REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 354ª Sesión 96ª, en jueves 9 de noviembre de 2006 (Ordinaria, de 10.39 a 13.36 horas) Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Pérez Arriagada, don José. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia7 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 Autorización a Comisión Especial Investigadora para sesionar simultáneamente con la Sala11 Remisión de proyecto a comisiones de Defensa Nacional y Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente11 Archivo de proyectos12 V.Orden del Día. Acuerdo especial en materia de sobrevuelos entre las Repúblicas de Chile y Argentina. Primer trámite constitucional12 Anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales. Primer trámite constitucional15 VI.Proyectos de acuerdo. Contrato de trabajo indefinido a personal de concesionarias del Programa de Alimentación Escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas38 Creación de comisión interministerial para ejecución de conclusiones de los comités de expertos sobre educación sexual40 VII.Incidentes. Calificación de urgencia a proyecto de ley sobre paridad de género. Oficios43 Información sobre reencuestaje con ficha de protección social. Oficio45 Felicitaciones a dirigentes del Club de Deportes Ñublense por su ascenso a primera división del fútbol profesional. Oficios46 Información sobre casos de facturas falsas y listado de querellas por delitos tributarios. Oficio47 Carta a partidos Comunista y Socialista de Chile en el 50° aniversario del levantamiento en Hungría contra la Unión Soviética47 VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto aprobatorio del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Viña del Mar, Chile el 26 de enero de 2006. (boletín N° 432310)50Pág. 2.Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que complementa la ley N° 19.950, estableciendo pena en caso de hurto falta en grado de frustrado. (boletines N°s 386707 y 3931079)50 3.Primer informe de las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales, en casos que indica. (boletín N° 465305)51 4.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, De Urresti, Encina, Jiménez, Monsalve, Montes, Rossi, Silber, Sule, y de la diputada señora Rubilar, doña Karla, que modifica el artículo 175 del Código Procesal Penal, con el objeto de extender a los Diputados y Senadores la obligación de denunciar los delitos de que tomen conocimiento. (boletín N° 465707)59 5.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jaramillo, Montes, Quintana y Tuma, que modifica la ley N° 15.231 prohibiendo a los jueces de policía local, el libre ejercicio de la profesión. (boletín N° 465807)61 6.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jaramillo, Escobar, Martínez, Pérez, Sabag, y de la diputada señora Soto, doña Laura, que modifica el inciso segundo del artículo 994, del Código Civil, en materia de indignidad para suceder por causa de muerte, que afecta a los padres del causante cuya filiación fue determinada con la oposición del padre o madre. (boletín N° 4659079)64 7.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jaramillo, Ceroni, Jiménez y Núñez, que modifica la ley N° 18.700, estableciendo la sanción de pérdida del cargo para el candidato partícipe del delito de cohecho electoral. (boletín N° 466006)66 8.Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra, y Goic, doña Carolina, y de los diputados señores Araya; Díaz, don Eduardo; Mulet; Ojeda, Olivares, Sabag, Sepúlveda, don Roberto y Venegas, don Mario, que establece día feriado las fechas que indica como “Día de la Iglesia Evangélica”. (boletín N° 466224)67 9.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Dittborn, Arenas, Egaña, Estay, Forni, Hernández, Melero, Recondo, Salaberry y Ward, que modifica el Código del Trabajo impidiendo descuentos indebidos en las remuneraciones de los trabajadores. (boletín N° 466313)68 10.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Montes, Ascencio, Burgos, Ceroni, Encina, Escobar, García, Jarpa y Lorenzini, que prohíbe que personas naturales o sociedades vinculadas a la seguridad social, a la prestación de suministros domiciliarios y al sector financiero hagan donaciones electorales. (boletín N° 466406)69 Pág. 11.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Montes, Ascencio, Burgos, Ceroni, Encina, García, Jarpa y Lorenzini, que interpreta la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N° 19.754, con el objeto de mejorar el funcionamiento de los comités de bienestar y fortalecer los derechos de sus afiliados. (boletín N° 466506)70 IX.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios. De la Comisión Investigadora encargada de evaluar la ley N° 19.995, que establece las bases generales para la autorización y fiscalización de los casinos de juego y el otorgamiento denegación de permisos de operación de éstos, por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al Diputado señor Lorenzini. De la Comisión Investigadora encargada de evaluar la ley N° 19.995, que establece las bases generales para la autorización y fiscalización de los casinos de juego y el otorgamiento o denegación de permisos de operación de éstos, por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala los días jueves, de 10,45 a 12 horas, a partir del jueves 16 del mes en curso, de acuerdo a lo acordado. De la Comisión de Defensa Nacional por el cual solicita el acuerdo de la Sala para que, el proyecto que modifica la ley N° 18.918, que establece la obligación de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública de rendir cuenta anual de sus actividades a la Cámara de Diputados, le sea remitido para su conocimiento en forma previa al trámite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. De la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para que le sea remitido el proyecto que modifica los artículos 491 y 494, del Código Penal, con el objeto de hacer responsables a propietarios de perros domésticos por mordeduras y daños a terceros. Ministerio de Educación: Diputada Goic, revisión y mejoramiento de contrato de trabajo de manipuladora de alimentos de empresas que prestan servicios a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Diputado Urrutia, consulta sobre funcionamiento del Programa Conozca a su Hijo. Diputado Becker, información sobre Colegio Cristiano “Gracia y Paz, de la comuna de Temuco. Ministerio de Justicia: Diputado Arenas, información por la negativa de Servicio de Registro Civil de Angol a consignar grado institucional en cédula de identidad de suboficiales mayores de Carabineros en retiro. (7133 al 1801). Municipalidad de Maipú: Diputado Sepúlveda, don Roberto, información sobre continuidad del proyecto Educacional Emaús, dependiente de la Corporación de Desarrollo y Servicios. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (99) NOMBRE(Partido*RegiónDistrito) --Accorsi Opazo, EnriquePPDRM24 --Aguiló Melo, SergioPSVII37 --Alinco Bustos, RenéPPDXI59 --Allende Bussi, IsabelPSRM29 --Alvarado Andrade, ClaudioUDIX58 --Araya Guerrero, PedroPDCII4 --Arenas Hödar, GonzaloUDIIX48 --Ascencio Mansilla, GabrielPDCX58 --Barros Montero, RamónUDIVI35 --Bauer Jouanne, EugenioUDIVI33 --Becker Alvear, GermánRNIX50 --Bertolino Rendic, MarioRNIV7 --Bobadilla Muñoz, SergioUDIVIII45 --Cardemil Herrera, AlbertoINDRM22 --Ceroni Fuentes, GuillermoPPDVII40 --Correa De la Cerda, SergioUDIVII36 --Chahuán Chahuán, FranciscoRNV14 --De Urresti Longton, AlfonsoPSX53 --Delmastro Naso, RobertoINDX53 --Díaz Del Río, EduardoPDCIX51 --Dittborn Cordua, JulioUDIRM23 --Duarte Leiva, GonzaloPDCRM26 --Egaña Respaldiza, AndrésUDIVIII44 --Eluchans Urenda, EdmundoUDIV15 --Encina Moriamez, FranciscoPSIV8 --EnríquezOminami, Gumucio MarcoPSV10 --Escobar Rufatt, ÁlvaroPPDRM20 --Espinosa Monardes, MarcosPRSDII3 --Espinoza Sandoval, FidelPSX56 --Estay Peñaloza, EnriqueUDIIX49 --Farías Ponce, RamónPPDRM30 --Forni Lobos, MarceloUDIV11 --Galilea Carrillo, PabloRNXI59 --García García, René ManuelRNIX52 --Girardi Briere, GuidoPPDRM18 --Godoy Ibáñez, JoaquínRNV13 --Hernández Hernández, JavierUDIX55 --Insunza Gregorio De Las Heras, JorgePPDRM28 --Isasi Barbieri, MartaPARI2 --Jaramillo Becker, EnriquePPDX54 --Jarpa Wevar, Carlos AbelPRSDVIII41 --Jiménez Fuentes, TucapelINDRM27 --Kast Rist, José AntonioUDIRM30 --Latorre Carmona, Juan CarlosPDCVI35 --Leal Labrín, AntonioPPDIII5 --Lobos Krause, JuanUDIVIII47 --Lorenzini Basso, PabloPDCVII38 --Masferrer Pellizzari, JuanUDIVI34 --Melero Abaroa, PatricioUDIRM16 --Meza Moncada, FernandoPRSDIX52 --Monckeberg Bruner, CristiánRNRM23 --Monckeberg Díaz, NicolásRNVIII42 --Monsalve Benavides, ManuelPSVIII46 --Montes Cisternas, CarlosPSRM26 --Moreira Barros, IvánUDIRM27 --Mulet Martínez, JaimePDCIII6 --Muñoz D'Albora, AdrianaPPDIV9 --Nogueira Fernández, ClaudiaUDIRM19 --Norambuena Farías, IvánUDIVIII46 --Núñez Lozano, Marco AntonioPPDV11 --Ojeda Uribe, SergioPDCX55 --Olivares Zepeda, CarlosPDCRM18 --Ortiz Novoa, José MiguelPDCVIII44 --Pacheco Rivas, ClemiraPSVIII45 --Palma Flores, OsvaldoRNVII39 --Pascal Allende DenisePSRM31 --Paya Mira, DaríoUDIRM28 --Pérez Arriagada, JoséPRSDVIII47 --Quintana Leal, JaimePPDIX49 --Recondo Lavanderos, CarlosUDIX56 --Robles Pantoja, AlbertoPRSDIII6 --Rojas Molina, ManuelUDIII4 --Rossi Ciocca, FulvioPSI2 --Rubilar Barahona, KarlaRNRM17 --Saa Díaz, María AntonietaPPDRM17 --Sabag Villalobos, JorgePDCVIII42 --Salaberry Soto, FelipeUDIRM25 --Sepúlveda Hermosilla, RobertoRNRM20 --Sepúlveda Orbenes, AlejandraPDCVI34 --Silber Romo, GabrielPDCRM16 --Soto González, LauraPPDV13 --Sule Fernando, AlejandroPRSDVI33 --Súnico Galdames, RaúlPSVIII43 --Tarud Daccarett, JorgePPDVII39 --Tohá Morales, CarolinaPPDRM22 --Tuma Zedan, EugenioPPDIX51 --Turres Figueroa, MarisolUDIX57 --Ulloa Aguillón, JorgeUDIVIII43 --Uriarte Herrera, GonzaloUDIRM31 --Urrutia Bonilla, IgnacioUDIVII40 --Valenzuela Van Treek, EstebanPPDVI32 --Vargas Lyng, AlfonsoRNV10 --Venegas Cárdenas, MarioPDCIX48 --Venegas Rubio, SamuelPRSDV15 --Verdugo Soto, GermánRNVII37 --Vidal Lázaro, XimenaPPDRM25 --Von Mühlenbrock Zamora, GastónUDIX54 --Walker Prieto, PatricioPDCIV8 --Ward Edwards, FelipeUDIII3 Asistió, además, la ministra de Educación, señora Yasna Provoste. Por encontrarse con permiso constitucional, no asistió la diputada señora Carolina Goic Boroevic. Diputada en misión oficial señora Amelia Herrera Silva. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.39 horas. El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 91ª se declara aprobada. El acta de la sesión 92ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión Investigadora encargada de evaluar la ley N° 19.995, que establece las bases generales para la autorización y fiscalización de los casinos de juego y el otorgamiento o denegación de permisos de operación de éstos, para sesionar simultáneamente con la Sala los días jueves de 10.45 a 12.00 horas, a partir del 16 de noviembre de 2006. ¿Habría acuerdo? Acordado. REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIONES DE DEFENSA NACIONAL Y RECURSOS NATURALES, BIENES NACIONALES Y MEDIO AMBIENTE. El señor LEAL (presidente).- La Comisión de Defensa Nacional solicita que el proyecto que modifica la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer la obligación de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública de rendir cuenta anual de sus actividades a la Cámara de Diputados, le sea remitido para su conocimiento en forma previa al trámite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ¿Habría acuerdo? Acordado. La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente solicita la remisión del proyecto que modifica los artículos 491 y 494 del Código Penal, con el objeto de hacer responsables a propietarios de perros domésticos por mordeduras y daños a terceros, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Tiene la palabra el diputado señor Estay. El señor ESTAY.- Señor Presidente, al parecer, el proyecto fue remitido equivocadamente a la Comisión de Constitución, y la Comisión de Recursos Naturales solicita su envío pues aborda una materia de su competencia. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, el proyecto debe ser analizado previamente por la Comisión de Constitución, porque modifica el Código Penal. Posteriormente, puede ser remitido a la Comisión de Recursos Naturales. ¿Habría acuerdo para proceder en esa forma? Acordado. ARCHIVO DE PROYECTOS. El señor LEAL (Presidente).- La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones ha solicitado el archivo de treinta y cinco proyectos de ley, originados en moción, por las razones que en cada caso se indican, principalmente, por haber perdido oportunidad; por tratarse de materias reglamentarias o porque ya se ha legislado respecto de esas materias, con excepción de los boletines N°s. 253215, sobre antenas de telefonía móvil, y 349915, sobre representatividad de regiones en el directorio de Televisión Nacional. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA ACUERDO ESPECIAL EN MATERIA DE SOBREVUELOS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y ARGENTINA. Primer trámite constitucional. El señor LEAL (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que aprueba el Acuerdo Especial en materia de sobrevuelos de aeronaves del Estado entre las Repúblicas de Chile y Argentina y su Anexo N°1, adoptados en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1998. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Juan Masferrer. Antecedentes: Mensaje, boletín N° 454110, sesión 78ª, en 3 de octubre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 2. Primer informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 93ª, en 7 de noviembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 9. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto que aprueba el Acuerdo Especial en materia de sobrevuelos de aeronaves de Estado entre las Repúblicas de Chile y de Argentina. El proyecto tiene por objeto aprobar el tratado internacional celebrado entre Chile y Argentina para establecer un procedimiento común aplicable a la tramitación de las solicitudes de sobrevuelos especiales en espacios aéreos no controlados, como también autorizaciones de sobrevuelo y/o aterrizaje en espacios aéreos controlados, en ambos casos de naves de Estado, en atención a que entre ambos países no existe una reglamentación armonizada para tales permisos ni se cuenta con precedentes que resuelvan directamente esta materia. Antes de entrar al fondo del asunto, debo señalar a los colegas que el tratado internacional en trámite no contiene normas de carácter orgánico constitucional, ni de quórum calificado, ni que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda. El proyecto de acuerdo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión. Queda excluida de esta aprobación el Anexo Cuadro de Rutas, que el mensaje adjunta erróneamente al Acuerdo Especial sometido a la consideración de esta honorable Sala. El Acuerdo Especial en trámite tuvo su origen en el seno de la Comisión binacional chileno argentina establecida en el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre Chile y Argentina, en 1984, con el objeto principal de intensificar la cooperación económica y la integración física entre ambos países, en el marco de la cual se inserta la promoción y desarrollo de iniciativas sobre aeronavegación. Según informa el mensaje, durante las reuniones de la Comisión binacional, efectuadas entre 1996 y 1997, para analizar materias de navegación aérea y marítima y de sobrevuelos militares especiales, las delegaciones de Chile y de Argentina hicieron mención de los inconvenientes encontrados durante la tramitación de permisos de sobrevuelos de aeronaves del Estado especiales, que afectan el desarrollo de los trabajos para los que han sido pedidos, por lo cual solicitaron la adopción de procedimientos más ágiles, acordes con las relaciones de confianza y amistad existentes entre ambos países. Para tales efectos, los gobiernos negociaron el Acuerdo Especial en trámite, con el objeto de facilitar y agilizar el otorgamiento de las autorizaciones de sobrevuelo de aeronaves del Estado en espacios aéreos no controlados y de autorizaciones de sobrevuelo y aterrizaje en espacios aéreos controlados. En lo principal, se faculta a las Partes para permitir que las aeronaves del Estado contraparte que realicen actividad aérea en el territorio de su nacionalidad, con el objeto de obtener imágenes con equipos fotográficos y/o sensores, puedan ingresar al espacio aéreo nacional, hasta una distancia máxima de 10 millas náuticas, cuando razones de orden técnicooperativas así lo justifiquen, para lo cual deberán gestionar la autorización de sobrevuelo militar, ASM, a través de las cancillerías de ambos Estados, adjuntando la solicitud para sobrevuelos de aeronaves de estado chileno argentino en espacio no controlado, que se aprueba en el anexo N° 1 de este Acuerdo Especial. Entre las principales condiciones bajo las cuales se podrá otorgar la autorización de sobrevuelo militar, tenemos las siguientes. Las partes analizarán la conveniencia de designar veedores a bordo de las aeronaves y/o en el lugar donde se realice el revelado fotográfico y la obtención de copias. La Parte interesada en realizar el sobrevuelo asumirá los costos que resulten del traslado y los viáticos del veedor para que cumpla sus funciones, tanto a bordo de la aeronave como en el lugar donde se realice el revelado fotográfico y la obtención de las copias. La autorización de sobrevuelo y/o aterrizaje en espacio aéreo controlado, deberá ser solicitada con 48 horas corridas de anticipación y su vigencia será de 15 días. El anexo N° 1 se refiere a los datos que deben ser proporcionados en la solicitud de sobrevuelos de aeronaves de Estado chilenoargentino en espacio aéreo no controlado, cuando se recurra al procedimiento regulado en el Acuerdo Especial, los que, principalmente, se relacionan con la identificación del país solicitante, la institución a que pertenece la aeronave, el tipo de aeronave, matrícula, comandante de la aeronave, piloto, cantidad de tripulantes, misión del vuelo, aeropuerto de origen y de destino, fecha, hora, aerovía y sectores a sobrevolar. Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión escuchó al subsecretario de Aviación, señor Raúl Vergara; al general de brigada aérea, director de operaciones de la Fuerza Aérea de Chile, señor Iván Fabry, y al director de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Claudio Troncoso. El subsecretario de Aviación explicó que el sentido de este Acuerdo Especial es facilitar los sobrevuelos de aeronaves del Estado contraparte en misiones oficiales o cuando éstas efectúen vuelos con equipos fotográficos y/o sensores, con el propósito de obtener imágenes o por razones técnicooperativas, casos en los cuales podrán ingresar en el espacio aéreo de la otra Parte, previa la autorización que se regula en este Acuerdo, hasta una extensión máxima de diez millas náuticas; esto es, aproximadamente, 18 kilómetros. Por su parte, el general de brigada aérea, director de operaciones de la Fuerza Aérea de Chile, añadió que este Acuerdo se enmarca en las medidas de confianza mutua chilenoargentinas, materia en la cual se ha avanzado mucho. Así, indicó, a modo de ejemplo, que aviones de combate de un país han operado en bases del otro. En lo que se refiere específicamente a este Acuerdo Especial, precisó que el procedimiento facilita la elaboración de una mejor cartografía y delimitación en las zonas fronterizas, porque las fotografías aéreas abarcarán más espacio al otro lado de la frontera respetiva. Informó que cada misión deberá ser específicamente autorizada y que el país anfitrión tendrá derecho a enviar un veedor, que irá a bordo de la aeronave de la Contraparte, así como también se podrán revisar las fotos aéreas que se hayan tomado en dicha misión. El director de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores acotó que el espacio aéreo es abarcado por la soberanía del Estado cuyo territorio se encuentra inmediatamente bajo él, por lo que se requiere el consentimiento del Estado sobre cuyo territorio se efectuará este tipo de vuelos, siendo el sentido de este Acuerdo Especial sólo facilitar la expresión de dicho consentimiento, hacerlo más explícito. Concluido el estudio de este proyecto de acuerdo, la Comisión decidió, por la unanimidad de sus integrantes, proponer a la honorable Cámara la aprobación de su artículo único, con la precisión de que se sanciona el anexo N° 1, referido a la “Solicitud de sobrevuelos de aeronaves de Estado chilenoargentino en espacio aéreo no controlado”, quedando excluido de esta aprobación el anexo “Cuadro de Rutas”, que el mensaje adjunta erróneamente al Acuerdo Especial sometido a la consideración de la Cámara. Por lo tanto, espero que la Sala también apruebe por unanimidad este proyecto de acuerdo, tal como lo hizo la Comisión. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Señores diputados, en realidad, este proyecto es de fácil despacho. Fue aprobado por unanimidad en la Comisión, que ha recomendado aprobarlo. Solicito el acuerdo de la Sala para votarlo sin discusión. ¿Habría acuerdo? Acordado. Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor LEAL (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de acuerdo especial en materia de sobrevuelos entre las Repúblicas de Chile y Argentina, y su anexo N° 1, adoptados en Buenos Aires, el 16 de diciembre de 1998. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor LEAL (Presidente).- Despachado el proyecto. ANTICIPOS DE SUBVENCIONES ESTATALES PARA FINES EDUCACIONALES. Primer trámite constitucional. El señor LEAL (Presidente).- Corresponde tratar en primer trámite constitucional, el proyecto de origen en mensaje, que permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales en casos que indica. Diputado informante de las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda es el señor Raúl Súnico. Antecedentes: Mensaje, boletín N° 465305, sesión 93ª, en 7 de noviembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 2. Primer informe de las Comisiones Unidas de Educación y de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 3, de esta sesión. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor SÚNICO.- Señor Presidente, en el mensaje que dio inicio a esta iniciativa, la Primera Mandataria destaca que ésta se inserta en el acuerdo originado en la mesa de trabajo constituida entre la Asociación Chilena de Municipalidades y el Gobierno representado por las Subsecretarías de Desarrollo Regional y Administrativo y de Educación, para definir un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la gestión educativa a cargo de las municipalidades, realizada directamente por ellas o a través de sus corporaciones. Agrega que, luego de “un período de trabajo entre representantes del Gobierno y autoridades municipales, a través de sus equipos técnicos, junto con ratificar el compromiso municipal por la calidad de la educación y el compromiso gubernamental de continuar apoyando a las municipalidades en esta importante tarea, se acordó la creación de un mecanismo especial destinado a apoyar la gestión educativa municipal, mediante anticipos de recursos que posteriormente serán devueltos al Estado por los respectivos municipios, por la vía de descuentos con cargo a la correspondiente subvención estatal a establecimientos educacionales, establecida en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.” El proyecto contempla dos mecanismos de financiamiento. El primero, de anticipo especial y transitorio, sólo para las municipalidades que registren desequilibrios financieros ocasionados por el ejercicio de la actividad educacional a su cargo, de acuerdo a la relación existente entre sus ingresos por concepto de subvenciones educacionales y sus gastos en materia de personal en el área de la educación. Para tales efectos, se considera un presupuesto total de 31.000 millones de pesos. Para acceder a dichos recursos, las municipalidades deberán presentar un plan de acción, con aprobación previa del respectivo concejo. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior pondrá a disposición de los municipios la asistencia técnica necesaria para elaborar los planes, de manera que éstos contemplen los ámbitos que permitirán fortalecer la gestión municipal en educación. Los fondos anticipados sólo podrán destinarse al pago de indemnizaciones por ajustes de dotación, y por retiro pactado y de pasivos de carácter legal o contractual derivados de la gestión educativa municipal. El incumplimiento de esta exigencia constituirá notable abandono de deberes para los alcaldes, sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda. Corresponderá a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo analizar la propuesta municipal y determinar el monto de los anticipos a efectuar, así como el plazo de devolución de los mismos, todo lo cual será objeto de un convenio entre dicha Subsecretaría de Estado, la Subsecretaría de Educación y la municipalidad interesada, en el que se fijará el monto a percibir por ésta y las deudas que se pagarán. Este convenio deberá ser aprobado mediante una resolución del Ministerio de Educación, visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. La devolución de los recursos anticipados no devengará intereses y se hará por la municipalidad o corporación respectiva mediante descuentos de la subvención escolar, a contar del undécimo mes siguiente a aquél en que se otorgue el anticipo, en la forma y plazos establecidos en el respectivo convenio. Dichos descuentos no podrán exceder en conjunto de un 3 por ciento del monto de las subvenciones percibidas durante los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de anticipo, hasta completar el pago del total anticipado. Para velar por el cumplimiento de los convenios y los planes elaborados por los municipios, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo realizará una labor de fiscalización y certificación de los pasivos municipales derivados de la gestión educativa, así como también de acreditación del pago de éstos. En segundo lugar, se considera un mecanismo de anticipo general y permanente destinado a todas las municipalidades que no cuenten con disponibilidad financiera inmediata para solventar los gastos indemnizatorios originados por la disminución de su dotación docente y/o término de la relación laboral del personal no docente. En estos casos, el monto máximo del anticipo no podrá exceder del total de dichos gastos, y el reintegro de los recursos deberá efectuarse a partir del mes siguiente al de su percepción, en cuotas iguales, mensuales y sucesivas, que se descontarán de la subvención escolar. Las municipalidades deberán presentar sus solicitudes, previo acuerdo del respectivo concejo, a la Subsecretaría de Educación, para que mediante resolución dictada por ese Ministerio y visada por la Dirección de Presupuestos se fije el monto del anticipo, el detalle de los compromisos que se solventarán a su cargo y el valor y número de cuotas en que se efectuará su devolución. Copia de dicha resolución deberá remitirse a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Al igual como ocurre con el mecanismo extraordinario, los descuentos no podrán exceder en total del 3 por ciento de las subvenciones recibidas en el mes anterior al del anticipo, hasta completar el pago del total anticipado. El informe financiero de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda señala que para cumplir el objeto perseguido por el proyecto el Ministerio de Educación estará facultado para otorgar, por el plazo de un año, contado desde la entrada en vigencia de la ley, por una sola vez y hasta un monto que no supere los 31.000 millones de pesos, anticipos de subvenciones estatales de escolaridad a los sostenedores municipales que lo requieran. Agrega que el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el presente año se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. El proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión y cuenta con un conjunto de indicaciones que serán analizadas durante su debate. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- En discusión. Tiene la palabra el diputado Mario Venegas. El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, este proyecto era muy esperado por distintos alcaldes del distrito que represento, porque resuelve en parte el problema de financiamiento que presenta el sector municipal y, en especial, porque se constituirá en una herramienta y mecanismo para resolver problemas de gestión ya enunciados, tales como hacer adecuaciones en la dotación docente, permitir el retiro de profesores que legítimamente quieren dejar las aulas y establecer ajustes en el financiamiento del sistema educacional municipal. Debo señalar que el proyecto va en el sentido correcto y los 31.000 millones de pesos que se otorgarán a los municipios serán un aporte significativo. No obstante, quiero insistir, a partir de los comentarios realizados por los señores alcaldes de las más variadas corrientes políticas, en que deberíamos dar un paso más estructural en el financiamiento de la educación. El proyecto constituye un aporte, pero no resuelve definitivamente el problema, por lo cual tenemos que buscar otras alternativas, que en opinión unánime de los alcaldes se relacionan con revisar la subvención escolar. También, por cierto, hay que exigir el uso eficiente de los dineros en el ámbito de la educación, premisa fundamental para seguir entregando mayores recursos. Nada ganamos con aportar más recursos si no se ocupan en forma eficiente en los fines establecidos o no se hacen las adecuaciones de los recursos, especialmente humanos y operacionales, que permitan manejar de mejor forma el financiamiento de la educación municipal, sector muy importante que, a mi entender, representa a la educación pública de nuestro país. Soy un ferviente partidario de la educación pública y creo que debemos seguir haciendo esfuerzos en esa dirección. El proyecto en cuestión es muy positivo y significará una ayuda importante para muchos municipios. Por eso, anuncio mi voto favorable y mi personal alegría por esta iniciativa, que esperamos sea aprobada por la mayoría de los diputados presentes en la Sala. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo. El señor VERDUGO.- Señor Presidente, la iniciativa tiene o debería tener una trascendencia fundamental para comenzar a resolver los problemas de la educación subvencionada, que todos conocemos. Sin embargo, lamentablemente, la suma urgencia con que fue calificada ha impedido hacer una reflexión más serena y profunda que permita, al fin y al cabo, aprobar una buena iniciativa de ley. En la Comisión, junto a los colegas Bobadilla, Dittborn, Kast y Rojas, presentamos una indicación que fue aprobada, por medio de la cual se elimina la letra c) del inciso tercero del artículo 5°, de manera que los recursos que considera el proyecto se destinen en forma responsable a resolver los graves problemas de endeudamiento de la educación municipalizada. El artículo 4° del proyecto establece que la municipalidad cuya solicitud fuere aceptada, deberá suscribir, en el plazo de sesenta días de notificada la aceptación de su solicitud, un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior. Por su parte, el artículo 5° faculta a los municipios que suscriban el convenio a disminuir su dotación docente. Al respecto, en la Comisión advertimos sobre la existencia de un problema en relación con esta materia, dado que la iniciativa no considera para nada la intervención del Ministerio de Educación en un aspecto de fundamental importancia como el mencionado. En mi opinión, no puede firmarse un convenio entre los municipios y la Subdere que afectará a la dotación docente, sin escuchar en forma previa la opinión del Ministerio de Educación, organismo que, por ley, es el encargado de supervisar y fiscalizar el sistema educacional. En consecuencia, dicha Secretaría de Estado debería dar a conocer su parecer sobre una materia de tanta relevancia y que ha redundado en el déficit de los municipios debido a su labor como administradores educacionales. Por lo tanto, soy de opinión de que ese aspecto sea revisado, porque no puede ser que el Ministerio de Educación se encuentre al margen al momento de autorizarse la reducción de la dotación docente en los diferentes municipios. A mi juicio, si los recursos que destina el proyecto se usan en forma responsable, será el primer paso para resolver en forma definitiva el problema de endeudamiento que afecta a la educación municipalizada. Sin embargo, para abordar dicha solución en forma integral se requiere una discusión mucho más profunda, a fin de resolver las causas que han originado el déficit de las municipalidades en el área educacional, una de las cuales, sin duda, tiene que ver con la dotación docente, pero hay muchas otras. Debe hacerse un análisis del rol que en el proceso educativo corresponde no sólo a los sostenedores municipales, sino a todos ellos, porque son los responsables de llevar a cabo una gestión financiera que permita que los recursos se usen en buena forma, de manera que vayan en provecho de los alumnos, en especial de los más pobres. Reitero que no hemos contado con tiempo suficiente para analizar en profundidad el proyecto. Por lo tanto, espero que en el Senado se le introduzcan las modificaciones necesarias para perfeccionarlo. Un aspecto básico y fundamental se refiere a la responsabilidad de los sostenedores a la hora de gastar los recursos que se destinen una vez que el proyecto sea ley de la República. En forma reciente, se ha sabido que algunos sostenedores habrían prefabricado una situación deficitaria a fin de tener acceso a dichos fondos. En consecuencia, vale la pena destacar que esos montos deben destinarse a resolver los problemas de endeudamiento que durante mucho tiempo han debido sobrellevar diferentes municipios. Me parece bien que en el proyecto se establezca que los fondos anticipados sólo podrán destinarse al pago de indemnizaciones por ajustes de dotación, indemnizaciones por retiro pactado o pasivos de carácter legal o contractual derivados de la gestión educativa municipal, y que el incumplimiento de dicha exigencia constituirá la causal de notable abandono de deberes para los alcaldes, sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda. A mi juicio, el Ministerio de Educación debe jugar un rol fundamental en materia de fiscalización de la correcta utilización de esos recursos, porque en el pasado se han entregado anticipos, pero no se ha resuelto el problema. Esta es la tercera o cuarta vez que adoptamos una medida similar y, en lo personal, no quiero que sea un parche más, sino el inicio de un proceso que solucione un problema endémico que afecta fundamentalmente a niños de menores recursos, que son los que se educan en los establecimientos municipalizados. Se requiere una buena ley, para lo cual es necesario un mayor estudio y profundización sobre el contenido de la iniciativa. Asimismo, se necesita mayor responsabilidad de los sostenedores, de manera que los recursos se orienten a mejorar la calidad de la educación que entregan los establecimientos municipalizados. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, después de revisar el informe de las Comisiones unidas de Educación y Hacienda y de escuchar la intervención del colega Verdugo, cómo no estar de acuerdo con las críticas constructivas que se han formulado al proyecto, que permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales, en casos que indica. Echo de menos el tratamiento de un problema sustancial como la subvención escolar, materia que no ha sido considerada en la iniciativa, cuyo objeto es abordar la situación de emergencia derivada del creciente endeudamiento de municipios debido a su labor como administradores municipales. En consecuencia, el proyecto significará la obtención de beneficios momentáneos, pero también puede acarrear aprovechamientos indebidos por una forma inadecuada de legislar, hay que decirlo. El déficit de las municipalidades en materia educacional debe ser revisado en forma exhaustiva, caso a caso. El informe financiero de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda señala que, para cumplir el objeto buscado por el proyecto, el Ministerio de Educación estará facultado para otorgar, por el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la ley, por una sola vez y hasta un monto que no supere los 31.000 millones de pesos, anticipos de subvenciones estatales de escolaridad a los sostenedores municipales que lo requieran. Agrega que el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el presente año se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación, pero que, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto. Como integrante de la Comisión de Hacienda, no estoy de acuerdo con el procedimiento adoptado. Para la cartera de Hacienda es muy fácil informar de esa manera, pero no puede ser que se carguen a la partida presupuestaria Tesoro Público las deficiencias financieras de tal o cual ministerio. Eso no habla bien de quienes legislamos. Por eso, quienes nos desempeñamos como representantes ciudadanos por distritos que cuentan con un gran número de comunas, podemos palpar y percatarnos del desequilibrio existente entre municipalidades con un adecuado sistema de administración educacional y aquellas que tienen deficiencias en ese ámbito. En algunos casos recibimos reclamos del profesorado porque no tienen sus cotizaciones previsionales y de salud al día. Los recibo constantemente en Panguipulli comuna del distrito que represento, provincia de Valdivia, Décima Región, y ellos me expresan que no se ha pagado a las cajas de compensación ni se han reembolsado los descuentos legales que corresponden, lo cual, en definitiva, los deja en situación de desprotección. Por otro lado, nos encontramos con municipios que pese a tener una dotación de personal en educación que no se condice con el tamaño de la matrícula, tampoco pueden reducirla o ajustarla por no poseer los recursos necesarios para pagar los respectivos finiquitos. Lo peor de todo es que la educación municipal, a raíz de estos problemas, no mejora. Allí también hay un problema que tiene que ver con el financiamiento debido, y este proyecto, que surge del acuerdo de nuestra Presidenta, Michelle Bachelet, y las municipalidades, está orientado a solucionarlo en forma urgente. Por lo anterior, considero tremendamente beneficioso el mecanismo de adelanto de las subvenciones educacionales para cumplir con tres fines específicos, que permitirán, al menos, aliviar el estado financiero de algunas comunas, las que podrán efectuar modificaciones que redunden en el mejoramiento de la calidad de la educación. Los tres fines específicos son el ajuste de sus dotaciones docentes, el término de la relación laboral del personal no docente y la contribución al pago de otros pasivos provenientes de la gestión educativa municipal. Pero ¿qué pasa con aquellos municipios cuya gestión ha sido adecuada? Muchas veces algunos han hecho ciertos sacrificios, por ejemplo, no han mejorado la infraestructura de los establecimientos para mantener equilibrado el financiamiento. Ellos, por cumplir, no van a ser favorecidos. Más allá de lo meramente docente, me preocupa la situación que aflige a los asistentes de la educación, quienes también han sido postergados por el problema del financiamiento municipal. Por lo menos, ahora el Ministerio de Educación les entrega el título de asistentes de la educación. Ya no son los paradocentes o codocentes. En ambas situaciones se requiere la aprobación de la entidad contralora municipal y del control permanente del concejo. En todo caso, como se trata de adelantos y no de regalos, los municipios que hagan uso de estos mecanismos deberán devolverlos a través de descuentos no superiores al 3 por ciento del monto de las subvenciones percibidas durante los tres meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de anticipo, hasta completar el pago del total anticipado. ¿No valdrá la pena que nos sinceremos? ¿Se devolverá el 3 por ciento en algún minuto? ¡Qué injusticia para aquellos que han llevado adelante en forma seria y responsable la educación chilena! El tema lo voy a consultar en forma muy especial con los diputadosmaestros que hay en el hemiciclo y, por supuesto, con abogados y juristas, como Laura Soto, que siempre me apoya en mi labor de legislador. Este proyecto podría ser mejor. Es considerado por muchas personas como un premio a las malas gestiones municipales, pero de no aprobarse el mecanismo de ayuda que discutimos podrían caer varios alcaldes por la causal de notable abandono de deberes. ¿Cuántos caerían si examináramos mejor esto? Ahora, los no beneficiados, ¿qué van a hacer para tener un déficit? Van a buscar la forma de tenerlo. Yo me alegro de la rapidez con que se entregarán los 31.000 millones de pesos. Así, en general, … El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, han terminado sus diez minutos. El señor JARAMILLO.- El tema es trascedental, pero, en el fondo, de lo que se trata “es bueno que me presten plata porque de lo contrario me van a rematar”. Eso es lo que pienso de este proyecto. ¿Cómo puede decirse tan fácilmente que se cargarán al tesoro público los 31.000 millones de pesos? El señor LEAL (Presidente).- Terminó su tiempo, señor diputado. El señor JARAMILLO.- Gracias, señor Presidente. Habrá oportunidad para un segundo discurso, porque este tema, en los términos planteados, no me convence tan fácilmente. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Arenas. El señor ARENAS.- Señor Presidente, quiero felicitar al Gobierno por el envío del proyecto, pues contiene una medida necesaria y urgente, aunque no soluciona el problema de fondo, como lo han dicho otros diputados, porque el déficit municipal en la gestión educacional va a existir siempre. De hecho, eso ocurre en las comunas que represento: Angol, 135 millones de pesos; Collipulli, casi 100 millones de pesos; Ercilla, 67 millones de pesos; Los Sauces, 65 millones de pesos; Lumaco, 11 millones de pesos; Purén, 236 millones de pesos; Renaico, 128 millones de pesos. En muchos casos, y aquí difiero con lo que han dicho algunos diputados y con lo que está implícito en el mensaje, el déficit no se ha producido por negligencia o por falta de gestión en materia educacional, sino, principalmente, por problemas estructurales que impiden a los alcaldes hacer una administración eficiente con los pocos recursos de que disponen. En el fondo, el problema deriva de la desconfianza del gobierno central en la gestión que pueden desarrollar los alcaldes en sus respectivos municipios. La municipalización muchas veces ha sido atacada fuertemente hace poco, en la crisis de los estudiantes, sin saber que, realmente, para que sea efectiva, debe profundizarse aún más. La solución no está en volver al centralismo en que, por ejemplo, para cambiar una ventana de una escuela en Purén debían viajar a Santiago poco menos que el alcalde, el director y los concejales, lo que demoraba meses, sino en descentralizar más y, por lo tanto, profundizar más en la gestión municipal y provocar una verdadera autonomía y el financiamiento real de la gestión educacional. Considero que los municipios son los que mejor pueden gestionar la educación pública en el país y, en consecuencia, esta medida tiende a ayudar a la municipalización. No obstante, por ello reclamamos recursos permanentes que permitan una gestión eficiente y terminar con la desconfianza absoluta que muchas veces tiene el gobierno central de los alcaldes. Se dice que en los gobiernos comunales se malversan fondos, que no tienen una administración adecuada y que sus representantes responden en forma muy sensible a los vaivenes electorales. Todas ésas son ideas totalmente erradas y muy prejuiciosas de lo que es el mundo municipal. Hoy, efectivamente, hay muchos municipios cuya administración no es clara o transparente en cuanto a los recursos destinados a educación. Así se explica, por ejemplo, que muchas subvenciones directas para el programa “Puente” no se entreguen a los liceos. Es el caso del liceo de Purén, que durante el año pasado no recibió alrededor de 20 millones de pesos que le correspondían por subvención de alumnos de este programa, porque la municipalidad debió destinarlos a pagar otras deudas. Entonces, esa falta de transparencia, de eficiencia en la gestión municipal, no se debe tanto a mala fe, a mala voluntad, sino, simplemente, a un sistema perverso que obliga permanentemente a tapar hoyos, es decir, atender, en este caso, demandas muy legítimas de profesores, en perjuicio de inversiones en infraestructura y en los propios alumnos. Por lo tanto, el sistema se encuentra viciado y tiende a que la administración municipal de los recursos en educación sea deficiente. Espero que éste sea un paso más ojalá que podamos llegar al definitivo para confiar en la gestión educacional de los municipios y establecer sistemas permanentes que permitan hacer viable esa gestión. Demos recursos a los alcaldes, confiemos en su gestión municipal, porque, solamente profundizando aún más la descentralización y la municipalización de las escuelas, podremos obtener resultados de calidad, sobre todo en aquellas comunas rurales como las que represento en la provincia de Malleco. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la honorable diputada Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, me alegra que discutamos este proyecto de ley. Sin duda, apoyará la tremenda gestión de nuestros alcaldes en las distintas comunas del país. Me referiré en forma especial a la comuna de San Fernando, que represento. Allí se cuestionó públicamente a su alcalde anterior y las complicaciones de gestión fueron heredadas por el actual edil Juan Pablo Molina. Hoy, para sostener el sistema educacional de la comuna, la municipalidad de San Fernando debe aportar a la corporación alrededor de treinta o cuarenta millones de pesos mensuales. Esa situación es absolutamente irresistible para un municipio que, además, tiene otras deudas que se arrastran de la gestión anterior. Por ello, hay que buscar modelos de gestión distintos. Uno de esos modelos es el que hoy discutimos. No estoy de acuerdo en incorporar una nueva subvención y aumentarla si no somos capaces, primero, de regular y mejorar la gestión municipal. Lo que se plantea en el proyecto en cuanto al ajuste de la dotación docente, al término de la relación laboral del personal no docente que ha cumplido su ciclo y necesita jubilar, y contribuir al pago de otros pasivos provenientes de la gestión educativa municipal, son factores que permitirán ordenar y ajustar la gestión municipal para, posteriormente, recibir una nueva subvención; pero, además, con una municipalidad con una visión mucho más coherente y racional. Para ese ajuste o revisión, precisamente, se requiere este proyecto de ley. Nos permitirá resolver problemas que datan de muchos años, para lo cual se necesitan recursos. Un alcalde no puede jubilar a un personal que lo pide si no cuenta con los recursos para las indemnizaciones correspondientes. Espero que esta iniciativa signifique el comienzo de una incorporación, en forma progresiva, de más recursos al sistema educacional por parte de este Gobierno. El mejoramiento de la infraestructura, el establecimiento de la jornada escolar completa, la entrega de libros y de material didáctico, las raciones alimenticias de la Junaeb y el mejoramiento del sistema preescolar, sin duda son elementos muy positivos y bien recibidos por la ciudadanía. Pero, debemos dar el siguiente paso: hacer un ajuste sobre la base del presupuesto que se le pueda entregar a los municipios. En la Comisión de Educación estuve revisando lo relacionado con la subvención especial y la subvención diferenciada. Ésa es la segunda etapa que esperamos poder resolver lo antes posible en esta Corporación. Por el momento, reitero, me alegro y felicito al Ejecutivo y a la Comisión por este proyecto de ley. Además, concuerdo plenamente con lo que planteó el diputado Venegas en su intervención. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, la bancada del Partido Radical anuncia su compromiso de apoyar este proyecto de ley que va en ayuda de las municipalidades más resentidas del país, las cuales cargan una mochila tremenda por cuenta de esta municipalización de la enseñanza que, como hemos comprobado, ha traído más problemas que soluciones a la educación en Chile. Hay municipalidades que no pueden realizar lo que les piden sus ciudadanos, porque deben estar todos los años traspasando montos importantísimos de dinero al sector educacional. Un ejemplo de ello es la municipalidad de Gorbea que, con un presupuesto de menos de 1.500 millones de pesos, tiene que traspasar cada año 140, 150 o 170 millones de pesos para suplir ese déficit. Asimismo, no hemos tomado en cuenta los graves problemas que afectaron a las municipalidades por tener que hacerse cargo de los estudiantes de menos recursos, los más vulnerables, en franca diferencia con las instituciones educacionales privadas. Hay municipios pobres y ricos. Hay corporaciones educacionales bien administradas y con muchísimo dinero, y otras, muy pobres y carentes de funcionarios para efectuar una buena gestión y entregar una mejor educación. El Fondo Común Municipal no logra una equidad real entre las distintas comunas. La misma Asociación de Municipalidades, en reciente declaración, reconoció el tremendo fardo que significa la situación mencionada para la función educativa, lo que dificulta a los alcaldes realizar las tareas propias de su cargo. La municipalización ha hecho agua. Sería perder tiempo y recursos, dicen algunos, ir en su ayuda, en su auxilio, con medidas como la propuesta. Pero, cuando el enfermo está muy grave o el ahogo por las deudas es muy grande, es necesario que el Estado en este caso, el Congreso Nacional se aboque a la tarea de mejorarlo. Por eso, no hay otra salida: el Estado tiene que retomar la responsabilidad de otorgar al país una educación de calidad y pública a la que tienen derecho todos los habitantes del país. Es necesario crear corporaciones regionales de derecho público que se hagan cargo de los colegios. La subsidiariedad supone que la educación no es deber del Estado, sino tarea del emprendimiento privado. Sólo cuando éste no es capaz de cumplir esa tarea, el Ministerio de Educación viene en su auxilio. Los programas de focalización, como el de 900 escuelas para la educación básica rural, y el proyecto Montegrande, para la enseñanza media, por su limitado alcance y cobertura, no han incidido mayormente en superar la inequidad. La mala calidad de nuestra educación radica en que las municipalidades deben hacerse cargo de muchos jóvenes, sobre todo de los que asisten a los liceos politécnicos, que necesitan subsidios especiales para acceder a este tipo de educación. Lo mismo ocurre con los programas Mece, de educación básica rural, educación media y superior. La reforma educacional, planificada e implementada por tecnócratas, ha demostrado una clara insuficiencia para dar respuesta a una educación acorde con la dignidad de los estudiantes y con el desarrollo del país. Un Ministerio de Educación, con escasas facultades de regulación, de gestión y de control, muy poco puede hacer frente a la voracidad de los sostenedores privados, que han transformado los procesos de enseñanza y aprendizaje en un lucrativo negocio. Este es el momento de que todos los legisladores, junto a nuestro Gobierno, levantemos la voz para dar el gran salto hacia una educación pública de calidad para todos los estudiantes. No estamos en contra de la educación privada; es necesario que cada cual elija, como cuando se opta por la hotelería de las clínicas, pero hay personas con necesidades distintas que tienen que llegar a los hospitales públicos, que también deben brindar la mejor atención. Lo mismo pedimos para la educación. Ojalá que esta discusión no se repita, que el Congreso tenga que volver a debatir proyectos como este limosnas, para ir en auxilio de los que hoy se ahogan por la municipalización de la enseñanza, que tanto daño le ha hecho al país y que hace tan necesario que enmendemos rumbo. Por último, si creamos un gran proyecto educativo nacional, representativo de las comunidades educacionales, en el que participen profesores, paradocentes, padres, apoderados y alumnos, habremos logrado el centro del Chile del bicentenario. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast. El señor KAST.- Señor Presidente, podemos estar de acuerdo en que los recursos que se traspasan a los establecimientos educacionales son escasos; en que la subvención no alcanza, hay consenso transversal en eso. Sin embargo, no dejan de llamar la atención proyectos como el que debatimos. ¡Si 31.000 millones de pesos son muchos recursos adicionales para la gestión educacional! El proyecto ingresó este martes con urgencia calificada de “suma”; el miércoles pasó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación, donde se discutió durante escasas dos horas, sin audiencias públicas con los municipios, con las corporaciones o con los profesores. No hubo debate alguno, salvo la intervención de los diputados integrantes de las Comisiones Unidas que, en muchos casos, hicieron profundos reparos al proyecto. Así no se legisla. Los problemas de la educación no son etéreos; no están radicados en este o en aquel proyecto, sino en la mala gestión de los gobiernos de la Concertación durante los últimos años. No es cierto que el Ministerio de Educación no tenga facultades; las tiene, y muchas. El problema está en que no sabe usarlas. Ese es drama de la educación actual. Respecto de los 31.000 millones, la subsecretaria reconoció así consta en el informe “que el mecanismo especial y transitorio que es lo que estamos debatiendo de anticipo de subvenciones podría considerarse un premio a la mala gestión de algunos municipios, pero necesario para sanear su situación financiera y contribuir así al mejoramiento de la educación pública”. Es decir, la misma subsecretaria nos dice que puede haber una mala gestión, pero que tenemos que cubrirla con estos fondos adicionales. Este proyecto podría ser una ley parche más, y no corresponde legislar de esta manera. Se está vulnerando el derecho del Congreso a discutir, de manera seria, profunda y acabada lo que está pasando con la educación. Se nos acaba de entregar, de manera apresurada, un informe que fue pedido ayer por algunos diputados, que consigna las deudas de los municipios, la correlación de sus ingresos, los traspasos que hacen a sus Daem o a sus corporaciones y los gastos que tienen en personal. Me pregunto qué análisis pueden hacer los diputados de datos y antecedentes que se nos entregan a las 10.30 horas, en circunstancias de que votaremos en dos horas más. Así no se legisla, y se lo digo a todos los diputados que se alegran de estar tramitando este proyecto. Nos dicen que podría haber sido mejor; pero ¡cómo va ser mejor! si ni siquiera se abre debate. Este es un acuerdo que el Gobierno logró con los alcaldes en septiembre pasado, o sea, han transcurrido dos meses. El proyecto debió llegar antes para haber hecho una buena discusión. Sin embargo, su urgencia fue califica de “suma”, casi discusión inmediata. ¡A un proyecto que anticipa subvenciones por 31.000 millones de pesos¡ Lo mismo pasó con la negociación con los profesores, que hizo el ministro Bitar, cuando asumió. En un día aprobamos un proyecto que involucraba cifras mayores. ¡En un día! ¡Y después nos preguntamos por qué la educación es de tan mala calidad! ¡Bueno, por esto! Porque una vez más se improvisa y se somete a presión un proyecto de ley de la envergadura del que hoy nos convoca. También me pregunto por qué no se adosó este proyecto a la discusión presupuestaria. Una vez más estamos frente a una futura ley parche, que no arregla el problema. Ningún municipio puede dar educación de buena calidad con la actual subvención que entrega el Estado. ¡Ninguno! Está la subvención preferencial, que se otorga en la medida en que se firman determinados acuerdos, que son los que regulan casi todo el procedimiento educacional. En fin, se entregan recursos por distintas vías; pero para lo importante, que es aumentar la subvención, al parecer, no hay voluntad del Ejecutivo. Una vez más se legisla para el que lo hace “mal”. Así lo reconoce la subsecretaria de Educación cuando afirma “que podría considerarse un premio a la mala gestión de algunos municipios”. Pero, ¿qué pasa con los que hacen bien las cosas? Lo dijo el diputado Jaramillo: algunos serán excluidos por estar al día en sus deudas; por hacer sacrificios, dejando de pavimentar o de tener remedios en los consultorios, para estar al día en las obligaciones previsionales, para estar al día en las deudas con los profesores. Pero la realidad es que hay municipios que tienen deudas y hay que tratar de solucionarles el problema; sin embargo, insisto, esta será una ley parche. Hay exceso de dotación docente y codocente en los colegios municipalizados, porque les ha bajado la matrícula, lo que, a mi juicio, se debe a que los apoderados buscan disciplina y autoridad. En los establecimientos educacionales públicos se ha perdido el respeto por todo, incluso por los profesores; por eso, los apoderados prefieren cambiar a sus hijos de los colegios municipalizados. ¿Quién es el responsable de esa falta de autoridad? A mi juicio, la legislación aprobada en forma apresurada aquí en distintas ocasiones, cuestión que hemos hecho ver una y otra vez. Los municipios están amarrados, a pesar de que siempre han pedido autonomía e independencia. Se les echa la culpa porque lo hacen mal, pero la verdad es que disponen de muy poca flexibilidad para trabajar. Deben entenderse con los profesores, con los apoderados, con los alumnos, con la comunidad toda; pero ¿quién les dicta las normas y les dice lo que pueden hacer y lo que les está prohibido? El Ministerio desde Santiago. ¿Dónde está la autonomía de los municipios? No existe. Están en el peor de los mundos. Se habla mucho de la calidad. En el proyecto se entregan 31.000 millones de pesos para que el Ministerio de Educación otorgue anticipos de las subvenciones estatales para fines educacionales a las municipalidades a fin de pagar indemnizaciones por ajustes de dotación y por retiro pactado, o para contribuir al pago de otros pasivos de carácter legal o contractual derivados de la gestión educativa municipal. ¿Se vincula esto con la calidad? No. ¿Se exige a los alcaldes haber cumplido siquiera los concursos de directores en sus comunas para recibir estos recursos frescos? No. Les aseguro que todos los diputados tienen problemas con los concursos de directores en sus comunas, porque los alcaldes muchas veces no llaman a concurso o lo hacen de acuerdo con su propia voluntad. Se debió haber exigido algo más, una correlación de deuda bastante más anticipada a lo que se señala en el proyecto. Se dice: “Mire, presente su balance presupuestario correspondiente al trimestre anterior a la aprobación de la ley y otros antecedentes.” Los alcaldes sabían en septiembre que se enviaría esta iniciativa al Congreso, razón por la cual muchos de ellos pudieron haber dejado de pagar sus deudas provisionales y de otro tipo, porque sabían que venía este salvavidas. Les aseguro que éste es un hecho real y cierto. Aquí se pide a la municipalidad solamente el balance presupuestario correspondiente al último trimestre anterior al de vigencia de la ley. Se legisla mal. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de la educación? ¿Cómo vamos a potenciar el valor del maestro si seguimos trabajando así? Presentamos varias indicaciones sólo una se aprobó, porque pensamos que esto debiera tender a bajar el gasto permanente de los municipios, que hoy día tienen exceso de dotación por la disminución de las matrículas. Se establece que se pueden pagar distintas deudas de los municipios, pero no se señala claramente cuáles son las que se podrán pagar con estos recursos frescos. Vamos a reponer una indicación que propusimos ayer, porque si bien se disminuirá la dotación docente y la no docente, se podrá aumentar nuevamente si, según dispone el proyecto de ley, se produce un incremento efectivo de la matrícula o se acredita otro criterio técnicopedagógico. Creemos que esto debe estar mucho mejor reglamentado y establecido, porque, por un lado, se podrá disminuir la dotación docente y no docente, en lo que se gastarán muchos recursos en indemnizaciones de quienes pasarán a retiro y, por otro, se abre la puerta a los alcaldes para que vuelvan a aumentar la dotación. Es decir, en tres años más vamos a estar frente al mismo problema. Eso tiene que regularse de mejor forma. En consecuencia, vamos a reponer la indicación para que, por último, en el Senado se trate de solucionar ese tema. Rechazaremos la letra c) del artículo 4°, porque creemos que el Senado también deberá regular mejor esa materia. Le pediremos a los senadores que revisen bien el proyecto y vean lo que están votando, porque aquí muchos diputados dicen: “Estamos mejorando la educación, estamos entregando 31.000 millones más.” Sólo pido a los colegas un día más de discusión, porque no se debe legislar como lo estamos haciendo. Varios diputados de la Concertación manifestaron su oposición al proyecto en la Comisiones Unidas de Hacienda y de Educación; pero presionados por el Gobierno, tuvieron que votar favorablemente. Quienes estaban felices con el proyecto eran bastante menos. Reitero, así no se legisla. La calidad de la educación no va a mejorar con este tipo de leyes. Debemos decir al Gobierno que nos mande los proyectos con tiempo y que haga los estudios técnicos correspondientes para que se pueda legislar de buena manera. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, después de escuchar la intervención del diputado Kast no me queda claro si va a votar en contra. Señor Presidente, por su intermedio quiero decirle al diputado Kast que las cifras demuestran que el gran drama no es sólo la gestión, sino la vergüenza que se produce por la diferente inversión que se hace respecto de un niño de una escuela privada y otro de una escuela pública. Esta ley parche, como la denominó el diputado Kast, solucionará parte del problema, para la calidad educativa que esperamos. En Comisiones Unidas de Educación y de Hacienda tuvimos la oportunidad de conocer más profundamente los alcances del proyecto, que pretende ayudar a las municipalidades para que respondan adecuadamente a una parte del problema educativo, mediante la entrega de 31.000 millones de pesos destinados a solventar principalmente los gastos indemnizatorios de los profesores y profesoras, y de los asistentes de educación o codocentes, como los hemos conocido. Cuando discutimos un proyecto de ley sobre educación en el escenario actual de Chile, los diputados ponemos sobre la mesa todas las líneas de acción necesarias para dar el salto hacia la equidad y calidad de la educación, tema prioritario para el desarrollo integral del país; pero no podemos dejar de reconocer en su mérito la tremenda respuesta de financiamiento que está entregando el Gobierno, inserta en el acuerdo originado en la mesa de trabajo constituida por la Asociación de Municipalidades y por las Subsecretarías de Desarrollo Regional y de Educación. Saludamos este esfuerzo y la voluntad política de sus actores por esta inyección de recursos que ayudará a la educación municipalizada de nuestro país. Los recursos financieros nunca serán suficientes para las necesidades educativas. Los problemas que hemos visto como integrantes del Congreso, que analizamos a diario y que monitoreamos constantemente con los alcaldes, con los directores de educación, con los profesores, con los padres, con las familias y con los alumnos dan cuenta de la diversa realidad educativa. Siempre fue, es y será necesario más financiamiento para la educación pública y, sobre todo, más responsabilidad con los recursos, como han dicho los colegas. Es necesario ponernos las pilas en ese cuento. Lo que falta es utilizar bien los recursos, recrear una nueva cultura moderna de gestión, acentuar y mejorar el uso de la tecnología y revalorar la participación responsable de todos en el tema educativo. Creo en la focalización de las políticas públicas como la respuesta más adecuada, moderna y justa para el siglo que estamos viviendo. El proyecto cumple con ese objetivo, porque está destinado a resolver parte del problema de las indemnizaciones a funcionarios de la educación municipal. En consecuencia, no podemos pedir peras al olmo. Sabemos que la educación en su conjunto no se puede atomizar de esta manera. Hay múltiples causas que actúan en contra de la buena educación que buscamos y queremos lograr. El proyecto aporta lo suyo a ese gran objetivo. Los fundamentos del informe que entregó a la Sala el diputado Súnico fueron contundentes para explicar la necesidad urgente de votar la iniciativa favorablemente. Más financiamiento y mejor gestión son la clave para obtener resultados positivos en la educación que deseamos. Por eso, sin peros, apoyamos el proyecto, porque suma y no resta. La dimensión social de la educación está contenida en nuestra democracia. Así lo demuestra el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, integrado por los diversos protagonistas del tema y creado por la Presidenta de Chile. Eso habla del nuevo camino que queremos hacer en esta democracia. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, el proyecto tiene un objetivo bien específico: otorgar un anticipo de subvención a los municipios, 31.000 millones de pesos, con el objeto de que resuelvan problemas de arrastre y darles algunas facilidades para el ajuste de sus plantas docentes. Es cierto que el proyecto tiene una función valorable, por lo cual hay que votar favorablemente. Sin embargo, quiero hacer una reflexión más general. En primer lugar, me preocupan mucho los problemas de método, lo que también ha planteado el diputado Kast desde otro ángulo. Una iniciativa que recoge un acuerdo tomado hace dos meses no puede llegar al Congreso Nacional para ser tratado con urgencia calificada de suma, sin siquiera oír a las contrapartes respecto de su visión del problema, es decir, hasta qué punto el diagnóstico de ellas está resuelto, cuál es la solución adecuada, etcétera. Por ello, le digo a la Mesa de la Cámara que es bueno considerar la dignidad del Congreso. Un proyecto de estas características requiere, a lo menos, la posibilidad de ser leído y discutido por los parlamentarios. Y es bueno que lo sepa el Ejecutivo, porque en poco tiempo más vamos a tener el acuerdo con el Colegio de Profesores. Por lo tanto, necesitamos por lo menos algún tiempo para reflexionar. En segundo lugar, aquí hay un problema de fondo y distintas visiones al respecto. Ayer, en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Educación, el diputado Dittborn hizo un diagnóstico que hay que tener muy presente. Dijo que la educación pública municipal es “una industria en declinación”. O sea, se está acabando. Él dice que es necesario buscar otras formas, públicas o privadas, locales y de gestión. No estoy de acuerdo con esa frase, aunque asumo que los municipios han tenido serios problemas para ser gestores de educación y, tal como lo ha planteado el Colegio de Profesores, hay que generar líneas de superación. Pero creo que en un país democrático tan desigual como el nuestro es fundamental tener educación pública sólida. Entonces, una cosa es decir que el modelo municipal tiene problemas y otra es que no debe haber educación pública. Chile necesita una sólida educación pública, y todo el debate que ha habido apunta en esa dirección. Reitero, el señor Dittborn dice que la educación municipal es una industria en declinación. Pero no mitifiquemos. La educación particular subvencionada no está en jauja. En la prueba Simce, el 67 por ciento de los colegios particulares subvencionados obtiene resultados iguales o inferiores a los municipales. Sólo el 30 por ciento establecimientos subvencionados de iglesias y ciertas cadenas de colegios está por encima de los municipales. Entonces, no se trata de que los colegios municipales están muy mal y de que los particulares subvencionados están muy bien. En realidad, hay un problema general con este sistema. Es cierto que en las escuelas municipales hay problemas de disciplina y que por esa razón, en la medida en que una familia aumenta sus ingresos, cambia sus hijos a colegios con menos problemas disciplinarios. Pero eso surge también por decisiones tomadas aquí, porque se estableció un sistema de segregación muy fuerte. Se creó un financiamiento compartido que expulsó a niños diferentes de muchos colegios y se tendió a dejar en los municipalizados a gran parte de alumnos con familias y realidades con más dificultades. Creo que la educación pública es muy necesaria y hay que hacer una discusión de fondo sobre el tema. Decir que la educación pública es una industria en declinación es como expresar que hay barrios que están en declinación. Hay una realidad que debemos asumir. El modelo de reforma educacional ha tenido el gran defecto de no ser suficientemente equitativo y no compensar la segregación; por el contrario, la ha acentuado. Entre otras cosas, un factor decisivo ha sido el financiamiento compartido, que no es del caso analizar. Pero el diagnóstico del diputado Dittborn no es el único; hay otro que hace el Gobierno, y es el mismo que se hizo hace algunos años: que el problema se debería a que hay exceso de docentes y que es necesario ajustar la dotación. Lo plantearon el subsecretario Jorge Rodríguez Grossi, cuando estaba en la Subdere, y Julio Valladares, subsecretario de Educación de la época. Hubo dos huelgas nacionales que terminaron generando el método del Padem, Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, una forma de analizar y discutir la realidad de cada colegio por comuna, a fin de determinar si había sobredotación, porque existía el mito de que sobraban 10 mil profesores. De hecho, se creó un método que permite que en un establecimiento con sobredotación pueda decirse que ésta es una causa de salida. Independientemente de que en algunos casos eso ocurra, pienso que el problema de fondo no es la sobredotación. En realidad, existen problemas más de fondo. Hay profesores incumplidores, lo que no implica sobredotación; hay algunos que llegan tarde, que no van a clases o que no las planifican, pero son la minoría. Por eso, en el proyecto de subvención preferencial hemos presentado una indicación, que se aprobó, para que haya un procedimiento de excepción a fin de que incumplidores sean despedidos, porque a los profesores no les ha ido mal en la evaluación docente, sino a los que no cumplen las normas básicas, los cuales afectan todo el contexto. Por lo tanto, debe haber una fórmula de excepción para que no hagan daño en los colegios. Reitero, el diagnóstico de que el problema es el excedente de profesores no es el más adecuado, aunque sea del Ejecutivo. Comparto el diagnóstico de los alcaldes. La Asociación Chilena de Municipalidades y su comisión de educación dicen que el gran problema es que los municipios tienen costos más altos, porque deben hacerse cargo de una serie de gastos que los particulares subvencionados no tienen que asumir. Por ejemplo, los bienios, que generan una obligación que se estima en 120 mil millones de pesos. Los particulares subvencionados no tienen eso. Creo que el proyecto ayuda a enfrentar el tema de las finanzas municipales. Yo habría preferido que los 31.000 millones de pesos no se entregaran como un crédito, sino en proporción a lo que aportan para bienios, como una manera de distribuirlos equitativamente, sin distinguir entre comunas eficientes y no eficientes, sino de acuerdo al origen de un problema estructural de financiamiento. En un momento en que hay recursos fiscales; es algo que se debe enfrentar. Es una forma de apoyar de manera directa la educación pública municipal que se hace cargo de los niños con más necesidades. No se trata de repartir la subvención a todos los establecimientos por igual, sino fundamentalmente a los municipales. Lamento que no se haya visto así, porque era una manera de jugarse por la educación pública y no sólo por una pequeña solución. Como alguien dijo aquí, ayudaría para que la subvención preferencial entre en un contexto de tentación, es decir, para que esos recursos se usen en resolver problemas de arrastre, de desequilibrio, más que orientarlos al objetivo que nos preocupa. Esta discusión de fondo habría que asimilarla al marco de los acuerdos del Consejo Asesor Presidencial para saber hacia dónde estamos caminando. Está claro que en dicho Consejo se acordará un aumento de la subvención, especialmente donde existen más necesidades, mayores costos y menos recursos; y eso se da en los colegios municipalizados. Debo reconocer que en un momento pensé que el proyecto iría por esa línea, pero se optó por otro camino. A mi juicio, esta iniciativa tiene algunos problemas específicos. En primer lugar como aquí ya se ha dicho, hemos legislado tres veces respecto de esta materia y lo hemos hecho en la misma forma: dos veces sobre el bono de perfeccionamiento y una sobre deuda previsional. Sería interesante hacer una evaluación para saber qué ocurrió con ello. Ayer, en la Comisión se acordó que antes de votar se nos entregaría un diagnóstico respecto de los municipios que habían resuelto el tema. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, ha terminado el tiempo de sus dos discursos. El señor MONTES.- Termino de inmediato. Me preocupa el tenor del artículo 5° del proyecto, porque permite que se vuelva a discutir el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, Padem. Incluso, tengo en mi mano el de La Florida. Ahora se reabre la discusión sobre el Padem, pero con otros criterios, lo que a mi juicio no está bien. Estoy de acuerdo con el diputado Verdugo en cuanto a que el desequilibrio financiero no puede ser calificado solamente por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, sino que también debería hacerlo Educación. Por otro lado, el proyecto no va en la línea de los acuerdos adoptados en el Colegio de Profesores. ¿Qué sucederá con un profesor que sale por esta vía y después se aprueba una norma que entrega un incentivo para jubilar? ¿Cómo se cruzan las dos cosas? El proyecto no aclara ese punto, sobre todo, si fue uno de los acuerdos tomados por esa entidad. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, el Partido Radical Social Demócrata respalda su quehacer político en fundamentos doctrinarios. Nosotros creemos que la doctrina es el norte por el cual debe desarrollarse la acción política. En la búsqueda del bien general, como aspiración social, privilegia la tolerancia, como expresión de convivencia, la democracia representativa, como sistema de Gobierno, resguardando el derecho a la participación plena como necesario complemento, y el laicismo, traducido en el respeto a todas las creencias y expresado en la independencia de la acción del Estado frente a ésta. La educación es una cosa esencial para el desarrollo de un país. En ese sentido, los gobiernos de la Concertación han realizado grandes avances, pero no han hecho hincapié en el fondo, o sea, en aquellas materias que a nosotros nos parecen esenciales y que el Estado debe profundizar para el desarrollo de la educación. El rol del Estado debe ser brindar a toda su población, sin exclusión, una educación igualitaria, de calidad, que permita efectivamente el desarrollo social, sobre todo de los sectores más desposeídos. No hay desarrollo en una sociedad si no es capaz de obtener una buena educación, y ésta debe llegar de la misma forma a un niño que vive en Alto del Carmen, en Punta Arenas o en Santiago. Hoy, no es igual la educación que recibe un niño que se educa en el Instituto Nacional o en un colegio particular que la que recibe uno que se educa en una escuela rural. Para nosotros eso es fundamental. La única manera de que un país logre el desarrollo es con una educación equitativa para todos sus habitantes. Durante mucho tiempo, los radicales hemos planteado que el rol del Estado debe estar orientado a la educación pública, que es la que deben recibir todos los chilenos. El gobierno de Pinochet hizo un verdadero negocio de la educación, desde la básica hasta la universitaria. Hoy pululan en el país una gran cantidad de universidades privadas, de colegios y liceos privados. Y a eso se agrega, desde un punto de vista del mercado, la entrega que el Estado hace de subsidios para que los niños puedan tener un voucher que les permita el acceso a la educación. En dicho sistema los padres tratan de entregar a sus hijos lo mejor, y realizan un gran esfuerzo para tenerlos en colegios que, a juicio de ellos, por ser pagados, les van a brindar una mejor educación. Esa política debe cambiar. Tenemos esperanzas de que en el Consejo Asesor Presidencial, que creó la Presidenta de la República, haya una cierta racionalización en las políticas públicas que se deben implementar para lograr un desarrollo, sobre todo de las personas de menores recursos, las cuales ven la educación como un elemento que puede cambiar su calidad de vida. El proyecto ha sido objeto de una serie de indicaciones que nos parecen importantes en el marco de la educación que hoy tenemos. Sin embargo, hay algunas cosas que deseamos aclarar, cuyos antecedentes ya fueron pedidos a la Comisión. Se nos dijo que existen municipios que no han enterado las cotizaciones previsionales y de salud a los profesores. Si un alcalde no cumple con algo tan importante con su principal elemento desde el punto de vista del desarrollo de la comuna, como el profesorado, y lo deja expuesto a situaciones caóticas respecto de su jubilación y de su atención de salud, merece ser evaluado por la sociedad de la comuna que dirige. No es bueno entregar a esos alcaldes apoyo en ese sentido. Pero entendemos que finalmente hay que pensar en la sociedad en la cual están inmersos esos profesores, por lo cual lo primero es solucionar su problema. Frente a una situación así debemos demostrar transparencia y dar a conocer a toda la comuna que su alcalde no ha cumplido con las leyes laborales respecto de los profesores. Los radicales siempre hemos pensado que los trabajadores deben estar en la primera línea de una empresa pública o una privada, y más aún, cuando se trata de los municipios. Mi bancada dará su apoyo al proyecto, pero espera que en el futuro las iniciativas relacionadas con educación vengan en la línea doctrinaria que ha planteado mi partido, es decir, con un refuerzo fuerte en lo que toca a la educación pública y en una dirección que cambie el norte de la sociedad chilena hacia una sociedad más fraterna, más igualitaria, donde efectivamente la educación sea un elemento que permita la movilidad social en forma adecuada. Por último, el Ejecutivo propuso una indicación que en la Comisión fue rechazada. Nos parece fundamental que se renueve, porque hay municipios cuyos pasivos en materia educacional son muy importantes, por lo cual es preciso que se les entreguen recursos para que puedan solucionar problemas que arrastran desde hace mucho tiempo. Se trata de municipios que no han tenido problemas con sus profesores, que han sido responsables en materia educacional, pero como han mantenido pasivos durante tanto tiempo en términos de la gestión educativa municipal, hoy están enfrentando problemas que requieren una pronta solución. El Partido Radical votará a favor el proyecto, pensando siempre en la educación y en el desarrollo de los chilenos, en términos de una educación igualitaria y fraterna, que permita que la libertad se exprese en todos los sentidos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, comparto lo señalado por el diputado Kast en relación con el poco tiempo que se ha destinado a la discusión de este importante proyecto. Ello se condice también con lo señalado por el diputado Montes, en cuanto a que el proyecto iría en una dirección distinta de la del acuerdo logrado por los municipios con el Gobierno. Esa forma de legislar pone en tela de juicio el ejercicio eficiente de la labor parlamentaria, sobre todo si no somos capaces de realizar un análisis profundo de un tema tan importante como la educación. Si seguimos en esta línea, es decir, tratar materias tan importantes con tanto apresuramiento y sin hacer un análisis serio y responsable de ellas, no vamos a lograr los resultados que queremos. Debo reconocer que hoy existe el ánimo de hacer las cosas bien. Sin embargo, hay cierto grado de irresponsabilidad cuando se pronuncian discursos de una simpleza increíble. Es el caso de la diputada Ximena Vidal, cuando expresa que este problema se ha producido por culpa nuestra. Quien administra la educación es el Ministerio de Educación, el Gobierno de la Concertación, y si hemos puesto los puntos sobre las íes, sobre los problemas contingentes, es porque tenemos autoridad para hacerlo. Ahora, si los enfrentamos con altura de miras, podemos llegar a un consenso, como ha ocurrido en otros casos. El diputado Jaramillo ha planteado una preocupación que compartimos. Éste es un proyecto de ley parche. Ya dijeron algunos parlamentarios que hemos debido intervenir en tres oportunidades para buscar un mecanismo de apoyo a los municipios que se han visto enfrentados a estas debilidades administrativas. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, tomemos el problema que tuvo hace algún tiempo la municipalidad de Valparaíso. No hemos podido evaluar la situación, porque no tenemos la información necesaria para saber objetivamente si este tipo de proyectos tienen los resultados que se pretende conseguir con ellos. Creo que sólo estamos dando respuesta a un problema; no vamos al fondo del asunto para encontrar una solución definitiva. Este proyecto me preocupa ya lo dijeron los colegas que intervinieron, porque el Ministerio de Educación no tiene mayores atribuciones en cuestiones relacionadas con la pedagogía y con las plantas municipales, puesto que se entregan todas las facultades a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que pasa a ser la caja de crédito para los municipios. Creo que el Ministerio de Educación debe asumir más responsabilidades, pero en virtud de este proyecto no lo hace, porque la toma de decisiones está entregada a dicha Subsecretaría, lo que, por cierto, nos preocupa. Lo que quiero plantear, en relación con esta iniciativa, es que necesitamos información, por ejemplo, sobre lo que sucede en algunas corporaciones municipales. Puedo dar el ejemplo de la Corporación Municipal de Antofagasta, donde el Ministerio ya había intervenido porque el mayor gasto estaba concentrado en la administración del sistema municipal. Y ocurrieron situaciones bastante complicadas que, tal vez, se podrían repetir en cualquier parte del país. Sin pretender asegurar que se beneficia a uno u otro sector político, puedo decir que la plata fue destinada a cuoteo político. Hoy día, cuando hay una nueva autoridad y se busca optimizar los recursos, se ha vuelto a incrementar la planta administrativa. Incluso, se ha pensado hacer un edificio que costaría alrededor de 10 mil millones de pesos, porque hay un verdadero hacinamiento del personal administrativo. Entonces, uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Creo que debemos apoyar a los municipios. Fui alcalde por largos diez años, y sé que es difícil administrar porque los alcaldes no disponen de los recursos suficientes. En efecto, como se dijo aquí lo ratificó el diputado Jaramillo, muchas veces los municipios dejan de hacer obras en beneficio de la comunidad como pavimentación y otros trabajos, a fin de allegar más recursos a la educación. Por cierto, valoro este gesto en el entendido de que la educación es el pilar del desarrollo de nuestro país, pero es fundamental entender que debemos hacer partícipe al Ministerio de Educación de estos problemas, de manera que existan plantas tipo, por los menos en las corporaciones municipales, puesto que por este concepto hay despilfarro de recursos dentro del proceso educativo. Por otro lado, también es conveniente clarificar algunas situaciones. Por ejemplo, la negociación que próximamente deberá tener el Gobierno con el Colegio de Profesores. Existe un mecanismo de incentivos que apunta a posibilitar el retiro de los profesores que han cumplido los años de servicio exigidos por la ley y que se merecen un descanso. Pero también hay que saber qué sucede con otros tópicos que van a estar en el tapete de la discusión, como la deuda histórica con los profesores, qué pasará con eso, qué se hará con esa petición que tengo entendido también está incluida en la agenda que se discutirá con representantes del Ministerio de Educación. Asimismo, sería bueno también lo pedí en mi intervención en la Comisión que el Ministerio tenga claridad sobre las subvenciones que se entregan. Muchos alcaldes dicen que no pagan lo que corresponde por concepto de perfeccionamiento, bienios, asignación por desempeño en condiciones difíciles, y otros beneficios, porque no les llega la plata desde el Ministerio; es decir, le echan la culpa al Ministerio. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar con el ministro para que entregue los recursos, se nos dice que fueron enviados al municipio. Por eso, es necesario que, de una vez por todas, exista claridad respecto de cada ítem, para que el alcalde no tenga justificación, y el Ministerio tenga claro cómo responder las dudas que existen al respecto. El proyecto hace una salvedad respecto de nuestra preocupación relacionada con la firma de convenios por cuatro años o más. Por cierto, sabemos que a los actuales alcaldes les quedan poco más de dos años de gestión. Por lo tanto, pensamos en la responsabilidad que deberán asumir los nuevos ediles, que se encontrarán con estos convenios. Sabemos que se subieron los quórum esperamos que esto sea ratificado en el Senado para que el concejo apruebe los anticipos solicitados. También se debe tener claro que existen excepciones. Esto me preocupa, porque el proyecto sanciona con notable abandono de deberes a los alcaldes que incurran en una aplicación indebida de los fondos percibidos. Asimismo, los actuales alcaldes están asumiendo las consecuencias de una mala administración anterior. Entonces, el día de mañana, al verse este convenio, serán responsables solidarios y si no responden serán acusados de notable abandono de deberes. Es una situación que podría ser clarificada más adelante así lo hemos pedido y que dice relación con el compromiso de un alcalde que permanece sólo cuatro años en sus funciones, en circunstancias de que los convenios tienen una vigencia mayor. Me parece que, no obstante considerar que es un proyecto de ley parche sería necesario considerar la realidad de los municipios que han hecho grandes esfuerzos por entregar lo mejor a la educación; que creo que contribuye así lo han dicho muchos colegas a la ineficiencia, es necesario para entregar, por lo menos, una señal clara habría preferido entregarles más recursos de que no es posible que las administraciones municipales sigan teniendo deudas, en particular, con quienes más estimo: los profesores de Chile. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá. La señora TOHÁ (doña Carolina).- Señor Presidente, concuerdo con la mayoría de los colegas que han intervenido, en cuanto a que el proyecto es útil para los municipios con déficit. Sin embargo, es una iniciativa peligrosa si se constituye en la única estrategia para resolver este tipo de problemas; es decir, cada cierto número de años vamos a discutir un proyecto especial para paliar déficit, sin ocuparnos de los verdaderos problemas que hay detrás. El proyecto permitirá anticipar recursos correspondientes a las subvenciones estatales de escolaridad para solventar pagos ocasionados por ajustes de la dotación docente y no docente y para pagar otras deudas derivadas de la administración educacional. Además, existirá un mecanismo más permanente para cuando un municipio necesite cubrir gastos indemnizatorios ocasionados, por ejemplo, por la remoción de directores. Cabe recordar que hoy día, nuestro sistema educacional permite que un director de mal desempeño sea removido; sin embargo, muchas veces, esto no se hace porque no hay recursos para indemnizar. Todo esto está muy bien y es positivo porque ayuda a enfrentar situaciones complejas; pero el proyecto genera algunos problemas y deja otros sin resolver. Quiero referirme a algunos de ellos. Se ha dicho aquí que esta iniciativa ayudará, especialmente, a aquellos municipios que han sido mal administrados, que tienen déficit; en cambio otros, que con los mismos recursos han hecho esfuerzos para llegar a una condición de equilibrio, no serán beneficiados, por lo menos, con estos fondos excepcionales de 31.000 millones de pesos, porque el otro mecanismo permanente que existe rige para todos los municipios. Creo que se trata de una crítica que es necesario atender; sin embargo, quiero hacer algunas observaciones al respecto. Debemos tener un sistema en virtud del cual los municipios se hagan responsables de su mala gestión. Y lo mismo debe regir para los administradores privados, porque si mañana reformamos la educación municipal y tenemos otro tipo de administradores, ellos también deberán hacerse responsables de su mala gestión. Pero esa responsabilidad no puede caer en los alumnos ni en los profesores. No puede ser que por culpa de una mala administración no se paguen cotizaciones previsionales o no se indemnice a profesores que se acogen a retiro o que se tengan menos recursos para los niños, sin que se haga nada por resolver el problema. Estos recursos no se entregarán para premiar una mala gestión, sino para que los profesores se puedan retirar como corresponde y los alumnos reciban los recursos que necesitan. Sin duda, queda pendiente la discusión de cómo vamos a tratar a los sostenedores no profesores o alumnos que gestionan mal. A mi juicio, deberíamos establecer sistemas para sancionarlos. Los que tienen mala gestión o malos resultados educativos, tendrán grados inferiores de autonomía; por el contrario, los que obtienen buenos resultados, serán mucho más independientes del Ministerio y de los órganos encargados de la supervisión. Lo principal no es favorecer a municipios de mala gestión, sino que gran parte de los recursos que consagra el proyecto se ocupen para sacar del problema a los municipios que no obstante no tener mala gestión tienen déficit, porque en el sistema actual son insolventables, municipios con una matrícula muy pequeña, que deben mantener establecimientos con un número de estudiantes inferior al que se necesita para equilibrar los gastos. Esos municipios van a tener que endeudarse a costa de la subvención para paliar su situación deficitaria, lo que me parece mucho más grave y debiéramos buscar una solución para ese tipo de establecimiento. El consejo asesor dijo en su primer informe que algunos municipios se encuentran en un nivel que no permite una gestión equilibrada, son demasiado pequeños y para ellos también debemos encontrar una solución de fondo. Por ahora, el proyecto les permitirá salir de la crisis. Es cierto que la subvención es insuficiente y debería ser más alta, pero no sólo la subvención debe ser mayor, sino que debemos encontrar un mecanismo para que el costo adicional del estatuto docente en la educación municipal sea financiado separadamente. Podemos discutir mucho sobre cómo perfeccionar el estatuto docente; soy partidaria de que lo hagamos, pero no seamos ilusos, ninguna modificación eliminará el hecho de que requiere un costo adicional, y no es posible que ese costo lo paguen los alumnos y queden con menos recursos para su educación. Debe financiarse por otra vía. Además, debemos buscar una manera para que los recursos adicionales sean semejantes a la subvención preferencial, donde hay temas, compromisos y mucho más control, porque a veces nunca se sabe qué paso con las platas que se entregaron. El proyecto señala que los municipios que en virtud de los recursos anticipados ajusten la dotación docente o disminuyan su personal no docente, sólo podrán proceder a un posterior aumento de ellos en la medida en que dicho aumento esté fundado en un incremento efectivo de la matrícula o la acreditación de otro criterio técnicopedagógico que lo justifique. La Oposición presentó una indicación para eliminar la segunda causal. Eso es algo muy delicado, porque muchos de los problemas de la educación municipal se deben a que como sus profesores no se han podido acoger a retiro, sus plantas están conformadas por gente mayor. El problema no es que algunos profesores tengan mucha edad, sino cuando todos ellos son de mucha edad y no ingresan profesores nuevos. Se requieren perfiles distintos, otros profesionales, psicopedagogos, en fin. No podemos restringir los cambios. Después de que los profesores se acogen a retiro, no podemos impedir a los municipios mejorar su planta o recibir nuevos profesionales. Debemos mantener abierta esa posibilidad. Existe una tercera vía de uso de los anticipos: para todo tipo de deuda relacionada con la actividad educativa del municipio. Pensamos que es delicado establecer una causal tan amplia, porque todos sabemos que los municipios tienen muchas restricciones para endeudarse y la posibilidad de que las deudas originadas en otros conceptos o relacionadas muy tangencialmente con la educación terminen pagándose por esta vía. Es algo que debemos prever, no tanto porque se pague por esta vía, sino porque se va a traducir en reducciones de la subvención, es decir, que los niños que estudian en los colegios municipales terminen pagando gastos del municipio que poco o nada tienen que ver con la educación. Hemos pedido al Ejecutivo que mejore la redacción de esa disposición. No queremos descartar el pago de otras deudas ligadas al ámbito educacional, sino que realmente nos garanticen que se trata de gastos directamente derivados de la actividad educativa, de manera que no dejemos ni siquiera una mínima posibilidad de que se mezcle con otros gastos. Se ha citado varias veces lo señalado por el diputado Dittborn, en el sentido de que ésta era una industria en declinación, observación que me abstengo de calificar porque creo que contiene muchos supuestos, pero comparto parte de su comentario el consejo asesor lo comparte en el sentido de que la educación debería estar radicada en alguna instancia de fin único, no mezclada con otros veinte objetivos; en una instancia que tenga una especialización y una vocación única por la educación. Por cierto, puede estar en el nivel local o tener un vínculo preferencial con el municipio, pero no puede ser una de veinte actividades, cuya relevancia depende del alcalde del momento o de los intereses de la elección que se avecine. Discutimos este proyecto a pocos días de que llegue al Congreso otro que se referirá al acuerdo a que se arribó con el Colegio de Profesores, que contiene una serie de normas también relativas a la jubilación o retiro de profesores. Ayer manifesté en la Comisión y lo planteo hoy aquí en la Sala que es muy importante que estos dos mecanismos no se mezclen, porque aquellos retiros se financiarán con fondos frescos, y éstos, con descuentos de subvenciones. No quisiera que se produjera una mezcolanza y que el acuerdo de los profesores se termine financiando con descuentos de las subvenciones, porque ahí estaríamos andando al revés. Todos sabemos que se requieren más recursos para la educación, no menos; por lo tanto, debe haber recursos distintos, adicionales y suficientes para financiar este acuerdo tan importante al cual se llegó con el Colegio de Profesores. Se ha dicho varias veces que si no se resuelven estas situaciones de déficit existe el peligro de que los recursos adicionales por subvención preferencial terminen dedicándose, precisamente, a paliar esos déficit. Espero que el proyecto no permita que eso suceda. Además, una de las cosas que hemos buscado con el proyecto de subvención preferencial es que el municipio, en el convenio que firme con el Ministerio, declare cuánto ha aportado en el último tiempo y adopte un compromiso de cuánto aportará. Ojalá que lo que entra por vía de subvención preferencial no salga por retiro de aportes de las municipalidades y terminemos con que la educación municipal y los niños más vulnerables de nuestra sociedad no tengan más recursos ni mejores condiciones para estudiar. Por último, quiero señalar que la Comisión, en forma unánime, le señaló al Ejecutivo que nuestro apoyo al proyecto se entiende como una solución de emergencia, transitoria, pero esperamos que esta medida se acompañe de reformulaciones más profundas del sistema de subvenciones de administración municipal, de manera que permitan resolver los problemas de fondo y no que dentro de dos años de nuevo estemos discutiendo un problema similar al que aborda este proyecto. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la ministra de Educación, señora Yasna Provoste. La señora PROVOSTE (ministra de Educación).- Señor Presidente, en esta oportunidad sólo deseo responder algunos comentarios. No quiero hacerme cargo de los aspectos formales, sino más bien de los de fondo. El proyecto en estudio, que es fruto de un acuerdo transversal alcanzado con toda la Asociación Chilena de Municipalidades, busca generar medidas destinadas a fortalecer la gestión educativa a cargo de los municipios. El trabajo en conjunto con esa Asociación nos ha permitido consensuar aspectos fundamentales para abordar los problemas en materia de financiamiento. En forma tangencial, deseo referirme a la iniciativa sobre subvención preferencial, cuya discusión concluyó en la Comisión de Educación. Al respecto, a diferencia de lo señalado por el diputado Kast en el sentido de que no existiría voluntad para aumentar las subvenciones, puedo afirmar en forma categórica que, muy por el contrario, es nuestra voluntad hacerlo, pero no mantener la práctica de entregar la subvención en forma pareja a todos los establecimientos, porque los alumnos que nacen en el seno de familias cuyos recursos son más limitados y que tienen un capital cultural más bajo, requieren más apoyo, porque su educación es más cara. Por eso, en el proyecto en comento aumentaremos en más de 50 por ciento la subvención a los establecimientos que acogen a niños y niñas con mayores dificultades y necesidades. Esperamos que su tramitación en la Comisión de Hacienda sea más rápida que la que tuvo lugar en la comisión técnica. El proyecto en estudio permite abordar aspectos de fondo. Ayer, en las Comisiones Unidas de Educación y Hacienda se planteó que los sostenedores privados serían mucho más eficientes porque tomarían las decisiones en el momento oportuno. Al respecto, cabe recordar que existen municipios que desean tomar decisiones, pero no pueden hacerlo porque sus recursos económicos son limitados. En consecuencia, los sostenedores de establecimientos en que se ha registrado disminución de matrícula no pueden hacer los ajustes de dotación requeridos. Por eso, a diferencia de lo que ocurrió con anteriores iniciativas a que se ha hecho referencia, el artículo 11 del proyecto faculta al Ministerio de Educación para efectuar anticipos de las subvenciones estatales por escolaridad a las municipalidades que no cuenten con disponibilidad financiera inmediata para solventar los gastos indemnizatorios originados por la disminución de su dotación docente y/o término de la relación laboral del personal no docente. De esa forma, se podrán hacer los ajustes necesarios. Pero quiero detenerme en la preocupación manifestada por el diputado Montes respecto del artículo 5°. Al respecto, deseo aclarar que se trata de una facultad extraordinaria que se entrega por única vez sólo a los municipios que suscriban los convenios respectivos. Es un hecho que el proyecto se convertirá en ley de la República después de que concluya el proceso del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, Padem. Por esa razón, se entrega la facultad indicada, de manera que pueda tener lugar el ajuste de dotación sin necesidad de sujetarse a los plazos que se establecen en los artículos 22 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación. El proyecto tiene absoluta concordancia con las iniciativas que ingresarán a tramitación al Congreso Nacional, que son fruto de los acuerdos alcanzados con los asistentes de la educación y con el Colegio de Profesores. Ayer lo señalamos en la Comisión y hoy lo reiteramos en la Sala: los beneficios a que se arribó en el acuerdo con el Colegio de Profesores se financiarán por otra vía, no mediante la subvención. Por lo tanto, las iniciativas que comenzarán su tramitación y el proyecto en estudio guardan entre sí una relación simbiótica. Al Ejecutivo le interesa que se tramiten en forma consecutiva, es decir, primero la que surgió del acuerdo con los municipios y con posterioridad las relativas a los acuerdos con los asistentes de la educación y el Colegio de Profesores. La iniciativa constituye una medida más en el camino al que todos aspiramos: mejorar la calidad de la educación. Sabemos que para lograrlo debemos generar condiciones mucho más igualitarias entre los diferentes sostenedores, sean públicos, particulares subvencionados o privados. Ayer, en la Comisión se sostuvo que el proyecto representa una forma de emparejar la cancha, de generar condiciones más igualitarias entre diferentes tipos de sostenedores y, por cierto, de dar un paso más en la mentada calidad de la educación a que todos aspiramos. Reitero que el acuerdo a que se llegó con la Asociación Chilena de Municipalidades es muy transversal. De acuerdo con los antecedentes de que disponemos, 302 de los 345 municipios calificarían en la iniciativa. En consecuencia, esperamos que esta contribución sirva para fortalecer aún más la gestión de los municipios en materia educativa. Finalmente, deseo señalar que ingresamos a tramitación una indicación para garantizar que los recursos serán exclusivamente para la gestión educativa municipal. De esa forma, se salva la preocupación que recogimos ayer en la Comisión. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Ha terminado el Orden del Día. En consecuencia, los 15 diputados inscritos podrán hacer uso de la palabra en la sesión ordinaria del próximo miércoles, dado que en la sesión del martes la Cámara deberá conocer el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación. VI. PROYECTOS DE ACUERDO CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO A PERSONAL DE CONCESIONARIAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS. El señor LEAL (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 201. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 201, de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, y Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores De Urresti, Aguiló, Mulet, Duarte, Araya, Walker y Ojeda. “Considerando: Que la modalidad de contratación laboral del personal manipulador de alimentos que presta servicios a los concesionarios de contrato de suministro de raciones alimenticias de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) se ha presentado como un problema reiterado y presente en todo el territorio nacional, al interrumpirse la relación laboral durante enero y febrero de cada año, no obstante ser las concesiones por varios años; Que dicha interrupción, además de precarizar las condiciones de trabajo, significa un perjuicio en materia de seguridad social de los trabajadores, al no efectuarse las cotizaciones previsionales en dichos meses; Que algunos de los concesionarios suscriben contratos de trabajo por obra o faena con dicho personal, lo que conlleva un claro perjuicio en el ejercicio de sus derechos laborales, tanto individuales como colectivos. Al respecto, la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo ha señalado que, por el período regular escolar, de marzo a diciembre, se estaría frente a contratos de plazo fijo y no por obra. A partir de ello, podría sostenerse que estos contratos serían susceptibles de presumirse de duración indefinida o de transformarse por ministerio de la ley en dicho tipo de contratos, siempre que se cumplan los requisitos que establece al respecto el Código del Trabajo; Que las bases administrativas de las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y sus correspondientes bases técnicas contemplan normas de contenido laboral sobre el personal manipulador de alimentos, y Que, en las licitaciones, la inclusión de cláusulas laborales que garanticen ciertos estándares y evite trabajos precarios en actividades económicas lucrativas financiadas con recursos públicos debiera ser un criterio a aplicar cada vez más ampliamente por la administración. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de sus facultades, adopte las medidas necesarias para que se incorpore en las bases de las futuras licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) la exigencia de que los contratos de trabajo a que den lugar dichos servicios se suscriban con el carácter de indefinidos.” El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, a través del proyecto de acuerdo se solicita a su excelencia la Presidenta de la República que, en uso de sus facultades, adopte las medidas necesarias para que se incorpore en las bases de las futuras licitaciones del programa de alimentación escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, la exigencia de que los contratos de trabajo de las manipuladoras de alimentos se suscriban con el carácter de indefinidos. Hoy, en el fondo, son temporeras de la manipulación de alimentos, pero, en virtud de la ley de subcontratación, de los derechos laborales y, además, del hecho que haya una mujer en la presidencia de la República, deben tener un contrato de trabajo indefinido. La Junaeb, en forma subsidiaria, debe velar para que la subcontratación de estas trabajadoras sea acorde con los derechos que hemos establecido. Por eso, esperamos que la mayoría de los diputados y diputadas aprueben el proyecto de acuerdo para regularizar la contratación de las manipuladoras de alimentos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, con las diputadas Sepúlveda y Goic hemos propuesto este proyecto de acuerdo porque las contrataciones de las manipuladoras de alimentos se hacen sobre la base de los contratos entre la Junaeb y las distintas empresas que licitan el suministro de alimentos para los alumnos de los diferentes recintos escolares. Hoy, los contratos de trabajo de miles de mujeres las dejan en precarias condiciones. Su situación es de sumo abuso a lo largo de Chile. Como se propone en el proyecto de acuerdo, esperamos que los contratos de trabajo de las manipuladoras de alimentos sean indefinidos, aunque laboren diez meses en el año, ya que durante los dos meses de vacaciones se suspende su actividad. Además, los sueldos que reciben son realmente irrisorios. Por eso, queremos que la Junaeb procure que las licitaciones con las distintas empresas, que son las que en definitiva suministran los alimentos y contratan a las trabajadoras, se hagan sobre la base de estándares de trabajo decentes. Esperamos que el proyecto de acuerdo tenga el respaldo de la Sala y, sobre todo, sea acogido por el Ejecutivo. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Como ya lo han apoyado dos señoras diputadas, con la venia de la Sala, tiene la palabra el diputado Kast. El señor KAST.- Señor Presidente, el problema de las subcontrataciones lo hemos planteado distintos parlamentarios. Sólo refleja que el Estado, en general, es un mal empleador. En todos los ámbitos hay buenos y malos. Por eso, cuando se apunta con el dedo a determinados empresarios hay que tener mucho cuidado, porque en Chile el peor empleador, y se reconoce en este proyecto de acuerdo, es el Estado. Su presentación es incongruente con lo que se ha dicho en los meses anteriores sobre la subcontratación. ¿Quién es el mayor subcontratador en Chile? El Estado. Ahora, ¿quién es el que más infringe la subcontratación? El propio Estado. Por eso, me sumo a la solicitud para que las manipuladoras de alimento tengan un contrato indefinido. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. CREACIÓN DE COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA EJECUCIÓN DE CONCLUSIONES DE LOS COMITÉS DE EXPERTOS SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 202, de las señoras Goic, doña Carolina, y Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Venegas, don Mario; Araya, Díaz, don Eduardo; Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag y Vallespín. “Considerando: Que, en promedio, según un estudio del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (Cemera), entre 1993 y 2003, más de mil niños nacieron, cada año, de madres menores de catorce años de edad; Que, en Chile, hay seiscientas treinta mil niñas, entre quince y diecinueve años de edad. De ese total, entre setenta y setenta y cinco mil están embarazadas, pero sólo quince mil adolescentes embarazadas están estudiando, el resto permanece fuera del sistema escolar; Que, de acuerdo con los análisis de Cemera, el parto de una madre menor de catorce años de edad es diez veces más costoso que el de una mujer de veinticinco; Que, en este tipo de casos, hay una alta probabilidad de que la muchacha tenga otro hijo(a) antes de que cumpla los veinte años de edad, posiblemente de padre distinto; Que la maternidad no puede convertirse en un elemento de iniquidad social. Hoy, en Cerrillos, se registran más de treinta y cinco partos de menores de catorce años de edad que en Vitacura; Que, para muchas familias, en las circunstancias actuales, el nacimiento de un niño puede significar un desafío inesperado para superar la pobreza. Esto, además del hecho que la maternidad temprana puede obstaculizar la educación; Que este fenómeno coadyuva al aumento de abortos. En el libro ‘Aborto inducido’, la antropóloga Mónica Weisner relata que las mujeres más pobres, generalmente de zonas rurales, con menos educación, pero, sobre todo, con menos acceso a información sobre otras prácticas baratas y menos riesgosas, se introducen alambres, crochés, cucharas, ganchos de ropa, lápices, palillos y hasta tallos de perejil, con el propósito de perder un hijo no deseado. El dolor físico es insoportable, la hemorragia e infección seguras y los peligros llegan a la muerte. Según Rosa Espínola, la coordinadora nacional del Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, en las poblaciones periféricas urbanas se recurre a fármacos abortivos y al uso de sondas que se introducen por la vulva, ya sea para hacer un lavado uterino con elementos tóxicos como detergentes, o para dejarla instalada unos días (introducen la sonda y la parte que queda fuera se amarra al muslo), con el fin de perforar el útero, provocar dilatación y la expulsión ‘espontánea’ del feto; Que, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), el 10% de las muertes maternas son por abortos realizados en pésimas condiciones sanitarias y de bioseguridad; Que, en 2005, el Ministro de Educación, don Sergio Bitar, anunció un Plan Nacional de Educación Sexual y Afectividad. La iniciativa contempla capacitación a los docentes y apoyo a las familias para que acompañen a los niños, las niñas y los jóvenes en su formación sexual y afectiva. En una primera etapa, ciento cuarenta mil familias recibirán orientación sobre desarrollo sexual de los niños desde Primero Básico a Cuarto Medio. Entre 2005 y 2006, se capacitará a cuatro mil profesores y cuatro mil quinientas educadoras de párvulos recibirán material de apoyo. Asimismo, se distribuirán a los establecimientos escolares veinte mil ejemplares de una publicación para apoyar el tratamiento de la sexualidad en el aula; Que el plan anunciado se basa en las propuestas de una comisión de personalidades, que trabajó en 2004, para evaluar las políticas ya implementadas en esta área; Que, en conjunto con el Ministerio de Justicia, se está desarrollando una Campaña de Prevención del Abuso Sexual Infantil en escuelas y, con el Ministerio de Salud, se está distribuyendo en los liceos material de prevención del VIH (Sida); Que, no obstante valorar estos esfuerzos, es necesaria la intervención de un cuerpo interministerial que aborde ampliamente el fenómeno del embarazo adolescente de manera oportuna y con visión de equidad social, etaria, de género, multisectorial, y con énfasis éticos, bioéticos y deontológicos requeridos para el logro de un consenso social al respecto, y Que, para ello, se precisa la participación no sólo de los Ministerios de Educación y de Justicia, sino también del de Salud, del Instituto Nacional de la Juventud, del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), de la Comisión Nacional del Sida (Conasida), entre otros organismos pertinentes. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la creación de una Comisión Interministerial para la ejecución de las conclusiones de los Comités de Expertos sobre Educación Sexual de 1993 y 2005, conformada por los Ministerios de Educación, de Justicia, de Salud, Instituto Nacional de la Juventud, Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), y Comisión Nacional del Sida (Conasida), para efectos de prevenir el embarazo no deseado de menores de edad por los medios más idóneos, sin reñir con la ética reproductiva.” El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Mario Venegas. El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, en representación de los estimados colegas que lo firman, quiero señalar que el fundamento de este proyecto de acuerdo se encuentra en estudios realizados por el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, Cemera, que señalan que entre 1993 y 2003 nacieron en nuestro país, cada año, más de mil niños de madres menores de 14 años; que en Chile hay 630 mil niñas entre 15 y 19 años de edad, que de ese total, entre 70 y 75 mil están embarazadas; que de entre estas últimas, sólo 15 mil están estudiando; que el resto está o permanece fuera del sistema escolar, que llegado el momento del parto de una menor de 14 años, éste es diez veces más costoso que el de una mujer de 25 años; que otros antecedentes indican que la probabilidad de ocurrencia de un nuevo embarazo en estas adolescentes es bastante alto, que se generan una serie de efectos negativos e inconvenientes respecto de estas madres y que se han hecho esfuerzos sobre la materia, a lo largo de estos años, por distintos estamentos, entre ellos el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. En 1993 se planteó un programa de educación en sexualidad y afectividad. El ministro de Educación, señor Bitar, en 1995 hizo presente, también, la necesidad de realizar un esfuerzo en esta materia. Se llegó a una serie de conclusiones, en el sentido de buscar una comisión de personalidades que se diera el trabajo de sugerir un conjunto de proposiciones para abordar esta delicada materia. No obstante valorar estos esfuerzos, creemos necesaria la intervención de un cuerpo interministerial que aborde de manera más amplia el fenómeno del embarazo adolescente, en forma oportuna y con visión de equidad social, etárea, de género, multisectorial y con énfasis éticos. Se requiere un consenso social al respecto que permita programas que efectivamente apunten a la reducción de este hecho. Por eso planteamos la creación de una comisión interministerial que aborde y haga proposiciones concretas sobre esta materia tan importante. A nuestro juicio, en esa comisión deben participar representantes de los ministerios de Educación, de Justicia, de Salud; del Instituto Nacional de la Juventud, de Conasida, del Servicio Nacional de la Mujer, para diseñar políticas que apunten a la prevención de embarazos no deseados en adolescentes. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, la sociedad chilena necesita este proyecto. En la actualidad, el Estado debe impulsar políticas públicas sobre sexualidad. La sociedad moderna requiere de políticas públicas amplias en ese sentido: en educación, en salud, en embarazo adolescente, en el Sida, en la paternidad responsable; en materias de cultura, porque, hoy, el cuerpo y la sexualidad están implícitos en la cultura, en la forma cómo se expresan en la sociedad. Este proyecto es muy importante y deberemos hacerle un seguimiento. Creo que va a ser aprobado por esta Cámara para que se constituya la comisión interministerial y surjan políticas públicas que permitan efectivamente que nuestra juventud, la sociedad en su conjunto, goce de una sexualidad sana no sólo en cuanto a la reproductividad, sino también en relación con la satisfacción del cuerpo y del individuo. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, es fundamental abordar este tema en una comisión interministerial, puesto que, desde hace años, le estamos haciendo el quite. Precisamente, en 1995, en la Comisión de Familia, planteamos este tema a los ministros de Educación, de Salud y del Sernam, y de ahí surgió el primer programa de educación sexual. Ahora, el comité de expertos existe y quien tiene que implementar esto es el Ministerio de Educación. Crear una comisión interministerial, más allá de lo que se habló en dicho comité, retrasa una medida importantísima. Además, quiero que se me explique el significado de la frase final del acuerdo “por los medios más idóneos sin reñir con la ética reproductiva.” No me cabe duda de que las recomendaciones del comité de expertos y lo que debe hacer el Ministerio de Educación en la materia no está reñido con ninguna ética reproductiva. Aquí no hay una definición clara; sólo un prejuzgamiento que no me parece aceptable y por eso no voy a votar a favor del proyecto. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo N° 202. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Espinosa Monardes Marcos; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Meza Moncada Fernando; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Uriarte Herrera Gonzalo; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Pascal Allende Denise; Saa Díaz María Antonieta. Se abstuvieron los diputados señores: Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Girardi Briere Guido. VII. INCIDENTES CALIFICACIÓN DE URGENCIA A PROYECTO DE LEY SOBRE PARIDAD DE GÉNERO. Oficios. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, el martes 24 de octubre de este año todos los parlamentarios de la Octava Región fuimos invitados a un diálogo ciudadano con trescientas mujeres por eso me refiero en forma especial a las diecisiete colegas que forman parte de este poder del Estado cuyo tema principal fue “Paridad de género y democracia en Chile.” Obviamente, nos sentimos halagados ante ese auditorio de mujeres de esfuerzo, hermosas, bellas, que han dado mucho por la región. Estuvimos presentes con la colega diputada Clemira Pacheco. Intervinimos acerca de lo que pensábamos sobre la paridad, de la que en todas las campañas se habla, pero en los hechos, no se avanza mucho. Lamento que solamente llegáramos dos parlamentarios. Allí tomé el compromiso siempre trato de cumplir con mi palabra de apoyar cualquier iniciativa a favor de la igualdad de género, el ejercicio pleno de los derechos de la mujer. Por lo demás, me siento orgulloso de que desde el 11 de marzo de este año, por primera vez, una mujer, la doctora Michelle Bachelet, sea Presidenta de la República. Durante estos años hemos avanzado bastante para hacer valer los derechos de las mujeres en el trabajo, en la familia, en el acceso a bienes, a salud, a educación, a vivienda; para protegerla de la violencia intrafamiliar. En especial, me pareció excelente la señal que dieron la Presidenta y el ministro de Hacienda en el sentido de aumentar el presupuesto del Servicio Nacional de la Mujer, para 2007, en 17,5 por ciento. Es un incremento considerable en relación con este año. Pero también es una señal potente que, en los hechos, en la realidad, queremos caminar hacia la paridad de género. Eso quedó demostrado cuando se anunció la constitución del Gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet. Allí, con cincuenta por ciento de ministras quedó demostrado que las mujeres, en todas las áreas del Estado, pueden exhibir condiciones, sentido de responsabilidad y eficiencia. En política también hemos avanzado. En el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, se inició un proceso de mayor incorporación de la mujer a los puestos de alta dirección. Fue el caso de la primera ministra de su gabinete, hoy senadora y presidenta de mi partido, Soledad Alvear. Además, fue la primera cancillera de nuestro país. Ella, como ministra de la Mujer y, luego, como ministra de Justicia, ayudó a promover decisivamente la agenda pro igualdad de la mujer, que la culminó la actual Presidenta, doctora Michelle Bachelet. Siento orgullo cuando recuerdo que en el Congreso Pleno, cuando se ratificó la reforma constitucional que consagró la igualdad del hombre y la mujer, fundamenté mi voto como reconocimiento al género, recordando que tuvieron que pasar 140 años de vida republicana para que la mujer tuviera derecho a voto. Pienso que no está en nosotros esperar otros 140 años más para avanzar en igualdad. Sé que el tema de la representación igualitaria de hombres y mujeres no es fácil; ni siquiera existe consenso en los partidos de la Concertación. Sin embargo, debemos caminar hacia la paridad administrativa, que se instaura a través del ejercicio de la voluntad política de la Presidenta, erigiéndose como expresión y símbolo de una democracia que también guarda un lugar para las mujeres y les dice que su anhelo de participación es posible. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Cedaw, nos pide garantizar a las mujeres la igualdad de condiciones para votar y para ser elegidas, a participar en la formulación de políticas públicas y a ocupar cargos públicos. Felizmente, cada vez son más quienes se abren a la idea de contar con instrumentos activos de promoción de la mujer en materia política, para así construir países más justos, inclusivos e igualitarios. Considero que la mujer es discriminada en la política, especialmente en los cargos de representación popular. El jueves 13 de marzo de 2003 ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover el derecho de las mujeres a participar el la vida pública nacional. No puede ser que, a la fecha, todavía esté en la Comisión de Familia, en su primer trámite constitucional; ya pasó por la Comisión de Gobierno Interior. Esto es una mala señal para la mujer chilena. Por eso, y por el compromiso que adquirí en ese encuentro con 300 mujeres líderes en Concepción, en mi nombre y en el de la diputada señora Clemira Pacheco, pido al Ejecutivo dar urgencia a ese proyecto de ley y así demostraremos, en los hechos, que estamos por la igualdad de género. Asimismo, pido que mi intervención se haga llegar a la ministra de Planificación Nacional, señora Clarisa Hardy; a la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz; a la directora regional de ese servicio en la Octava Región, señora Rina Oñate, y por ese intermedio a todas las agrupaciones que participaron en el diálogo ciudadano realizado el 24 de octubre de 2006, en mi ciudad de Concepción. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE REENCUESTAJE CON FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL. Oficio. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas, quien podrá hacer uso también de los minutos que le ha cedido el Partido Socialista. El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, agradezco a los colegas del Partido Socialista el tiempo que me han cedido. Deseo manifestar mi preocupación por un hecho que puede tener efectos muy negativos. Hace unos meses, un grupo de diputados democratacristianos, junto a otros colegas, planteamos la necesidad de modificar la encuesta de caracterización socioeconómica, conocida como encuesta CAS II. El Gobierno, a través del Ministerio de Planificación y Cooperación, abordó nuestro planteamiento y hoy tenemos la nueva ficha de protección social. Dentro del cronograma anunciado por la ministra de Mideplan para la nueva ficha, el reencuestaje del, aproximadamente, millón y medio de familias se iniciaría en noviembre del presente año. Ya estamos a 9 de noviembre, y de acuerdo con conversaciones sostenidas con funcionarios y alcaldes de distintos municipios de mi distrito, aún no se han adoptado las medidas necesarias para que el reencuestaje se realice dentro de los plazos establecidos. Por otra parte, tengo una preocupación personal, surgida de conversaciones con los funcionarios de las distintas direcciones de desarrollo comunal, Didecos. Me plantearon que el refichaje de familias, de realizarse entre noviembre y abril del próximo año, podría provocar distorsiones en la información que debe contener la ficha de protección social. Durante esos meses, en muchas regiones se inician los trabajos temporales, asociados a distintas actividades agrícolas; en el caso nuestro, frutícolas. Si el reencuestaje se hace en esa época, muchas de las mujeres jefas de hogar se van a encontrar temporalmente trabajando. Por tanto, su situación socioeconómica podría aparecer favorecida respecto de lo que ocurre a partir de mayo en adelante y durante el resto del año, que es cuando, normalmente, están sin trabajo, realidad que explica la existencia de programas especiales de empleo que implementa el Gobierno. Esa situación podría quitar objetividad al pronóstico, cuando se pretende hacer mayor justicia en la asignación de los subsidios estatales dirigidos a las familias más modestas y necesitadas. Por eso, pido que se oficie a la ministra de Planificación y Cooperación para que nos indique la fecha de inicio del proceso con la nueva ficha de protección social y para que considere la inquietud planteada, a fin de que, de ser posible, el reencuestaje de familias de regiones agrícolas se realice en una época más adecuada. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. FELICITACIONES A DIRIGENTES DEL CLUB DE DEPORTES ÑUBLENSE POR SU ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN DEL FÚTBOL PROFESIONAL. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, cuando hace un par de meses rendí homenaje en este hemiciclo al Club de Deportes Ñublense por haber cumplido 90 años de existencia, señalé que gracias al excelente momento por el que pasaba, tanto en lo institucional como en lo técnico, esperaba que ascendiera a la Primera División A, para que los chillanejos y ñublensinos pudieran disfrutar con la visita de los clubes más importantes de nuestro país. Felizmente, se ha dado ese hecho, porque Ñublense ya se encuentra en la Primera División A, después de haber cumplido un excelente trabajo, como señalé, en lo institucional, con don Sergio Zarzar, como presidente, y con una directiva muy afiatada con el cuerpo técnico y, lo que es más importante, con la gran barra oficial “Los diablos rojos”. Podemos estar tranquilos, satisfechos y optimistas de que Ñublense permanecerá en Primera División y que no le ocurrirá lo que le sucedió en las décadas del 70 y del 80. Tenemos esa confianza porque el 27 de octubre, previo al partido tan trascendental de Ñublense con San Felipe que le permitió ascender, participé en una asamblea de socios en la que se dio a conocer que, gracias a la ley que aprobamos sobre clubes deportivos, hoy día nuestro Ñublense ha pasado a ser Club de Deportes Ñublense S.A., con un capital de 413 millones de pesos; pero, lo que es más importante, con un gran capital humano. Me siento contento y optimista por la forma en que logró el ascenso a Primera División A, así como tranquilo y confiado por el excelente trabajo que realizó Ñublense y por haberse convertido en el Club de Deportes Ñublense S.A. También quiero en esta oportunidad reiterar mis mejores deseos de éxito a don Sergio Zarzar, quien ha dejado la presidencia del Club de Deportes Ñublense para asumir un cargo en el nuevo directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, con don Harold Mayne Nicholls, motivo por el cual presidirá el club don Leonardo Cusacovich. Señor Presidente, lo que señalé con mucho optimismo hace dos meses, felizmente se ha cumplido, ya que el Club de Deportes Ñublense está en Primera División A, con una gran hinchada, que tiene uno de los mejores promedios de asistencia del fútbol nacional. Por ese motivo, en mi condición de diputado por el distrito 41, Chillán Viejo, Pinto, Coihueco, San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay, y de ex gobernador de Ñuble, hago llegar mis saludos, deseos de éxito y felicitaciones a don Sergio Zarzar y a don Leonardo Cusacovich en sus nuevas actividades. Solicito que mi intervención sea enviada al Club de Deportes Ñublense. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que estamos alzando la mano. En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE FACTURAS FALSAS Y LISTADO DE QUERELLAS POR DELITOS TRIBUTARIOS. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Alfonso Vargas. El señor VARGAS.- Señor Presidente, la opinión pública ha conocido los hechos relativos a Chiledeportes y a las facturas ideológicamente falsas de la empresa Publicam, así como la actuación del Servicio de Impuestos Internos en esta materia. El Servicio de Impuestos Internos ha tenido una intachable trayectoria durante mucho tiempo. Sus funcionarios han sido muchas veces ejemplos para el país. Sin embargo, pareciera que existe una tendencia a politizarlo. Cuando estalla el caso de Chiledeportes y de las facturas ideológicamente falsas, no se conoce ninguna actuación del Servicio de Impuestos Internos en esta materia, a pesar de que ya tenía bloqueada a Publicam desde hacía meses. El Servicio sólo se querella después del emplazamiento de Sebastián Piñera y de Lily Pérez. Tengo antecedentes de que el Servicio de Impuestos Internos no actúa cuando se trata de delitos vinculados a personeros de la Concertación. En efecto, tengo aquí copia de la denuncia por delitos tributarios que hice en noviembre de 2005 relacionados con facturas y boletas falsas en los casos MOPGate, MOPCiade y MOPIdecon, respecto de los cuales los fallos de los ministros señores Aránguiz y Rivera y señora Chevesich acreditaron el uso de facturas y boletas ideológicamente falsas para el cobro y pago de asesorías y servicios que no se realizaron. Tengo aquí la resolución N° 33, mediante la cual el Servicio de Impuestos Internos respondió mi denuncia, la que, en resumen, señala que en todos los casos se ha procedido al cobro de las diferencias de los impuestos adeudados. En consecuencia, ante hechos gravísimos que afectan directamente a funcionarios y empresas vinculadas a la Concertación, el Servicio de Impuestos Internos no entabla querella alguna y sólo procede al cobro de estos impuestos. Es decir, ante iguales hechos, dicho Servicio entabla querellas según sea el contribuyente. Anuncio la presentación de un proyecto de ley lo hicimos hace pocos instantes para solicitar que se sustituya el texto de la letra g) del artículo 7° del DFL N° 7, de 1980, a fin de que esas situaciones no se sigan repitiendo. Por lo tanto, pido que se oficie al director nacional del Servicio de Impuestos Internos para que informe cuántos casos de facturas falsas conoció dicho Servicio entre 2005 y 2006, cuántos se acreditaron, en cuántos se entabló querella criminal, y también para que envíe el listado de querellas por delitos tributarios presentadas por el Servicio entre 2005 y 2006. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Kast. CARTA A PARTIDOS COMUNISTA Y SOCIALISTA DE CHILE EN EL 50° ANIVERSARIO DEL LEVANTAMIENTO EN HUNGRÍA, CONTRA LA UNIÓN SOVIÉTICA. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El Comité de Renovación Nacional cede el tiempo que le resta al Comité de la UDI. Tiene la palabra el honorable diputado señor José Antonio Kast. El señor KAST.- Señor Presidente, agradezco al Comité de Renovación Nacional por cederme su tiempo. Hace 50 años, en Hungría murieron cerca de 3 mil personas, fueron recluidas 22 mil y se exiliaron 200 mil. Fueron sólo dos semanas en que el pueblo húngaro se levantó contra el régimen soviético. ¿Qué buscaban los jóvenes que iniciaron el levantamiento? Libertad y democracia. Hoy, a 50 años de esos sucesos, se ha recibido copia de la carta enviada por nueve historiadores chilenos a los Partidos Comunista y Socialista y que quiero leer en esta Sala. Es de esperar que esos historiadores reciban respuesta. Por ello, solicito que se envíe copia de ella a todos los diputados miembros del Partido Socialista. El texto es el siguiente: “Carta abierta a los Partidos Comunista de Chile, Socialista de Chile y a los dirigentes actuales y pasados de esas colectividades. “Considerando: El reconocimiento constante de los Partidos Comunista de Chile y Socialista de Chile al marxismo como ideología y como metodología de intervención en la sociedad. El apoyo constante de los Partidos Comunista de Chile y Socialista de Chile a la fenecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a las llamadas Democracias Populares que estuvieron bajo su dominio y, en general, a los procesos de construcción de sociedades basadas en la ideología y en la praxis marxista. La brutal represión de que fuera objeto el pueblo húngaro hace exactamente 50 años, cuando intentó liberarse de la tiranía comunista, atentando a la dignidad humana y a la libertad de los pueblos que los partidos mencionados intentan hacer olvidar. La oportunidad histórica que se abre hoy, a 50 años de esos dramáticos sucesos, para que quienes formaron parte o siguen militando en esos partidos reconozcan los graves crímenes de la URSS y de sus aliados en el siglo XX, entre los cuales se cuenta el sangriento aplastamiento del Levantamiento Húngaro en 1956. “Emplazamos a los destinatarios de esta carta a: Reconocer oficialmente que pertenecen o pertenecieron a organizaciones que apoyaron el brutal aplastamiento del pueblo húngaro en octubre y noviembre de 1956, acción perpetrada por el Ejército de la URSS. Pedir perdón por los crímenes cometidos por la URSS y por la policía secreta húngara contra ese pueblo, antes, durante y después del levantamiento, así como pedir perdón por el apoyo manifestado a esa acción represiva. Declarar que reniegan del leninismo, del gramscismo y de cualquier otra vertiente marxista, como ideología y como praxis para enfrentar el debate y la competencia democrática, ya que reconocen que sus métodos y fines son contrarios a la dignidad humana. Ofrecer al pueblo de Chile sus disculpas por haber intentado implantar en nuestra Patria entre 1970 y 1973 un régimen similar al que martirizó a Hungría durante casi 45 años, intento agravado por el hecho de haber estado plenamente conscientes de los crímenes cometidos hasta ese momento por la URSS y por otros Estados totalitarios en Europa, Asia, América y Africa. “Santiago, 23 de octubre de 2006.” Firman: Christian Amengual S., Jaime Etchepare J., Cristián Larraguibel S., Gonzalo Letelier W., M. Antonio Orellana V., Gonzalo Rojas S., Sergio Salas F., Jorge Soto V., Guillermo Toledo. Como planteé, solicito que se envíe copia de esta intervención a los miembros del Partido Socialista. Creo que a 50 años de lo que ocurrió en Hungría bien vale la pena dejar en actas de la Corporación la carta escrita por dichos historiadores. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará copia de su intervención al Presidente del Partido Socialista. Por haber cumplido su objetivo, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 13.36. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA Moción de los diputados señores Escobar, De Urresti, Encina, Jiménez, Monsalve, Montes, Rossi, Silber, Sule, y de la diputada señora Rubilar, doña Karla. Modifica el artículo 175 del Código Procesal Penal con el objeto de extender a los diputados y senadores la obligación de denunciar delitos de que tomen conocimiento. (boletín Nº 465707) CONSIDERACIONES GENERALES. El principio de probidad impone a los titulares de funciones públicas obligaciones respecto de su propio actuar al ejercer su función. Sin embargo, nuestra legislación impone a los funcionarios públicos la responsabilidad de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, en materia penal, imponiéndoles la obligación de denunciar ante las autoridad competente de los delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. El artículo 175 del Código Procesal penal que impone a las personas allí mencionadas la obligación de denunciar Art. 175. Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: a)Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones; b)Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos; c)Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción o de carga, los capitanes de naves o de aeronaves comerciales que naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial, respectivamente, y los conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que se cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave; d)Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito, y e)Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. Al cumplir esta obligación, se da inicio al procedimiento de investigación de un hecho que revistiere caracteres de delito, rol que en los delitos de acción pública corresponde ejercer de oficio al ministerio público, previa denuncia o querella de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 172 del Código Procesal Penal. Conviene recordar que las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. Del análisis de la norma legal antes citada se advierte que las personas allí mencionada ostentan cargos de responsabilidad y que, en atención a los mismos, se encuentran en un imperativo de cumplir con la obligación que la ley establece para el caso que se configure una situación que haga obligatorio el deber de denunciar un delito. Ahora bien, los parlamentarios, por la compleja naturaleza de sus funciones se encuentran en condiciones de tomar conocimiento de la comisión de hechos que constituyan delitos, en particular de acción pública y, en atención a la importancia de su función y también en aras de la probidad debieran estar obligados también a dar cumplimiento a la obligación de efectuar la denuncia pertinente. Por tanto, En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de le ley Nº 18.918, en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados, vengo en presentar el siguiente PROYECTO DE LEY. 1.Sustitúyese el punto y coma al final de la letra b) del artículo 175 por un punto seguido y a continuación agrégase la siguiente frase: “La misma obligación tendrán los diputados y senadores en ejercicio.” 5.Moción de los diputados señores Jaramillo, Montes, Quintana y Tuma. Modifica la ley N° 15.231 prohibiendo a los jueces de policía local, el libre ejercicio de la profesión. (boletín Nº 465807) “Vistos: Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República; la ley N° 15.231, lo prevenido por la Ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Considerando: Que los jueces letrados de policía local, conforme a su regulación orgánica, contendida en la ley N° 15.231, no tienen mayor incompatibilidad respecto de su función, como no sea la patrocinar causas, actuar como apoderado o como perito en los asuntos que conozcan tales tribunales. En otras palabras, fuera de no estarles permitido litigar ante los juzgados de policía local, pueden hacerlo ante cualquier otro tribunal de la República y, en general, les está permitido ejercer libremente la profesión de abogado. Que lo anterior tiene una explicación histórica referida a que los jueces de policía local conocían de muy pocas materias, muy específicas y restringidas, asociándoseles en particular con las contravenciones a la ley del tránsito. Se trata, desde otro punto de vista, de jueces que no pertenecen al poder ejecutivo, sino que dependen de la administración comunal, y sólo para los efectos correccionales y administrativos, se encuentran sujetos a la superintendencia de las Cortes de Apelaciones, sin perjuicio de que éstas conocen también de los recursos de apelación respecto de procesos tramitados en primera instancia ante dichos jueces. Con todo, lo cierto es que a un juez de policía local, al no formar parte del Poder Judicial, le está vetada la posibilidad de hacer carrera funcionaria. Que, por las razones expuestas, se creía necesario compensar, de cierta manera, la labor, casi de tipo social que realizaban estos jueces, permitiéndoles ejercer libremente su profesión de abogado, lo cual era perfectamente compatible, al menos en términos horarios, ya que tradicionalmente los juzgados de policía local sólo funcionan media jornada. Se debe considerar también, que los sueldos de estos jueces, dependiendo de la comuna en que sirven sus cargos, nunca destacaron por ser atractivos. Que la situación de la judicatura de policía local ha ido variando paulatina y considerablemente. Los jueces ya no sólo conocen de contravenciones a la ley del tránsito, y unas pocas otras materias, sino que tienen, al día de hoy, una competencia amplísima. Ha sido este mismo Poder Legislativo el que ha ido asignándoles lo que muchos califican como una competencia residual, lo que es cierto, si analizamos en detalle las materias sometidas a la competencia de los jueces de policía local que deben conocer, cuales son: 1.- De las infracciones a las normas que regulan el transporte público por calles y caminos, y el tránsito público. En esta materia existen numerosas disposiciones, siendo la más importante la Ley de Tránsito Nº 18.290, y numerosos decretos del Ministerio de Transporte. 2.- Regulación de daños y perjuicios ocasionados en accidentes de tránsito. 3.- De las infracciones a las ordenanzas, Reglamentos y Decretos Municipales. 4.- Infracciones al D.F.L. 458 del Ministerio de la Vivienda, sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones. (Diario oficial del 13.04.76). 5.- Infracciones al D.L. 3063, sobre Rentas Municipales. 6.- Infracciones a la Ley 19.496, sobre Protección a los derechos de los Consumidores. 7.- Infracciones a la Ley 19.537 (diario oficial del 16.12.97) Ley de Copropiedad Inmobiliaria. 8.- Infracciones a la Ley 18.700 (diario oficial del 06.05.88) Ley orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. 9.Infracciones a la ley 19.419 (diario oficial del 09.10.95) sobre Tabacos y Cigarrillos. 10.- D.L. 701 (diario oficial del 28.10.74), modificado por el D.L. 2565 (diario oficial del 03.04.96) sobre Fomento Forestal. 11.- D.S. 4363, publicado en el diario oficial del 30.06.31, sobre Ley de Bosques. 12.- Infracciones a la Ley 18.119 (19.05.82) sobre conexiones o empalmes clandestinos a matrices o arranques de agua potable o alcantarillado. 13.- Infracciones a la Ley 19.303 (diario oficial del 31.04.94) sobre vigilantes privados. 14.- Infracciones a la Ley 19.284 (diario oficial del 14.01.94) sobre discriminación de discapacitados. 15.- Infracciones a la Ley 19.040 (15.01.91) sobre Buses contaminantes y Decreto 116 del Ministerio de Transportes de 1992 (diario oficial del 26.06.92) 16.- Infracciones a la Ley 18.892, sólo en lo que se refiere a Pesca Deportiva. 17.- Infracciones a la Ley 13.937, sobre letreros indicativos de nombres de calles. 18.- Infracciones a la Ley que Crea Comisión de Energía Nuclear. 19.- Infracciones al artículo 2 del Decreto Supremo Nº 158 de 1980, del Ministerio de Obras Públicas, sobre mantención de Pavimentos y Pesajes de Camiones, publicada en el diario oficial de 26.07.93. 20.- Infracciones a la Ley de Educación Primaria Obligatoria. 21.- Infracciones a la ley 19.846 (diario oficial del 04.01.03) sobre calificación cinematográfica. 22.- Decreto con Fuerza de Ley 216, del 15 de Mayo de 1931, sobre registro de empadronamiento vecinal. 23.- Infracciones sobre Vagancia y Mendicidad. Párrafo 13 del título VI del Libre II del Código Penal, salvo lo prescrito en la letra d) del número 2 del artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales, respecto de estos delitos que se cometan en la ciudad en que tenga su asiento el tribunal. 24.- Ley de Alcoholes Nº 18.814. Infracción a los artículos 114 y 117, consumo alcohol en la vía pública y manifiesto estado de ebriedad (15.07.02) 25.- Infracciones a la Ley 7.889, sobre ventas de boletos de la Lotería y Polla de Beneficencia. 26.- Infracciones a los artículos 5,6,10,12 de la Ley 5.172, sobre espectáculos públicos diversiones y carreras. 27.- Infracciones a la Ley 4.023 sobre guía de libre tránsito. 28.- Infracciones a la Ley 4.061 sobre Caza (diario oficial 18.06.29), modificada por D.L.2.319 (diario oficial del 04.09.78) 29.- Infracciones al D.L.539 (diario oficial 28.06.74) que establece normas sobre reajustabilidad y pago de dividendos de deudas habitacionales, modifica Ley 17.663. 30.- Infracciones al D.F.L. 1 (diario oficial del 12.02.79) deroga D.Nº 20 de 1964 y lo reemplaza por las disposiciones que indica. Combustible. 31.- Infracciones ..132 (diario oficial del 10.11.79) Normas técnicas y de calidad y procedimiento de control aplicable al petróleo crudo, a los combustibles derivados de este y a cualquier otra clase de combustible. 32.- Infracciones al D.L. 2.974 (diario oficial del 19.12.79). establece normas sobre crédito que otorguen a pequeños empresarios agrícolas y relativos a prenda agraria. 33.- Infracciones al D.L. 3.516 (diario oficial del 13.12.80) Normas sobre división de predios rústicos. 34.- Infracciones al D.S.226 sobre Registros de Seguridad para instalaciones y locales de almacenamiento de combustibles (diario oficial del 06.08.82). 35.- Infracciones al D.F.L. Nº 5 que Fija el texto refundido coordinado y sistematizado del D.F.L. Nº 34 de 1931, que legisla sobre la Industria Pesquera y sus derivados (diario oficial del 15.11.83). 36.- Infracciones a la Ley 18.278 (diario oficial del 12.01.84) Modifica D.L.206/60 Ley de Caminos. 37.- Infracciones a la Ley 18.348 (Diario oficial del 10.10.84) Crea Corporación Nacional Forestal y la Protección de recursos Naturales Renovables. 38.- Infracciones a la Ley 18.362 (diario oficial del 27.12.84) Crea un sistema Nacional de áreas verdes silvestres protegidas del Estado. 39.- Infracciones a la Ley 18.450 (diario oficial del 30.10.85) Aprueba normas para el Fomento de la inversión privada en Obras de riego y drenaje. 40.- Infracciones a la Ley 18.735 modificada por la Ley 18.118 que regula las actividades de los Martilleros Públicos. 41.- Infracción a la Ley 18.690 sobre almacenes Generales de Depósito. 42.- Infracción a la Ley 19.779 que da competencia a los Juzgados de Policía Local para conocer conductas de discriminación a los enfermos de SIDA. 43.- Ley 19.680. Fuegos Artificiales (diario oficial 25.05.00) y 44.- D.F.L. 216 de 15.05.1931. Salvoconductos en mudanzas. Modificado por la Ley Nº 19.866. Que lo anterior, en otro orden de cosas, ha significado mejorar necesariamente las remuneraciones de los jueces de policía local, pues, como hemos señalado, han aumentado considerablemente la carga de su trabajo. En este sentido se publicó la ley N° 20.008, que significó aumentar en nada menos que un 30 por ciento las remuneraciones de los jueces de policía local. Que de lo expuesto fluyen con toda claridad dos ideas: que la carga laboral de los jueces de policía local es muy abundante, y que se les remunera adecuadamente. Que los jueces de policía local que ejercen libremente la profesión de abogado, lo hacen, las más de las veces, en el mismo territorio jurisdiccional en que ejercen sus competencias, lo que significa, sobre todo en el caso de aquellos que litigan, que se relacionan, en calidad de colitigantes, con los mismos abogados que luego defienden causas en sus tribunales, lo que les resta imparcialidad y aún hace recelar de una correcta administración de justicia. Que, por las razones esgrimidas, nos parece lógico y oportuno, prohibir, de un modo absoluto a los Jueces de policía local, como así también a los Secretarios abogados, que puedan ejercer la profesión de abogado, sin perjuicio de la defensa de sus propios derechos o la de sus parientes próximos, como hijos, cónyuge, hermanos o padres, como se encuentra establecido en el Código Orgánico de Tribunales, normas a las cuales nos parece debemos realizar un reenvío. Por lo tanto, Los diputados que suscriben vienen en someter a la consideración de este honorable Congreso Nacional el siguiente, PROYECTO DE LEY Artículo 1.- Remplazase el inciso 4 del Artículo 5° de la Ley N° 15.231, por el siguiente. “Será aplicable a los jueces letrados de policía local y a los secretarios abogados de los mismos tribunales, lo dispuesto en los artículos 316 y 317 del Código Orgánico de Tribunales” Artículo 2.- La presente ley regirá desde el día de su publicación. Con todo, los jueces y secretarios que actualmente se encontraren patrocinando causas, podrán continuar haciéndolo hasta el término del proceso, pero no podrán continuar actuando como mandatarios sino por el plazo de 6 meses”. Moción de los diputados señores Jaramillo, Escobar, Martínez, Pérez, Sabag, y de la diputada señora Soto, doña Laura. Modifica el inciso segundo del artículo 994 del Código Civil, en materia de indignidad para suceder por causa de muerte, que afecta a los padres del causante cuya filiación fue determinada con la oposición del padre o madre. (boletín Nº 465907) “Vistos: Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; el Código Civil, lo prevenido por la Ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Considerando: Que, conforme al sistema de nuestro Código Civil, una persona para suceder por causa de muerte a un difunto requiere ser capaz y digna. La capacidad es la aptitud legal para ser asignatario existir, por ejemplo. En tanto, la dignidad, puesto que se adquiere a título gratuito, es el mérito para ser asignatario, es decir, haber conservado para con el causante una conducta que no sea reprochable, como por ejemplo, no haber atentado contra su vida, o la de sus familiares, o en contra de su honor o sus bienes. Reuniéndose estos dos requisitos, tratándose de sucesiones intestadas, una persona puede suceder a otra. Que dentro del catálogo de indignidades que consulta nuestra legislación, fuera de las cuales no hay otras, nos encontramos con aquella establecida en el artículo 994 inciso 2°, conforme a la cual, se hacen indignos de suceder abintestato los padres del causante si la paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente contra su oposición, salvo que mediare el denominado reestablecimiento, que consiste en el perdón que el hijo realiza de la conducta, ya sea por escritura pública una vez alcanzada su mayoría de edad, o por acto testamentario. Tal norma, conforme a su tenor literal, tan claro que no deja lugar a otras reglas de interpretación, no sólo declara indigno al progenitor que se opone a la filiación, sino que a ambos padres, lo que desde luego nos parece vulnera el principio de la responsabilidad por el hecho propio. Y nos preguntamos con toda la razón del mundo ¿por qué se hace indigna de suceder una madre, en circunstancias por ejemplo que ella asumió su maternidad y el que la negó fue el padre y no ella? ¿es justo? La respuesta no puede ser más obvia, y es que de ninguna manera podemos castigar a uno de los padres por la culpa del otro, más cuando, de común ocurrencia, entre ellos fuera de un acto sexual, con las consecuencias que conocemos no existe vínculo jurídico que los ligue. Que, desde otro punto de vista, la norma ya referida plantea otros inconvenientes, como quiera que desde la perspectiva procesal, es legítimo oponer excepciones a una demanda, o si se quiere, con menos intensidad, simplemente guardar silencio, y ocurre que la ley convierte a estas facultades legítimas de un demandado en una acción reprochable. El mensaje es: “señor: si usted no se allana y acepta la demanda, en el futuro será indigno”, y la pregunta de este señor, para la que adelanto no hay respuesta, es “¿y qué pasa si realmente no es mi hijo? Pareciera que la norma es demasiado rigurosa, pues ni siquiera permite lugar a las legítimas dudas, como se advierte. Que, según se ha visto, son dos los inconvenientes que plantea la norma: el primero, y a nuestro juicio el más descollante, la sanción que se impone al padre que no tiene culpa; y la segunda, la sanción también, que se impone a un demandado que legítimamente hace uso de su derecho a defensa, o simplemente calla, caso en el cual se entiende negar los hechos. Tanto para uno como para otro tenemos solución, la cual consiste en modificar la redacción de este inciso 2° del artículo 994, de modo que sólo el padre que se ha opuesto a la determinación de la filiación sufra las consecuencias perniciosas de sus actos aquí conectamos con la otra parte del problema y proponemos que se declare la indignidad en la misma sentencia que declara la filiación, pues nadie mejor que el juez que conoce de la causa, puede apreciar de mejor forma si la oposición tuvo motivo plausible o no lo tuvo. Entonces, sólo si se declara que no hubo motivo plausible para la defensa, se generará esta causal de indignidad. Finalmente, por aplicación de las normas generales, el proyecto, de convertirse en ley, regirá para lo futuro. Y como puede ocurrir que una sentencia ya pronunciada que se encuentre firme no contenga declaración alguna en el sentido propuesto, por haberse dictado antes de la entrada en vigencia de la ley, proponemos una norma que beneficia a los padres, no considerándolos indignos, cuando el demandado nada dijo y guardó silencio frente a la demanda, siempre que la sucesión no se haya abierto, pues de lo contrario, y con razón, esta modificación daría pie a acciones de petición de herencia, de reforma de testamento, y otras que, desde luego, no está en el ánimo de este proyecto que se generen, pues ante todo, debemos procurar la paz social. Que el proyecto que sometemos a la consideración parlamentaria no altera de modo alguno el ordenamiento jurídico y, por el contrario, viene a solucionar un inconveniente que en las escuelas de Derecho, año tras año, los profesores advierten a sus alumnos de un modo similar al que se ha expuesto a lo largo de estas consideraciones. Por lo tanto, Los diputados que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo Único .- Reemplazase el inciso 2° del artículo 994 del Código Civil por el siguiente “Si la filiación del causante ha sido determinada judicialmente, el padre o la madre, según sea que ésta o aquél quien se hubiere opuesto injustificadamente a la determinación, será indigno de suceder al causante, siempre que el juez que declaró la filiación consigne en su sentencia que no ha existido motivo plausible para oponerse, y en consecuencia la indignidad, sin perjuicio que mediare el restablecimiento a que se refiere el artículo 203.” Artículo transitorio.- En los procesos en que se hubiere pronunciado sentencias definitivas que se encuentren ejecutoriadas, en causas sobre determinación de filiación, respecto de causantes cuya sucesión no se hubiere abierto a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, no serán indignos de suceder al causante los padres en aquellos casos en que el demandado guardó silencio. Moción de los diputados señores Jaramillo, Ceroni, Jiménez y Núñez. Modifica la ley N° 18.700, estableciendo la sanción de pérdida del cargo para el candidato partícipe del delito de cohecho electoral. (boletín Nº 466006) “Vistos: La Constitución Política de la República en sus artículo 63 y 65, la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.. Considerando: Que el artículo 137 de la ley 18.700, de Votaciones Populares y Escrutinios, contempla el delito de cohecho, señalando que lo comete el que solicitare votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector”, castigando el delito con pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir de 61 días a 3 años. La pena accesoria que lleva además es la suspensión del cargo por el tiempo que dure la condena. Que el delito de cohecho posee la capacidad de socavar las bases del sistema democrático, en donde debe primar la voluntad de las mayorías expresadas por medio del voto libre, secreto e informado. En este caso, la voluntad de la mayoría puede verse burlada por medio de la emisión de un voto que carece de libertad, al verse compelido el elector cohechado a votar por el candidato que le señala quien le paga o promete y, a su vez, carece de secreto al ser controlada su votación por los mecanismos preestablecidos entre ambos autores. Que en la construcción del artículo 137 el legislador, al parecer, pensó que este delito lo cometía siempre un tercero no involucrado directamente en la disputa electoral, es decir, no un candidato sino que un adherente de un candidato o un miembro de la campaña, y no agravó las penas para el evento de que el autor del cohecho se viere directamente favorecido en la elección resultando electo y, por lo mismo, no estableció como sanción accesoria la pérdida del cargo por alterar la voluntad y confianza ciudadana en el funcionamiento del proceso electoral. Que a consecuencia de lo anterior, en la práctica se están produciendo casos en que se ha comprobado la participación en el delito de cohecho de candidatos que han resultado electos, que han sido condenados al mínimo de la pena, además remitida (61 días remitida), que han sido suspendidos por ese lapso y que luego de transcurrido el tiempo pueden volver a ocupar el cargo para el que fueron electos. Tal situación se ha producido por ejemplo en la Comuna de Pelluhue, donde la alcaldesa fue condenada por cohecho a 61 días de pena remitida, con suspensión de su cargo por el tiempo que dure la pena, luego de lo cual lo retomará. Sin nombrar el caso de la alcaldesa de Camarones en donde por un error del fiscal no se pudo llegar a condena por prescripción del delito lo que provocó el sobreseimiento de la causa. Que podemos ver que en los casos mencionados, luego de un largo proceso judicial, el candidato partícipe del delito resulta condenado, pero la pena accesoria es tan insignificante que, en definitiva, se produce el mismo efecto deseado por el candidato partícipe, es decir, luego de un corto tiempo de suspensión, puede seguir gozando del cargo de representación que obtuvo de manera dolosa. En otros términos, se produce uno de los efectos no deseados por el sistema penal chileno, que el delincuente se aproveche de su propio dolo. Lo cual en este caso resulta doblemente grave pues existe una burla flagrante a la voluntad soberana de la ciudadanía y a la confianza y transparencia en nuestro sistema electoral. Que por lo señalado creemos que urge una reforma al delito de cohecho contemplado en la ley de votaciones populares y escrutinios, estableciendo una pena accesoria para las personas que participaron del delito y que resultaron electas a causa del mismo, beneficiándose de la acción dolosa y vulnerando las bases del sistema democrático de representación, en este caso, el castigo no puede ser otro que la perdida de la calidad de representante ciudadano, para evitar de esta manera el aprovechamiento de los efectos del delito y para que la pena principal cumpla plenamente con su objetivo. Por lo tanto, El diputado que suscribe viene en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente PROYECTO DE LEY ARTÍCULO ÚNICO: incorpórese al artículo 137 de la ley N°18.700, de Votaciones Populares y Escrutinios, el siguiente inciso tercero: “Si se declarare culpable en calidad de autor de este delito alguno de los candidatos electos en la elección en que este se cometió, cesará en el correspondiente cargo de representación, sin perjuicio de las penas accesorias que correspondan”. Moción de las diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra, y Goic, doña Carolina, y de los diputados señores Araya; Díaz, don Eduardo; Mulet; Ojeda, Olivares, Sabag, Sepúlveda, don Roberto y Venegas, don Mario. Establece día feriado las fechas que indica como día de la iglesia evangélica. (boletín N° 466224) 1. Que la Constitución Política de la República dispone, en su artículo 1°, que el Estado está al servicio de la persona humana y que su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. 2. Que, asimismo, el Estado garantiza como derecho constitucional la libertad de culto, establecido en el art. 19 N° 6 de la Constitución Política de la República. 3. Que lo anterior implica adoptar medidas concretas que permitan que el ejercicio de un culto se desarrolle armónicamente, otorgando con ello oportunidades de crecimiento a cada uno de sus miembros. 4. Que la libertad de cultos, además, implica su ejercicio sin discriminaciones, lo que nos obliga a encarar el hecho de que la Iglesia Católica detenta los suyos. Sin embargo, la Iglesia evangélica no. 5. Que ello ha sido denunciado por diversos actores sociales, señalando que la actual Ley de Cultos, número 19.638, de 14 de Octubre de 1999, que “Establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas”, ha guardado un odioso silencio al respecto. 6.Que, en virtud de ello, creemos que es necesario establecer un feriado que convoque a la nación toda, para homenajear a la Iglesia Evangélica (fundación de la primera Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal), que funciona legalmente en la República desde hace décadas, con los beneficio sociales por todos conocidos Por lo anterior, venimos en presentar el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo único: “Declárase feriado nacional el día 12 de Septiembre o el día 31 de Octubre o cualquier otra fecha que sea decidida para el efecto y sea representativa de dicha Iglesia como el “Día de la Iglesia Evangélica”. Moción de los diputados señores Dittborn, Arenas, Egaña, Estay, Forni, Hernández, Melero, Recondo, Salaberry y Ward. Modifica el Código del Trabajo impidiendo descuentos indebidos en las remuneraciones de los trabajadores. (boletín N° 466313) 1. Que el Código del Trabajo señala taxativamente cuales son lo ítemes que pueden ser descontados de la remuneración del trabajador y expresa al respecto los siguientes: a) Los impuestos que las graven; b) Las cotizaciones de seguridad social; c) Las cuotas sindicales, de acuerdo a la ley; d) Las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos; e) Las cuotas correspondientes a dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas, y f)Las cantidades indicadas por el trabajador para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda abierta a su nombre en una institución financiera o en una cooperativa de vivienda, las que, en todo caso, no podrán exceder del 30% de la remuneración total del trabajador. Es necesario puntualizar que las deducciones obligatorias señaladas en las letras e) y f) precedentes, sólo operarán en tanto exista una petición escrita del trabajador en tal sentido. 2. Que, por otra parte, la norma laboral expresa en la misma forma perentoria: “Que el empleador no podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones por arriendo de habitación, luz, entrega de agua, uso de herramientas, entrega de medicinas, atención médica u otras prestaciones en especie, o por concepto de multas que no estén autorizadas en el reglamento interno de la empresa”. 3. Que, del precepto legal precedentemente transcrito se infiere, en primer término, que el legislador ha señalado taxativamente los descuentos que el empleador está obligado a efectuar de las remuneraciones de sus trabajadores y cuales descuentos son lícitos de efectuar. Sin embargo, en la práctica, existe un vació legal que posibilita que algunos empleadores efectúen descuentos distintos a los autorizados por la ley. Como ejemplo, en algunas estaciones de expendio de combustible, los concesionarios de éstos descuentan de la remuneración de sus trabajadores los cheques fraudulentos o no pagados por falta de fondos entregados como medio de pago en la carga de combustibles u otros asociados al servicio, siendo que ha sido el propio concesionario el que ha aceptado y asumido el riesgo de aceptar esté medio de pago, por lo que sin duda no es lícito que dicho riesgo se traslade a su trabajador. PROYECTO DE LEY Para modificar el inciso 3° del artículo 58 del Código del Trabajo en el siguiente sentido: Artículo único: “El empleador no podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones por arriendo de habitación, luz, entrega de agua, uso de herramienta, entrega de medicinas, atención médica, por no pago de documentos mercantiles robados o fraudulentos aceptados por el empleador como medio de pago u otras prestaciones en especie, o por concepto de multas que no estén autorizadas en el reglamento interno de la empresa”. Moción de los diputados señores Montes, Ascencio, Burgos, Ceroni, Encina, Escobar, García, Jarpa y Lorenzini. Prohíbe que personas naturales o sociedades vinculadas a la seguridad social, a la prestación de suministros domiciliarios y al sector financiero hagan donaciones electorales. (boletín N° 466406) “Vistos: Lo dispuesto en los artículo 1°, 19° y 63° numeral 20° de la Constitución Política de la República y en la Ley N° 19.884. Considerando: 1. Que la ley N° 19.884, sobre transparencia, control y límites al gasto electoral, estableció normas destinadas al financiamiento público de las campañas políticas y fijó las modalidades y procedimientos para el otorgamiento de aportes privados a partidos y candidatos. 2. Que, asimismo, dichas disposiciones precisan las prohibiciones existentes en esta materia, destinadas a evitar influencias indebidas y colusión de intereses entre los aportantes y las futuras autoridades. 3. Que la experiencia de funcionamiento de las normas vigentes, caracterizada por una nula transparencia en el origen de los fondos, constituye un negativo precedente. 4. Que de lo anterior fluye la necesidad de reformular diversos aspectos de la ley, como lo referido al límite de aportes reservados y anónimos, a las facultades de los organismos revisores de cuentas y, muy especialmente, a la inconveniencia de los aportes empresariales a las postulaciones. 5. Que este último fue un tema debatido durante el trámite legislativo, prosperando, en definitiva la opinión favorable a aceptarlos. 6. Que, en subsidio de retomar esa discusión en un sentido general, surge la necesidad de, a lo menos, avanzar en limitar la posibilidad de que donen recursos a las campañas electorales entidades que por su naturaleza y fines se encuentran con mayor rigor sujetas a la fiscalización del sector público y sus regulaciones. 7.Que entre ellas se encuentran las Instituciones de Salud Previsional, Isapres; las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP; las empresas concesionarias de servicio, públicos de electricidad, agua potable y alcantarillado y de telecomunicaciones, en sus diversos aspectos y aquéllas vinculadas al sector bancario y financiero. Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo 1°.- Incorpórese en el Párrafo 4° del Título 2° de la ley 19.884, el siguiente artículo 27 bis: “No podrán efectuar aporte alguno a partidos o candidatos, sea directa o indirectamente: a) Las sociedades anónimas a que hace referencia el artículo 23 del Decreto Ley 3500 de 1980; b) Las personas naturales o jurídicas registradas como Instituciones de Salud Previsional ante la Superintendencia respectiva, según lo dispone el artículo 23 de la Ley 18.933; c) Las personas naturales o jurídicas concesionarias de servicios públicos de generación, transmisión y distribución eléctrica; d)Las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la producción, transporte, distribución o suministro de gas, descritas en el numeral 2 del artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley 323, de 1931, Ley General de Servicios de Gas; e) Las sociedades anónimas concesionarias de servicio público de telecomunicaciones; f) Las sociedades anónimas concesionarias de servicios de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas; y g) Las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. A la misma prohibición estarán afectos sus directores, gerentes, administradores y representantes; sus socios o accionistas, sean personas naturales o jurídicas; las personas que tengan respecto de unos y otros la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive y las sociedades de las que tales sociedades o las personas señaladas en forma precedente formen parte. Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en el párrafo 5°, la infracción a la prohibición constituirá una infracción grave al servicio o actividad respectiva y será sancionada, en tal calidad, por el organismo encargado de su fiscalización.” Moción de los diputados señores Montes, Ascencio, Burgos, Ceroni, Encina, García, Jarpa y Lorenzini, que interpreta la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Interpreta la ley orgánica constitucional de Municipalidades y modifica la ley N° 19.754, con el objeto de mejorar el funcionamiento de los comités de bienestar y fortalecer los derechos de sus afiliados. (boletín N° 466506) “Vistos: Lo dispuesto en el artículo 1° y 118° de la Constitución Política de la República, en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y en la Ley 19.754. Considerando: 1. Que la Ley N° 19.754 facultó a los municipios del país para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios y cargas familiares, lo que constituye un importante avance en beneficio de estos trabajadores. 2. Que transcurridos ya cinco años de funcionamiento de estos Comités, bajo la regulación de dichas normas, pueden sacarse algunas conclusiones sobre la necesidad de modificarlas con el objeto de mejorar su funcionamiento y fortalecer los derechos de los afiliados. 3. Que, en lo particular, consideramos la necesidad de enmendar tres situaciones, a saber: a. Facultar expresamente a los alcaldes para delegar en los Presidentes de los Comités de Bienestar la suscripción de convenios. En esta materia, creemos que es muy importante dotar a estos organismos de mayor agilidad en sus quehaceres, evitando que sus decisiones se entorpezcan por las dificultades propias de la mecánica de Ios municipios. Para ello resulta suficiente interpretar las actuales disposiciones legales, con el objeto de clarificar que tal delegación resulta jurídicamente posible. En efecto, el artículo 9° de la Ley 19.754 dispone que “Las municipalidades podrán celebrar convenios con entidades públicas o privadas, con el propósito de mejorar el nivel de atención y el de las prestaciones que sus servicios de bienestar otorguen a sus afiliados.” Por su parte, el artículo 63 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2006 señala como atribuciones de los alcaldes, entre otras, las siguientes: “a) Representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad;” “j) Delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones exclusivas en funcionarios de su dependencia o en los delegados que designe, salvo las contempladas en las letras c) y d). Igualmente podrá delegar la facultad para firmar, bajo la fórmula “por orden del alcalde”, sobre materias específicas;” De las disposiciones expuestas cabría desprender que pudiendo las municipalidades suscribir convenios para el otorgamiento de prestaciones de bienestar, ellas deben ser suscritas por el alcalde, quien es su representante legal, encontrándose éste facultado para delegar tal atribución en virtud de la letra j) del artículo 63 al no constituir una de aquéllas materias en que tal traspaso de funciones se encuentra prohibida. Sin embargo, dicha interpretación amerita ser precisada claramente con el objeto de evitar reparos administrativos y jurídicos, siendo la vía legal el mecanismo más idóneo y seguro para ello. b) Incorporar un sistema de contabilidad de partida doble que facilite la información de los afiliados. El artículo 10° de la Ley 19.754 dispone, en su inciso final, la existencia de medidas destinadas a una eficiente y correcta administración de los recursos, como son la existencia de un presupuesto y un balance anual. Ello supone, implícitamente, pero en forma imprescindible, la necesidad de disponer de una contabilidad que respalde ambos documentos. Creemos indispensable precisarlas, incorporando la denominada contabilidad de partida doble, más fiable y clara, tendiente a que el común de los afiliados pueda comprender perfectamente el origen y destino de ingresos y gastos. Nos parece que no se está agregando obligaciones nuevas, sino sólo particularizando la forma contable de llegar a los elementos ya solicitados por el texto legal. c) Establecer normas especiales para la enajenación o gravamen de bienes pertenecientes al bienestar. No cabe ninguna duda que, tal como ocurre con los sindicatos, la parte más importante y significativa para los afiliados del patrimonio de la organización está constituida por sus bienes inmuebles, especialmente cuando ellos están destinados a su disfrute social o recreativo. Considerando lo anterior, la ley 20.057, acaba de incorporar al Código del Trabajo ciertos resguardos para evitar que ellos sean enajenados o gravados en forma inconsulta o inconveniente, disminuyendo el patrimonio social. Resulta enteramente equiparable la situación y muy aconsejable la aplicación de normas similares. Por lo anterior, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo 1°.- “Declárese interpretando las normas respectivas, que los alcaldes, en virtud de lo dispuesto en las letras a) y j) del artículo 63° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2006 del Ministerio del Interior, se encuentran facultados para delegar en los Presidentes de los Comités de Bienestar su representación de las municipalidades, con el objeto de suscribir los convenios a que hace referencia el artículo 9° de la Ley 19.754.” Artículo 2°.- Modifíquese el artículo 10° de la Ley 19.754, de la forma que sigue: a. Incorpórese, en su inciso tercero, la siguiente parte final: “Sin embargo, los acuerdos relativos a los bienes adquiridos con recursos del bienestar, deberán someterse., además, a lo dispuesto en los incisos tercero al sexto del artículo 257 del Código del Trabajo.” Agréguese, en su inciso sexto, la siguiente parte final: “Dicho balance deberá respaldase en un sistema contable de partida doble.”