que una familia sufrió un feroz atraco, cuando dos delincuentes ingresaron a su casa a punta de pistola, terminando ambos heridos, producto de la legítima defensa que ejerció el hijo del dueño de casa. Hechos tan deleznables como éste son frecuentes en nuestro país.	Es así como, a través de los medios de comunicación hemos conocido la dramática realidad de una pobladora de la comuna de Peñalolén que, al más puro estilo de las películas del oeste, anda todo el día con su arma en ristre. Según ella, es la única forma de defenderse, si algún bandido quisiera atacarla. Lamentablemente, el hecho de que las personas se armen y hagan justicia por sus propias manos se está transformando en algo normal, quieran reconocerlo o no las autoridades encargadas de la seguridad.	La delincuencia ha dejado de ser vista como un fenómeno aislado, y de ahí la importancia de los programas de prevención social para lograr, entre otras cosas, interrumpir la carrera delictual de jóvenes e, incluso, de menores, reducir el consumo de drogas y el exceso de alcohol y atender las necesidades de capacitación, empleo y afectividad de niños y jóvenes.	Se requiere perseverar en la necesidad de una sociedad más solidaria, a fin de no radicar en los más necesitados la frustración que les produce el hecho de no incorporarse a los beneficios del desarrollo y de sentirse marginados, optando algunos por el delito y por conductas que afectan peligrosamente la paz social.	La sensación de inseguridad y de que las sanciones que se aplican son insuficientes para crear verdadera conciencia en los delincuentes se está apoderando de la población. Las familias sienten que la delincuencia le está doblando la mano a la justicia y al Gobierno. De éste depende, entonces, que esa percepción cambie. El Gobierno tiene una responsabilidad que no puede ni debe eludir, ni endosar a otros; debe buscar soluciones reales, ya que la delincuencia tiene un profundo arraigo en lo social, en la pobreza, en la falta de viviendas y de trabajo, en la falta de una salud digna, en sueldos o remuneraciones que no se compadecen con el alza del costo de la vida. 	Los delincuentes incurren en el uso de drogas y alcohol con el único fin de huir de la realidad en que viven -me refiero a quienes cometen los delitos- y demuestran en qué tipo de sociedad estamos viviendo hoy en Chile. Esto merece del Gobierno un análisis profundo para saber hacia dónde vamos.	Como diputada, estoy dispuesta a contribuir con este propósito, pero solicito al Gobierno que actúe con un criterio más social que político-electoral, y que algunas de las medidas que hoy tienen como único objetivo parchar diversos problemas, mirando hacia las próximas elecciones tengan un cambio real, de manera que su objetivo sólo sea social, cultural y humano.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.	-Se levantó la sesión a las 14.08 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 21 de junio 2006.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a las modificaciones introducidas, por esa Honorable Cámara, al proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con la finalidad de prohibir o regular, en su caso, la importación o cultivo de especies hidrobiológicas genéticamente modificadas, correspondiente al boletín Nº 2753-03.	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta de su oficio Nº 6162, de 11 de mayo de 2006.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a vuestra Excelencia.	(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.2.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 21 de junio de 2006.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que prorroga la vigencia del mecanismo de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo, establecido en la ley Nº 20.063, con las modificaciones que indica, correspondiente al Boletín Nº 4.227-08.	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6213, de 15 de junio del presente año.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a vuestra Excelencia.	(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.3.	Informe complementario del segundo informe de la Comision de Trabajo y Seguridad Social, recaido en el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar. (boletín N° 3235-13)“Honorable Camara:	Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a complementar el informe, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, originado en Moción del ex Senador Ruiz De Giorgio, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar.	A la sesión que vuestra Comisión destinó al estudio de este informe complementario, respecto de la referida iniciativa legal, asistió el señor Asesor del Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Francisco Del Río Correa.I. ANTECEDENTES.	La Sala de la Corporación acordó, en su sesión de 7 de junio de 2006, reenviar la presente iniciativa legal a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, con la finalidad de que se emitiese un informe complementario.	Teniendo presente que no existe referencia legal ni reglamentaria para los efectos de los contenidos de un “informe complementario”, el presente informe da cuenta del desarrollo de la sesión especial de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de 20 de junio de 2006.II. DISCUSIÓN.	Con ocasión del debate habido durante el desarrollo de la citada sesión, que versó básicamente en la necesidad de establecer la obligatoriedad de que los menores de edad cumplan, al contratarse, con el imperativo constitucional establecido en el artículo 19 N° 10 de la Carta Fundamental, se presentó una indicación al proyecto ya informado por vuestra Comisión en segundo trámite constitucional y reglamentario, adoptándose respecto de ella el siguiente acuerdo:	-Indicación de la Diputada Goic, doña Carolina y del Diputado Aguiló, don Sergio del siguiente tenor:	“Para reemplazar en el inciso segundo que se propone en el numeral 1 del artículo 1° del proyecto, la oración que viene a continuación del primer punto seguido, por la siguiente: “Previamente, deberán acreditar haber culminado su educación básica y media, o bien encontrarse cursando cualquiera de éstas”.”	La presente indicación apunta a establecer que el derecho de opción para acreditar escolaridad en los contratos de trabajo de los menores, se circunscribe al hecho de haber cursado o estar cursando la educación basica o, en su caso, la media. De esta forma, no es posible para un menor de 18 años, contratar sus servicios sin haber completado o estar completando la educación que constitucionalmente es obligatoria.	-Puesta en votación fue aprobada por siete votos a favor y cinco abstenciones.III. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO.	En relación con esta materia, a juicio de vuestra Comisión, el proyecto en informe no contiene normas de quórum calificado ni de rango orgánico constitucional.IV. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.	A juicio de vuestra Comisión, el proyecto en informe no requiere ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda de esta Corporación.V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.	Con ocasión del debate habido con motivo de este Informe Complementario, vuestra Comisión no hubo artículos ni indicaciones rechazadas o declaradas inadmisibles.-o-	Como consecuencia de todo lo expuesto, y por las consideraciones que os dará a conocer oportunamente la señora Diputada Informante, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente:PROYECTO DE LEY:	“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 13 del Código del Trabajo:1.	Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los siguientes:	“Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar contratos de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo o abuela paterno o materno; o a falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. Previamente, deberán acreditar haber culminado su educación básica y media o encontrarse actualmente cursando cualquiera de estas. En estos casos, las labores no deberán dificultar su asistencia regular a clases y su participación en programas educativos o de formación. Lo mismo se aplicará respecto de los menores de quince años, en las situaciones calificadas en que se permite su contratación en los espectáculos y actividades artísticas a que hacen referencia los artículos 15, inciso segundo y 16.	Los menores de dieciocho años que se encuentren actualmente cursando su Enseñanza Básica o Media no podrán desarrollar labores por más de veinte horas semanales durante el período escolar.2.	Sustitúyese, en el inciso sexto, la expresión “Lo dispuesto en” por “La autorización exigida en”.3.	Agréguense los siguientes incisos nuevos:	“Un reglamento determinará las actividades consideradas como peligrosas para la salud y el desarrollo de los menores de dieciocho años que impidan la celebración de contratos de trabajo en conformidad a los incisos anteriores, debiendo actualizarse dicho listado cada dos años, previo informe conjunto de la Superintendencia de Seguridad Social y la Dirección del Trabajo.	Los empleadores que contraten los servicios de menores de dieciocho años, deberán registrar dichos contratos en la respectiva Inspección Comunal del Trabajo.”	Artículo 2º.- Agréguese el siguiente artículo 18 bis al Código del Trabajo:	“Artículo 18 bis.- En los casos señalados en los artículos 15, inciso segundo; 16, y 18, deberá cumplirse con lo dispuesto en los incisos segundo, tercero, y séptimo del articulo 13, según la edad y actividad de los menores.”	Artículo transitorio.- El reglamento a que se refiere el inciso octavo del artículo 13 propuesto, se dictará en el plazo de 90 días contados desde la publicación de esta ley.”-o-	Se designó diputada informante a Doña Carolina Goic Boroevic.	Sala de la comisión, a 20 de junio de 2006.	Acordado en sesión de 20 de junio del presente año, con asistencia de los Diputados señores Aguiló; Alinco; Bertolino; Dittborn; Goic, doña Carolina; Meza; Monckeberg; Muñoz, doña Adriana; Recondo; Saffirio; Salaberry, y Vidal, doña Ximena.	(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado Secretario de la Comisión”.4.	Moción de los diputados señores Estay, Alvarado, Egaña, Galilea, García, Lobos, Martínez, Rojas, Sabag y Von Mühlenbrock,	Autoriza el funcionamiento de camionetas-taxis. (boletín N° 4265-15)	“Las comunas de población y/o actividad preferentemente rural, carecen de medios regulares de transporte terrestre público en las cantidades y frecuencias necesarias.	En las señaladas comunas, la movilización desde y hacia los campos en horarios en que no existe locomoción mayor debe por lo tanto realizarse en vehículos menores, particularmente taxis básicos.	El servicio de transporte de pasajeros que prestan los taxis indicados a los usuarios del campo se ve limitado por su natural falta de espacio y capacidad, en especial para transporte de carga.	A su vez, al prestar de todos modos el servicio, los taxistas sufren los rigores del transporte -por malos caminos- de cargas que suelen exceder la capacidad de sus vehículos, con el consiguiente deterioro grave de los mismos.	En comunas de características rurales, las camionetas de doble cabina podrían satisfactoriamente cumplir la labor de taxis básicos, al disponer de la capacidad necesaria para el transporte de pasajeros, excediendo aquella de los automóviles en materia de carga y resistencia a los malos caminos.	Al tenor del desarrollo alcanzado por la moderna industria automotriz, no se justifica que la actual legislación y reglamentación impida a las camionetas de doble cabina prestar el servicio de taxi básico, al estar éstas en condiciones de transportar pasajeros con prácticamente las mismas condiciones de seguridad y comodidad que los automóviles, a los cuales superan en resistencia a caminos de malas condiciones como los rurales y en capacidad de carga.	Y que tanto la Ley del Tránsito Nº 18.290 como el Decreto 212 de 1992 del Ministerio de Transportes circunscriben el servicio de taxi básico a los automóviles, venimos en presentar el siguiente PROYECTO DE LEY	Articulo 1º.- En las comunas de población mayoritariamente rural, podrán desempeñarse como taxis básicos tanto automóviles como camionetas de doble cabina.	Articulo 2º.- Para los efectos de esta ley, camionetas de doble cabina son aquellas que cuentan con cuatro puertas laterales y con dos corridas de asientos destinadas al transporte de pasajeros, dispuestas transversalmente a su sentido longitudinal, y con una caja o pick up posterior destinada a carga.	Articulo 3º.- En su calidad de taxis básicos, las camionetas de doble cabina se destinarán al transporte de personas, las que sólo podrán viajar al interior de su cabina, en los asientos dispuestos para ello, y en una cantidad máxima de cuatro pasajeros.	La carga que llevaren deberá ser dispuesta y estibada en la caja o pick up trasera, elemento que no podrá destinarse al transporte de pasajeros, ni aún contando el vehículo con cabina cerrada sobre esta estructura posterior.	Articulo 4º.- Para efectos de esta ley, quienes opten por la alternativa de camionetas taxis, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Servicios de Transporte y Pasajeros, ajustándose la normativa que regula la circulación de taxis y colectivos.	Articulo 5°.- Para el solo efecto de esta ley, se consideran comunas rurales aquellas que posean al menos un 40% de población rural, a partir de la información recogida en el más reciente Censo Nacional.	Articulo 6º.- Las camionetas de doble cabina sólo podrán cumplir labores de taxi básico en las comunas reconocidas como rurales por las Secretarías Regionales Ministeriales de Transporte y Telecomunicaciones del país, de conformidad con lo establecido en el articulo precedente.	Articulo 7º.- Las camionetas de doble cabina que presten servicio de taxi básico deberán portar un extintor del tipo 2ª - 5B, C.	Articulo 8º.- Reemplácese la definición de taxi consignada en el artículo 2º de la ley Nº 18.290, por la siguiente: “automóvil o camioneta de doble cabina destinado públicamente al transporte de personas. Una camioneta de doble cabina podrá servir como taxi básico sólo en las comunas que sean reconocidas como rurales.	Articulo 9º.- Agregase a la enumeración del artículo 172 de la ley Nº 18.290 el numeral 21º, en los siguientes términos: “Conducir una camioneta doble cabina destinada al servicio de taxi básico, transportando pasajeros en la caja o pick up posterior”.	Articulo 10º.- Elimínese en el numeral 5º del artículo 197 de la ley Nº 18.290 los términos: “, y”, para reemplazarlos por el signo “;”.	Articulo 11º.- Elimínese en el numeral 6º del artículo 197 de la ley Nº 18.290 el signo “.”, para reemplazarlo por el signo “, y”. 	Articulo 12º.- Agregase a la enumeración del artículo 197 de la ley Nº 18.290 el numeral 7º, en los siguientes términos: “Conducir una camioneta doble cabina destinada al servicio de taxi básico, transportando pasajeros en la caja o pick up posterior”. 5.	Moción de los diputados señores Becker, Bertolino, Delmastro, Galilea, García, Monckeberg, don Nicolás, Vargas y de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia e Isasi, doña Marta.	Tipifica delito de robo de tapas de alcantarillado o cauces, y señala pena para delito de receptación de cables eléctricos y tapas de cauces. (boletín N° 4266-07)	“Considerando:1.	Que, en nuestro Código Penal no se encuentra tipificado el robo de tapas de alcantarillados, tapas de cauces o de desagües de aguas lluvias, por lo tanto no existe una sanción específica para estos robos.2.	Que, el robo de tapas de alcantarillado ha aumentado considerablemente, con el agravante que este robo deja sin protección los cauces, lo que ha causado la caída de personas en su interior con resultado de muerte.3.	Que, el artículo 443 del Código Penal sanciona con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo a quienes se apropiaren de alambres de tendido eléctrico, cables de los servicios telefónicos, telegráficos, de radio comunicaciones o de televisión, o alambres de electricidad o comunicaciones de las empresas de ferrocarriles.4.	Que, últimamente, en razón al elevado precio del cobre, también se ha incrementado el robo de cables causando millonarias pérdidas a las empresas y problemas de abastecimiento eléctrico y telefónico.5.	Que, el artículo 456 bis A del Código Penal tipifica el delito de receptación, castigando al que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, o las compre, venda o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiere dispuesto de ellas.6.	Que, en el caso de robo de alambres y tapas de desagües el receptador es, en el fondo, quien promueve o incentiva la comisión del robo, ya que éste no se produciría si el autor no tuviera la seguridad de poder obtener el provecho económico que le garantiza el receptador.7.	Que, por lo tanto, proponemos tipificar el robo de tapas de alcantarillado castigando a los autores con la misma pena que el Código Penal establece para el robo de alambres, y sancionar a los receptadores de estas especies con la misma pena asignada a los autores del delito.	Por Tanto, 	Venimos en proponer el siguiente PROYECTO DE LEY	Artículo Único: Modifíquese el Código Penal de la siguiente forma:1.	Agréguese al artículo 443, el siguiente inciso final, nuevo:	“La pena señalada en el artículo anterior se aplicará igualmente al que se apropiare de tapas de alcantarillado, de cauces o de desagües de aguas lluvias.”2.	Incorpórese al artículo 456 bis A, el siguiente inciso final, nuevo:	“Si el delito señalado en el inciso primero de este artículo fuere de alambres de tendido eléctrico, cables de los servicios telefónicos, telegráficos, de radio comunicaciones, o de televisión, o alambres de electricidad o comunicaciones de las empresas de ferrocarriles, tapas de alcantarillado, de cauces o de desagües de aguas lluvias, se aplicará la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.”6.	Moción de los diputados señores Monckeberg, don Nicolás; Bertolino; Galilea; García; Uriarte; Urrutia; Vargas; Verdugo, y de las diputadas señoras Isasi, doña Marta y Rubilar, doña Karla.	Sobre delitos relacionados con el robo y receptación de cables de cobre y metales del mobiliario urbano. (boletín N° 4267-07)I. FUNDAMENTOS.	En la actualidad nuestro país ha experimentado un significativo incremento de los delitos de robo y receptación de metales especialmente de cobre. Esta realidad, motivada por el alto precio internacional de algunos metales, se ha visto facilitada por una serie de factores tales como la escasa sanción punitiva de tales ilícitos, la insuficiente investigación y seguimiento de estos hechos, como asimismo, la falta de mecanismos eficientes para su prevención y sanción. 	Lo anterior, hace necesario replantear la situación jurídica penal de dichos ilícitos, proponiendo dentro del mismo marco normativo penal vigente, modificaciones que permitan un adecuado control y fiscalización de estos hechos logrando efectivas sanciones a los responsables, los que hoy, en su mayoría, no son procesados y de aquellos condenados muy pocos efectivamente cumplen la pena impuesta. 	Las figuras típicas que directamente sancionan el robo y receptación de cables del tendido publico están contenidas en los artículos 443 inciso 2º y 456 bis A del Código Penal. La penalidad de tales ilícitos va, en el caso del robo, de presidio menor en sus grados medio a máximo y en el caso de la receptación de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de 5 a 20 Unidades Tributarias Mensuales, si es reincidente o incurre en delitos reiterados se le aplicará la pena en su grado máximo, es decir de 3 años y 1 día a 5 años.	Por otra parte, las investigaciones realizadas han constatado que con posterioridad al robo y receptación, los cables y metales son fundidos y transformados en lingotes o pulverizados en fundiciones clandestinas, que operan como verdaderas mafias del metal, lo que configura asociaciones ilícitas en la autoría de los delitos mencionados. 	A nuestro juicio, el bien jurídico protegido por la legislación penal que hace punible la sustracción de metales y cables de cobre, sean del tendido eléctrico, telefónico o de otra índole, es el derecho a la propiedad, garantizado constitucionalmente en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República y tutelada en las normas de los artículos 432 y siguientes del Código Penal. Sin embargo, los delitos señalados conjuntamente alteran un servicio público de primera necesidad, como es la distribución de la energía eléctrica o las comunicaciones entre otros. Por ende, debemos sostener que también estamos frente al bien jurídico del orden y de la seguridad pública, que tutela en general el Título VI del Libro II del Código Penal, de ahí que en este proyecto, se incorpora un tipo penal distinto, que sanciona la interrupción maliciosa de la distribución de estos servicios básicos. 	El alterar y atentar contra un servicio público de primera necesidad, tiene que ser necesariamente percibido por todos como un bien de mayor importancia, que no puede limitarse en su tutela a sólo su propiedad, sino que también a garantizar su uso, utilidad, normalidad y continuidad, de manera que quien atente contra tales bienes públicos y de significación social, reciba un juicio de reproche y una sanción más drástica. Al ser hechos ilícitos diversos no se estará afectando el principio jurídico penal “Non bis in idem”, ya que no se está penando el mismo hecho, sino que presupuestos fácticos distintos, en un caso el robo de cables y en el otro alteración o interrupción de la normal distribución de energía eléctrica u otro servicio. 	Por su parte, del análisis de las diversas sentencias se desprende que las penas aplicadas a estos ilícitos son bajas, habida consideración que se sanciona el delito en su carácter de frustrado. En este sentido, se propone en cuanto al iter criminis, una norma que disponga que los delitos indicados y el nuevo que se propone se penarán como consumados desde el momento que haya un principio de ejecución, desechándose la posibilidad de que tales delitos puedan quedar en la fase de frustrados o tentados. De esta forma se sigue el mismo presupuesto que establece el artículo 450 inc.1º del Código Penal para los delitos de robo con violencia, robo con intimidación y robo con fuerza en las cosas.	Se propone además, como medidas para dar más eficacia al control y fiscalización de estos ilícitos, una ampliación en la facultad de comiso sobre todos los materiales, instrumentos y objetos utilizados en la receptación, transporte, fundición del metal robado, cualquiera sea su naturaleza o procedencia. 	En el mismo sentido anterior, se establece como delito autónomo el que maliciosamente trasportara metales robados, y por ende no es capaz de acreditar debidamente su procedencia. 	Las proposiciones que se formulan están referidas a los hechos ilícitos relacionados con cables del tendido público y privado, como asimismo, instalaciones computacionales, equipos y accesorios del transporte público, especies metálicas pertenecientes al mobiliario urbano, u otras redes de servicios de utilidad pública, ya que existen razones jurídicas idénticas de política criminal para hacer más drásticos las sanciones para tales delitos. II. PROYECTO DE LEY.	Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:1.	En el artículo 443:a)	Sustitúyase, en su inciso primero, la expresión “cosas” por “cosas de propiedad pública o privada”;b)	Agregase los siguientes incisos:	“También se aplicarán estas penas a quien, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo transportare algunas de las especies mencionadas en este artículo.	Los delitos a que se refiere este artículo se sancionarán como consumados desde que se encuentren en grado de tentativa.	La sentencia condenatoria por delitos de este artículo dispondrá el comiso de los instrumentos, herramientas o medios empleados para cometerlos, transformarlos o transportarlos; si dichos elementos fueren almacenados, ocultados o transformados en algún establecimiento de comercio, se decretará, además, su clausura definitiva, oficiándose a la autoridad competente. ”;2.	Agregase, a continuación del artículo 486, el siguiente artículo 486 bis:	“Artículo 486 bis.- El que maliciosamente dañare, destruyere o causare avería en instalaciones de servicios básicos de suministro de electricidad, gas, agua potable, alcantarillado o telefonía, y a consecuencia de ello se interrumpiere el respectivo servicio, será sancionado con la pena de presidio o reclusión menor en sus grados mínimos a medio y una multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.”