-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650468/seccion/akn650468-po1-ds30-ds33
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650468/seccion/akn650468-po1-ds30
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650468
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/1
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1209
- rdf:value = "
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , qué fácil sería para nosotros, como diputados de Gobierno, y en mi caso personal como integrante, por muchos años, de la Comisión de Hacienda, plantear que el Estado, para hacer posible la concreción del proyecto que otorga una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios municipales, debiera costear la diferencia -cinco meses- que separa este beneficio del que recibe el resto de los trabajadores. Sin embargo, tenemos que situarnos en la realidad de los municipios.
El año pasado se realizó en Concepción el encuentro nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, Asemuch, cuya directiva se encuentra presente en las tribunas, al cual fuimos invitados todos los parlamentarios y candidatos de la época. En ese encuentro se asumieron compromisos, y uno de ellos fue que, en días posteriores, se firmaría un protocolo con el ministro del Interior , señor Francisco Vidal ; con la subsecretaria de Desarrollo Regional, señora Adriana Delpiano ; con la Asociación Chilena de Municipalidades y con la Asemuch. Dicho protocolo se firmó en diciembre y se materializó en un proyecto de ley que ingresó a tramitación los primeros días de enero de este año.
En aquella oportunidad, los trabajadores municipales graficaron el protocolo como el instrumento que permitiría darle “tiraje a la chimenea” -ascensos y concursos públicos- a través de ofrecer una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios que tengan 60 o más años de edad, en el caso de las damas, y 65 o más años, si son varones.
Los diputados que integraron la Comisión de Hacienda durante el período anterior y los actuales siempre tuvimos la disposición, la voluntad y el deseo de buscar la forma de materializar un aporte del Estado para hacer efectivo el proyecto. Para tal efecto, escuchamos al Ministerio de Hacienda, a los gremios y, durante estos últimos meses, a la actual subsecretaria de Desarrollo Regional, señora Claudia Serrano , a su asesor, Rodrigo Cabello , y a otros profesionales de alto nivel, quienes nos entregaron un detalle pormenorizado del costo del proyecto y del número de personas que podrían impetrar el beneficio. El total de funcionarios asciende a 1.953 -1.251 varones y 702 mujeres-, y el costo total de la bonificación por 11 meses sólo representa el 0,995 por ciento de los ingresos propios de las municipalidades.
Ayer discutimos un proyecto que prorroga el plazo para reclamar por la aplicación del impuesto territorial y que incide en la ley de rentas municipales 2, y se recordó que dicho cuerpo legal surgió a petición de la Asociación de Municipalidades, con el fin de obtener mayores ingresos. Precisamente, esa mayor recaudación permitirá solventar la aplicación del beneficio para esos funcionarios.
Con el tiempo, en no más de 2 ó 3 años, los dineros que importe la entrega de la bonificación se recuperarán debido a que la planilla de personal disminuye, puesto que quienes harían uso de este beneficio reciben los sueldos más altos. Es decir, estaríamos legislando, en justicia, en favor de estas personas.
Ayer, en la Comisión de Hacienda, contamos con la presencia de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, de los representantes de la Dirección de Presupuestos del ministerio de Hacienda; del jefe de la División de Municipalidades , Samuel Garrido ; del jefe de la División Legislativa , Rodrigo Cabello , y de toda la directiva de Asemuch. Después de 2 horas de reunión, logramos clarificar una de las mayores inquietudes que tenían los representantes de los funcionarios municipales, y que estaba referida al inciso tercero del artículo 1° del proyecto, en cuanto podrían verse afectados los derechos de bienestar de los funcionarios que presenten la renuncia voluntaria.
Aquí quiero hacer un alto, a propósito de un reconocimiento que nos hicieron los dirigentes municipales en dicha reunión.
Mucho se critica al Poder Legislativo e, incluso, a los que llevamos muchos períodos; pero analicemos los resultados. Algunos parlamentarios hacemos el trabajo calladitos y no en función de los medios de comunicación. Esos dirigentes reconocieron que varios de los diputados presentes en la Comisión nos transformamos en “pulga en el oído” en procura de crear los departamentos de bienestar de los municipios, cuya concreción derivó en grandes beneficios para sus funcionarios. Esa es la consecuencia de que muchos parlamentarios aún seguimos vigentes, y no porque se nos ocurra, sino por efecto de las votaciones de la ciudadanía, que premia nuestra perseverancia y constancia al momento de representarla.
Quise hacer esta aclaración, porque este último tiempo he escuchado sólo críticas al Poder Legislativo; pero, “por sus frutos los conoceréis”. Los dirigentes reconocieron que la ley de Anef la tramitamos nosotros, diputados y senadores; con nuestra constancia logramos beneficios especiales que se tradujeron en justas reivindicaciones para todo el sector público, a quienes hoy se les reconoce su capacidad, su profesionalismo, su dedicación y su vocación de servicio público.
Quise comenzar mi intervención con eso, porque en la discusión quedó claro que los municipios tienen la posibilidad de financiar esta futura ley. Aparte de eso, ayer la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, la señora Claudia Serrano , una vez más planteó que estaba disponible para que los municipios presentaran en este caso un programa de pago de la bonificación de retiro.
Puedo dar fe de algo. Hace algunos días, ella estuvo reunida en un sector de la comuna de Tomé, Octava Región, con todos los alcaldes del país, donde fueron solucionando uno a uno los problemas de los municipios. Es bueno destacar este tipo de hechos.
¿Qué significa este proyecto? Tal como lo expresé, involucra a un número importante de personas, y consiste en una bonificación por retiro voluntario para los funcionarios municipales que tengan 60 o más años de edad, si son mujeres, o 65 o más años de edad, si son hombres, y que dentro del período de doce meses, contado desde el primer día del mes siguiente al de la publicación de esta ley, cesen en sus cargos por aceptación de renuncia voluntaria, en relación con el respectivo cargo municipal.
Este beneficio también se extenderá a los funcionarios municipales que se encuentren en funciones a la fecha de publicación de la ley y que entre dicha data y el 31 de diciembre del año 2007, cumplan 60 años de edad, si son mujeres, o 65, si son hombres, siempre que cesen en sus cargos por aceptación de renuncia voluntaria, en relación con el respectivo cargo municipal, dentro de los doce meses siguientes al cumplimiento de dichas edades.
Sin embargo, el funcionario municipal que con posterioridad a la comunicación de su renuncia voluntaria obtenga jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, cesará en sus funciones en esa oportunidad y mantendrá el derecho a la bonificación, siempre que fuere anterior a la fecha establecida en su renuncia voluntaria.
Los beneficiarios tendrán derecho a percibir una bonificación por retiro equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicios o fracción superior a seis meses prestados en la administración municipal, con un máximo de seis meses.
Sin perjuicio de lo anterior, el alcalde, previo acuerdo del concejo municipal, podrá otorgar a los funcionarios municipales beneficiarios de la bonificación, en las condiciones y dentro del período señalado, una bonificación complementaria por retiro, la que en conjunto con la que acabo de mencionar, no podrá sobrepasar los años de servicio prestados en la administración municipal, ni ser superior a once meses de bonificación.
Quiero destacar que las bonificaciones antes señaladas no serán imponibles ni constituirán renta para ningún efecto legal y serán de cargo municipal.
Anuncio el voto favorable de la Democracia Cristiana al proyecto, en general y en particular, a fin de terminar hoy su primer trámite constitucional, para que sea ley en 60 días más, cuando se realice su segundo trámite constitucional en el Senado, porque va en beneficio de los funcionarios municipales.
He dicho.
"
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- rdf:type = bcnres:Participacion
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
