-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650552/seccion/akn650552-po1-ds13-ds22
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2453
- rdf:type = bcnres:Participacion
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/1
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2453
- rdf:value = " El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, quiero hacerme cargo de dos aseveraciones de distinguidos parlamentarios de la Concertación, respecto de las cuales les encuentro toda la razón. Obviamente, el proyecto de ley de Presupuestos es la iniciativa más importante que le corresponde estudiar al Congreso Nacional. Precisamente por eso, debemos ser extraordinariamente prolijos en testearla, pedirle objetivos claros y analizar si como instrumento legal es útil y apta para cumplir esos objetivos.
Se dice que toda ley es una ordenación racional de la voluntad, dada y promulgada por quien tiene a su cargo el bien común. Ésta es, por definición, por naturaleza, la ley más intrínseca al bien común, porque se trata de dinero fiscal, de cómo y cuánto gasta el Estado para satisfacer las necesidades de la comunidad y cómo crea condiciones para que ese gasto, esa inversión se haga en condiciones de transparencia. Por lo tanto, es un proyecto muy importante. Por eso, la Alianza por Chile ha dedicado un trabajo minucioso a analizarla y resolver cómo vamos a votar.
En segundo lugar, debemos reconocer que cambiaron las circunstancias y la situación entre el momento en que el ministro de Hacienda hizo una excelente exposición sobre la hacienda pública en el Congreso Nacional y el momento en que hay que resolverla.
Seamos claros: cambió la situación y cambiaron las circunstancias, a raíz de los escándalos que todo el país ha conocido respecto de la manera cómo se están usando los fondos fiscales.
La política es fluida; los acontecimientos, los hechos se suceden unos a otros y se crean situaciones políticas nuevas. En esas circunstancias, surgió un gran tema: hasta ahora el proyecto de ley de Presupuestos era analizado desde el punto de vista de sus características para crear condiciones de crecimiento del país, para alcanzar niveles más altos de equidad, de redistribución de la renta, del ingreso. Pero este aspecto tan importante, de cómo se creaban las condiciones para que el gasto público fuera de calidad, para que las platas definidas por los poderes colegisladores llegaran efectivamente en condiciones de igualdad a todos los chilenos, adquirió toda la crudeza que se ha conocido a raíz de los escándalos de Chiledeportes.
Algunos podrán coincidir con nosotros hay distinguidos miembros de la Concertación que están absolutamente de acuerdo con nosotros en un punto que hemos analizado con toda la altura de miras que merece, pero también con todo el rigor que corresponde y estoy seguro de que será del interés de todos. Hemos afirmado que detrás de lo sucedido en Chiledeportes hay una tendencia que durante estos años se ha enconado, por lo prolongado de los gobiernos de la Concertación, a instrumentalizar políticamente al Estado. Detrás de ese propósito, se entrecruzan prácticas destinadas a facilitar el desvío de recursos públicos y privados, formas de clientelismo político partidista y evidentes conexiones y favoritismos con campañas electorales o con intereses electorales de autoridades y candidatos de la Concertación.
Todas estas conductas ésta es la novedad del caso han sido explícitamente reconocidas por destacados dirigentes de la Concertación. No tengo por qué referirme al ex diputado Schaulsohn , quien nos ha encontrado toda la razón; o al senador Flores, que también nos ha encontrado la razón, y hoy, el ex ministro Genaro Arriagada , en Página Abierta de “El Mercurio”, denuncia exactamente la misma situación que nos inquieta. Esto es importante y novedoso, y no lo quiero sacar en cara para molestar a nadie, sino porque puede ser el principio de una rectificación.
Este conjunto de prácticas en ciencias políticas tiene nombre: se llama captura del Estado, secuestro del Estado. Es el que prácticó, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional en México. Se trata de confundir el Estado con el partido, el Estado con la coalición y los fondos públicos con los fondos para hacer política.
Estas prácticas quiero decirlo también son mundialmente repudiadas por sectores de Izquierda progresista o por sectores de Derecha progresista.
Estoy seguro también de que la Presidenta de la República y los ministros que nos acompañan el ministro de Hacienda, destacado académico; el ministro secretario general de Gobierno comparten con nosotros la misma preocupación y me imagino porque también los considero patriotas que están con la idea de rectificar, pero el problema aquí está el primer mea culpa que es necesario hacer y poner sin veleidad los instrumentos al servicio de una definición de fondo es que todos los buenos deseos, las buenas intenciones de los personeros más ilustres, más destacados, más de punta de la Concertación, se han tropezado siempre con una especie de bestia negra que es el cuoteo político, es decir, repartirse el erario, repartirse el Estado como si fuera un botín de guerra destinado a pagar favores políticos, a tener satisfecha a la clientela política.
Ésta es la tendencia que vemos, que no se corrige con este presupuesto y no se crean las condiciones para detenerla y revertirla. Por eso estamos en condiciones de no avalar con nuestros votos, por primera vez, este presupuesto.
La institucionalización de las malas prácticas tiene diversos elementos comunes: el nombramiento de cargos de dirección en los servicios y dependencias públicas con lógica de cuoteo político, de repartirse las zonas de influencia entre los diferentes partidos que forman la coalición gobernante, el enquistamiento de operadores políticos al interior de la Administración Pública, y atención, aquí viene una novedad siempre ha habido, pero ahora, como denuncia el senador Flores, hay redes; hay operadores políticos que actúan organizadamente. Eso es lo que hay que corregir.
Otra materia es la asignación directa de recursos en desmedro de formas de concurso. Setecientos mil millones de pesos, asignaciones directas, fondos discrecionales sin concurso, ¿administrados por quiénes? Por esta red paralela de operadores políticos. Calculamos no tenemos la cifra exacta que deben ser, al menos, cuarenta mil personas que hoy reciben sueldo del fisco sin ser funcionarios de planta ni a contrata, por el sistema de honorarios, que ha ido perfeccionando esta especie de red paralela de la Administración Pública.
Esta generalizada contratación de personal a honorarios es ilegal y fomenta la mala práctica del desvío de recursos fiscales a fines que no son los previstos en la ley.
Ésta es la razón por la cual no vamos a votar a favor del proyecto de ley de Presupuestos. Su aprobación será responsabilidad de los parlamentarios de la Concertación que lo voten a favor, y su ejecución, un problema fundamentalmente del Gobierno.
En verdad, el Estado de Chile no es corrupto, sino que existen formas de corruptela que corren por cuenta de la coalición gobernante, que ella y el cuarto gobierno de la Concertación deben corregir.
Por eso, llamo a los diputados oficialistas a votar tranquilos y a aprobar el proyecto de ley de Presupuestos. Nosotros estaremos atentos a fiscalizar, pero ustedes serán los responsables ante el país de que los miles de millones de pesos destinados a fondos sociales lleguen en condiciones de igualdad a todos los chilenos y no se queden enredados o exclusivamente focalizados en la atención de la clientela de la Concertación.
¿Qué ha estado ocurriendo en los cuatro gobiernos de la Concertación? Se ha estado pasando de un Estado subsidiario a uno que, a menos que las autoridades y adherentes del conglomerado de gobierno se pongan muy duros y autocríticos, se transformará en un Estado benefactor de la clientela política de la Concertación, es decir, del 50 por ciento de los chilenos que votan por la Concertación.
Se ha sostenido que el Gobierno tiene la idea de convocar a un gran acuerdo público para corregir los errores. Al respecto, con entera franqueza deseo señalar que cuando los proyectos de ley se envíen a tramitación, los parlamentarios de la Alianza por Chile los estudiaremos como siempre lo hemos hecho, tendremos un debate lo más elevado posible, daremos nuestros argumentos, trataremos de corregir lo que consideremos malo y votaremos a favor las iniciativas que nos parezcan positivas. En consecuencia, el Congreso Nacional despachará un proyecto o un conjunto de proyectos de ley para modernizar el Estado y transparentar el uso de los recursos públicos.
Sin embargo, con la misma franqueza, deseo aclarar que no estamos disponibles para acuerdo político alguno al margen de la Cámara de Diputados y del Senado, porque en esta materia estamos curados de espanto.
A mi juicio, en primer lugar, la Concertación debe entender que el problema es grave. Diputadas y diputados amigos, de muy buena fe, me han dicho que estamos agrandando y exagerando la situación, porque se trata de problemas aislados. Sin embargo, cuando se quiere solucionar un problema, lo primero es cuantificar su dimensión.
Por intermedio del señor Presidente, expreso a los distinguidos ministros y diputados de la Concertación que se enfrentan a un problema extraordinariamente grave; si no, consulten con sus senadores y con sus ex ministros, quienes les dirán lo mismo.
En segundo lugar, se deben tomar medidas. Adopten un acuerdo. Llamo a que la coalición gobernante deje en libertad a la Presidenta de la República y que se termine con la nefasta práctica del cuoteo político, que redunda en que la subsecretaría es para un partido político, el servicio para otro y la jefatura de estación de pueblo para un tercer partido. Porque aquí se está repartiendo todo, desde ministerios hasta el último grado de la Administración Pública.
Llamo a terminar con la nefasta práctica del pase del partido, a adoptar un acuerdo como coalición que sea sancionado por la Presidenta de la República, a fin de terminar con esa mala práctica institucionalizada.
Asimismo, insto a terminar con la institución de los operadores políticos que constituyen una planta paralela y con los contratos a honorarios, de manera que todos los servidores públicos formen parte de un mismo estatuto jurídico de remuneraciones y se enteren las cotizaciones previsionales que les corresponden.
Hago un llamado a hacer lo necesario para modernizar el Estado y a cumplir con los compromisos adquiridos. Tengo en mi poder un listado de proyectos que me proporcionó el diputado señor Becker , al cual se llegó tras el acuerdo adoptado respecto de la agenda de modernización del Estado, que suscribimos con sumo entusiasmo todos los partidos políticos ante el escándalo MOPGate, muy parecido al que conocemos en la actualidad. Pero los escándalos han proseguido y miren todas las normas que faltan: control de gestión pública, defensor ciudadano, normativas presupuestarias sobre gestión de personal, gobiernos corporativos de empresas públicas, licitación de proyectos de inversión, rediseño del Fondo Común Municipal, modernización de los gobiernos regionales, descentralización en la ejecución de programas sociales, regulación de la publicidad y difusión de los programas y servicios públicos materia respecto de la cual estamos trabajando en una Comisión Investigadora de la Cámara, modernización de la Contraloría General de la República, perfeccionamiento de la fiscalización municipal, fortalecimiento del derecho ciudadano frente a la información pública, fortalecimiento de la ética ciudadana, participación ciudadana, tribunales tributarios y bonos de descontaminación.
Esos compromisos debieron convertirse en leyes de la República en diciembre de 2003. Falta poco para que comience diciembre de 2006, el escándalo MOPGate continuó, lo han sucedido otros y, no obstante, dichos proyectos aún no se materializan, lo que ha redundado en que vuelvan a repetirse episodios de corrupción que pudieron evitarse.
Por intermedio del señor Presidente, reitero a los señores ministros que somos partidarios de perfeccionar la iniciativa de ley, como hemos tratado de hacer. Ojalá, nuestro esfuerzo parlamentario sirva para que el proyecto sea mejor que la del año pasado. Presentamos más de 400 indicaciones para perfeccionarlo, de manera de optimizar los mecanismos de control y de evaluación. Pero continúa el problema de fondo, que no es del Estado de Chile o su Poder Legislativo, sino del cuarto gobierno de la Concertación y la coalición que lo apoya. En consecuencia, cuando sus autoridades y quienes adhieren a dicha coalición reconozcan la magnitud del problema, los llamo a hacer un mea culpa que sirva para un mejor uso de los recursos fiscales, y cuando definan qué proyectos de ley son necesarios, envíenlos a tramitación al congreso Nacional, porque con mucho gusto los vamos a analizar y a aprobar pensando siempre en el interés de Chile.
Pero este proyecto de ley de Presupuestos no crea las condiciones de transparencia para que lleguen a toda la gente y se usen bien los millonarios recursos que estamos entregando al Gobierno para programas sociales. Por lo tanto, no va a contar con el aval de nuestros votos.
He dicho.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650552/seccion/akn650552-po1-ds13
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650552