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- rdf:value = " El señor BECKER.-
Señor Presidente, el presupuesto para el próximo año será el más abultado en la historia del país, gracias a la elevada trayectoria que ha mostrado el precio del cobre. El alto valor del metal rojo llevó a que se discutiese qué parte de esta bonanza resultaba transitoria y cuánto de ella se podía considerar de más largo plazo, discusión que zanjó el veredicto de la comisión de expertos hace algunos meses, situando el precio de largo plazo en 1,21 dólar la libra, es decir, 0,22 centavos sobre el valor que sirvió de base para el desembolso fiscal de 2006.
Usando las proyecciones del comité de expertos en relación con el nuevo precio de largo plazo de nuestro principal producto de exportación y respetando la regla del superávit estructural de 1 por ciento, se generarán ingresos fiscales estructurales extras cercanos a 1.500 millones de dólares al año. Esto, sumado al crecimiento, permitió un alza de 8,94 por ciento del presupuesto, lo que significa poco más de 2.000 millones de dólares.
En la Alianza por Chile, después de un análisis profundo, decidimos que no estábamos dispuestos a avalar con nuestro voto la manera cómo se están administrando los recursos fiscales. Por eso, decidimos abstenernos en la votación del proyecto de ley de Presupuestos para el próximo año. Como para su aprobación se requiere sólo de mayoría simple, las abstenciones y rechazos no impedirán su pronto despacho. Sin embargo, por primera vez, desde que gobierna la Concertación, la ley estará marcada con la señal de que sólo el oficialismo tiene la responsabilidad de lo que en ella se aprobó.
Nos abstendremos en todas las partidas, exceptuando Ministerio Público, Poder Judicial, Congreso Nacional y Contraloría General de la República, las cuales votaremos favorablemente.
Y nos abstendremos, por muchas razones. En primer lugar, porque el aumento del gasto no necesariamente se traducirá en mayor bienestar para la sociedad. La discusión presupuestaria actual se limita a analizar el aumento del costo de los insumos, es decir, en cuánto subirá el gasto en personal en el sector salud o el gasto en educación, pero nada dice sobre la calidad de los bienes y servicios que ofrece el Estado. No existe ningún compromiso que relacione el aumento del gasto con el mejoramiento del servicio final a los usuarios. Finalmente, la discusión se centra en cuánto más gastaremos y no en cómo mejoramos los resultados.
Nos abstendremos, porque la Concertación ha demostrado gran ineficiencia en la implementación de programas, como el Transantiago, el tren al sur, la repavimentación de La Alameda, la jornada escolar completa y la reforma penal juvenil, las cuales contaron con importante asignación presupuestaria y no entraron en vigencia en el año que se suponía y hubo que postergarlos nuevamente. Probablemente, muchas partidas del actual presupuesto no se cumplirán en los plazos acordados o serán ejecutadas de manera deficiente.
Nos abstendremos, porque no podemos avalar que no exista información clara sobre los programas de asignación directa, persistiéndose en incrementar las condiciones para malgastar los recursos y fomentar la corrupción.
Según la información de carácter general entregada por el Gobierno, los fondos afectos a la modalidad de asignación directa en el presupuesto 2007 ascienden a 760 mil millones de pesos; repito, 760 mil millones de pesos para asignación directa. Este total, en términos reales, es 18,8 por ciento mayor que el del a��o pasado. Cabe destacar que, en 2006, los fondos afectos a esta modalidad, sólo aumentaron en 3,4 por ciento; para el 2007, repito, aumentan en 18, 8 por ciento.
En el proyecto de ley de Presupuesto 2007 llama la atención que cerca de dos tercios de las asignaciones directas se concentran sólo en los Ministerios de Economía, de Educación y de Salud. Este comportamiento es constante desde 2005, excepto que el Ministerio de Salud desplazó, por primera vez, del tercer lugar al Ministerio de Agricultura, el que ahora ocupa el cuarto lugar, con una participación de 13,4 por ciento de la asignación directa.
No estamos en condiciones de aprobar un presupuesto que, a pesar de todos los problemas de corrupción, los recursos afectos a la modalidad de asignación directa aumentan en 18,8 por ciento, casi el doble de lo que aumenta el presupuesto general, que es la fuente de los mayores cuestionamientos.
Nos abstendremos, porque se ha debilitado el uso de la evaluación social de los proyectos. Existen varios estudios de impacto o de evaluación de diversos programas, encargados en los protocolos de acuerdo de la ley de Presupuestos, cuyos resultados no son tomados en cuenta por la autoridad. Ejemplo de ello lo constituyen los programas de empleo con apoyo fiscal, por cuanto siguen aumentando los programas directos, a pesar de las recomendaciones de la citada evaluación.
Los protocolos de acuerdo concluyen, en varias oportunidades, en que la Dirección de Presupuestos debe transparentar la entrega de información. Sin embargo, y siguiendo con el ejemplo anterior, la información de los programas de empleo con apoyo fiscal que se ha entregado, específicamente en torno al monto de los dineros relacionados con este tipo de subsidios, es insuficiente para realizar análisis comparativos de su trayectoria en el tiempo. Luego del escándalo de Chiledeportes, urge la necesidad de contar con mayor transparencia en la entrega de dineros en programa de esta índole, para explicar a la ciudadanía el porqué del crecimiento persistente de esta política.
No es lógico esperar que se produzca un caso como el de Chiledeportes para tomar fuertes medidas que fiscalicen sólo esta partida en particular, en lugar de ser preactivos e implementarlas para todos aquellos recursos otorgados por asignación directa, aumentando el control de proyectos recibidos y aprobados; fiscalizando la gestión interna; entregando dineros asociados sólo a resultados; exigiendo rendiciones de cuentas, trimestrales y públicas, vía página web, etcétera.
La transparencia es la clave, pero requiere entenderse como un mecanismo que entrega información, de fácil conocimiento para procesarla, pues se busca reducir brechas de conocimiento específico y costos de acceso, y no como la existencia de registros por doquier, de difícil acceso y procesamiento, como el de transferencia que lleva el Ministerio de Hacienda.
Nos abstendremos porque el Gobierno, en el proyecto de ley de Presupuestos, sigue centralizando las decisiones a través de aumentar la asignación a programas administrados desde el nivel central. Ejemplo de esto lo constituye el Ministerio de Educación, que a pesar del aumento de 11 por ciento real, el incremento en el ítem subvenciones es de sólo 3,8 por ciento, en circunstancias que son la única forma de entregar recursos libres para que los establecimientos educacionales los usen, según sus necesidades locales y sus realidades. Se ha demostrado, durante 15 años, que la calidad de la educación no mejora, así lo demuestran los resultados de la prueba Simce, en circunstancias que el gasto por alumno se ha triplicado.
Nos abstendremos, porque en los gobiernos de la Concertación ha existido manipulación de bienes y servicios públicos, de regulaciones, del tiempo laboral que emplean funcionarios públicos para hacer propaganda y publicidad electoral, otorgando privilegios electorales.
El intervensionismo electoral estimula los actos de corrupción. La intervención gubernamental durante los procesos eleccionarios pavimenta el camino para el surgimiento de prácticas abiertamente corruptas, atentando contra la igualdad de oportunidades en una competencia política, socavando la renovación de ideas y políticas públicas e impidiendo la alternancia en el poder, que tan bien le haría a Chile, como lo han reconocido incluso altos personeros de la Concertación.
Los hechos de corrupción demuestran que el oficialismo tiene una maquinaria de intervencionismo electoral estructurada a lo largo del país, a través de sus jefes de servicios, de sus seremis y de funcionarios de diversos niveles, a fin de capturar el Estado para la Concertación.
Como decía el diputado señor Dittborn , no basta con cambiar las leyes ni con modificar las iniciativas; debemos cambiar la mentalidad de los funcionarios públicos.
El senador señor Flores lo dijo en la Comisión Mixta de Prespuestos: “Mientras existan tantos “picantes” en las funciones públicas, no vamos a mejorar el tema de la corrupción.”
Repito, no lo digo yo, sino que lo dijo el senador Flores.
Por eso, señor Presidente, nos abstendremos en la mayor parte de las partidas del proyecto de ley de Presupuestos.
He dicho.
"
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