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- rdf:value = " ANTECEDENTES SOBRE PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN EN LAS COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y LA GRANJA. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, durante los últimos días, los medios de comunicación han dado a conocer el malestar de los vecinos de la avenida Las Industrias, de San Joaquín, y de los de la parte norte de La Granja comunas que pertenecen al distrito que represento en la Cámara de Diputados por los proyectos de expropiación en algunos de sus sectores.
De acuerdo con lo expresado por los vecinos en una reunión que sostuvimos hace algunos días, recibieron una carta del Serviu en la que se les avisaba sobre las inminentes expropiaciones de sus casas.
Ciertamente, el progreso trae costos, pero esta situación ha producido incertidumbre e intranquilidad en los vecinos afectados, ya que se quedarán sin las viviendas en las que han habitado por muchos años algunos de ellos durante toda su vida, lo que resulta difícil de aceptar.
Más aún, si a lo anterior se suma el hecho de que, en algunos casos, la expropiación no será total, sino parcial, y los montos que se pagarán muchas veces son considerados poco satisfactorios por los propietarios, estamos ante un problema difícil de solucionar.
Un acto expropiatorio se produce cuando el Estado decide, conforme al mérito de los antecedentes y factibilidades que presentan los proyectos, la necesidad pública de llevarlos a cabo.
El decreto ley Nº 2186 regula la expropiación. Este instrumento legal debe ser respetado íntegramente, con total y plena consideración por los derechos de las personas que habitan esas propiedades, pues, de lo contrario, estaremos frente a una clara vulneración de derechos y expectativas vigentes, que son sacrificados en pos del progreso, cuestión que, por supuesto, creo que no ha sucedido.
Por ley se establece que las personas afectadas por un plan de expropiación pueden reclamar, dentro del plazo de treinta días, ante un juez para que se deje sin efecto la expropiación, por ser improcedente en razón de la inexpropiabilidad o fundada en la falta de ley que la autorice, y para que se disponga la expropiación total del bien parcialmente expropiado, entre otras posibilidades.
Cuando existe voluntad política, se puede recoger el sentir de los ciudadanos y conversar con toda la información necesaria sobre la mesa, así como alcanzar acuerdos e indemnizaciones justas por el daño que se produce a las personas, y así encontrar el equilibrio justo entre el plan Transantiago, que todos queremos y necesitamos para el transporte público, como un servicio de excelencia que merecen los ciudadanos, y la respuesta que requieren los vecinos afectados. El plan Transantiago es tan importante como el respeto a los derechos civiles.
La pérdida de áreas verdes que provocaría la destrucción del bandejón central de la Avenida Las Industrias podría compensarse con otros espacios en la comuna que pueden utilizarse como áreas verdes; por ejemplo, el parque Isabel Riquelme III, cuyas tres divisiones pertenecen al municipio, al Serviu y a Chilectra, respectivamente.
Deben plantearse soluciones y respuestas justas para los vecinos afectados directamente por el progreso. Esas familias merecen una explicación. Sólo a partir de la certeza en los derechos que se tienen es posible vivir en paz y lograr una convivencia ciudadana más óptima.
Por lo expuesto, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo y al ministro de Transportes, a fin de que nos informen en detalle sobre el estado actual de los planes de expropiación que afectarán a los vecinos de la avenida Las Industrias de las comunas de San Joaquín y La Granja, en cuanto a plazos, procedimientos, montos provisorios de indemnización, etcétera. Pido que envíen todos los antecedentes de relevancia jurídica en relación con dichos planes, que se llevarán a cabo debido a la ejecución de la etapa mencionada del plan Transantiago.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
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