REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 354ªSesión 38ª, en jueves 15 de junio de 2006(Ordinaria, de 10.40 a 14.25 horas)		Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; 		Burgos Varela, don Jorge; Pérez Arriagada, don José.		Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.		Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.		Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	PROYECTOS DE ACUERDO	VII.-	INCIDENTES	VIII.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	IX.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.	I.	Asistencia		6	II.	Apertura de la sesión		9	III.	Actas		9	IV.	Cuenta		9	-	Estudio de proyecto en favor de la madre trabajadora por las Comisiones unidas de Salud y Trabajo		9	-	Archivo de proyectos		9	-	Autorización a Comisión de Hacienda para sesionar de inmediato y en forma simultánea con la Sala		10	V.	Orden del Día. 	-	Prórroga de vigencia del mecanismo de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo. Modificación de la ley N° 20.063. Primer trámite constitucional		10	-	Creación de nuevos escalafones en las plantas de la Policía de Investigaciones de Chile. Tercer trámite constitucional		42	VI.	Proyectos de acuerdo.	-	Derogación de requisito para postulación a vivienda de Fondo Solidario. (Votación)		43	-	Medidas para mejorar calidad de infraestructura educacional		44	-	Habilitación de servicios higiénicos públicos		47	VII.	Incidentes.	-	Asistencia a damnificados por temporales en Curanilahue. Oficio		49	-		Información sobre incumplimiento de normativa medioambiental en sector de comuna de La Granja. Oficios		49	-		Información sobre cumplimiento por autoridades de Los Lagos de normativa de desarrollo regional en proyecto de desarrollo Ciudad Satélite de Alerce. Oficios		50	-		Información sobre extensión de ferrocarriles a comunas de Concepción. Oficios	51	-	Reiteración de oficio sobre beneficios otorgados a dirigentes sindicales de Codelco entre 2000 y 2005. Oficios		52	-	Implementación de segunda etapa de programa “Orígenes” en la comunidad de Galvarino. Oficios		53	-	Programa de protección, mantenimiento e incremento de sanidad apícola. Oficio		53	-	Elaboración de marco regulatorio para los codocentes. Oficios		53Pág.	-		Implementación de sistemas de comunicación en televisión para personas con problemas auditivos. Oficio		54	-	Nombramiento de director de programa de exonerados políticos. Oficio		55	-	Información sobre obras viales en zonas de Décima Región. Oficios		55	-	Retén móvil para población en Futrono. Oficios		55	-	Marco regulatorio para codocentes. Oficio		56	-	Construcción de liceo municipal en Renca. Oficios		56	-	Incumplimiento del programa de lenguaje, escritura y matemática, LEM, del Ministerio de Educación. Oficio		57	-	Flexibilización en uso del Fondo de Desarrollo de Magallanes. Oficio		58	-	Información sobre criterios de evaluación para ingresar a segunda etapa de programa Orígenes. Oficio		60	-	Homenaje a loceras de Talagante. Oficio		61	VIII.	Documentos de la Cuenta. 	1.	Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que crea nuevos escalafones en las plantas de la Policía de Investigaciones de Chile. (boletín N° 4001-02)		62	2.	Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha rechazado el proyecto que modifica el Código Sanitario respecto de la receta médica, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política de la República, corresponde la formación de una Comisión Mixta. (boletín N° 3915-11)		62	3.	Informe de las Comisiones Unidas de Hacienda y Minería y Energía recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia de “discusión inmediata”, que prorroga la vigencia del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo establecido en la ley N° 20.063, con las modificaciones que indica. (boletín N° 4227-08)		63	IX.	Otros documentos de la Cuenta. 	1.	Oficios.	-	De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para remitir al archivo, por haber perdido su oportunidad, los siguientes proyectos: 	-	Elimina secreto del sumario en regiones donde aún opera la reforma procesal penal (boletín N° 3594-07), y 	-	Obliga al juez a acatar el informe de peritos en los casos que indica (boletín N° 3766-07). 	-	De de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para remitir al archivo 24 proyectos por haber transcurrido más de dos años sin un pronunciamiento, y 11 proyectos por diversas razones, todos los cuales se acompañan en Anexo adjunto.	-	De la Comisión de Salud mediante el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para remitir al archivo 10 proyectos que en Anexo se acompañan, por las razones que, en cada caso, se indica. 		Ministerio de Defensa Nacional:	-	Diputado Estay, información sobre régimen jurídico, laboral y contractual del personal que realiza el Servicio Militar. 		Ministerio del Trabajo y Previsión Social:	-	Diputado Martínez, información sobre aplicación de la ley N° 19.582, específicamente los criterios para realizar las reliquidaciones. 		Ministerio de Salud:	-	Diputado Aedo, información sobre proyecto de construcción de la segunda etapa del Hospital Regional de Copiapó. 		Ministerio de Minería:	-	Diputado Aedo, información sobre indemnizaciones pactadas por Codelco con funcionarios que cesen funciones. 		Ministerio Secretaría General de la Presidencia:	-	Diputado Verdugo, urgencia para proyecto que sanciona llamadas abusivas a sistemas de emergencia. 		Ministerio Secretaría General de Gobierno:	-	Diputado Alinco, reinstalación de señal local de TVN en la XI Región. 		Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica:	-	Diputado Hernández, información sobre señores Marco Cruz y César Espinoza, sumariados Universidad de Los Lagos por apropiación de propiedad intelectual.
    I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (104)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Accorsi Opazo, Enrique	PPD	RM	24Aedo Ormeño, René	RN	III	5Alinco Bustos, René	PPD	XI	59Allende Bussi, Isabel	PS	RM	29Alvarado Andrade, Claudio	UDI	X	58Araya Guerrero, Pedro	PDC	II	4Arenas Hödar, Gonzalo	UDI	IX	48Barros Montero, Ramón	UDI	VI	35Bauer Jouanne, Eugenio	UDI	VI	33Becker Alvear, Germán	RN	IX	50Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Bobadilla Muñoz, Sergio	UDI	VIII	45Burgos Varela, Jorge	PDC	RM	21Bustos Ramírez, Juan	PS	V	12Cardemil Herrera, Alberto	IND	RM	22Ceroni Fuentes, Guillermo	PPD	VII	40Correa De la Cerda, Sergio	UDI	VII	36Cristi Marfil, María Angélica	UDI	RM	24Cubillos Sigall, Marcela	UDI	RM	21Chahuán Chahuán, Francisco	RN	V	14Delmastro Naso, Roberto	IND	X	53Díaz Del Río, Eduardo	PDC	IX	51Dittborn Cordua, Julio	UDI	RM	23Duarte Leiva, Gonzalo	PDC	RM	26Egaña Respaldiza, Andrés	UDI	VIII	44Eluchans Urenda, Edmundo	UDI	V	15Encina Moriamez, Francisco	PS	IV	8Enríquez-Ominami, Gumucio Marco	PS	V	10Errázuriz Eguiguren, Maximiano	RN	RM	29Escobar Rufatt, Álvaro	PPD	RM	20Espinosa Monardes, Marcos	PRSD	II	3Espinoza Sandoval, Fidel	PS	X	56Estay Peñaloza, Enrique	UDI	IX	49Forni Lobos, Marcelo	UDI	V	11Fuentealba Vildósola, Renán	PDC	IV	9Galilea Carrillo, Pablo	RN	XI	59García García, René Manuel	RN	IX	52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro	UDI	VI	32Girardi Briere, Guido	PPD	RM	18Godoy Ibáñez, Joaquín	RN	V	13Goic Boroevic, Carolina	PDC	XII	60González Torres, Rodrigo	PPD	V	14Hales Dib, Patricio	PPD	RM	19Hernández Hernández, Javier	UDI	X	55Herrera Silva, Amelia	RN	V	12Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge	PPD	RM	28Isasi Barbieri, Marta	PAR	I	2Jaramillo Becker, Enrique	PPD	X	54Jarpa Wevar, Carlos Abel	PRSD	VIII	41Jiménez Fuentes, Tucapel	IND	RM	27Kast Rist, José Antonio	UDI	RM	30Latorre Carmona, Juan Carlos	PDC	VI	35Leal Labrín, Antonio	PPD	III	5León Ramírez, Roberto	PDC	VII	36Lobos Krause, Juan	UDI	VIII	47Martínez Labbé, Rosauro	RN	VIII	41Masferrer Pellizzari, Juan	UDI	VI	34Melero Abaroa, Patricio	UDI	RM	16Meza Moncada, Fernando	PRSD	IX	52Monckeberg Bruner, Cristián	RN	RM	23Monckeberg Díaz, Nicolás	RN	VIII	42Monsalve Benavides, Manuel	PS	VIII	46Montes Cisternas, Carlos	PS	RM	26Moreira Barros, Iván	UDI	RM	27Mulet Martínez, Jaime	PDC	III	6Nogueira Fernández, Claudia	UDI	RM	19Norambuena Farías, Iván	UDI	VIII	46Núñez Lozano, Marco Antonio	PPD	V	11Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Olivares Zepeda, Carlos	PDC	RM	18Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Pacheco Rivas, Clemira	PS	VIII	45Paredes Fierro, Iván	IND	I	1Pascal Allende Denise	PS	RM	31Paya Mira, Darío	UDI	RM	28Pérez Arriagada, José	PRSD	VIII	47Quintana Leal, Jaime	PPD	IX	49Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Rubilar Barahona, Karla	RN	RM	17Sabag Villalobos, Jorge	PDC	VIII	42Saffirio Suárez, Eduardo	PDC	IX	50Salaberry Soto, Felipe	UDI	RM	25Sepúlveda Hermosilla, Roberto	RN	RM	20Sepúlveda Orbenes, Alejandra	PDC	VI	34Silber Romo, Gabriel	PDC	RM	16Soto González, Laura	PPD	V	13Sule Fernando, Alejandro	PRSD	VI	33Súnico Galdames, Raúl	PS	VIII	43Tohá Morales, Carolina	PPD	RM	22Tuma Zedan, Eugenio	PPD	IX	51Turres Figueroa, Marisol	UDI	X	57Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Uriarte Herrera, Gonzalo	UDI	RM	31Urrutia Bonilla, Ignacio	UDI	VII	40Valcarce Becerra, Ximena	RN	I	1Valenzuela Van Treek, Esteban	PPD	VI	32Vallespín López, Patricio	PDC	X	57Vargas Lyng, Alfonso	RN	V	10Venegas Cárdenas, Mario	PDC	IX	48Venegas Rubio, Samuel	PRSD	V	15Verdugo Soto, Germán	RN	VII	37Von Mühlenbrock Zamora, Gastón	UDI	X	54Walker Prieto, Patricio	PDC	IV	8Ward Edwards, Felipe	UDI	II	3	-Asistieron, además, el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco. 	-Por encontrarse con permiso constitucional, no asistieron la diputada señora Ximena Vidal, y los diputados señores Marcelo Díaz, Ramón Farías, Pablo Lorenzini y Alberto Robles.	-Diputados en misión oficial: Rodrigo Álvarez, Marcelo Díaz, Pablo Lorenzini, Osvaldo Palma, Carlos Recondo, Alberto Robles y Jorge Tarud.-
    
    
    II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.	El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
    
    III. ACTAS	El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 33ª se declara aprobada.	El acta de la sesión 34ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
    
    
    IV. CUENTA	El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.	-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.ESTUDIO DE PROYECTO EN FAVOR DE LA MADRE TRABAJADORA POR LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE TRABAJO.	El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Salud para que el proyecto que regula el derecho a la lactancia materna y el apego de los menores de seis meses y establece un período a favor de la madre trabajadora para destinarlo a ese objeto, radicado en la Comisión de Trabajo, sea estudiado por las comisiones de Salud y de Trabajo, constituidas en comisiones unidas.	¿Habría acuerdo?	Acordado.ARCHIVO DE PROYECTOS.	El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para remitir al archivo, por haber perdido su oportunidad, los dos proyectos indicados en el punto 4 de la Cuenta.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	Señores diputados, en la sesión 18ª, del 2 de mayo del 2006, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia solicitó archivar los siguientes 16 proyectos de ley de reforma constitucional, todos ellos incluidos en la ley N° 20.050, sobre reforma a la Constitución, publicada el 26 de agosto del 2005.1.	Boletín N° 743-07, modifica el artículo 19, N° 7, en lo relativo a indemnización por error judicial.2.	Boletín N° 1179-07, fortalece la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados.3.	Boletín N° 1191-07, establece normas para fortalecer la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados y modifica el artículo 48. 4.	Boletín N° 1373-07, que introduce un nuevo inciso segundo en el número 1° del artículo 48.5.	Boletín N° 1781-07, amplía la facultad fiscalizadoras de la Cámara de Diputados y el juicio constitucional a los alcaldes y concejales.6.	Boletín N° 2228-07, sustituye el N° 1 del artículo 48 con el fin de fortalecer la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados.7.	Boletín N° 1930-07, suprime la legislatura extraordinaria del Congreso Nacional.8.	Boletín N° 2415-07, modifica el artículo 54, permitiendo la postulación de dirigentes gremiales a cargos parlamentarios.9.	Boletín N° 2523-07, proscribe movimientos basados en principios de inferioridad de razas, etnias, religiones o naciones.	Está en curso el proyecto marco contra las discriminaciones.10. Boletín N° 2558-07, garantiza el derecho a la no discriminación arbitraria.	Se encuentra en la misma situación que el anterior.11. Boletín N° 2624-07, elimina el privilegio de la inviolabilidad parlamentaria.12. Boletín N° 2737-07, refuerza el rol profesional y no deliberante de las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad Pública. 13. Boletín N° 2743-07, modifica el requisito de edad necesario para ser elegido senador o diputado.14. Boletín N° 3179-07, reemplaza el número 1) del artículo 48, en lo relativo a las atribuciones de fiscalización de la Cámara de Diputados.15. Boletín N° 3362-07, modifica el inciso final del artículo 58, en relación con el desafuero.16. Boletín N° 3433-07, impide la utilización para fines electorales de cargos de dirección superior.	Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para archivar las 16 mociones señaladas, por cuanto las materias de que tratan han sido reguladas en la reforma constitucional contenida en ley N° 20.050.	¿Habría acuerdo?	Acordado.AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE HACIENDA PARA SESIONAR DE INMEDIATO Y EN FORMA SIMULTÁNEA CON LA SALA.	El señor LEAL (Presidente).- Como consecuencia de lo que ayer sugerimos varios parlamentarios, acaba de recibirse una indicación del Ejecutivo que se refiere al descuento del 20 por ciento de impuesto a los transportistas de carga y de pasajeros. No la podemos tratar directamente en la Sala y requiere que vaya a la Comisión de Hacienda.	Por lo tanto, pido la autorización de la Sala para que la Comisión de Hacienda se reúna de inmediato y en forma simultánea con la Sala para tratarla.	El señor GARCÍA (don René Manuel).- Pido la palabra.	El señor LEAL (Presidente) Tiene la palabra su señoría.	El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, simplemente quiero complementar su información para que la honorable Cámara sepa de qué se trata.	La indicación es al proyecto que prorroga la vigencia del mecanismo de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo y tiene por objeto prorrogar la recuperación del 20 por ciento de impuesto a los transportistas.	En consecuencia, si no se aprueba, perderían ese beneficio, porque la disposición vigente caduca el 30 de junio próximo.	El señor LEAL (Presidente).- ¿Habría acuerdo?	Acordado.
    
    
    V. ORDEN DEL DÍAPRÓRROGA DE VIGENCIA DEL MECANISMO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO. Modificación de la ley N° 20.063. Primer trámite constitucional.	El señor LEAL (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en mensaje, que prorroga la vigencia del mecanismo de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo, establecido en la ley N° 20.063, con las modificaciones que indica, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.	Diputado informante de las comisiones unidas de Hacienda y de Minería y Energía es el señor Jaime Mulet.	Antecedentes:	-Mensaje, boletín N° 4227-08, sesión 35ª, en 13 de junio de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1.	-Informe de las Comisiones Unidas de Hacienda y Minería. Documentos de la Cuenta N° 3, de esta sesión.	El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.	El señor MULET.- Señor Presidente, el proyecto, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, prorroga la vigencia del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo, establecido en la ley N° 20.063, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.	Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, lo siguiente:1°	Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en mantener por un nuevo año la política de estabilización de precios de los combustibles, en atención a la alta volatilidad exhibida tanto por el precio del petróleo crudo como en el valor de los diferenciales de refinación, introduciéndole algunos perfeccionamientos al mecanismo vigente.2°	Que el articulado de esta iniciativa no contiene normas calificadas de orgánico constitucionales o de quórum calificado.3°	Que el proyecto fue aprobado en general. Votaron por la afirmativa la diputada Goic, señora Carolina, y los diputados señores Encina, don Francisco; Espinosa, don Marcos; Insunza, don Jorge; Leal, don Antonio; Montes, don Carlos; Mulet, don Jaime; Ortiz, don José Miguel; Rossi, don Fulvio; Sule, don Alejandro; Sunico, don Raúl; Tuma, don Eugenio, y Valenzuela, don Esteban, y se abstuvieron los diputados señores Aedo, don René; Alvarado, don Claudio; Becker, don Germán; Cardemil, don Alberto; Dittborn, don Julio; Forni, don Marcelo; García Huidobro, don Alejandro, y Rojas, don Manuel. En consecuencia, el resultado de la votación fue de 13 votos a favor y 8 abstenciones.	Asistieron a las Comisiones Unidas, durante el estudio del proyecto, los señores Andrés Velasco, ministro de Hacienda; Claudio Juárez, jefe de la División de Finanzas Públicas; Matías Bernier, jefe de Programación Financiera de la Dipres; José Antonio Ruiz, jefe de Hidrocarburos, de la Comisión Nacional de Energía, y los asesores de la referida cartera, señora Jacqueline Saintard y el señor Luis Felipe Céspedes.Antecedentes generales.	En el mensaje se señala que, en los últimos años, se ha producido un fuerte incremento en las fluctuaciones de los precios de los combustibles, lo que es de público conocimiento. No obstante, se puntualiza que estos altos precios son un fenómeno mundial, por lo cual Chile no es la excepción al respecto.	Se hace presente, asimismo, que mediante la ley N° 20.063, de 2005, se dispusieron recursos para la creación de un fondo de estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo y se estableció un mecanismo para su funcionamiento de carácter transitorio.	En efecto, dicha ley opera para los casos de la gasolina, el diésel y el querosene doméstico. La situación de los demás combustibles -gas licuado de petróleo y petróleos combustibles- no ameritarían medidas fiscales adicionales de estabilización.	El mecanismo consiste en el establecimiento de una banda de precios para cada combustible. Si el precio de paridad de importación supera el máximo de la banda, se entrega un crédito fiscal al productor o importador del combustible, equivalente a la diferencia de precios, lo que permite que el precio de venta a público no supere el máximo de la banda, estabilizando el precio. Del mismo modo, si el precio de paridad de importación está por debajo del mínimo de la banda, se aplica un impuesto de beneficio fiscal que permite reinyectar recursos al Fondo. La magnitud de la compensación puede ser ajustada en caso que el Fondo se desfinancie. 	Se especifica también en el mensaje que las bandas de estabilización son más estrechas que las del anterior Fondo de Estabilización del Petróleo, Fepp, oscilando en torno al 5 por ciento por sobre y bajo el precio de referencia intermedio y están basadas en un precio del combustible conformado sobre la base del precio del crudo WTI, West Texas Intermediate, más un diferencial entre dicho precio y el precio del combustible refinado, diferencial de refinación, y otros costos habituales de indexación.	La autoridad, en el mecanismo vigente, tiene la facultad de modificar el diferencial por costo de refinación periódicamente, de manera de adaptarse a las estacionalidades de los mercados.	El precio de referencia intermedio, basado en lo fundamental en el precio del petróleo crudo, WTI, se establece como un promedio móvil que considera una serie de precios históricos, así como precios observados en los mercados de futuros. La autoridad tiene la facultad de variar el número de observaciones hacia atrás o hacia adelante que conforman el promedio móvil, de manera de contar con un margen de holgura para enfrentar situaciones anormales en los mercados y adaptar de mejor manera los precios internos en función de los precios internacionales.	Por su parte, en la ley vigente, los precios de paridad de importación se obtienen a partir del precio más bajo observado en al menos tres mercados de referencia en América, en Europa y en Asia.	Para minimizar la inyección de recursos frescos al Fondo de Estabilización, los pagos que corresponde hacer a Enap no se imputan al Fondo y no se entregan en dinero, sino que se acumulan en una cuenta contable. De igual forma, los impuestos en beneficio del Fondo que Enap recauda no se enteran en efectivo, sino que se imputan al saldo a favor de Enap. Al término de la vigencia de la ley se solucionará el saldo neto a favor de Enap, bajo las modalidades que establezca la autoridad, a través de un decreto supremo.Disposiciones legales que se modifican por el proyecto.	La ley N° 20.063, de 2005, que crea fondos de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo.Contenido del proyecto.	El mecanismo de estabilización que se propone en el proyecto funcionará a contar del término de la ley vigente, esto es, el 30 de junio de 2006, hasta el 30 de junio de 2007.	Los recursos de que dispondrá el mecanismo corresponden al saldo acumulado del Fondo de la ley N° 20.063, que fue constituido por los ingresos financieros de una subcuenta del Fondo de Compensación del Cobre, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° de dicha norma, descontados y sumados, respectivamente, los créditos e impuestos aplicados hasta esa fecha.	El proyecto de ley propone las siguientes modificaciones:	En relación con el diferencial de refinación la ley vigente establece, para los efectos de calcular los precios de referencia, un diferencial de refinación fijo para cada combustible, el que puede ser modificado por la autoridad con una vigencia mínima de cuatro semanas.	El proyecto de ley propone que dicho diferencial se establezca, para cada producto, como un promedio móvil de acuerdo a los precios históricos de un período que puede abarcar hasta 52 semanas. Al igual que en el caso del WTI, la autoridad tendrá la facultad de modificar el lapso del promedio móvil manteniendo dicho parámetro por un mínimo de cuatro semanas.	En relación con los precios de paridad, la norma en vigencia dispone que el cálculo de los precios de paridad se haga según el promedio de los precios de la semana anterior al de su fijación.	El proyecto de ley propone que el período para calcular el promedio se extienda de una a dos semanas.	En relación con los mercados de referencia, el mecanismo vigente establece que el precio de paridad de cada producto se obtendrá como el menor precio promedio observado en, al menos, tres mercados relevantes de entre los mercados de América, Europa y Asia.	El proyecto de ley propone que el precio de paridad se obtenga para cada combustible como el precio de un mercado relevante o como el promedio de dos mercados relevantes.	En relación con el día de vigencia de precios de referencia y paridad la norma actual establece que los precios de referencia y los precios de paridad, y en definitiva los créditos e impuestos que determinan la estabilización de los precios, entran en vigencia los lunes de cada semana.	El proyecto mantiene la fijación semanal de parámetros, pero propone que los nuevos precios puedan iniciar su vigencia un día distinto al actual, pero deben ser informados con, al menos, dos días de anticipación, para que los actores económicos tomen sus medidas.	Las modificaciones anteriores debieran permitir una mejor sintonía entre el mecanismo de estabilización de precios y la política de precios mayoristas aplicada por Enap, y los importadores privados en el mercado nacional.	Respecto de la información sobre la evolución del Fondo, actualmente se entrega en conjunto con la ejecución presupuestaria trimestral.	El proyecto de ley establece que la Dirección de Presupuestos deberá también informar el saldo de la cuenta de Enap, con lo cual quedarán disponibles totalmente las consecuencias financieras del mecanismo de estabilización. Antecedentes presupuestarios o financieros.	El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 13 de junio de 2006, señala que el proyecto contempla el siguiente financiamiento:a)	El saldo que mantiene el Fondo a que se refiere la ley N° 20.063 al 30 de junio de 2006, estimado en 20,7 millones de dólares.b)	Aportes semanales al Fondo, originados en la aplicación del artículo 3° de la ley N° 20.063.	Asimismo, señala que la aplicación del proyecto considera los siguientes costos fiscales:a)	Se estima un costo fiscal total de la extensión del mecanismo hasta el 30 de junio del 2007, de 12,1 millones de dólares, que supone la aplicación de las modificaciones planteadas en la ley, con un escenario dado de parámetros y con las fluctuaciones de precios observadas durante el año 2005. El costo fiscal máximo es el saldo del Fondo mencionado en el punto anterior, estimado en 20,7 millones de dólares.b)	Dichos costos incluyen sólo el aporte necesario por las importaciones privadas, las que se estiman en un 10 por ciento del total del consumo nacional.c)	La compensación a Enap se efectuará a través de un procedimiento contable, consistente en la acumulación de los eventuales pagos por crédito fiscal en una cuenta del activo, y la deducción del saldo de dicha cuenta contable de los eventuales impuestos en beneficio del Fondo que Enap recaude. El efecto fiscal de este tratamiento implicará menores traspasos de excedentes o pagos de impuestos futuros por parte de Enap, al aplicar el saldo positivo de la cuenta señalada.Discusión general. 	En el debate de las Comisiones Unidas intervino el señor ministro de Hacienda para explicar los logros conseguidos por la ley N° 20.063, de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo, y las razones para prorrogar su vigencia hasta el 30 de junio de 2007, con aquellos perfeccionamientos que aconsejan su reciente aplicación. En síntesis, afirmó que el mecanismo funcionó bien para lo que estaba previsto y lo que se busca ahora con las modificaciones es lograr un mayor grado de predictibilidad en su aplicación.	En relación con las numerosas consultas formuladas por los señores diputados y las señoras diputadas, tanto respecto de la efectividad del referido mecanismo de estabilización de precios, dado que se estaría en presencia de niveles de precios extremadamente altos, más que afectados los consumidores por la volatilidad de éstos como por la incidencia del impuesto específico a los combustibles en el nivel de precios de venta a público, o respecto del papel de la Enap en la importación de diesel que dejaría un reducido margen de actividad a la competencia, el señor Velasco precisó los siguientes conceptos:	Puntualizó que frente a la actual coyuntura es necesario distinguir entre la finalidad del proyecto de ley en estudio y otras materias, tales como el impuesto específico a los combustibles.	Enfatizó que el mecanismo vigente de estabilización de precios ha contribuido a que se elimine en 40 por ciento la variación de los precios a la gasolina, lo que representa un promedio de 23 pesos, aproximadamente. Reconoció que la situación que ha generado el precio internacional del petróleo es delicada.	Señaló que no es efectivo que los cambios que se proponen hagan más discrecional la determinación del margen de refinación, sino todo lo contrario.	Por otra parte, en cuanto a la determinación de la paridad de importación, se pasaría del menor promedio de tres mercados relevantes, a un esquema en que se tomaría o un solo mercado de referencia o el promedio de dos mercados relevantes. Con esto, el precio de paridad podrá ser replicado en el mercado real, cosa que no ocurría con la paridad definida anteriormente. Así, por ejemplo, mencionó que en marzo pasado hubo un precio de paridad distorsionado en el mercado de Amsterdam, el que fue descartado por el Gobierno en beneficio de los consumidores, ya que, de haberlo considerado, habría aumentado el precio final de los combustibles.	Indicó que la recaudación por concepto de impuesto específico a los combustibles ascendió el 2005 a poco menos del 1 por ciento del PIB, lo que se repetiría en el presente año.	Hizo notar que, en el contexto internacional, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo -Oecd, en su sigla en inglés-, el impuesto al petróleo diésel que se aplica en el país, en cuanto a su magnitud, se encuentra en el lugar número 89 a nivel mundial, y el de las gasolinas, en el lugar número 79.	Puso énfasis en que el precio de los combustibles estos últimos días no sólo ha subido debido al alza de los precios internacionales del petróleo, sino también por el alza del dólar a nivel local.	Manifestó que en Chile existe libertad de importación, por lo que si Enap obtiene buenas ganancias por el giro que le es propio, está abierta la posibilidad de que cualquier privado que lo desee se incorpore al mercado.	Por último, descartó cualquier desincentivo en el proyecto sobre el gas natural licuado, GNL, por aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, por cuanto el horizonte de este último es hasta junio de 2007; en cambio, se espera que el GNL inicie sus operaciones a mediados de 2008.	La discusión en particular se contiene en las páginas 8 y siguientes del informe.	Quiero sí hacer presente que, recogiendo la voluntad de las Comisiones Unidas, se presentaron algunas indicaciones que, si bien fueron declaradas inadmisibles, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva de su excelencia la Presidenta de la República, conforme con lo establecido en el artículo 65 de la Constitución Política, reflejan la voluntad de la mayoría de los parlamentarios de las Comisiones Unidas respecto de buscar algún mecanismos distinto al del Fondo de Estabilización para impedir que los combustibles, al menos a nivel de consumidores, sigan subiendo o comiencen a bajar.	Los diputados señores Aedo, Alvarado, Becker, Dittborn, Forni, García-Huidobro y Rojas propusieron una indicación para agregar el siguiente artículo 3°: 	“Artículo 3°.- Reemplácese, en el inciso quinto del artículo 6° de la ley N° 18.502, sobre impuestos a los combustibles, el guarismo “6” por el guarismo “3”.”	En buenas cuentas, tenía por objeto disminuir el impuesto específico, que hoy es de 6 unidades tributarias mensuales por metro cúbico de combustible -fundamentalmente, gasolinas-, a 3 unidades tributarias mensuales por metro cúbico. 	Reitero, fue declarada inadmisible.	Asimismo, se presentó otra indicación que, no obstante ser declarada inadmisible, refleja la voluntad de sus autores respecto del tema. Fue patrocinada por la diputada señora Carolina Goic -quien reemplazó al diputado señor Lorenzini- y por los diputados señores Aedo, Duarte, Espinosa, Leal, Mulet, Ortiz, Rossi y Tuma, para agregar el siguiente artículo transitorio:	“Artículo transitorio.- Si, no obstante la aplicación del mecanismo de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo, establecido en la ley N° 20.063 con las modificaciones contenidas en este proyecto de ley, y una vez que ésta haya entrado en vigencia, el precio de los combustibles estabilizados conforme a estas leyes excede al más alto precio registrado durante el mes de junio del año en curso, se procederá automática y proporcionalmente a disminuir el impuesto específico que grava estos combustibles, en la misma forma y períodos que opera el fondo de estabilización, en el porcentaje suficiente para que durante la vigencia del Fondo el precio de la gasolina, el diesel y el kerosén doméstico no excedan el precio más alto que registre durante junio del presente año.”.	A través de esa indicación se buscaba, fundamentalmente, perfeccionar el mecanismo establecido en este proyecto de ley, para que cuando se exceda una determinada barrera de precios -indicábamos la de junio del presente año-, opere un sistema que disminuya proporcionalmente el impuesto específico para no vernos expuestos a sucesivas alzas y no tener un techo.	Ambas indicaciones fueron comentadas por el señor ministro, quien, obviamente, no participó de ellas y expresó que no era posible establecer algún mecanismo que no contara también con recursos predeterminados. 	Prácticamente, la unanimidad de los señores diputados y la señora diputada de las Comisiones unidas estuvo por aprobar el proyecto -trece lo sancionaron y ocho se abstuvieron- y prorrogar la vigencia del fondo de estabilización de precios de combustibles. Pero, obviamente, la preocupación de la Cámara de Diputados respecto del alza que ha experimentado el precio de los combustibles, reflejada en la constitución de las Comisiones unidas, no queda satisfecha con este proyecto. Si bien se aprobó en dichas Comisiones, entendemos que es insuficiente.	Por eso, la indicación de que ha dado cuenta el señor Presidente, que introdujo hoy en la mañana el señor ministro de Hacienda -presente en la Sala-, a nuestro juicio, va por el camino correcto, porque permitirá que un grupo importante de trabajadores, fundamentalmente, propietarios del transporte -de camiones y de buses interprovinciales-, mantenga el beneficio que tienen en la actualidad, en cuanto a recuperar parte del impuesto específico que pagan por los combustibles, compensándolo con el gasto de peajes, en un porcentaje -entiendo- del orden de 25 por ciento.	De manera que esa indicación –al parecer la está discutiendo la Comisión de Hacienda en este momento y seguramente va a ser aprobada por ésta y por la Sala-, toca claramente el impuesto específico, mantiene la posibilidad de crédito para los camioneros y dueños de buses interprovinciales, con el consiguiente alivio de los pequeños, medianos y grandes empresarios del transporte interurbano, y también, indirectamente, de todos los consumidores.	Estimamos que ése es el camino correcto y que, ojalá, dado el ambiente existente en las Comisiones unidas, se estudie la posibilidad de contar con un mecanismo que permita establecer algún techo, por algún tiempo, para el precio de los combustibles, sobre la base de una lógica que no vaya en perjuicio de las arcas fiscales, sino que compense con otros impuestos más progresivos lo que se dejará de recaudar por el impuesto específico.	Destaco la voluntad de los veintiséis diputados de las Comisiones unidas de Hacienda y de Minería y Energía, a quienes les correspondió discutir el proyecto.	Finalmente, en el informe se adjunta un anexo, compuesto de dos páginas, que es muy didáctico para los señores diputados. La primera muestra un gráfico respecto de la operación del mecanismo, que describe las curvas del precio de referencia y su banda, las de paridad de importación, las de impuesto y las de crédito. Cuando el precio de paridad de importación está bajo la línea del precio de referencia, opera un impuesto y cuando está sobre la línea de precio de referencia, opera un crédito. De esa manera, estabiliza el precio final a los consumidores y permite evitar las fluctuaciones que exceden de esos márgenes. El esquema es muy gráfico y permite entender un mecanismo bastante técnico. 	Además, en la segunda página, en un pequeño cuadro, se reseñan las modificaciones que introduce el proyecto a la ley N° 20.063, que busca perfeccionar el sistema para que, de alguna manera, sirva de colchón a los movimientos bruscos que tiene el precio del petróleo en el mercado internacional.	Es todo cuanto puedo informar.	He dicho.	El señor LEAL (Presidente).- En discusión el proyecto.	Tiene la palabra el honorable diputado René Aedo.	El señor AEDO.- Señor Presidente, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles sólo mitiga las oscilaciones en el precio del petróleo, pero no incide en la tendencia al alza ni el costo de los combustibles. Es decir, no es un subsidio, sino que mantiene el valor del producto en torno al precio de referencia, que es el que marca la tendencia en el mercado. En el fondo, es un amortiguador, porque cuando el precio sube, genera crédito y, cuando baja, débito o impuesto.	El país quiere que el precio de los combustibles baje, pero, para eso, es fundamental rebajar el impuesto específico, que equivale, más o menos, al 40 por ciento del precio de las gasolinas. 	Dicho impuesto es altamente discriminatorio, dado que es cuatro veces mayor que el impuesto al diesel, que produce externalidades negativas importantes, como contaminación y deterioro de las carreteras, y afecta sólo al transporte y no al uso industrial de los combustibles.	En la práctica, el impuesto específico afecta al ciento por ciento de los chilenos: a los que tienen vehículos y a los que no lo tienen, dado que deben movilizarse en microbuses, en taxis colectivos, etcétera. Pero principalmente afecta a los más pobres, que destinan una fracción importante a pagar locomoción.	No es efectivo que el Fisco recauda menos cuando el precio sube. Si así fuese, la tendencia sería a consumir menos combustibles. Lo cierto es que, a pesar del alza de los precios de los combustibles, hay un crecimiento promedio anual de 4,2 por ciento en el consumo de gasolinas y de 6,8 por ciento en el de diesel.	Por lo tanto, se da la paradoja que, en la medida en que el precio de los combustibles sube, afectando a todos los chilenos, el Fisco recauda más y más impuestos. 	Hoy se consumen más de 3 mil 600 millones de litros de gasolinas y 5 mil 900 millones de diesel, y para el presente año se espera un crecimiento en la recaudación por sobre 1,7 por ciento. 	En suma, el Fondo de Estabilización mitiga las oscilaciones bruscas del precio del petróleo y no constituye subsidio, y la única forma de disminuir el precio de los combustibles es rebajando el impuesto específico.	He dicho.	El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.	El señor ENCINA.- Señor Presidente, el proyecto pretende estabilizar el precio de los combustibles y no aminorar el que éstos tienen en los mercados internacionales. Por consiguiente, hay que analizarlo en su propio mérito.	La iniciativa trata de frenar la variabilidad del precio de los combustibles, pero no cambia su estructura, porque ése no es su objetivo. En definitiva, frena las alzas bruscas de los precios, por lo que algunas actividades económicas podrán planificarse en el mediano y largo plazo. Eso es lo interesante.	El tema fundamental y central es el precio de los combustibles, que no depende de la voluntad del Ministerio de Hacienda o del Gobierno, sino de los mercados internacionales. 	Se ha opinado en esta Cámara sobre la necesidad de transparentar los precios, como lo indican los mercados. Ésa discusión hay que tenerla a fondo, porque también hay voces, con algún desvío populista, que plantean bajar el precio de los combustibles. La pregunta es cómo lo hacemos, porque no se ha dado el debate de si el Estado está por recaudar menos tributos rebajando el impuesto específico. ¿Estamos dispuestos a afectar la salud, la educación, la vivienda y las pensiones asistenciales? No olvidemos que lo que recauda el fisco por concepto del impuesto específico a los combustibles constituye alrededor del 7,3 por ciento de los ingresos tributarios y el 5,6 de todas sus entradas. Es una cantidad enorme de recursos que no puede dejar de recaudarse, porque ya están destinados. 	La distorsión también aparece en el centro de esta discusión, porque tenemos un impuesto específico diferenciado. El impuesto al diésel es de 1,5 UTM por metro cúbico. A propósito, acaba de ingresar una indicación del Ejecutivo para que los transportistas puedan recuperar parte del impuesto específico del combustible que se usa en el transporte público y en el de carga. Pienso que es casi imposible rebajarlo más, desde el punto de vista fiscal. Además, los transportistas recuperan el IVA. Por consiguiente, el Estado y el Ministerio de Hacienda tienen un margen muy estrecho para disminuir este impuesto al diésel.	Respecto de las gasolinas también tenemos que tener una discusión de fondo. El uso del automóvil se ha masificado y son muchas las familias de clase media que hoy tienen uno, lo que me parece legítimo, pero eso tiene un costo que se refleja, porque los precios internacionales son de envergadura. 	Debemos seguir el ejemplo de países como Brasil -lo señalé ayer en la Comisión- que se autoabastece de combustible produciendo bioetanol, mezcla de etanol con diésel, y con ello disminuye su dependencia energética externa. Hoy, los brasileños se autoabastecen de petróleo, gas y otros combustibles, que también importan.	Desgraciadamente, nosotros no hemos implementado políticas para disminuir el consumo de gasolina y de diésel, por lo que, muchas veces, nos vemos sometidos a los vaivenes de los mercados internacionales. Además, nada indica que el precio del barril de petróleo vaya a disminuir en los próximos meses.	Por eso, debemos pedir al ministro de Hacienda que estudie el tema. Lo que no es posible pedir es que el fisco deje de percibir ingresos por concepto del impuesto específico a los combustibles, porque esos recursos están destinados al programa social del Gobierno de la Presidenta Bachelet. 	Es posible tener un impuesto más variable, pero eso es otra cosa. Hoy nos convoca el Fondo de Estabilización. Lo otro es un tema tributario, que puede ser discutido, como lo pueden ser también la exención del IVA a la construcción u otros tributos.	Muchos parlamentarios reclamaron cuando se incrementó el Fondo de Estabilización del Petróleo con recursos provenientes del Fondo de Estabilización del Cobre. Pidieron que se transparentaran los precios, porque eso era una especie de autoengaño. Hoy hay que tener esa misma consecuencia y entender que este proyecto no está destinado a frenar el alza del precio de los combustibles, que poco depende de nuestra economía, sino de los mercados internacionales. 	Será un alivio frenar la volatilidad de los precios; pero no podremos evitar las alzas. Sin embargo, espero que el Gobierno, con voluntad y en el mediano plazo, implemente un mecanismo para rebajar algún tipo de impuesto, traspasando ese beneficio al consumidor.	Quiero recalcar que el impuesto al diésel es de 1,5 UTM por metro cúbico y, el de las gasolinas, de 6 UTM. Sin embargo, como el diésel es el combustible que más se usa en el transporte público y de carga, cualquier variación impacta en los precios de otros bienes de consumo.	El año pasado se implementó un mecanismo muy efectivo, cual fue contratar un seguro internacional para estabilizar el precio del petróleo. Me imagino que hoy, debido a las alzas, es casi imposible contratar ese seguro. Fue una medida eficaz y eficiente, que impidió el aumento del precio del diésel a 420 pesos. No sé si será posible incursionar en medidas de este tipo para tener una perspectiva de mediano y largo plazo y frenar el alza del precio de los combustibles.	Por lo tanto, anuncio que la bancada del Partido Socialista votará favorablemente el proyecto de ley, por cuanto permite frenar las alzas bruscas de los combustibles que impiden planificar, en el mediano y largo plazo, las actividades económicas e industriales de los pequeños y medianos empresarios que los utilizan.	He dicho.	El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.	El señor ROJAS.- Señor Presidente, como dijo el diputado Encina, el proyecto tiene un mérito inmediato, que es estabilizar los precios de los combustibles, lo que tendrá un sentido positivo por lo que significa, y también constituirá una respuesta a los reclamos de la comunidad.	Más que estabilizar los precios de los combustibles, lo que ayer abordamos en la sesión de las Comisiones unidas de Hacienda y Minería, donde se analizó la materia, fue la posibilidad de rebajar el impuesto que encarece el precio de los combustibles. 	Algunos diputados de la Concertación tienen un discurso público, pero a la hora de los “quiubos”, cuando estamos acá, ese discurso no es el mismo. Y el discurso público de diputados de la Concertación que hoy vi por televisión es el que reclamamos nosotros. Hagamos un esfuerzo y que ellos pidan a su Gobierno que baje el impuesto a los combustibles. 	El Ejecutivo reaccionó ante las advertencias que hizo el gremio de los transportistas y presentó una indicación al respecto, que es valorable, pues tiende a frenar un conflicto futuro, que nos preocupa.	El impuesto a los combustibles encarece más el costo de vida. Habrá gente que dirá que no tiene auto. Sí, pero debe pagar un boleto de la locomoción más caro si sube el precio del diésel. El bono de 18 mil pesos para las familias más pobres, que aprobamos en el Congreso Nacional y que se entregará en el curso de los próximos días, ayudará a paliar la situación, pero no es la solución adecuada. Y ante eso, el reclamo de la ciudadanía se relaciona con el impuesto a los combustibles que debemos pagar.	Técnicamente, el proyecto plantea todo lo que dice relación con los indicadores y parámetros para generar este Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo. Sin embargo, ayer planteé al ministro de Hacienda que en esta materia faltaba la voluntad política del Ejecutivo para asumir el compromiso de rebajar el impuesto a los combustibles en el corto plazo. Es más, podría contar con nuestro voto si ese impuesto no es eliminado, pero sí rebajado en un porcentaje que permita responder a la comunidad que hoy exige una solución.	Reitero, el proyecto tiene una orientación positiva en su mérito; pero, claramente, lo que hoy reclama la comunidad, lo que demandamos como país y, fundamentalmente, lo que exigimos a los diputados de la Concertación es que hagan lobby con su Gobierno, que tanto se necesita, para que se pueda rebajar el impuesto a los combustibles en un corto plazo, a fin de que ello se convierta en un beneficio real para la gente.	He dicho.	El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz para que, si lo tiene a bien, informe respecto de lo acordado en la Comisión de Hacienda.	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en función del mandato que nos dio la Sala, debido a que el Ejecutivo presentó una indicación al proyecto de ley que prorroga la vigencia del mecanismo de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo, establecido en la ley N° 20.063, la Comisión de Hacienda sesionó, en forma extraordinaria, ayer, 14 de junio de 2005, en cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de la Corporación.	Asistieron la diputada señora Carolina Goic, y los diputados señores Julio Dittborn, Alberto Cardemil, Gastón Von Mühlenbrock, Raúl Súnico, Carlos Montes y quien les habla, que ofició como Presidente accidental. 	Asimismo, concurrieron el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, y el jefe de la División de Finanzas Públicas, señor Claudio Juárez. 	La indicación el del siguiente tenor:	“1) Para agregar el siguiente artículo 2°, nuevo, pasando el actual a ser 3°:	“Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.764, modificada por la ley N° 19.935:a)	Sustitúyese en el inciso cuarto del artículo 1°, la expresión “del 1° de julio de 2006” por “de la fecha de vencimiento establecida en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 20.063”.b)	Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 2°, la expresión “del 1 de julio de 2006” por “de la fecha de vencimiento establecida en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 20.063”.	2) Para sustituir el actual artículo 2°, que ha pasado a ser 3°, por el siguiente:	“Artículo 3°.- Las modificaciones a la ley N° 20.063, entrarán en vigencia a partir del 1° de julio de 2006.”.	Es decir, los beneficios se otorgarán desde el 1° de julio de 2006 hasta el próximo año.	Sin embargo, queremos expresar a la opinión pública, especialmente a los representantes de la Federación Nacional del Transporte, que en el informe financiero, firmado por don Alberto Arenas de Mesa, se explicita lo siguiente:	“Por medio de esta indicación, se amplía el plazo establecido en la Ley N° 19.764, modificada por la Ley N° 19.935. En dicha ley se determina un sistema de recuperación parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga, soportado por éstas en las compras de dicho combustible.	El texto de la Ley N° 19.764 señala, en su artículo 2°, que a partir del 1 de julio de 2006, el porcentaje del impuesto específico a recuperar se eleva desde un 20% a un 25%.” Es decir, se está cumpliendo lo solicitado por el gremio del transporte en cuanto a que la recuperación aumentará de 20 a 25 por ciento, desde el 1° de julio.	Agrega: “Establece, además, como condición para poder acceder a esta recuperación, que la empresa adscriba sus vehículos a un sistema de cobro electrónico de peajes.	La presente indicación viene a postergar la entrada en vigencia de este requisito hasta el 30 de junio de 2007. Sin embargo, mantiene el beneficio de elevar el porcentaje a recuperar del impuesto específico al petróleo diésel pagado.	El costo fiscal del mayor crédito asciende para los meses correspondientes al año 2006 a $ 1.500 millones, y para un año completo a $ 3.600 millones, ambas cifras expresadas en moneda de 2006.” 	Esto lo firma el director de Presupuestos.	Finalmente, debo señalar que la indicación se aprobó por unanimidad, para que, en lo posible, el proyecto sea aprobado en esos mismos términos el día de hoy.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.	El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el tema es bastante delicado para varios sectores de la producción nacional, como los fletes y todo lo que influye en la economía del país.	Con respecto al precio de los combustibles, no sólo debemos considerar sus alzas, sino también lo que está detrás de ellas.	Para que la gente entienda y no sólo demos guarismos, cifras y números de leyes, señalaré un ejemplo didáctico. Si el precio del combustible aumenta en 15 por ciento, dicho incremento se traspasa al flete de los camiones. Como el 90 por ciento de los comestibles se traslada en esos vehículos, indudablemente, el alza repercutirá en el bolsillo de la gente, pues los comerciantes deberán subir sus mercaderías en ese porcentaje para compensar el incremento de costo de los fletes. 	En consecuencia, no podemos seguir pensando en que sólo las personas que tienen automóviles deben pagar las alzas de combustibles, porque ellas también repercuten en la gente más pobre.	Por otro lado, si no hay estabilidad en los precios de los combustibles, los agricultores, los comerciantes y los transportistas no pueden hacer proyecciones respecto de sus negocios; no pueden sacar sus cuentas para saber el costo de explotación por hectárea, el rendimiento de un bosque o el traslado de sus productos. Todo está relacionado con el alza de los combustibles.	No reclamamos sólo por el alto precio de los combustibles, sino también por sus consecuencias.	El Gobierno ha expresado que está haciendo un gesto heroico, porque el erario dejará de ganar 240 millones de dólares con el Fondo de Estabilización; pero recibe 1.600 millones de dólares por concepto de impuestos a los combustibles. En consecuencia, en lugar de proponer soluciones de parche, que duran un corto tiempo, debe bajar el impuesto a los combustibles, pues es la única manera de estabilizar las alzas que sufrimos todas las semanas.	Ésa no es una utopía de los diputados de gobierno, de la oposición, o de la gente del transporte, sino de todos los que necesitan de los combustibles para trabajar. Es posible bajar esos impuestos por una razón muy simple: fueron creados para el mantenimiento de las carreteras; pero hoy éstas son concesionadas y se paga peaje por utilizarlas, por lo que no se justifica mantener dichos impuestos.	Además, debemos considerar otra situación: el vehículo ya no es propiedad exclusiva del primer y segundo quintil. Hoy, todo el mundo tiene vehículo, porque sus precios van desde los 300 mil pesos hasta varios millones de pesos. Es decir, cualquier persona que trabaje y se esfuerce para dar un mejor pasar a su familia, puede comprar un vehículo. Sin embargo, con los precios actuales de los combustibles, ese vehículo debe quedar estacionado en la calle, lo que es una aberración, porque cuando la gente surge, quiere disfrutar sus bienes, pero con estos precios no puede hacerlo.	No sigamos dándole más vueltas al tema, ya que lo único que debemos hacer es bajar los impuestos.	Por otra parte, se nos dice que el precio de la libra de cobre bajó a 3,05 dólares, pero recordemos que el presupuesto de la Nación se estableció con un precio de alrededor de un dólar la libra de cobre; es decir, hay más de un ciento por ciento de excedentes.	Curiosamente, al que menos le importa el alza de los combustibles es al quintil más alto, porque lo puede pagar: el alza no le afecta. Pero no sucede lo mismo con el taxista o con el dueño de un tractor, de un camión o de un bus, porque a ellos les afecta mucho. Por eso estamos defendiendo a la clase media. ¡El Estado se defiende solo, pues ha subido los impuestos en otros productos!	Por lo tanto, el verdadero sacrificio que le estamos pidiendo al Estado -ni siquiera debiéramos llamarlo así- es que baje el impuesto a los combustibles de una vez por todas. Ése debiera ser el tema y no seguir discutiendo lo mismo el día de mañana.	Nos conformamos con estabilizar el precio de los combustibles en 600 pesos. Chile, cuyo ingreso per cápita es menos de la mitad que cualquier país europeo, figura como el cuarto país del mundo con los combustibles más altos. En Estados Unidos, con 25 mil ó 30 mil dólares de ingreso per cápita, el precio es de alrededor de 400 pesos. En Chile, con 10 ó 12 mil dólares de ingreso per cápita, el precio del combustible es de 700 pesos. Eso significa que un chileno que gana 120 mil pesos sólo puede comprar alrededor de 150 litros de combustible. Ésa es la triste realidad.	¡Hablémosle a la gente con cifras que entienda! ¡Basta de guarismos! ¡Qué le importa a la gente si se dice que se reemplazará el guarismo 3 por el guarismo 6! Lo único que les interesa es que bajen los combustibles.	Ésa es la lucha que tenemos que dar todos. Pero nos encontramos con la tozudez del Gobierno que, según leí en la prensa, dice que no modificará el sistema tributario de los combustibles. Entonces, ¿qué sacamos con aprobar proyectos de acuerdo, como el del diputado Aedo, o con discutir y hablar sobre estos temas en nuestros distritos? ¿Qué sacan los diputados de la Concertación con criticar a su propio Gobierno por estas alzas, si en definitiva no se consigue nada concreto?	Prefiero que hagamos menos críticas, pero que los combustibles tengan un precio razonable. Ésa es la pelea que tenemos que dar ahora.	Como el ministro de Hacienda se encuentra en la Sala, me gustaría que nos explicara la razón por la cual el Gobierno no quiere modificar el impuesto específico a las gasolinas. Nos interesa conocer esa razón y queremos que nos la diga directamente el señor ministro y no enterarnos por los diarios.	Entonces, antes de continuar con este debate, que el ministro no diga cuál es esa razón, porque aunque estemos varias horas debatiendo estas materias, al final lo que se impone es la palabra del Ejecutivo. Nosotros -es bueno que la gente lo sepa- no tenemos ninguna facultad para modificar el impuestos o el precio de los combustibles, así que nos encontramos dando palos de ciegos. Vamos a quedar bien con la ciudadanía por diez minutos, pero la gente verá con desilusión que el precio de los combustibles no baja.	Por eso, antes de seguir expresando nuestro puntos de vista, que todos ya conocemos, me gustaría que el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, nos diga por qué el Gobierno está tan empecinado en no cambiar el sistema tributario de los combustibles.	Me parece increíble que estemos discutiendo estas cosas; pero más increíble me parece que el Gobierno, no obstante los miles de millones que tiene, se siga aferrando a este impuesto tan brutal para toda la clase media y trabajadora de nuestro país.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, es muy fácil pronunciar discursos populistas apelando al impacto que las alzas del crudo tienen sobre el bolsillo de todos los chilenos, no sólo por su efecto en el transporte, sino en toda la cadena de producción. Sin embargo, sabemos que, en nuestra condición de país no productor de petróleo, debemos ser capaces de mantener la paridad con los precios internacionales.	Cada vez que los países han intentado torcer el camino de la realidad en materia económica, generando bolsones artificiales, como ocurrió con la paridad del peso con el dólar en la década de los ochenta, de triste recuerdo para los que vivimos esa crisis, les va mal y su población sufre.	El Ministerio de Hacienda nos propone perfeccionar el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, establecido en la ley N° 20.063. La primera forma de hacerlo es prorrogando la vigencia del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo, para lo cual, mediante este proyecto se inyectarán los recursos que corresponden al saldo acumulado del Fondo vigente al 30 de julio de 2006, constituido por los ingresos financieros de una subcuenta del fondo de compensación del cobre, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de dicha ley, descontados y sumados, respectivamente, los créditos e impuestos aplicados hasta esa fecha.	Al mismo tiempo, se proponen cambios respecto de la operatoria del Fondo para tratar de hacer aún más leve la oscilación de los precios, como sabemos, a raíz de factores “absolutamente predecibles”, como son los fenómenos climáticos en el Golfo de México, que inician las temporadas de huracanes, o las guerras del Medio Oriente. Eso impacta fuertemente sobre la disponibilidad del recurso mundial, pero es predecible en la economía mundial y nacional. Quienes somos gobierno debemos tener molestias propias de la incertidumbre de la población, de aquellos que hacen de la parafina su energía y que son los que tienen menos. 	Estamos en condiciones de corregir, pero hagámoslo a tiempo; hagámoslo adecuadamente, antes de que se provoque un problema nacional. La economía del país nos da para corregir a tiempo. ¿Por qué esperar que los acontecimientos que gravan los presupuestos familiares de todos los chilenos lleguen a discusiones propias de crisis que no estamos viviendo pero que a veces con un manejo inadecuado las provocamos? 	En lo que sí creo que debemos avanzar -probablemente no sea en este proyecto de ley, pero nos da el espacio para comentarlo- es en el caso de quienes emplean el combustible con fines profesionales, como los transportistas, y agrego a los agricultores, que requieren de petróleo para hacer funcionar su maquinaria agrícola. 	Ojalá que en las indicaciones, que voy a leer con más detenimiento, sean considerados los agricultores, quienes producen los alimentos de Chile. 	Al respecto, quiero mencionar la experiencia de varios países de la Unión Europea, como Francia, Alemania y España, entre otros. Allí, sin ninguna clase de complejos, los estados se encargan de entregar subsidios para un precio preferencial, para lo que se denomina combustible profesional, a fin de no perjudicar ni minimizar los márgenes de ganancias de trabajadores por cuenta propia, que viven siempre en una situación económica bastante desmedrada. 	Hay que avanzar con decisión en esta materia, tratando de focalizar los sectores a los cuales hay que aliviar, y no generando rebajas generales que, al final, suelen ser muy regresivas, porque benefician a los que emplean más combustible con fines suntuarios, lesionan los intereses de los sectores populares y alteran las variables económicas que les permiten participar en la economía nacional al tener acceso al crédito a tasas de interés razonables. 	Hoy, al lado del voto favorable, debería haber un voto paralelo de molestia. 	Creo en la autoridades de Hacienda, porque ellos entienden que la economía es una ciencia al servicio de las personas y no al servicio de las escuelas económicas o de postulados dogmáticos, pero quiero expresar la molestia por la tardanza de una situación que debió haberse corregido tiempo atrás y a tiempo, para no provocar las discusiones que hoy estamos escuchando, incluso en el Parlamento, de algo que debiera ser de consenso total. 	La ciudadanía está inquieta, porque nuestras autoridades de la hacienda pública no corrigieron a tiempo un tema que se veía venir con mucha antelación. 	He dicho. 	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. 	El señor DITTBORN.- Señor Presidente, hace algunos meses hicimos un vaticinio desde la oposición, en el sentido de que las bencinas llegarían pronto a 700 pesos el litro a público, si es que el Gobierno no tomaba cartas en el asunto.	Nos dijeron que éramos agoreros y que ésta era una campaña del terror. Sin embargo, el próximo lunes las bencinas superaran largamente los 700 pesos el litro en las grandes ciudades, pues ya hemos sido informados de que en localidades pequeñas del norte y del sur del país el precio ha llegado a 800 pesos el litro.	¿Qué hace el Gobierno frente a esta situación? Nos manda un proyecto que corrige en aspectos muy menores el actual Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Es decir, el Gobierno equivoca el diagnóstico de la situación, porque el problema actual que enfrentan los chilenos no es la alta fluctuación del precio de los productos derivados del petróleo, sino el nivel que han logrado los precios derivados del petróleo refinado a público. ¡Ése es el impacto que la gente está sufriendo!	Los precios no han fluctuado. Incluso, me di el trabajo de revisar a cuánto ascendían los precios a público en las distintas épocas en que el Gobierno ha implementado el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, y los resultados son los siguientes. 	En 1991, bajo el Gobierno del Presidente Aylwin, se creó el primer fondo de estabilización. ¿Saben cuánto costaba la bencina a público en ese momento? 154 pesos el litro. En 2000, año en que se corrige ese fondo de estabilización, porque se usó políticamente el año 99 en la elección del Presidente Lagos, la bencina costaba 322 pesos el litro. Hoy, cuando se está corrigiendo, cuesta más de 600 pesos el litro.	En verdad, uno podría pedir al Gobierno que no cree más fondos de estabilización, porque mientras más crea, más sube el precio de la bencina. 	Pero el problema no es la fluctuación de los precios, sino el nivel. ¿Cuál es la única manera de bajar el nivel de los absurdamente altos precios de los combustibles que hay en Chile, uno de los más altos del mundo? Disminuyendo el impuesto específico a los combustibles. Para ello los diputados de la Alianza presentamos ayer una indicación en la Comisión de Hacienda.	De los 700 pesos que hoy paga un chileno por bencina, aproximadamente 300 pesos corresponden a impuesto. Son tres: primero, el impuesto específico a los combustibles, que es de casi 200 pesos por litro; segundo, el IVA, y el tercero es el arancel aduanero, la suma de los cuales agrega 300 pesos por litro. Es decir, el señor ministro, sin hacer nada, sentado en su oficina recauda 300 pesos por litro de bencina. 	Como me decía un taxista amigo mío, lo caro en Chile no es la bencina, sino los impuestos. La bencina sin impuestos costaría hoy a público -es bueno que los chilenos lo sepan- 400 pesos el litro. Con impuesto sube a 700 pesos.	Por lo tanto, el Gobierno nos manda un proyecto que no significa nada. O sea, les doy firmado que este proyecto que se va a aprobar hoy y el impacto que va a tener en los bolsillos de las personas será cero. El precio de los combustibles va a seguir en el nivel actual.	Me alegra mucho que ayer, por primera vez en la Comisión de Hacienda, los diputados de la Concertación también se unieran al clamor popular de bajar el impuesto a los combustibles, lo cual es una buena señal. Durante 16 años se habían negado a esto y ayer lo aceptaron. De hecho, algunos diputados de la Concertación presentaron una indicación en ese sentido, la que tampoco fue aprobada, debido a que, lamentablemente, fue declarada inadmisible, dado el ordenamiento constitucional que tenemos.	Algunos ministros de Hacienda, no el actual -específicamente el anterior-, intentaron convencer al país de que bajar los impuestos es un subsidio. ¡Eso es absolutamente erróneo! ¡Bajar impuestos no es un subsidio!	En Estados Unidos o en Argentina el precio de la bencina al público es muy inferior al que tiene en Chile. ¿Alguien podría decir que en esos países se subsidia a los consumidores de combustible? No, simplemente, el impuesto es muchísimo más bajo.	Quiero recordar a los chilenos que nos escuchan que cuando la Concertación asumió el poder, en 1990, hace 16 años, el impuesto específico a los combustibles era de 2.5 UTM por metro cúbico; en plata de hoy, aproximadamente, 80 pesos el litro. En la actualidad, llega a 200 pesos. O sea, este Gobierno es muy bueno para aumentar los impuestos, pero cuando se producen hechos como los que estamos viviendo, no tiene sensibilidad alguna para disminuirlos.	Ahora, ¿cuáles fueron los argumentos que ayer dio el ministro en la Comisión de Hacienda para no bajar el impuesto a los combustibles? Básicamente, dos, y en mi opinión, muy pobres.	El primero fue que el impuesto específico a los combustibles en Chile es de los más bajos del mundo. Mostró una larga lista de países, alrededor de cien, y dijo que nuestro país estaba en el lugar setenta y tanto, si no me falla la memoria. Es decir, que prácticamente teníamos que darnos con una piedra en el pecho y estar felices porque el impuesto que pagábamos acá estaba entre los más bajos del mundo.	Ése es, ciudadanos del país, el argumento que nos da el ministro cuando le pedimos que baje el impuesto a los combustibles. Me parece insólito.	En segundo lugar, el ministro nos expresó que era mala idea bajar el impuesto a los combustibles, porque es un tributo que paga en mayor proporción la gente más rica. Por lo tanto, si se rebaja, será ella la que en gran medida se beneficie.	En ese aspecto, el ministro tiene mal sus cifras, porque hoy el auto no es un elemento de lujo, al que sólo tengan acceso los ricos. Aún más, la gente de clase media es la que ocupa el auto para trabajar. En consecuencia, para ellos es mucho más grave y dañino el alza del impuesto a los combustibles. Los ricos podrán tener auto, pero lo usan para pasear; en cambio, la gente de clase media, el taxista, la persona que lleva escolares al colegio, los camioneros, los fleteros en general, lo usan para trabajar. Por lo tanto, el impuesto a los combustibles los afecta con mucho más fuerza que a los ricos.	Ocurre lo mismo con la gente que utiliza la locomoción colectiva, la que hoy vio incrementado el pasaje en veinte pesos debido al aumento del precio de los combustibles y a la absoluta inoperancia demostrada por los mecanismos diseñados por el Gobierno para superar esta situación.	En resumen, el panorama es absolutamente pesimista. Este proyecto nada significará en la vida de los chilenos. Los precios de los combustibles seguirán en el nivel actual y no habrá ningún impacto favorable. El Gobierno demuestra absoluta insensibilidad frente al tema. Argumenta que los impuestos establecidos en Chile son bajos en relación con los que se pagan en otros países del mundo. El ministro todavía cree que el auto es un elemento que sólo utilizan los ricos y que, por tanto, la baja del impuesto a los combustibles es algo que sólo les favorecería en mayor medida a ellos.	En verdad, estoy totalmente triste y decepcionado respecto del tema, porque los chilenos seguirán pagando los precios de locos que existen y el Gobierno de la Concertación demuestra cero voluntad política y cero sensibilidad para ir en ayuda de los chilenos afectados por estos precios de locos de los combustibles.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, ocupó sus diez minutos.	Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.	El señor QUINTANA.- Señor Presidente, me pregunto qué pasaría si no se prorrogara el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo en las actuales condiciones del país, que también existen en el mundo entero. Estados Unidos, por ejemplo, está utilizando una parte significativa de sus reservas. 	Además, si queremos ser serios, no nos podemos comparar con Venezuela, pues allí alguien tendrá que pagar finalmente el precio del combustible. 	En Chile, siempre nos hemos sentido orgullosos de hacer bien las cosas, y en este caso, debemos pensar cómo evitar que las altas fluctuaciones en el precio del combustible no las sufran los consumidores. No es fácil hacer que los eventuales beneficios lleguen de forma separada a los sectores más modestos de la población, de manera que se ha estimado necesario establecer diferencias. Con esto, la Presidenta Bachelet da cumplimiento a la medida que anunció el pasado 21 de mayo. Al respecto, hay que recordar que hace poco aprobamos el otorgamiento de un bono de 18 mil pesos a las familias de menores ingresos, que empezará a regir el 1 de julio próximo, con un costo total de 43 millones de dólares. Esas son políticas fiscales serias y que apuntan a los sectores más necesitados. 	Sólo un sector minoritario, taxis y colectivos, resulta claramente perjudicado con estas fluctuaciones de precio, porque la inmensa mayoría del transporte público utiliza petróleo, en cuyo caso el impuesto específico es de 50 pesos.	No corresponde hacer valer argumentos para presentar esta medida como si fuese lo peor, cuando el proyecto va a ser aprobado.	Hace dos días, la Comisión de Obras Públicas recibió a representantes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, quienes manifestaron su conformidad con la indicación que dio a conocer a la Sala el diputado José Miguel Ortiz, que tiene que ver con la recuperación parcial del impuesto específico, que se eleva del 20 al 25 por ciento, lo cual constituye una herramienta para impedir que el alza de precios de los combustibles se traspase a los usuarios. Es una medida adecuada que satisface plenamente a los transportistas de nuestro país. 	No contar con el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, como parece ser el deseo de algunos diputados de la Oposición, significaría que los precios no tendrían ninguna variación. En cambio, a partir de ahora serán, en promedio, 23 pesos más bajos todo el año. No tenemos otro camino. Sé que muchos diputados querríamos rebajar el impuesto específico, sin que ese subsidio se dispare hacia los sectores de altos ingresos, pero no es posible hacerlo dadas las actuales condiciones del país. 	Tampoco debemos desconocer que el precio del dólar tiene incidencia directa en el alza de los combustibles, pues el valor del petróleo se fija en dólares y,por ende, influye en su precio. 	Insisto, en esta materia no debemos compararnos con Venezuela, sin considerar la realidad de nuestro país. Aquí el petróleo es escaso y, en consecuencia, se deben tomar medidas, como el bono que se entrega a las familias de menores recursos, con el objeto de paliar el mayor gasto por el alza de los combustibles. 	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.	El señor MONCKEBERG.- Señor Presidente, la opinión pública tenía una idea bastante clara de que el objetivo del gobierno anterior era ir poniéndole fin al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y de eso ha quedado constancia en varias declaraciones públicas de las autoridades de la época. Sin embargo, eso ya es pasado; no ocurrió. Ahora, el Gobierno quiere perpetuar un mecanismo que, sin duda, no es la mejor solución para el objetivo que todos buscamos.	Quiero recalcar un aspecto del que aquí algo se ha dicho, pero sobre el que creo importante insistir.	No creo que con las modificaciones que establece el proyecto el Fondo siga siendo igual, sino que empeora, con lo cual se pierde una oportunidad notable para corregir algunos problemas que presenta.	Desde el momento en que se agrega mayor discrecionalidad en la fijación de los parámetros, surge un grave riesgo para la política de estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo. La ley vigente establece un diferencial de refinación fijo para el cálculo de los precios de referencia, pero al redefinir el precio de paridad se agrega mayor discrecionalidad y amplitud a la autoridad encargada del tema.	Sin embargo, lo más riesgoso -no me explico por qué no se corrigió, a pesar de que se insistió varias veces en el punto- es la posibilidad sin límites que tiene Enap de entregar subsidios, lo cual, evidentemente, pone en riesgo la estabilidad. Lo peor del caso es que no lo hace a través de lo que uno podría esperar, es decir, del gasto corriente, mecanismo que permitiría discutir la mejor forma de gastarlo, de cuánto entregará Enap y si significará la mejor rentabilidad social que se puede dar a los recursos, sino que se hará simplemente a través de menores ingresos. En la actualidad, nadie tiene idea de cuál es la contribución real que hace Enap.	Quizás el único cambio positivo del proyecto es que dispone que la Dirección de Presupuestos deberá informar el saldo de la cuenta de Enap en materia de subsidios. Pero me parece que es una política tremendamente equivocada establecer una intervención de Enap sin límite en la entrega de subsidios, más aún cuando éstos se establecen como menores ingresos y no como lo que efectivamente son: gastos corrientes.	No quiero insistir en lo que aquí se ha dicho, pero es evidente que todos los balances conocidos en los últimos tiempos y la opinión de distintos economistas aparecidas en la prensa apuntan en la misma línea, en que debe haber distintas fórmulas de desgravación del impuesto a los combustibles, pero que no se justifica un fondo de esta naturaleza con impuestos tan altos.	Dejémonos de dogmas. Es evidente que nadie es poseedor de la verdad. Me parece que el Gobierno está actuando con mucha terquedad al no escuchar la voz de distintos economistas y técnicos que señalan que no tiene justificación alguna financiar un fondo de esta naturaleza y mantener los impuestos tan altos. Sin embargo, el Gobierno una vez más no escucha a la gente ni a los técnicos y se sale con la suya con esta iniciativa.	En consecuencia, no podemos apoyar una iniciativa de esta naturaleza, porque, además -reitero- se perdió la posibilidad de corregir algunos problemas técnicos que habrían mantenido el fondo en un mejor nivel.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.	El señor JARPA.- Señor Presidente, es difícil referirse al proyecto en discusión cuando lo que se espera es que bajen los impuestos. Sin embargo, quiero señalar que la gran discusión que aquí se ha planteado es que el impuesto específico de 1,5 unidades tributarias mensuales por el petróleo y de 6 unidades tributarias mensuales por la gasolina, no está cumpliendo su función de ir a los caminos. Lo importante es revisar las cifras. El aporte que hoy se entrega en impuesto específico es de 1.500 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones de dólares provienen de la gasolina, y 500 millones de dólares del impuesto al diésel.	Los gastos en vialidad, sin considerar las obras concesionadas, alcanzan los 800 millones de dólares; en la adopción de medidas para mejorar el medio ambiente, 100 millones de dólares; en vialidad, a través del Serviu, 80 millones de dólares. O sea, se ocupan 980 millones de dólares en vías estructurales para los vehículos y en mejorar el medio ambiente. 	El Ministerio de Obras Públicas gasta 1.800 millones de dólares; o sea, más de los 1.500 millones de dólares que hoy se entregan por impuesto especifico.	Ése es el aporte en cifras del impuesto específico, y cómo se gasta en el país.	Ahora, ¿cómo se entrega este aporte específico? En diésel, los 500 millones de dólares lo aportan los transportistas. No debemos olvidar que de ahí, ellos tienen el 5 por ciento del IVA, lo que representa aproximadamente una rebaja de 4,9 por ciento.	En cuanto al impuesto específico de la gasolina, de 2 mil millones de dólares, 650 millones de dólares los aporta el primer quintil. El último quintil sólo aporta 13 millones de dólares. 	No debemos olvidar que este Congreso aprobó un bono cuyo costo alcanzó los 41 millones de dólares.	Estamos preocupados por el tercer quintil, que aporta 83 millones de dólares. 	Ésas son las cifras, cómo se obtienen y cómo se gastan.	Sin embargo, hay un tema muy importante a cuyo análisis invito a los integrantes de la Alianza, porque si bien es cierto, algunos de estos recursos van al erario, creo que es necesario realizar una reforma tributaria, porque si el Estado no tiene los dineros suficientes, no va a poder llevar a cabo el gasto en protección social que requieren los más necesitados.	Como médico, debo decir que, si hay algo que efectivamente ha llegado a todas las clases sociales, especialmente a la clase media, es el plan Auge. El incremento de ese plan durante el 2006 alcanza los 160 millones de dólares. Ésos son los números.	Pero no puedo dejar de lado mi preocupación por el transporte, especialmente por el de los taxis colectivos. 	Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas y Transportes, con el objeto de que estudie la posibilidad de que quienes tienen taxis colectivos que funcionan con gasolina, puedan transformar sus motores en petroleros, sin necesidad de que disminuya en algunos años la vigencia de sus patentes.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.	El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, el proyecto apunta en el sentido correcto, pues va a estabilizar los puntos álgidos o los excesos que se produzcan en un momento determinado en la curva de precios. Sin embargo, no apunta al problema de fondo; es decir, a los impuestos a los combustibles.	Ayer, en la Comisión, el ministro de Hacienda entregó un documento que indica que, durante el último tiempo, el efecto positivo del fondo respecto de la bencina había sido de 23 pesos. Con las actuales alzas, esos 23 pesos pueden ser el alza de una sola semana. Pero esto pasa a ser insignificante respecto de la realidad del país.	Eso lo podemos comparar con un incendio. Mientras se quema la casa nos reunimos para analizar qué tipo de manguera podemos comprar para apagar ese incendio. Finalmente, cuando lleguemos con la manguera no se podrá trabajar como corresponde en esa urgencia.	Sin duda, ésta es una medida bastante tardía y que, en definitiva, no apunta al problema de fondo.	Por otro lado, valoro la decisión de incorporar una indicación al proyecto con el fin de darle al transporte terrestre una prórroga de un año para recuperar el 25 por ciento del impuesto específico. Eso se planteó ayer en la Comisión, ya que los transportistas estuvieron con nosotros en las distintas reuniones.	La indicación es positiva y vamos a darle nuestro apoyo.	Pero, analizando el tema de fondo, no puedo dejar de recordar que en septiembre del año pasado, el Presidente Lagos aseguró que la bencina no superaría los 700 pesos.	Tengo la prensa de esa fecha, donde el Presidente Lagos dice textualmente: “He leído tantas veces en la prensa que la bencina va a estar en 700 pesos, que no me extraña volverlo a ver hoy día. Pero el país -escuchen colegas lo que dijo el Presidente Lagos- puede estar tranquilo de cómo hacemos las cosas.”	La verdad es que hoy el precio de la bencina está bastante por encima de los 700 pesos, lo que no tiene tranquilo al país. 	Tenemos que recoger no sólo las opiniones y las indicaciones que hemos presentado como diputados de la Alianza, sino también valorar y entender lo que están solicitando los parlamentarios de la Concertación.	Ayer, en las Comisiones unidas de Hacienda y de Minería hubo dos indicaciones que van en ese mismo sentido. Es decir, rebajar el impuesto específico de los combustibles. 	Eso es lo que queremos pedir al señor ministro y al Gobierno, que entiendan el clamor del país. En este Congreso no somos representantes de la Presidenta de la República, somos representantes del pueblo que solicita al Gobierno medidas concretas.	También encuentro bastante justo que la recuperación de un porcentaje del impuesto específico se le haga extensiva también al transporte de pasajeros de taxis y de taxis colectivos. ¿Por qué un gremio puede recuperar un porcentaje de los peajes y en el caso de la locomoción colectiva menor, como son los taxis colectivos y taxis, no pueden recuperar un porcentaje de los impuestos específicos de la gasolina o el diésel?	Creo que es justo. Por ello, tenemos que trabajar en ello y solicitar al Gobierno que actúe con medidas concretas. De lo contrario, será tarde, y las consecuencias las estamos viendo cada uno de nosotros en nuestros propios distritos.	Hoy, mucha gente camina hacia su trabajo para ahorrarse el pasaje, por lo cual sale mucho más temprano desde su casa. El efecto que tiene hoy en cualquier trabajador el costo del transporte es atroz, y cada día va a ser peor. Y si no hay medidas concretas, todo esto lo va a pagar la gente más humilde.	Tengo que rescatar lo que decía el diputado Dittborn. Quienes tienen un vehículo no son ricos. Los ricos no necesitan que les rebajen los impuestos específicos; es la gente de clase media y el pueblo que ha tenido acceso a un vehículo.	Por eso, en el mejor sentido de la palabra y con el mejor espíritu, le decimos al Gobierno que escuche al Congreso Nacional, porque creemos que ha llegado el momento definitivo de rebajar los impuestos específicos, como lo planteamos en una indicación que se ha repuesto, de bajar en el caso de la bencina el guarismo de “6” a “3”.	Por lo tanto, quiero anunciar mi voto de abstención en la votación general del proyecto y, obviamente, aprobaré la indicación, en el sentido de prorrogar por un año la vigencia y ampliación de la rebaja parcial del impuesto específico que se entrega a los transportistas de carga.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Antonio Leal.	El señor LEAL.- Señor Presidente, tenemos que focalizar bien lo que estamos discutiendo. No hay ningún mecanismo en el mundo que pueda aliviar el aumento del precio del petróleo y de los combustibles, cuando éste supera los 70 dólares el barril. 	Todas las medidas que se tomen van a atenuar, a amortiguar, pero, en definitiva, ninguna de ellas puede hacerse cargo de una tendencia internacional que tiene múltiples motivaciones, donde influye el aumento del precio del petróleo. Incluso, ayer en la Comisión nos preguntábamos cuánto influye la guerra de Irak, cuyo país tenía una participación en el mercado mundial de cuatro millones de barriles diarios, y hoy prácticamente esté fuera, o con 1 millón 800 barriles. Eso influye de manera determinante. ¿Cuánto influyó que Venezuela, que aporta 2 millones de barriles, durante un período haya producido 600 mil barriles? Todo esto tiene que ver con el aumento del precio del petróleo. Al mismo tiempo, está el mayor consumo mundial de este elemento, derivado del crecimiento de las economías asiáticas. 	Pero conjuntamente con eso, el precio de los combustibles en nuestro país y en el mundo -en todas partes es muy alto- se ve afectado también por el aumento de su precio. Dado que nuestros mercados de referencia esencial son el Golfo de México y el norteamericano, éste último tiene vaivenes, fluctuaciones del precio de los combustibles que, muchas veces, va más allá del aumento que experimenta el precio del petróleo propiamente tal. En estos días, curiosamente el mayor aumento no se debe al aumento del precio del petróleo, sino de los combustibles y al aumento del valor del dólar en el mercado nacional, que tanto muchos presionamos y presionaron para que los exportadores no se vieran dañados. Pero cuando se tiene un dólar a 550 pesos, eso hace subir el precio de los combustibles en moneda nacional, lo que afecta también a los usuarios.	Por lo tanto, no nos imaginemos una situación ideal de encontrar un mecanismo que amortigüe plenamente el alza de los combustibles cuando el precio del petróleo está a 70 ó más dólares el barril, y cuando ésta es una tendencia del mercado internacional que, probablemente, nos va a perseguir por un buen tiempo. De manera que estas medidas son de mitigación. Se podrán rebajar los impuestos, pero no hay ninguna duda de que el aumento en los precios del petróleo, de los combustibles, del dólar, se va a comer rápidamente lo que significa la disminución de los impuestos locales en la economía nacional.	Dicho eso, valoro que el Gobierno haga dos cosas.	Primero, que reponga la ley del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, puesto que la vigencia de la anterior llega a su fin el 30 de junio. Por eso, necesitamos una nueva ley.	En segundo lugar, valoro el hecho de que se introduzcan algunas modificaciones que, si bien no contribuirán a aliviar de manera significativa la situación por la que atraviesan los usuarios, permitirán generar un mayor y más oportuno crédito en cuanto a determinar de mejor forma los mercados de referencia y la vigencia de los precios de referencia y de paridad, a fin de que la información sobre la evolución del Fondo sea más transparente.	Creo que las modificaciones a este Fondo son positivas, ya que permitirán que funcione de mejor forma que el que hemos tenido durante estos años, en el cual se han gastado 65 millones de dólares. Por tanto, está en un error quien sostenga que el Estado no está aportando recursos, porque -reitero- ha aportado 65 millones de dólares a este Fondo de amortiguación del aumento del precio de los combustibles.	Sin embargo, creo que ha llegado el momento de abordar el tema tributario en materia de combustibles. Así lo hemos hecho presente en la Comisión varios diputados de Oposición y de Gobierno, aunque con distintos matices.	Tengo aquí la opinión de analistas como José Ramón Valente, Joseph Ramos, de la Universidad de Chile; Christian Johnson, de la Universidad Adolfo Ibáñez; Erick Haindl, de la Universidad Gabriela Mistral; Ernesto Fontaine, de la Universidad Católica, y todos coinciden en una solución bastante explosiva. Ellos dicen que entienden que es difícil que el Estado renuncie a los 1.600 millones de dólares que recauda por concepto del impuesto específico a los combustibles. La mayoría de ellos propone una fórmula que, desde el punto de vista político, es explosiva: dado que al diésel se le aplica un impuesto de sólo 1.5 unidades tributarias y al resto de los combustibles, como las gasolinas, 6 unidades tributarias, hagamos una operación de reequilibrio que signifique aumentar el precio del diésel y bajar el de las gasolinas. En efecto, existe una tremenda disparidad en el precio del diésel, que, como los colegas saben, es el combustible más contaminante, debido a lo cual es necesario gastar más recursos. Además, en relación con dicho combustible está el hecho de que los automóviles más caros, que pertenecen a los sectores más altos, están concentrados en este mercado. Por tanto, no es casualidad que dichos expertos hayan entregado esa señal. Sin embargo, repito que es una señal muy compleja, desde el punto de vista político. 	Por eso, el Ejecutivo presentó una indicación, que fue aprobada por los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, se podría decir, al borde de la legalidad. Saludo a los colegas que tuvieron esa actitud, porque se incorpora en el proyecto un aspecto que tiene que ver con otro tema: la mantención del descuento del 20 por ciento del impuesto a los transportistas de carga y de pasajeros, medida muy importante para ese sector. 	Pero, ¿qué hacemos con el resto? Creo que la opinión que hoy tienen automóvil sólo los sectores más ricos o pudientes del país es errónea. Es cierto que el consumo del 65 por ciento de los combustibles se concentra en el 20 por ciento de las personas más ricas y que hoy tiene un automóvil sólo el 30 por ciento de la población; pero también es cierto que el aumento del precio de los combustibles, tanto del diésel como de las gasolinas y, en particular, del querosén, provoca un gran impacto en la población, porque afecta, entre otros, a los dueños de colectivos, taxis y vehículos de transporte escolar, gente que trabaja y vive de su automóvil, la cual hoy se encuentra en una situación de extrema dificultad.	Por esa razón, hemos planteado al ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, que, conjuntamente con el Fondo, se estudie lo que podríamos denominar un impuesto móvil que opere contracíclicamente respecto de los vaivenes del precio del petróleo y de los combustibles. Es decir, que se fije una banda sobre la base de un determinado precio del petróleo y de los combustibles -factor esencial-, estimada a largo plazo, y cuando los precios -que tienen que ver con el refino, con el valor del dólar y con un conjunto de factores- superen esa banda, que opere una fluctuación automática de rebaja del impuesto, en un porcentaje determinado por el poder Legislativo en conjunto con el Ejecutivo.	Ahora, cuando los precios tiendan a bajar, vuelve a recuperarse el impuesto; por eso hablamos de un impuesto móvil. Conozco la dificultad que se le presenta al Ministerio de Hacienda con esto -la tienen todos los ministerios de Hacienda del mundo-, porque si renuncia a un tributo, es probable que no lo recupere nunca más. 	Entonces, la propuesta es establecer un impuesto móvil, automático, sobre la base de bandas, que actúe contracíclicamente respecto de los vaivenes del mercado. Esto podría permitir que el usuario -que es el que nos preocupa- reciba un beneficio mucho mayor que el que actualmente le entrega el Fondo. Hay que tener presente que, cuando a un usuario le cobran 700 pesos, 300 pesos corresponden al impuesto específico, expresado en UTM. Con una banda móvil podríamos regular la situación. No dispongo de tiempo suficiente para entrar en detalles, pero se lo explicaremos técnicamente al ministro.	Espero que el Gobierno acoja y estudie esta propuesta, más allá del Fondo, que, por cierto, votaré favorablemente, porque me parece muy importante para los usuarios y para la economía del país.	He dicho.	El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.	El señor MULET.- Señor Presidente, sin duda, esta discusión es muy relevante para la ciudadanía y, en general, todos los diputados que han intervenido han fijado posturas legítimas y razonables.	Percibo cierto consenso o acuerdo mayoritario en el Congreso Nacional para revisar el impuesto específico a los combustibles que, como todos deben saber, es un gravamen fijo, que tiene que ver más con el volumen que con el precio de los combustibles. No hay que confundirse; debemos tener claro que cuando sube el valor de los combustibles, no sube la recaudación por concepto del impuesto específico, porque se pagan 6 unidades tributarias mensuales por metro cúbico de gasolina, independientemente del precio que tenga en Chile o en los mercados internacionales, y, en el caso del diésel, entiendo que 1,5 unidades tributarias mensuales por metro cúbico. 	De manera que cuando sube el valor de los combustibles, no hay más recaudación tributaria, no engordan las arcas fiscales vía impuesto específico. Es preciso tener claro esto. Sí se produce una recaudación más alta por concepto del IVA, que aunque es menor en relación al impuesto específico, genera una mayor recaudación.	Pero en esta discusión, me asalta una duda. Se ha señalado que una rebaja del impuesto específico a los combustibles conllevaría una menor recaudación tributaria. Eso es obvio, y así lo señaló ayer el ministro. Se lo escuché personalmente en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Minería y Energía.	Por otra parte, también he escuchado la afirmación del mismo ministro de que el aumento del valor de las gasolinas, el diésel y el querosén, en general, impacta fuertemente la actividad económica, lo que implica que, de una u otra manera, ésta se ve disminuida. Es decir, hay un impacto fuerte en nuestra economía.	Entiendo que las dos afirmaciones son ciertas -qué duda cabe-; pero si las autoridades de Gobierno han hecho tales afirmaciones, la conclusión es que debemos impedir que suba en exceso el valor de los combustibles, y creo que un mecanismo obvio debería ser disminuir el impuesto específico. Así, cuando no opere el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, cuya prórroga propone este proyecto, con algunas modificaciones, o cuando el valor del combustible sobrepase un determinado límite, operaría un mecanismo que implique disminuir el impuesto específico. Por cierto, deben existir ciertos límites.	Nos van a decir que va a disminuir la recaudación por ese concepto. Es cierto; pero si el precio sube en exceso -afirman, y es de sentido común- de una u otra manera, se va ver perjudicada nuestra economía. Es decir, influye.	Entonces, lo razonable, para abordar más a fondo el problema que enfrentamos hoy, es afectar, vía su disminución, el impuesto específico a los combustibles. Creo que el mecanismo que propusimos durante la discusión, a través de una indicación que presentamos los diputados Tuma, Aedo, Leal, el que habla y otros, que fue declarada inadmisible por las Comisiones Unidas de Minería y Energía y de Hacienda, es razonable. Según este mecanismo -lo mencionó el diputado Leal hace un instante- el impuesto específico disminuiría proporcionalmente cuando el precio de los combustibles exceda el más alto precio registrado -según mi propuesta- en el mes de junio. Cada vez que dicho precio sobrepasara el más alto de este mes, se afectaría el impuesto específico, originando con ello una recaudación menor. Ésa es la propuesta.	Ahora bien, si el precio sigue subiendo en demasía, se verá afectada la actividad económica. De manera que lo que hace falta es otra cosa: que exista disposición en el Congreso para ver la manera de compensar, mediante otro tributo -me gustaría escuchar a los parlamentarios que hicieron uso de la palabra-, la menor recaudación que produciría una disminución del impuesto específico. De esa manera, si lo rebajamos para que las gasolinas no excedan determinado precio, tendríamos un mecanismo para que las arcas fiscales recuperaran lo que dejarían de percibir por ese concepto. Lo lógico sería compensar la rebaja de dicho impuesto con otro que fuera lo más progresivo posible. Esto, porque resulta muy fácil plantear una disminución de la recaudación fiscal, sin proponer una compensación. 	Por eso, creo que el problema para alcanzar un consenso radica en qué forma se puede compensar la menor recaudación generada por la disminución del impuesto específico. Si logramos poner un techo al alza desmedida de los combustibles, podríamos evitar producir un daño a la economía, que, de alguna manera, reconocen las autoridades de Gobierno, y un daño directo a la inmensa mayoría de chilenas y chilenos que utilizan un vehículo. Indudablemente, a más recursos y mayor holgura económica, más vehículos en los hogares. Pero, quienes no tienen vehículos se movilizan en microbuses o taxis colectivos, no andan a pie, especialmente, en las ciudades más grandes, y también en las pequeñas como las que represento. En ciudades de 50 mil habitantes, como Vallenar, todo el mundo se moviliza en su auto, en taxis colectivos o en microbuses. Pero las tarifas suben. Entonces, no es un buen argumento del Ejecutivo sostener que, con la rebaja del impuesto específico a la bencina, se beneficia sólo a los sectores más ricos. Eso parcialmente es así, porque el alza también perjudica a los sectores más modestos. Si consideramos que se hace daño a la economía, con mayor razón hay que ver la manera de impedir alzas excesivas en esta materia. Por ahí va la solución.	Mi disposición es apoyar el proyecto de ley, porque no hay otra alternativa. Además, las indicaciones que presentamos fueron declaradas inadmisibles, pero fijaron nuestra postura en las comisiones unidas.	Por último, es fundamental avanzar, de una vez por todas -no se está haciendo con claridad-, en el uso de energías alternativas. Soy miembro de la Comisión de Minería y Energía y, por consiguiente, sé que al respecto hay algunas disposiciones e incentivos, pero son muy tenues. Reitero, debemos analizar de qué manera avanzamos en el uso de las energías alternativas, como el biodiésel, el gas en los vehículos; de energías que reemplacen el uso del diésel en la generación de energía eléctrica, como por ejemplo, la eólica u otras alternativas. Con ello vamos a lograr un doble efecto: empezar a disminuir nuestra dependencia del diésel, que es un producto que tenemos que importar, y encontrar una matriz energética no sólo en la generación de energía, sino en el uso de energía que reemplacen al diésel y a la bencina en el uso industrial y familiar, respectivamente. Es el momento de discutir este punto, en el que hemos avanzado muy poco en los últimos años.	He dicho.	El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Claudio Alvarado.	El señor ALVARADO.- Señor Presidente, después de escuchar las diversas intervenciones respecto de este proyecto de ley, sin lugar a dudas, existe consenso en que el precio de los combustible ha alcanzado un alto nivel, que algunos lo consideran extremadamente alto. El Fondo de Estabilización permite atenuar las variaciones de carácter internacional que no se pueden controlar desde el país y modera las que van hacia arriba.	En esta discusión queda claro que hay una variable interna que sí es controlable por la autoridad económica, la cual dice relación con el nivel de los tributos a que están afectos los combustibles. Considero que ha llegado el momento de empezar a explorar esa opción.	Ayer, en la Comisión de Hacienda se nos dijo que la apreciación internacional es que la tendencia al alza se mantenga por mucho tiempo. Por lo tanto, el llamado, ante ese escenario, es que analicemos cómo, desde el manejo de nuestras políticas internas, contribuimos a que el precio de los combustible no sea excesivamente alto, porque, de alguna u otra manera, afecta el normal desarrollo y la dinámica de crecimiento de la economía.	Además, se nos explicó que, al aumentar el precio de los combustibles, no se recauda más desde el punto de vista del impuesto específico, porque es un tributo fijo, por volumen. Al aumentar el precio, disminuye el volumen y hay menos recaudación. Si queremos incrementar la recaudación, a lo mejor, lo logramos con un nivel de tributos más bajos.	Por eso, además del fondo, que modera el alza del precio de los combustibles, es posible utilizar esta otra herramienta local.	Dicho lo anterior, quiero referirme a la indicación que se presentó en el día de hoy y que dice relación con la consulta que formulé en la Comisión de Hacienda respecto de la recuperación de un porcentaje del impuesto específico por parte de los transportistas, que se estableció hace cinco años, en 2001. No obstante que se recogió el planteamiento hecho ayer, en el sentido de que ella estuviera sujeta a la aplicación de sistemas electrónicos en los cobros de peaje, es un hecho que su prórroga por un año, que soluciona el problema del vencimiento del plazo legal, el 30 de junio, nuevamente vamos a estar discutiéndola en 2007, en esta misma fecha.	En la Comisión de Obras Públicas, cuando recibimos a los gremios, se señaló que las empresas concesionarias no tienen exigencias legales para instalar sistemas electrónicos de cobro de peaje. Por eso, si no las hay, es muy difícil que se vean compelidas a instalarlos, lo cual también conlleva un costo adicional, que no es menor.	Por lo tanto, dado el incumplimiento de la norma impuesta en 2001, soy partidario de que la prórroga se aplique sin condiciones ni exigencias y sea de carácter permanente.	He dicho.	El señor BURGOS (Vicepresidente).- Señores diputados, ¿habría acuerdo para prorrogar el Orden del Día por media hora, a fin de que puedan intervenir todos los diputados que están inscritos?	No hay acuerdo.	El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, ¿vamos a votar las modificaciones al proyecto que crea nuevos escalafones en las plantas de la Policía de Investigaciones?El señor BURGOS (Vicepresidente).- Hay consenso para eso, señor diputado.	Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco.	El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, el proyecto de ley en debate es una de las varias respuestas planteadas por el Gobierno al problema de los combustibles. En este sentido, hay un hecho objetivo, cual es que su precio ha aumentado en los mercados internacionales, situación que podría afectar el bolsillo de la gente y requiere de políticas a seguir.	¿Por qué ha aumentado el precio de los combustibles en Chile?	Hay dos factores primordiales. El primero, es el que acabo de mencionar, que tiene que ver con el precio internacional, y el segundo, es el valor del dólar, que los señores diputados y señoras diputadas conocen muy bien, porque, hace algunos meses, en esta misma Cámara, estuvimos discutiendo proyectos que incidían en el valor del dólar y muchos expresaron su deseo de que subiera, de modo de aumentar la competitividad de la economía.	Pues bien, el Gobierno adoptó medidas, la situación internacional cambió y hoy el valor del dólar es sustancialmente mayor al que tenía en aquella fecha. Por eso, me imagino que los diputados que, en ese momento, manifestaron preocupación, hoy expresarán su satisfacción, porque la situación ha cambiado.	Pero todos sabemos que no hay beneficios que no tengan su lado B. En este sentido, tenemos que ser conscientes de que, si bien el precio del dólar ha aumentado, favoreciendo las exportaciones y el empleo, ello incide directamente en el incremento del precio de los combustibles, en pesos. Como dije, esta es una situación que obedece al cambio en el valor del dólar, cambio que -muchos diputados estarán de acuerdo- favorece a las exportaciones, al empleo y al crecimiento.	Ante el alza internacional del precio de los combustibles el Gobierno ha tomado medidas muy concretas. Una de ellas apunta a favorecer a los que menos tienen, a las familias de menores recursos, y otra, a beneficiar al conjunto de la población, pero, en especial, a los sectores medios. 	La política focalizada hacia las familias de menores recursos -ustedes la conocen muy bien, porque la Cámara la aprobó la semana pasada- es el bono de dieciocho mil pesos que beneficiará, a partir del 1° de julio, a 1.225.000 familias. Por lo tanto, ahí tenemos un beneficio muy claro y focalizado que permitirá que esas familias solventen el incremento en el costo internacional de los combustibles. 	La segunda política concreta planteada por el Gobierno es este proyecto de ley sobre la extensión de la vigencia y el perfeccionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo, que tiene un propósito muy claro, cual es disminuir la incertidumbre que enfrentan las familias respecto del precio de los combustibles. 	¿Qué nos dicen las cifras? Que durante el último año la inestabilidad en los precios de los combustibles ha sido reducida en 40 por ciento gracias a la operatoria del Fondo. Es decir, las familias han tenido que enfrentar mucho menos inestabilidad e incertidumbre debido a que este instrumento ha estado operando. Además, en los períodos de alzas sostenidas, el Fondo ha contribuido a moderar esas alzas. De marzo a la fecha -dependiendo de qué combustibles se trate-, éstos han tenido un precio menor en un promedio de 23 pesos por litro. Por decirlo de otro modo, sin la operatoria del Fondo, por ejemplo, esta semana el alza del diésel habría sido el doble de lo que fue. 	Por lo tanto, tenemos un efecto de moderar las alzas y, otro, de disminuir apreciablemente la volatilidad. Ambos factores redundan en algo muy sencillo: el bienestar de las familias, de los consumidores, de las personas. Por eso, proponemos la renovación de este Fondo.	Al mismo tiempo, queremos perfeccionarlo, porque planteamos introducir aún mayores grados de estabilidad. Para eso -lo dijo con mucha claridad el diputado informante; no me extenderé al respecto-, propusimos perfeccionar el mecanismo mediante el cual se fija el precio de referencia de largo plazo y el mecanismo a través del cual se fija la paridad de importación. 	De nuevo, ¿cuál es el propósito de estos cambios técnicos? Introducir mayor estabilidad, de modo que se otorguen los créditos correspondientes en períodos de alzas inesperadas y así ir en auxilio de las familias con un aporte del fisco y una menor volatilidad de los precios.	Aquí también se plantearon otras alternativas que, según se dice, serían la panacea para enfrentar el alza en los precios internacionales de los combustibles. 	Quiero hacer algunas precisiones en relación con el impuesto específico a los combustibles, porque se dicen muchas cosas al respecto, pero la mayoría son inexactas.	En primer lugar, no es efectivo que cuando el precio de los combustibles sube se incrementa la recaudación fiscal; no es efectivo que esto ocurra vía impuesto específico ni en general. ¿Por qué es esto? Respecto del impuesto específico, la respuesta debería ser cristalina, porque se trata de un impuesto en que se paga un monto por volumen, por litro consumido. Por lo tanto, cuando suben los precios, la gente consume menos, el volumen total comprado es menor y cae la recaudación fiscal por concepto de este impuesto. Tampoco es efectivo que el efecto total, incluyendo a los otros impuestos, beneficie al fisco. Voy a dar dos ejemplos.	El 2000, cuando el precio del crudo era del orden de 28 dólares por barril, la recaudación total del impuesto específico fue de 1,3 por ciento del PIB. Hoy, esa recaudación es de alrededor de un punto del PIB. Si se suman las otras fuentes de recaudación, como los impuestos a las personas, a las empresas, al valor agregado, el resultado total no beneficia al fisco por la sencilla razón de que un mayor precio de los combustibles incide en la actividad económica, y, obviamente, los impuestos dependen de ella. Por consiguiente, todo aquello que incida en dicha actividad y la tienda a reducir, también tiende a disminuir la recaudación fiscal.	En consecuencia, la primera idea de que el fisco se beneficia fiscalmente por distintas vías y, en especial, por el impuesto a los combustibles, es absolutamente inexacta.	En segundo lugar, es importante poner las cosas en perspectivas. Ayer planteaba qué tan alto es el impuesto específico a los combustibles, comparado con el que rige en otros países. Hay un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que compara el nivel del impuesto específico en los distintos países del mundo y, de una muestra de 157 países, Chile es el número 79. Es decir, hay 78 países en el mundo que tienen impuestos específicos más alto que el de Chile.	En tercer lugar, aquí se ha hablado del impuesto específico a las gasolinas y, a continuación, se dice que esto beneficiaría al transporte público, a los microbuseros, a los transportistas en general, etcétera. Esa afirmación también es inexacta, porque es bien sabido que el impuesto específico que se aplica al diésel es muy distinto al de las gasolinas, y casi la totalidad del transporte público consume diésel y no gasolina. Además, a través de la indicación que hoy hemos presentado, se extiende el mecanismo de devolución de 25 por ciento del impuesto pagado por parte de los transportistas. Es decir, hay una serie de beneficios que inciden en el costo del transporte público y que poco o nada tienen que ver con el impuesto a las gasolinas.	Respecto del planteamiento que algunas personas han hecho acerca de un impuesto móvil, el fondo de estabilización que hoy votaremos es precisamente un mecanismo móvil de crédito o subsidio o impuesto, porque, justamente, como ocurre hoy, cuando hay un alza se paga un crédito. Es decir, el sistema que opera en la actualidad, que esperamos se reanude y siga operando mediante la aprobación de este proyecto, tiene exactamente el mismo efecto que un impuesto móvil.	Por consiguiente, aquellos diputados y diputadas que son partidarios de esa idea deberían ver con muy buenos ojos este proyecto, porque su finalidad es precisamente moderar, con el mecanismo descrito, las fluctuaciones de precios de los combustibles a los consumidores.	Finalmente, frente a esta coyuntura delicada en los precios de los combustibles, el Gobierno ha adoptado diversas medidas: La primera está destinada a ir en auxilio de los sectores de menores recursos mediante un bono de 18 mil pesos, que se empezaría a pagar el 1 de julio; la segunda es la prórroga y el perfeccionamiento del fondo de estabilización de precios de los combustibles, que contribuye efectivamente a disminuir la volatilidad de los precios y a morigerar las alzas, y la tercera es la indicación antes mencionada que extiende el reintegro a los transportistas y, por lo tanto, también contribuye a aliviar la situación de ese sector. Estamos hablando de políticas muy concretas: de un Fondo de Estabilización que ha funcionado, que hoy estamos perfeccionando y que tenemos la esperanza de que pronto sea ley.	He dicho.	El señor LEAL (Presidente).- Señoras diputadas y señores diputados, no hubo acuerdo para extender el Orden del Día y, por lo tanto, solicito a la diputada señora Amelia Herrera y a los diputados señores Gonzalo Uriarte, Sergio Correa, Juan Carlos Latorre, Germán Verdugo, Jorge Insunza, Eugenio Tuma y Francisco Chahuán que tengan a bien pedir que se inserte su intervención en el Boletín de Sesiones.	-En conformidad al artículo 85 y cumpliendo con el artículo 10, ambos del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala.	El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, honorable Cámara:	Repercusiones en distintos sectores de la sociedad han tenido las alzas de los precios de los combustibles y con evidentes efectos en ámbitos que debieran merecer una preocupación fundamental del gobierno.	Estas variaciones con tendencia al reajuste en forma periódica, se han convertido en un gran negocios para el Fisco, sin que hasta el momento las autoridades políticas hayan mostrado interés por abordar o revertir la situación.	Es entendible que si en el exterior el petróleo sube de precio este hecho repercuta en nuestro país, ya sea por la inseguridad de Oriente Medio, por la falta de reservas internacionales u otros motivos plausibles, pero es inaceptable la cómoda posición neutral que han asumido nuestras autoridades, sobre todo considerando el beneficio que ha tenido para el Fisco estas alzas en los valores del diésel y de las bencinas, ya que recauda proporcionalmente más dinero por concepto de impuestos. Como datos estadísticos sólo por mayor recaudación tributaria sobre los combustibles el Fisco recibió el año 2000 $ 77 mil millones extra, lo que se descompone en $ 70 mil millones por mayor recaudación de IVA y $ 7 mil millones por aranceles. Ello obedece a que alrededor del 50 por ciento del precio de la bencina corresponde a impuestos, y en el caso del petróleo es una cifra parecida.	En el transcurso del año 2000, el precio de las gasolinas aumentó 70 pesos por litro y ello ocurrió porque la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, traspasó indiscriminadamente los aumentos internacionales del producto al mercado interno. Claramente este año las alzas suman bastante más que aquél año, debiendo suponer que los ingresos del Fisco este año ha crecido en forma proporcional.	Enfrentados a esta realidad en que los más perjudicados son los sectores más necesitados que sufren las alzas de los pasajes y de los fletes con efectos en alimentos básicos, es indispensable que el gobierno comprenda la situación y reduzca definitivamente el impuesto específico, ayudando así especialmente a los cesantes que salen en busca de una ocupación y no disponen de recursos para cancelar sus boletos.	Es urgente esta revisión de los impuestos para crear condiciones de mayor equidad. Como medidas de corto plazo es imperioso que se “insuflen” más dineros al Fondo de Estabilización del Petróleo, destine recursos a la investigación de fórmulas de combustibles alternativos para los distintos procesos productivos y se cree un Comité de Crisis, que debe estar integrado por autoridades de gobierno, parlamentarios, expertos, representantes empresariales y dirigentes gremiales. El sector productivo, especialmente la pequeña y mediana empresa tiene mucho que decir sobre el tema de los combustibles y no ha sido tomado en cuenta, considerando que capta a numerosa mano de obra.	Lo paradojal es que cuando el mensaje que hay que crear las condiciones para que el desarrollo económico llegue a todos los chilenos, otorgando reales igualdades de oportunidades, no se ha enviado ninguna señal a los sectores postergados de cómo se va a compensar las alzas de los servicios y de los alimentos, que han sido afectados por el mercado internacional del petróleo.	En distintos puntos del país se han registrado importantes modificaciones en las tarifas de la locomoción colectiva que han afectado los bolsillos de miles de familias, porque a los precios alcistas de la bencina se han sumado los reajustes de los peajes camineros.	Es comprensible que las autoridades estén felices por la mayor recaudación de recursos, pero debiera revisar la excesiva carga impositiva, porque algunos sectores van quedando desplazados de la actividad económica, ya que no pueden solventar los reajustes permanentes de precio del petróleo.	Una medida definitiva en torno a este tema debiera ser establecer una línea de flotación al impuesto específico, definitivamente. Fijar un monto máximo de este impuesto, para que no se conviertan las alzas en un negocio para el Ejecutivo, en desmedro de los sectores más vulnerables, o terminar con un impuesto que se ha desnaturalizado.	He dicho.	El señor VERDUGO.- Señor Presidente, estimados colegas, quiero señalar algo que me parece -se quiere reconocer o no por parte del Gobierno- va en línea de esta discusión, y es que el Ejecutivo envía a trámite legislativo proyectos de ley cuando los problemas están afectando seriamente el bolsillo de miles de chilenos y no antes que ello ocurra.	Lo digo, porque ayer la Presidenta de la República indicó que los parlamentarios de oposición criticábamos al gobierno sin fundamentos.	Lamentablemente, una vez más, con esta iniciativa, que apoyamos, la Presidenta nos da la razón, y ello es muy simple, el proyecto que hoy discutimos, y que dice relación con el mecanismo de estabilización de precios del petróleo, si bien provocará un efecto positivo, es algo que no tendrá el mismo efecto, que podría significar el congelar el impuesto específico a los combustibles que castiga duramente el valor neto del precio del crudo.	Quiero recordar que en esta Sala aprobamos un bono de 18 mil pesos para familias de menos ingresos y que, el principal argumento entregado para su presentación, era el de menguar, en parte, el incremento que experimentan los combustibles, algo que nuevamente ocurriría el próximo lunes, lo que podría provocar que el precio de la bencina superara los 700 pesos por litro.	La verdad, es que el Gobierno entregará un bono de 18 mil pesos a familias de escasos recursos con una mano y se los quitará con la otra, pues al incremento de los combustibles, debemos agregar el aumento en el precio de los pasajes, porque ¿no pretenderá el Gobierno que los transportistas -muchos de ellos pequeños empresarios- le subsidien el impuesto específico o que los jefes o jefas de hogar que deben de recorrer diariamente miles de kilómetros para llegar a sus trabajos, lo hagan a pie para que les alcance el escuálido presupuesto mensual?	Señor Presidente, cuando asumió la Concertación, en marzo de 1990, el impuesto específico a los combustibles era, aproximadamente, de 1,5 UTM por metro cúbico. Eso significa, en plata, cerca de 50 pesos por litro. Ahora, se pagan sobre 180 pesos por litro, solamente por impuesto específico, sin considerar el IVA ni los aranceles, que son gravámenes que se suman al consumo.	Pero como la señora Presidenta señala que criticamos sin fundamento, yo le quiero decir, con mucho respeto, que si cualquier persona compra, por ejemplo, 10 mil pesos de bencina, el desglose es: IVA $ 1.804, y en impuesto específico $ 3.194, es decir, en impuestos se paga, de los 10 mil pesos, $ 5.722 pesos, o sea poco más del 57 por ciento del costo final. No sé si este es un argumento que carece de fundamento. ¿Para el Gobierno tal vez lo es?	Seamos claros, el Fisco ha recaudado enormes sumas de dinero a costa del bolsillo de todos los chilenos, los que verdaderamente no han visto el beneficio de esa recaudación.	Para nadie es un misterio que en nuestro país existen cientos de miles de chilenos que se han visto tremendamente perjudicados por el aumento considerable del precio internacional del petróleo, materia esta última, que ha afectado el bolsillo de mucha gente que vive del transporte menor, de un colectivo, de un vehículo para transporte escolar o son dueños de un vehículo fletero, o simplemente de un auto menor que hace mucho tiempo dejó de ser un lujo en este país.	Si bien las políticas económicas deben ser miradas desde la perspectiva macro, como ha señalado el ministro de Hacienda, y se debe pensar en el futuro de las arcas fiscales, tampoco se puede olvidar que los bajos ingresos de muchas familias debe ser mirado con una óptica de futuro, pues ellos, de esos exiguos ingresos, deben pensar en cómo financiarán, por ejemplo, las apiraciones educacionales de sus hijos o la posibilidad de acceder a una vivienda digna, a lo que ahora deberán agregar el aumento en el pasaje y el precio de los combustibles.	Finalmente, quiero señalar al Gobierno, que congele el impuesto específico a los combustibles, o si prefiere, lo rebaje en un porcentaje real, medida que ayudaría directamente a millones de familias de clase media del país, sin despreciar los ingresos fiscales, pues cada día recibe mayores recursos provenientes del precio del cobre.	Y, si como dice la Presidenta “el aumento del precio internacional del petróleo no es una variable posible de controlar en Chile”, tema que todos sabemos es así, sí podemos controlar el alto impuesto específico con que se castiga a los usuarios que requieren de combustible, ya sea para abrigar sus viviendas por las bajas temperaturas, trabajar en sus vehículos, ya sea taxis o colectivos, o simplemente cocinar, algo que la Presidenta sabe, es bastante caro hacerlo hoy con gas licuado e, incluso, con parafina, que además es riesgoso.	Señor Presidente, con las salvedades señaladas, y la petición efectuada, anuncio que me abstendré en el proyecto en debate.	He dicho.	El señor LEAL (Presidente).- Cerrado el debate.	-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:	El señor LEAL (Presidente).- Señores diputados, respecto del primer proyecto de la Tabla, que prorroga la vigencia del mecanismo de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo, ayer fue presentada una indicación en la Comisión -entre cuyos autores está el diputado Julio Dittborn-, que el señor Secretario va a dar lectura.El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación es para reemplazar en el inciso quinto del artículo 6° de la ley N° 18.502, sobre impuestos a los combustibles, el guarismo 6 por el guarismo 3.El señor LEAL (Presidente).- Se declara inadmisible.El señor FORNI.- Señor Presidente, ¿es posible explicar el sentido de la indicación?El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, ayer, esta indicación fue declarada inadmisible en la Comisión; todos entendemos el significado de rebajar el referido guarismo y el Presidente tiene la facultad de declararla inadmisible.	En votación en general el proyecto, con las modificaciones que indica.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 38 abstenciones.	El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Walker Prieto Patricio.	-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:	Delmastro Naso Roberto; Godoy Ibáñez Joaquín; Herrera Silva Amelia; Masferrer Pellizzari Juan; Monckeberg Díaz Nicolás.	-Se abstuvieron los diputados señores:	Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Paya Mira Darío; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.El señor LEAL (Presidente).- Corresponde votar la indicación del Ejecutivo -se solicitó votarla separadamente- referida a los transportistas y la rebaja del 25 por ciento del impuesto al diesel.	Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.	El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, nuestra bancada va a votar a favor, porque queremos darle una mano a los transportistas, pero dejamos constancia de que no tiene ninguna relación con la ley N° 20.063 y que debiera haberse tratado en un proyecto distinto.	El señor LEAL (Presidente).- Agradezco su aclaración, pero estamos en votación, por lo que no corresponde escuchar más intervenciones.	En votación en particular la indicación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor LEAL (Presidente).- Aprobada.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.	El señor LEAL (Presidente).- Señoras diputadas y señores diputados, el resto del articulado del proyecto podríamos aprobarlo en particular con la misma votación con que se aprobó en general.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	Despachado el proyecto.CREACIÓN DE NUEVOS ESCALAFONES EN LAS PLANTAS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE. Tercer trámite constitucional.	El señor LEAL (Presidente).- Corresponde conocer las modificaciones del Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que crea nuevos escalafones en las plantas de la Policía de Investigaciones de Chile.	Antecedentes:	-Modificaciones del Senado, boletín N° 4001-02. Documentos de la Cuenta N° 1, de esta sesión.	El señor LEAL (Presidente).- Según lo acordado, este proyecto se votará sin discusión.	Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado Jorge Ulloa, quien explicará las modificaciones del Senado.	El señor ULLOA.- Señor Presidente, este proyecto modifica el decreto con fuerza de ley que establece el estatuto del personal de la Policía de Investigaciones de Chile.	El Senado aprobó el proyecto en términos similares al propuesto por la Cámara de Diputados, sólo suprimiendo, en el numeral 14, que añade un artículo 103° bis, nuevo, la frase “sin derecho a trienios”, y las comas que la anteceden y suceden, con el fin de señalar que los alumnos del curso de formación de oficiales profesionales tendrán derecho a trienios.	También se modificó una disposición transitoria, pero el resto del articulado del proyecto quedó igual.	El próximo lunes la Policía de Investigaciones de Chile celebrará su 73° aniversario y la aprobación de este proyecto constituirá un buen regalo, puesto que la nueva planta significará profesionalizar aún más esa institución.	He dicho.	-Con posterioridad la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:	El señor LEAL (Presidente).- En votación las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que crea nuevos escalafones en las plantas de la Policía de Investigaciones de Chile.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor LEAL (Presidente).- Aprobado y despachado el proyecto.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
    
    VI. PROYECTOS DE ACUERDODEROGACIÓN DE REQUISITO PARA POSTULACIÓN A VIVIENDA DE FONDO SOLIDARIO. (Votación).	El señor LEAL (Presidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 53.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. 	El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. 	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bobadilla Muñoz Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe.MEDIDAS PARA MEJORAR CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL.	El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.	El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 55, de los señores Martínez, Hales, Jaramillo, Galilea, Egaña, Ascencio, Monckeberg, don Cristián; Sepúlveda, don Roberto; Ulloa, y señora Isasi, doña Marta. 	“Considerando:	Que la política educacional del país estableció -obligatoria y gradualmente- la incorporación de los establecimientos educacionales subvencionados al régimen de Jornada Escolar Completa (JEC), modalidad destinada a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes a través de la extensión de la jornada diaria del trabajo escolar.	Que, según lo establecido en la ley N° 19.532 y su reglamento, la materialización de esta política requiere del cumplimiento de determinados requisitos, dentro de los cuales es necesario disponer de infraestructura y equipamiento que garanticen un adecuado desempeño de las actividades docentes, académicas y recreativas.	Que el legislador, al prever que la falta de infraestructura para atender a la totalidad de los estudiantes que debían incorporarse a la JEC era uno de los principales problemas para la implementación de dicho régimen escolar, estableció una modalidad de financiamiento denominada ‘Aporte Suplementario por Costo de Capital Adicional’, que es ‘el monto de recursos que proporcionará el Ministerio de Educación a los sostenedores de establecimientos educacionales cuya planta física resulte insuficiente para ingresar a la jornada escolar completa’; y que comprende ‘aulas, servicios básicos, equipamiento y mobiliario’.	Que, de acuerdo con la información oficial del Ministerio de Educación, por concepto de aporte de capital desde 1997 hasta la fecha, se han adjudicado dos mil setenta proyectos, lo que ha involucrado un total de ochocientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos veinticinco pesos. De los proyectos adjudicados, mil seiscientos diecinueve corresponden a establecimientos municipales, por un valor total de seiscientos cuarenta y dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos equivalentes al 76,10% del monto total.	Que es de público conocimiento que muchos proyectos presentan serias deficiencias de diseño y calidad, como lo demuestran las recientes denuncias de alumnos, profesores, padres y apoderados de establecimientos educacionales de diversas ciudades del país.	Que, en algunas comunas como Chillán, existen antecedentes objetivos de tales deficiencias, derivadas de la investigación de la Contraloría General de la República a la infraestructura educacional de los establecimientos municipalizados financiados con recursos de la jornada escolar completa, al establecer que hay ‘deficiencias de índole constructiva y de proyectos’ que requieren de ‘un estudio de ingeniería que evalúe el grado de seguridad estructural de los edificios’. El resultado de esta investigación se entregó a la Cámara de Diputados en marzo de 2006.	Que, desde 1971, el enorme esfuerzo del país para financiar proyectos socialmente relevantes está destinado a crear mejores condiciones educacionales para los estudiantes de los sectores de menores recursos.	Que la carencia de estudios técnicos de la calidad de las obras realizadas mediante proyectos JEC se diferencia de las evaluaciones realizadas en el ámbito pedagógico y de opinión de los actores del proceso educacional sobre esta modalidad escolar.	Que no hay información pública accesible a la comunidad sobre la calidad de las obras realizadas, los montos involucrados, así como de la identificación de las empresas contratistas.	Que cabe establecer mayores niveles de control y fiscalización en todo el proceso y apoyar técnicamente a las municipalidades para que garanticen obras de calidad.	La Cámara de Diputados acuerda:	Solicitar al ministro de Educación que:1.	Disponga un completo estudio de la calidad de toda la infraestructura educacional, desde 1997 hasta la fecha, realizada mediante el ‘aporte de capital adicional’ de la ley sobre Jornada Escolar Completa Diurna en los establecimientos educacionales municipalizados del país.2.	Establezca la creación de un Registro Único Nacional de Contratistas en el Reglamento de la ley N° 19.532, o en otro cuerpo legal, que contenga, entre otros aspectos, identificación de la empresa, requisitos de ingreso, sanciones por incumplimiento, así como los antecedentes de las obras realizadas y de su calidad.3.	Haga un convenio de cooperación con el Ministerio de Obras Públicas a fin de que este organismo asuma la responsabilidad de realizar la gestión técnica para establecimientos educacionales y la municipalidad se reserve la gestión administrativa.4.	Elabore las bases generales de construcción, ampliación y habilitación de establecimientos educacionales del país, al objeto de que se puedan acoger especialmente aquellas municipalidades con menor capacidad de gestión profesional.”	El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez.	El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, para iniciar la tarea de mejorar nuestra educación debemos reconocer los esfuerzos que ha realizado el país, específicamente en el ámbito de la infraestructura derivada de la Jornada Escolar Completa, que alcanza, según información oficial, a 844.467.925 millones de pesos, monto con el que se han financiado 2.070 proyectos a nivel nacional. 	Ese enorme esfuerzo ha estado destinado a implementar la Jornada Escolar Completa diurna con la infraestructura necesaria, como aulas, talleres, servicios básicos y mobiliario, además de la reposición completa de los establecimientos con nuevos edificios. 	El punto es que muchas de esas obras, destinadas preferentemente a los sectores de menores recursos, presentan serias deficiencias de diseño y de calidad, lo que ha sido constatado por estudiantes, profesores, padres y apoderados, y confirmado por todos los organismos fiscalizadores. 	Una investigación realizada por la Contraloría General de la República a la infraestructura educacional de los establecimientos municipalizados, financiados con recursos de la Jornada Escolar Completa en la comuna de Chillán, concluyó que existen deficiencias constructivas y de proyecto que requieren de un estudio de ingeniería que evalúe el grado de seguridad estructural de los edificios educacionales. 	Por eso, es urgente realizar un estudio completo de la calidad de toda la infraestructura educacional construida vía JEC. 	Pero eso no basta; debemos ser proactivos y establecer medidas que garanticen que cada obra cumpla con los estándares de calidad que corresponde a los edificios educacionales.	Es necesario que el ministerio de Obras Públicas, por ser el ente especializado, asuma la responsabilidad de gestión técnica y la municipalidad se reserve la administrativa. Porque ambas tareas en manos de la última no funcionan, debido a que los municipios no tienen capacidad técnica para abordar ni aprobar obras de tal envergadura.	Asimismo, deben existir bases generales de construcción, ampliación y habilitación de establecimientos educacionales aplicadas en todo el país y a las cuales se puedan acoger aquellas municipalidades con menor capacidad de gestión profesional.	Por último, es imperioso crear un registro único nacional de contratista que contenga, entre otros aspectos, identificación de la empresa, requisitos de ingreso y antecedentes de la calidad de las obras realizadas. Así, podremos evitar -lo que es muy frecuente- que muchas empresas, que vienen precedidas de serios problemas de calidad en sus construcciones, se adjudiquen obras en una determinada comuna. Al no existir registro alguno, nadie conoce cómo ha sido la gestión de esas constructoras y de nuevo el mismo derrotero: dejan las obras inconclusas. 	Conociendo esta realidad y habiendo estado, al igual que ustedes, en muchas salas de clases recién entregadas y que se llueven completamente, les solicito su respaldo a esta iniciativa, que sólo busca garantizar un mejor ambiente para toda la comunidad escolar, que estoy cierto todos compartimos.	He dicho.	El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, estoy muy de acuerdo con este proyecto de acuerdo y respaldo plenamente al diputado Rosauro Martínez, porque también he sido testigo de las deficiencias que él menciona en los establecimientos educacionales de la Décima Región de Los Lagos.	He dicho.	El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.	Ofrezco la palabra.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos. No hubo votos por la negativa, ni abstenciones.	El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Arenas Hödar Gonzalo; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Estay Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe.HABILITACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PÚBLICOS.	El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.	El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 56. De los señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, señora Valcarce, doña Ximena; señores Verdugo, Aedo, Bertolino, Martínez, Monsalve, Monckeberg, don Cristián; y señora Sepúlveda, doña Alejandra.	“Considerando:	Que, en la actualidad, en la normativa chilena no existen disposiciones de rango legal que establezcan la obligación de instalar y mantener servicios higiénicos para uso público en los edificios, instalaciones o recintos destinados a prestar servicios de diverso orden y con carácter masivo a los usuarios que concurren para requerir prestaciones o atenciones que en ellos se brindan.	Que dicha falencia constituye, por una parte, una vulneración al derecho personal tan elemental que tienen los usuarios de dichos servicios, como es el de satisfacer normalmente sus necesidades fisiológicas urgentes, y, por la otra, implica una discriminación arbitraria -expresamente prohibida por el artículo 19, inciso final, de la Constitución Política de la República-, toda vez que, para los trabajadores que laboran en los edificios, las instalaciones o los recintos que albergan a estos servicios, existen servicios higiénicos para su uso exclusivo.	Que si bien el artículo 11, letra e), del Código Sanitario, contempla la obligación de las municipalidades de proveer de baños y servicios públicos las plazas, los parques o los locales públicos de juego o recreo para adultos y niños, dicha disposición no resulta suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas urgentes de los usuarios que concurren a edificios, instalaciones o recintos destinados a prestar servicios de carácter masivo como sucede en otros países, y se hace necesario establecerla en forma permanente.	Que, para esto, es necesario introducir una norma al Código Sanitario, en su artículo 11, letra c), mediante la cual se establezca como una obligación más de las municipalidades exigir que toda edificación o recinto en que funcione un servicio o establecimiento, sea de carácter fiscal, semifiscal o privado, destinado a prestar servicios de carácter masivo al público -calificados por la respectiva Dirección de Obras-, tales como bancos, entidades crediticias financieras, instituciones previsionales, municipalidades, estaciones ferroviarias, terminales de buses; terminales marítimos, fluviales y lacustres de pasajeros; aeropuertos, aeródromos, recintos deportivos, multitiendas, centros comerciales abiertos y cerrados, cines, mercados, ferias libres, supermercados, contemple la instalación de servicios higiénicos suficientes para sus usuarios, cantidad que también deberá ser determinada por la Dirección de Obras pertinente.	Que, asimismo, se otorgue un plazo de seis meses al objeto de que dichos recintos, instalaciones o edificaciones implementen los servicios higiénicos, cuya obligación se establece con la incorporación de un artículo transitorio que así lo disponga.	La Cámara de Diputados acuerda:	Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional, con la mayor brevedad, un proyecto de ley que modifique el artículo 11, letra c), del Código Sanitario, de la siguiente forma:a)	Reemplázase el punto y coma (;) final por una coma (,).b)	Agrégase, a continuación de la coma (,) final, la siguiente frase:	‘exigiendo que en toda edificación o recinto en que funcione un servicio o establecimiento, sea de carácter fiscal, semifiscal o privado, destinado a prestar servicios masivos al público -tales como bancos, entidades crediticias financieras, instituciones previsionales, instituciones de salud provisional, municipalidades, estaciones ferroviarias, terminales de buses; terminales marítimos, fluviales y lacustres de pasajeros; aeropuertos, aeródromos, recintos deportivos, centros comerciales abiertos y cerrados, cines, mercados, ferias libres, supermercados y otros que sean así calificados por la respectiva Dirección de Obras- existan en forma permanente servicios higiénicos en cantidad suficiente, determinada por ese organismo técnico municipal, para los usuarios que concurran a dichos edificios o recintos'.c)	Incorporar un artículo transitorio que establezca que la ley que se promulgue entrará en vigencia seis meses después de publicada.”	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda.	El señor SEPÚLVEDA.- Señor Presidente, hemos decidido presentar este proyecto de acuerdo a fin de solucionar una carencia ciudadana que debe ser suplida mediante iniciativa legislativa originada en el Poder Ejecutivo.	Se trata de una situación que bien podría considerarse de carácter doméstico, pero que responde a una inquietud generalizada que afecta a miles de personas a lo largo del país.	Cuando, por diferentes razones, debemos concurrir a establecimientos destinados a prestar servicios de diverso orden, sean bancos, instituciones financieras, empresas de servicios eléctricos, sanitarios o telefónicos, y requerimos hacer uso de servicios higiénicos, nos encontramos con que no existen para el público, lo que impide satisfacer necesidades fisiológicas urgentes. En cambio, quienes laboran en dichos recintos cuentan con baños para su uso exclusivo, lo que implica una discriminación arbitraria.	En la actualidad, el artículo 11, letra e) del Código Sanitario obliga a las municipalidades a establecer baños y servicios higiénicos públicos. Pero el texto de esta norma resulta insuficiente ya que sólo se circunscribe a las plazas, parques o locales públicos de recreación, sin incluir a los edificios donde se prestan servicios de carácter masivo.	Para solucionar esta situación, consideramos necesario agregar una disposición a la letra c) del artículo 11 del Código Sanitario, que obligue a las municipalidades a exigir a toda edificación o recinto en que funcione un servicio o establecimiento, sea fiscal o privado, de los que señalamos algunos ejemplos en el proyecto, destinado a prestar servicios de carácter masivo, lo que así será calificado por las respectivas direcciones de obras, establecer servicios higiénicos en cantidad suficiente para los usuarios de dichos servicios.	Como esta obligación deberá regir para todas las edificaciones, incluso las existentes, proponemos un plazo de seis meses, contado desde la publicación de la ley, para la implementación de los servicios higiénicos.	Con una iniciativa legal de esta naturaleza, patrocinada por el Ejecutivo, además de solucionar una falencia, quedaremos a la altura de los países desarrollados.	Por lo expuesto, solicito la aprobación del proyecto de acuerdo.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto.	Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra para impugnarlo.	Ofrezco la palabra.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.	Aprobado.
    
    VII. INCIDENTESASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR TEMPORALES EN CURANILAHUE. Oficio.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente.	Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.	El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro del Interior a fin de que, por los organismos correspondientes, se asista en forma urgente a la comuna de Curanilahue, provincia de Arauco, Octava Región, por la grave situación en que se encuentra, debido a los intensos temporales y lluvias caídas hace algunos días.	A modo de antecedente, cabe señalar que en Curanilahue, según datos oficiales entregados por la Oficina de Emergencia regional, nueve mil habitantes, de un total de 31 mil, resultaron afectados por las inundaciones provocadas por las lluvias y aproximadamente 1.200 casas quedaron con problemas de habitabilidad.	En algunos casos, el desborde de los ríos hizo que el agua subiera un metro o un metro veinte dentro de las casas de las poblaciones. Algunas familias perdieron todo y en este momento no tienen siquiera donde dormir. Hay también escasez de frazadas, de colchonetas y de alimentos, entre otras necesidades.	Además de los recursos que entrega el Ministerio del Interior, a través de las subsecretarías, el gobierno regional mantiene un presupuesto de 200 millones de pesos destinado exclusivamente para emergencias. 	Por lo tanto, pido oficiar con carácter de urgente a la intendenta de la Octava Región, a fin de que el Consejo Regional acuerde destinar parte de esos recursos para ir en ayuda de los habitantes de la comuna de Curanilahue, que tanto la necesitan.	Espero que la respuesta llegue lo más rápidamente posible, ya que la gente no puede seguir esperando y, como es normal en el sur de Chile, estas comunas siguen afectadas por las lluvias.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL EN SECTOR DE COMUNA DE LA GRANJA. Oficios.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.	El señor SALABERRY.- Señor Presidente, en un sector de la población Malaquías Concha de La Granja, comprendido entre las calles Yungay, Tomé, Punta Arenas y la avenida La Serena, se han instalado desde hace tiempo varias fábricas de muebles, tanto de madera como de fierro, ocasionando una contaminación ambiental y acústica que afecta la salud de la población.	Esta situación, por años sin solución, ha enfrentado a vecinos que reclaman por una pronta respuesta. Incluso, en algunos casos, la municipalidad de la Granja ha decretado la demolición de algunos inmuebles donde funcionan talleres sin permiso. Por su parte, el Sesma ha instruido una serie de sumarios cuyos resultados aún no se conocen.	Pido oficiar al alcalde de La Granja, a fin de que nos informe acerca del cumplimiento de algunos decretos de demolición, de eventuales modificaciones al plano regulador, en el sector antes mencionado, que tiendan a proteger la calidad de vida de los vecinos y, finalmente, al director del Servicio de Salud del Medio Ambiente, con el objeto de que nos informe de eventuales fiscalizaciones en terreno por incumplimiento de la normativa medioambiental.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO POR AUTORIDADES DE LOS LAGOS DE NORMATIVA DE DESARROLLO REGIONAL EN PROYECTO DE DESARROLLO CIUDAD SATÉLITE DE ALERCE. Oficios.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.	La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, el artículo 80 de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, conceptualiza los convenios de programación aludidos en el inciso cuarto del artículo 104 de la Constitución Política de la República como acuerdos formales entre uno o más gobiernos regionales o uno o más ministerios, que definen las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que ellos concuerdan realizar dentro de un plazo determinado. Señala a continuación las especificaciones que necesariamente deben contener, así como la forma en que deberán ser sancionados.	En su tramitación legislativa, los instrumentos de financiamiento regional concitaron amplio consenso a lo largo del extenso debate parlamentario, el cual se realizó conforme al supuesto básico contenido en el mensaje de su excelencia el Presidente de la República a la Cámara de Diputados, proyecto sobre gobierno y administración regional, firmado por don Patricio Aylwin, que en lo pertinente señala: “Entre las atribuciones asignadas por el proyecto al gobierno regional, destacan la capacidad de convenir con los ministerios e instituciones de la administración pública nacional, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional”.	En este contexto, en 1999, año en que se llevó a cabo la campaña presidencial, el gobierno regional de Los Lagos y los ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Obras Públicas, de Educación y de Defensa, suscribieron el convenio de programación Proyecto de Desarrollo Ciudad Satélite de Alerce, el cual comprometía una inversión de más de 51 mil millones de pesos para la concreción de la ciudad satélite de Alerce. El convenio de programación de Alerce tenía por objeto fundamental solucionar la demanda de viviendas sociales de las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas.	Han transcurrido más de seis años desde la celebración de este convenio original, pero existen innumerables obras que no se han ejecutado, entre ellas, los liceos y las escuelas prometidos, los jardines infantiles, equipamiento comunitario general, etcétera.	Es más, en las nuevas obras ejecutadas en el sector conocido como “Alerce histórico” las de agua potable y alcantarillado tienen un notable retraso, al menos un par de años, y en sus calles y arterias, que están mal iluminadas, existen excavaciones que hacen peligrar la seguridad de los vehículos y de los transeúntes.	En ese sentido, quiero destacar que se modificaron los planos reguladores comunales de Puerto Montt y de Puerto Varas, el cual, entre otras obligaciones, impuso a los titulares del proyecto el deber de constituir un comité de gestión, que debía analizar los resultados del plan de seguimiento, precisar el cumplimiento del programa de inversiones, presentar informes anuales a la Corema, en los que debía señalar las gestiones realizadas por el comité y los resultados obtenidos a raíz de dicha gestión. Como los titulares del proyecto, las municipalidades de Puerto Montt y de Puerto Varas, las cuales, además, se incluyen en el Programa 200 Barrios, no cumplieron su obligaciones, Conama debió multarlas.	Por lo tanto, pido oficiar al intendente de Los Lagos, a fin de que envíe un informe detallado sobre la ejecución del convenio de programación Proyecto de Desarrollo Ciudad Satélite de Alerce; al director de la Conama de la Décima Región, para que informe sobre el cumplimiento de las obligaciones del estudio de impacto ambiental del seccional Alerce; al contralor de la Décima Región, con el objeto de que realice una auditoría para establecer si existen responsabilidades administrativas de las autoridades, y a los ministros de las carteras aludidas, a fin de que informen el estado de cumplimiento de este convenio de programación, adjuntándoles copia de mi intervención.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.INFORMACIÓN SOBRE EXTENSIÓN DE FERROCARRILES A COMUNAS DE CONCEPCIÓN. Oficios.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.	El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, los anuncios de proyectos que realizan las autoridades gubernamentales en beneficio directo de las comunidades causan profunda alegría en los sectores que supuestamente serán beneficiados.	Sin duda, nuestra zona, en especial la provincia de Concepción y el distrito N° 45, al cual represento, recibió con profunda alegría el anuncio del Presidente Ricardo Lagos en cuanto a que las comunas de la provincia de Concepción serían beneficiadas con el proyecto Biovías.	El diario “El Sur” publicó en enero de 2004 lo siguiente respecto de un anuncio del entonces Presidente de la República: “Ciclovías, calzadas exclusivas para el transporte público y la integración de buses y trenes son parte del ambicioso proyecto que lanzó ayer en Concepción el Presidente Ricardo Lagos junto al intendente de la Región del Biobío, Jaime Tohá y los ministros de Vivienda, Jaime Ravinet; Obras Públicas, Javier Etcheberry, y el presidente de Ferrocarriles del Estado, Luis Ajenjo. Los 130 millones de dólares que demandará “Biovías”, beneficiarán al 70% de la población de Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de La Paz, Lota, Coronel, Hualqui, Tomé, Penco y Concepción”. 	Éste es, en definitiva, el compromiso y el anuncio que el Presidente Ricardo Lagos hizo en enero de 2004.	El 25 de noviembre de 2005, en la página Biovías, de internet, se publica la siguiente noticia: “Con una inversión que alcanzó los US$ 155 millones, Biovías modificó completamente el sistema ferroviario y modernizó la infraestructura vial del Gran Concepción, ambas acciones fundamentales para la comunidad. Esto, considerando que en las diez comunas del Gran Concepción que fueron beneficiadas con este programa de transporte (Concepción, Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de La Paz, Lota, Tomé, Hualqui, Penco y Hualpén), viven alrededor de 870 mil personas”. 	Aquí nos anuncian que este proyecto se ejecutó y benefició a esas comunas.	El diario “El Sur”, del 4 de junio de 2006, publica una denuncia del diputado señor Andrés Egaña, en la que manifiesta que los 130 millones de dólares iniciales que se habían programado para este proyecto se incrementaron en 47 millones para terminarlo.	Me pregunto lo siguiente. El proyecto se ejecutó solamente en las comunas de San Pedro de La Paz, Concepción, Talcahuano, Hualpén y Hualqui; pero, ¿qué pasó con el resto de las comunas que señaló el señor Lagos, quien se comprometió a beneficiar además a Lota, Coronel, Tomé y Penco? Hasta hoy, no se ha invertido absolutamente nada en ellas. 	La propaganda de algunos candidatos, que pueden ver en mi mano, nos muestra que se construirán los puentes que unirán Concepción con Penco, los que serían utilizados por este proyecto para que transiten los trenes que beneficiarían a los pobladores de Penco y Tomé.	Por lo tanto, pido oficiar a los concejales de Lota, Coronel, Penco y Tomé, con copia de mi intervención. Además, al presidente de la empresa de Ferrocarriles del Estado, con el objeto de que conteste las siguientes preguntas: ¿existen proyectos para beneficiar a Penco, Tomé, Coronel y Lota? Si existen, ¿cuántos millones de pesos se van a invertir en su ejecución? ¿Cuándo se estarían llevando a efecto? 	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican.REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE BENEFICIOS OTORGADOS A DIRIGENTES SINDICALES DE CODELCO ENTRE 2000 Y 2005. Oficios.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.	El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, solicito que se reiteren mis oficios de 16 de mayo al presidente ejecutivo de Codelco y a la ministra de Minería, para que informen las categorías que tenían los dirigentes sindicales de Codelco en 2000 versus 2005 y los montos por viáticos y pasajes al extranjero entregados a esos dirigentes en los mismos años. Asimismo, las contrataciones de hijos o parientes de dirigentes sindicales en los distintos roles de dicha empresa, los montos de los préstamos otorgados por años a los sindicatos en cada una de las divisiones y las condonaciones de los mismos, si eso existió.	Digo esto porque en “La Tercera” de hoy figuran declaraciones bastante graves de don Nelson Soto, tesorero del sindicato de Andina, quien dice que en Codelco había una política sistemática de otorgar prebendas a algunos dirigentes sindicales para que la administración pudiera sacar proyectos e imponer su voluntad a los trabajadores.	Eso es gravísimo. Dice el señor Soto que ello se materializaba con ascensos y viajes al extranjero, los que contaban con la aprobación de Codelco.	Lo mismo dice la señora Blanca Olivares, presidenta del sindicato N° 2 de El Salvador, quien señala que devolvió bonos que se habían autootorgados por 19 representantes sindicales de la unidad productiva, con la venia de la gerencia de recursos humanos de la división. Agrega: “Colegas dirigentes presentamos la petición a la empresa de mejorar sus escalas de sueldos y yo me negué a participar en dicha propuesta, ya que no creo que me correspondía mejorar escalas en este puesto. Aún más, en Codelco explicaron que los ascensos y pagos de dirigentes están normados por negociaciones colectivas distintas a las del resto de los trabajadores.”	Entre 2000 y 2005, en la división El Teniente, el promedio de ascenso de los trabajadores no alcanzó a una categoría. Pero hay seis dirigentes regalones de la Concertación que subieron 4,7 categorías en los cinco años. Eso es vergonzoso. 	Lo importante es que esto se transparente. Hace un mes que esperamos la información de Codelco.	La demora en la entrega de la información que piden los parlamentarios a los distintos organismos públicos y empresas del Estado es grave.	Insisto en que este oficio se responda a la brevedad y se transparente la realidad de los dirigentes regalones que tiene esta cuprera, porque es muy importante que lo sepan no sólo el resto de los chilenos, sino también a quienes ellos dicen representar.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.IMPLEMENTACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PROGRAMA “ORÍGENES” EN LA COMUNIDAD DE GALVARINO. Oficios.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.	El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a los dirigentes de comunidades mapuches de Galvarino que nos acompañan en esta sesión, a los concejales Arnoldo Llanos y Myriam Contreras y a la machi María Calluleo Tranamil.	Solicito que se oficie a la ministra de Mideplán, a fin de que el diálogo que ellos han sostenido hoy con el ministro del Interior, en relación con una propuesta del concejo municipal de Galvarino, encabezada por su alcalde, Miguel Hernández, y apoyada por todos sus concejales, sea acogida. Se trata de que ingresen a la segunda fase del programa “Orígenes” las comunidades de ese sector.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.PROGRAMA DE PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE SANIDAD APÍCOLA. Oficio.	El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en la comuna de Curacautín existe un comité de pequeños apicultores integrantes de la Mesa Apícola Regional de La Araucanía, que tiene entre sus fines generar instancias de capacitación para mejorar la producción y comercialización de sus productos.	Ellos tienen enormes dificultades para acceder a los mecanismos de fomento estatal a los pequeños apicultores que permitan mejorar la calidad y cantidad y desarrollar mercados para su producción. Se advierte la ausencia de un claro y estricto programa nacional de sanidad apícola, especialmente en lo relacionado con la evaluación de plagas que afectan al rubro. También se requiere de una legislación que aborde el fomento apícola y que incorpore criterios de protección al patrimonio sanitario apícola.	Por ello, pido que se oficie al ministro de Agricultura, a fin de que informe sobre los programas o planes tendientes a la protección, mantención e incremento de la sanidad apícola, de sus resultados y de los requerimientos para mejorar estas tareas.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.ELABORACIÓN DE MARCO REGULATORIO PARA LOS CODOCENTES. Oficios.	El señor QUINTANA.- Señor Presidente, he recibido correspondencia y antecedentes de parte de la Asociación de Funcionarios Codocentes de la comuna de Lonquimay, que forma parte de la Confemuch. Dicha asociación me planteó textualmente lo siguiente:	“La Presidenta Michelle Bachelet, cuando era candidata a la presidencia, hizo hincapié en el compromiso que adquiría con nuestra agrupación en carta de 2 de enero de 2006, señalando, al referirse a la calidad de la educación como prioridad fundamental de su programa de gobierno, lo siguiente: “Más aún cuando aparece con mucha claridad que no sólo lo que se haga dentro del aula es vital para elevar la calidad de la educación que se entrega en los colegios, sino que también todo el entorno del escolar”. Culmina diciendo: “Por eso, quiero manifestarle mi compromiso en cuanto a que, una vez instalado el nuevo gobierno, conformaremos una instancia de trabajo conjunto entre el gobierno, los municipios y las asociaciones de funcionarios codocentes, de manera de sentar las bases de este marco regulatorio.”. 	Eso dice textualmente un compromiso firmado por nuestra Presidenta Michelle Bachelet el pasado 2 de enero de 2006, que, además, firman los dirigentes de esta agrupación. Por cierto, lo entregaré a la Mesa de la Corporación, a fin de que se adjunte a los oficios dirigidos a los ministros del Interior y de Educación.	Esto es una forma más seria de abordar este tema y no de manera irresponsable, como lo hizo ayer la Oposición. Hay que apuntar a la esencia del asunto, que es el marco regulatorio. Desde hace varios años, dicha Asociación lucha por conseguir mejoras salariales o un instrumento legal donde apoyarse. Hoy, sólo están regidos por la ley N° 19.494, de 1996, con un efecto desproporcionado, pues en algunas comunas del país se entrega a los codocentes un bono de 90 mil pesos y, en otras, un bono de 5 mil pesos. Se debe modificar el factor de distribución. Por supuesto, hay diferencias, según la cantidad de alumnos de los establecimientos, y se discrimina en perjuicio de los que tienen menos. En definitiva, se busca el apoyo del Gobierno para lograr estabilidad laboral y mejora en las remuneraciones que, en muchos casos, sólo alcanzan al sueldo mínimo.	Por estas razones, pido oficiar a los ministros del Interior y de Educación, a fin de que se trate el tema y se entregue respuesta, adjuntando copia del oficio que me hizo llegar la Asociación de Codocentes de la comuna de Lonquimay.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría en la forma solicitada.IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN TELEVISIÓN PARA PERSONAS CON PROBLEMAS AUDITIVOS. Oficio.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi.	El señor ACCORSI.- Señor Presidente, quiero hacer una petición a nuestra Presidenta de la República.	En la actualidad, hay alrededor de ochocientas mil personas que no pueden oír, sea por sordera congénita, hipoacusia o la que viene con los años. Hemos tratado de implementar un sistema de comunicación a fin de que ellos también se puedan informar. Mi petición cuenta con el respaldo de la Comisión de Discapacidad. Pedimos que en todos los actos oficiales de Gobierno se utilice, para comunicarse con la población, el sistema de la lengua de señas y el closed caption. Es lo mínimo que podemos hacer por los ciudadanos que tienen derechos y deberes. Como Gobierno, tenemos el deber de informarles.	En la alocución de la señora Presidenta de la República respecto de los anuncios sobre educación no se utilizó dicha metodología.	Por eso, en nombre de la Comisión de Discapacidad, pido que en las próximas intervenciones de la Primera Mandataria o los ministros se utilice ese sistema.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE PROGRAMA DE EXONERADOS POLÍTICOS. Oficio.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en recientes reuniones con los exonerados políticos de la provincia de Valdivia, he advertido la frustración que ha originado la última iniciativa que les favorece, la que desde hace dos años debería haber entrado en vigencia. Sin embargo, ha existido una especie de letargo en la entrega de los beneficios.	El problema estriba en la falta de profesionales. En efecto, son muy pocos los funcionarios a cargo de revisar y verificar las 155 mil solicitudes de los exonerados políticos.	Por lo tanto, en momentos en que se produce el cambio de la directora nacional del Programa de Exonerados Políticos, señora Natacha Molina, quien asume como embajadora en Nicaragua, me parece importante hacer presente una vez más ante esta Sala el problema en comento, porque, a mi juicio, quien sea nombrado en dicho cargo tardará algunos meses en compenetrarse del tema.	Por lo tanto, pido oficiar al ministro del Interior, a fin de que estudie la posibilidad de nombrar como director del Programa de Exonerados Políticos a don Humberto Lagos, quien, en su momento, cuando estuvo a cargo de dicho Programa, demostró real competencia en el apoyo a los exonerados, lo que no se ha repetido en los últimos tiempos, en especial tras la aplicación de la tercera ley sobre la materia.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.INFORMACIÓN SOBRE OBRAS VIALES EN ZONAS DE DÉCIMA REGIÓN. Oficios.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, pido oficiar al director nacional de Vialidad, a fin de que nos informe sobre las siguientes materias:	Primero, sobre el estado en que se encuentra el estudio de ingeniería de los 12 kilómetros de asfalto del camino La Unión a Cudico, conexión a la ruta costera de la comuna de La Unión.	Segundo, sobre el estado de avance del asfaltado del camino Lago Ranco-Llifén.	Tercero, sobre el estado de avance del estudio de ingeniería del camino Tres Ventanas-Tractores, en una longitud de 10 kilómetros.	Cuarto, sobre la necesidad de pronta pavimentación del acceso sur de la ciudad de Río Bueno. Se trata de un tramo de 800 metros cuya pavimentación se encuentra pendiente desde hace muchos años y que permite la conexión hacia el sur y el norte.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.RETÉN MÓVIL PARA POBLACIÓN EN FUTRONO. Oficios.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, pido oficiar al ministro del Interior y al general director de Carabineros, a fin de solicitar que, en conformidad con la solicitud formulada por la junta de vecinos de esa localidad, se dote de un retén móvil a la población de Nontuelá, de la comuna de Futrono.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.MARCO REGULATORIO PARA CODOCENTES. Oficio.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.	El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, deseo referirme a la intervención del diputado Jaime Quintana, quien solicitó apoyo para una petición que le hiciera el sector de codocentes de su distrito, a fin de establecer una mesa de trabajo entre el Gobierno, en especial con autoridades del Ministerio de Educación, y los codocentes, para establecer un marco regulatorio que fije las condiciones de trabajo, escalafones y requisitos de ingreso al sistema educacional.	Es una normativa extraordinariamente necesaria, debido a la importancia de los codocentes en el proceso educativo en todos los establecimientos de Chile, porque cumplen una función no solamente disciplinaria, administrativa y material, sino también educativa, muy importante para los jóvenes. 	En el marco del debate de la reforma educacional, es muy necesaria la incorporación de los codocentes a todos los debates e instancias de participación de la comunidad.	Por lo anterior, pido oficiar al ministro de Educación a fin de que se acelere y se agilice la mesa de conversaciones para establecer este marco regulatorio y para que se incorporen los codocentes a todos los debates sobre los temas referidos a la reforma educacional en el país.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican y de quien habla.CONSTRUCCIÓN DE LICEO MUNICIPAL EN RENCA. Oficios.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.	La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, a propósito del debate de los últimos días sobre educación, quiero poner en conocimiento de la honorable Cámara la situación que afecta a Renca.	En los concursos de aporte de capital, esta comuna ha visto la oportunidad de dar respuesta a uno de los déficit más relevantes que presenta, referido a la falta de cobertura educacional en enseñanza media, lo que se traduce en un cúmulo de necesidades insatisfechas de la comunidad, especialmente de los jóvenes, grupo etario de alta vulnerabilidad, además de entorpecer el desarrollo económico, social y cultural de la comuna.	En 2004, la comuna de Renca postuló al séptimo concurso de aporte de capital para tener un liceo de última generación, completamente equipado, con piscinas, cuatro canchas de tenis, tres de baby-fútbol, salón multiuso, gimnasio, y así brindar a los niños de Renca la igualdad de oportunidades que corresponde. Lamentablemente, a pesar de ser aprobado por el Mideplán y ser recomendado socialmente, el Ministerio de Educación no aprobó el aporte y el proyecto fue rechazado.	La comuna de Renca no tiene ningún liceo municipal. ¡Ninguno! Eso significa que cuando hoy se habla sobre la calidad de la educación, los estudiantes de enseñanza media de Renca no pueden discutir sobre el tema, porque ni siquiera tienen acceso a ella.	Hoy, cuando la comuna de Renca postula al octavo concurso de aporte de capital, para no dejar fuera a 831 jóvenes en edad escolar que en este momento no forman parte del alumnado de los liceos particulares subvencionados, se nos informa que podría ocurrir que tengan que irse a estudiar a establecimientos de las comunas aledañas que sí les dan cobertura.	Entiendo que la reforma constitucional propuesta relacionada con la educación implicaría interponer recursos de protección en el caso de infracción. Pregunto ¿eso significa que al día siguiente de aprobada esa reforma la comuna de Renca deberá presentar un recurso de protección porque no cuenta con un liceo municipal para otorgar enseñanza gratuita a sus niños?	Pido oficiar al intendente y al ministro de Educación a fin de solicitarles que, por favor, de una vez por todas, prioricen como corresponde los fondos de desarrollo regional a fin de que esa comuna tenga el liceo municipal que se merece, para terminar con esta vergüenza, ya que, a pesar de ser una comuna muy pobre, tiene mucha gente de esfuerzo y de trabajo que quiere surgir y dar a sus niños las oportunidades que ellos no tuvieron.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Rosauro Martínez.INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LENGUAJE, ESCRITURA Y MATEMÁTICA, LEM, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Oficio.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.	El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, durante semanas fuimos testigos del accionar del movimiento estudiantil que llevó a las calles su frustración por la mala calidad de la educación que recibe. También hemos conocido las razones del problema, y las hay para todos los gustos. 	Pero, en general, se ha cuestionado la administración educacional a nivel local y se ha dicho que los municipios son responsables del problema, sin recabar que, si bien es cierto administran los establecimientos educacionales, todo sigue centralizado en el Ministerio de Educación. 	Las voces más objetivas lo han planteado, porque es un hecho real que todos los programas, las metodologías, incluso, las negociaciones salariales, se hacen centralizadamente. Los municipios, a lo más, con recursos propios incorporan algunas iniciativas locales de apoyo a lo que está establecido.	Para mejorar hay que intentar ser objetivos. Por eso, quiero plantear un hecho que está perjudicando seriamente el trabajo docente en diferentes comunas. El Ministerio de Educación no ha cumplido con la entrega del material pedagógico a docentes y alumnos de los establecimientos municipalizados derivados del programa de lenguaje, escritura y comunicación, LEM, que es una estrategia diseñada para “mejorar los aprendizajes de base en lenguaje y matemáticas de niños y niñas desde el segundo nivel de transición hasta el cuarto básico.”	Esta experiencia se ha venido implementando desde 2003 y se conoce como “estrategia de asesoría a la escuela para la implementación curricular en LEM. Según señala la página web del Ministerio, sus objetivos son: 	Primero, contribuir a transformar las prácticas pedagógicas de los profesores que participan en la estrategia, acorde con los requerimientos del currículum y de las necesidades de aprendizaje de todos los niños.	Segundo, contribuir a mejorar los aprendizajes en lenguaje, comunicación y matemática de los alumnos y alumnas del segundo nivel de transición, desde el prekinder hasta cuarto básico.	Tercero, contribuir a mejorar la gestión pedagógica de los sostenedores y directivos de los establecimientos educacionales.	Dicha estrategia consiste en dar asesoría a los profesores y profesoras por intermedio de un profesor consultor, que es un docente de aula destacado de la comuna respectiva, y se entrega a través de la capacitación y apoyo en el aula mediante el estudio y aplicación de unidades didácticas en lenguaje y matemática. 	En la práctica, el Ministerio capacita a los profesores en estas dos disciplinas, quienes, a su vez, traspasan esos conocimientos a sus pares en cada comuna. Los profesores valoran esta iniciativa porque hay un apoyo del profesor consultor al profesor del curso en el aula, es decir, se pone en práctica lo que se va trabajando. 	Pero este programa funciona con materiales o unidades didácticas para lenguaje y matemática que elabora el Ministerio y que son guías para los profesores y alumnos de las escuelas adscritas que, repito, llevan dos años. Estos materiales, así me lo han manifestado los profesores, no han llegado aún a las comunas y estamos a menos de un mes del término del primer semestre.	Los profesores, muy molestos, se están reuniendo desde marzo, pero les falta lo esencial: el material. Han recurrido a los departamentos provinciales, porque esto viene del “nivel central” y sólo encuentran explicaciones que denotan irresponsabilidad y falta de planificación, porque, repito, no se trata de un programa nuevo, y todavía más, involucra importantes recursos, tanto para la confección de los textos como para el apoyo económico a los docentes guías, sea en la capacitación de varios días en Santiago, sea en la remuneración que reciben. Me parece que por tratarse de un programa que pretende, finalmente, mejorar los aprendizajes, no puede improvisarse. No se puede actuar con tanta ligereza con los profesores, que entregan su tiempo y sus mayores esfuerzos para que las cosas resulten. Menos aún cuando es el Ministerio de Educación el responsable y cuando hay una unidad encargada de la administración del programa, con profesionales y funcionarios contratados.	Como los profesores están acostumbrados a desplegar su creatividad para superar cualquier problema, aunque sea de otros, y lograr los objetivos, no importa que los materiales no lleguen o que estén incompletos. Si las cosas no resultan y los resultados son malos, es fácil culpar a los profesores. Ése parece ser el razonamiento.	Por lo tanto, solicito que se oficie al contralor general de la República, con copia de mi intervención, para que disponga una amplia investigación en la unidad encargada de administrar el Programa LEM del Ministerio de Educación, a objeto de establecer las razones de la demora en la entrega de los materiales a profesores y alumnos; los montos totales involucrados en el programa, la cantidad y calidad contractual de los profesionales encargados de su ejecución y la identificación de las empresas a las cuales se encargó la confección de las unidades didácticas, la fecha de las mismas, los plazos consignados y las garantías estipuladas en los contratos.	La única forma de mejorar, más allá de las leyes y normas, pasa porque cada uno cumpla con su obligación, se haga responsable y haya transparencia en todo lo que se está realizando.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Karla Rubilar.FLEXIBILIZACIÓN EN USO DEL FONDO DE DESARROLLO DE MAGALLANES. Oficio.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.	La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, en mi primera intervención en la Cámara, el 22 de marzo, solicité, por su intermedio, el envío de los oficios pertinentes al ministro de Hacienda, con el fin de que se revisara la actual situación del Fondo de Desarrollo de Magallanes y se flexibilizara la normativa actual que impide la utilización de los recursos en proyectos y programas de desarrollo productivo, de acuerdo con el espíritu del legislador.	En respuesta a mi petición, el 31 de mayo, después de dos meses de realizada, el ministro de Hacienda señala compartir la preocupación planteada por esta diputada, en orden a lograr el desarrollo armónico de las regiones del país, en particular de las extremas. A su vez, hace referencia a un proyecto de ley de fomento de la innovación para la competitividad que considera tanto diagnosticar fortalezas y debilidades de la región en esta materia como generar instrumentos de política pública.	No me queda más que felicitar dicha iniciativa, pues me parece que responde a las necesidades de las regiones. Sin embargo, esta respuesta nada tiene que ver con lo que solicité, por lo cual quiero reiterar mi petición.	El Fondo de Desarrollo de Magallanes es un instrumento creado en 1993, fundamentalmente para entregar recursos que permitan a la región generar alternativas en áreas de desarrollo productivo distintas a la de la explotación del gas y del petróleo. Los recursos que lo integran provienen de los derechos de explotación del gas y del petróleo.	Quiero reiterar que su utilización en estos más de diez años no ha respondido al objetivo de la creación de la ley, por cuanto se encuentra amarrado a la normativa del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.	En segundo lugar, la inclusión del Fondema en la partida presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional ha implicado para la región una merma en los recursos de este Fondo a costa de aquellos ingresados en el Fondema.	En tercer lugar, hoy este fondo, que en la ley está planteado con carácter acumulable, se encuentra sujeto a los criterios de cumplimiento de gastos, que bien sabemos son anuales, y a normativas del Sistema Nacional de Inversiones que, por la vía de instructivos, contradice lo establecido en la ley y en el reglamento de ese Fondo.	Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Hacienda, a fin de que en la ley de Presupuestos de 2007 se considere en forma diferenciada la partida del Fondema de la del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y establezca una glosa presupuestaria que permita su utilización en forma independiente de la normativa y de las restricciones de ese Fondo.	Además, quiero agregar un ingrediente adicional que me parece aún más grave.	Señalé que los recursos del Fondema provienen de los derechos de explotación del petróleo que, según lo establecido en el artículo 6° del decreto ley N° 2.312, gravan la explotación de yacimientos productores de gas y petróleo que haga la Empresa Nacional del Petróleo en el territorio nacional.	Hoy sabemos que existen contratos de explotación vigentes y en conversaciones con empresas privadas y con terceros, sobre yacimientos de la región de Magallanes que, de acuerdo con lo señalado en dicho decreto ley, no estarían afectos o no serían gravados por derechos de explotación, por lo que no implicarían recursos para el Fondema.	Por lo expresado, no sólo se restringe la utilización de un fondo por la vía de la normativa del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sino que, además, por la vía de entregar la explotación a privados, se deja de percibir estos recursos, establecidos y asegurados por ley.	Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Hacienda, a fin de que se modifique el decreto ley N° 2.312, estableciendo que grave la explotación que realice la Empresa Nacional del Petróleo con el derecho de explotación, ya sea directamente o a través de contratos con terceros. A su vez, para que informe a esta Cámara respecto de los contratos suscritos con privados durante la vigencia del Fondema y los recursos que habría implicado si estos también hubieran estado afectos a los derechos de explotación.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA INGRESAR A SEGUNDA ETAPA DE PROGRAMA ORÍGENES. Oficio.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Mario Venegas.	El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, desde hace algunos años se encuentra en aplicación el programa Orígenes, destinado a resolver muchos de los problemas que afectan a los pueblos originarios a lo largo y ancho de nuestro territorio. Esto es particularmente importante en la Novena Región de La Araucanía, donde, en la primera fase del programa, fueron beneficiadas varias comunidades, particularmente por la existencia de áreas de desarrollo indígena.	El programa, que es financiado con recursos del Estado y un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, ha completado su primera fase y contempla una segunda, que tenía como presupuesto una evaluación de la implementación de la primera, de manera de detectar aquellos aspectos que no fueron suficientemente atendidos o que pudieron haber tenido fallas y hacer las correcciones del caso, o considerar la incorporación de comunidades que no fueron consideradas en la primera fase.	Al respecto, el diputado Eduardo Saffirio, que me acompaña, ha solicitado reiteradamente que el sector rural de Temuco sea considerado en este programa, cuestión que aún no se ha resuelto.	Si se realizó o no la evaluación, la verdad es que desconocemos sus conclusiones. Esto nos preocupa, pues en nuestro trabajo en los distritos, en el contacto con las comunidades y sus dirigentes, por lo que ellos nos han manifestado verbalmente, hemos podido constatar que en la primera fase ha habido problemas que deben ser corregidos, en particular, respecto del trabajo de las consultoras, encargadas de entregar una asistencia técnica muy importante para el desarrollo de dicho programa. 	Durante estas últimas semanas, a través de los medios de comunicación nos hemos informado de que se están realizando reuniones con comunidades indígenas de las provincias de Cautín y de Malleco con el propósito de definir cuáles serán incorporadas en la segunda fase del programa. 	Nos parece grave no transparentar esa información y no conocer los criterios que se usarán para seleccionar a las comunas. Es importante poner la información a disposición de todos, para que quienes reúnan los requisitos exigidos puedan adscribirse al Programa Orígenes y competir en iguales condiciones. 	Es más, durante nuestro constante trabajo en nuestros distritos y en el territorio, a los diputados señores Eduardo Saffirio, Eduardo Díaz y quien habla -tres diputados democratacristianos de la Novena Región de La Araucanía- las comunidades indígenas nos han pedido información acerca de la forma de ingreso a la segunda etapa del programa. 	Por esta razón, en representación de los diputados antes mencionados, solicito oficiar a la ministra del Mideplan para que nos informe respecto de la evaluación de la primera fase del Programa Orígenes y de los criterios de selección que se utilizarán en su segunda etapa.	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados de la bancada del Partido Demócrata Cristiano y de quien preside.HOMENAJE A LOCERAS DE TALAGANTE. Oficio.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.	La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, en esta oportunidad quiero rendir homenaje a las loceras de Talagante. A través de los años, ellas han mantenido la tradición de la artesanía de figuras costumbristas y de la cultura de nuestra zona. Hoy, sufren el fallecimiento de una de sus antiguas artesanas, la señora Olga Díaz Jorquera, ocurrido el martes recién pasado, que se suma al de su hermana, en 2004. 	En 1987, durante su visita al país, se le entregó al Santo Padre un Cuasimodo confeccionado por las artesanas. 	Por otra parte, muchas de las obras de las loceras de Talagante se encuentran exhibidas en museos nacionales e internacionales, como el Museo Nacional de Washington, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo del Templo Votivo de Maipú, entre otros. Además, recibieron el Premio Nacional de Arte y el reconocimiento de diversas autoridades del país. Sin embargo, en Talagante, comuna natal de las artesanas, no existe ninguna calle o plaza en que se reconozca el trabajo de la tradición artística de las loceras de Talagante, que nació hace mucho tiempo. 	Por lo tanto, solicito oficiar a la alcaldesa de Talagante, señora Rosa Ester Huerta, y a su concejo para que, junto con expresarle mis condolencias por el fallecimiento de la señora Olga Díaz Jorquera, se considere nombrar alguna calle o plaza en honor a las hermanas Díaz Jorquera, a raíz del gran aporte que significaron en la difusión en el mundo de su tradición artística como loceras de Talagante. 	Asimismo, solicito que se envíe copia del texto de mi intervención a la hija de la señora Olga Díaz, la señora María Olga Espinoza Díaz. 	He dicho.	El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de quien preside.	Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.	-Se levantó la sesión a las 14.26 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.
    
    
    VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 14 de junio de 2006.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que crea nuevos escalafones en las plantas de la Policía de Investigaciones de Chile, correspondiente al Boletín Nº 4001-02, con las siguientes modificaciones:Artículo 2°	Ha eliminado, en el numeral 14, la frase “sin derecho a trienios” y las comas que la anteceden y suceden.DISPOSICIONES TRANSITORIASArtículo primero	Ha agregado, en el inciso primero, a continuación del vocablo “vigente”, la siguiente frase: “y no tendrán derecho a trienios”.-o-	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6013, de 18 de enero de 2006.	Acompaño la totalidad de los antecedentes.	Dios guarde a vuestra Excelencia.	(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.2.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 14 de junio de 2006.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de esta fecha, ha rechazado el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario respecto de la receta médica, correspondiente al Boletín Nº 3.915-11.	De conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política de la República, corresponde la formación de una Comisión Mixta, para lo cual el Senado ha designado a los Honorables Senadores integrantes de la Comisión de Salud.	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5910, de 9 de noviembre de 2005.	Dios guarde a Vuestra Excelencia.	(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.3.	Informe de las Comisiones Unidas de Hacienda y Minería y Energía recaído en el proyecto de ley que prorroga la vigencia del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo, establecido en la ley N° 20.063, con las modificaciones que indica. (boletín Nº 4227-08)“Honorable Cámara:	Las Comisiones Unidas de Hacienda y Minería y Energía informan, en primer trámite constitucional y en primero reglamentario, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.	Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, lo siguiente:1°	Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en mantener por un nuevo año la política de estabilización de precios de los combustibles, en atención a la alta volatilidad exhibida tanto por el precio del petróleo crudo como en el valor de los diferenciales de refinación, introduciéndole algunos perfeccionamientos al mecanismo vigente.2°	Que el articulado de esta iniciativa no contiene normas calificadas de orgánico constitucionales o de quórum calificado.3°	Que el proyecto fue aprobado en general, por la Diputada Goic, señora Carolina y los Diputados señores Encina, don Francisco; Espinosa, don Marcos; Insunza, don Jorge; Leal, don Antonio; Montes, don Carlos; Mulet, don Jaime; Ortiz, don José Miguel; Rossi, don Fulvio; Sule, don Alejandro; Sunico, don Raúl; Tuma, don Eugenio, y Valenzuela, don Esteban, que votaron afirmativamente y los Diputados señores Aedo, don René; Alvarado, don Claudio; Becker, don Germán; Cardemil, don Alberto; Dittborn, don Julio; Forni, don Marcelo; García Huidobro, don Alejandro y Rojas, don Manuel, que se abstuvieron. En consecuencia, el resultado de la votación fue de 13 votos a favor y 8 abstenciones.4°	Que Diputado Informante se designó al señor Mulet, don Jaime.-o-	Asistieron a las Comisiones Unidas durante el estudio del proyecto los señores Andrés Velasco, Ministro de Hacienda; Claudio Juárez, Jefe de la División de Finanzas Públicas; Matías Bernier, Jefe Programación Financiera de la Dipres; José Antonio Ruiz, Jefe de Hidrocarburos, de la Comisión Nacional de Energía, y los Asesores de la referida Cartera, señora Jacqueline Saintard y el señor Luis Felipe Céspedes.II. ANTECEDENTES GENERALES.A.	Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa.	En el Mensaje se señala que en los últimos años se ha producido un fuerte incremento en las fluctuaciones de los precios de los combustibles, lo que es de público conocimiento. No obstante, se puntualiza que estos altos precios son un fenómeno mundial; por lo que Chile no es la excepción a este respecto.	Se hace presente, asimismo, que mediante la ley N° 20.063, de 2005, se dispusieron recursos para la creación de un fondo de estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo y se estableció un mecanismo para su funcionamiento de carácter transitorio.	En efecto, dicha ley opera para los casos de la gasolina, el diesel y el kerosene doméstico. La situación de los demás combustibles (gas licuado de petróleo y petróleos combustibles) no ameritarían medidas fiscales adicionales de estabilización.	El mecanismo consiste en el establecimiento de una banda de precios para cada combustible. Si el precio de paridad de importación supera el máximo de la banda, se entrega un crédito fiscal al productor o importador del combustible, equivalente a la diferencia de precios, lo que permite que el precio de venta a público no supere el máximo de la banda, estabilizando el precio. Del mismo modo, si el precio de paridad de importación está por debajo del mínimo de la banda, se aplica un impuesto de beneficio fiscal que permite reinyectar recursos al Fondo. La magnitud de la compensación puede ser ajustada en caso que el Fondo se desfinancie.	Se especifica también en el Mensaje que las bandas de estabilización son más estrechas que las del anterior Fepp, oscilando en torno al 5% por sobre y bajo el precio de referencia intermedio y están basadas en un precio del combustible conformado sobre la base del precio del crudo WTI (West Texas Intermediate), más un diferencial entre dicho precio y el precio del combustible refinado (diferencial de refinación) y otros costos habituales de indexación.	La autoridad, en el mecanismo vigente, tiene la facultad de modificar el diferencial por costo de refinación periódicamente, de manera de adaptarse a las estacionalidades de los mercados.	El precio de referencia intermedio, basado en lo fundamental en el precio del petróleo crudo (WTI), se establece como un promedio móvil que considera una serie de precios históricos, así como precios observados en los mercados de futuros. La autoridad tiene la facultad de variar el número de observaciones hacia atrás o hacia adelante que conforman el promedio móvil, de manera de contar con un margen de holgura para enfrentar situaciones anormales en los mercados y adaptar de mejor manera los precios internos en función de los precios internacionales.	Por su parte, en la ley vigente, los precios de paridad de importación se obtienen a partir del precio más bajo observado en al menos tres mercados de referencia en América, en Europa y en Asia.	Para minimizar la inyección de recursos frescos al Fondo de Estabilización, los pagos que corresponde hacer a Enap, no se imputan al Fondo y no se entregan en dinero, sino que se acumulan en una cuenta contable. De igual forma, los impuestos en beneficio del Fondo que Enap recauda, no se enteran en efectivo, sino que se imputan al saldo a favor de Enap. Al término de la vigencia de la ley se solucionará el saldo neto a favor de Enap, bajo las modalidades que establezca la autoridad, a través de un decreto supremo.B.	Disposiciones legales que se modifican por el proyecto.	-La ley N° 20.063, de 2005, que crea fondos de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo.III. CONTENIDO DEL PROYECTO.	El mecanismo de estabilización que se propone en el proyecto funcionará a contar del término de la ley vigente, esto es, el 30 de junio de 2006, hasta el 30 de junio del año 2007.	Los recursos que dispondrá el mecanismo corresponden al saldo acumulado del Fondo de la ley N° 20.063, que fue constituido por los ingresos financieros de una subcuenta del Fondo de Compensación del Cobre, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° de dicha norma, descontados y sumados, respectivamente, los créditos e impuestos aplicados hasta esa fecha.	El proyecto de ley propone las siguientes modificaciones:	En relación con el diferencial de refinación la ley vigente establece, para los efectos de calcular los precios de referencia, un diferencial de refinación fijo para cada combustible, el que puede ser modificado por la autoridad con una vigencia mínima de cuatro semanas.	El proyecto de ley propone que dicho diferencial se establezca, para cada producto, como un promedio móvil de acuerdo a los precios históricos de un período que puede abarcar hasta 52 semanas. Al igual que en el caso del WTI, la autoridad tendrá la facultad de modificar el lapso del promedio móvil manteniendo dicho parámetro por un mínimo de cuatro semanas.	En relación con los precios de paridad la norma vigencia dispone que el cálculo de los precios de paridad se haga según el promedio de los precios de la semana anterior al de su fijación.	El proyecto de ley propone que el período para calcular el promedio se extienda de una a dos semanas.	En relación con los mercados de referencia el mecanismo vigente establece que el precio de paridad de cada producto se obtendrá como el menor precio promedio observado en, al menos, tres mercados relevantes de entre los mercados de América, Europa y Asia.	El proyecto de ley propone que el precio de paridad se obtenga para cada combustible como el precio de un mercado relevante o como el promedio de dos mercados relevantes.	En relación con el día de vigencia de precios de referencia y paridad la norma actual establece que los precios de referencia y los precios de paridad, y en definitiva los créditos e impuestos que determinan la estabilización de los precios, entran en vigencia los días lunes de cada semana.	El proyecto mantiene la fijación semanal de parámetros, pero propone que los nuevos precios puedan iniciar su vigencia un día distinto al actual, pero deban ser informados con dos días de anticipación.	Las modificaciones anteriores debieran permitir una mejor sintonía entre el mecanismo de estabilización de precios y la política de precios mayoristas aplicada por Enap y los importadores privados en el mercado nacional.	Respecto a la información sobre la evolución del Fondo actualmente se entrega en conjunto con la ejecución presupuestaria trimestral.	El proyecto de ley establece que la Dirección de Presupuestos deberá también informar el saldo de la cuenta de Enap, con lo cual quedarán disponibles totalmente las consecuencias financieras del mecanismo de estabilización.IV. ANTECEDENTES PRESUPUESTARIOS O FINANCIEROS.	El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 13 de junio de 2006, señala que el proyecto contempla el siguiente financiamiento:a)	El saldo que mantiene el Fondo a que se refiere la ley N° 20.063 al 30 de junio de 2006, estimado en US $ 20,7 millones.b)	Aportes semanales al fondo originados en la aplicación del artículo 3° de la ley N° 20.063.	Asimismo, señala que la aplicación del proyecto contempla los siguientes costos fiscales:a)	Se estima un costo fiscal total de la extensión del mecanismo hasta el 30 de junio del 2007 de US $ 12,1 millones, que supone la aplicación de las modificaciones planteadas en la ley con un escenario dado de parámetros y con las fluctuaciones de precios observadas durante el año 2005. El costo fiscal máximo es el saldo del Fondo mencionado en el punto anterior (estimado en US $ 20,7).b)	Dichos costos incluyen sólo el aporte necesario por las importaciones privadas, las que se estiman en un 10% del total del consumo nacional.c)	La compensación a Enap se efectuará a través de un procedimiento contable, consistente en la acumulación de los eventuales pagos por crédito fiscal en una cuenta del activo, y la deducción del saldo de dicha cuenta contable de los eventuales impuestos en beneficio del Fondo que Enap recaude. El efecto fiscal de este tratamiento implicará menores traspasos de excedentes o pagos de impuestos futuros por parte de Enap, al aplicar el saldo positivo de la cuenta señalada.V. DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.A.	Discusión general	En el debate de las Comisiones Unidas intervino el señor Ministro de Hacienda para explicar los logros conseguidos por la ley N° 20.063, de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo y las razones para prorrogar su vigencia hasta el 30 de junio de 2007, con aquellos perfeccionamientos que aconsejan su reciente aplicación. En síntesis, afirmó que el mecanismo funcionó bien para lo que estaba previsto y lo que se busca ahora con las modificaciones es lograr un mayor grado de predictibilidad en su aplicación.	En relación con las numerosas consultas formuladas por los señores Diputados, tanto respecto a la efectividad del referido mecanismo de estabilización de precios, dado que se estaría en presencia de niveles de precios extremadamente altos más que afectados los consumidores por la volatilidad de éstos, como en cuanto a la incidencia del impuesto específico a los combustibles en el nivel de precios de venta a público, o respecto del papel de Enap en la importación de diésel que dejaría un reducido margen de actividad a la competencia, el señor Velasco precisó los siguientes conceptos:	Puntualizó que frente a la actual coyuntura, es necesario distinguir entre la finalidad del proyecto de ley en estudio y otras materias, tales como el impuesto específico a los combustibles.	Enfatizó que el mecanismo vigente de estabilización de precios ha contribuido a que se elimine en 40% la variación de los precios a la gasolina, lo que representa un promedio de $ 23, aproximadamente. Reconoció que la situación que ha generado el precio internacional del petróleo es delicada.	Señaló que no es efectivo que los cambios que se proponen hagan más discrecional la determinación del margen de refinación, sino que todo lo contrario.	Por otra parte, en cuanto a la determinación de la paridad de importación, se pasaría del menor promedio de tres mercados relevantes, a un esquema en que se tomaría o un solo mercado de referencia o el promedio de dos mercados relevantes. Con esto, el precio de paridad podrá ser replicado en el mercado real, cosa que no ocurría con la paridad definida anteriormente. Así por ejemplo, mencionó que en marzo pasado hubo un precio de paridad distorsionado en el mercado de Ámsterdam, el que fue descartado por el Gobierno en beneficio de los consumidores, ya que, de haberlo considerado, habría aumentado el precio final de los combustibles.	Indicó que la recaudación por concepto de impuesto específico a los combustibles ascendió el año 2005 a poco menos del 1% del PIB, lo que se repetiría en el presente año.	Hizo notar que, en el contexto internacional, según estudios de la Oecd, el impuesto al petróleo diésel que se aplica en nuestro país, en cuanto a su magnitud, se encuentra en el lugar 89 a nivel mundial, y el de las gasolinas, en el lugar 79.	Puso énfasis en que el precio de los combustibles estos últimos días no sólo ha subido debido al alza de los precios internacionales del petróleo, sino también por el alza del dólar a nivel local.	Manifestó que en Chile existe libertad de importación, por lo que si Enap obtiene buenas ganancias por el giro que le es propio, está abierta la posibilidad de que cualquier privado que lo desee se incorpore al mercado.	Por último, descartó cualquier desincentivo en el proyecto sobre GNL por aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, por cuanto el horizonte de este último es hasta junio de 2007, en cambio, se espera que el GNL inicie sus operaciones a mediados del 2008.B.	Discusión particular.	El artículo 1° comprende siete numerales, por los cuales se prorroga el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo, dispuesto en la ley N° 20.063, de 2005, y se introducen diversas modificaciones.	El artículo 2° dispone que las modificaciones entrarán en vigencia a partir del 1 de julio de 2006.	Los artículos primero y segundo transitorios, permiten una adecuada aplicación del mecanismo desde el primer día de su vigencia y una correcta transición entre la actual y la nueva normativa.	Recogiendo la voluntad de las Comisiones Unidas se presentaron las siguientes indicaciones que fueron declaradas inadmisibles por su Presidente, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva de S.E. la Presidenta de la República, conforme con el artículo 65 de la Constitución Política.	De los Diputados señores Aedo, don René; Alvarado, don Claudio; Becker, don Germán, Dittborn, don Julio; Forni, don Marcelo; García-Huidobro, don Alejandro y Rojas, don Manuel, para agregar el siguiente artículo 3°:	“Artículo 3°.- Reemplácese, en el inciso quinto del artículo 6° de la ley N° 18.502, sobre impuestos a los combustibles, el guarismo “6” por el guarismo “3”.”.	De la Diputada Goic, señora Carolina y de los Diputados señores Aedo, don René; Duarte, don Gonzalo; Espinosa, don Marcos; Leal, don Antonio; Mulet, don Jaime; Ortiz, don José Miguel; Rossi, don Fulvio y Tuma, don Eugenio, para agregar el siguiente artículo transitorio:	“Artículo transitorio.- Si, no obstante la aplicación del mecanismo de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo, establecido en la ley N° 20.063 con las modificaciones contenidas en este proyecto de ley, y una vez que esta haya entrado en vigencia, el precio de los combustibles estabilizados conforme a estas leyes excede al mas alto precio registrado durante el mes de junio del año en curso, se procederá automática y proporcionalmente a disminuir el impuesto específico que grava estos combustibles, en la misma forma y períodos que opera el fondo de estabilización, en el porcentaje suficiente para que durante la vigencia del Fondo el precio de la gasolina, el diésel y el kerosén doméstico no excedan el precio más alto que registre durante junio del presente año.”.	Sometido a votación en particular el articulado del proyecto la Diputada Goic, señora Carolina y los Diputados señores Encina, don Francisco; Espinosa, don Marcos; Insunza, don Jorge; Leal, don Antonio; Montes, don Carlos; Mulet, don Jaime; Ortiz, don José Miguel; Rossi, don Fulvio; Sule, don Alejandro; Sunico, don Raúl; Tuma, don Eugenio, y Valenzuela, don Esteban, votaron afirmativamente y los Diputados señores Aedo, don René; Alvarado, don Claudio; Becker, don Germán; Cardemil, don Alberto; Dittborn, don Julio; Forni, don Marcelo; García Huidobro, don Alejandro y Rojas, don Manuel, se abstuvieron. En consecuencia, el resultado de la votación fue de 13 votos a favor y 8 abstenciones.V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.	Ninguno.VI. ARTÍCULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD.	La totalidad.VII. TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN.	En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, la Comisiones Unidas de Hacienda y Minería y Energía recomiendan la aprobación del siguiente texto, con modificaciones formales:PROYECTO DE LEY	“Artículo 1º.- Prorrogase el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, dispuesto por la ley N° 20.063 de 2005, con las siguientes modificaciones:1)	Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 1°, el guarismo “2006” por “2007”.2)	Modifícase el artículo 2°, de la siguiente forma:a)	Suprímese en el inciso segundo la palabra “determinado” y el párrafo final, pasando el punto (.) seguido que lo antecede a ser punto (.) final. b)	Incorpórase el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando los actuales incisos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo a ser quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero, respectivamente:	“El diferencial de refinación a utilizar en la determinación del precio de referencia intermedio de los combustibles, corresponderá al que se extraiga del promedio móvil de los precios promedio semanales de los respectivos combustibles, en el período comprendido por “s” semanas hacia atrás contadas desde la semana respectiva. El informe de la Comisión Nacional de Energía a que se refiere el inciso primero deberá indicar la metodología de cálculo del citado promedio móvil.”.c)	Reemplázase el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, por el siguiente:	“El valor del parámetro “n”, “m” o “s” tendrá una vigencia mínima de cuatro semanas, pudiendo ser modificado en el respectivo decreto que fija los precios de referencia, previo informe de la Comisión Nacional de Energía. No obstante lo anterior, los valores máximos de “n” y “s” corresponderán a 52 semanas y el valor máximo de “m” a seis meses.”.d)	Modifícase el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, en los siguientes términos:i)	Suprímese la expresión “menor”.ii)	Reemplázase la expresión “promedio semanal” por “promedio de dos semanas”, y iii)	Sustitúyese la frase final por la siguiente: “Para estos efectos se considerará un mercado relevante para cada combustible o el promedio de dos mercados relevantes para cada combustible”. e)	Modifícase el actual inciso octavo, que ha pasado a ser noveno, como se indica:i)	Sustitúyese la expresión “la semana anterior”, por “las dos semanas anteriores”, las dos veces que aparece.ii)	Reemplázase la expresión “primer día de la semana siguiente” por “día jueves siguiente”, las dos veces que aparece.f)	Agréganse los siguientes incisos finales:	“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el monto de los créditos y/o impuestos será informado a más tardar el día martes previo a su entrada en vigencia.	Para los efectos de este artículo, se entenderá por semana al período de 7 días consecutivos cuyo comienzo y término será determinado por el decreto respectivo.”.3)	Incorpórase, al final del artículo 5°, el siguiente inciso: 	“A contar del 1 de Julio de 2006 y hasta el 30 de Junio de 2007, el Fondo operará con el saldo que registre al 30 de Junio de 2006.”.4)	Modifícase el artículo 6° de la siguiente manera:a)	Suprímese, en el inciso tercero, la frase “más la proyección de los ingresos financieros en que debiera incrementarse durante el mismo período” y la frase “y de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, tratándose de los ingresos financieros” y reemplácese la coma (,) que la antecede por un punto (.).b)	Reemplázase, en el inciso quinto, la frase “observado en la fecha y forma que se establezca” por la expresión “fecha y modalidad que se establezcan” antecedida de una coma (,).5)	Modifícase el artículo 8° de la siguiente manera:a)	Reemplázase, en el inciso tercero, la palabra “julio” por “enero”.b)	Incorpórase, al final del artículo 8°, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto: 	“Si al 30 de junio de 2007 la cuenta referida en el inciso primero, menos el saldo señalado en el inciso anterior, registra un saldo a favor de Enap, la empresa tendrá derecho a imputar dicho saldo a partir del 1 de enero de 2008 en la forma dispuesta en el decreto supremo referido en el inciso anterior. El Fisco podrá saldar dicha cuenta total o parcialmente mediante la capitalización de utilidades acumuladas en la forma que se disponga mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Hacienda y que deberá llevar también la firma del Ministro de Minería.	En caso que el saldo al 30 de junio de 2007 resulte a favor del Fisco, el Ministro de Hacienda dispondrá mediante resolución la forma de enterar dicho saldo al Fisco.	La Dirección de Presupuestos informará trimestralmente el saldo neto de la cuenta a que se refiere el inciso primero.”.6)	Suprímanse los artículos 9° permanente y primero, segundo, tercero y cuarto transitorios.7)	Sustitúyase el actual artículo sexto transitorio, que ha pasado a ser segundo transitorio, por lo siguiente: 	“Artículo segundo.- El saldo de la cuenta especial a que se refiere el artículo 5° de esta ley, al 30 de junio de 2006, se mantendrá como parte de los recursos del Fondo de Compensación de los Ingresos del Cobre. El saldo del Fondo a que se refiere el artículo 1° de la presente ley, al término de su vigencia, en caso de ser positivo, recibirá el mismo tratamiento.”.	Artículo 2°.- Las modificaciones a la presente ley entrarán en vigencia a partir del 1 de julio de 2006.	Artículo primero transitorio.- Los precios, créditos e impuestos fijados para la semana que se inicia el 26 de junio de 2006, se mantendrán vigentes hasta el 5 de julio de 2006, imputándose o enterándose los créditos o impuestos de las importaciones al Fondo.	Artículo segundo transitorio.- En tanto no se realicen las modificaciones al Reglamento de la ley N° 20.063, serán aplicables sus normas vigentes en lo que resulte pertinente, pudiendo los decretos a que se refiere el artículo 2° establecer las normas reglamentarias complementarias que fueren necesarias de acuerdo con las modificaciones propuestas por la presente ley.”.	Acordado en sesión de fecha 14 de junio de 2006, con la asistencia de los Diputados señores Mulet, don Jaime (Presidente), Aedo, don René; Alvarado, don Claudio; Becker, don Germán; Cardemil, don Alberto; Dittborn, don Julio; Encina, don Francisco; Espinosa, don Marcos; Forni, don Marcelo; García-Huidobro, don Alejandro; Goic, señora Carolina; Insunza, don Jorge; Leal, don Antonio; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Rojas, don Manuel; Rossi, don Fulvio; Sule, don Alejandro; Sunico, don Raúl; Tuma, don Eugenio y Valenzuela, don Esteban, según consta en el acta respectiva.	(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de las Comisiones Unidas”.