REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 69ª, en martes 5 de septiembre de 2006
(Ordinaria, de 11.04 a 13.59 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; Burgos Varela, don Jorge, y Pérez Arriagada, don José.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE

I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.ORDEN DEL DÍA
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
VII.INCIDENTES
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia13
II.Apertura de la sesión17
III.Actas17
IV.Cuenta17
Envío de proyecto a Comisión de Constitución, Legislación y Justicia18
Réplica a alusiones de prensa. (Artículo 34 del Reglamento)18
Autorización a Comisiones investigadoras para sesionar simultáneamente con la Sala20
Prórroga de plazo a Comisión de Derechos Humanos20
V.Orden del Día. 
Modificación del N° 16, artículo 97, del Código Tributario. Tercer trámite constitucional20
Excepción a inhabilidad de ingreso al Servicio Exterior. Modificación de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Primer trámite constitucional26
VI.Proyectos de acuerdo.
Preferencias de tramitación33
Aplicación de salvaguardias a la importación de leche33
Medidas para aclarar las circunstancias del fallecimiento del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva36
Rechazo a cierre de oficina de AFP Provida39
VII.Incidentes.
Prevención en robo de cables telefónicos en comuna de Peñaflor. Oficios39
Reconocimiento a labor de escuela de Riachuelo, comuna de Río Negro. Oficios40
Estigmatización mediática de ciudad de Calama. Oficios41
Derogación de decreto que modifica sistema de cálculos de costos de energía eléctrica. Oficios42
Alcances sobre entrega de anticonceptivos. Oficio43
Información sobre paralización de la construcción del puente Boyeruca en 
Sexta Región. Oficio45
Consulta a la comunidad con motivo de construcción de emisario de aguas servidas en Pichilemu. Oficios46
Respaldo a distribución de anticonceptivos de emergencia47
Homenaje en memoria de Miguel Ángel Leal49
Pág.
Alcances sobre estatutos de la Universidad de Chile. Oficio50
Situación hospitalaria de Primera Región. Oficio50
Estado de avance de obras de reconstrucción en comuna de Pica. Oficio51
Denuncia sobre eventual conflicto de intereses en municipios de Región Metropolitana respecto de planos reguladores. Oficios52
Información sobre política de remuneraciones en Televisión Nacional de Chile. Oficios52
Antecedentes sobre compra de helicópteros a empresa italiana. Oficio53
Estudio sobre experiencia comparada en promoción y uso de bicicleta. 
Oficios53
Información sobre proyectos de agua potable rural en Sexta Región. Oficios53
Información sobre contratos entre Ministerio de Obras Públicas y empresa Alca. Oficio53
Aumento de presupuesto a Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Oficios54
VIII.Documentos de la Cuenta. 
Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales hace retira y hace presenta la urgencia “suma” para el despacho de los siguientes proyectos:
1.Reforma constitucional que establece como deber del Estado velar por la calidad de la educación. (boletín N° 422207)55
2.Establece una subvención preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables. (boletín N° 403004)55
3.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma” para el despacho del proyecto que establece un régimen simplificado para determinar el impuesto a la renta de los micro y pequeños contribuyentes. (boletín N° 424603)56
Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales hace retira y hace presenta la urgencia “simple” para el despacho de los siguientes proyectos:
4.Modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías. (boletín N° 432107)56
5.Modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004, referido al Tribunal de Defensa de Libre Competencia. (boletin N° 423403)56
6.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que “modifica el número 16 del artículo 97 del decreto ley N° 830, de 1974, Código Tributario, que sanciona la pérdida o inutilización de los libros o documentos que señala”. (boletín N° 236405)57
Pág.
Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos: 
7.Exime a los vehículos internados al país bajo el régimen de zona franca de extensión del cumplimiento de las normas de emisión dictadas con posterioridad a su fecha de fabricación. (boletín N° 439203)58
8.Modifica el Estatuto de Capacitación y Empleo, en materia de bonificación al contrato de aprendizaje. (boletín N° 417413)59
9.Modifica la ley N° 19.518, permitiendo que las municipalidades puedan 
actuar como organismos técnicos de capacitación, (Otec). (boletín N° 418506)59
10.“Acuerdo de cooperación y ayuda mutua en materia de prevención y atención de desastres”, celebrado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Perú, suscrito en Lima el 10 de diciembre de 2004. (boletín N° 408510)59
11.Proyecto de acuerdo aprobatorio de la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el Reglamento para la aplicación de la Convención y su protocolo, adoptados el 14 de mayo de 1954. (boletín N° 421310)60
12.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aceptado la proposición de la Cámara de Diputados de proceder al archivo del proyecto, iniciado en moción, que denomina “Aeropuerto Presidente Eduardo Frei Montalvo” al actual Aeródromo Presidente Balmaceda, ubicado en la comuna de Coihaique, Undécima Región de Aisén, General Carlos Ibáñez del Campo. (boletín 
N° 145606)60
13.Oficio del H. Senado por el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a las modificaciones propuestas al proyecto sobre “modificación del decreto ley N° 3.557, de 1981, que establece disposiciones para la protección agrícola”, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá constituirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República. (boletín N° 377001)61
14.Primer informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto que “modifica la ley N° 18.290, de tránsito, tipificando como falta grave el quedar detenido en determinadas vías públicas debido a la falta de combustible. (boletín N° 407809)61
15.Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto de acuerdo N° 43, referido a la Ficha CAS69
16.Moción de los diputados señores Lobos, Bobadilla, Estay, Girardi, Moreira, Norambuena, Robles, Rojas, Sepúlveda, don Roberto, y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, que regula en la ley de las Instituciones de Salud Provisional (Isapres), los excesos generados por los afiliados. (boletín 
N° 446411)73
Pág.
17.Moción de los diputados señores Silber, Duarte, Hales, Ortiz, Paredes, 
Vallespín, Walker, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana y Saa, doña María Antonieta, que “establece el fuero paternal”. (boletín N° 446513)74
18.Moción de los diputados señores Tuma, Leal, Silber, y de las diputadas señoras Pascal, doña Denise y Rubilar, doña Karla, que “modifica la ley 
N° 19.628, con el objeto de ampliar los mecanismos de protección de los datos de carácter personal”. (boletín N° 446603)79
19.Moción de los diputados señores Venegas, Espinosa, don Marcos; Farías, Meza, Robles, y de las diputadas señoras Soto, doña Laura y Vidal, doña Ximena, que “modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, haciendo extensiva la protección del servicio de sala cuna de manera análoga a la vigente en la ley a otras personas calificadas profesionalmente”. (boletín N° 446713)84
20.Moción de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Cristi, doña María Angélica, y de los diputados señores Álvarez, Araya, Becker, De Urresti, Jarpa, Leal, Rojas y Sule, sobre “expendio de alcoholes en casinos de juegos”. (boletín N° 446806)85
21.Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Araya, Díaz del Río, Galilea, Kast, Martínez, Rojas y Sabag, que “modifica el Código Penal con el objeto de tipificar como delito de estafa las conductas que mediante engaños e invocando la adhesión a determinadas creencias religiosas, persiguen la disposición patrimonial, en las formas que indica”. (boletín N° 446907)87
22.Moción de los diputados señores Errázuriz, Becker, y de la diputada señora Isasi, doña Marta, que “obliga a los bancos a contratar un seguro para garantizar contra robos y hurtos en su interior”. (boletín N° 447003)88
23.Moción de los diputados señores Errázuriz, Becker y de la diputada señora Isasi, doña Marta, que “impide otorgar libertad provisional a autores de delitos de connotación sexual”. (boletín N° 447107)89
24.Moción de los diputados señores Errázuriz, Becker y de la diputada señora Isasi, doña Marta, que “sanciona a ministro de fe que no concurra a la constitución de una organización territorial o funcional”. (boletín N° 447206)89
25.Moción de la diputada señora Cubillos, doña Marcela y de los diputados señores Álvarez, Estay, Forni, Lobos, Hernández, Melero, Uriarte, Urrutia y Ward, que modifica la ley de calificación cinematográfica estableciendo el consumo excesivo de drogas como un contenido pernicioso (boletín 
N° 447504)90
26.Moción de los diputados señores Kast, Bauer, Estay, Forni, Hernández, Lobos, Melero, Uriarte, Von Mühlenbrock y Ward, que permite a las personas, al momento de obtener o renovar su pasaporte, expresar su voluntad de ser donante. (boletín N° 447611)91
Pág.
27.Moción de los diputados señores Forni, Bobadilla, Egaña, Estay, Hernández, Lobos, Melero, Moreira, Urrutia, y de la diputada señora Cristi, doña María Angélica, que incorpora el concepto de familia en la ley sobre deficientes mentales. (boletín N° 447718)91
28.Moción de los diputados señores Forni, Bobadilla, Estay, Hernández, Kast, Masferrer, Melero, Von Mühlenbrock, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica y Cubillos, doña Marcela, que modifica la norma sobre calificación de producción cinematográfica incorporando al concepto de familia como un contenido educativo. (boletín N° 447804)92
29.Moción de los diputados señores Forni, Álvarez, Alvarado, Barros, Correa, Lobos, Recondo, Uriarte, Ward, y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, que modifica la ley que crea el Registro Nacional de ADN, estableciendo sanciones civiles y penales a los funcionarios que no destruyan material biológico estando obligados a hacerlo. (boletín N° 447907)93
30.Moción de los diputados señores Forni, Estay, Hernández, Lobos, Masferrer, Melero, Moreira, Uriarte, Von Mühlenbrock y Ward, que modifica la ley sobre sistema de inteligencia del Estado, en cuanto al pago de remuneraciones de un funcionario cuestionado. (boletín N° 448002)94
31.Moción de los diputados señores Aguiló, EnríquezOminami, Montes y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Muñoz, doña Adriana, que establece un nuevo concepto de empresa. (boletín N° 445613)95


IX.Otros documentos de la Cuenta. 

1.Comunicación:
Del Grupo Interparlamentario ChilenoUcraniano por el cual renueva su llamado para los señores diputados que lo deseen puedan integrarse para el periodo 20062010. 
2.Oficios:
De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e integración Latinoamericana por el cual comunica que el Grupo Interparlamentario ChilenoArgelino inició sus actividades y eligió como Presidente al diputado señor Bustos, y como Vicepresidente al diputado señor Jiménez. 
Del Grupo Interparlamentario ChilenoHolandés por el cual comunica que eligió como Presidente al diputado señor Valenzuela y como Vicepresidente al diputado señor Duarte. 
De la Comisión Especial Investigadora Encargada de Recopilar los antecedentes relativos a Intervención Electoral, por el cual solicita el consentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 7 de septiembre en curso, de 11 a 13 horas, para informar sobre la materia. 
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía por el cual solicita el acuerdo de la para prorrogar en 60 días el plazo para elaborar las conclusiones en la investigación sobre las eventuales irregularidades cometidas en el Servicio Médico Legal que condujeron a la errónea identificación de restos encontrados en el Patio 29 del Cementerio General. 
De la Comisión de Minería y Energía, constituida en Investigadora de las causas, consecuencias y responsabilidades involucradas en el derrumbe producido al interior del mineral de Chuquicamata, de la División Codelco Norte, por el cual solicita autorización para sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 7 de septiembre en curso, de 11 a 13 horas, para cumplir su mandato. 
Contraloría General de la República:
Diputada Cristi, información sobre patentes de los “Apart Hotel” en clasificación de establecimientos de expendios de bebidas de alcoholes. 
Diputado Alinco, información sobre cursos de postgrado en Aisén. 
Diputado Martínez, cobros indebidos por servicios y situación de deudores de agua potable, en la localidad El Carmen. 
Diputado Bobadilla, investigación para determinar presuntas responsabilidad administrativas surgidas en reparación y construcción en Escuela República de Panamá.
Diputado Galilea, petición de informe a Contraloría sobre irregularidades de la Seremi Metropolitana de Educación y la respuesta dada por el Ministerio sobre el particular. 
Diputada Saa, auditoria en la Municipalidad de Renca por eventuales infracciones administrativas. 
Diputado Jaramillo, copia del dictamen N° 31.253, de 5 de julio de 2005. 
Diputada Isasi, investigación en la Dirección de Salud de Iquique, por taller de capacitación. 
Diputado Delmastro, información sobre contratos suscritos de la Municipalidad de Lanco. 
Diputado Sepúlveda, don Roberto, eventuales irregularidades de las empresas “Inmobiliaria Sol de Maipú”, “Inmobiliaria Brotec Icafal”, “Constructora BGM. S.A.”, “Inmobiliaria VET Maipú S.A.”, “Inmobiliaria Barrio Holanda”, “Inmobiliaria Los Silos”, “Inmobiliaria Socovesa Santiago”, “Inmobiliaria Pocuro”, “Inmobiliaria Viviendas Metropolitana”, “Constructora Sironvalle S.A.”, “Inmobiliaria Las Palmas de Maipú”, “Inmobiliaria Inca Ltda.”, respecto de uso de franquicias tributarias. 
Diputado GarcíaHuidobro, petición de antecedentes oficiales a CodelcoChile, relativos a entrega de bonos por desempeño a sus ejecutivos. 
Diputado Bertolino, información sobre deuda de la municipalidad de La Higuera y de créditos descontados por planilla a los profesores y funcionarios de la misma municipalidad. 
Diputado Von Mühlenbrock, información respecto del proyecto “Vertedero Privado de Lodos Orgánicos”. 
Diputado GarcíaHuidobro, solicita remisión del decreto N° 22, del año 1999, de Conama. 
Ministerio de Interior:
Diputado Hernández, creación de nuevas regiones, especialmente, la de Osorno. 
Diputado Alvarado, información sobre construcción de multicancha en población Cabo Vergara. 
Diputado Jaramillo, medidas adoptadas tendientes a garantizar un acceso seguro a los establecimientos educacionales de las zonas rurales, especialmente de las lacustres. 
Diputado Robles, información sobre cooperativas mineras Batea, Rodesia, Mantos Verdes y Abundancia, de Tierra amarilla. 
Diputada Rubilar, recursos para construcción de liceo municipal en comuna de Renca. 
Proyecto de Acuerdo N° 9, solicita al Ejecutivo un estudio de la división política y administrativa del país. 
Ministerio de Relaciones Exteriores:
Diputado Díaz, don Marcelo, información sobre el programa “Mas Región” en el marco de la cooperación bilateral con la Comisión Europea, en la Cuarta Región. 
Diputado Alinco, solidaridad con el pueblo Palestino y suspensión de compra de armas a Israel. 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Diputado Walker, sobre medición y costo de canasta básica en comunas de la Undécima Región. 
Ministerio de Hacienda:
Diputado Urrutia, sobre cobro de contribuciones a bienes raíces de la comuna de Parral. 
Diputado Rojas, sobre recaudación por patente mineras en la Segunda Región desglosado por la región misma y por las comunas respectivas. 
Diputado García, investigación en sucursal de Loncoche del Banco del Estado. 
Diputado Mulet, medidas para contrarrestar excesos por aplicación de la ley N° 19.955, sobre licitación de casinos. 
Diputado Errázuriz, modificación de ley N° 19.995, sobre bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juegos, a fin de evitar el monopolio de esa actividad. 
Diputado Silber, recursos para programa de reparación de viviendas Serviu y extensión de este subsidio a beneficiarios del programa especial de trabajadores (DL. 149). 
Proyecto de Acuerdo N° 77A, solicitud de eliminación del impuesto de timbres y estampillas respecto de créditos bancarios. 
Proyecto de Acuerdo N° 62, programa especial y extraordinario de inversión en temas prioritarios. 
Ministerio de Educación:
Diputado Quintana, ampliación de los plazos o nueva vigencia de ley 
N° 19.933, sobre retiro de profesores. 
Diputado Delmastro, reparación de escuela de localidad de Antilhue, comuna de Los Lagos, Valdivia. 
Proyecto de Acuerdo N° 55, medidas en materia de infraestructura educacional. 
Ministerio de Justicia:
Diputado Galilea, nombramiento de nuevo Juez de Garantía en Puerto Aisén. 
Diputado Galilea, nombramiento de cuarto juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en la ciudad de Coihaique. 
Ministerio de Defensa Nacional:
Diputado Sepúlveda, don Roberto, medidas para reprimir delincuencia en Villa Francia. 
Diputado Súnico, sobre recursos generados por el mayor precio del cobre destinados a las Fuerzas Armadas. 
Diputado Álvarez, información sobre naves regionales mayores que figuran en registros de la Directemar, desde 1996 a la fecha. 
Diputado Monckeberg, don Nicolás, estudio técnico que determine el nivel de seguridad vial de plaza de peaje acceso norte a Chillán. 
Diputado Urrutia, factibilidad de transformar la Tenencia de la comuna de Longaví en Subcomisaría. 
Ministerio de Obras Públicas:
Diputado Monckeberg, don Nicolás, factibilidad de que el camino ubicado en el sector San Pedro, comuna de Ñiquén, VIII Región, pase a depender de la Dirección de Vialidad. 
Diputado Monckeberg, don Nicolás, información sobre Puente Paniagua, en comuna de Trehuaco. 
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra, implementación de programa caminos básicos 5000 en sectores rurales de comuna de San Fernando. 
Diputado Galilea, mejoramiento del camino Bajada Ibáñez de la comuna de Río Ibáñez. 
Diputado Jaramillo, recursos para estudio de diseño de ingeniería del camino entre las localidades de Entre Lagos y Mantihue, en la X Región. 
Ministerio de Agricultura:
Diputado Quintana, protección, mantenimiento e incremento de sanidad apícola. 
Diputado Delmastro, compra de aviones cisterna. 
Diputado Martínez, situación laboral Servicio Agrícola y Ganadero. 
Ministerio de Bienes Nacionales:
Diputado Galilea, destinación de terrenos como áreas de expansión en Bahía Murta. 
Diputado Galilea, concesiones fiscales otorgadas en Región de Aisén. 
Diputado Galilea, listados de beneficiados por ley del sur en la Región de Aisén. 
Diputado Urrutia, propiedades que puedan ser destinadas a construir viviendas sociales, comuna de Retiro. 
Diputado Alvarado, construcción de multicancha en población Cabo Vergara. 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
Diputado Lorenzini, apoyo a pequeñas radios de nuestro país. 
Información sobre el Proyecto de Acuerdo N° 535 de las Comisiones Unidas de Salud y Trabajo, en relación a la patología de la “Silicosis”. 
Ministerio de Salud:
Diputado Lobos, recursos para atender damnificados con alteraciones mentales como consecuencia del reciente temporal. 
Diputado García, investigación hospital de Loncoche, denuncia realizada por don Osvaldo Parra Espinoza. 
Diputado Sepúlveda, don Roberto, razón de no inclusión en la modalidad de libre elección contemplada en ley N° 18.469, la atención del profesional nutricionista. 
Proyecto de Acuerdo N° 126, solicitud de incorporar la atención nutricional en la modalidad de “libre elección”, en la ley N° 18.469. 
Proyecto de Acuerdo N° 58, revisión de tratados que permiten el ejercicio profesional, en Chile, de médicos formados en el extranjero .
Ministerio Secretaría General de Gobierno:
Diputado Robles, aprobación de proyecto minero que afecta recurso hídrico. 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Diputado GarcíaHuidobro, análisis fisicoquímico de residuos acumulados en Vertedero Cerro Minero de la División El Teniente de Codelco. 
Diputado Bauer, análisis fisicoquímico de residuos acumulados en Vertedero Cerro Minero de la División El Teniente de Codelco. 
Diputado De Urresti, estado de avance de incorporación del Humedal Valdiviano al Registro Montroux. 
Diputado Von Mühlembrock, proyecto “Vertedero Privado de Lodos Orgánicos de la X Región”. 
Diputado Girardi, medidas para paliar contaminación en Región Metropolitana. 
Proyecto de Acuerdo N° 115, que se envíe el proyecto de ley que modifique el artículo 151 de ley N° 18.834, a fin de derogar causal de extinción de responsabilidad. 
Proyecto de Acuerdo N° 101, se solicita al Ejecutivo proyecto de ley que modifique ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Ministerio de Planificación y Cooperación:
Diputada Herrera, sobre programa “Manos a la Obra”. 
Diputado Venegas, don Mario, criterios de evaluación para ingresar a Programa Orígenes en la Novena Región. 
Diputada Isasi, información sobre Marisol Torres y Héctor Figueroa beneficiarios del Plan Puente 2006. 
Proyecto de Acuerdo N° 76, que se envíe proyecto de ley que cree incentivo para contratación de mano de obra mapuche. 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes:
Diputado EnríquezOminami, información de ese Ministerio con medios de comunicación. 
Consejo de Defensa del Estado:
Diputado Jarpa, resguardo del interés fiscal comprometido. 
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.:
Diputado Burgos, extensión de Línea de Metro a comuna de Ñuñoa. 
Intendente Región de la Araucanía:
Diputado Estay, análisis técnico y económico de construcción de calzadas de Pillanlelbún e incorporación de pavimentación de calles de esa localidad al Banco de Inversiones del Fondo de Desarrollo Regional. 
Municipalidad de Antofagasta:
Diputado Araya, proliferación de paletas publicitarias en centro de Antofagasta. 
Municipalidad de Cerrillos:
Diputado Sepúlveda, don Roberto, mantención de plaza El Sendero. 
Municipalidad de Maipú:
Diputado Sepúlveda, don Roberto, sobre propiedad de multicancha Huelén. 
Municipalidad de Cisnes:
Remite información de acuerdo a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 4 de la ley N° 19.886, de Bases de Contratos Administrativo de Suministro y Prestación de Servicios, modificado por el artículo 13 de la ley N° 20.088.


I. ASISTENCIA

Asistieron los siguientes señores diputados: (118)
NOMBRE
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Aguiló Melo, Sergio
--Alinco Bustos, René
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--Goic Boroevic, Carolina
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Herrera Silva, Amelia
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende, Denise
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Rubilar Barahona, Karla
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Villalobos, Jorge
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Soto González, Laura
--Sule Fernando, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valcarce Becerra, Ximena
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe


II. APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 11.04 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 64ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 65ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.


IV. CUENTA

El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor LEAL (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, en el punto 31 de la Cuenta figura el ingreso del proyecto de ley que establece un nuevo concepto de empresa. En uso de las facultades que me confiere el artículo 14 del Reglamento, solicito que la Mesa reconsidere su admisibilidad.
Muchos personeros de la Concertación, incluido su señoría, han hecho declaraciones en los medios de comunicación objetando la sentencia de un tribunal creado por el Congreso Nacional; incluso, han llegado a decir...
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, no puedo permitirle la palabra para referirse a la admisibilidad del proyecto.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, el Reglamento permite a todos los diputados solicitar que se reconsidere la admisibilidad de un proyecto. En este caso, estoy argumentando mi petición. 
El fallo del Tribunal Constitucional señala, como único fundamento de la inconstitucionalidad del artículo 183 ter del proyecto de ley sobre subcontratación, que introduce un nuevo concepto de empresa, que ello es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, independientemente de si se trata de un concepto adicional o único. En este caso, el de empresa es único y altera la modalidad de pago de las cotizaciones previsionales y de las responsabilidades laborales. 
En tal virtud, no tiene sentido que, a menos de diez días del fallo, la Mesa de la Cámara declare admisible una moción que establece un nuevo concepto de empresa, en circunstancias que el Tribunal Constitucional, ha declarado que la iniciativa para legislar es materia reservada al Presidente de la República.
Por lo tanto, pido formalmente que se reconsidere la admisibilidad de la moción y, si es necesario, que se recabe el pronunciamiento de la Sala, porque es abiertamente inconstitucional; además, es inapropiado que la Mesa se preste para el uso político de un tribunal, cuya finalidad no es tal.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, lamento los conceptos que ha vertido sin antes permitir que la Mesa entregue su opinión.
En primer lugar, la admisibilidad no se reclama; sólo se reconsidera la inadmisibilidad. 
En segundo lugar, he estudiado acuciosamente el proyecto de ley y el fallo del Tribunal Constitucional. La sentencia recayó no sobre el fondo sino sobre la forma de la disposición, porque incorporaba el concepto de seguridad social, lo que no ocurre en este caso.
Lamento que su señoría no conozca el proyecto, porque los autores de la moción se refieren exclusivamente al tema laboral; por lo tanto, no importa gastos. Si el Tribunal Constitucional se hubiera encontrado con una disposición concebida en estos términos, se habría pronunciado sobre el fondo y no sobre la forma. 
De manera que no puedo declarar inadmisible la moción.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Pido la palabra señor Presidente.
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, no le puedo dar la palabra, porque la admisibilidad no es discutible. Su señoría puede recurrir al Tribunal Constitucional. Le he explicado que el proyecto es distinto a la indicación que se presentó en el Senado.
El señor GALILEA (don Pablo).- Señor Presidente, en nombre del Comité de Renovación Nacional, solicito reunión de Comités.
El señor LEAL (Presidente).- Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura. 


ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el diputado Forni.
El señor FORNI.- Señor Presidente, en el punto 17 de la Cuenta figura un proyecto presentado por el diputado Gabriel Silber, boletín N° 446513, que establece el fuero paternal.
La iniciativa es interesante; sin embargo, incorpora materias que son inherentes a la seguridad social e inciden directamente en ella. En consecuencia, dado que no existe la posibilidad de votar la admisibilidad, pido que la Mesa se pronuncie acerca de su constitucionalidad o nos diga si se requiere un pronunciamiento del Ejecutivo.
El inciso segundo del artículo 13 de la ley orgánica del Congreso Nacional señala expresamente que en ningún caso se dará cuenta de mociones que se refieran a materias que, de acuerdo con la Constitución Política, deban iniciarse exclusivamente por mensaje del Presidente de la República.
En tal virtud, solicito a la Mesa que se pronuncie respecto de la admisibilidad del proyecto; en su defecto, que solicite la unanimidad de la Sala para que sea enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la que deberá pronunciarse al respecto, sin perjuicio de hacer, desde ya, la reserva de constitucionalidad.
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Señor diputado, el proyecto se incluyó en la Cuenta de la sesión de hoy, porque el Presidente lo consideró admisible. 
Por lo tanto, sólo recabaré la unanimidad de la Sala para que la moción pase previamente por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
¿Habría acuerdo para proceder en tal sentido?
Acordado.


RÉPLICA A ALUSIONES DE PRENSA. (Artículo 34 del Reglamento).

El señor BURGOS (Vicepresidente).- El diputado González ha solicitado hacer uso de la palabra en virtud del artículo 34 del Reglamento.
Tiene la palabra su señoría.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, con gran publicidad se ha dado a conocer que la fiscalía de Viña del Mar ha presentado una solicitud de formalización en mi contra por el supuesto delito de fraude al fisco, en el caso de los programas de empleos, PGE.
Debo decir que aún no he sido notificado de esa tan bullada acusación y cuyo contenido fue filtrado a la prensa con indudable intencionalidad, antes que el Ministerio Público dijera una sola palabra.
Se dice que yo sabía de un hecho presuntamente fraudulento, que todavía no se sabe ni se ha comprobado que sea irregular. Aún no se me ha formulado ninguna acusación ni entregado documento alguno. Es más, se dice irresponsablemente que hubo fraude al fisco, en circunstancias que ese delito sólo lo comete un funcionario que, en actos del cargo, defrauda al fisco o deja que otro lo haga. Ello supone que, desde antes de disponerse y destinarse los fondos para los programas de empleo, el destino y el fin de los mismos estaba direccionado a activistas políticos bajo la apariencia de un gasto afecto a trabajos públicos. 
Ésa no es sólo una denuncia afiebrada, sino que absolutamente falsa. Ni el candidato en este caso, yo ni el concejal, ni el secretario acusados éramos administradores de dineros públicos ni tampoco funcionarios públicos al momento de los pagos del PGE. Jamás tocamos un peso y las remuneraciones de los trabajadores fueron pagadas íntegramente. Por lo tanto, el delito de fraude es imposible de cometerse en estas circunstancias por ninguno de los acusados. 
A pesar de que eso es del abecé de la ley penal y sabiendo los querellantes y la fiscalía que un hecho así no es un delito del que podrían acusarme, como tampoco podrían hacerlo de ni ningún otro, se abusa de la formalización, porque saben que el mecanismo de reclamo que establece el artículo 232 del Código Procesal Penal contra las formalizaciones abusivas es una mascarada. En efecto, el fiscal regional ha dicho en un diario regional que respalda de antemano todo lo que ha hecho el fiscal delegado en este caso, en circunstancia que es él quien debería fallar mi reclamación. Entonces, ésta iría derecho al fracaso. En otras palabras, nada bueno puede esperarse de ninguna reclamación de formalización abusiva, pues la misma autoridad que debe fallar es la unidad ejecutora de los hechos reclamados a través de los fiscales delegados. Éste es un abierto vacío de la legislación procesal. 
Con todo el poder mediático de las querellas y toda la autoridad del Ministerio Público se está haciendo, en este caso, un prejuzgamiento inaceptable y apresurado. A través de la formalización abusiva se hace mal uso también de normas constitucionales: se atropella el principio de la presunción de inocencia y no se garantiza el derecho a defensa y a un debido proceso. Más aún, en este caso, se está utilizando la formalización, más que como una garantía, como una herramienta de estrategia a la cual se lleva por la presión de los medios y por la insistencia de los querellantes de torcer el sentido y alcance del sistema constitucional chileno, provocando, por esta vía, la inutilidad de un parlamentario en ejercicio que podría extenderse también a muchos otros. Si no se pone atajo por las vías legales a un proceder así, se habría descubierto entonces el mecanismo para alterar la voluntad popular de manera impune. 
No tengo nada de qué avergonzarme. Lo digo con la cara limpia ante las diputadas y los diputados presentes. Solicité al Gobierno el incremento de cupos de empleo cuando la cesantía llegaba a dos dígitos en mi región. Esto no es un delito; más aún, volvería a hacerlo, pues es función parlamentaria representar las necesidades de las personas, muchas de ellas jóvenes calificadas que llegan todos los días a mi oficina a plantearme, con desazón, que llevan meses sin trabajo y con inmensas carencias y verdaderos dramas en sus vidas.
Enfrento esta vicisitud con el corazón tranquilo y la conciencia limpia, mirando a los ojos a todos ustedes y a la comunidad y les digo que la función parlamentaria corre un grave peligro si se plantean solicitudes de formalización abusivas y apresuradas y prejuzgadoras como la descrita con otros diputados, de cualquier bancada.
En esta materia, debemos legislar y apurarnos para que la función parlamentaria no sea pisoteada ni abusada de esta manera.
He dicho.


AUTORIZACIÓN A COMISIONES INVESTIGADORAS PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud de la Comisión Especial Investigadora encargada de recopilar antecedentes relativos a la intervención electoral, a fin de sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 7 de septiembre en curso, de 11 a 13 horas?
Acordado.
¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud de la Comisión de Minería y Energía, constituida en Investigadora de las causas, consecuencias y responsabilidades involucradas en el derrumbe producido al interior del mineral de Chuquicamata, de la División Codelco Norte, a fin de sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 7 de septiembre en curso, de 11 a 13 horas?
Acordado.


PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud unánime de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, a fin de de prorrogar en sesenta días el plazo para elaborar las conclusiones de la investigación sobre las eventuales irregularidades cometidas en el Servicio Médico Legal que condujeron a la errónea identificación de restos encontrados en el patio 29 del Cementerio General?
Acordado.


V. ORDEN DEL DÍA


MODIFICACIÓN DEL N° 16, ARTÍCULO 97, DEL CÓDIGO TRIBUTARIO. Tercer trámite constitucional.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, originado en moción, que modifica el N° 16 del artículo 97 del decreto ley N° 830, de 1974, Código Tributario, que sanciona la pérdida o inutilización de libros o documentos de contabilidad.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín 
N° 236405. Documentos de la Cuenta N° 6, de esta sesión.
El señor BURGOS (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, el proyecto fue presentado hace muchos años. En verdad, hay que hacer un reconocimiento a su autor intelectual, el entonces diputado y actual senador señor José García Ruminot, quien fue el primer parlamentario al que escuché hablar de la materia. (El diputado señor Jaramillo me aclara que también es autor de la iniciativa, lo que es muy probable, porque ambos representaban a distritos agrícolas, que es donde se produce fundamentalmente el problema que pretende solucionar).
El problema es el siguiente: La pérdida no fortuita de libros de contabilidad, anotaciones contables, etcétera, es sancionada con una multa de hasta el 40 por ciento del capital efectivo del contribuyente. La multa no sólo es exagerada sino que, además, absurdamente injusta porque, como considera el capital efectivo, se aplica a los activos del contribuyente, lo que implica que éste termina pagando una multa sobre sus deudas. Por lo tanto, es mucho más razonable establecer el calculo de la sanción pecuniaria sobre la base del capital propio del contribuyente; es decir, sobre sus activos menos sus pasivos, es decir, sus deudas.
Ésa es la idea original del entonces diputado y hoy senador José García Ruminot.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- ¿Me permite, señor diputado? Le sugiero que vea el informe, porque allí aparecen consignados los nombres de los autores del proyecto, entre los que figura el suyo.
El señor DITTBORN.- Yo atribuí la autoría de la iniciativa al diputado García Ruminot porque a él fue al primero que escuché hablar sobre la materia, pero puede ser absolutamente cierto que muchos otros diputados hayan puesto el tema en debate, entre ellos el colega René Manuel García. Yo aparezco firmando la moción simplemente porque apoyé la iniciativa del entonces diputado García Ruminot, que me pareció muy razonable.
El Senado ha perfeccionado la idea original contenida en la moción presentada en la Cámara de Diputados. Primero, ha distinguido entre la pérdida fortuita y la pérdida no fortuita de los libros de contabilidad o anotaciones contables, lo cual parece razonable porque es posible que alguien los haga desaparecer con el propósito de hacer más difícil la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. En este caso, se trataría de una pérdida no fortuita y, por tanto, su penalidad es distinta de si la pérdida es fortuita. Además, ha modificado el cálculo de la multa. En efecto, no la baja de 40 por ciento del capital efectivo a 20, como estaba establecida en la disposición original aprobada en la Cámara de Diputados, sino que fija una graduación, lo cual parece razonable porque deja al juez la posibilidad de imponer una multa mayor o menor.
De manera que me parecen positivos los cambios del Senado.
Sólo tengo una duda. No sé si se debe a un error de digitación o si efectivamente así está establecido en el proyecto. En las modificaciones se dice textualmente: “En todos los casos de pérdida o inutilización, los contribuyentes deberán:
a)Dar aviso al Servicio dentro de los 10 días siguientes, y
b)Reconstituir la contabilidad dentro del plazo y conforme a las normas que fije el Servicio, plazo que no podrá ser inferior a treinta días.”.
Me parece que quizás el texto quiso decir “superior” y no “inferior” a treinta días.
El señor ELUCHANS.- Es correcto lo que figura en el comparado.
El señor DITTBORN.- Por la aclaración que me ha entregado el diputado Eluchans, al parecer estoy errado en mi apreciación, por lo que retiro mi comentario.
He dicho. 
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, felicito a los autores de la moción, que viene a hacer justicia a miles de contribuyentes que, en el ejercicio de una actividad de emprendimiento, empresarial, involuntariamente, por causa fortuita o por hechos atribuibles a terceros, como el robo de documentos que sirven de sustento a una contabilidad, en un momento determinado no tienen cómo justificar su pérdida ante el Servicio de Impuestos Internos. En tales casos, los contribuyentes son sancionados con multas, en circunstancias de que en estas acciones no necesariamente ha habido dolo o sólo ha habido desconocimiento de parte del contribuyente.
Comparto la necesidad de sancionar cuando hay descuido o desidia en el manejo de esa información, pero muchos contribuyentes no siempre pueden mantener un control expedito y un conocimiento completo de lo que ha ocurrido con la documentación de la contabilidad, como boletas, facturas, copias de guías, etcétera, que deben conservar por tres y por seis años. Muchos se percatan de la falta de documentos sólo cuando revisan su situación contable, momento en el que dan cuenta de ello al Servicio de Impuestos Internos.
Estoy muy de acuerdo con la modificación del Senado, ya que establece una graduación de la sanción y da plazos para determinar si hay dolo o falta.
Al respecto, señala que, en los casos de pérdida o inutilización de esa documentación, el contribuyente deberá dar aviso al Servicio dentro de los 10 días siguientes, pero ese plazo debería contarse desde que el contribuyente se percata de esa situación y no a contar del extravío, porque el robo o la pérdida, en este caso fortuito, puede haber ocurrido mucho antes. En consecuencia, quiero consignar en la historia fidedigna de la ley que el plazo de 10 días debe correr desde el momento en que el contribuyente se da cuenta de la pérdida y no cuando ocurrió ésta.
En segundo lugar, el proyecto dispone que Impuestos Internos calificará si la pérdida de un documento es fortuita o no. Esperamos que los tribunales tributarios, una vez que se creen, sean los encargados de dirimir el reclamo de un contribuyente multado por el SII que calificó su situación como dolosa, en circunstancias de que aquel alega caso fortuito. No es extraño que los funcionarios de Impuestos Internos, en afán de cumplir rigurosamente sus funciones y defender con el máximo celo los intereses del fisco, puedan aplicar sanción no siempre con criterios de equidad y de justicia.
Reitero mis felicitaciones a los autores del proyecto y celebro las modificaciones del Senado, porque mejoran bastante la iniciativa, en especial hacen más justa la proporcionalidad de la pena. Es así como ahora la sanción tiene que ver con el capital real del pequeño empresario o contribuyente y no con el capital declarado, sin considerar las deudas que éste tiene.
Creo que es una moción bastante justa y será muy celebrada por la pequeña y mediana empresa.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en estricto rigor, el proyecto en discusión se origina en una moción del diputado Jaramillo, de la ex diputada señora Marina Prochelle, del actual senador señor José García, del diputado Julio Dittborn y de quien habla.
Esta moción surgió luego de una conversación que sostuvimos junto al entonces diputado José García con contadores de Temuco y con gente que sufrió este problema. Conocimos casos dramáticos, como el de un comerciante al que le robaron su talonario en la feria. Le cursaron la multa y, por cosas del destino, el documento apareció intacto en otro pueblo. El Servicio de Impuestos Internos presumió que hubo dolo, porque estimó que el afectado quiso ocultar la contabilidad.
En general las multas aplicadas llegaron a montos tremendamente grandes, injustas puesto que al capital no se le restaban las deudas. Era como si no tuvieran deudas, por lo que debieron pagar multas realmente leoninas, lo que obligó a muchos agricultores y pequeños productores a arrancarse antes que seguir enfrentando a Impuestos Internos. 
Hoy es muy difícil hacer leso al Servicio de Impuestos Internos, porque todo lo relacionado con las facturas está en línea y puede darse cuenta de inmediato si alguna de ellas es falsa. En la actualidad, existen todos los medios para pesquisar a las personas que actúan con dolo y se aprovechan de la situación.
¿Qué pasa si uno va a dar cuenta a Impuestos Internos y le dicen que hay dos días para reconstituir la contabilidad? Claramente, es imposible. Por eso debe haber 30 días como mínimo para que cualquier empresario o persona que tenga iniciación de actividades, ante la pérdida de documentos, pueda rehacerlos y, por lo menos, si la multa que le están imponiendo no es la que corresponde, no quebrar. En realidad, el 40 por ciento que se cobra no es una multa, sino una expropiación.
Con este proyecto, como pocos, se pensó en la gente de buena fe que tiene problemas. Todo este tipo de iniciativas discurre sobre la mala fe de los contribuyentes. Se piensa que la gente no quiere pagar los impuestos o las imposiciones para robarle al trabajador. Creemos que la persona tiene derecho a decir: “Aquí está la evidencia. Me robaron mi maletín; me robaron el auto; me abrieron el local; me abrieron la caja de fondo”.
Nadie que tenga iniciación de actividades, que trabaje con facturas, va a tener ganas de engañar al Servicio de Impuestos Internos, por una razón muy simple: porque quien cree que puede sacarse la multa o hacer leso al inspector, está equivocado. Después de cualquier intento la persona queda absolutamente marcada. El Servicio de Impuestos Internos tiene las herramientas necesarias para darse cuenta de ello. La gente tiene mucho cuidado de pagar su IVA y de tener todas sus cosas al día, porque de lo contrario cuando va a solicitar facturas, el funcionario de Impuesto Internos le dice que está en la lista de los que tienen algún problema y le timbran sólo dos facturas, por ejemplo. Si hace dos facturas en un día, al día siguiente tiene que volver a hacerlas y así tendrá que estar todos los días en Impuestos Internos timbrando facturas. Por eso la gente se cuida; quiere que esto sea lo más expedito posible.
No me cabe ninguna duda de que la aprobación de esta iniciativa será un alivio para las personas que sean víctimas de un robo o que simplemente pierdan una factura o un talonario. Actuando de buena fe, podrán ir al Servicio de Impuestos Internos y decir lo que pasó.
En consecuencia, mi bancada votará favorablemente, sobre todo porque la mayoría de los autores del proyecto son diputados de Renovación Nacional, además de los diputados señores Jaramillo y Dittborn y de la ex diputada señora Marina Prochelle.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, recuerdo algunas conversaciones sostenidas hace un tiempo con los ex diputados hoy senadores señores Baldo Prokurica y José García. Fue de autoría de la gente de la Comisión de Hacienda. En esos años había un muy buen fair play y prácticamente todos los proyectos de ley salían de la Comisión de Hacienda. Es el caso de este proyecto.
La idea matriz del proyecto consiste en modificar la base de cálculo de la multa que se aplica a los contribuyentes que pierden o inutilizan los libros de contabilidad o documentos que acrediten anotaciones contables o relacionados con actividades afectas a cualquier impuesto. Generalmente esta pérdida no es calificada como fortuita por el director regional respectivo. Aquí determina un abogado que hace de juez tributario, siendo juez y parte el propio Servicio de Impuestos Internos. Como decía el diputado señor Tuma, eso no se va a solucionar hasta que tengamos jueces tributarios, independientes del Servicio.
El Nº 16 del artículo 97 del Código Tributario sanciona al contribuyente por la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentos que sirvan para acreditar las anotaciones contables o que estén relacionados con las actividades afectas a cualquier impuesto, con multa de hasta el 20 por ciento del capital efectivo con un tope de 30 unidades tributarias anuales, lo que equivale, aproximadamente, a 900 mil pesos.
Durante la discusión del proyecto original en la Cámara de Diputados se consideró que la base del cálculo de la referida multa adolece de una desigualdad notoria, lo que afecta especialmente a los pequeños contribuyentes. Como señaló el diputado René Manuel García, en los distritos rurales se cometen tanto ilícitos como delitos tributarios con mucha frecuencia. Durante la discusión inicial del proyecto, representantes del Servicio de Impuestos Internos manifestaron una serie de reparos y señalaron que en ocasiones se produce un comercio de facturas. Sin embargo, cuando se sanciona a los contribuyentes, no se considera en la multa lo que este proyecto establece: sus pasivos. Actualmente, el contribuyente debe pagar la multa sobre el total de sus activos, dado que el capital efectivo, según la definición del número 5 del artículo 2º de la Ley de Impuesto a la Renta, así lo entiende. Por lo tanto, los contribuyentes que mantienen deudas o tienen pérdidas en su activo y que no pueden probar que la pérdida es fortuita, deben pagar multas sobre activos que no tienen.
El proyecto originado en la Cámara de Diputados tiene por objeto modificar el número 16 del artículo 97 del Código Tributario, que sanciona la pérdida o inutilización de los libros y documentos que señala, para que la base de cálculo de la multa considere el capital propio en lugar del capital efectivo, es decir, el total de los activos menos el pasivo exigible. Ésa es la idea matriz del proyecto.
El Senado modifica la determinación de la multa y se aparta del criterio de usar como base el capital propio. Me parece más justo. En ese sentido, la cámara revisora establece una diferenciación: los casos en que puede determinarse el capital propio y los casos en que no puede determinarse. Para el primer caso establece una multa de entre una unidad tributaria mensual y veinte unidades tributarias anuales, la que no podrá exceder de 15 por ciento del capital propio. Si los contribuyentes no deben determinar capital propio, resulta imposible su determinación o aquel es negativo, establece que se sancionará con una multa que va de media unidad tributaria mensual hasta diez unidades tributarias anuales. Me parece una sanción muy adecuada y más justa. El criterio aplicado en la Cámara de Diputados fue muy débil en la apreciación de la sanción. Por ello, aprobaremos esta “osadía” del Senado.
Por otra parte, el Senado ha establecido que se presumirá no fortuita, salvo prueba en contrario, la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentos mencionados en el inciso primero, cuando se dé aviso de este hecho o se lo detecte con posterioridad a una notificación o cualquier otro requerimiento del Servicio de Impuestos Internos que diga relación con dichos libros o documentación. En estos casos, la pérdida o inutilización no fortuita se sancionará con multa de entre una unidad tributaria mensual y treinta unidades tributarias anuales, la que no podrá exceder de 25 por ciento del capital propio. Me parece una sanción adecuada.
El Senado también incorpora los casos de pérdida o inutilización dolosas de libros de contabilidad o de los documentos señalados, y establece que serán sancionados como delitos tributarios.
Cabe señalar que el proyecto se originó, entre otras cosas, en consideración a casos como el de un pequeño agricultor a quien se le quema su casa y, por tanto, pierde toda la documentación señalada. Está claro que para él eran más importantes sus enseres que esos documentos. Sin embargo, es castigado con severas multas. En razón de situaciones como ésa reitero se originó este proyecto.
Por último, también se ha contemplado un procedimiento de aviso en caso de pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentos.
Por eso, considero que las modificaciones del Senado son apropiadas, en términos que cumplen con el objetivo que se tuvo al presentar esta moción, pues establece multas en unidades tributarias mensuales y anuales, con un límite del capital propio y no del capital efectivo, que era lo trágico. Se definen graduaciones claramente, dependiendo de si el aviso de pérdida se dio antes o después de una notificación o requerimiento del Servicio, y se establecen procedimientos claros para dar aviso oportuno de la pérdida o inutilización de dichos libros o documentos. Por lo tanto, considero que las modificaciones deben aprobarse, puesto que están orientadas en el sentido correcto e, incluso, más allá de lo que nosotros pensábamos cuando tratamos el proyecto.
La bancada del PPD aprobará unánimemente las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, voy a iniciar mi intervención con las palabras del diputado Tuma. Ellas aludían no sólo a los contribuyentes de rentas agrícolas, sino, en general, a todas las pequeñas y medianas empresas. Hay que insistir en este punto relacionado con la pérdida de libros de contabilidad, papeles, facturas, talonarios de boletas, lo que es un problema real no sólo para los agricultores, que habitualmente tienen un sistema de renta distinta, que es el de rentas presuntas, sino para todo tipo de contribuyente. Ésta es una materia relevante para todos. Por lo tanto, este proyecto, que fue presentado por varios diputados, es muy importante para la estructura tributaria del país y para facilitar un sistema tributario justo. Sin embargo, no por ello vamos a dejar de insistir en que todo este tipo de mejoras y modificaciones, que buscan establecer categorías o criterios entre pérdidas fortuitas y no fortuitas, no lograrán hacerlo justo, sino hasta el momento en que tengamos tribunales tributarios independientes. Además, el proyecto que despachamos y que se encuentra en el Senado no es suficiente; lo hicimos como una señal para, de una vez por todas, avanzar en el debate. En la actualidad, muchísimos contribuyentes, pequeños, medianos y, en general, las personas naturales, tienen conflictos con una justicia tributaria que no es suficiente y que no da garantías de un debido proceso.
Reitero, es un muy buen proyecto, fundado en un buen análisis de pérdidas fortuitas y no fortuitas, pero es una prueba más de que estas mejoras no lograrán producir lo que Chile necesita como país moderno y que está esperando, por más de 44 años, tribunales tributarios absolutamente independientes.
Por último, para evitar futuros problemas de interpretación, quiero que quede claro que cuando se dice que en todos los casos de pérdida o inutilización los contribuyentes deberán dar aviso al Servicio dentro de los días siguientes, estamos entendiendo que ese plazo es contado desde que el contribuyente tuvo, por algún medio, información de esa pérdida. De lo contrario, el Servicio podría interpretar como en algunas ocasiones lo ha hecho que es desde el momento en que se produjo la pérdida o inutilización, evento que puede ser desconocido por el contribuyente. Hay plazos máximos de prescripción en materia tributaria que nos pueden llevar a 6 años cuatro meses. Uno podría haber perdido determinado instrumento hace 6 años sin darse cuenta. Por lo tanto, debe entenderse que la obligación de reconstituir y de informar es desde que el contribuyente tuvo noticia de la pérdida o inutilización del libro contable.
Nos parecen buenas las modificaciones del Senado y, sin duda, las vamos a votar favorablemente.
El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos: 
El señor LEAL (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, originado en moción, que modifica el Nº 16, del artículo 97, del decreto ley Nº 830, de 1974, Código Tributario, que sanciona la pérdida o inutilización de los libros o documentos que señala. 
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sule Fernández Alejandro; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward 
Edwards Felipe.
El señor LEAL (Presidente).- Despachado el proyecto.


EXCEPCIÓN A INHABLIDIDAD DE INGRESO AL SERVICIO EXTERIOR. Modificación de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Primer trámite constitucional.

El señor LEAL (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, de origen en moción, que establece una excepción a la inhabilidad establecida en la letra b) del artículo 54 de la ley de Bases Generales de la Administración del Estado, con el objeto de permitir el ingreso de parientes y familiares al Servicio Exterior.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Marcelo Forni.
Antecedentes:
Moción, Boletín N° 431306, sesión 47ª, en 11 de julio de 2006. Documentos de la Cuenta N° 9.
Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 63ª, en 16 de agosto de 2006. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Forni.
El señor FORNI.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar, en primer trámite constitucional, sobre el proyecto de ley que establece una excepción a la inhabilidad establecida en la letra b) del artículo 54 de la ley de Bases Generales de la Administración del Estado, con el objeto de permitir el ingreso de parientes y familiares al Servicio Exterior.
El proyecto tiene su origen en una moción de la diputada Allende, doña Isabel, y de los diputados señores Alvarado, Delmastro, Díaz, don Marcelo; Fuentealba, Jarpa, Moreira, Tarud, Uriarte y Forni.
Su objeto es permitir el ingreso de parientes y familiares del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores al Servicio Exterior para lo cual es necesario excluirlos de la prohibición establecida en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, que impide el ingreso de personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.
La jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República señala que la incompatibilidad aludida rige para el personal de la planta del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, no obstante estar afecto a un estatuto especial, por cuanto la generalidad de las normas sobre probidad administrativa introducidas por la ley N° 19.653, entre otras, a la ley N° 18.575, es aplicable a los organismos de la administración civil del Estado, comprendido el señalado Ministerio, independiente de la planta de personal a que pertenezcan.
La contralora general de la República subrogante, señora Noemí Rojas Llanos, en su intervención personal ante la Comisión, precisó, además, que de acuerdo con los registros de personal que lleva el organismo contralor, la dotación del referido Servicio Exterior es de 472 funcionarios, todos incorporados a cargos de planta.
Concluyó que, desde el punto de vista de la juridicidad de fondo, el proyecto no merece observaciones.
La directora nacional de la Dirección Nacional del Servicio Civil, señora Rossana Pérez Fuentes, en lo sustancial, agregó que en las legislaciones de España y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se permite que cuando haya que cubrir puestos en la administración exterior, en igualdad de condiciones, se dé prioridad a la contratación del cónyuge del funcionario destinado en el exterior, lo que demuestra que esta discusión ya ha sido resuelta en otras latitudes. Ello, para explicitar una situación discriminatoria que afecta a familiares de funcionarios que enfrentan con sacrificio la adaptación a otro medio, lenguaje, costumbres, vida familiar, etcétera.
Agregó que la modificación legal en trámite está en concordancia con los principios de transparencia, probidad y profesionalización de la gestión pública, que fundan, conforme a la ley N° 18.575, la nueva política de personal para los funcionarios públicos, ya que, de ser aprobada, permitiría que un número importante de profesionales pueda, en razón de su experiencia calificada, acceder a cargos propios de la carrera diplomática 
Los señores diputados patrocinantes del proyecto en estudio sostienen que si bien la prohibición legal establecida en la letra b) del artículo 54 de la referida ley permite fortalecer los principios de probidad y transparencia en la Administración del Estado, ella, no obstante, crea una distorsión injusta respecto de los funcionarios del Servicio Exterior, ya que las destinaciones que se les ordenan para desempeñar cargos fuera del país, ya sea en embajadas, misiones permanentes ante organismos internacionales o consulados de Chile, necesariamente involucran a su cónyuge e hijos. Agregan que la cónyuge del funcionario destinado asume labores de apoyo en la gestión de su marido en representación del país, mientras que los hijos crecen y se educan en condiciones muy distintas de las que lo harían si permanecieran en Chile.
Sostienen, además, que la vida junto al padre destinado a prestar servicios en el exterior constituye para muchos jóvenes, quienes pasan a conocer mejor que nadie la labor de un funcionario del servicio exterior, un elemento decisivo a la hora de escoger su vocación profesional, de manera que para ellos no habría ninguna razón aparente que justifique negarles la posibilidad de desarrollo profesional en esa área y provocar al servicio la pérdida de un valioso capital humano preparado para desempeñar de manera competente y eficiente la representación de nuestro país en el extranjero.
Atendidos los antecedentes expuestos, la moción propone agregar una norma a la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, que excepcione al cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, del personal del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la inhabilidad que por tal vinculación les impide ingresar a cargos vacantes en el mismo Servicio.
En la discusión general del proyecto, las intervenciones de los señores diputados compartieron, en lo sustancial, los antecedentes de derecho y de mérito antes expuestos, de modo que ellas fueron favorables a la idea de legislar en los términos propuestos por los autores de la moción.
No obstante, el diputado señor ÁlvarezSalamanca estimó necesario que para legislar en el sentido propuesto era conveniente conocer las razones que justificarían el que una ley de rango orgánico constitucional haya establecido la inhabilidad que se quiere excepcionar.
Por su parte, la diputada señora Denise Pascal manifestó que esta iniciativa podría estar en pugna con el principio de la transparencia en los actos de los servicios públicos, incorporado muy recientemente a la ley de Bases Generales de la Administración Civil. 
Finalmente, el diputado señor Jaime Quintana expresó que los argumentos que justificarían el establecimiento de la norma propuesta también podrían ser válidos para otros sectores de la Administración.
Cerrado el debate y sometido a votación general el proyecto fue aprobado como se señaló en las constancias reglamentarias previas por 8 votos a favor y 4 abstenciones.
En la discusión particular, después de escuchar las intervenciones de la contralora general de la República subrogante y de la directora nacional del Servicio Civil, la Comisión procedió a votar en particular el artículo único de esta iniciativa, el cual fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes en los mismos términos propuestos en la moción, según lo informado en las constancias previas con que se inicia el informe.
Aunque la Comisión aprobó el texto del artículo único en los mismos términos propuestos en la moción, el Presidente de la Comisión ha estimado oportuno hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 15 del Reglamento de la honorable Cámara, con el objeto de introducir a dicho texto modificaciones formales que, por razones de técnica legislativa, le darían mayor precisión jurídica a la norma en proyecto.
El texto que la Comisión somete a la consideración de la honorable Cámara es el que se propone en el informe escrito que los honorables colegas tienen a su disposición.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, para complementar lo señalado por el diputado informante, quiero hacer referencia a dos o tres puntos que se tuvieron presentes durante la discusión en Comisión.
En primer lugar, la inhabilidad establecida en la letra b) del artículo 54 de la ley 
Nº 18.575 no afecta al personal de las Fuerzas Armadas. Los hijos de militares pueden ingresar a la carrera militar, con la única restricción de que durante el curso de la misma deberán evitar la subordinación y dependencia de su progenitor.
En el caso del personal del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores nos parece injusta esa inhabilidad, toda vez que como se establece en el informe elaborado por la Comisión se trata de personas con un acervo cultural, político y académico que amerita que puedan ingresar a la carrera de su padre o de su madre.
En segundo lugar, la Comisión tuvo en cuenta también que, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ingreso es por concurso, un sistema de selección transparente, imparcial, sobre la base de méritos académicos, profesionales y de conocimientos específicos, los cuales son comprobados a través de pruebas que forman parte del proceso de admisión. De esa forma se evita cualquiera influencia externa o de otro tipo que pudiera hacer que una persona que no cuente con los méritos correspondientes ingrese al Servicio por el hecho de tener un pariente en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En tercer lugar, es preciso señalar que, después de su ingreso, en dicho Ministerio se han concertado matrimonios entre funcionarios del Servicio Exterior y el propio Ministerio ha velado porque cada una de esas personas lleve a cabo su vocación en los lugares y destinos que dicha cartera ha dispuesto. Asimismo, ha protegido la libertad de trabajo de ambos cónyuges y evitado que uno u otro dependan del pariente, para que esas relaciones no empañen su desempeño funcionario.
Por último, tal como se señala en el informe, algunos diputados manifestaron sus aprensiones durante la discusión particular del proyecto, en el sentido de que se estaría abriendo la posibilidad para que personales en casos similares también pudieran acogerse a una excepción de la norma. En mi opinión, si bien es legítimo y respetable ese argumento, cada situación particular deberá estudiarse en su mérito y en su oportunidad. Si existe la justificación necesaria para que ello ocurra, deberá modificarse la norma las veces que sea necesario.
La Comisión contó con la presencia de la contralora general de la República subrogante, señora Noemí Rojas, y se trató el caso de hijos de funcionarios de la Contraloría que tuvieren interés en desempeñarse en ese organismo, y llegamos a la misma conclusión: allí también existe un proceso transparente e imparcial, que evita que cualquier influencia externa incida en el ingreso de parientes de funcionarios a la Contraloría. De lo que se trata es de que no estén subordinados unos a otros en el desempeño de sus funciones.
Por eso, creo pertinente aprobar esta reforma a la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado para hacer justicia a las personas que han sido inhabilitadas para ingresar al Servicio Exterior, toda vez que ellas, a través de las pruebas específicas que el Ministerio de Relaciones Exteriores lleva a cabo para reclutar a su personal, demuestren tener méritos suficientes.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, tal como lo explicaron el diputado informante y el diputado Fuentealba, se trata de un proyecto muy simple que recoge el anhelo de un importante número de funcionarios que trabajan en el Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si bien toda legislación tiene que ser general, ello no impide que, a veces, haya que ocuparse de situaciones específicas, en este caso, de quienes son parientes cercanos de funcionarios del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores que estaban inhabilitados para postular a dicho Servicio. Cabe hacer presente que cualquier persona que quiera ingresar a él tiene que aprobar un examen muy riguroso y selectivo en la Academia Diplomática.
A la totalidad de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados les pareció injusto impedir el ingreso al Servicio Exterior a quienes, a lo mejor, tienen una vocación temprana y muy definida de servir al país como funcionarios de esa repartición, producto de la experiencia que han adquirido en el extranjero con sus padres, lo que les ha permitido conocer de cerca la carrera diplomática. Incluso, es probable que los hijos de estos funcionarios hayan aprendido idiomas durante su permanencia en el extranjero.
Esta inhabilidad impide que un recurso humano importante pueda postular. Muy distinto sería entregar un beneficio por el solo hecho de ser hijo de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero lo único que hace el proyecto es terminar con una inhabilidad y permitir a estas personas postular a la Academia Diplomática, rindiendo el correspondiente examen de admisión.
En este caso, la reflexión debe ser la siguiente: si bien debemos velar por la transparencia y la probidad de nuestros servicios públicos, no podemos incurrir en este tipo de omisiones que tienen claros fundamentos de excepción. El énfasis debe estar puesto en el concurso de admisión, que es el filtro que permite que, por sus propios méritos, las personas puedan ingresar al servicio público. Ésa debería ser la única y real barrera para ingresar a él. Con la inhabilidad establecida se deja a un grupo de personas fuera de esta opción.
Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores sentimos que estamos perdiendo la oportunidad de que los parientes o familiares de los funcionarios del Servicio Exterior postulen a él, en circunstancias de que sabemos que, probablemente, tienen no sólo una alta vocación para desarrollar esta actividad, sino que cuentan con la mejor preparación para hacerlo.
Por lo tanto, la Comisión de Relaciones Exteriores y la bancada socialista solicitan a la Sala la aprobación del proyecto en discusión que termina con esta inhabilidad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, junto con sumarme a las palabras de la diputada Isabel Allende, anuncio que nuestra bancada va a apoyar resueltamente esta iniciativa, porque viene a corregir una injusticia derivada de una legislación general que rompió una tradición muy propia de la carrera diplomática, según la cual los hijos de funcionarios diplomáticos podían incorporarse a nuestro Servicio Exterior para aportar su experiencia, recogida durante los años que les había correspondido convivir con dichos funcionarios, mientras se encontraban en el extranjero, sirviendo los intereses de nuestro país.
Con esto no se hace una excepción odiosa por lo demás, la ley ya establece una excepción que favorece a los hijos de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, ya que en el transcurso de los últimos años, durante los gobiernos de la Concertación, se produjo una importante modernización del sistema de ingreso a la carrera diplomática.
En efecto, en la actualidad, la Academia Diplomática cuenta con un mecanismo de selección muy riguroso, eficiente e imparcial, que permite, en primer lugar, convocar a jóvenes de todo el país. En este sentido, quiero destacar que el Ministerio de Relaciones Exteriores hace un notable esfuerzo para difundir la convocatoria de postulación en todo Chile, no sólo en Santiago, para que tenga una dimensión nacional.
En segundo lugar, la Academia Diplomática tiene un sistema de calificación de exámenes de admisión que considera criterios tremendamente exigentes, lo que permite que, del significativo número de postulantes a formar parte del Servicio Exterior, sólo se reclute a quienes aprueben las rigurosas pruebas de conocimientos a las que son sometidos, entre las cuales destacan las de idiomas, historia diplomática y aptitudes personales y sicológicas para asumir una carrera tan compleja.
En consecuencia, la propia Cancillería había implementado un mecanismo suficientemente riguroso y transparente que permite resguardar el principio de probidad que consagra la legislación vigente.
De esta manera, el proyecto terminará con una situación injusta que impedía que cualquier persona pudiera postular, dentro del marco del riguroso proceso de selección al que me he referido, para ingresar a la Academia Diplomática y, por esa vía, a nuestro Servicio Exterior.
Quiero destacar que la aprobación del proyecto será una muy buena noticia para dicho servicio y para muchos jóvenes profesionales, de todas las corrientes de opinión y de los diversos rincones de nuestra geografía, porque les permitirá hacer realidad su vocación. Digo vocación, porque es lo que se necesita para ser funcionario del Servicio Exterior, ya que si bien éste ofrece enormes oportunidades de desarrollo personal, también implica enormes sacrificios personales y familiares. Creo que la mejor forma de respaldar y estimular esa vocación es mediante concursos de selección rigurosos y transparentes, como los que hoy realiza la Academia Diplomática, y que permiten que cualquier ciudadano, sin discriminación alguna, pueda postular y, eventualmente, incorporarse al Servicio Exterior de nuestro país.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció respecto de este proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).- El proyecto que modifica la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con el objeto de permitir el ingreso de parientes y familiares al Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, requiere para su aprobación 69 votos afirmativos.
En votación general.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sule Fernández Alejandro; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor LEAL (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también se declarará aprobado en particular, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Despachado el proyecto.


VI. PROYECTOS DE ACUERDO


PREFERENCIAS DE TRAMITACIÓN.

El señor LEAL (Presidente).- Debo informar que los Comités acordaron tratar sobre tabla los proyectos de acuerdo N°s 204 y 205.
El 204 se refiere a la aplicación de salvaguardas a la importación de leche y el 205 solicita a la Corte Suprema arbitrar medidas para aclarar las circunstancias del fallecimiento del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva. En el Senado de la República se aprobó por unanimidad otro similar.


APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS A LA IMPORTACIÓN DE LECHE.

El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 204.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 204, cuyos autores son los diputados señores Tuma, García, Jaramillo, Becker, Venegas, don Mario; Espinoza, don Fidel; Galilea y Álvarez, y adherentes los diputados señores Mulet, Lorenzini, Duarte, señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, señoras Leal y Quintana.
“Considerando:
Que, de acuerdo con la normativa que regula el Comercio Internacional, se permite a los países que forman parte del Organización Mundial de Comercio (OMC) establecer salvaguardias a las mercancías importadas, en la medida que se compruebe la existencia de distorsión de precios, generada por un aumento creciente y sostenido de las importaciones, que amenace, actual e inminentemente, con generar grave daño a la producción nacional.
Que, en el sector lechero nacional, como producto del explosivo aumento de la importación de leche proveniente de Argentina, se está causando un grave daño por la distorsión de precios, que tiene su explicación en una serie de ventajas del sector lechero argentino por sobre el nacional.
Que Argentina ha incrementando su exportación lechera en 100% respecto de 2005, representando el 75% del total de las importaciones del sector. 
Que, en la actual temporada, Argentina ha incrementado su producción en 10%, lo que, a su vez, ha determinado una baja del precio en el nivel de productor. Argentina cuenta con precios artificialmente bajos de energía 
combustibles y electricidad, fundamentalmente e insumos agrícolas, lo que, sumado a la probable derogación del impuesto transitorio a las exportaciones, hace prever que las importaciones hacia Chile, de no mediar salvaguardias, serán aun más altas, con el consiguiente daño a la producción nacional.
Que el perjuicio a la producción nacional, que podría traducirse en lo inmediato en el quiebre de las lecherías nacionales, es mucho más grave incluso si se considera que, al no contar con fuentes productoras internas, se estaría a merced de los mercados internacionales. Chile, como cualquier otro país, debe adoptar todas las medidas a su alcance para proteger a sus productores de un modo directo, e indirectamente, estará al mismo tiempo salvaguardando al país en su conjunto, al no permitir la dependencia de mercados externos, que ya se conocen sus consecuencias en materia energética.
Que el Senado de la República ha suscrito un acuerdo mediante el cual ha solicitado a la Presidenta de la República medidas tendientes a subsanar las circunstancias imprevistas del incremento de las importaciones, mitigando en el breve plazo el perjuicio económico y creando condiciones para que el sector pueda recuperar su competitividad por medio del aumento de la eficiencia productiva y de la profundización del desarrollo exportador.
Que la H. Cámara de Diputados apoya el acuerdo adoptado por el Senado e incluso advierte que lo que está pasando no es porque el sector lechero no sea competitivo, sino que, debido a la entrada de competidores desleales al mercado, naturalmente éste sufre distorsiones que sólo la autoridad puede y debe corregir, pues, de lo contrario, los competidores privilegiados resultarán vencedores en la competencia, quebrando a los demás, lo que, a la larga, muy lejos de significar un beneficio a los consumidores finales, que, momentáneamente podrían verse beneficiados con precios bajos, terminarán pagando precios mucho más altos, ya que al existir una demanda creciente por leche y una menor oferta, el precio tenderá inexorablemente al alza.
Que el quiebre de una industria lechera supone su cierre total y definitivo por largos años, pues se trata de un tipo de industria que, atendida su especial conformación, requiere de años para su puesta en marcha y posterior funcionamiento.
Que, tal como lo señalara el acuerdo del Senado, en estos casos se dan todos los elementos para requerir a la autoridad económica que establezca, con arreglo a los acuerdos comerciales internacionales suscritos por Chile, salvaguardias a la importación de leche fluida, quesos ‘gouda’ y leche en polvo.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que aplique sobretasas arancelarias ad valorem a la importación de leche fluida, leche en polvo y quesos ‘gouda’, con una tasa arancelaria del 31,5%, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7° y 8° de la ley N° 18.525, pues dicha tasa es la única que podría corregir la distorsión de precios del mercado.
Asimismo, acuerda enviar copia del acuerdo al Fiscal Nacional Económico, al Presidente del Banco Central, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Hacienda, al Ministro de Agricultura y al Director Nacional de Aduanas.”
El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a los Comités parlamentarios por dar su unanimidad para tratar sobre tabla este proyecto de acuerdo.
De conformidad con la normativa que regula el comercio internacional, se permite a los países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio, OMC, establecer salvaguardias a las mercaderías importadas en la medida en que se compruebe la existencia de una distorsión de precios generada por un aumento creciente y sostenido de las importaciones que amenace con provocar un grave daño actual o inminente, a la producción nacional.
En este caso, la industria nacional lechera está gravemente amenazada por el incremento en un ciento por ciento de la leche argentina y sus subproductos respecto del año 2005, representando un 75 por ciento del total de las importaciones del sector. Esta situación ha gatillado una salvaguardia.
Por esta razón, solicitamos la unanimidad de la Cámara de Diputados para respaldar la petición de colocar salvaguardias, la que se encuentra radicada en la Comisión de Distorsiones. Esta última acogió la iniciativa para investigar y tiene un plazo de 30 días para tomar una decisión.
En este orden de ideas, estamos a la espera de que se aplique la salvaguardia de 31,5 por ciento, al igual como lo señala un acuerdo del Senado en tal sentido.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, es muy oportuno que la Cámara de Diputados se pronuncie respecto de la petición de salvaguardia, que ya formularon los productores de leche, porque está plenamente justificada, como lo señaló el diputado señor Tuma.
Hoy, las condiciones del mercado nacional están claramente amenazadas, fundamentalmente por la importación leche proveniente de Argentina, cuyo crecimiento está por sobre el 400 por ciento, debido a medidas de política interna en el país vecino.
La solicitud ya fue acogida a tramitación por la Comisión de Distorsiones, la que tiene 15 días para pronunciarse. Sin embargo, quiero resaltar que a pesar de que el Gobierno en un principio acogió con entusiasmo la idea de una salvaguardia, la situación ha ido cambiando con el tiempo. Digo esto porque la mayoría de los integrantes de la Comisión de Distorsiones son funcionarios de Gobierno. Por lo tanto, pedimos que esta Comisión actúe objetivamente sobre la base de los méritos de los antecedentes entregados. Es absolutamente indispensable fijar esta sobretasa para asegurar al mercado nacional transparencia y evitar las distorsiones generadas por la alta importación de leche. Los productores del sur están muy preocupados por dicha situación y los diputados de la Décima Región, señores Hernández y Von Mühlenbrock, han apoyado la petición de salvaguardia.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
Se abstuvieron los diputados señores:
Burgos Varela Jorge; Dittborn Cordua Julio.


MEDIDAS PARA ACLARAR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL FALLECIMIENTO DEL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON EDUARDO FREI MONTALVA.

El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 205, de los señores Mulet, Lorenzini, Duarte; de las señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, y de los señores Leal, Quintana, Pérez, don José; y Venegas, don Mario.
 “Considerando:
Que don Eduardo Frei Montalva fue un servidor público de larga y reconocida trayectoria en Chile y en el exterior, que durante su vida pública desempeñó importantes cargos, como Fundador y Presidente de la Falange Nacional y de la Democracia Cristiana, Ministro de Estado, Senador, Presidente del Senado y Presidente de la República.
Que, como Presidente de Chile, entre los años 1964 y 1970, elegido con una de las más altas mayorías históricas, su gobierno se caracterizó por la introducción de importantes reformas, con un claro y marcado beneficio social y económico para el país, tanto en los ámbitos de la educación, la participación, el desarrollo rural, la salud, la vivienda, la chilenización del cobre, las relaciones internacionales, etcétera, lo que le ha valido un gran reconocimiento y un destacado lugar en la historia del país.
Que, luego de la interrupción de la democracia, en 1973, su figura se transformó en un importante líder de la oposición al régimen militar.
Que, en noviembre de 1981, el ex Presidente Frei se internó en la clínica Santa María para realizarse una operación de hernia programada, lo que derivó en graves complicaciones de salud, cuyas consecuencias fueron su fallecimiento el 22 de enero de 1982.
Que su muerte dio origen a la presentación de una querella por homicidio y asociación ilícita, por parte de la familia del ex gobernante, donde, además, se hace parte el Consejo de Defensa del Estado, lo que permitió la investigación de un ministro encargado de buscar el pronto esclarecimiento de las verdaderas circunstancias del fallecimiento.
Que esta últimas semanas, la opinión pública y su familia se han visto conmocionadas por diversos reportajes y testimonios recogidos en investigaciones periodísticas efectuadas por medios de comunicación, tanto escritos como televisivos, respecto de determinados hechos y participaciones que habrían rodeado su deceso, profundizando el manto de dudas que existe sobre las verdaderas causas.
Que, en este contexto y por el impacto público que está provocando la revelación de ciertos hechos y eventuales participaciones de agentes del Estado en torno a su muerte, resulta necesario que estas extrañas circunstancias que se están develando y que actualmente están siendo investigadas por la justicia sean aclaradas a la brevedad y con el mayor rigor y celeridad posibles.
Que diversos actores sociales y políticos, como la Presidenta de la República, Senadores, Diputados, Presidentes de Partidos Políticos y diversas personalidades del país han realizado llamados para lograr el pronto esclarecimiento de la muerte del ex Mandatario y colaborar con toda la información disponible a fin de que la investigación tenga resultados a la brevedad.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia que arbitre todas las medidas que estime pertinentes para que, en el más breve plazo, sean aclaradas las circunstancias que rodearon el fallecimiento del ex Presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, y sancionados quienes resulten responsables, apoyando especialmente la labor que está realizando el Ministro encargado de la investigación. Asimismo, hacer un llamado a quienes cuenten con información de cualquier naturaleza que pueda resultar útil para la investigación, a objeto de que la proporcionen a la justicia, contribuyendo así a la más pronta elucidación de su muerte.”
El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.- Señor Presidente, nadie en esta Sala podría desconocer que Eduardo Frei Montalva fue un servidor público de larga y reconocida trayectoria en nuestro país. Su ejemplo y su testimonio de trabajo, de sacrificio y de esfuerzo al servicio de los chilenos son conocidos por todos. Los programas de televisión que hemos tenido oportunidad de ver durante la última semana han traído recuerdos vibrantes de su historia, de su memoria y de su trágica muerte.
Hoy, Chile busca la verdad y espera una respuesta. Para encontrarla, todos, incluida la Cámara de Diputados, debemos juntar fuerzas y energías para avanzar en ese camino. La verdad es la única vía por la cual podremos lograr llevar paz a su familia y a nuestro país.
La muerte de un Presidente de la República en extrañas circunstancias no puede quedar impune y eso es lo que ha movido a los redactores de este proyecto de acuerdo a buscar, en conjunto, una respuesta que traiga paz, tranquilidad y sueños de esperanza en el reencuentro de todos los chilenos.
Pido a la Sala aprobar por unanimidad este proyecto de acuerdo, puesto que sólo persigue que los tribunales de justicia se esfuercen al máximo en esclarecer la verdad. Para ello, hago un llamado a los hombres y mujeres de nuestra patria a que, si tienen información sobre el particular, la pongan a disposición de los tribunales de justicia, pues es el camino que posibilitará el reencuentro entre los chilenos y la construcción del futuro de Chile.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra, para impugnar el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, entiendo la buena intención y el buen propósito que hay detrás de este proyecto de acuerdo. Sin embargo, dos cosas me preocupan en él.
La primera es que significa algún grado de desconfianza hacia otro Poder del Estado, independiente del nuestro, puesto que, de alguna forma, le estaríamos dando instrucciones acerca de cómo hacer las cosas, y eso puede sentar un precedente complicado.
Entiendo que es necesario agotar la investigación, pero lamento que un canal de televisión haya enfocado el tema en una sola dirección.
Como alguien señaló una vez, debemos dejar que las instituciones funcionen, que los tribunales de justicia hagan su pega y nosotros abocarnos a la nuestra.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, estamos ante el clásico proyecto de acuerdo en que lo políticamente correcto sería votar a su favor. ¿Quién podría negarse a apoyar una causa que se ventila en los tribunales de justicia y que busca aclarar la forma en que falleció un ex Presidente de la República? Creo que nadie en esta Sala trataría de evitar que eso ocurriera; muy por el contrario.
No obstante, el punto de fondo es si un poder del Estado, independiente del Judicial, como es la Cámara de Diputados, debe ejercer este tipo de acciones para que los tribunales de justicia actúen con más celeridad, correctamente o de la manera más transparente posible.
Proyectos de acuerdo como éste sientan precedentes. El hecho de que el poder político pueda influir sobre los tribunales de justicia no es conveniente para el desarrollo de nuestras instituciones. No es necesario que, de vez en cuando, una Cámara política le represente a otro poder autónomo del Estado lo que debe hacer, porque ahí aparece la delgada línea entre el legítimo derecho a buscar justicia y la intervención política sobre las decisiones jurisdiccionales en el territorio nacional. Obviamente, este camino no lo considero positivo para el país.
Reitero, nadie podría negarse a que se aclaren las circunstancias y la forma cómo falleció un ex Presidente de la República, pero la vía que se propone a través de un proyecto de acuerdo puede gestar un precedente nefasto para la independencia de los poderes del Estado. Hoy se trata de la investigación de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva; mañana puede ser otra causa, no solamente vinculada a hechos de esta naturaleza, en la cual el poder político puede nuevamente intervenir, con lo que se puede desestabilizar el sistema institucional que juramos defender el día en que asumimos en este hemiciclo.
Por eso, no por la forma, sino por el fondo, no considero prudente que la Cámara de Diputados se pronuncie al respecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 15 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Becker Alvear Germán; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Ulloa Aguillón Jorge; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Moreira Barros Iván.
Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez 
Zenteno Rodrigo; Correa De La Cerda Sergio; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Forni Lobos Marcelo; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Norambuena Farías Iván; Salaberry Soto Felipe; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.


RECHAZO A CIERRE DE OFICINAS DE AFP PROVIDA.

El señor LEAL (Presidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 148.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Monsalve Benavides Manuel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Quintana Leal Jaime; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Zenteno Rodrigo; Dittborn Cordua Julio.
Se abstuvo el diputado señor Moreira Barros Iván.


VII. INCIDENTES


PREVENCIÓN EN ROBO DE CABLES TELEFÓNICOS EN COMUNA DE PEÑAFLOR. Oficios.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, he leído con interés la noticia aparecida hoy en el cuerpo Economía y Negocios del diario “El Mercurio”. Señala que los dueños de las empresas telefónicas se quejan esencialmente de dos hechos que les impiden realizar adecuadamente sus negocios. Por una parte, del robo de cables y, por otra, de las trabas para la instalación de nuevas antenas. Se trata de dos situaciones en las que, como diputada, me he visto involucrada durante las dos últimas semanas.
Curiosamente, hace quince días, presenté un proyecto de ley para que no se instalen antenas, a diestro y siniestro sin la autorización municipal, ya que sus efectos son muy riesgosos para la salud, especialmente de los niños. Pero, además, he recibido diversas denuncias de personas de mi distrito, de las provincias de Melipilla y de Talagante, donde ese tema es realmente sensible.
Desde hace bastante tiempo que hay robos en la localidad de Malloco, en el camino Pajaritos. El señor Guillermo Sánchez me ha informado que los cables del servicio telefónico de la comuna de Peñaflor son robados constantemente. Es decir, se han repuesto más de una vez y, sin embargo, vuelven a ser sustraídos.
He notado que, en este caso, no basta con la detención de los delincuentes. Debe existir algún tipo de medidas de resguardo mayor, ya que en todo el país el robo de cables de teléfono es una realidad que priva de ese servicio a muchísimas personas.
Por esa razón, pido a la Compañía Telefónica de Chile que se haga cargo de ese problema e instale, por ejemplo, cableado subterráneo. En el fondo, ofrece un servicio, pero no lo cumple. Por ejemplo, en Talagante y en Melipilla, en diferentes sectores, pasamos casi un mes sin teléfono. La respuesta es: “Nos robaron los cables.”
El organismo que debiera encargarse de la fiscalización es la Subtel; por lo tanto, también quiero plantearle que tome algunas medidas al respecto. 
Asimismo, pido que se oficie al alcalde de Peñaflor, señor Manuel Fuentes Rosales, para que ponga luces en el referido sector de su comuna, puesto que, por estar totalmente a oscuras ha facilitado estos robos.
Además, en la comuna de Peñaflor, pese a que las tasas de denuncias de delitos de mayor connotación social han aumentado de 1.895 a 2.349, por cada cien mil habitantes, entre el 2000 y el 2005, aún no tenemos una comisaría que pueda poner resguardo a esta situación. Debemos exigir al Gobierno y a Carabineros que hagan un esfuerzo mayor para lograr concretar esa necesidad tan importante para la comuna: contar con una comisaría. Es una promesa que se ha hechoo constantemente durante los últimos años.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior, señor Belisario Velasco, al intendente de la región Metropolitana, señor Víctor Barrueto y a la subsecretaria de Carabineros, señora Javiera Blanco, para que estudien la factibilidad de crear una comisaría en Peñaflor, con lo cual se concretaría lo prometido.
También pido que se oficie a los gerentes generales de las compañías de teléfonos de Chile para que vean la forma de prevenir o solucionar el robo de cables.
Finalmente, pido que se envíe una copia al señor Guillermo Sánchez y al alcalde de Peñaflor, señor Manuel Fuentes Rosales, para que vean la posibilidad de instalar iluminación en el camino Pajaritos, de la localidad de Malleco.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.


RECONOCIMIENTO A LABOR DE ESCUELA DE RIACHUELO, COMUNA DE RÍO NEGRO. Oficios.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, quiero destacar la gran labor educativa que se está desarrollando en la escuela de Riachuelo, perteneciente a la comuna de Río Negro.
Dicha escuela empezó a funcionar, aproximadamente, en el 2000, a través del Programa Orígenes, cuando se otorgó al profesor Nelson Rosas Vásquez la posibilidad de desarrollar una pasantía en México, todo ello enmarcado en un proyecto de educación intercultural bilingüe que hoy funciona de manera satisfactoria y con grandes resultados en ese establecimiento de Río Negro.
Aplaudo la gran labor educativa que ha desarrollado el equipo que se ha conformado en la comuna en el marco del programa Educación Intercultural Bilingüe. Destaco especialmente los aportes que, por diferentes vías, han llegado a la comuna y a la localidad de Riachuelo para compra de maquinarias y herramientas para el taller artístico artesanal que contempla el programa y la contratación de los asesores culturales Sergio Treuquil y Lorenza Ignio, quienes han jugado un rol valioso en el trabajo con los niños de la escuela de Riachuelo.
El programa de Educación Intercultural Bilingüe es parte del proceso de innovación curricular escolar, que ha permitido acercar más el compromiso asumido por el Estado con los jóvenes de comunidades y familias indígenas.
En la escuela de Riachuelo también se ha desarrollado el proyecto “Historia de la comunidad”, vinculado al programa Orígenes, cuyos fondos fueron destinados para costear viajes y encuadernar textos de las comunidades de Costa Río Blanco y la Catrihuala, donde esta semana culmina exitosamente este proceso.
Por eso, rindo un merecido homenaje a todos aquellos que han dado vida a la reconstitución histórica de tan importantes comunidades indígenas de Río Negro. La semana pasada estuvimos con ellos; lamentablemente, por razones laborales esta semana no podré participar con ellos.
Deseo destacar el gran rol que han jugado el profesor Nelson Rosas Vásquez y su equipo de trabajo, junto a los asesores culturales Sergio Treulquín, Lorenza Ignio, el profesor Marcos Barrientos y Jorge Carrillanca, y todas las comunidades indígenas que forman parte del programa Orígenes en el sector.
Por último, pido que se envíe copia de mi intervención al director del Departamento de Educación Municipal de la comuna de Río Negro y al director de la Escuela de Riachuelo.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Recondo.


ESTIGMATIZACIÓN MEDIÁTICA DE CIUDAD DE CALAMA. Oficios.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, quiero manifestar mi profundo rechazo por la estigmatización mediática de que ha sido objeto, en los últimos días, la ciudad de Calama y de lo cual todos hemos sido testigo. 
Ayer, en el programa “En la Mira”, de Chilevisión, se emitió un reportaje sobre la ciudad de Calama titulado “Espejismo de riqueza en un desierto de abandono y desigualdad”. 
El reportaje se centro fundamentalmente en la delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución existentes en Calama. Todo esto, como “las plagas que consumen la ciudad”. Así rezaba la publicidad del programa.
La aproximación a la ciudad de Calama, única y exclusivamente desde la sordidez, contribuye a la estigmatización del calameño, desinforma sus realidades, ignora los diferentes ángulos y tergiversa el conflicto, resaltando los apartados más escabrosos en procura del rating y en detrimento de la ciudad. 
Ese reportaje se suma a una serie de aproximaciones sesgadas a la realidad de mi ciudad. Por nombrar algunos, el programa “Aquí en vivo”, de Mega, en su oportunidad mostró a Calama casi como un pueblo del oeste, donde las cosas se solucionaban a fuerza de riñas, incluso por la vía de las armas. La prostitución y el narcotráfico eran parte del paisaje urbano. 
Un artículo de la revista de corte económico “Capital” se refiere al centro neurálgico de El Loa como un lugar donde ciertamente a nadie le gustaría vivir. Un trozo de su creación parece suficiente para hacerse una idea de lo que dice acerca de la urbe: “La vida de estos nortinos gira en torno a Cobreloa, el mall, la mina y 122 schoperías, con meseras que atienden casi sin ropa. El contexto es más o menos el siguiente: autos con vidrios negros y luces fosforescentes, gente con anteojos traficando en las esquinas, ferias artesas y almacenes. Un hospital sin UTI ni UCI que atiende al ciudadano común y corriente y otro de lujo sólo para los trabajadores de Chuquicamata. El odio entre calameños y chuqueños es parido”. 
Pero las cosas no quedan ahí, ya que un entrevistado por “Las Últimas Noticias” declaró a Calama como “la ciudad más fea del mundo”. 
Sin querer coartar la libertad de prensa y sin pretender interferir en la libre decisión de una empresa privada, nos parece importante llamar su atención sobre la necesidad de abordar el tema de Calama de una manera más integral, con sus grandes dificultades y sus grandes aciertos en la permanente lucha por superarlas. 
Calama es una ciudad llamativa y el centro de operaciones turísticas para llegar a lugares maravillosos del interior. Es envidiable, sobre todo, la fuerza y el tesón con que trabajan sus hombres y sus mujeres para contribuir al desarrollo de la región y del país, superar diariamente las barreras climáticas y ambientales.
En estos días, la delincuencia, la droga y la prostitución no son patrimonio sólo de Calama, y reportajes y artículos como los señalados sólo fomentan la estigmatización y discriminación de los calameños y de las calameñas.
Por las consideraciones expuestas, expreso ante la honorable Cámara de Diputados mi rechazo a la estigmatización mediática que hacen algunos medios de comunicación en contra de mi ciudad.
Por último, pido que se envíe copia de esta intervención al ministro de Interior, a la intendenta de la Segunda Región y a todos los medios de comunicación social nacionales y de la Segunda Región.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.


DEROGACIÓN DE DECRETO QUE MODIFICA SISTEMA DE CÁLCULOS DE COSTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Oficios.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA.- Señor Presidente, quiero referirme a un problema que afecta enormemente a las zonas agrícolas y productoras de frutas.
En el Diario Oficial de 5 de junio pasado, se publicó el decreto N° 147, del Ministerio de Economía, que modifica el sistema de cálculo para establecer los costos de la electricidad en el país, cambiando, a partir de marzo de 2007, los meses y horas punta, datos con que se fija el precio base del consumo para todo el año.
Durante los últimos 20 años, el rango que se consideraba comprendía desde mayo hasta septiembre de cada año, entre las 18 y las 23 horas. La nueva disposición lo considera desde marzo hasta septiembre, y las horas punta serán entre las 18 y las 22 horas. Es decir, se agregan los meses de marzo y abril, período de cosecha y de actividad del sector agrícola, sobre todo de los viñateros y de los productores de fruta de la zona central.
Según el Ministerio de Economía, el objeto de la medida, dictada a propósito de una recomendación de la Comisión Nacional de Energía, es lograr que las empresas se adapten y readecuen sus consumos a otros meses de menor consumo, con lo cual se logrará una economía de energía, aspecto que preocupa a esa cartera, a esa Comisión y, en general, a todos los chilenos, debido al enorme problema que ha generado la decisión de Argentina de enviar menos de gas a nuestro país.
La medida adoptada por el Ministerio de Economía es un golpe a las regiones, a las pequeñas y medianas empresas y a las pymes agrícolas, porque atenta contra la agricultura exportadora. En efecto, el aumento de costo de la energía eléctrica en alrededor de 40 por ciento, supone afectar en alrededor de 20 por ciento las utilidades del sector agrícola, con lo cual se asesta un duro golpe al sostén de nuestra política exportadora. 
Últimamente, el Gobierno ha firmado una serie de tratados de libre comercio, basándose en el incremento de nuestra capacidad exportadora, pero con medidas como la que he señalado se afecta directamente la producción de frutas y de vinos, que son nuestro fuerte.
Por eso, el Senado citó a los ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Agricultura, y producto de esas conversaciones, la medida se postergó por un año.
Sin embargo, lo que corresponde es derogar el decreto 147 porque, de otra forma, no se dará la tranquilidad que corresponde a los grandes, medianos y pequeños agricultores. Y digo grandes, medianos y pequeños, porque la medida perjudica a todos, sobre todo, a los pequeños productores de frambuesas, de berries y de frutillas, y a los pequeños viñateros, que deben cosechar entre marzo y abril.
Por lo anterior, pido que se oficie a los ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Agricultura para que se derogue el decreto 147 aludido, que afecta fuertemente a las regiones, especialmente a las productoras de frutas y de vinos.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.


ALCANCES SOBRE ENTREGA DE ANTICONCEPTIVOS. Oficio.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, me referiré a la entrega de la píldora del día después a las niñas mayores de catorce años.
De todas las noticias que hemos conocido en los últimos años sobre los desaciertos del Gobierno, quizás ésta sea la más impactante, la más insólita e, incluso, la más contradictoria. Entregar esa píldora a las niñas mayores de catorce años, incluso sin el consentimiento de los padres, es una aberración, porque no se han considerado los derechos de los niños. 
Hace muchos años, en la Cámara de Diputados aprobamos la Convención que protege los derechos de los niños, por lo que, en consecuencia, debiéramos haber actuado conforme a ese cuerpo legal. 
En Chile, los menores de dieciocho años han estado en total abandono. ¿Quién se ha preocupado de que tengan una buena educación y una buena salud? ¿Qué pasa con aquellos niños que tienen su dentadura mala y con los que se tienen que rehabilitar del consumo de drogas y de alcohol? ¿Qué pasa con la delincuencia, de la cual estos niños son víctimas y actores? ¿Qué pasa con la prostitución y con el abuso de menores? ¿Qué sucede con los niños de Chile que no son protegidos por un Gobierno ni por un país? Sin embargo, frente a estas interrogantes, aparece una ministra ofreciendo una píldora como única solución al problema del embarazo adolescentes, incluso dejando fuera de la decisión a los padres, olvidándose que ello es producto de la desidia en educación, en el cuidado y protección de los niños, y del libertinaje que se ha promovido al entregarle a los niños responsabilidades de adultos.
Aquí se está atentando gravemente contra los derechos de los niños y de los padres, consagrados en nuestra Constitución, en el artículo 19, número 10º, que expresa: “10º El derecho a la educación.
“La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.”. Todos sabemos que esto no ha sucedido. Después, agrega: “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.”. Y esto no está establecido sólo en nuestra Constitución, sino también en nuestro Código Civil. 
Por lo tanto, una ministra, ¿puede, de un plumazo, dejar de lado todos esos derechos para resolver un problema que es real, como es el embarazo de adolescentes, pero del cual el Gobierno no puede desligar su responsabilidad?
La ministra dice que no importa si los niños están maduros o no; lo que importa es que los niños hayan decidido iniciar su vida sexual. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo no va a importar si un niño está o no maduro para iniciar su vida sexual? ¿Cómo no va a importar que a un niño se le dé responsabilidades y derechos de adultos?
Lo peor es que nunca aprendemos de otras experiencias. 
En Inglaterra, entre 1992 y 2000, el número de recetas para la píldora del día después aumentó en 321 por ciento sólo entre adolescentes de 16 a 19 años. No obstante esa demanda, la tasa de embarazos, en ese mismo segmento, se mantuvo igual y el número de abortos aumentó en 58 por ciento.
Por otra parte, entre 1984 y 2000, el número de abortos aumentó de una tasa de 20,9 por mil a una de 26,7 por mil, en el grupo de entre 16 a 19 años. 
Respecto de otros efectos, entre 1999 y 2000, en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte se registró un incremento del 29 por ciento de los casos de gonorrea, del 18 por ciento en los de clamidia genital y de 57 por ciento en los de sífilis infecciosa.
Entonces, ¿estamos o no preocupados del sida o ésta es una linda manera de promoverlo, cuando recién se ha comprobado que ha aumentado en jóvenes de menor edad?
En España, la entrega de la píldora del día después y el aborto inducido se duplicaron, mientras que las tasas de embarazo de adolescentes se mantuvieron, a pesar de que es uno de los cinco países de Europa que está a la vanguardia en materia de anticonceptivos. En ese país y en Inglaterra existe una relación positiva entre la píldora y el número de abortos de cada grupo etario.
Muchas de las políticas relacionadas con la sexualidad, especialmente las orientadas a la población de mayor riesgo, como los jóvenes, han tenido un enfoque relacionado con la anticoncepción. 
Al respecto, no hay que extrañarse que cuando se consulta a los menores de edad si conocen los métodos anticonceptivos, responden que sí; pero cuando se les pregunta por qué tuvieron sus guaguas, contestan que fue porque querían tenerlas. Éste es el resultado de los focus group que hemos hecho para averiguar por qué tantas niñitas quedan embarazadas y cuáles son las causas.
Esto pasa muchas veces en las poblaciones. Aquí se habla de inequidad, pues se supone que las personas con recursos pueden comprar la píldora, pero otros no lo pueden hacer. En realidad, existe un concepto distinto en cuanto a la protección y defensa de la vida. Las familias más modestas tienen todos los hijos que les manda Dios. También nos consta que sus hijos e hijas menores tienen a sus bebés. Cuando se les sugiere la posibilidad de abortar, responden: “Para qué me hablan de eso, si no vamos a recurrir al aborto. Nosotros protegemos a nuestros nietos.”
La experiencia de otros países, como Gran Bretaña, nos cuenta que, después de décadas de difusión de anticonceptivos y preservativos para los jóvenes, el gobierno de Tony Blair decidió lanzar una agresiva campaña publicitaria en octubre de 2000 para retardar la edad de iniciación sexual. Los británicos poseen la tasa de embarazos de adolescentes más alta de la Unión Europea, con cerca de 90 mil casos. A esa cifra hay que sumar otras 100 mil niñas que deciden abortar.
Un estudio realizado en 2005 en Peñalolén confirmó que aproximadamente el 90 por ciento de las niñas que habían sido madres conocían los métodos anticonceptivos.
Mis preguntas a la señora ministra, por intermedio del señor Presidente, son las siguientes: ¿Está consciente de que esta norma es inconstitucional? ¿Hay algún apuro en distribuir las 35 mil píldoras que se compraron, pues hubo una demanda de sólo mil píldoras? ¿Cuándo vencen? ¿Qué piensa hacer para prevenir los embarazos que no sea distribuir la píldora del día después? ¿El Gobierno tiene algún plan de acción, como sucede en Inglaterra? La ex ministra del Piano lo dijo: la única solución es lanzar campañas que atrasen el inicio de la sexualidad en los jóvenes. ¿Por qué tenemos tanto susto? ¿Cuál es la vergüenza? ¡Esa la verdad; es lo que hay que hacer!
Más allá de si la píldora es abortiva o no todos tenemos una apreciación distinta al respecto, pero es muy cómodo pensar que no es abortiva, pues sería estupendo para todos, pero no lo sabemos, ¿qué responsabilidad asumirá el Ministerio de Salud si la píldora del día después se convierte en un anticonceptivo? ¿Qué daño hará en la salud no sólo de los adultos, sino también de los menores, porque será un asunto difícil de controlar? Además, ¿qué equipos de asesorías van a constituir en los consultorios, en circunstancias de que no hay psicólogos, pediatras, ginecólogos ni otro tipo de profesional para atender a los chilenos? ¿Me va a decir que habrá un equipo para atender a los niños que vayan a pedir la píldora del día después? ¿Cómo será eso posible, en circunstancias de que los consultorios están sufriendo de una carencia tremenda de especialistas y de médicos para atender a las personas de todas las edades?
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indican.


INFORMACIÓN SOBRE PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BOYERUCA, EN SEXTA REGIÓN. Oficio.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señor Presidente, el 9 de febrero de 2006 debió inaugurarse el puente Boyeruca, que une las regiones Sexta y Séptima, específicamente las comunas de Paredones y de Vichuquén.
Sin embargo hoy, a meses de la fecha en que debió ponerse en uso dicho puente, su construcción está detenida y se están produciendo serios deterioros por el ingreso de agua de mar en las obras inconclusas. Existe un puente antiguo, pero el conductor del bus escolar no se atreve a pasar por las malas condiciones en que se encuentra. Al respecto, las explicaciones del Gobierno han sido nulas.
Se trata de un puente de más de 100 metros, que ha significado una inversión superior a los 700 millones de pesos. Es impresionante saber que la penalización de esta obra se debe, según explicaciones de la Seremi de la Sexta Región, a una falla en el diseño. 
¿Qué está pasando con el Departamento de Puentes del Ministerio de Obras Públicas? ¿Otro puente con fallas graves? Dos regiones que tenían la ilusión de ser conectadas a través de la carretera de la costa por ese viaducto ven truncadas sus esperanzas, lo que ha provocado serios problemas a los habitantes de ese sector. Además, se ha producido un enorme daño a quienes trabajan en las salinas del sector de Lo Valdivia, debido a que se levantó una represa para construir ese puente, la que impide el ingreso del agua de mar, lo que ha dejado cesante a un número importante de personas de condición humilde, a quienes durante todos estos meses no se les ha dado ninguna explicación sobre lo sucedido y lo que se va a hacer.
En consecuencia, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, para que, de una vez por todas, explique con claridad y precisión las razones por las cuales se ha paralizado la construcción de dicho puente, que tiene sólo el 40 por ciento de las obras ejecutadas, y quién sabe cuándo volverán a reiniciarse. Además, para que explique cuál es la pérdida estimada en millones de pesos por la negligencia de las autoridades, quienes, de alguna manera, tenían que diseñar y ejecutar esa obra.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.


CONSULTA A LA COMUNIDAD CON MOTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE EMISARIO DE AGUAS SERVIDAS EN PICHILEMU. Oficios.

El señor BARROS.- Por otra parte, en la comuna de Pichilemu se está desarrollando un proceso de evaluación para la instalación de un emisario submarino a fin de verter las aguas contaminadas directamente al mar. La comunidad organizada está haciendo una férrea defensa de su patrimonio sanitario, de sus playas y de su condición de comuna turística, pero vemos con asombro y con mucha preocupación que a pesar de esta posición claramente contraria a ese emisario submarino, hay prácticas subterráneas y turbias de la empresa que realiza el estudio y de algunas autoridades para intentar imponerle una solución de esas características, que va a dañar el patrimonio de la comuna de Pichilemu.
Por lo tanto, solicito oficiar a la Conama y a la Intendencia de la Sexta Región, para que informen qué se está haciendo y cuáles son las garantías de la comunidad organizada para exponer con claridad e igualdad de condiciones su oposición al ducto que verterá las aguas contaminadas en el mar.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.


RESPALDO A DISTRIBUCIÓN DE ANTICONCEPTIVOS DE EMERGENCIA.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Marco Antonio Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, deseo respaldar la normativa sobre fertilidad que ha dado ha conocer la ministra de Salud, la que incluye la entrega de anticonceptivos de emergencia a adolescentes mayores de 14 años.
Quiero fundamentar este respaldo no sólo como diputado del Partido por la Democracia, sino también como una persona formada con valores católicos. Me parece lamentable la reacción de sectores conservadores de la sociedad que han criticado esta medida.
La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de anticonceptivos de emergencia de este tipo cuando sea requerido por el ciudadano. La Cámara de Diputados definió que una persona tiene discernimiento a partir de los catorce años de edad. Por lo tanto, no puede coartarse el derecho de una mujer con discernimiento de requerir un anticonceptivo de emergencia en un consultorio o en un centro de salud familiar.
No hay un estudio serio en el mundo que demuestre que existe una relación causal entre el uso de anticonceptivos de emergencia y el aumento de la promiscuidad como se ha dicho aquí, el aumento de contagios de enfermedades de transmisión sexual o, como dijo anoche una alcaldesa, el aumento de casos de cáncer cérvicouterino.
La ministra de Salud ha señalado que no sólo se pone a disposición de las menores el anticonceptivo de emergencia, sino también la consejería y el apoyo profesional que se requiere en estos casos.
Quiero dar tres cifras relacionadas con la equidad en el acceso al anticonceptivo de emergencia.
Dicho fármaco está disponible en todas las farmacias del mundo occidental. En nuestro país, el Levonogestrel o anticonceptivo de emergencia tiene un costo de alrededor de 8 mil pesos y sólo puede ser adquirido con receta médica, la cual es retenida.
En el quintil más pobre de Chile, el 20,6 por ciento de los embarazos de menores de 19 años son no deseados. En el quintil más rico, la cifra por ese concepto es sólo de 2,7 por ciento.
En Vitacura, el 2,3 por ciento de los partos se producen en menores de 19 años. En La Pintana, esa cifra asciende al 20,2 por ciento.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud, el consumo de anticonceptivos de emergencia durante este año en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea es de 46,6 cajas por cada 10 mil habitantes. En La Cisterna, Lo Espejo, La Granja y La Pintana es de sólo 6,6 cajas por cada 10 mil habitantes, es decir, ocho veces menos.
¿Qué establece la nueva normativa del Ministerio de Salud? Que en los consultorios públicos se entregará sin costo el anticonceptivo de emergencia, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, a las mujeres mayores de 14 años, quienes además recibirán consejería y apoyo profesional, en un contexto de respeto a la familia.
Reitero mi respaldo a esta normativa. Espero que los alcaldes que han anunciado no cumplirla retiren esa amenaza. Nosotros estaremos disponibles para apoyar a los ciudadanos que sientan vulnerado su derecho, si algún municipio no permite la distribución del anticonceptivo de emergencia.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, estamos conmocionados y alertas. No me cabe duda de que a todos y a todas nos preocupan los embarazos en adolescentes. Sin embargo, cada vez que se plantea esa situación en serio, surgen voces de personas que se manifiestan en contra de medidas absolutamente claras y que se alinean como defensores de la vida y de la familia, como si en este debate hubiera buenos y malos.
¿Por qué no podemos tener una conversación tranquila? Creo que todos somos defensores de los valores y de la familia, a no ser que mi colega María Angélica Cristi piense que soy una especie de ser antinatural que está en contra de la familia y de todo. Eso no es así.
¿Por qué hay embarazos adolescentes? Objetivamente, los jóvenes tienen sexualidad. ¿Cómo lograr que la edad de inicio de la vida sexual se retrase, que es lo que todos queremos? Por cierto, involucrando a los padres y a la educación.
¿Qué ha pasado en la educación todos estos años? Cada vez que se ha planteado impartir educación sexual en los colegios surgen los mismos de ahora acusando de las mismas cosas, impidiendo que ello se haga. Así ha sido todos estos años. Se ha impedido que nuestros niños y niñas se eduquen sexualmente, que aprendan sobre el respeto a la otra persona y que se conversen los problemas. Cada vez que se plantea el tema, la voz del escándalo señala que aquí están los antifamilia, que esto no puede ser. Hoy tenemos una tasa del 25 por ciento de embarazos adolescentes en las comunas populares y de 2 por ciento en las comunas ricas. ¿Qué hacen las mamás del barrio alto? Son bastante pragmáticas, pues llevan a sus niñitas al ginecólogo y les dicen: “Independientemente de que tengas vida sexual, toma anticonceptivos.” El ginecólogo les receta los anticonceptivos y la niñita vive su sexualidad protegida. Son muy pocos los hogares del barrio alto que hablan de postergar la edad de inicio de la vida sexual. Las mismas niñas, que manejan dinero, cuando se puede presentar un problema de embarazo por una relación sexual sin protección, van al médico y luego a la farmacia a comprar la píldora del día después. ¿Qué hacemos con las niñas de sectores populares, que, al tener un hijo, objetivamente, van a truncar su vida? Hay muchas que quieren tener guagua y que dicen: “Es lo único que tengo”. Pero eso no es bueno. ¿Cómo no las vamos a apoyar y a salvar? Entonces, ¿qué hacemos? No se quiere educación sexual en los colegios y no se quiere nada para las niñas de sectores populares.
Los mismos que hoy hablan de contagio se han opuesto a todas las campañas para prevenir el VIH. María Angélica Cristi pregunta por qué no se hacen campañas, sencillamente ¡porque cuando se hacen, se oponen!
En la mañana estuve en el paseo Ahumada hablando con jóvenes de los colegios, los cuales están tremendamente agradecidos de esto, porque van a tener con quien conversar en los consultorios y confidencialidad y respeto. Ojalá no acudan sólo a pedir la píldora del día después, sino que, también, consejos.
Por último, los mismos que se oponen a la campaña del Sida actúan inconsecuentemente, como Megavisión, que a las 18.00 horas exhibe el programa Mekano, que ven los niños chicos, sin embargo, a ninguno de mis colegas que rechaza esta medida reclama por ello. Yo presenté un reclamo, porque se erotiza a los niños. Pero el dueño de ese canal dice: “Yo protejo la vida y no estoy por la sexualidad de los jóvenes.” ¡Saquémonos las caretas y enfrentemos juntos este problema! A todos nos importa la familia, pero dejemos actuar y hagamos algo útil. Tratemos de ayudar a los niños y a las niñas para que no carguen con un ser vivo que sufrirá, al igual que sus padres.
He dicho.


HOMENAJE EN MEMORIA DE MIGUEL ÁNGEL LEAL.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar.
El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, voy a hablar por la voz de mis mandantes, por quienes no tienen voz. A lo mejor, la diputada María Antonieta Saa ha interpretado a quien quiero recordar hoy.
¿Alguien conoce a Miguel Ángel Leal? A veinte años de su muerte, debo decir que fue uno de tantos que soñó con escuchar una discusión como la que se ha planteado en esta Sala. ¿Cuál sería su punto de vista? No lo vamos a conocer, puesto que no está entre nosotros, salvo su memoria.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero contarles que era un vecino del distrito que represento.
El pasado 2 de septiembre, en la junta de vecinos 291, de Villa Francia, con sede en Las Estepas 870, entre Yelcho y Quemchi, se realizó un acto en su memoria. De él se dijo, entre otras cosas: “Miguel, con tu ejemplo, desde la población La Victoria, nuevamente estamos acá para entregarles un saludo cariñoso, pero, a la vez, combativo y revolucionario.”
¿Qué quieren decir con combativo y revolucionario, hoy, 5 de septiembre de 2006?
“Declaramos que nos gustaría ver las plazas más bonitas, las paredes pintadas con murales, las canchas arregladas, el consultorio atendiendo a toda hora, más seguridad en nuestras calles, mejores sueldos, más trabajo, salud de calidad, educación digna, popular, liberadora.
“Y es que hoy, llenos de alegría...” Esto, a propósito de Miguel Ángel Leal, cuya memoria recordamos. 
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, señor diputado.
El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, ¿habría unanimidad para concederme más tiempo, porque hay una persona a quien debemos agradecer el hecho de estar acá? Creo que la Sala no tendrá problemas en que use de la palabra por un minuto más.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Continúe, señor diputado.
El señor ESCOBAR.- Gracias, señor Presidente.
Llenos de alegría decía, sueños y esperanzas de construir una vida distinta... Y sigue.
En honor al tiempo, quiero contar quién fue Miguel Ángel.
Nació el 15 de junio de 1968. Era el menor de tres hermanos. Su vida se desarrolló al calor del ascenso del gobierno de la Unidad Popular, en cuyo proyecto trabajaron sus padres, fuertemente comprometidos.
Para alegría de algunos colegas presentes, fue boy scout.
Quiero contar lo que dice Sandra, su hermana: Crecieron siempre alrededor de reuniones clandestinas, picado de esténciles, mimeógrafos artesanales, panfletos fugaces, etcétera.
En 1984 sufrieron uno de los golpes más grandes para la familia: el padre de Miguel caía herido en un enfrentamiento con Carabineros. Como consecuencia de eso, su casa fue allanada, su madre y su padre fueron detenidos y torturados. Posteriormente, su madre, doña Alba, fue dejada en libertad, y el papá, don Manuel, permaneció encarcelado durante siete años.
En un día como hoy, 5 de septiembre de 1986, un año después de la muerte de Miguel cayó en un enfrentamiento, su padre escribió: “Tus ojos quietos para siempre, tierno y aguerrido rodriguista del otro día, soñando por las calles de nuestro pueblo, una luz incesante...
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- ¡Perdón, señor diputado!
¿Habría unanimidad para que el diputado Escobar termine su intervención?
La señora ISASI (doña Marta).- Pido que continúe, señor Presidente.
El señor ERRÁZURIZ.- Démosle la unanimidad, señor Presidente.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Puede continuar, señor diputado.
El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, cada cual elige la trinchera desde la cual quiere combatir.
Muchas gracias, pero no voy a continuar.
He dicho.


ALCANCES SOBRE ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Oficio.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Educación, dictó el nuevo Estatuto de la Universidad de Chile, derogando el anterior. 
El artículo segundo transitorio del referido decreto dice: “Dentro de los 120 días siguientes a la publicación del presente cuerpo legal, la Universidad deberá elegir, de acuerdo a las normas permanentes de este Estatuto, a sus autoridades y constituir el Senado Universitario y el Consejo de Evaluación.”. “Una vez constituidos éstos, la Universidad dispondrá del plazo de un año para dictar los reglamentos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Universidad de acuerdo con las disposiciones que establece este decreto con fuerza de ley.”.
Dado que el decreto con fuerza de ley 
N° 1 fue publicado el 10 de marzo de 2006, los 120 días de plazo se cumplieron el pasado 7 de julio. 
En el referido plazo, se cumplió con la elección del Rector, el 18 de mayo el cambio de mando se efectuó el 12 de junio; la de decanos y directores de departamentos de todas las facultades, el 9 de junio, y el Senado Universitario, elegido el 15 de junio, se constituyó el 18 de julio, es decir, fuera de plazo.
El Consejo de Evaluación se constituye de cinco profesores titulares nombrados por el Senado Universitario a propuesta del rector. 
Hoy, a más de un mes y medio de que se cumplieron los 120 días y a más de dos meses desde que se eligió el Senado Universitario con más de tres sesiones realizadas, todavía no se constituye el Consejo de Evaluación.
¿A partir de cuándo corre el año para dictar los reglamentos? ¿Desde que se cumplieron los 120 días, esto es, el 7 de julio, o desde que se constituye el Consejo de Evaluación? En el primer caso, entonces, el Senado perdió más de un mes para hacer los nuevos decretos y tampoco va a tener febrero. En el segundo, ¿hasta cuándo es aceptable estirar el plazo?
Por lo expuesto, solicito que se oficie, con copia de mi intervención, al rector de la Universidad de Chile, para que dé respuesta a las preguntas que he formulado.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.


SITUACIÓN HOSPITALARIA DE PRIMERA REGIÓN. Oficio.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero solidarizar con el diputado señor Álvaro Escobar, quien ya se retiró de la Sala, pues considero que era importante haber escuchado su intervención en esta Hora de Incidentes.
Si bien es cierto hoy existe un problema en la educación y con los embarazos precoces, creo que debemos ir al problema de fondo, que es valórico, de familia, de educación, de educación cívica, etcétera. Se trata de grandes temas de fondo que debemos analizar, como el hecho de que hoy estemos permitiendo la entrega de la píldora del día después a niñas de catorce años. 
Por otra parte, en el distrito que represento no estamos haciendo nada para contar con un hospital acorde con los desafíos de la nueva región que nacerá a raíz de un proyecto de ley que votamos en la Cámara de Diputados, que se constituye por dos provincias, la de Iquique y la del Tamarugal y por siete comunas que deberían contar con un hospital donde no muera más gente.
El martes pasado, la señora Marcela Jorquera ingresó al hospital Doctor Ernesto Torres Galdames con una orden del consultorio de la comuna de Alto Hospicio con un diagnóstico muy claro: “Apendicitis. Operación urgente.”. Sin embargo, la señora Jorquera fue operada a las 20 horas, lo que trajo como consecuencia una peritonitis y una septicemia generalizada. Posteriormente, fue trasladada a la UTI de adultos, donde falleció en la madrugada del pasado 1° de septiembre.
El hospital Doctor Ernesto Torres Galdames aún no cuenta con UTI pediátrica, debido a las estadísticas del Ministerio de Salud. ¡No sé qué están esperando! Seguramente, que mueran más niños. 
En consecuencia, los chilenos tienen problemas que el Gobierno debe resolver. Me parece positivo dar soluciones a los embarazos precoces, pero insisto, hay cuestiones de fondo que aún no han sido resueltas. 
Quiero llamar a la unidad de las siete comunas que represento en la provincia de Iquique para que próximamente conformen una región.
Me gustaría que no fuera considerada como diputada de Renovación Nacional, por cuanto formo parte de dicho partido sólo respecto del Comité. En este Congreso no existe la democracia necesaria para que los independientes o los de partidos más pequeños podamos tener nuestro propio Comité. Estoy muy agradecida de Renovación Nacional, pues me ha dado un gran apoyo, pero no milito en este partido político.
Pido que se oficie una vez más a la Contralora General de la República para que investigue las irregularidades que existen en el Servicio de Salud de Iquique y en el hospital Doctor Ernesto Torres Galdames.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. 


ESTADO DE AVANCE DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN EN COMUNA DE PICA. Oficio. 

La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que nos informe sobre el estado de avance de las obras de reconstrucción por los daños ocasionados por el terremoto del 13 de junio de 2005, ya que ha pasado más de un año de dicho evento.
Ello, porque a la gente de la comuna de Pica que se le asignó el subsidio se le está descontando el 19 por ciento del IVA por la reparación de su vivienda. Por un lado, el Estado le está entregando un subsidio, por ejemplo, de 280 UF y, por otro, la gente está pagando al Servicio de Impuestos Internos el 19 por ciento, que corresponde a 44 unidades de fomento. Hay que considerar, sobre todo, que ese lugar fue declarado zona de catástrofe el 16 de junio de 2005, y hasta la fecha no ha habido una solución al respecto. Las constructoras pagan el 6,6 por ciento de IVA en relación con las viviendas nuevas. Sin embargo, como en este caso se trata de reparaciones, las personas pagan el 19 por ciento, porcentaje que es descontado del subsidio que el Estado entrega a las familias, las cuales, producto del terremoto, sufrieron un gran menoscabo en sus intereses familiares.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


DENUNCIA SOBRE EVENTUAL CONFLICTO DE INTERESES EN MUNICIPIOS DE REGIÓN METROPOLITANA RESPECTO DE PLANOS REGULADORES. Oficios.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, en un editorial del diario “El Mercurio” del sábado pasado, sobre los planos reguladores que reglan las construcciones en nuestras comunas, se señala lo siguiente: 
“Se ha tenido noticia de un problema de intereses en conflicto que si termina de configurarse, como los antecedentes parecen anticiparlo oscurece el proceso de aprobación o modificación de los planos reguladores comunales. Se origina él en el hecho de que el proceso encaminado a dictar o modificar un plan regulador sea costeado, en parte, mediante aportes en dinero que hacen actores con intereses afectados por la norma resultante. ¿Puede ser verdaderamente imparcial un proceso regulatorio semejante?”, se pregunta el decano. 
“Los antecedentes disponibles apuntan a hechos ocurridos en municipios de la Región Metropolitana, pero bien podrían ellos suceder en otras. El conflicto de intereses se produciría no sólo por las fuentes de financiamiento, sino también porque algunos alcaldes y concejales habrían tenido o tendrían participación en empresas inmobiliarias y constructoras que operan en sus respectivas comunas. ¿Puede haber, así, reales condiciones de imparcialidad al regular?” Todas esas preguntas hacen compleja la denuncia pública.
En consecuencia, pido que se oficie, en nombre del diputado Latorre y de quien habla, a la contralora general de la República subrogante y a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que tengan a bien informarnos sobre esta denuncia, que, de ser efectiva, sería gravísima.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.


INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA DE REMUNERACIONES EN TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE. Oficios.

El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido que se oficie al director de Televisión Nacional de Chile, al ministro Secretario General de Gobierno y a la ministra Secretaria General de la Presidencia, con el objeto de que informen si la política de remuneraciones fijada en 2005 por la Secretaría General de la Presidencia, para los funcionarios públicos, se cumple en la planta gerencial de Televisión Nacional. El tope es de 8 millones de pesos de remuneración líquida, cifra que reciben los consejeros del Banco Central.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.


ANTECEDENTES SOBRE COMPRA DE HELICÓPTEROS A EMPRESA ITALIANA. Oficio.

El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Defensa Nacional para que informe sobre el procedimiento, modo y antecedentes que se tuvieron a la vista para la compra, vía licitación, de cuatro helicópteros en 18 millones de dólares a una empresa de origen italiano.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.


ESTUDIO SOBRE EXPERIENCIA COMPARADA EN PROMOCIÓN Y USO DE BICICLETA. Oficios.

El señor BURGOS.- Señor Presidente, por último, pido que se oficie a los ministros de Salud y de Transportes para hacerles entrega de un estudio realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre experiencia comparada en la promoción y uso de la bicicleta.
Como usuario de ese medio de transporte, me interesa mucho que dichos personeros conozcan este interesante informe de nuestra Biblioteca, a fin de que ambos ministerios puedan implementar medidas destinadas a incentivar el uso de este medio de transporte, que tiene ventajas desde el punto de vista de la salud de los usuarios, del ahorro energético muy importante en estos momentos, y de la contaminación.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.


INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL EN SEXTA REGIÓN. Oficios.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, dentro del trabajo que realizamos en terreno me apasiona mucho el tema del agua potable rural.
En esta oportunidad, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y al intendente de la Sexta Región para que nos informen sobre la situación de cinco proyectos de agua potable rural, APR, que están en vías de obtener su presupuesto y en proceso de recomendación social, RS, en Mideplán.
Me refiero a los APR de Rastrojo, en la comuna de San Vicente; Tinguiririca y Tres Puentes, en la comuna de Chimbarongo; La Chipana y El Manzano, en la comuna de Las Cabras. La importancia de estos cinco APR radica en que cada uno de ellos conlleva la posible postulación en dichos sectores de comités de vivienda.
Si no se realizan estos proyectos, no se puede entregar factibilidad de aguas a los comités de vivienda, con el consiguiente retraso en la entrega de sus viviendas.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Sergio Ojeda.


INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS ENTRE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESA ALCA. Oficio.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, finalmente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que nos informe acerca de los contratos que mantiene ese Ministerio con la empresa Alca, los montos que involucran y las localidades donde se construyen las obras.
Pido esa información para corroborar ciertos antecedentes que me proporcionaron los dirigentes del sindicato de la mencionada empresa que, según entiendo, se dedica a la construcción de carreteras y caminos en distintas regiones del país.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado Sergio Ojeda.


AUMENTO DE PRESUPUESTO A CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA. Oficios.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Hacienda y a la ministra de Planificación para que nos informen acerca del presupuesto vigente para la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y que, dados los nuevos requerimientos y necesidades de este organismos, busquen la forma de aumentar los recursos que se le entregan a través de la ley de presupuestos.
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena mantiene una oficina en Osorno, por lo que he podido apreciar que si bien los funcionarios que ahí trabajan realizan una labor bastante idónea y eficiente, ello no es suficiente para cumplir con todos sus objetivos, pues existen ciertas insuficiencias y limitaciones derivadas de la falta de recursos materiales que les impiden desempeñarse mejor.
Por ejemplo, para cumplir con los compromisos que les demandan sus obligaciones, los funcionarios de la dirección regional de dicha corporación deben recorrer alrededor de 700 kilómetros, pues tienen competencia en cinco provincias, que son, esencialmente, rurales. Lamentablemente, no cuentan con una cantidad de vehículos suficiente para desplazarse a todos los lugares donde su presencia es requerida, muchos de los cuales se encuentran en zonas de difícil acceso.
Por eso, junto con lo ya solicitado, pido que, concretamente, se busque la manera de adquirir otras dos camionetas todo terreno para la dirección de la Conadi en la Décima Región, de manera que puedan cumplir en mejor forma sus obligaciones.
Se suele criticar el actuar de esa corporación; hay personas que objetan la manera en que cumple sus funciones. Pero a veces la causa de esas críticas se encuentra, precisamente, en la falta de recursos suficientes para cumplir con los objetivos y finalidades que le encomienda la ley N° 19.253, promulgada a fines de 1993, que creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para ejecutar políticas de fomento y protección de nuestros pueblos originarios.
Para evitar la crítica, eliminemos sus causas y contribuyamos a dotar a la Conadi de la implementación y la infraestructura que requiere, ya que, no obstante esas falencias, realiza una labor muy positiva.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado Jaime Mulet y de quien preside.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 13.59 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.


VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

Moción de los diputados señores Lobos, Bobadilla, Estay, Girardi, Moreira, 
Norambuena, Robles, Rojas, Sepúlveda, don Roberto, y de la diputada señora 
Nogueira, doña Claudia.
Regula en la ley de las instituciones de salud previsional (Isapres) los excesos generados por los afiliados. (boletín N° 446411)

1.Que la Ley de Isapres, establece que todo trabajador dependiente, inclusive el sector pasivo de la población, debe destinar un 7% de su remuneración imponible con el propósito de financiar sus requerimientos de salud. Esta cotización obligatoria se efectúa ya sea en Fonasa o contratando un plan de salud en alguna Institución de Salud Previsional (Isapre).
2.Sin embargo, a este 7% obligatorio de cotización, la ley le señala un techo, el cual no puede exceder de 4,2 UF, no obstante el afiliado puede aportar más recursos a ese monto pero de manera voluntaria y para los efectos de mejorar un plan ofrecido por la isapre.
3.Otra situación que se genera con cierto grado de habitualidad, en los contratos de salud, son la situaciones denominadas excedentes y excesos, que la gente tiende a confundir, pero son de naturaleza distinta, en efecto la normativa que regula el sistema de Isapres distingue entre ambos conceptos y dice respecto de los excesos que son aquellas cotizaciones que se producen por error o por un doble contrato y en este caso se deben devolver a los afiliados esta sobrecotización, la cual por disposición de la Superintendencia de Isapres se debe devolver una vez al año.
4.Esta iniciativa no pretende ahondar en el otro concepto “excedentes” ya que respecto a este, la población en mayor o menor medida tiene conocimiento del mismo y la propia ley lo tiene definido y bastante normado, situación que no sucede con los “excesos” que no son conocidos, es más, son confundidos con los excedentes y no se encuentran regulados por ley.
5.Por ello creemos necesario que los excesos se regulen por vía legal y que se obligue a las Isapres no solo a informar que un determinado afiliado tiene excesos en su cuenta sino que ellos deben ser comunicados por lo menos 2 veces al año y deben ser devueltos en la medida que se generen, y debidamente reajustados.


PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Agrégase un nuevo inciso penúltimo del artículo 188, del DFL Nº 1 del 2005, de Isapres. 
“Tratándose de los excesos relativos al monto mayor que se generan entre el precio del plan y la cotización legal, deberá ser informada al afiliado que lo genere a los menos 2 veces al año, por carta certificada o por cualquier otro medio electrónico y este exceso deberá ser entregado al titular debidamente reajustado de acuerdo al IPC”. 


Moción de los diputados señores Silber, Duarte, Hales, Ortiz, Paredes, Vallespín, Walker, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana y Saa, doña María Antonieta.
Establece el fuero paternal. (boletín N° 446513)

1)Idea Central
En virtud de este proyecto de ley, se entregan los beneficios asociados a la estabilidad laboral que otorga el fuero maternal, al padre bajo ciertas circunstancias.
Con miras a fortalecer el compromiso de la sociedad con el fortalecimiento de la familia, facilitando el más amplio desarrollo de sus integrantes, esta iniciativa busca extender las posibilidades del fuero maternal, entendido como estabilidad laboral, al padre. Lo anterior, en el evento de que la mujer no esté trabajando.
Los bienes jurídicos a proteger son la integridad de la familia, la estabilidad laboral del hombre, y la protección de los hijos 
2)Fuero maternal
Es el derecho de toda trabajadora embarazada a no ser despedida durante su embarazo, ni hasta un año después de terminado el post natal, a menos que exista la autorización de un juez.
El juez puede autorizar el término de este derecho, a través del procedimiento del desafuero, en los siguientes casos:
Por vencimiento del plazo convenido en el contrato, el caso de los contratos a plazo fijo. 
Por conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, en el caso de los contratos por obra, pieza o faena terminada. 
Por falta de probidad de la trabajadora, por injurias o conducta inmoral grave debidamente comprobada, por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 
Tienen derecho al fuero maternal todas las trabajadoras dependientes, incluso las trabajadoras de casa particular.
Si la trabajadora es despedida a pesar de estar embarazada, debe acreditar su embarazo presentando al empleador un certificado médico, tras lo cual debe ser reintegrada a sus labores, quedando sin efecto el despido y teniendo derecho a su remuneración por el tiempo que haya permanecido sin asistir a su trabajo. 
Las trabajadoras que manifiesten al tribunal la intención de adoptar un hijo o una hija tienen derecho a fuero maternal durante un año, contado desde la fecha de la resolución que el juez o jueza dicte otorgando a la trabajadora el cuidado personal o la tuición del hijo o hija. Si la trabajadora madre adoptiva es despedida mientras goza del fuero maternal, debe acreditar que tiene el cuidado personal o la tuición de un niño o niña, presentando a su empleador copia autorizada de la resolución del tribunal que le haya otorgado el cuidado personal o la tuición del niño o niña, tras lo cual debe ser reintegrada a sus labores, quedando sin efecto el despido y teniendo derecho a su remuneración por el tiempo que haya permanecido sin asistir a su trabajo. 
Si la trabajadora no es reintegrada en cualquiera de los dos casos anteriores, debe presentar un reclamo a la Inspección del Trabajo correspondiente al domicilio del empleador. Si allí no se restablece su derecho, ella debe presentar una demanda ante el Juzgado del Trabajo respectivo, para lo cual requiere que la represente un abogado. Si no cuenta con recursos para ello, puede solicitar uno/a en la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente a su domicilio. 
Es importante también tener presente que en caso de muerte de la madre en el parto o durante el permiso post natal, dicho permiso o el resto de él corresponderá al padre, quien gozará de fuero y tendrá derecho al subsidio maternal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 del Código del Trabajo, el fuero maternal de que goza una trabajadora embarazada se extiende desde el inicio de su embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de postnatal. En otras palabras, cuando el hijo cumpla un año y 84 días de edad.
3)Normativa Internacional
El Convenio N° 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, ratificado por Chile en 1994, establece en su artículo 3 N° 1: “Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares”.
La Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer de la ONU, ratificada por Chile en 1989, establece en su Artículo 11 N° 2: “A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales;
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades familiares son aspectos de cuestiones más amplias relativas a la familia y a la sociedad, que deberían tenerse en cuenta en las políticas nacionales”.
La no discriminación y la protección social de la maternidad y el cuidado infantil reconocidos en Chile por la vía de la ratificación de tratados internacionales, que deben entenderse incorporados al ordenamiento jurídico nacional, tal y como lo establece el artículo cinco, inciso segundo, de nuestra Constitución. 
4)Leyes vinculadas al fuero maternal y derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores.
Ley base de cálculo de subsidio maternal, ley N° 19.299, promulgada el 8 de marzo de 1994. Esta ley contempla una fórmula que asegura a las trabajadoras un subsidio de montos similar a su remuneración real.
Ley que concede permiso especial a trabajadores en caso de enfermedad grave de sus hijos ley N° 19.505, publicada el 25 de Julio de 1997. Establece la posibilidad de ausentarse del lugar de trabajo hasta por 10 jornadas en un año calendario a la madre trabajadora o al padre, cuando ambos trabajan y la madre decide que sea él; o que cuando ella falta por cualquier causa, en el evento que la salud de un hijo menor de 18 años requiera atención personal de sus padres por accidente grave, enfermedad terminal en fase final, o enfermedad grave, aguda y con probable riesgo de muerte. El mismo beneficio se concede a quien tenga la tuición del menor de 18 años que se encuentre en alguna de dichas situaciones. Se contemplan asimismo diferentes formas de compensación de las jornadas no trabajadas, las que deberán establecer de común acuerdo por las partes.
Ley que modifica el Código del Trabajo en materia de protección de la maternidad, 
N° 19.591, publicada el 9 de Noviembre de 1998. Prohíbe condicionar el acceso, la movilidad, los ascensos y la renovación del empleo de las mujeres a la inexistencia de embarazo; elimina la excepción que afectaba a las trabajadoras de casa particular, en el sentido de que estaban excluidas del derecho a gozar del fuero maternal; y amplia el beneficio de salas cunas a las trabajadoras de cadenas de empresas, ya que actualmente el mínimo de 20 trabajadoras para acceder a este derecho no se exige en cada establecimiento o filial, sino que en la empresa en su totalidad. De esta forma, las mujeres que trabajan, por ejemplo, en una determinada tienda, tienen derecho a sala cuna si es que al contar a todas las mujeres que trabajan en la misma tienda pero en otros locales comerciales, suman en total 20 trabajadoras.
Ley de Adopción N° 19.670, publicada el 15 de abril de 2000 que tiende en determinados casos el beneficio del fuero maternal a mujeres que adoptan un hijo. La ley N° 19.250 otorgó el permiso post natal al padre, si la madre muere en el parto o mientras estuviera utilizando dicho permiso, pero no le concedía el fuero que tienen las mujeres trabajadoras y que impide que las despidan del trabajo hasta un año después de expirado el permiso post natal. Esta Ley pretende equiparar a estos padres que usufructúan, a causa de la muerte de la madre, del permiso post natal y les otorga también a ellos dicho fuero. Asimismo, otorga fuero por un año a las mujeres y a los hombres viudos o solteros que manifiesten al tribunal su voluntad de adoptar un hijo en conformidad a las disposiciones de la ley de Adopción. El año de fuero se cuenta en este caso desde que el juez dicte la resolución que confía el cuidado personal o la tuición a estos trabajadores.
Ley de Descanso Dominical N°19.482, publicada el 3 de Diciembre de 1996. Modifica el artículo 38 del Código del Trabajo, otorgando a los trabajadores exceptuados del descanso dominical el derecho de que el día de descanso semanal que les corresponde recaiga al menos una vez al mes en día Domingo.
Ley N° 19.250, publicada el 30 de Septiembre de 1993 contiene reformas al contrato individual de trabajo. Esta ley contiene una serie de disposiciones relativas a mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, como por ejemplo: eliminación de la prohibición legal que tenía la mujer de desempeñar ciertas faenas como las subterráneas; permiso post natal y el respectivo subsidio para el padre en caso de fallecimiento de la madre trabajadora; opción para que el padre, a elección de la madre, ejerza el permiso por enfermedad de un hijo menor de un año; permiso por enfermedad del menor de un año para la trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado al menor por tuición o medida de protección; establecimiento de jornada legal y porcentaje de ingreso mínimo para las trabajadoras de casa particular.
Adicionalmente la propia Constitución expresamente reconoce el principio de no discriminación (artículo 19 N° 2), por lo que la maternidad y el cuidado infantil no debieran ser obstáculo para que las los integrantes de la familia logren una participación laboral, y en todo ámbito equitativa. Asimismo, el artículo 1º, inciso 2, de la Constitución reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad.
5)Estadísticas:
Para efectos de esta iniciativa es relevante notar el significativo aumento de los hogares nucleares (30% en 1970 A 57% en 2000), El ingreso familiar esta limitado al que obtengan los padres que trabajan, si solo uno trabaja y pierde el empleo esto tiene un importante impacto en la familia.
Tipo de Hogares según los Censos 
(porcentaje) 
Tipo deAños
Hogares1970198219922002
Unipersonales5,77,18,38,3
Nuclear30,353,158,057,9
Extenso47,431,023,423,4
Otro tipo16,68,810,410,4
Total100,0100,0100,1100,0
Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 
Para efectos de esta iniciativa se debe destacar que en el año 2002, el jefe de hogar sigue siendo en un 68% de los casos el hombre
Hogares según sexo del jefe de hogar
(porcentaje)
AñosMujeresHombresTotal
199021,079,0100
199121,878,2100
1992(*)25,374,7100
199322,577,5100
199422,078,0100
199522,677,4100
199620,379,7100
199922,078,0100
2002(*)31,568,5100
Fuente: INE. Encuesta Suplementaria de Ingresos. Trimestre OctDic.
(*) Para 1992 y 2002 los datos corresponden a los Censos del mismo 
Las remuneraciones promedio de los hogares , es baja en los grupos de edad en que existe una mayor fertilidad, una eventual perdida del trabajo del jefe de hogar recién nacidos los hijos implica una dificultad enorme de superar para la familia
Remuneración media mensual del trabajo según grupos de edad
(pesos)
AñosGrupos de edadTotal
Sexo15 a 2425 a 2930 a 3435 a 4445 a 5455 a 6465 y más
1996…………………229.772
Mujeres101.155152.450158.585169.444198.742166.930190.063159.701
Hombres104.885172.866240.775296.687393.221299.063325.047264.527

1997117.929190.981236.922291.663314.782353.563384.793259.140
Mujeres113.830168.306199.914188.201220.902222.759163.414183.651
Hombres120.257203.978254.944346.801360.864402.221455.736297.154

1998130.047223.500254.418287.437335.100314.426454.955271.561
Mujeres133.292196.075216.040220.350234.505231.695197.554207.895
Hombres128.272239.745274.949324.147387.595350.310538.215305.045

1999127.557205.335232.716261.456305.878294.110270.363245.410
Mujeres130.579198.764193.601219.493242.432207.071211.185205.092
Hombres125.993209.143254.909484.864340.169329.187288.926266.665

2000131.728211.398240.510276.953317.585355.292317.604263.699
Mujeres136.147205.981208.168213.401241.762228.529191.128208.959
Hombres129.371214.692257.142312.150359.312404.610361.483292.502
Fuente: INE, Encuesta Suplementaria de Ingresos. Trimeste OctubreDiciembre
(1)Incluye sólo ingresos de la ocupación. Excluye ingresos de otras fuentes.
(2)Pesos de octubre de cada años.
6)Algunas consideraciones psicológicas y sociológicas 
En primer lugar, la propuesta puede justificarse desde la noción actual de la Parentalidad, en tanto un adecuado ejercicio de ésta incluye tanto conductas desarrolladas desde el rol de padre como desde el rol materno. De este modo, el fuero masculino releva el rol del progenitor, en el sentido de que refuerza la tesis de que una Parentalidad completa requiere de ambos roles. Así, en condiciones óptimas, la crianza y el cuidado de los hijo(a)s es una tarea que debe desarrollarse desde ambos progenitores.
Por otra parte, la iniciativa obedece a la obligación de dar cumplimiento a la Convención de los Derechos de los Niño(a)s ratificada por nuestro país el año 1990. Dicha Convención estipula en uno de sus artículos que todo niño o niña debe tener sus necesidades básicas cubiertas. En este sentido, es indudable cómo un despido laboral del progenitor, cuando éste es el único ingreso percibido por el grupo familiar, impacta totalmente en el cumplimiento de este derecho, produciéndose una situación de vulneración. En este sentido, la propuesta puede visualizarse como una manera de prevenir futuras vulneraciones en ese sentido o más aún, en otros Derechos citados en la Convención. De hecho, sin ir más lejos, es indudable que si el grupo familiar no cuenta con un soporte económico que permita su subsistencia, se vivirá una situación de alto estrés familiar, el cual, de acuerdo a estudios en la materia, es claramente un factor de riesgo en la ocurrencia de situaciones de violencia intrafamiliar y/o maltrato infantil, en todas sus formas. Esto último se acentúa si se visualiza el alto impacto que tiene para el hombre el despido laboral, a diferencia de la mujer, en donde se ha descrito que otras situaciones proporcionan contextos más estresantes. Así, es indudable la carga afectiva que una situación de esta índole conlleva en el hombre y sin lugar a dudas, a la familia completa, si se piensa que éste es el único ingreso percibido por la familia.
Por último puede argumentarse desde la idea de que todo niño o niña menor de un año se encuentra en una condición de vulnerabilidad, ya que si no cuenta con adultos que satisfagan sus necesidades básicas, su sobrevivencia está en riesgo. En este sentido, tanto la alimentación, como el contar con un techo y abrigo resultan cruciales en esta etapa de ciclo vital, puesto que existe una nula capacidad de autonomía y autovalencia. Sin lugar a dudas, el no contar con estos recursos pone en riesgo la salud e integridad del niño o niña, tanto en términos de su desempeño físico como psicológico. Así, las secuelas de daños en esta etapa de la vida son muy profundas y marcan o determinan el desarrollo posterior.
7)Conclusión
La idea entonces de establecer un Fuero Paternal, en las condiciones establecidas en el artículo 174, en aquellos casos en que la madre no se encuentre trabajando, significa un compromiso con la integridad y bienestar de la familia, con la estabilidad laboral del hombre, y con la protección de los niños de nuestro país, garantizándoles unas condicionas que posibilitan una mejor calidad de vida en momentos claves para la conformación de su personalidad, y contribuyendo a viabilizar de esta manera, el desarrollo de personas mas equilibradas y con un mejor desenvolvimiento en las diversas esferas de la vida moderna en sociedad.
En consecuencia, venimos en proponer a esta honorable Cámara el siguiente proyecto de ley que modifica el dereto con fuerza de ley Nº 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del código del trabajo.


PROYECTO DE LEY:

ARTÍCULO ÚNICO.- Agrégase el siguiente artículo 201 Bis, al Decreto con Fuerza de ley Nº 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del código del trabajo:
ARTÍCULO 201 Bis.- Se establece un Fuero Paternal, por el término señalado en el artículo 201, y en las condiciones establecidas en el artículo 174, en aquellos casos en que la madre no tenga la calidad de trabajadora, de conformidad al artículo 3 de este Código. Para que el padre pueda impetrar el fuero deberá encontrarse en cumplimiento de todas las obligaciones que en su calidad de tal le ha impuesto la ley.


Moción de los diputados señores Tuma, Leal, Silber, y de las diputadas señoras Pascal, doña Denise y Rubilar, doña Karla.
Modifica la ley N° 19.628, con el objeto de ampliar los mecanismos de protección de los datos de carácter personal. (boletín N° 446603)

“Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 63 N° 20 de la Constitución Política de la República, y
Considerando:
El derecho de los ciudadanos para defender su honra frente al “poder informático”, lo que en doctrina se ha denominado “Hábeas Data” (por analogía con el Hábeas Corpus) en virtud del cual es posible acceder y conocer las informaciones a ellos referidas, archivadas en bancos de datos, para controlarlas, actualizarlas, rectificarlas, exigir su confidencialidad frente a terceros, cancelar las inexactas y para autorizar su difusión o transmisión.
Nuestro legislador incorporó esta figura jurídica consagrando el derecho a la exclusión de determinada información sensible cuya divulgación puede lesionar el derecho a la intimidad de las personas y lesionar su honra.
La ley N° 19.628, que nos ocupa, vino a llenar un vacío sobre la materia abordando el problema en su conjunto.
Consta de siete títulos y 24 artículos permanentes que abordan, respectivamente, las siguientes materias:
De la Protección de Datos de Carácter Personal;
De la Utilización de Datos Personales;
De los Derechos de los Titulares de Datos;
De las Utilización de Datos Personales Relativos a obligaciones de Carácter Económico, Financiero, Bancario y Comercial;
Del Tratamiento de Datos por los Organismos Públicos;
De la Responsabilidad por la Infracciones a Esta Ley y
Título Final, que agrega dos nuevos incisos al artículo 127 del Código Sanitario. Código Sanitario.
Se regula el tratamiento de los denominados datos de carácter personal o datos personales definidos como los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Dentro de este concepto deben entenderse incorporados los hechos relativos a una persona que puedan ser comprobados.
“La Ley tenía por propósito llenar un vacío en el ordenamiento jurídico chileno mediante el otorgamiento de una adecuada protección al derecho de la vida privada de las personas, en el ámbito del derecho civil. El texto aprobado se limitó a regular uno de los aspectos de la protección de la vida privada, como lo es el tratamiento que los organismos públicos y particulares efectúen de los datos de carácter personal incorporados en registros o bancos de datos, sean estos de carácter automatizado o no. Este es el motivo por el cual la Ley se denomina “Sobre Protección de la Vida Privada”, cuando en realidad, solo regula un aspecto de tal materia”, según ha señalado el abogado Claudio Magliona Markovicth, Director de la Asociación de Derecho e Informática de Chile.
Siendo un avance en su momento, desde la entrada en vigencia se han podido constatar diversas falencias en el texto de esta ley, que hacen necesario introducir modificaciones que permitan perfeccionarla:
a)Los datos que aparecen recopilados en cualquier banco de datos están desprotegidos, pues los registros siempre son considerados públicos. Es necesario detallar qué registros pueden ser considerados públicos para no dejar abierta la posibilidad de que cualquier dato, incluso los sensibles, sean tratados públicamente.
b)No existe un órgano especializado que vele por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos y atienda las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas afectadas. Actualmente el Servicio de Registro Civil e Identificación sólo está autorizado para llevar un registro de los bancos de datos personales a cargo de organismos públicos, pero carece de facultades fiscalizadoras respecto de ellos y menos de los privados, con otra limitación: en el sólo consta el fundamento jurídico de su existencia, su finalidad, tipos de datos almacenados y descripción del universo de personas que comprende, el Servicio no puede verificar su autenticidad. Lamentablemente por tratarse de un servicio público, esta materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
c)Conforme a lo dicho, no hay un registro de bases de datos privadas que permita saber quién maneja la información de cada ciudadano. 
d)Respecto a las infracciones a la ley, no se establecen tipos penales y sólo fija una indemnización por los perjuicios que ocasione el tratamiento abusivo de los datos, lo que se debe demostrar en tribunales. Por otra parte, las multas son mínimas, entre una y 50 unidades tributarias mensuales (A la fecha, entre $ 32.046 y $ 1.602.300), lo que no repara el daño ni el costo de ir a un juicio y tampoco actúa como desincentivo para quienes filtran y sólo proceden cuando los responsables de los registros o bancos de datos personales comuniquen información que no verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales. Se exceptúa la información relacionada con los créditos concedidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario a sus usuarios, o comuniquen la información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas.
e)Se establece que las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo, pero no se señala una sanción especial por lo que la norma es meramente declarativa. Tampoco hay sanciones para el responsable, persona natural o jurídica, del banco de datos por la filtración de datos de sus clientes, por lo que no se estimula su control interno.
f)La ley sólo se refiere a los datos personales de las personas naturales y no resguarda los derechos de las personas jurídicas, que quedan excluidas de su ámbito, situación que afecta especialmente a las pymes.
g)Se hace necesario establecer la obligación de informar previamente por parte del responsable de una base de datos al titular de los datos respecto de los cuales se pretende efectuar un tratamiento y precisar la regulación de la cesión de datos personales.
h)En atención a lo expuesto proponemos:
Regular y precisar en forma pormenorizada cuales son las fuentes accesibles a todo público y que serán lo únicos respecto de los cuales no se requiere autorización.
Tipificar y establecer infracciones con sanciones precisas y de monto equivalente al daño.
Tipificar como delito el uso de los datos sensibles establecidos en la letra g) del artículo 2° de la ley y sancionar al infractor con pena privativa de libertad que puede durar entre 61días y 3 años.
Regular la cesión de datos personales, obligando a contar con la autorización de la persona cuya infromación se traspasa.
Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente


PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.628 sobre “Protección de datos de carácter personal”:
1.Reemplázase la letra i) del artículo 2°, por la siguiente:
“i) Fuentes accesibles al público, los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes. Tienen este carácter, exclusivamente, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico y dirección. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, los Diarios y medios de comunicación.”.
2.Agrégase el siguiente artículo 24 nuevo al Título V, pasando el actual artículo 24 a ser 25:
“Artículo 24.- Las infracciones a la presente ley se calificarán como leves, graves o gravísimas.
Son infracciones leves:
a)No atender, por motivos formales, la solicitud del interesado de rectificación o cancelación de los datos personales objeto de tratamiento cuando legalmente proceda.
b)Proceder a la recogida de datos de carácter personal de los propios afectados sin proporcionarles la información que señala el artículo 4° de la presente Ley.
c)Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 7° de esta Ley, salvo que constituya infracción grave.
Son infracciones graves:
a)Proceder a la creación de bancos de datos privados o iniciar la recogida de datos de carácter personal para los mismos con finalidades distintas de las que constituyen el objeto legítimo de la empresa o entidad.
b)Proceder a la recogida de datos de carácter personal sin recabar el consentimiento expreso de las personas afectadas, en los casos en que éste sea exigible.
c)Mantener datos de carácter personal inexactos o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos de las personas que la presente Ley ampara.
d)Mantener las bases de datos, programas o equipos que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad.
e)Incumplir el deber de información que se establece en los artículos 5, 28 y 29 de esta Ley, cuando los datos hayan sido recabados de persona distinta del afectado.
Son infracciones gravísimas:
a)La recogida de datos en forma engañosa y fraudulenta.
b)La comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que estén permitidas.
c)Recabar y tratar los datos de carácter personal a los que se refiere el artículo 10 cuando no medie el consentimiento expreso del afectado; recabar y tratar los datos referidos en artículo 18.
d)La cesión temporal o definitiva de datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para someterlos a dicho tratamiento, con destino a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable a la nacional.
e)Tratar los datos de carácter personal de forma ilegítima o con menosprecio de los principios y garantías que les sean de aplicación, cuando con ello se impida o se atente contra el ejercicio de los derechos fundamentales.
f)No atender, u obstaculizar de forma sistemática el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
g)No atender de forma sistemática el deber legal de información de la inclusión de datos de carácter personal en una base de datos.
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.
Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales.
Las infracciones gravísimas serán sancionadas con multa de 50 a 500 unidades tributarias mensuales.
La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
Se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 16 para las infracciones establecidas en este artículo.”.
3.Agrégase en el artículo 2°, la siguiente letra:
“p) Cesión de datos, cualquier acto o contrato que tenga por objeto la entrega de datos personales, sean éstos de fuentes accesible al público o no; y que permita adquirir su dominio, uso o goce en forma permanente o temporal.”.
4.Reemplázase el inciso primero del artículo 4º, por el siguiente:
“El tratamiento o cesión de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. En el caso de menores de edad, la autorización sólo podrá ser dada por sus representantes”.
5.Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 10: “El tratamiento los datos sensibles con infracción de lo dispuesto en el inciso anterior será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a máximo.”.


Moción de los diputados señores Venegas, Espinosa, don Marcos; Farías, Meza, Robles, y de las diputadas señoras Soto, doña Laura y Vidal, doña Ximena.
Modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, haciendo extensiva la prestación del servicio de sala cuna a otras personas calificadas profesionalmente. (boletín N° 446713)

“Considerando:
1ºEl número de profesionales existentes en el país en el área de educación y salud, que trabajan con menores entre los cero y dos años de edad.
2ºLa libertad de trabajo y su protección, establecida en la Constitución Política de la República, en virtud de lo cual toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución y que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así.
3ºEl derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan, así establecido en la carta fundamental.
4ºEl derecho a la educación que tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida; el derecho preferente de los padres y el deber de educar a sus hijos; el deber de la comunidad para contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación, consagrados en la Ley Fundamental.
5ºLa importancia de la estimulación temprana en los niños lo cual ha alcanzado reconocimiento constitucional al establecer en su artículo 19 el derecho a la educación parvularia.
6ºLa posibilidad de ampliar la labor profesional especializada y personalizada en el cuidado y estimulación temprana de niños entre los cero y dos años de edad y de asesorar a la madre y al entorno familiar en el cuidado y la estimulación del mismo. Por cuanto la recomendación de profesionales de distintas disciplinas y experiencias en estas materias recomiendan fortalecer su cuidado en el hogar, ya sea parental o no parental dado que la investigación disponible no reporta beneficios para ellos en los centros de educación preescolar.
7ºLa necesidad de desarrollar en los niños valores, hábitos, competencias, aptitudes que fortalezcan su desarrollo integral como seres humanos libres desde su más tierna infancia, y;
8ºla importancia de proteger siempre el interés superior de los hijos, consagrado en la convención de los derechos del niño ratificada por Chile, se establece en la misma norma en el paso final del número 1del artículo 18: “Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño”. Por lo anterior proponemos el siguiente:


PROYECTO DE LEY

Artículo único: Modifícase el Código del Trabajo en su artículo 203, de la siguiente manera: 
a)En el inciso quinto: elimínese el punto final “.” y agréguense las oraciones siguientes:
“o al profesional o técnico del área de la educación o salud, que ésta elija, que preste servicios de cuidado personal del niño en el domicilio de la mujer trabajadora. La persona elegida debe acreditar su calificación profesional o técnica con el título respectivo, otorgado por una institución de educación que tenga reconocimiento oficial del Estado para dicho efecto y estar capacitada para prestar servicios de estimulación temprana de infantes. En este último caso la persona calificada y capacitada deberá emitir una factura al empleador por los servicios prestados por su cuenta en el domicilio de la mujer trabajadora.”
b)En el inciso sexto, intercálese entre los vocablos: “sala cuna” y la preposición “a” que antecede a la oración “que se refiere el inciso anterior…”, la siguiente frase: 
“o al profesional o técnico del área de la educación o salud, que ésta elija, que preste servicios de cuidado personal del niño en el domicilio de la mujer trabajadora”
Indicación a proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en su artículo 203 para hacer extensivo la prestación del servicio de sala cuna de manera análoga a la vigente en la Ley a otras personas calificadas profesionalmente.
Agréguese el siguiente inciso final al artículo 203 con el objeto de asegurar un servicio de calidad a los infantes conforme al espíritu que establece la modificación introducida en los incisos quinto y sexto del artículo 203 del Código del Trabajo:
“Para efectos de esta disposición la Junta Nacional de Jardines Infantiles(Junji) llevará un Registro Nacional de Prestadores de Servicios Especialistas en Estimulación Temprana de Infantes. Integrarán el citado Registro todos los profesionales y/o técnicos de las áreas de la educación o salud que cuenten con capacitación en estimulación temprana de infantes, certificado por un organismo reconocido por el Estado para tales fines. Para quedar inscrito los interesados deberán concurrir a cualquier oficina de la JUNJI, exhibiendo el original o copia fiel de éste, extendida por un Notario, del Título Profesional y, copulativamente, el Certificado que acredita su competencia para desarrollar actividades de Estimulación Temprana de Infantes.


Moción de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Cristi, doña María Angélica, y de los diputados señores Álvarez, Araya, Becker, De Urresti, Jarpa, Leal, Rojas y Sule.
Sobre expendio de alcoholes en casinos de juegos. (boletín N° 446806)


FUNDAMENTOS

El comienzo de la ejecución de los proyectos de casinos aprobados por la Superintendencia respectiva en varias ciudades del país provocará un impacto económico, social y urbanístico en los centros en que serán emplazados.
Dentro de los objetivos que la propia ley N° 19.995, Ley de Casinos, establece respecto de las concesiones de estos centros de juegos, se encuentran el de entregar un valor agregado a la zona en que se instalen, de modo que en la práctica se conformen y desarrollen como verdaderos centros turísticos de excelencia, no conformándose con la sola instalación de zonas de juegos.
La valoración entregada a los proyectos presentados, incluyó la existencia de hoteles, centro de convenciones, espectáculos, discotecas, restaurantes, bares y otros servicios de estas características dentro de cada casino postulante.
Por otra parte, la aprobación de estas concesiones requiere de varias etapas incluida la opinión de los concejos municipales, destacándose que la votación de los proyectos corresponde a la decisión respecto de un inmueble y servicios ubicados en una zona específica de una comuna y por tanto, la aprobación de las autoridades dice relación con un casino y demás instalaciones ubicado en un sector previamente determinado.
La existencia de restaurantes, discotecas, sala de espectáculos, cabarés, bares, pubs, genera como consecuencia la necesidad que se cuente con las patentes de alcoholes respectivas que autorizan su funcionamiento.
En el caso de los bares y pubs, están clasificados como patente letra E) que también incluyen a tabernas y cantinas. Dicha categoría se encuentra limitada a un número predeterminado por comuna y, en consecuencia, varios de los municipios beneficiados por la instalación de casinos se verían impedidos de entregar la patente correspondiente a la letra E), ya que están sobrepasados del límite establecido en el Art. 7° de la ley N° 19.925.
A su vez, la ubicación de algunos de los proyectos adjudicados podría significar que están dentro de zonas de restricción de entrega y funcionamiento a las patentes clase D) que corresponde a cabarés; E) bares y O) discotecas o simplemente están ubicado a menos de 100 metros de establecimientos de educación, salud, penitenciarios, militares o policiales, de terminales y garitas de locomoción colectiva, que según lo establecido en el Art. 8° de la ley 
N° 19.925 prohíbe la entrega de estas patentes de alcoholes.
El objetivo superior que la Ley de Casinos estableció, obliga a distinguir esta especial actividad económica de otras, en especial del expendio de alcohol en estos recintos, creando una nueva categoría de patente de alcoholes que de cuenta de esta nueva realidad para las ciudades que se verán beneficiadas por la instalación de estos casinos.
En virtud de lo anterior, venimos en presentar el siguiente


PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO.- Modifícase la ley N° 19.925, agregando en el artículo 3°, a continuación de la categoría “P)” la siguiente categoría “Q)”, nueva:
“Q CASINOS DE JUEGOS regulados por la Ley N° 19.995, que puede incluir el otorgamiento por la municipalidad respectiva de las patentes clasificadas en las categorías C, D, E y O.
Los establecimientos de esta categoría quedarán sujetos a todas las normas y restricciones contenidas en esta ley, exceptuando las restricciones a las que se refiere el inciso cuarto del artículo 8°.
Valor patente: 70 UTM.”


Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Araya, Díaz del Río, Galilea, Kast, Martínez, Rojas y Sabag.
Modifica Codigo Penal con el fin de tipificar como delito de estafa, las conductas que mediante engaños e invocando la adhesion a determinadas creencias religiosas, persiguen la disposicion patrimonial en las formas que indica. (boletín N° 446907)

Fundamentos del proyecto.
La estafa se ha definido en general, como un delito mediante el cual el agente desarrolla una conducta revestida de engaño, para provocar en la víctima una disposición patrimonial en beneficio del autor, que mediante este ardid se enriquece.
Nuestra legislación positiva, contiene en el párrafo 8, del Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, la descripción de las figuras constitutivas de los delitos de estafas y otros engaños, asignándoseles las penas que para caso se contemplan.
El artículo 467 del referido texto legal sanciona la defraudación en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas, que se hayan entregado en virtud de un título obligatorio, imponiendo diferentes penas, según sea el monto a que ascienda la respectiva defraudación.
A su vez, el artículo 468 del mismo compendio normativo, establece que se aplican las penas del citado artículo 467 a quien defraude usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o crédito supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante. 
Normalmente, en este tipo de conductas, el agente debe desplegar una acción bastante convincente para lograr su objetivo, lo que en doctrina jurídica, se denomina “mise en scéne”, esto es, el montaje de un verdadero tinglado para crear el efecto propicio a la obtención del propósito que los anima.
Por su parte, el artículo 469 de este código, contempla cinco conductas punibles constitutivas de estafas específicas, a las cuales se asigna las mismas penas señaladas en el artículo 467 antes mencionado.
Del examen de las conductas descritas en dicho artículo 469, se puede concluir que todas ellas dicen relación con defraudaciones en aspectos de carácter económico y mercantil. 
Sin embargo, con el correr de los tiempos han surgido nuevas formas de estafa, que sin tener una connotación económica propiamente tal, o ser de carácter comercial o mercantil, sus agentes ocupan otro tipo de engaños para lograr sus malévolos objetivos.
Para dicho propósito, recurren a temas de gran sensibilidad para las personas, como lo es la genuina búsqueda de una determinada fe o religión, y por consiguiente la creencia en determinados principios, como son la sanidad física, sicológica, emocional y espiritual,  tratando de obtener la adhesión, observancia o práctica de las mismas.
Para este efecto, difunden mediante diversas formas, ya sea de propaganda publicitaria o valiéndose de una supuesta condición de liderazgo espiritual, la oferta comercial de elementos que pregonan como representativos del mensaje y los efectos que suponen transmitir, tales como imágenes, piedras, líquidos, cremas, supuestas reliquias de lugares sagrados, metales u otros similares, a los cuales les atribuyen poderes mágicos o de sanación divina, similares a talismanes o amuletos, para persuadir acerca de la necesidad de  su compra, pero que a la postre, no son sino artefactos carentes de valor alguno, y que emplean como medio para lograr la disposición patrimonial que pretenden.
Tales conductas deleznables, que no constituyen sino una burda charlatanería, causan mayor impacto en los sectores más desposeídos, que con la mejor disposición  y fe, creen en la oferta que se les hace, ignorando que se está abusando de su adhesión o creencia a la religión a que se les pretende reclutar.
Consideramos entonces, que estas acciones deben ser sancionadas en forma específica, para cuyo efecto, se hace necesario incorporar un artículo 468 bis al Código Penal, estableciendo sanciones para quienes, con dolo específico, esto es, con plena conciencia de la ilicitud con que actúan, cometan este tipo de delitos.
En virtud de las consideraciones antes expuestas, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente


PROYECTO DE LEY:

Artículo único: Modifícase el Código Penal, mediante la incorporación del artículo 468 bis, del siguiente tenor:
“Artículo 468 bis: En iguales penas incurrirán los que, al hacer difusión de una determinada creencia religiosa, efectuaren ventas de elementos representativos de la misma, a los que se les atribuyere poderes divinos o sobrenaturales, a sabiendas que no revisten las dotes o virtudes que en la propaganda o publicidad de ellos se les otorga”.


Moción de los diputados señores Errázuriz, Becker, y de la diputada señora Isasi, doña Marta.
Obliga a los bancos a contratar un seguro para garantizar contra robos y hurtos en su interior. (boletín N° 447003)

“Considerando:
1.Que las personas que van a los bancos comerciales a realizar alguna operación bancaria, se encuentran desprotegidos frente a un robo o hurto de que puedan ser víctimas;
2.Que los guardias estarían destinados a proteger los intereses de los bancos más que los intereses de los clientes;
3.Que en caso de que algún cliente o persona que se encuentre al interior del banco, sea víctima, dentro del banco, de un robo con fuerza o de un hurto a través de engaño o, simplemente, de la sustracción fraudulenta de dinero, joyas u otras especies, el banco no asume responsabilidad alguna, vengo en proponer el siguiente


PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 1.- Los bancos deberán contratar un seguro contra hurto o robo de dinero o especies que sufran personas que se encuentren en su interior.
ARTÍCULO 2.- Será el eventualmente afectado por una sustracción quien deberá probar de que ha sido víctima del delito.
ARTÍCULO 3.- El seguro será sólo por la responsabilidad civil que pueda caber.
ARTÍCULO 4.- El plazo para contratar dichos seguros será de ciento veinte días, a contar de la publicación de la presente ley.


Moción de los diputados señores Errázuriz, Becker y de la diputada señora Isasi, doña Marta.
Impide otorgar libertad provisional a autores de delitos de connotación sexual. (boletín N° 447107)

“Considerando:
1.Que nuestra legislación permite la libertad provisional y otros beneficios a quienes encontrándose cumpliendo una condena, hayan observado buena conducta y tengan una parte de la condena cumplida;
2.Que en el caso de delitos como la violación, el estupro y otros de connotación sexual, resulta aconsejable que dichos beneficios no existan y la persona condenada permanezca privada de libertad hasta el último día de su condena, vengo en proponer el siguiente


PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: No procederá la libertad provisional ni ningún beneficio de salida del recinto penitenciario a quienes se encuentren cumpliendo condena por delitos de connotación sexual como violación, estupro u otros similares


Moción de los diputados señores Errázuriz, Becker y de la diputada señora Isasi, doña Marta.
Sanciona a ministro de fe que no concurra a la constitución de una organización comunitaria territorial o funcional. (boletín N° 447206).

“Considerando:
1.Que la ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales establece que para que una organización obtenga personalidad jurídica, debe concurrir un ministro de fe ante quien se deben aprobar los estatutos y elegirse un directorio provisorio;
2.Que de acuerdo a la misma ley, el ministro de fe es un funcionario municipal, normalmente designado por el secretario municipal, gestión que resulta gratuita para la organización, modificándose las leyes anteriores como la N° 16.880 y siguientes, que exigían que el ministro de fe fuera el Oficial del Registro Civil o un notario público, cuyos aranceles las organizaciones no estaban en situación de pagar;
3.Que con una frecuencia superior a la deseada, los funcionarios municipales que son designados ministros de fe no concurren y dejan a la organización esperando, con todo el esfuerzo que significa para personas de escasos recursos reunirse y preparar incluso un pequeño cóctel para la ocasión, vengo en proponer el siguiente


PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO PRIMERO: El funcionario municipal designado como ministro de fe para que obtenga personalidad jurídica una organización comunitaria territorial o funcional, de aquellas regidas por la ley N° 19.418, que no concurra sin causa justificada, será sancionado con una multa a beneficio municipal de media a dos unidades tributarias mensuales.
ARTÍCULO SEGUNDO: La multa será aplicada por el superior jerárquico del funcionario, el presidente de la asociación de funcionarios municipales de la respectiva municipalidad  y el alcalde quienes deberán reunirse y decidir dentro de las 48 horas de vencido el plazo que señala el artículo siguiente.
ARTÍCULO TERCERO: El funcionario municipal que no haya concurrido a la actuación como ministro de fe, tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas para dar una explicación por escrito y fundada, la que hará llegar al alcalde para que éste convoque a las personas señaladas en el artículo anterior. Contra la resolución de la citada comisión no cabrá recurso alguno.


Moción de la diputada señora Cubillos, doña Marcela y de los diputados señores Álvarez, Estay, Forni, Lobos, Hernández, Melero, Uriarte, Urrutia y Ward.
Modifica la ley de calificación cinematográfica estableciendo el consumo excesivo de drogas como un contenido pernicioso. (boletín N° 447504)

“El Consejo de Calificación Cinematográfica es un órgano dependiente del Ministerio de Educación, encargado de calificar las producciones cinematográficas que están destinadas a la comercialización, distribución y exhibición pública.
Este Consejo potencia la protección de la infancia y la adolescencia, por ello establece, por ley, categorías de películas, es decir, aquellas recomendables para “todo espectador”, “mayores de 14 años” y “mayores de 18 años”. Además las calificaciones, agregan expresiones orientadoras como “contenido educativo”, “inconveniente para menores de siete años” y “contenido pornográfico o excesivamente violento”, ésta última para mayores de 18 años.
En este sentido, la droga constituye una materia altamente recurrente entre los jóvenes hoy día, la información al respecto es abusiva y perniciosa, por ello el Consejo de Calificación Cinematográfica debiera establecer una categoría para aquellas películas donde exista una sobreexposición de drogas.
La juventud, debe mantenerse informada sobre el significado de la droga y el mal que su uso constituye en nuestra sociedad, sin embargo nuestros jóvenes no pueden estar expuestos a ver libremente filmes donde exista un contenido pernicioso de droga, donde se exponen imágenes de utilización de estupefacientes ilícitos.
Es nuestro deber como sociedad cuidar la integridad física y moral de la juventud, y en este sentido una abierta sobreexposición en materia de droga puede resultar altamente perjudicial.


PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Agrégase una nueva letra H al artículo 2 de la ley N° 19.846, sobre Calificación de la Producción Cinematográfica de la siguiente forma:
h)Contenido pernicioso: la exposición abusiva del consumo de drogas o donde la utilización de imágenes mostrando el consumo de drogas ilícitas, constituyen su principal fin. 


Moción de los diputados señores Kast, Bauer, Estay, Forni, Hernández, Lobos, Melero, Uriarte, Von Mühlenbrock y Ward.
Permite a las personas al momento de obtener o renovar su pasaporte expresar su voluntad de ser donante. (boletín N° 447611)

“La donación de órganos es un gesto noble, generoso y solidario. Pese a que reconocer la muerte de un ser querido es tremendamente doloroso, este dolor puede transformarse en alegría donando los órganos a personas que sin ellos no tiene opción de vivir.
En Chile, en 1990, los Obispos señalaron que la donación de órganos es una hermosa y moderna expresión de la caridad cristiana, que dignifica a las personas que su muerte llega  a ser el apoyo de vida para otro, lo implica un tremendo sentido de comunión con la humanidad.
Como sociedad debemos procurar que toda persona que necesita de un determinado órgano, lo obtenga para ser transplantado y continuar así con su vida. Por ello, todos, como chilenos deberíamos permitir nuestra donación de órganos en la medida que las circunstancias lo permitan.
Sin embargo, quienes están dispuestos a regalar sus órganos escasean cada día más. Los médicos muchas veces deben hacer “malabares” para poder conseguir uno y son muchos los enfermos que mueren mientras están en la lista de espera para ser trasplantados.
A nadie le gusta pensar en su muerte sin embargo es una realidad que tarde o temprano nos tocará y, en este sentido, quizás seamos fuente de vida para otros chilenos que esperan en hospitales o clínicas por un órgano que les salve la vida.


PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Modificase el inciso 2° del artículo 9 de la ley N° 19.451 que establece normas sobre transplante y donación de órganos, de la siguiente forma:
“Asimismo, al momento de obtener o renovar la cédula nacional de identidad o el  pasaporte toda persona con plena capacidad legal será consultada por el funcionario del Servicio de  Registro Civil e Identificación encargado de dicho trámite, en el sentido de si dona sus órganos para ser utilizados con fines de trasplante una vez muerta, haciéndole presente que es una decisión voluntaria y,  por lo tanto, es libre de contestar afirmativa o negativamente”.


Moción de los diputados señores Forni, Bobadilla, Egaña, Estay, Hernández, Lobos, Melero, Moreira, Urrutia, y de la diputada señora Cristi, doña María Angélica.
Incorpora al concepto familia en la ley sobre deficientes mentales. (boletín N° 447728)

“La familia, núcleo básico de la sociedad, debe ser respetada y fortalecida y el Estado tiene por finalidad promover el bien común general entendido como el conjunto de condiciones sociales que permita a cada miembro de la comunidad nacional su más plena realización espiritual y material posible.
En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc., además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad.
Es por esto que nuestra normativa debe cuidarla y qué mejor que tener una institucionalidad adecuada para ello, que signifique apertura de oportunidades y protección de los afectos de toda la familia.
En este mismo orden de ideas los patrocinantes de esta iniciativa hemos detectado que en la ley sobre personas que padecen algún grado de deficiencia mental se fomenta la integración educativa, laboral y social, pero no se establece dentro de estos parámetros la educación familiar, que sin duda permitirá a estas personas entregarles los elementos intelectuales para que conozcan y tiendan a crear y desenvolverse de mejor manera en el ámbito de la familia.


PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Modifícase el artículo 8 bis de la ley N° 18.600 que establece normas sobre deficientes mentales, de la siguiente forma:
“La educación que se imparta a la persona con discapacidad mental tenderá a facilitarle la integración educativa, familiar, laboral y social, según sus posibilidades, mediante el desarrollo armónico de sus facultades y capacidades personales en las siguientes áreas de habilidades adaptativas aplicadas, entre otras, comunicación, cuidado personal, independencia en el hogar, destrezas sociales, uso e instalaciones comunitarias, autodeterminación, salud y seguridad personal, funcionalidad académica, recreación, trabajo y artísticas”.


Moción de los diputados señores Forni, Bobadilla, Estay, Hernández, Kast, Masferrer, Melero, Von Mühlenbrock, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica y Cubillos, doña Marcela.
Modifica la norma sobre calificación de producción cinematográfica incorporando al concepto familia como un contenido educativo. (boletín N° 447804)

“La familia, núcleo básico de la sociedad, debe ser respetada y fortalecida y el Estado tiene por finalidad promover el bien común general entendido como el conjunto de condiciones sociales que permita a cada miembro de la comunidad nacional su más plena realización espiritual y material posible.
En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse etc, además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad.
La unión familiar asegura a sus integrantes, estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.
La familia debe ser el centro de nuestras tareas institucionales, la familia como el núcleo básico de la sociedad, es el lugar donde se forman los valores, donde los conceptos éticos se difunden, la familia es el núcleo central en torno al cual la sociedad chilena está basada.
Es por esto que nuestra normativa debe cuidarla y qué mejor que tener una institucionalidad adecuada para ello, que signifique apertura de oportunidades y protección de los afectos de toda la familia
Por esta razón es que creemos que se debe incorporar a la familia conceptualmente al contenido educativo establecido en la ley de calificación cinematográfica haciendo concordar esta norma con nuestra Constitución Política de la República que consagra a la Familia como núcleo fundamental de la sociedad 


PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Modificase la letra C del artículo 2 de la ley N° 19.846 sobre Calificación de la Producción Cinematográfica de la siguiente forma:
c) Contenido educativo: aquellas producciones que exalten valores de solidaridad, libertad, Familia como núcleo fundamental de la sociedad,  amor al prójimo y generosidad, o que, por su carácter, entreguen relevantes conocimientos sobre historia, naturaleza, tecnología, ciencia o arte.


Moción de los diputados señores Forni, Álvarez, Alvarado, Barros, Correa, Lobos, Recondo, Uriarte, Ward, y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia.
Modifica la ley que crea el Registro Nacional de ADN, estableciendo sanciones civiles y penales a los funcionarios que no destruyan material biológico estando obligado a hacerlo. (boletín N° 447907)

“El Registro Nacional de ADN cuenta con una estricta normativa respecto de la información que entrega este sistema, con el fin de otorgar mayor seguridad y confiabilidad del mecanismo.
La idea de este Registro apunta a agilizar el trabajo de las pesquisas, desburocratizando la toma de muestras pero a la vez dejando en manos de instituciones confiables las pericias. Por ello es fundamental el resguardo de quienes utilicen este medio como prueba.
Según datos aportados por el Ministerio de Justicia, al aprobarse esta ley, Chile se sumó a países como Estados Unidos, Dinamarca, Inglaterra, Panamá y Alemania, entre otros, que tienen incorporado el sistema de registro de ADN para la identificación de criminales que hayan estado involucrados en hechos de sangre. Se estima que la huella genética, como se ha definido el registro que deja un criminal en la escena del delito, entrega una certeza de un 99,9 por ciento de exactitud en la identificación del autor material de un asesinato o una violación.
El registro de ADN puede ser utilizado para esclarecer la culpabilidad o inocencia de una persona acusada de delitos como el secuestro, sustracción de menores, homicidios, robo calificado, o delitos sexuales, entre otros. Para estos fines, se crea un sistema con registros de muestras de ADN de criminales condenados, de imputados, de víctimas de hechos de violencia, de huellas recogidas en el sitio del suceso y de los familiares de personas que estén desaparecidas y sobre las que pesen denuncias por presunta desgracia.
Por ello resulta fundamental establecer todas las prevenciones necesarias para que se haga un correcto uso de los datos recogidos en las pruebas de ADN. En este sentido resulta fundamental que los funcionarios que trabajen con esta información actúen en forma responsable y seria frente al material biológico que se desprende de este Registro de ADN y se establezca en la esta ley desde ya su responsabilidad no solo administrativa sino que civil por los perjuicios que puedan acarrear y también penal.


PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Modifícase el inciso final del artículo 14 de la ley N° 19.970, que crea el Registro Nacional de ADN, de la siguiente forma:
“Los funcionarios que, debiendo proceder a la destrucción del material biológico, no lo hicieren, incurrirán en responsabilidad administrativa, civil y penal cuando corresponda.”.


Moción de los diputados señores Forni, Estay, Hernández, Lobos, Masferrer, 
Melero, Moreira, Uriarte, Von Mühlenbrock y Ward.
Modifica la ley sobre sistema de inteligencia del Estado en cuanto al pago de remuneraciones de un funcionario cuestionado. (boletín N° 448002)

“La misión de la Agencia Nacional de Inteligencia es anticipar amenazas que pueden afectar la gobernabilidad o la seguridad del país, donde los temas que aborda son hoy más complejos por las nuevas dificultades que plantea la globalización.
Vivir en un mundo cambiante, que requiere de estabilidad, se necesita algo más que una policía tradicional, por ello es fundamental que países como el nuestro cuente con un Servicio de inteligencia acorde a la realidad actual.
En consecuencia, un servicio de inteligencia de Estado debe proveer información sobre aquellas situaciones ambientales y/o políticas que puedan vulnerar los principios básicos que sostienen las políticas de Estado.
Asimismo, este Servicio debe contar con la capacidad para señalar tendencias y escenarios posibles, ya que la anticipación es clave para la estabilidad de un país.
Por ello también es fundamental que quienes trabajen en el Servicio de Inteligencia sean personas de confianza absoluta, que no alteren, ni traspasen información de Estado y por ello creemos que ante la sensibilidad de la información que se maneje hacer más drásticas las sanciones administrativas que se puedan imponer.
De esta forma creemos que los directores y los jefes de los organismos de inteligencia teniendo los antecedentes suficientes para adoptar esta medida nada justifica que se le siga cancelando la remuneración al funcionario 


PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Modifícase el artículo 46 de la ley N° 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, de la siguiente forma:
“Si los directores o jefes de los organismos de inteligencia del Sistema estimaren que existen antecedentes suficientes de que algún funcionario ha incurrido en una falta grave de sus deberes funcionarios, podrán disponer, por resolución someramente fundada, la suspensión inmediata en el ejercicio de su cargo por un plazo no superior a sesenta días, sin goce  de su remuneraciones las cuales se reintegraran debidamente reajustadas en el evento que la investigación demuestre la total inocencia de éste.”


Moción de los diputados señores Aguiló, EnríquezOminami, Montes y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Muñoz, doña Adriana.
Establece un nuevo concepto de empresa. (boletín N° 445613)

“Honorable Cámara de Diputados:
Antecedentes.
Actualmente se ha puesto en el tapete de discusión la necesidad de establecer un nuevo concepto de empresa, en razón a la deficiente definición contenida en nuestro ordenamiento jurídico laboral . En efecto, esta definición ha servido como subterfugio legal para la parte poderosa en la relación contractual laboral, esto es el empleador. De esta forma, se ha hecho habitual la evasión de normas laborales que establecen derechos irrenunciables  a favor de los trabajadores.
Una de la formas más utilizadas por los empresarios para eludir las obligaciones laborales consiste en la división o subdivisión del capital en distintas sociedades, traspasando bienes de una sociedad a otra, para efectos de no cumplir con una serie de derechos de carácter laboral.
La necesidad de establecer un nuevo concepto de empresa se ha hecho más latente después que el Tribunal Constitucional, en forma inexplicable, haya desechado tal indicación en el proyecto de subcontratación laboral. En este sentido, es preciso dejar en claro que de no legislar adecuadamente sobre esta materia, las normas que establecen derechos laborales a favor de los trabajadores, seguirán siendo una mera declaración formal descrita en nuestro Código del Trabajo, y no tendrán la eficacia necesaria, ni menos aún, harán posible que se cumpla la función social  que se atribuye al trabajo. 
Ideas Matrices.
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer dentro de nuestro ordenamiento jurídico laboral expresamente, un concepto de empresa más amplio y acorde con la realidad social, que permita determinar la relación laboral existente entre un trabajador y una determinada empresa, pudiendo ésta constar de una o más sociedades.
De esta forma, se permite determinar con mayor precisión la relación entre un trabajador y un determinado capital, sin importar si éste se subdivide en distintas sociedades. A su vez, traerá como efecto inmediato el cumplimiento en un mayor porcentaje de las normas laborales imperantes, evitando la vulneración de las mismas a través de este vacío legislativo.
El presente proyecto de ley enfoca desde un punto de vista del capital el concepto de empresa, y no desde un mero punto de vista de medios de producción, lo cual permitirá adaptar de mejor manera nuestro sistema jurídico laboral a la realidad social donde se aplica, modificando la norma de acuerdo con las experiencias que se han ido recopilando a través de nuestro sistema laboral nacional.
Es por eso, que sobre la base de estos antecedentes vengo en proponer a esta Honorable Cámara el siguiente:


PROYECTO DE LEY:

Artículo Único: Sustitúyase el inciso 3º del artículo 3º del Código del Trabajo por el siguiente:
“Para todos los efectos de legislación laboral se entenderá por empresa aquél capital o conjunto de capital perteneciente a una persona natural o jurídica, o bien, a un grupo de personas naturales o jurídicas que se dediquen a una misma actividad comercial o a actividades comerciales relacionadas entre sí, esté o no el capital subdividido en una o más sociedades de cualquier clase, y debiendo estar destinado a producir algún tipo de utilidad a través de la prestación de servicios personales de personas ajenas a la propiedad de dicho capital”.