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El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
El Comité de la UDI ha cedido el resto de su tiempo al diputado señor Rosauro Martínez.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , agradezco al Comité de la Unión Demócrata Independiente el tiempo que me ha cedido.
En nuestro Congreso se dio un debate muy interesante para la opinión pública y trascendente también para los trabajadores respecto del proyecto de subcontratación. Cada uno de los legisladores tiene una visión sobre la materia que, si bien es respetable, en lo que nadie podría disentir es en la necesidad de tener una normativa que junto con proteger los derechos de los trabajadores, estimule de manera muy concreta el empleo.
La fórmula y los mecanismos serán diversos, pero debemos llegar a una legislación que cautele ambos bienes.
En todo este debate hemos observado un arduo trabajo del Ejecutivo , tanto en el seno del Congreso como en los medios de comunicación, con el objeto de ir creando “opinión” respecto de la urgencia de tener una ley sobre esta materia.
El punto es que, en este caso, estamos en una situación dicotómica entre lo que se dice y lo que verdaderamente se hace. Se han mirado con mucho rigor, y me parece muy bien, los problemas que suceden en el sector privado. Pero se ha dicho muy poco, o más bien no se ha reconocido con la misma energía, lo que sucede en distintas reparticiones públicas donde la mayoría de sus funcionarios no son de planta.
En cifras entregadas por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, cerca de 35 mil personas cumplen funciones a honorarios o a contrata en los organismos públicos, pero desempeñan -y esto es lo grave- funciones regulares, situación similar a la que denunciaba el diputado señor Nicolás Monckeberg respecto de lo que está ocurriendo en el Instituto de Normalización Previsional.
Esto provoca enormes problemas en los trabajadores. Existen denuncias concretas de abusos y arbitrariedades por despidos injustificados, cuyos fundamentos en caso alguno tienen que ver con la calidad del desempeño y las competencias para el cargo. Se privilegia la relación de confianza entre el directivo de turno y los funcionarios bajo su responsabilidad, lo que deja, como es de suponer, espacio privilegiado para el cuoteo o pago de favores, usando para ello el aparato público, el que, es bueno recordar, pertenece a todos los chilenos. Lo concreto, así lo sienten los funcionarios afectados, es que están en completa indefensión.
Voy a ilustrar mis palabras con un hecho real. El año pasado, específicamente el 18 de abril, el médico veterinario, señor Robert Smith Rojas , funcionario del Servicio Agrícola Ganadero, sufrió un ataque brutal mientras rastreaba chivos y caballos provenientes de Argentina, en la localidad de Los Sauces, perteneciente a la comuna de San Fabián de Alico, provincia de Ñuble. Debido a este ataque, resultó con fractura de tibia, peroné y cráneo. El otro funcionario del SAG y un carabinero que les acompañaba, quedaron con heridas de menor consideración.
La relación que existe entre este caso y funcionarios y trabajadores del servicio público en calidad de honorarios, se da porque el señor Smith , precisamente, es una de esas 35 mil personas que denunciaba la Anef; y lo es, aquí lo arbitrario del asunto, desde hace varios años. Se le tiene o, más exactamente, se le tenía para cumplir funciones permanentes, con contratos a honorarios renovables, hasta este año, donde ya no se contrató más.
Esto es una muestra elocuente del abuso, la discriminación y la imagen palpable de la falta de humanidad más absoluta con un profesional que, además, fue objeto de un ataque que, perfectamente, pudo costarle la vida, porque se enfrentó a delincuentes que contrabandeaban ganado desde Argentina; es decir, cuidaba nuestro patrimonio fitosanitario. Este es el reflejo más evidente del llamado “pago de Chile”.
Este hecho ha dejado en evidencia, además, una serie de problemas que los dirigentes del SAG han hecho presente, tales como infraestructura de mala calidad y obsoleta, planta de personal y presupuesto insuficientes en relación con las nuevas funciones que han ido asumiendo derivadas de los tratados y acuerdos comerciales; malas remuneraciones y gestión deficiente en la distribución de los recursos -ha habido devolución de ellos-, carencia de una política de recursos humanos, como lo prueba, por ejemplo, el hecho de que durante más de dos años consecutivos no se han realizado concursos para los cargos vacantes y todo indica que vamos para el tercer año; denuncias de acoso laboral en diferentes estamentos del servicio -hubo dos casos, uno de los cuales fue solucionado-, y la gran cantidad de personal a honorarios -más de mil personas, con las consecuencias que ello acarrea, como le ocurrió al señor Smith , quien se encontraba en esa situación desde 2001.
He seguido con mucha atención las opiniones y objetivos diseñados por el ministro de Agricultura , en el sentido de hacer de Chile una potencia agroalimentaria mundial. ¡Tremendo desafío, que requiere de excelencia en todos los servicios!
Por eso, pido oficiar al ministro de Agricultura para que investigue lo que he señalado, aplique las correcciones correspondientes, provea los cargos permanentes por concurso público y, en general, desarrolle una política institucional clara y permanente en el Servicio Agrícola y Ganadero para evitar abusos, generar las condiciones laborales más adecuadas para que los funcionarios cumplan su labor como corresponde. Es dable exigir a un servicio que es fundamental para resguardar nuestro patrimonio fitosanitario.
Si no se actúa con prontitud, podemos arriesgar todo lo que el país ha construido con tanto esfuerzo durante años. Aquí está en juego no el destino de un servicio, sino el futuro de todos, en especial de las personas de menores recursos.
Dada la gravedad de lo descrito, pido que se haga llegar copia íntegra de mi intervención a su Excelencia la Presidenta de la República y al ministro de Agricultura . Me parece que la Primera Mandataria debe conocer los hechos que están ocurriendo en un área tan significativa e importante para Chile.
Por de pronto, espero que antes de que el proyecto de la subcontratación se convierta en ley de la República, el SAG dé un ejemplo y provea a todos sus funcionarios de un trabajo decente y estable.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención y con la adhesión de la diputada señora Amelia Herrera y de los diputados señores Enrique Jaramillo y Enrique Accorsi .
"
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