REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 60ª, en miércoles 9 de agosto de 2006
(Ordinaria, de 10.39 a 14.35 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; Pérez Arriagada, don José, y Burgos Varela, don Jorge.
Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don José Miguel,y Hales Dib, don Patricio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE

I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.ORDEN DEL DÍA
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
VII.INCIDENTES
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
Remisión de proyecto a Comisión de Derechos Humanos12
Autorización a comisión especial investigadora para funcionar simultáneamente con la Sala12
Cambio en la Tabla. Acuerdo de Comité12
V.Orden del Día. 
Bono extraordinario a exonerados. Primer trámite constitucional13
Normativa sobre responsabilidad fiscal. Tercer trámite constitucional35
VI.Proyectos de acuerdo.
Institución del Día del Comerciante de Ferias Libres y urgencia a proyecto sobre administración de este comercio41
Creación de fondo de desarrollo para regiones pisqueras44
Salvaguardia ante importación de harina y marco tributario específico para pequeños agricultores47
VII.Incidentes.
Homenaje en memoria del empresario don Reinerio Iraira Barriga50
Aumento de recursos para programas de pavimentación básica rural en Sexta Región. Oficio51
Construcción de segundo puente Antivero, en San Fernando. Oficios51
Construcción de bermas en ruta BollenarMallarauco, en comuna de Melipilla. Oficios52
Mejoramiento de canales de riego en provincia del Biobío. Oficios52
Antecedentes sobre extravío de instrumentos con componentes radioactivos en Sexta Región. Oficio53
Respuestas de Chile a consultas del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Cedaw. Oficios54
Trabajos para evitar desborde de canal Papen, en Chiguayante. Oficios56
Antecedentes sobre dependencia de programas de generación de empleo. Oficios57
Reconocimiento a las medidas adoptadas por el Subsecretario de Pesca sobre respeto de zonas exclusivas de pesca. Oficios58
Alcances sobre construcción de puente en el Canal de Chacao.59
Pág.
Antecedentes relacionados con muerte de cinco trabajadores chilenos en Portugal. Oficio60
Interrupción de faenas en construcción de camino Selva Oscura, en comuna de Victoria. Oficio60
Reforzamiento de maquinaria de despeje y destinación de recursos para comunas de la región de La Araucanía. Oficios60
Promesas no cumplidas por gobiernos de la Concertación61
VIII.Documentos de la Cuenta. 
1.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que introduce modificaciones al decreto ley N° 3.475, de 1980, que contiene la ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas. (boletín N° 436905)63
2.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha rechazado las modificaciones introducidas al proyecto que “modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar”, por lo que corresponde la formación de una Comisión Mixta para resolver las discrepancias producidas. (boletín N° 323513)63
3.Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, con “discusión inmediata”, sobre responsabilidad fiscal. (boletín N° 400005)64
4.Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que concede un bono extraordinario a los exonerados por motivos políticos que indica. (boletín N° 439505)76
5.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Aedo, Bertolino, Errázuriz, García, kast, Verdugo, y de la diputada señora Valcarce, doña Ximena, que modifica el artículo 472, del Código Penal, con el objeto de sancionar con mayor drasticidad el delito de usura. (boletín N° 440507)82
6.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Errázuriz, Olivares y Sabag, que establece gratuidad por certificados de sentencia ejecutoriada para limpiar antecedentes en casos que indica. (boletín N° 440607)84
7.Oficio de la Excma Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto que modifica el artículo 141, del Código Civil, con el objeto de evitar el entrabamiento a la libre enajenación de bienes raíces que indica. (boletín N° 4217079)84
8.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia del requerimiento de inaplicabilidad, como las resoluciones dictadas en los autos Rol N° 5332006, en la causa sobre desafuero al Senador Nelson Ávila Contreras, seguidos en la Corte de Apelaciones de Santiago, rol de ingreso N° 7.714200686
9.Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia dictada el 27 de julio próximo pasado, en los autos Rol 
N° 4802006, relativos al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulado por Ibener S. A. con Superintendencia de Electricidad y Combustibles97


IX.Otros documentos de la Cuenta. 

1.Certificado médico.
Certificado médico acompañado por el diputado señor Correa de la Cerda por el cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 10 días a contar del 7 de agosto en curso. 
2.Oficios.
De la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día miércoles 9 de agosto en curso de 11 a 13 horas para continuar la discusión del proyecto, con urgencia “simple”, que establece una subvención preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables. Boletín N° 4030. 
De la Comisión Especial Investigadora por Avisaje del Estado por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como presidente al diputado señor Enriquez-Ominami. 
De la Comisión Especial Investigadora por Avisaje del Estado mediante el cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala los días jueves de 12,30 a 14 horas. 
De la Comisión de la Cultura y las Artes por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para que se le remitan los proyectos que a continuación se indican, los cuales se encuentran en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación: 
a)Modifica la composición del jurado que otorga Premios Nacionales. Boletín N° 231004; 
b)Modifica la ley N° 19.169, que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales. Boletín N° 258204; 
c)Autoriza erigir un monumento en Valparaíso, en memoria del dibujante don Renzo Pecchenino Raggi, “Lukas”. Boletín N° 304004; 
d)Modifica la ley N° 19.169, en lo relativo a la composición del jurado que otorga el premio Nacional de Periodismo. Boletín N° 306704; 
e)Establece erigir un monumento a la cueca como danza nacional, en la comuna de Arica. Boletín N° 308204; 
f)Autoriza la construcción de un monumento en memoria del artista Roberto Matta Echaurren. Boletín N° 322504; 
g)Autoriza la erección de un monumento en Rancagua en memoria de don Oscar Castro Zúñiga. Boletín N° 328404; 
h)Sobre emblemas nacionales. Boletín N° 335904; 
i)Establece que los libros y otros materiales educativos decomisados sean destinados a instituciones culturales y educacionales pagando éstas el derecho de autor. Boletín N° 353804; 
j)Autoriza la construcción de un monumento. Archivo y museo en memoria del geógrafo don Juan Steffen Hoffman. Boletín N° 354504; 
k)Establece la obligatoriedad de música folclórica al inicio de las transmisiones de medios de radiodifusión. Boletín N° 368404; 
l)Lugar donde se erigirá el monumento en memoria de Pablo Neruda, a que se refiere la ley N° 19.871; 
m)Modifica la ley N° 19.169, que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales, integrando al jurado un miembro del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Boletín N° 3900.04; 
n)Fija edad mínima para obtener algún Premio Nacional. Boletín N° 398104
ñ)Declara Día Nacional de la Biblia. Boletín N° 402004, y 
o)Declara como Día Nacional de la Biblia el primer domingo del mes de septiembre de cada año. Boletín N° 417804. 
Ministerio de Relaciones Exteriores:
Diputado Alvarado, solicita medidas frente a la política discriminatoria del Gobierno argentino. 
Ministerio de Agricultura:
Diputado Jaramillo, preocupación de productores de leche por fusión de Nestlé y Soprole, (asociación económica con Nueva Zelanda). 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
Diputado Jaramillo, aumento de cupos de programas de empleo del gobierno en comunas del distrito 54. 
Ministerio del Transportes y Telecomunicaciones:
Diputado Farías, fiscalización a servicios de reclamos que ofrecen grandes empresas telefónicas. (especialmente empresa Telefónica de Chile). 
Municipalidad de Lampa:
Diputado Silber, información detallada sobre proyecto de aguas servidas del denominado Zudoc Larapinta, de la comuna de Lampa. 
Municipalidad de San Felipe:
Diputado Núñez, retraso en proyecto de construcción de nuevo consultorio de salud familiar en comuna de San Felipe. 
Municipalidad de San Nicolás
Diputado Monkeberg, don Nicolás, medidas para limpiar cauce del canal Lilahue.


I. ASISTENCIA

Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Aguiló Melo, Sergio
--Alinco Bustos, René
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--Enríquez-Ominami, Gumucio Marco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--Goic Boroevic, Carolina
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Herrera Silva, Amelia
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende Denise
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Rubilar Barahona, Karla
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Villalobos, Jorge
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Soto González, Laura
--Sule Fernando, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
Asistieron, además, los ministros de Hacienda, señor Andrés Velasco; y de la Secretaría General de la Presidencia, señora Paulina Veloso. 
Concurrieron, también, los senadores Camilo Escalona y Hernán Larraín.


II. APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.39 horas. 
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. 


III. ACTAS

El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 55ª se declara aprobada. 
El acta de la sesión 56ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. 


IV. CUENTA

El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. 
El señor LEAL (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.
El señor FORNI.- Señor Presidente, en relación con el punto N° 7 de la Cuenta, junto con felicitar al presidente de la Comisión especial investigadora de avisaje del Estado por su nombramiento, quiero pedirle que se reestudie su horario de sesiones, pues los jueves entre las 13.00 y las 14.00 horas casi siempre hay votación en la Sala, por lo que tendríamos que suspender el trabajo, y se trata de que todos participemos en esa importante instancia.
El señor LEAL (Presidente).- Dado que es una solicitud de la propia Comisión, le haré llegar la inquietud del señor diputado para que ella decida el asunto.
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, como sabemos, esta Comisión es de reciente creación y, aunque todos sus integrantes tenemos el mayor interés por participar, nuestro horario está cubierto con las otras comisiones, de las que también somos parte. Así, el jueves es el único día disponible.
Es probable que la Comisión pueda revisar el horario y empezar un poco más temprano, porque en eso tiene razón el diputado señor Forni: su funcionamiento se va a topar con la votación de la Sala. Pero sí dejarla para el día jueves, porque su trabajo es absolutamente incompatible con las otras comisiones de los martes y miércoles.
El señor LEAL (Presidente).- La propia Comisión debe proponer a la Mesa si hace alguna modificación.
Terminada la Cuenta.
El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación para sesionar simultáneamente con la Sala hoy, miércoles 9 de agosto, de 11.00 a 13.00 horas, a fin de continuar la discusión del proyecto, con urgencia simple, que establece una subvención preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero consultarle acerca del audio, porque cada vez se oye menos. Me gustaría saber cuándo se va a cambiar.
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, se escucha mucho mejor que antes.
El señor MONTES.- El único que se escucha bien es usted, Presidente.
El señor LEAL (Presidente).- Pero le quiero informar que el 1° de septiembre comienza a funcionar el nuevo audio y la Sala informatizada.
El señor MONTES.- ¿Va a quedar en la versión esa fecha?
El señor LEAL (Presidente).- Sí, señor diputado. Incluso, vamos a suspender el día jueves 24 porque se necesitan doce días para hacer las instalaciones. La Mesa tiene todo previsto.


REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, en el punto N° 10 de la Cuenta se informa que será enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el proyecto que establece gratuidad por certificados de sentencia ejecutoriada para limpiar antecedentes en casos que indica.
Solicito recabar el acuerdo de la Sala para que sea enviado a la Comisión de Derechos Humanos, pues, en caso contrario, va a dormir el sueño de los justos.
El señor LEAL (Presidente).- ¿Habría acuerdo para trasladar el proyecto mencionado por el diputado señor Errázuriz de la Comisión de Constitución a la de Derechos Humanos, a fin de agilizar su tramitación?
Acordado. 


AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA PARA FUNCIONAR SIMULTÁNEMENTE CON LA SALA. 

El señor LEAL (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud de la Comisión Especial investigadora por avisaje del Estado, para sesionar simultáneamente con la Sala los días jueves, de 12.30 a 14, con las consideraciones que aquí se hicieron?
Acordado.


CAMBIO EN LA TABLA. Acuerdo de Comité.

El señor LORENZINI.- Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, me parece que la presencia del ministro de Hacienda es esencial para tratar las modificaciones del Senado al proyecto sobre responsabilidad fiscal, que figura en primer lugar del Orden del Día, porque sin su presencia habría un diálogo de sordos. 
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, la Cámara citó al ministro en cumplimiento de su cometido.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, como jefe de la bancada democratacristiana, solicito que cite a reunión de Comités. 
El señor LEAL (Presidente).- Llamo a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor LEAL (Presidente).- Continúa la sesión.
Señores diputados, por acuerdo de los jefes de los Comités y dado que el ministro de Hacienda llegará pronto a la Cámara de Diputados, se ha decidido alterar el orden de la Tabla y tratar, en primer lugar, el proyecto, en primer trámite constitucional, que dice relación con el otorgamiento de un bono extraordinario a los exonerados políticos.


V. ORDEN DEL DÍA


BONO EXTRAORDINARIO A EXONERADOS. Primer trámite constitucional.

El señor LEAL (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que concede un bono extraordinario a los exonerados por motivos políticos.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Von Mühlenbrock.
Antecedentes:
Mensaje, boletín N° 439505, sesión 57ª, en 3 de agosto de 2006. Documentos de la cuenta N° 1.
Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 4, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, el proyecto concede un bono extraordinario a los exonerados por motivos políticos.
Constancias previas.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial y previamente a su análisis de fondo y forma, lo siguiente:
1°Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe es conceder un bono extraordinario a los exonerados por motivos políticos que indica;
2°Que el articulado de esta iniciativa no contiene disposiciones calificadas de orgánica constitucionales o de quórum calificado, y
3°Que el proyecto fue aprobado en general con el voto favorable de los diputados señores Becker, Insunza, Lorenzini, Montes, Ortiz, Robles, Súnico, Tuma y Von Mühlenbrock.
Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, los señores Julio Valladares, subdirector de Racionalización y Función Pública, y Hernán Moya, asesor, ambos de la Dirección de Presupuestos, y el señor César Andrés Suárez, asesor del ministro del Interior.
Concurrió, además, el señor Fernando Vargas, en representación del Comando de Exonerados de Chile A.G.
Antecedentes generales.
La ley N° 19.234 y sus posteriores modificaciones concedieron a quienes fueron exonerados por motivos políticos, durante el lapso comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, si cumplían las condiciones que allí se señalaban, el derecho a solicitar del Presidente de la República abonos de años de afiliación y beneficios de pensiones no contributivas, por gracia.
Se argumenta en el mensaje que, no obstante que la intención del legislador fue que todos los trabajadores exonerados con derecho a pensión no contributiva recibieran iguales beneficios cuando se encontraren en situación equivalente, en la práctica se ha constatado que, en lo relativo a las pensiones señaladas, se han producido diferencias. Estas diferencias derivan de distintos factores, entre los cuales se puede mencionar que los trabajadores identificados en el inciso tercero del artículo 12 de la ley N° 19.234, esto es los ex trabajadores del sector privado y de las empresas autónomas del Estado, conceptos ambos señalados en el artículo 3° de la ley citada, perciben pensiones no contributivas inferiores a las de los ex trabajadores exonerados del sector público, aun cuando percibieran idénticas remuneraciones. Ello se explica porque el proyecto que dio origen a la ley N° 19.234 se concibió originalmente para reparar sólo a los funcionarios públicos, por lo que la regulación para el cálculo de las pensiones se hizo en función a sus remuneraciones, tomando como base la escala de remuneraciones de ese sector. Sin embargo, durante su tramitación se amplió a los trabajadores exonerados del sector privado y de empresas autónomas del Estado. Con el objeto de no introducir un sistema distinto, se utilizó para los exonerados del sector privado el mismo procedimiento de cálculo. Ello significó que muchos exonerados del referido sector obtuvieron pensiones inferiores a las que les hubiesen correspondido de haberse establecido un mecanismo propio de cálculo.
Por otra parte, se indica en dichos antecedentes que se ha constatado que, dentro de los exonerados del sector privado y de empresas autónomas del Estado, la mayor diferenciación se produce respecto de aquéllos que fueron exonerados en el primer período del gobierno militar. Esto justificaría el otorgamiento de un beneficio compensatorio sólo a ellos. Como resulta necesario establecer una fecha precisa de corte, se ha determinado que la fecha adecuada es el 29 de septiembre de 1975, momento en que entró en vigencia el artículo 9° del decreto ley 
N° 1.123, de 1975, que dispuso el reemplazo de la moneda oficial.
El Ejecutivo, consciente de las diferencias antedichas, en conjunto con los afectados, concordó el otorgamiento del bono extraordinario que concede el proyecto de ley. Dicho acuerdo fue el resultado de un proceso de diálogo iniciado el segundo semestre de 2005, cuando se conformó una comisión de trabajo integrada por representantes de los ministerios del Interior y de Hacienda y del Comando de Exonerados de Chile A.G.
Del trabajo de esta comisión surgió un acta de acuerdo suscrita, entre otros, por el ministro del Interior y el presidente del Comando Exonerados de Chile A.G., el 8 de marzo de 2006, donde se acordó que el Ejecutivo elaboraría un proyecto de ley para conceder un bono extraordinario a los exonerados a que se refiere el inciso tercero del artículo 12 de la ley N° 19.234.
Se hace presente que este proyecto de ley, que recoge el acuerdo suscrito con el Comando referido, satisface sus peticiones y reemplaza cualquiera otra estipulación, pacto o compromiso otorgados o contraídos con anterioridad, referidos a las mismas materias sobre las que se prestó consentimiento en el acta precitada. 
Disposiciones legales que se relacionan con el proyecto.
La ley N° 19.234, de 1993, que establece beneficios previsionales por gracia a personas exoneradas por motivos políticos en el lapso que indica y autoriza al Instituto de Normalización Previsional para transigir extrajudicialmente en las situaciones que señala.
El inciso primero del artículo 4° de la ley N° 20.083, relativo al incremento de los recursos en lo equivalente al mayor gasto.
Contenido del proyecto.
Se concede un bono extraordinario, determinando el universo de beneficiarios con derecho a recibirlo, el plazo para solicitarlo y la forma de pago.
Para ser beneficiario de la norma es necesario cumplir con varios requisitos. 
En primer lugar, ser ex trabajador del sector privado y de empresas autónomas del Estado. 
En segundo lugar, haber sido exonerado por motivos políticos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 29 de septiembre de 1975. 
En tercer lugar, haber obtenido pensión no contributiva, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 12 de la ley 
N° 19.234, o ser beneficiario de pensión de sobrevivencia originada en esa pensión no contributiva. Esas personas tienen que haber percibido la referida pensión al 28 de febrero de 2005 y al momento de solicitar el bono extraordinario.
El proyecto señala expresamente que no tienen derecho al bono extraordinario aquellos beneficiarios de pensión no contributiva que se hubiesen acogido a las presunciones establecidas en el artículo 28 del reglamento de la ley N° 19.234, contenido en el decreto supremo N° 39 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1999, en virtud de las cuales perciban pensiones no contributivas, calculadas en función a sueldos base de la escala única de sueldos del sector público vigentes a la fecha indicada, correspondientes a grados superiores al 2°.
El plazo para presentar la solicitud es dentro del año siguiente a la fecha de publicación de esta ley.
En cuanto a la forma de pago, habiéndose acreditado los requisitos para acceder al mismo, el bono se paga en su totalidad y en un solo acto durante el mes subsiguiente de cumplidas las condiciones precedentes, de acuerdo a un cronograma.
Enseguida, el proyecto estatuye diversos tramos de bono para diferentes grupos de exonerados y faculta a la Presidenta de la República para que, dentro del plazo de diez meses, contado desde la publicación de la ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establezca los montos de los bonos correspondientes a cada uno de los tramos.
Asimismo, el proyecto establece que un reglamento regulará la forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de este bono extraordinario y los procedimientos y demás normas necesarias para su concesión y pago. Señala, también, que el reglamento regulará el orden de prelación y un cronograma para el pago del bono.
A continuación, el proyecto precisa el costo total máximo de los bonos que se concedan, el que no podrá exceder de 22.866 millones de pesos.
Finalmente, el proyecto indica el financiamiento del mayor gasto que represente esta ley.
Antecedentes presupuestarios o financieros.
El informe financiero de la Dirección de Presupuestos, de fecha 2 de agosto de 2006, precisa que el bono se pagará en su totalidad en un solo acto por el Instituto de Normalización Previsional, en el mes subsiguiente de acreditados los requisitos para acceder al beneficio, junto a la pensión no contributiva correspondiente a ese mes.
El costo total de los bonos que se concedan no podrá exceder de 22.866 millones de pesos, correspondiendo pagar, en 2006, un monto máximo de 11.433 millones de pesos y, durante el año siguiente de publicada la ley, el remanente de dichos bonos.
Discusión general y particular.
En el debate de la Comisión, el señor Julio Valladares explicó los alcances principales del proyecto, destacando que los beneficios se pagarían por mitades, una el 2006 y la otra el 2007. Precisó que el monto unitario del bono extraordinario alcanzaría la suma de tres millones de pesos.
El señor Fernando Vargas manifestó su conformidad con el proyecto en informe y planteó su inquietud respecto a que se diera cumplimiento al pago correspondiente durante el presente año.
El artículo 2° fue rechazado por 1 voto a favor y 8 votos en contra.
Los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6° y transitorio fueron aprobados por 9 votos a favor.
Todo lo anterior fue acordado en sesión de fecha 8 de agosto de 2006, con la asistencia de los diputados señores Lorenzini (Presidente); Becker, Dittborn, Insunza, Montes, Ortiz, Robles, Súnico, Tuma, y de quien habla. 
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, estimados colegas, señoras y señores integrantes del Comando Nacional de Exonerados:
En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno de la Presidenta Bachelet el envío de este proyecto, porque ha sido un viejo anhelo de los exonerados políticos.
Esta materia la hemos discutido, al menos, con representantes de tres gobiernos y, finalmente, su protocolo de acuerdo lo firmamos durante la administración del Presidente Ricardo Lagos, con motivo de la dictación de la tercera ley de exonerados. Desde ese momento, hemos trabajado junto al Comando Nacional de Exonerados para hacer realidad la iniciativa, que quedó en condiciones de ser tratada gracias a la participación del ministro del Interior, Francisco Vidal, y de los ministros del Trabajo y de Hacienda del gobierno anterior.
Sin embargo, con el cambio de gobierno se requirió una ulterior tramitación, y quiero subrayar el compromiso y apoyo que tuvimos de parte del ministro del Interior de entonces, Andrés Zaldívar, y también del ministro Andrés Velasco y de la ministra Paulina Veloso, para que esta iniciativa se pudiera concretar.
Asimismo, quiero destacar el rol del Comando Nacional de Exonerados, porque este proyecto de ley no habría llegado a la Sala si ellos, con su presidente Bernardo Vargas y directiva, no hubieran trabajado con la infinita paciencia y el tesón durante todos estos años; porque, al final de cuentas, primero, con motivo de la tercera ley, se firmó un protocolo que, posteriormente, se transformó en un decreto y hubo que esperar mucho tiempo para que éste deviniera en un proyecto de ley un poco distinto de lo que originalmente se había pensado.
También quiero agradecer a los colegas de la Comisión de Hacienda, de todas las bancadas, que con gran voluntad aprobaron este proyecto y permitieron que hoy lo vea la Sala. Estoy seguro de que tendrá una tramitación rápida.
¿De qué trata el proyecto? A los exonerados de los años 73, 74 y 75 se les calcularon sus pensiones en escudos y no en pesos, lo que desmejoró el monto de sus ingresos. Ellos, probablemente, no sólo son los primeros, sino, además, quienes pagaron más duramente con la exoneración de aquellos años, porque ésta, generalmente, implicó cárcel, exilio y otro tipo de penurias, y muchos de ellos nunca pudieron reintegrarse a las empresas públicas ni a ninguna actividad laboral. Finalmente, consiguieron la pensión de exonerado, pero el cálculo reitero, hecho en escudos, deterioró su monto.
Tanto a la diputada Isabel Allende, al Comando Nacional de Exonerados, como a mí, quienes hemos trabajado al respecto, siempre nos pareció completamente necesario un recálculo de la pensión. Ésa fue nuestra meta. Dado que esa medida implicaba una cuenta individual para cada uno de los exonerados alrededor de 14 mil y que eso iba a ser un proceso extremadamente engorroso, porque todas las pensiones, en función de los años de cotizaciones y de las edades son distintas, se determinó, de acuerdo con el Comando, entregar un bono escalonado. Ahora, la concesión de ese bono va a ser mucho más fácil y rápida, porque, en el fondo, lo que se establece bien lo ha dicho el diputado Von Mühlenbrock son tramos. Todos los exonerados podrán ser ubicados en un tramo y el INP va a tener menos dificultades para calcular el monto del bono que se entrega por una sola vez. 
Nuevamente, subrayo la buena voluntad del Gobierno para financiar este gasto que asciende a casi 11.500 millones de pesos. La cifra exacta de beneficiarios dependerá de cuántos de la tercera ley se acrediten, de los años 73, 74 y 75, pero ése es más o menos el universo que hemos calculado con Bernardo Vargas, junto con los ministros correspondientes, trabajando en muchas jornadas, con lápiz en mano, para obtener el cálculo de la previsión de los exonerados que podrían acceder al beneficio.
Por esa razón, manifiesto mi alegría de que demos este paso adelante.
Por último, en relación con los exonerados tenemos muchos temas pendientes. Con el Comando Nacional hemos pedido que pueda resolverse uno de ellos: el originado con motivo de la tercera ley. Hoy se encuentran acreditadas, con motivo de esa ley, diecisiete mil personas. Se están pagando pensiones a seis mil personas, y decenas de miles presentaron su documentación, pero muchas de ellas no tienen ni tendrán la calidad de exonerada.
Desgraciadamente, con motivo de esa ley mucha gente que no fue exonerada presentó documentación como si lo fuera y, en consecuencia, un número de ciento ochenta mil personas solicitaron la pensión.
Entiendo que la comisión de trabajo integrada, entre otras instancias, por el Ministerio del Interior, ha hecho un arduo e intenso trabajo de selección, que significó haber desechado cerca de 80 mil solicitudes y que a más de 40 mil o 50 mil exonerados se les hayan pedido más documentos para verificar su calidad de tales.
Deseo pedir al Gobierno se encuentran presentes el ministro de Hacienda y la ministra Secretaria General de la Presidencia, quien ha jugado un importante rol para que el proyecto iniciara su tramitación, que establezca un límite, porque prefiero que, en lugar de estirar la acreditación de los exonerados hasta el infinito, se disponga del total de beneficiarios de las tres leyes, de manera de conocer el universo total de exonerados, lo que es muy importante. Con esta iniciativa se favorece a los exonerados de 1973, 1974 y 1975, es decir, a los considerados en la primera y segunda ley, pero también a los de la tercera. Además, es legítimo pensar que habrá que estudiar futuros aumentos de las pensiones de los exonerados, porque son muy exiguas.
Por eso, sería ideal que en los próximos meses, la comisión de trabajo del Ministerio del Interior terminara con el proceso de acreditación, porque es necesario conocer, a la brevedad, el universo total de posibles beneficiarios para estudiar un posible aumento de las pensiones de los exonerados, que muchas veces no reciben los beneficios que se entregan al resto de los pensionados.
Estoy muy contento con el paso que damos. Agradezco la voluntad de las diputadas y de los diputados de todas las bancadas para sacar adelante una iniciativa que beneficiará a los exonerados más ancianos. En efecto, salvo Bernardo Vargas, quien es muy joven, los demás exonerados que recibirán este beneficio, los de los primeros años, son ancianos. Por lo tanto, el bono y todo lo que hagamos en salud y vivienda, sobre todo para los que viven solos su vejez, les vendrá muy bien.
Por lo tanto, llamo a aprobar este proyecto e insto a la ministra Secretaria General de la Presidencia, con su enorme disponibilidad para estos temas, a determinar rápidamente el universo de exonerados de la tercera ley, a fin de trabajar en nuevas reivindicaciones, compensaciones y reparaciones para ese grupo de personas que tanto sufrió al momento de perder su trabajo y cuyas familias quedaron en la más absoluta desprotección.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo a todos los exonerados políticos y a los directivos de la asociación que los agrupa, que se encuentran en tribuna. 
La tramitación del proyecto es un acontecimiento importante, porque estamos materializando una necesidad real de justicia.
Quienes tenemos un compromiso más profundo con los derechos humanos, en forma periódica recibimos en nuestras oficinas a exonerados políticos, y no pocas veces hicimos nuestra la impotencia que sentían al ser largamente tramitadas sus presentaciones. 
Sin embargo, quiero decirles que no están solos. Los diputados, el Congreso, hemos estado con ellos; hemos promovido y aprobado proyectos, que hoy son leyes de la República, que fueron dictadas en los años 1993, 1998 y 2003, la primera, para otorgar beneficios y, las otras, para extender los plazos vencidos para acogerse a ellas.
El mensaje presidencial del primer proyecto nos hablaba de aproximadamente 57 mil exonerados políticos. Sin embargo, se quedó corto, porque los daños ocasionados por la discriminación y la persecución política durante el gobierno autoritario, fueron mucho más profundos y, la cifra final de exonerados políticos, es de 258.767.
En nombre de mi bancada, la de la Democracia Cristiana, expreso mi voto favorable al proyecto que concede un bono extraordinario a los exonerados políticos. Lo hago con la convicción de que responde a una necesidad de justicia. 
Debemos colocar las cosas en su lugar y transparentar los beneficios. Es necesario igualarlos con los de los demás exonerados políticos, porque el grupo de trabajadores que será favorecido con el proyecto no tenía una realidad laboral determinada, razón por la cual se vieron perjudicados. Los cálculos arrojaron una cantidad menor a la que les correspondía, causándoles un detrimento apreciable en sus derechos.
Me refiero a los ex trabajadores del sector privado y de las empresas autónomas del Estado que perciben pensiones no contributivas inferiores a las de los ex trabajadores exonerados del sector público, aun cuando, en su momento, percibieran idénticas remuneraciones.
Tal como lo señaló el diputado informante, el error estuvo en que, para los cálculos de las pensiones, se tomaron como base las remuneraciones del sector público, en circunstancias que debió habérseles aplicado un mecanismo de cálculo propio, que reflejara sus remuneraciones y su calidad de trabajador privado o de empresa autónoma. 
Por esa razón, el beneficio se aplicará sólo a los trabajadores exonerados entre el 12 de septiembre de 1973 y el 29 de septiembre de 1975 época en que se cambió la moneda de escudo a peso, favoreciendo a 7.600 exonerados, aproximadamente, que percibirán alrededor de 3 millones de pesos cada uno, pagaderos este año y el próximo. 
El beneficio será para los trabajadores que han estado percibiendo una pensión no contributiva, conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la ley Nº 19.234, o para los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia originadas en las pensiones no contributivas. 
El de los exonerados políticos es un tema de derechos humanos, más que de números, de sumas de dineros o de cálculos. Implica la reparación de daños y perjuicios provocados por despidos arbitrarios, a raíz de la discriminación y la persecución política sufrida en aquella época. La exoneración es la interrupción violenta y abrupta del empleo, terminando con los proyectos de vida del trabajador y de su familia, pues es despojado de su fuente de ingresos.
Creemos que aún no hemos reparado totalmente el daño ocasionado a esos trabajadores. Así lo dicen las estadísticas. Se han dictado tres leyes. Han postulado 258.767 personas, de las cuales han calificado 109.529; es decir, sólo el 42,33 por ciento. Faltan por calificar 149.238 personas. Afortunadamente, en la primera ley calificó el 88 por ciento de los postulantes y, en la segunda, el 81 por ciento.
Por ello, pido a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, y al ministro del Interior, que dispongan las medidas pertinentes para acelerar los procesos de calificación pendientes. Con esto no quiero desconocer el trabajo excelente y extraordinario que ha hecho la oficina coordinadora del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, cuya jefa nacional es la señora Marta Joignant, pero a veces, se ponen muchas exigencias y requisitos que entorpecen la tramitación de los beneficios.
Apruebo este proyecto, porque es digno reconocer a esos viejos luchadores, a estos dirigentes y trabajadores presentes en las tribunas. Muchos de ellos, cansados de esperar, recibirán este bono que, sin duda, los beneficiará al igual que a sus familias. No obstante, nadie podrá reparar el daño a su dignidad y a la tranquilidad que debieron tener en su momento. Muchos se han ido de este mundo, pero quedan sus hijos y sus cónyuges.
Felicito a los dirigentes del Comando de Exonerados de Chile por su lucha incesante, por su paciencia y, sobre todo, por su gran entrega para defender los derechos de sus compañeros trabajadores, quienes, por no pensar como el gobierno de la época, debieron sufrir esa grave y penosa contingencia.
Pido al Gobierno que esté atento para atender a todos los trabajadores exonerados políticos cuya situación aún está pendiente.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a todas las personas que están en las tribunas, en especial al Comando de Exonerados Políticos y a su presidente, Bernardo Vargas.
Hoy estamos haciendo justicia. Éste es un acto de justicia en favor de los exonerados que se condice con el espíritu del legislador. Estamos reparando una diferencia que se produce en sus pensiones no contributivas, que se debió en un primer momento a que la ley N° 19.234, que establece beneficios previsionales en su favor, sólo consideró a los funcionarios públicos. Sin embargo, posteriormente, en un acto de toda justicia, se amplió a los trabajadores del sector privado y de las empresas autónomas. Lamentablemente, los cálculos no se hicieron de la misma forma, por lo que hoy tenemos un universo de trabajadores, que corresponde a los exonerados entre 1973 y 1975, que quedaron con una diferencia notable en sus pensiones, la que aumentó con el cambio de moneda de escudo a peso.
Por ese motivo, en el Gobierno anterior se creó una Comisión especial, en la que participó activamente el ministro del Interior de la época, señor Francisco Vidal, junto con personeros de los ministerios de Hacienda y del Trabajo, que elaboró un acta de acuerdo, de la cual fueron garantes el actual presidente de la Cámara, señor Antonio Leal y la diputada que habla, quienes hemos acompañado a los representantes del Comando de Exonerados durante todos estos años. En un acto de reparación se entrega un bono a un universo acotado de personas, como una forma de solucionar las diferencias en sus pensiones no contributivas, a pesar de que percibieron remuneraciones equivalentes.
Es satisfactorio que el acta de acuerdo suscrita el 8 de marzo de 2006, de la cual fuimos garantes, haya sido respetada por el nuevo Gobierno, que ha cumplido con el compromiso de presentar el proyecto de ley que concede este bono extraordinario.
El costo del bono para este año asciende a un máximo de 11.433 millones de pesos; el mismo costo se estima para el próximo año. El costo total no podrá exceder de 22.866 millones de pesos. Un reglamento regulará el cumplimiento de requisitos, los procedimientos y demás disposiciones necesarias para su concesión y pago.
Lo importante es recalcar el acuerdo a que se llegó para conceder este bono único extraordinario para el universo de exonerados por motivos políticos, por cuanto su cálculo, caso por caso, iba a significar mayor tardanza en su pago y una serie de otros problemas.
En resumen, dadas las experiencias dolorosas que hemos tenido en esta materia, la complejidad y la tardanza que suponía realizar cálculos más afinados y que se trata de personas que tienen una edad bastante avanzada, nos convencimos de que era preferible entregar un bono para terminar con esta discriminación.
Ojalá nunca hubiéramos tenido que discutir un proyecto de ley como éste. Sin embargo, esta iniciativa, junto con las tres leyes dictadas, han intentado reparar, al menos parcialmente, el gravísimo dolor que significó perder la fuente laboral. Y todos conocemos el daño que ello ocasionó a todas esas familias durante muchos años en sus condiciones de vida, en sus educación y en la de sus hijos, etcétera. Por lo tanto, este bono extraordinario es un acto más de reparación con el cual intentamos paliar muy parcialmente un daño horrendo, provocado exclusivamente por razones políticas a partir del año 73, lo que, ojalá, nunca hubiera ocurrido.
Espero que las lecciones que entre todos hemos ido asimilando impidan que, bajo ninguna circunstancia, no sólo no se rompa el orden democrático, sino que nunca más lleguemos a una situación en que, por motivaciones exclusivamente políticas, se separe a la gente de su mundo laboral y se le perjudique, según ya he señalado.
Las tres leyes mencionadas, es decir, la 
N° 19.234, que otorgó pensiones no contributivas; la N° 19.582, que amplió el universo de beneficiados, y la N° 19.881, que fijó hasta julio de 2004 el plazo para acogerse a los beneficios otorgados por la ley N° 19.234, dan un total nacional de 258.767 solicitudes ingresadas al 30 de junio de 2005, de acuerdo con la información que tengo del Ministerio del Interior, del programa de reconocimiento de exonerados. 
En el caso de la primera ley, el número de solicitudes ingresadas llegó a 43.302, mientras que el total de calificados ascendió a 38.077, lo que representa el 87,93 por ciento.
Con la segunda ley, de 60.147 solicitudes ingresadas, calificaron 48.820, o sea, el 81,17 por ciento. 
La tercera ley implicó un universo bastante grande de solicitudes ingresadas: 155.318, de las cuales calificaron 12.320, es decir, el 7,93 por ciento. Si comparamos este porcentaje con los de las dos leyes anteriores, de 87,93 por ciento y de 81,17 por ciento, respectivamente, veremos que las solicitudes calificadas han descendido al 7,93 por ciento.
Un universo de 155.318 de solicitudes ingresadas supera con mucho lo que razonablemente uno podría esperar. Esta cifra, sumada a las anteriores, indica que es probable que haya habido abuso de parte de algunas personas para postular a este beneficio como exoneradas. 
Es muy doloroso que por ese hecho se esté perjudicando a una mayoría que probablemente tiene toda la legitimidad para postular, pero que lamentablemente se le está dejando fuera porque se ha tardado tremendamente en calificar a esos 12.320 casos, que apenas representa el 7,93 por ciento de las solicitudes presentadas.
Por lo tanto, quiero hacer un llamado al Gobierno para que, de una vez por todas, pongamos un tope a esta situación con la tercera ley, con el objeto de establecer el universo definitivo de exonerados políticos. No podemos seguir dilatando más un cálculo, pues lo único que se está haciendo es perjudicar a gente de edad bastante avanzada, que ha sufrido durante muchos años la tremenda injusticia que ya hemos señalado y que ha vivido con mucho dolor la impotencia de no ver mínimamente reparada su situación. 
Hemos hecho algunos esfuerzos. Pero si nos comparamos con los países vecinos, el grado de reparación que Chile ha entregado a sus exonerados a través de estas dos leyes, incluso de la tercera, que todavía no se está aplicando, es ínfimo.
En consecuencia, junto con anunciar mi voto favorable al proyecto que concede este bono extraordinario, que será la única vez que se reparará esta situación de injusticia que existe respecto de las pensiones no contributivas, hago un llamado para que agilicemos la calificación, el acotamiento del universo total de exonerados y la aplicación del beneficio. A futuro, deberemos estudiar cómo elevar las pensiones en algunos casos u otra enmienda reparadora, porque los beneficios son claramente insuficientes. 
Como he señalado en otras oportunidades, y nuevamente quiero recalcarlo, a lo anterior indicado le sumo la injusticia que significa la alternativa que se ofreció, en el sentido de optar por la pensión de los exonerados o por la que correspondía a quienes tenían la condición definida en la Comisión Valech, es decir, de personas que han sufrido la prisión, la tortura. También se han planteado otras posibilidades insatisfactorias, como las relacionadas con la educación, que favorece al beneficiario y no a los familiares. Se da el absurdo de que a personas de ochenta años de edad se les han ofrecido cursos en institutos o escuelas universitarias superiores. Considero que el Gobierno debe tomar cartas en el asunto.
Así como reconozco el trabajo del gobierno de Lagos y celebro que el Gobierno actual esté cumpliendo el compromiso, pido que aceleremos todo lo que signifique reparar, aunque sea mínimamente, la tremenda injusticia y el daño que provocamos a un universo de gente que no lo merecía. Espero que eso nunca más vuelva a ocurrir en el país.
He dicho.
Aplausos.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, saludo a los diputados presentes en la Sala, porque todavía creen en Chile. También deseo enviar un saludo muy especial al Comando de Exonerados de Chile y a ese grupo humano con el que me tocó vivir en una parte de la historia de mi vida: los bancarios de Chile.
Quizás el tiempo no importa, pero cómo no decir que, a casi 20 años de la recuperación de la democracia, se comienzan a concretar las esperanzas de quienes perdieron sus puestos de trabajo y fueron atropellados en sus derechos humanos; de quienes cuya dignidad no fue respetada, de quienes perdieron lo construido para su futuro y su familia o de quienes no pudieron tener todo aquello que una persona tiene derecho a tener. Todo se vino abajo, como en los cuentos de terror. Es algo inconcebible e incomprensible para los jóvenes que están en las tribunas. A lo mejor, ellos saben de historia, pero difícilmente entenderán lo vivido por quienes los acompañan y tienen más edad. Chile vivió los momentos más tristes de su historia. Hoy son sólo recuerdos penosos para quienes vivimos esa etapa de la vida de nuestro país, lo que no se olvidará.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor JARAMILLO.- Es lamentable que aparezca la sorna cuando uno expresa sentimientos.
Quienes son mayoría en la sociedad chilena no conocen la ilusión de los jóvenes y adultos de esos tiempos.
Ustedes fueron jóvenes; el que habla también lo fue. Hoy, sólo el 25 por ciento de nuestra población entiende lo que se quedó en el tiempo y que un bono nunca podrá remediar.
El proyecto, sin tener urgencia, ha sido tratado prácticamente con discusión inmediata. Eso refleja nuestra consideración hacia un segmento de la población hoy representado en las tribunas. Se trata en mínima parte de apoyar a mujeres y hombres que todavía creen en quienes los representamos. Difícil tarea cuando los exonerados políticos son considerados un eslabón perdido en el crecimiento de un país aparentemente exitoso.
El proyecto en sí es algo mínimo no puedo describirlo de otra manera; una intención de que los exonerados con derecho a pensión no contributiva reciban iguales beneficios. Sin embargo, hay enormes diferencias. Los ex trabajadores del sector privado y de las empresas autónomas del Estado perciben pensiones no contributivas menores a la de los trabajadores exonerados del sector público.
Haciendo cálculos en escudos, como señala el proyecto, por lógica recibieron sólo meses de apoyo previsional y pensiones menores a las mínimas. ¡Qué decir de los finiquitos de la época del primer período del gobierno militar! ¡Cómo se castigó a los trabajadores chilenos!
Los que tenían sueldos dignos recibían lo indigno. De allí la intención de este bono que beneficiará, aproximadamente, a 7.600 personas. Ello los llevará de nuevo a pensar en lo vivido, con la mirada propia de quienes ya son historia y que lucharon para obtener este mínimo derecho.
Quienes están en las tribunas saben que éste no es el beneficio que por la ley de la vida les corresponde. Fue tramitado con la urgencia y respeto que se merecen las mujeres y hombres, que por defender sus ideas, perdieron tanto, incluso, algunos la vida.
En la discusión de la iniciativa, una vez más, como ya lo han hecho mis colegas, quiero recordar al Ejecutivo que así como hoy se discute con rapidez este proyecto, podemos agilizar la entrega de derechos previsionales pendientes a miles de chilenas y chilenos que esperan y acuden a nosotros para obtener la ansiada pensión que por ley les corresponde, a través de lo que llamamos la tercera ley de los exonerados políticos. Ello beneficiará a más de 30 ó 40 mil exonerados políticos.
Quiero felicitar al Comando de Exonerados de Chile y agradecer el apoyo de los parlamentarios. Así también doy las gracias a la Presidenta de la República por conceder a este proyecto la urgencia debida. No les quepa ninguna duda de que la bancada del PPD, en forma unánime, votará a favor de la iniciativa, porque, tal como dijo el diputado Leal, es algo, aunque no la solución definitiva. Entre todos nosotros hay vida y ánimo para seguir luchando, no por los beneficios, sino por el derecho que como ciudadanos a ustedes les corresponde.
He dicho.
Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA.- Señor Presidente, en nombre de la bancada de Renovación Nacional anuncio nuestro voto favorable al proyecto, como en todas las ocasiones en que se discute entregar un beneficio a los exonerados políticos. La iniciativa favorece, aproximadamente, a 7.600 personas exoneradas entre 1973 y 1975. Es un bono que se otorga por única vez para recuperar lo que por diversas razones, que ya han expuesto los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, no pudieron percibir.
La iniciativa establece un plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la ley, para solicitar el bono extraordinario. Los detalles acerca de los procedimientos a seguir para su obtención ya fueron suficientemente explicados, por lo que sólo quiero reiterar que la bancada de diputados de Renovación Nacional se sumará a la aprobación del proyecto, como ha sido su política permanente cuando se trata de iniciativas que benefician directamente a los exonerados. Siempre estaremos disponibles para apoyar los proyectos que establezcan reparaciones en favor de los que sufren.
Chile es un solo país. Los deberes y derechos son responsabilidad de todos y en Renovación Nacional siempre estaremos bien dispuestos a cumplirla. Reparar es tarea de todos y nadie tiene derecho a mantener o aumentar el dolor.
He dicho.
Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, este proyecto tiene que ver con reparación y con hacer justicia; con la reparación del oprobio que significó la exoneración de miles de trabajadores durante los períodos más negros de la dictadura y con la corrección de una injusticia que afectaba a un grupo específico de exonerados: los del período que va de 1973 a 1975.
Quiero destacar, en primer lugar, un hecho concreto y puntual: que como consecuencia de lo aprobado ayer por la Comisión de Hacienda, se suprimió el artículo 2° del proyecto original, lo cual permitirá que, sin burocracia, sin mayor tramitación, los beneficiados por esta iniciativa puedan recibir sus bonos de manera directa y expedita, sin hacer largas filas en el Instituto de Normalización Previsional. Creo que ésta es una modificación relevante, sustantiva, aportada por la Cámara de Diputados a través de su Comisión de Hacienda.
En segundo lugar, quiero destacar que, en la línea de seguir haciendo justicia y reparar el mal causado a quienes tanto sufrieron, el proyecto en debate representa el cumplimiento de un compromiso asumido por el gobierno del Presidente Lagos y refrendado por el de la Presidenta Bachelet, lo que demuestra que la palabra de la Concertación vale y que el compromiso con los exonerados es permanente.
Esta iniciativa es un reconocimiento al sufrimiento de esa gente y un intento por reparar el oprobio y la injusticia que soportaron durante la dictadura.
He dicho.
Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, junto con saludar a los representantes del Comando Nacional de Exonerados que se encuentran en las tribunas, quiero expresar, tal como lo hicieron los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, que quienes tenemos una sensibilidad especial con el tema de derechos humanos y que diariamente recibimos las demandas de reparación de los afectados que no siempre podemos atender como quisiéramos, esta iniciativa es muy satisfactoria.
Destaco la actitud del Gobierno, en especial de la Presidenta de la República, porque con este proyecto da cumplimiento a un compromiso que adquirió en marzo recién pasado con los exonerados.
Es importante considerar que el bono que se establece mediante este proyecto no tiene carácter de beneficio, sino compensatorio, porque corresponde al cumplimiento de una obligación que surge de un hecho preciso y determinado: un cálculo erróneo originado en el cambio de moneda de escudo a peso, lo cual generó un perjuicio económico a un sector de exonerados. El otorgamiento del bono viene a cumplir una obligación del Estado, que consiste en compensar a determinadas personas por el cálculo erróneo en la liquidación de sus pensiones, originado en el hecho señalado.
Creo importante dejar eso claramente establecido.
Como expresaron mis colegas, con esto se soluciona una tremenda injusticia, ya que durante varios años estas personas recibieron una pensión mucho menor a la que recibían otros exonerados.
Por eso, con este paso no sólo estamos cumpliendo con un compromiso asumido por el Gobierno, sino también reparando la tremenda injusticia cometida con personas que han sufrido mucho.
Hago presente que este proyecto se debe, en gran parte, al trabajo realizado por las personas que hoy están en las tribunas, porque ellos llegan diariamente con sus demandas, como lo es reabrir la Comisión Valech, como lo es hacer presente la incompatibilidad de la pensión de los exonerados políticos con la de torturados, a que se refirió la diputada señora Isabel Allende; como lo es plantear el tema de los estudios. Al respecto, muchos exonerados, con todo el respeto que se merecen, debido a su edad estudian por un desafío personal; no tienen otro motivo para estudiar, de modo que ese beneficio debiera ser traspasable o ampliable a sus hijos o nietos. 
Hay muchas deudas pendientes y cosas que todavía nos quedan por hacer, pero este proyecto constituye un paso importantísimo y tengo el convencimiento de que será aprobado. 
Reitero que este proyecto de ley se debe, en gran parte, al trabajo realizado por las personas presentes en las tribunas. Los felicito y los llamo a que se sigan comunicados con nosotros, a pesar de que muchas cosas no las vamos a resolver, pero seguiremos trabajando para avanzar en todos los temas pendientes. 
He dicho.
Aplausos. 
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar.
El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, voy a hablar por quienes están presentes en las tribunas. (De a poco se va develando la misión que uno está llamado a cumplir en esta trabajosa etapa de nuestra “aventura”). 
Recuerdo haber coincidido en la campaña electoral pasada con quien es en parte responsable de esta iniciativa, el Presidente Ricardo Lagos, que señalaba la siguiente frase: “Serán otros hombres los que superen este momento gris y oscuro”.” Bueno, pensaba que serían otros hombres y mujeres los que superarían ese momento gris y oscuro. 
Luego, uno salía a las calles de Maipú, de Estación Central y de Cerrillos y se encontraba con muchos de estos viejos que hoy están en las tribunas lo digo con toda propiedad que nos hacían ver de qué manera el futuro está atrás y que nos equivocamos cuando decimos que hay que conocer nuestra historia para no repetir los errores del pasado. ¿Por qué no cambiar la cosmogonía y decir que tenemos que conocer nuestra historia para ponernos al día con todo lo bueno que se hizo también en gran parte de nuestra historia? Hoy lo representa el Comando de Exonerados Políticos. 
En estas circunstancias conocí al señor Juan Reyes, en Maipú, quien está en las tribunas. Lo llamé anoche por teléfono y le dije: “Don Juan, por favor, respetemos la esencia de este mandato, porque usted es mi mandante.” Me recordó que en otros tiempos no se pagaba por levantar banderas; muchos lo hacían con voluntad de oro, lo que ha sido resaltado por esta honorable Cámara y por los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra. 
Le dije: “Don Juan, quiero hablar por usted.” Le di mi dirección de correo electrónico, no sin antes preguntarme si sabría navegar por Internet, y, para mi sorpresa, Juan Reyes escribió el siguiente correo: 
“En la primera reunión que sostuvimos me hablaron de los problemas que les interesaba con mayor propiedad, entre otros, el reajuste de sus pensiones, ya que para la generalidad ellas constituyen la única entrada para poder subsistir en un sistema de vida que siempre está cubierto por un manto de angustia y miseria. 
“Me hablaban de la ley Valech y de la urgente necesidad de reabrir un nuevo período de inscripción que hiciera justicia a miles de chilenos y chilenas que sufrieron en carne propia las más atroces torturas y vejámenes de una dictadura bestial y prepotente.” 
¿Voy bien, don Juan?
¡Vale!
“Me planteaban la esperanza que tenían en el Gobierno de la Presidenta Bachellet de reparar una verdadera aberración legal y moral que la pensión Valech sólo la podía percibir el pensionado propiamente como tal, y no permitía que una vez fallecido el beneficiario su viuda pudiera continuar recibiéndola. En otras palabras, que siga ocurriendo la dramática paradoja que el pensionado cuando muere, la pensión se va con él a la tumba”.
¡Qué bien escribe, don Juan!
“Escuchaba con interés cómo reclamaba que sus viudas percibieran el ciento por ciento de la pensión y no el 60 por ciento, como ocurre en la actualidad. Esperaban que su Gobierno, el de la Presidenta Bachellet, adoptara las medidas pertinentes para agilizar los trámites de calificación en el programa de exonerados dependiente del ministerio del Interior, ya que en la mayoría de los casos el postulante está esperando muchos años ¡con qué paciencia! y son también muchos los que mueren con el sueño de lograr la pensión no contributiva.
Y me hablaba con mucha fuerza y convicción de un protocolo de acuerdo para aumentar de alguna manera las remuneraciones de las pensiones de los que ya la están recibiendo; protocolo de acuerdo que también comprometía al Estado en cuanto a fijar políticas especiales que mejoraran el sistema de salud, educación y vivienda de los exonerados”.
En aras del tiempo y sólo en aras del tiempo, don Juan Reyes, voy a ir a la última parte de su intervención.
“Siento en lo más íntimo de mi alma que al exponer este problema estoy rindiendo tributo a la consecuencia, a la lealtad con este grupo de maipucinos que me acompañan hoy día, que hacen de la lucha por la libertad y la justicia social algo que han llevado por siempre en sus pensamientos y en sus corazones.”
Agradezco a don Juan Reyes, y pido que en la versión quede constancia de la bendición que de él hemos recibido en esta histórica mañana.
He dicho.
Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ.- Señor Presidente, quiero saludar en forma muy especial a los exonerados y a familiares de exonerados que se encuentran en las tribunas del hemiciclo.
También quiero decirles que estimo tremendamente justo que hoy discutamos este proyecto de ley que entrega un bono único y extraordinario a las personas, hombres y mujeres, exonerados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 29 de septiembre de 1975.
Al mismo tiempo, quiero destacar que la Concertación ya lleva 16 años en el gobierno y no hemos atendido responsablemente a los exonerados. Hace mucho rato que deberíamos haber tramitado todas sus peticiones. Además considero no suficiente este bono, porque los exonerados que tenían rentas bajas hoy reciben una pensión mensual mínima, y otros, cuyas remuneraciones eran altas y cotizaban más, esa diferencia no se refleja en un mayor ingreso mensual. 
En esto no hemos sido justos ni responsables en el programa de exonerados. ¡Esto hay que decirlo claramente! Tampoco hemos sido responsables en acelerar los trámites ante el INP de tantas personas que, además, muchas han muerto esperando.
Entonces, aquí ha habido irresponsabilidad.
Hasta el año pasado un grupo de parlamentarios y la gente del Programa de Exonerados estuvimos haciendo un seguimiento para ver cuál había sido el grado de avance en esta materia. Trabajábamos los primeros lunes de cada mes en el Ministerio del Interior con las diputadas Laura Soto y Adriana Muñoz, y los diputados Enrique Jaramillo, Juan Bustos y Sergio Ojeda, entre otros. A los colegas que dicen que se ha trabajado en forma brillante, les ruego que perdonen lo que voy a señalar, no tienen idea de cómo ha sido eso. Se ha trabajado en forma irresponsable.
Comparto lo que decía la diputada Isabel Allende, en cuanto a que de esas 155 mil solicitudes presentadas después de promulgada la tercera ley, más o menos 100 mil no corresponderían a exonerados. Bueno, díganles que no son beneficiarios de la ley; pero a los demás no tenemos por qué seguir tramitándolos en forma tan irresponsable, cuando, reitero, se trata de personas de avanzada edad.
Debo recordar que la tercera ley fue realidad gracias a la insistencia de quien habla junto a otros parlamentarios, porque la primera ley fue mala, la segunda mejoró un tanto y la tercera había que sacarla, debido a que mucha gente, por temor o desconocimiento, no quiso hacer el trámite correspondiente.
Hasta ahora, los beneficiarios de la tercera ley no son más de cuatro mil personas. Eso quiere decir que tanto el Instituto de Normalización Previsional, INP, como el Programa de Exonerados no han hecho bien su tarea.
Debemos seguir insistiendo en la agilización del trámite, porque es un derecho de los exonerados, hombres y mujeres despedidos “porque sí no más” durante la época del gobierno militar, porque eran adeptos al régimen anterior. Por no parecerle bien al alcalde de turno, se exoneró a muchos maestros. Por la venta de predios de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, del Servicio de Seguro Social, del Servicio Nacional de Salud, del Banco del Estado, también se despidió masivamente a mucha gente.
Las personas despedidas después de 1975, también son exoneradas políticas y deberían tener acceso y derecho a los beneficios.
Esta materia fue conversada con el Presidente Lagos, con la Presidenta Michelle Bachelet y, en el último tiempo, con la ministra secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso.
Insisto, en este trabajo la Concertación tiene muy mala nota, pues deberíamos haberlo hecho antes. Se trata de gente que fue despedida de su fuente laboral hace alrededor de 30 años, que debió irse a cualquier lugar, que pasó hambre y tuvo que sacar a sus hijos de los colegios, porque no pudo seguir empujando el difícil carro de la educación de la familia. En definitiva, gente que ha sufrido mucho.
A mi juicio, ha habido un tremendo grado de injusticia e irresponsabilidad de los gobiernos de la Concertación a los que me sumo, pero fundamentalmente de la gente encargada de calificar y hacer los cálculos en el INP.
No es posible que la documentación de los exonerados llegue a esa instancia y quede empantanada durante meses para hacer un cálculo sin complicación. Antes se efectuaba con lápiz de carbón y, ahora, que disponen de las calculadoras más modernas que hay en el mundo, demoran mucho más tiempo. Hay consecuencias tremendas. Por eso, el dolor y la paciencia de los exonerados rebasa cualquier límite.
Voy a citar un ejemplo. El Servicio de Seguro Social era dueño de la Hacienda Las Canteras, en Biobío, la que fue vendida al sector forestal, más derechamente digamos que fue regalada. Como consecuencia de ello, se mandó a la calle a 1.200 trabajadores, que se ubicaron con sus ranchas a lo largo del camino. Esas personas son exoneradas del Servicio de Seguro Social, hoy, INP. Los certificados de imposiciones de esos trabajadores no dicen quién era el patrón. Ésa es una irresponsabilidad del INP porque es continuador del Servicio de Seguro Social, y en virtud de aquello, no pueden hacer la tramitación correspondiente, por cuanto no están reconocidos como exonerados de una empresa pública.
¡Que burocracia! ¡Qué irresponsabilidad! ¿Por qué no buscan en alguna de esas viejas bodegas, donde deben estar las planillas donde constan las imposiciones de estos trabajadores y así solucionar esta situación que afecta no sólo a los afiliados al Servicio de Seguro Social y al Servicio Nacional de Salud, sino, también, a los trabajadores de empresas estatales que imponían en otras instituciones previsionales?
Estamos trabajando mal en este sentido y por ello pido enviar el documento respectivo a la nueva encargada del Programa de Exonerados, a quien no tengo el gusto de conocer, con el objeto de que se aborde en serio este problema y con la responsabilidad que corresponde. El INP debe hacer lo propio, para que la documentación de los exonerados no duerma en las bodegas durante años y meses.
Las personas que en el pasado vieron pisoteados sus derechos y sufrieron en forma indescriptible merecen mayor preocupación del Gobierno de la Concertación y, especialmente, de los parlamentarios. Debemos acelerar el proceso de aquellos que están esperando el beneficio que otorga la tercera ley. Son muchos los exonerados que han muerto esperándolo y eso me avergüenza como diputado de la Concertación. 
Por consiguiente, felicito a quienes resultarán beneficiados con este bono extraordinario, pero será necesario estudiar otros proyectos el día de mañana, a fin de que reciban una pensión justa y acorde con el sueldo que percibían en el momento de ser exonerados y marginados de sus fuentes de trabajo.
Un saludo afectuoso a todos los exonerados y especialmente a los que se encuentran en las tribunas junto a sus familias, con las cuales compartieron su sufrimiento durante estos años.
He dicho.
Aplausos en las tribunas.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente, con toda serenidad quiero decir que siempre será tarde y poco todo lo que hagamos en materia de exonerados, porque no se está haciendo en el tiempo adecuado. El país debió hacerlo en los años 90, 91 ó 92, es decir, haberse tomado tres o cuatro años para liquidar este tema y haberles dado una oportunidad, no de recuperar su situación anterior, porque eso es imposible, sino de retomar sus vidas.
Muchos tuvimos oportunidades sociales, culturales y familiares de retomar nuestra profesión, rehacer nuestras vidas y buscar nuevos espacios, pero otros no las tuvieron; muchos permanecieron en Chile y nunca más pudieron regresar al lugar donde trabajaban. No es fácil volver a ser profesor en una universidad, por ejemplo, quince o veinte años después. Ello no se logra siguiendo un curso por correspondencia. Lo mismo sucede con auxiliares o personas que desempeñaban otro oficio. A ellos no les repararon sus relaciones familiares ni laborales, ni, por supuesto, su situación financiera.
Cada vez que nos ha correspondido votar proyectos de ley de este tipo hay expresiones de alegría; pero, en mi caso, en cada oportunidad me queda una sensación de tristeza, pues se trata de una reparación muy tardía.
¡Qué decir de aquellos que además de haber sido exonerados fueron presos políticos y torturados y a quienes apenas hace dos años muy poco tiempo atrás, se les reconoció que habían sido sometidos a torturas y que habían estado en prisión! ¡Es increíble!
No puedo manifestar alegría, pero al menos me queda el consuelo de que el beneficio que propone la iniciativa será un pequeño calmante para el dolor sufrido. No sólo es extemporáneo y tardío, sino que su monto es pequeño. Es tardío por las edades de las personas a las que beneficiará, porque, al final, los procesos y los hechos jurídicos quedan, pero las condiciones físicas de las personas cambian; los cuerpos cambian.
Cabe imaginar la situación de quienes fueron exonerados de sus empleos cuando tenían treinta años de edad, que después de diecisiete años, en democracia, fueron reconocidos como exonerados políticos y veinte años después, a los 50 años de edad, ya con el reconocimiento de esa calidad, se les dice que les concederán un pequeño bono extraordinario. ¿Quién los contratará en Chile con cuarenta o cincuenta años de edad? En consecuencia, el daño que se causó fue muy grande.
Muchas de las cosas expresadas por el diputado señor José Pérez interpretan mi estado de ánimo. No siento enojo a causa de lo ocurrido, sino un dolor que me acompañará durante mucho tiempo. El país le hizo cariño tarde a sus heridos, de manera que deberá seguir haciéndolo por mucho tiempo más.
Hay aspectos del proyecto que todavía se pueden arreglar. Uno de ellos dice relación con el plazo de un año a contar de la publicación de esta ley que establece para solicitar el bono extraordinario. Al respecto, debemos buscar la manera de asegurar que esas personas no vuelvan a vivir una situación difícil. Todos sabemos que el procedimiento no es sencillo, pues no basta con la publicación de la ley para el otorgamiento del beneficio.
En el pasado, por miedo, mucha gente no se atrevió a solicitar los antecedentes que requería para acreditar la calidad de exonerada, no se acercó oportunamente o no tuvo acceso a la información.
Todos sabemos qué ocurrió en los casos anteriores. Ley N° 19.234: de 32.152 solicitudes recibidas fue calificado el 88 por ciento era obvio que sucediera así, debido a que en esos momentos el procedimiento era rápido; ley N° 19.582, calificados, 49 mil, pensiones otorgadas, sólo 27 mil, equivalentes al 55 por ciento; ley N° 19.881 había otro estado de ánimo frente a la materia: de 155 mil solicitudes; calificados alrededor de 22 mil; pensiones otorgadas hasta el momento, apenas 6 mil.
La iniciativa dispone que se concederá, por una sola vez, un bono extraordinario, a los ex trabajadores del sector privado y de las empresas autónomas del Estado, exonerados por motivos políticos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 29 de septiembre de 1975. Sin embargo, hubo casos en que resultó imposible acreditar esa calidad y mucha gente quedó fuera del beneficio, pues no pudo calificar debido a que el relato estaba malo o los antecedentes no existían. ¿Quién se iba a atrever a pedirlos en una época en que estaba en riesgo su vida? Aparte del temor existente, se perdió mucha documentación, en muchos casos porque había quienes querían que eso sucediera. De manera que para mucha gente fue muy difícil certificar que había sido exonerada por motivos políticos.
Además, se establece que se les concederá el bono a quienes se les concedió pensión no contributiva conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 12 de la ley 
N° 19.234.
La iniciativa señala expresamente que no tendrán derecho al bono extraordinario aquellos beneficiarios de pensión no contributiva que se hubiesen acogido a las presunciones establecidas en el artículo 28 del reglamento de la ley Nº 19.234, contenido en el decreto supremo Nº 39 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1999, en virtud de las cuales perciban pensiones no contributivas calculadas en función a sueldos base de la escala única de sueldos del sector público vigentes a la fecha indicada, correspondiente a grados superiores al 2º. 
Eso hay que leerlo detenidamente para que quede claro quienes no van a gozar del beneficio.
Me gustaría que el plazo para presentar la solicitud, que es dentro del año siguiente a la fecha de publicación de esta ley, se redujera a una presentación y punto. No hablemos de la persona que tenga que llenar un formulario, que si no lo llena de determinada manera, de que pasó el tiempo y no puede. Hay que tener presente que no todas las personas están en condiciones de obtener la información a tiempo y como corresponde. Por ello, se deben dar las máximas facilidades.
Además, en los antecedentes generales del proyecto se señala que del trabajo de la comisión resultó un acta de acuerdo suscrita, entre otros, por el ministro del Interior y el presidente del Comando de Exonerados de Chile A.G., el 8 de marzo de 2006, donde se señala que este proyecto recoge el acuerdo suscrito y satisface las peticiones de éste. Es posible que a la letra no sea así.
A mi juicio, finalmente el comando ha tenido que aceptar lo que le han planteado y ser lo más flexible posible para, al menos, obtener este bono. No creo que haya tenido la alegría señalada en el considerando. Probablemente, el comando aceptó el acuerdo, pero estoy seguro que lo firmó con el sentimiento que señalo: “Vamos a tener que firmar. Al final, es lo que dan”. Se trata de personas con sesenta y tantos años de edad. Entonces, no van a luchar para alterar eso.
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, concluyó el tiempo de su segundo discurso.
El señor HALES.- En conclusión, con la primera ley se presentaron 43 mil solicitudes; con la segunda, 60 mil; y con la tercera, 155 mil, pero, al final, nos ha quedado una gran lección: todos los problemas de derechos humanos deben asumirse de inmediato, en su totalidad, y con flexibilidad, para acoger con los brazos abiertos a la gente que ha sufrido tanto, y no atenerse a la letra de tal o cual artículo. Aquí aparecen involucradas personas que han tenido distinta preparación y condiciones. Algunos por miedo; otros por no conocer la ley, al final han quedado afuera, provocándoles una situación de tremenda injusticia.
Quizás nunca más me toque votar un proyecto como éste y decir que lo hago con alegría. ¡Jamás! El proyecto lo voy a votar favorablemente sólo para hacer un poco más de justicia.
He dicho.
Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.- Señor Presidente, quiero anunciar mi respaldo al proyecto, porque resuelve una injusticia a un pequeño grupo, pero no por eso menos importante.
Comparto lo señalado por los diputados Hales y Pérez, respecto de la situación que atraviesa el resto de los exonerados, particularmente, aquellos que todavía no tienen tal calidad jurídica y están en las listas de espera en la oficina respectiva del Ministerio del Interior o en el INP.
Como parlamentario preocupado del tema, quiero adherirme a las expresiones de los diputados José Pérez y Patricio Hales y señalar que ése es un problema que se viene arrastrando desde que se aprobó la tercera ley de exonerados. 
Existe la impresión de que en el Ministerio del Interior, donde está radicada la oficina respectiva, no existe la voluntad clara para avanzar en la determinación de la calidad de exonerado, y si corresponde o no el beneficio para las más de cien mil personas que aún están en las denominadas listas de espera.
Sin duda es un problema grave. No voy a repetir las razones sociales y políticas que han expuesto mis colegas, pero llama la atención que se avance con tanta lentitud en el reconocimiento de esas ciento cincuenta mil personas que se inscribieron en la tercera ley. Ello, porque somos un gobierno de la Concertación, donde nuestros partidos políticos representan cierta continuidad histórica de las personas que por cuestiones de orden político sufrieron la exoneración, el término de sus vínculos laborales y, sin embargo, no han estado a la altura para compensar la situación que se les produjo.
Obviamente, voy a apoyar el proyecto de ley. Pero urge que la oficina de exonerados del Ministerio del Interior sea reforzada con personal, con recursos humanos y materiales para avanzar en la calificación de las personas que, dentro del plazo, se inscribieron en la tercera ley.
Asimismo, urge reforzar el trabajo del Instituto de Normalización Previsional con recursos humanos y materiales, para avanzar rápidamente en los trámites respectivos, luego de la calificación que debe hacer la oficina de exonerados.
No es éste el momento para discutir este tema. Creo que amerita una sesión especial de esta Cámara o una gestión al más alto nivel con el Ejecutivo, tal como se hizo y muy bien nos representó el Presidente de la Cámara respecto de un grupo de exonerados, para analizar la situación de los más de cien mil que están a la espera de una respuesta positiva.
Da la impresión que los criterios económicos o de Hacienda, que pueden ser muy importantes, muchas veces priman sobre otros aspectos que también son muy relevantes.
No es posible que, en unos minutos más, esta Cámara se aboque al análisis de un proyecto sobre responsabilidad fiscal, que dispone que el Fisco puede entregar determinados recursos, hacer aportes de capital al Banco Central de acuerdo con un determinado monto, lo que me parece muy bien desde el punto de vista de la disciplina y de la responsabilidad. Pero ¿qué pasa con esa disciplina y responsabilidad respecto de chilenas y chilenos que por razones ajenas a las laborales fueron exonerados, perdiendo su trabajo y muchas veces su normalidad en la vida? 
El diputado Hales lo decía muy bien. A estas alturas, ¿dónde encuentran trabajo? ¿Qué pueden hacer? No pueden jubilar, sólo pueden aspirar a pensiones asistenciales mínimas.
Hoy, Chile goza de cierta holgura económica. Es hora de que el Gobierno tome en serio la aplicación de la tercera ley de exonerados y resuelva en forma urgente la situación de aquellas personas que están en lista de espera.
Ayer, escuché un ejemplo que voy a repetir aquí. Me gustó porque es muy gráfico, pero a la vez impactante.
Resulta difícil hablarles no tan solo a los exonerados, sino también a otros sectores que tienen necesidades urgentes, de la responsabilidad fiscal. Es como decirle a un exonerado es un ejemplo que me dio anoche un amigo que cumplió los 65 años, si es hombre, o 60 años, si es mujer, que tendrá que seguir viviendo con su pensión asistencial de 35 ó 45 mil pesos, después de haber ganado en el Kino un premio de 500 millones de pesos, porque tiene que ahorrarlos. 
¿Por qué doy este ejemplo? Porque hoy la gente ve a un Estado que, a pesar de tener mayores ingresos, no los puede gastar debido a su responsabilidad fiscal. ¿Cómo se le puede explicar esto a la gente que ni siquiera puede cubrir sus necesidades más básicas? Chile está recibiendo recursos extraordinarios ¡qué duda cabe!, pero no los puede gastar. Es como sacarse el Kino y tener que guardar la plata para las futuras generaciones, y seguir viviendo en la pobreza. Es como decirles a unos pensionados que deben seguir viviendo con los 45 ó 50 mil pesos, porque el Kino que ganaron lo van a tener que guardar para sus nietos, bisnietos, tataranietos, choznos, bichoznos o tatarachoznos. 
Entonces, es algo que realmente cuesta explicar, más aún a un sector o grupo humano tan vulnerable como el de los exonerados políticos. Creo que aquí hay responsabilidad política de los diputados de la Concertación; no voy a culpar a Renovación Nacional o a la UDI por una decisión que, sin duda, le corresponde al Gobierno de la Concertación. Incluso, la Oposición ha sido funcional, apoyando y concordando estos proyectos de ley, en particular, la tercera ley que benefició a los exonerados. Es nuestra responsabilidad, y esos más de 100 mil chilenos que esperan un reconocimiento no pueden seguir esperando; no pueden entender que el Kino esté guardado en la caja de fondos o en el Banco Central, cuando todavía no pueden satisfacer sus necesidades más básicas. Sé que este ejemplo puede ser un poco extremo, pero resulta difícil decirles a los exonerados en mi caso, a los de Vallenar o Tierra Amarilla que trabajaban en la Corfo, en el MOP, en Vialidad, en empresas del Estado, en la Cora o en la Corfo norte que tendrán que seguir esperando. Cada dos meses nos llegan reportes muy detallados del Ministerio del Interior, pero en tres años se ha avanzado sólo en un 10 por ciento me lo decía la diputada Isabel Allende, quien maneja muy bien las cifras y el tema, mientras el 90 por ciento restante sigue esperando.
Por eso, anuncio que daré mi apoyo a este proyecto de ley que hace justicia a un importante grupo de exonerados políticos, a quienes calcularon de manera equivocada sus pensiones, aunque sea un grupo limitado.
En nombre de los diputados de la Democracia Cristiana, quiero decir que vamos a apoyar el proyecto; pero queremos que se dé una solución a las más de 100 mil personas que todavía están esperando y que no entienden por qué el Kino tiene que seguir guardado para las futuras generaciones.
He dicho.
Aplausos en las tribunas.
El señor LEAL (Presidente).- Por último, tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, quiero partir diciendo que lo planteado por nuestro correligionario José Pérez interpreta muy bien a todos los radicales. En nombre de nuestra bancada, planteó el sentimiento de los radicales en relación con los exonerados políticos. Por eso, sólo me referiré a un tema que nos parece de suyo importante. 
Lo cierto es que este proyecto de ley, que concede una reivindicación desde el punto de vista económico y de sus derechos a los exonerados por motivos políticos en 1973, durante la dictadura militar, deja un vacío que no nos parece justo, según nuestros principios. En efecto, la iniciativa concede un bono compensatorio sólo a quienes se encontraban percibiendo la pensión al 28 de febrero de 2005, a que se refiere el artículo 1° del proyecto. 
Todos sabemos que la Cámara aprobó una tercera ley de exonerados, y tal como lo han planteado diversos parlamentarios, aún no termina la evaluación de todos sus posibles beneficiarios. Por lo tanto, no me cabe duda alguna de que muchos exonerados que se encuentran en proceso de calificación y que cumplen con los requisitos, de acuerdo con el procedimiento establecido por la iniciativa en estudio por ejemplo, tener 70 años de edad o más y los demás que preceptúa quedarán sin percibir el bono.
Desde los puntos de vista ético y de principios, nos parece que la Cámara debe respetar la igualdad ante la ley. Si una persona cumple con los requisitos establecidos y obtiene su pensión de exonerado ahora, en agosto de 2006, no entiendo por qué no tendría derecho a percibir el bono, a pesar de cumplir con los mismos requisitos y de tener los mismos derechos que los beneficiarios que estaban percibiendo una pensión al 28 de febrero de 2005.
(Aplausos en las tribunas).
En ese sentido presentamos una indicación. Espero que el Presidente la someta a votación para que todas las personas que cumplan con los requisitos, de acuerdo con lo que establece el proyecto de ley y que participen y sean reconocidas como exoneradas políticas por el INP, puedan impetrar el bono en su momento. 
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este asunto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de ley que concede un bono extraordinario a los exonerados por motivos políticos que indica.
El señor ENCINA.- Señor Presidente, quiero inhabilitarme.
El señor LEAL (Presidente).- Muy bien.
También se inhabilitan las diputadas Denise Pascal y María Antonieta Saa, y el diputado Carlos Montes.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, me inhabilito también por ser exonerado.
El señor LEAL (Presidente).- Bien.
Debo aclarar que lo que vamos a votar es un bono para los exonerados de los años 73, 74 y hasta septiembre de 75 que están en las categorías que establece el proyecto. Por tanto, si alguien es exonerado no tiene por qué inhabilitarse.
El señor Secretario va a leer los nombres de los inhabilitados por petición propia.
El señor LOYOLA (Secretario).- Se han inhabilitado los diputados señores Encina y Jaramillo y las diputadas señoras Denise Pascal, María Antonieta Saa y Adriana Muñoz.
El señor LEAL (Presidente).- En votación general el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).- Se declaran aprobados en particular, y reglamentariamente, todos los artículos, con excepción del 1° y del 3°, que han sido objeto de indicaciones de su excelencia la Presidenta de la República.
La indicación de los diputados Robles, Sule, Samuel Venegas, Marcos Espinoza, Meza y Ojeda al artículo 1°, ha sido declarada inadmisible por el Presidente que habla, por cuanto pretende extender beneficios y esa facultad no compete a los diputados.
El señor Secretario va a dar lectura a la primera indicación de la Presidenta de la República.
El señor LOYOLA (Secretario).- Indicación al artículo 1° para reemplazar, en el inciso primero, la frase “al momento de solicitar el bono extraordinario” por “a la fecha de publicación de esta ley”.
El señor LEAL (Presidente).- En votación el artículo 1° con la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bertolino Rendic Mario; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Martínez Labbé Rosauro.
El señor LEAL (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la segunda indicación de la Presidenta de la República.
El señor LOYOLA (Secretario).- Indicación al artículo 3°, para intercalar entre las expresiones “acreditados” y “los” las expresiones “por éste”. Se trata de la acreditación que deberá realizar el Instituto de Normalización Previsional.
El señor LEAL (Presidente).- En votación el artículo 3° con la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor LEAL (Presidente).- Despachado el proyecto.
Aplausos en las tribunas.


NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL. Tercer trámite constitucional.

El señor LEAL (Presidente).- Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, sobre responsabilidad fiscal.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Julio Dittborn.
Antecedentes:
Informe de la Comisión de Hacienda, boletín N° 400005. Documentos de la Cuenta N° 3 de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).- A petición del diputado señor Lorenzini, cito a reunión de Comités.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda y en cumplimiento de lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la ley 
N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, paso a informar sobre las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, sobre responsabilidad fiscal.
Como se hizo presente en el informe de la Comisión en el primer trámite constitucional, el inciso quinto del artículo 6°, que pasa a ser artículo 7° del texto aprobado por el honorable Senado, y el artículo 18, que pasa a ser 21, deben aprobarse con quórum de ley orgánica constitucional, por incidir en materias propias del Congreso Nacional y del Banco Central, respectivamente.
En realidad, el proyecto de ley es misceláneo, es decir, contiene distintas materias. Es una iniciativa árida, difícil de seguir y de entender, aun para las personas a las que les interesa el tema, razón por la cual, en esta oportunidad, más que leer el proyecto, voy a explicar cuáles son sus objetivos.
Ante todo, quiero recordar el origen de esta iniciativa legal.
En septiembre de 2005, ingresó al Congreso Nacional este proyecto de ley sobre responsabilidad fiscal, que se enmarca en los acuerdos incluidos en el protocolo de acuerdo de la Ley de Presupuestos para 2005 suscrito por el ministro de Hacienda y los parlamentarios.
Entre los compromisos asumidos en esa oportunidad se encontraba el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que incluyera medidas adicionales a las aprobadas en 2003 para fortalecer la responsabilidad fiscal, avanzando, de esta forma, en materia de transparencia y eficiencia de la gestión financiera del Estado.
Este proyecto sobre responsabilidad fiscal recoge las recomendaciones originadas en las evaluaciones externas efectuadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre transparencia fiscal en Chile, y las proposiciones de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, abarcando materias como la homogeneización de las normas sobre gestión financiera entre distintos sectores del gobierno central, el fortalecimiento de la auditoría interna y la racionalización de la gestión de bienes inmuebles públicos. Como se puede apreciar, el proyecto es misceláneo, es decir, se refiere a distintos temas. 
La iniciativa tiene por objeto complementar la política fiscal basada en el balance estructural, que da estabilidad en el tiempo al gasto público y permite efectuar una política fiscal contracíclica, que es una de las principales características y virtudes del sistema de balance estructural que hoy nos rige, atenuando así las fluctuaciones que se producen en la actividad económica.
Asimismo, fortalece la capacidad de ahorro público y de gestión de los activos financieros del fisco, elemento clave para la competitividad de la economía en un período de altos precios del cobre, como el que hoy vivimos.
Luego de estudiar el proyecto en detalle, me parece que existen nueve materias o puntos distintos que se deben resaltar, los que trataré de explicar en forma muy simple y sucinta, para no leer todo el proyecto, que sería excesivamente demoroso.
En primer lugar, el proyecto establece una obligación legal para que, a futuro, los gobiernos entreguen información respecto del estado estructural de las finanzas públicas, que refleje la sustentabilidad de la política fiscal y las implicancias macroeconómicas y financieras de la política presupuestaria.
A mi juicio, éste es un elemento muy importante y tiende a consolidar la regla fiscal como la matriz de la política fiscal del gobierno hacia el futuro.
En segundo término, se establece una obligación legal para que, al inicio de un Gobierno, el Presidente de la República, dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que asume sus funciones, establezca las bases de la política fiscal que será aplicada durante su administración. Además, las futuras autoridades tendrán la obligación de pronunciarse de manera expresa sobre el balance estructural, en términos de un porcentaje del producto interno bruto.
En tercer lugar, se crea un Fondo de Reserva de Pensiones destinado a complementar el financiamiento de las obligaciones fiscales derivadas de compromisos con el sistema de pensiones. Como es sabido, el sistema de pensiones tiene una cantidad de obligaciones a futuro, muchas de las cuales son inciertas. No se sabe, porque no lo conocemos, la rentabilidad de los fondos de pensiones hacia el futuro, como tampoco las lagunas previsionales, que dependen de la responsabilidad con que los chilenos coticen. Tampoco se sabe cuántas pensiones mínimas y pensiones asistenciales se deberán entregar. Este proyecto se hace cargo de esa incertidumbre con la creación de un fondo de reserva de pensiones destinado a complementar el financiamiento de las obligaciones fiscales derivadas del compromiso que hoy tiene, por ley, el sistema de pensiones. 
Se modifica la regla de aportes del Fondo de Reserva de Pensiones, estableciendo que éstos serán equivalentes al superávit efectivo del año anterior, pero con un tope del 0,5 por ciento del producto interno bruto de dicho año. Se dispone que el aporte mínimo al fondo será del 0,2 por ciento del PIB, no obstante que el superávit efectivo sea inferior a esa cifra. Se precisa que el aporte debe quedar enterado al fondo dentro del primer semestre del año en que corresponda.
Se propone que los recursos del fondo, que podrán estar en moneda local o extranjera, puedan ser invertidos en el conjunto de instrumentos que estipula la legislación del sistema de pensiones, excepto la inversión en acciones, la cual no está autorizada. Las inversiones podrán realizarse tanto dentro como fuera de Chile.
Se faculta para que el fisco pueda contratar la administración de la cartera del fondo de reserva de pensiones con el sector privado mediante licitación pública, lo cual me parece muy bien. Hoy existe una gran discrecionalidad en la forma como el tesoro público invierte los recursos del Estado.
En cuarto lugar, el proyecto establece la creación de un nuevo fondo de estabilización económica y social, que refunde dos fondos ya existentes, ambos asociados a la estabilización de los ingresos fiscales por los excedentes del cobre y cuyo objetivo es complementar la regla fiscal basada en el balance estructural que hoy nos rige.
Se refunden los actuales fondos de compensación de los ingresos del cobre, de manera de denominar al nuevo fondo resultante como Fondo de Estabilización Económica y Social. Este nuevo fondo tendrá como principal objetivo complementar la regla fiscal basada en el balance estructural y otorgar estabilidad financiera al fisco, ahorrando parte de los superávit fiscales para asegurar el financiamiento del presupuesto en los años con déficit. 
Lo anterior, con el objeto de no exponer al gasto público ni al social a las alzas y bajas del ciclo económico o del mismo precio del cobre. 
En quinto lugar recordemos que son nueve los puntos que he decidido resaltar, el proyecto establece un programa de contingencia contra el desempleo. 
Se plantea dar carácter permanente a la glosa correspondiente al programa de contingencia contra el desempleo establecido en la ley de Presupuestos.
En sexto lugar, se establece la obligación de fijar procedimientos generales para administrar los activos financieros del Tesoro Público, de modo de asegurar una administración profesional con una adecuada ponderación de los factores de rentabilidad y de riesgo. También se regula el otorgamiento de las garantías que el Estado otorgue hacia el futuro. 
En séptimo lugar, el proyecto modifica la ley orgánica de administración financiera del Estado, el decreto ley N° 1.263, de 1975. Se proponen modificaciones a este decreto ley para fortalecer la evaluación de proyectos, entre otras materias, específicamente a los que provengan de la inversión en Defensa Nacional, que se estima que es un sector que hasta ahora no ha estado sujeto a los criterios técnicos de evaluación de proyectos.
En octavo lugar y aquí entramos a la parte que no corresponde a la que la Cámara discutió en el primer trámite, sino a una indicación muy importante que se introdujo en el Senado, el proyecto de ley se hace cargo de la capitalización del Banco Central de Chile. 
En el segundo trámite constitucional, en el Senado, se agregó un nuevo artículo, mediante el cual se faculta al fisco para efectuar aportes de capital al Banco Central de Chile, con cargo al superávit efectivo, una vez deducido el aporte al fondo de reserva de pensiones, y si tras ello quedaren recursos, hasta por un monto máximo anual equivalente a medio punto del producto interno bruto. Esta facultad regirá por cinco años.
La norma obliga al Ministerio de Hacienda a efectuar un estudio económico financiero al tercer año, para evaluar el impacto de los aportes en el balance proyectado del Banco Central para un período de veinte años. De este modo, el gobierno que corresponda podrá decidir, sobre la base de dichos antecedentes, la conveniencia de legislar respecto del plazo propuesto y los demás contenidos del artículo que se propone.
En noveno lugar, el proyecto propone un nuevo artículo, de carácter general, en relación con las facultades del Ministerio de Hacienda para la inversión de recursos en los nuevos fondos que se proponen los fondos económico social, de pensiones y contra el desempleo, así como de los demás recursos fiscales. 
En el caso de que el Ministerio recurra a la administración de la cartera de inversiones por terceros, facultad que se otorga en este proyecto de ley, o delegue en ellos algunas de las operaciones asociadas a la administración de los activos financieros, se establece que estará obligado a contratar auditorías periódicas independientes sobre el estado de los fondos y la gestión de esas entidades.
Además, se dispone que el Ministerio de Hacienda deberá emitir informes trimestrales sobre el estado de los fondos que establece este proyecto, debiendo remitir copias de ellos a diferentes instancias del Congreso Nacional.
Se faculta para que el Ministerio de Hacienda pueda encomendar al Banco Central de Chile la administración de todo o parte de los recursos, ya sea directamente o a través de terceros, previa licitación.
Uno de los puntos menos conocido de este proyecto y que, probablemente, requiere una mayor explicación, dice relación con que el fisco hará el esfuerzo, a partir de su aprobación, si ello ocurre, de transferir una cantidad de recursos al Banco Central de Chile para fortalecer el patrimonio de dicha entidad.
Ayer, en la Comisión de Hacienda estuvo presente el presidente del Banco Central de Chile, don Vittorio Corbo, quien explicó la importancia de que la institución que dirige tenga un nivel de patrimonio o capital importante y consistente con las operaciones financieras que realiza. Asimismo, señaló que la actual situación patrimonial de la entidad es delicada y que no permite que actúe con capacidad y firmeza en todas las decisiones que eventualmente debiera adoptar. Por lo tanto, resaltó la importancia de incrementar ese patrimonio. También se refirió a las causas por las cuales ese patrimonio ha sufrido una merma en las últimas dos o tres décadas.
Por otra parte, señaló cinco razones de por qué es necesario fortalecer el patrimonio del Banco Central.
En primer lugar, para que el Banco tenga un flujo financiero sano y potente.
En segundo lugar, un banco central como el chileno necesita capital, porque no tiene otros ingresos más que el impuesto inflación, que hoy es muy bajo, porque la inflación lo es, y el señoriaje, que es menor. El Banco Central no tiene otros ingresos para financiar actividades que, muchas veces, tienen altos costos.
Por ejemplo, la acumulación de reservas internacionales, que realizó durante muchos años, tuvo un alto costo. El Banco Central compraba dólares con la emisión de pagarés que estaban indexados en unidades de fomento. En los últimos años, ha sido un mal negocio tener dólares y un buen negocio tener unidades de fomento.
Por lo tanto, financió la adquisición de un activo que da un interés bajo, con un pasivo que exigía pagar un interés mayor. Eso significó disminuir el nivel de patrimonio o capital del Banco Central.
En nuestro sistema financiero, el Banco Central actúa como el prestamista de última instancia, por lo que requiere gozar de una situación patrimonial sólida.
También tiene monedas extranjeras que requieren, por los descalces que pudieran producirse, una posición patrimonial sólida.
El presidente del Banco Central explicó latamente la importancia de que esa institución se fortalezca en ese aspecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en esta legislatura se incorporaron más de cuarenta nuevos diputados, por lo que estimo conveniente recordar algo que forma parte de la tradición del Congreso Nacional.
Al término de la discusión del presupuesto de la nación, se firma un protocolo de acuerdo sobre las materias que fueron debatidas en las cinco subcomisiones mixtas de Presupuesto, en la comisión mixta y en la sala, pero que no fueron consideradas dentro del presupuesto anual de la Nación.
En el protocolo de acuerdo del presupuesto de 2005, que se aprobó en noviembre de 2004, en uno de los puntos que firmamos todas las bancadas de la Cámara de Diputados y del Senado se solicitaba al Ejecutivo que ingresara un proyecto sobre responsabilidad fiscal. Ello se hizo motivado por varios hechos económicos, como, por ejemplo, el precio del cobre que, en ese instante, se cotizaba entre 0,55 y 0,57 dólares la libra.
En ese momento, se planteó una gran discusión por el hecho de que Codelco no había puesto a la venta 200 mil toneladas de cobre. Sin embargo, quedó demostrado que fue una excelente decisión de su directorio, porque no inundó el mercado con 200 mil toneladas más y comenzó a subir el precio del cobre, en lo cual también tuvo gran influencia el crecimiento económico de la República Popular China. Así es como el precio del cobre llegó a los niveles que hoy conocemos.
Quería recordar eso, porque es bueno conocer la génesis de los proyectos.
Como lo expresó el diputado informante, el Ministerio de Hacienda, cumpliendo con el mandato, solicitó evaluaciones externas al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, para que esos organismos se refirieran a la transparencia fiscal en Chile y señalaran su opinión respecto de cuál era la mejor forma de elaborar el proyecto sobre responsabilidad fiscal. Además, se tuvieron en consideración las proposiciones que realizó la Comisión Mixta de Presupuestos.
Era necesario incorporar normas conducentes a homologar los sistemas de información de ejecución presupuestaria de las instituciones del sector público, incluir materias como la homogeneización de normas sobre gestión financiera entre los distintos sectores del gobierno central y establecer normas destinadas a mejorar la gestión de activos y pasivos del sector público, destacando entre éstas aquella que busca la racionalización en la gestión de bienes inmuebles públicos.
En septiembre de 2005, el Ejecutivo ingresó el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, que terminó de tramitarlo, en primer trámite constitucional, en octubre del mismo año, cuando fue aprobado casi por la unanimidad de la Sala. Luego, se despachó al Senado, que le introdujo profundas transformaciones, a través indicaciones presentadas por el Ejecutivo, pero solicitadas por senadores de todas las bancadas. Ahora, en su tercer trámite constitucional, nos corresponde conocer dichas modificaciones introducidas por el Senado y que apuntan a perfeccionarlo. Quiero destacar algunas de ellas.
En primer lugar, en cuanto a la política fiscal, el texto del proyecto aprobado por el Senado no sólo establece que “El Presidente de la República, dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que asuma sus funciones, establecerá las bases de la política fiscal que se aplicará durante su administración.”, sino que agrega, a continuación del último vocablo “administración”, sustituyendo el punto (.) seguido por una coma (,), lo siguiente: “que deberá incluir un pronunciamiento explícito acerca de las implicancias y efectos que tendrá su política sobre el Balance Estructural correspondiente al período de su administración.”
De acuerdo con esta disposición, el 2010, cuando asuma un nuevo gobierno, éste tendrá la obligación de dar a conocer al país, dentro de los primeros noventa días siguientes de la fecha de inicio de su mandato, cuál será su política fiscal, lo cual es fundamental en las finanzas públicas.
Es decir, estamos por aprobar normas que, una vez más, ayudarán a mejorar y trasparentar la política fiscal.
Debo recordar que el proyecto ya disponía que dicho balance debe calcularse como parte del programa financiero del sector público.
En segundo lugar, se crea el Fondo de Reserva de Pensiones. A este respecto, se modifica la regla de aportes a dicho fondo, en el sentido de que se incrementará con un aporte equivalente al superávit efectivo con un tope del 0,5 por cierto del producto interno bruto del año anterior. Además, se dispone en términos similares al texto vigente, que el aporte anual mínimo al fondo será el equivalente a 0,2 por ciento del PIB del año anterior, aun cuando el superávit efectivo sea inferior a ese porcentaje. Vale decir, estamos fijando un piso a este Fondo, puesto que es importante destacarlo puede haber un período de vacas flacas y, a lo menos, se garantizan por muchísimos años las pensiones mínimas y asistenciales. 
Se señala que los recursos del Fondo, que podrán estar en moneda local o extranjera, puedan ser invertidos en Chile y en el extranjero en los instrumentos que estipula la legislación del sistema de pensiones, excepto en acciones.
Se dispone, asimismo, que el Ministerio de Hacienda deberá administrar el Fondo a través de contratos de administración de carteras adjudicadas mediante licitación pública. No obstante, si así lo instruye el ministro de Hacienda, también podrá ser administrado directamente por el servicio de Tesorería, según un esquema propuesto en el artículo 12 del proyecto. 
En el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, las Superintendencias de Valores y Seguros, de Bancos e Instituciones Financieras y de las Administradoras de Fondos de Pensiones, podrán fiscalizar los servicios de administración de cartera y hacer efectivas las responsabilidades civiles, penales y administrativas por los perjuicios, delitos o infracciones cometidas por quienes intervengan en la contratación y administración de los servicios, así como por quienes lleven a cabo la supervisión y seguimiento de las inversiones financieras. 
Se crea un Fondo de Estabilización Económica y Social. Al respecto. Se precisa la norma que refunde los actuales fondos de compensación de los ingresos del cobre establecidos en el decreto ley N° 3.653, de 1981, y en el Convenio de Préstamo Birf 
N° 2625 CH, de manera de denominar al nuevo fondo resultante como “Fondo de Estabilización Económica y Social”, en atención al carácter más amplio que el proyecto de ley le otorga. 
Este nuevo Fondo tendrá como principal objetivo complementar la regla fiscal basada en el balance estructural y otorgar estabilidad financiera al fisco, ahorrando parte de los superávit fiscales para asegurar el financiamiento del presupuesto en los años con déficit. Lo anterior, con el propósito de no exponer el gasto social a los altos y bajos del ciclo económico o, posiblemente, del precio del cobre, junto con orientar el ahorro público, de modo de fortalecer la competitividad de la economía. 
Estoy totalmente de acuerdo con la capitalización del Banco Central, porque el precio del dólar, hace poco, estuvo a punto de alcanzar los 500 pesos. Se presentó este proyecto, hubo actitud, disposición y voluntad, y el precio del dólar se ha mantenido para hacer posible las exportaciones. 
Anuncio que votaré favorablemente la iniciativa.
He dicho. 
El señor LEAL (Presidente).- Ha terminado el Orden del Día.
Señores diputados, con acuerdo de los Comités, he decidido citar a sesión especial, de 17.00 a 18.30 horas, para continuar con la discusión de este proyecto hasta su total despacho. 


VI. PROYECTOS DE ACUERDO


INSTITUCIÓN DEL DÍA DEL COMERCIANTE DE FERIAS LIBRES Y URGENCIA A PROYECTO SOBRE ADMINISTRACIÓN DE ESTE COMERCIO.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 97, de los señores Roberto Sepúlveda, Francisco Chahuán, señora Ximena Valcarce y señores Rosauro Martínez, Enrique Estay, Manuel Rojas, Germán Verdugo, Mario Bertolino, Antonio Leal y René Manuel García.
“Considerando:
Que, en el país, las ferias libres constituyen un importante canal de comercialización tradicional de la pequeña agricultura y la pesca artesanal, transformándose en un vital ente regulador de precios que beneficia a toda la población en general y, de modo especial, a los sectores más populares, cuyas ventas bordean los ciento setenta mil millones de pesos al año.
Que, en Chile, actualmente, existen setecientas ferias libres que se han convertido en la principal forma de abastecimiento de alimentos saludables y de bajo costo, situadas en las cercanías de los barrios. Éstos valoran en su real dimensión el contacto personal que los comerciantes mantienen con sus clientes, lo que les da una gran cercanía, muy apreciada, con la comunidad.
Que las ferias libres tienen su origen desde los inicios de la nación, creando una importante fuente de empleo para miles de personas, funcionando actualmente como pequeñas empresas, donde se transa casi el 80% de toda la fruta y la verdura consumida en el país, además de formar parte de una verdadera tradición de la más genuina expresión folclórica.
Que, por esta razón, es un deseo, anhelado por todos los comerciantes de ferias libres, contar con un marco legal que proteja y reconozca los derechos que merece este sector. Actualmente, en la Cámara de Diputados, se encuentra en tramitación, desde agosto de 2004, el proyecto de ley, iniciado en Mensaje, que establece un sistema de autorización y régimen de administración de las ferias libres y los derechos de los comerciantes que ejercen sus actividades profesionales en ellas (boletín N° 342806).
Que, mediante la aplicación de la respectiva urgencia por parte del Gobierno, cabe reactivar este proyecto de ley que recogió las inquietudes de los comerciantes de ferias libres y otras peticiones de legisladores de esta Corporación, a fin de concretar los resguardos necesarios que garanticen tanto la protección de los derechos como la permanencia de esta fundamental actividad económica.
Que, desde hace cinco años, los comerciantes de ferias libres hacen un alto en su labor y celebran el último lunes de octubre de cada año como el día de su actividad.
Que resulta de absoluta justicia, dada la abnegada labor que cumplen los comerciantes de ferias libres en agotadoras jornadas que se inician en horas de la madrugada, otorgar un reconocimiento oficial al día que han escogido para celebrar su aniversario, atendida la importancia que revisten para el abastecimiento de la sociedad, mediante un decreto supremo que así lo establezca. 
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que:
1.Instituya, mediante un decreto supremo, como Día del Comerciante de Ferias Libres el último lunes de octubre de cada año, en reconocimiento de la abnegada labor que cumplen.
2.Haga presente el trámite de urgencia al proyecto de ley, iniciado en Mensaje, que establece un sistema de autorización y régimen de administración de las ferias libres y los derechos de los comerciantes que ejercen sus actividades profesionales en ellas (boletín N° 342806), dada Ia importancia que reviste para este sector microempresarial.”
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda.
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).- Señor Presidente, tal como se señala en los fundamentos del proyecto de acuerdo, las ferias libres constituyen un importante canal de comercialización tradicional de la pequeña agricultura y de la pesca artesanal, transformándose en un ente regulador de precios, vital para la economía, que beneficia a toda la población y, en especial, a los sectores más populares.
Las ferias libres, que ya forman parte de nuestro folklore nacional, generan una importante fuente de empleo. Además, en sus puestos artesanales se transa, aproximadamente, el 80 por ciento de la fruta y verdura que se consume en el país.
Es un anhelo de todos los comerciantes de las ferias libres contar con un marco legal que proteja y reconozca sus derechos. 
Desde 2003, se tramita en esta Cámara un proyecto, originado en mensaje, que recoge otras peticiones parlamentarias, para establecer un sistema de autorización y administración del sector , por lo que es necesario que el Ejecutivo le ponga urgencia.
Asimismo, es necesario que la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa de la Cámara reciba a los dirigentes de los comerciantes de ferias libres para escuchar sus planteamientos sobre la materia.
Por otra parte, es preciso hacer un justo reconocimiento oficial a la fecha que estos sacrificados comerciantes han elegido para celebrar el día de su actividad, habitualmente, el último lunes de octubre de cada año, oportunidad en que hacen un alto en la abnegada labor que desarrollan en agotadoras jornadas.
Por esas razones y dada la importancia que revisten las ferias libres para nuestra población en ciudades, comunas, y localidades del territorio nacional, pido a mis distinguidos colegas aprobar el proyecto de acuerdo por el cual solicitamos a la Presidenta de la República aplicar urgencia al proyecto que establece un sistema de autorización y régimen de administración de las ferias libres y los derechos de los comerciantes que ejercen sus actividades profesionales en ellas e instituir el último lunes de octubre de cada año como el día del comerciante de feria libre.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, bien han hecho sus autores en resaltar el rol de las ferias libres, toda vez que constituyen un elemento regulador de precios, abastecedor de alimentos y, en la actualidad, de un sinnúmero de otros importantes insumos para el hogar, especialmente de los sectores más populares y, además, una alternativa de trabajo para mucha gente.
El desafío que deberán enfrentar los comerciantes de ferias libres dice relación con su calidad de trabajadores independientes. La gran mayoría no tiene acceso a previsión y salud, porque no cotiza, situación que será motivo de debate en el Congreso Nacional en los próximos meses.
Por lo que implican las ferias libres en la vida cotidiana de las comunas populares, por las fuente de trabajo que representan para numerosas familias, por el impacto regulador que tienen en los precios, por la calidad de abastecedoras de la población y por la urgente de necesidad de ordenar y formalizar a estos comerciantes en términos adecuados, la iniciativa de establecer el último lunes de octubre de cada año como el “Día del Comerciante de Ferias Libres” para que la comunidad en general, el Congreso Nacional, en particular, los municipios, las organizaciones y las instituciones puedan conocer mejor la labor que realizan, es, sin duda, motivo de elogio y de apoyo.
Es de esperar que el proyecto de ley, que en su momento muchos diputados de la UDI, encabezados por el hoy senador señor Pablo Longueira, impulsaron, pueda transformarse, con la opinión de los comerciantes de ferias libres, en un marco legal que regule al sector.
En consecuencia, anuncio que nuestra bancada apoyará con entusiasmo el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Mulet Martínez Jaime; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.


CREACIÓN DE FONDO DE DESARROLLO PARA REGIONES PISQUERAS.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 98, de los señores Walker, Leal, Fuentealba, de la señora Muñoz, doña Adriana; y de los señores Encina, Díaz, don Marcelo; Aedo y Mulet.
“Considerando:
Que, en su artículo 19, Nº 20, inciso cuarto, la Constitución Política de la República señala: ‘Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado’. 
Que, no obstante lo señalado, el inciso cuarto de la misma norma agrega: ‘Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. 
Asimismo, podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo’.
Que, en complemento de lo anterior, la ley N° 19.175, orgánica constitucional, sobre Gobierno y Administración Regional, en su artículo 24 letra e), establece que el Intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, propondrá al Consejo Regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que corresponden a la región, así como de las inversiones sectoriales de asignación regional y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en aplicación de lo dispuesto por el artículo 19, N° 20, de la Constitución Política de !a República.
Que, por su parte, el artículo 36, letra e), de la misma ley, faculta al Consejo Regional resolver sobre la base propuesta por el Intendente la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región, de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 19, Nº 20, de la Constitución Política de !a República.
Que la producción de pisco es una actividad con clara identificación en la Tercera Región, de Atacama, y en la Cuarta Región, de Coquimbo, situación establecida legalmente mediante el reconocimiento de la denominación de origen de este producto.
Que, en su artículo 28, letra a), la ley 
N° 18.455, que fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, estableció: 
‘Pisco: esta denominación queda reservada para el aguardiente producido y envasado en unidades de consumo, en las Regiones Tercera, de Atacama, y Cuarta, de Coquimbo, elaborado por destilación de vino genuino potable, proveniente de las variedades de vides que determine el reglamento, plantadas en dichas regiones’.
Que el decreto supremo N° 521, de 1999, del Ministerio de Agricultura, fijó el Reglamento de la denominación de origen pisco. Este Reglamento define como zona pisquera aquella que comprende a la totalidad de las regiones de Atacama y de Coquimbo. Además, exige que las siguientes actividades se desarrollen en la zona pisquera:
Viticultor pisquero: Es el productor de uvas pisqueras.
Vinificador pisquero: Es quien transforma las uvas pisqueras en vino.
Destilador pisquero: Es el productor del aguardiente obtenido del vino elaborado con uvas pisqueras.
Envasador pisquero: Es el que fracciona y acondiciona el aguardiente pisquero en unidades de consumo.
Que la ley N° 19.275 estableció el Fondo de Desarrollo de la Duodécima Región, de Magallanes y de la Antártica Chilena. Este fondo, que se origina por las actividades de explotación de gas o petróleo en la región, está conformado por los montos de recaudación que se generen por concepto de derecho de explotación regulado en el artículo 6° del decreto ley N° 2.312, de 1978. Estos recursos se incorporan en la ley de Presupuestos para crear el fondo administrado por el gobierno regional para su asignación a proyectos de fomento y desarrollo de la Duodécima Región.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, haciendo uso de sus facultades exclusivas, envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que:
Cree un Fondo de Desarrollo para las regiones pisqueras esto es, la Tercera Región, de Atacama, y la Cuarta Región, de Coquimbo, referidas en el decreto supremo N° 521, de 1999, del Ministerio de Agricultura, que fijó el Reglamento de la denominación de origen pisco. 
Establezca que el fondo se constituirá con los recursos obtenidos del pago de impuestos por la producción de pisco de las regiones señaladas. 
Entregue la administración de los recursos que conformen el Fondo de Desarrollo para las Regiones Pisqueras a los respectivos gobiernos regionales.”
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente, la diputada señora Adriana Muñoz y los diputados señores Antonio Leal, Renán Fuentealba, Francisco Encina, Marcelo Díaz, Jaime Mulet, René Aedo y el diputado que habla presentamos este proyecto de acuerdo con el objeto de solicitar al Gobierno la creación de un fondo de desarrollo para las regiones pisqueras de Atacama y de Coquimbo.
La ley establece que los tributos que se recauden ingresarán a un fondo general. Sin embargo, el inciso cuarto del número 20° del artículo 19 de la Constitución Política establece que la ley “podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo”.
Esos recursos, según la ley, deben asignarse a proyectos que el intendente proponga y que resuelva el consejo regional.
A propósito, rindo homenaje a don José Fernández Penroz, consejero regional de Coquimbo, quien nos propuso esta idea que los diputados proponemos hoy a la Sala.
La producción de pisco está identificada claramente con las regiones Tercera y Cuarta, y el producto goza del reconocimiento legal de denominación de origen.
La ley Nº 18.455 fija las normas sobre producción, distribución, elaboración y comercialización de estos alcoholes. Está claramente establecida la denominación de origen, no sólo en dicha ley, sino también en el decreto supremo Nº 521, de 1999, del Ministerio de Agricultura.
La denominación de origen, ligada al clima, a la tierra, a la forma de producir, está claramente establecida en nuestro país y en las regiones Tercera y Cuarta, especialmente en los valles de Huasco, Elqui, Limarí y Choapa.
Un precedente muy importante mencionado por la diputada señora Carolina Goic, quien representa a la región de Magallanes, es el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Ese fondo se constituye básicamente con la explotación del gas y del petróleo, lo que permite obtener recursos para esa región, que son asignados por el intendente y el consejo regional.
Por lo tanto, se propone a la Presidenta de la República que envíe un proyecto de ley que cree el fondo de desarrollo para las regiones pisqueras.
Las regiones Tercera y Cuarta poseen un clima semidesértico. Les falta mucha agua para regar y una mejor canalización de distribución para que ésta no se pierda. Sin agua no hay agricultura, campesinos, viviendas sociales, crianceros que puedan vender quesos de mejor calidad a otros países ni cooperados que produzcan uva pisquera y logren un cheque mes a mes para vivir y mantener esa forma de vida.
Por lo tanto, el proyecto de acuerdo solicita a la Presidenta de la República que nos envíe un proyecto de ley que cree el fondo de desarrollo de las regiones pisqueras. Asimismo, pido a las señoras diputadas y diputados que nos respalden en esta iniciativa.
He dicho.
Aplausos.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, en primer lugar, me sumo a las palabras del diputado Walker, porque el proyecto de acuerdo responde a una sentida necesidad de desarrollo de las regiones Tercera y Cuarta. Adhiero también al homenaje rendido al consejero señor José Fernández Penroz, quien ha hecho que esta causa sea del interés de todos.
Por otra parte, quiero señalar que la Constitución Política permite, y fue la fundamentación para la creación del Fondo de Desarrollo de Magallanes, que se puedan constituir mecanismos de asignación de recursos especiales provenientes de los impuestos de actividades de clara identificación regional en beneficio de las regiones que lo producen. En este caso, el pisco, como señaló el diputado Walker, responde a lo preceptuado por nuestra Carta Fundamental.
Además, el proyecto de acuerdo pretende avanzar fuertemente en la descentralización y en el desarrollo regional.
Si la Constitución Política permite que una parte de los impuestos que se recaudan por la explotación de una actividad de clara identificación regional o local se destine a beneficiar dichas regiones, lo lógico, lo razonable, es que vayamos en esa dirección cuando se cumplan los requisitos. 
En efecto, la Tercera y la Cuarta regiones requieren de un impulso importante desde el punto de vista de los recursos. No se habla de crear nuevos impuestos. Se pide que una parte de los que hoy se cobran, se destinen específicamente a obras de desarrollo en esas regiones.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41. No hubo votos por la negativa, ni abstenciones.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Galilea Carrillo Pablo; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Latorre Carmona Juan Carlos; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.


SALVAGUARDIA ANTE LA IMPORTACIÓN DE HARINA Y MARCO TRIBUTARIO ESPECÍFICO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 99, del señor Martínez, de la señora Sepúlveda, doña Alejandra; de los señores Monckeberg, don Nicolás; Jaramillo, Cardemil, Vallespín, Ceroni, Verdugo, Estay y Sule.
“Considerando:
Que, en los últimos quince años, las exportaciones del sector agropecuario acumulan un crecimiento del 9%, alcanzando, en 2005, los cinco mil millones de dólares, casi un tercio de las exportaciones no cobre.
Que las proyecciones conservadoras de tasas de crecimiento muestran que las exportaciones de alimentos agrícolas y no agrícolas podrían, en 2015, llegar a sumar diecisiete mil millones de dólares, superando incluso las exportaciones de cobre de 2004.
Que esa realidad, si bien responde a un esfuerzo constante del país por generar las condiciones para insertar a Chile en el mundo global, enfrenta obstáculos muy serios, como la existencia de una agricultura tradicional, la estructura del sector que es esencialmente de tipo pymes, una fuerte competencia con países que subsidian fuertemente su agricultura y actualmente la baja en el tipo de cambio real por efectos del precio del cobre.
Que el sector agrícola es fundamental para el país, tanto por su dimensión económica como social, pues genera el 14% de los empleos y en varias regiones representa más del 30% de las fuentes de trabajo.
Que el mercado de los granos, con más de ochocientas mil hectáreas sembradas, representa sobre el 40% de la superficie cultivada del país, de las cuales el trigo y el maíz abarcan más de medio millón de hectáreas.
Que el objetivo de la política agrícola anunciada por el Gobierno es transformar al país en una potencia agroalimentaria y, por consiguiente, en un gran exportador de alimentos.
Que dicho objetivo requiere de una estrategia sustentable en el tiempo, que permita hacer de Chile uno de los diez exportadores de alimentos más relevantes del mundo, situación que constituiría una base estable para el desarrollo nacional, pues permitiría enfrentar la inestabilidad del mercado del cobre.
Que este propósito requiere estimular el desarrollo de las Pymes agrícolas, así corno el de los pequeños y medianos productores agropecuarios, en razón de su importancia como generadoras de empleos y sus efectos en el mejoramiento de la distribución del ingreso.
Que la existencia de obstáculos específicos que afectan la competitividad, tales corno la retención del impuesto al valor agregado (IVA) en las operaciones de ganado vivo, carnes y trigo, contenidas en las circulares N°s 24 y 48, de 14 de abril de 1997 y 28 de agosto de 1998, respectivamente, y en la Resolución Exenta N° 2.705, de 7 de mayo de 1998; el vencimiento definitivo, en diciembre de 2006, de la salvaguardia a la harina, y las características particulares del quehacer económico del pequeño productor agrícola sin iniciación de actividades.
Que la resolución exenta N° 539, de 30 de enero de 1997, de la Dirección Nacional de Impuestos Internos, que estableció la guía de traslado de productos agrícolas de los pequeños productores agrícolas a los centros de comercialización autorizados, si bien facilita el traslado, presenta dificultades concretas derivadas de la dinámica particular de la actividad, en el sentido que burocratiza el procedimiento de retorno cuando el agricultor no ha transado la totalidad de sus productos, lo imposibilita de ofertar en otro mercado o, en su defecto, por el impacto económico que le ocasionó verse obligado a vender a precio de costo para evitar dicho procedimiento. Además, para acceder a este documento, debe recurrir a la municipalidad de la comuna correspondiente a su domicilio, siempre que esté inscrita la actividad en el Servicio de Impuestos Internos, de lo contrario tendrá que recurrir a la más próxima a su domicilio que cumpla esa condición.
Que es necesario estimular las actividades productivas de los pequeños productores agrícolas mediante la instauración de un procedimiento específico, tanto respecto de la facilitación del traslado y comercialización, así como para posibilitar la recuperación del impuesto al valor agregado.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que:
Instruya a los ministros de Hacienda y de Agricultura a fin de que estudien y adopten las medidas que permitan modificar el período de duración de la salvaguardia a la harina a tres años renovables.
Considere una propuesta legislativa para la eliminación de la retención del impuesto al valor agregado (IVA) en operaciones de ganado vivo, carnes y trigo y la estructuración de un marco tributario específico para el pequeño agricultor, que atienda las características particulares con los instrumentos adecuados, a los cuales pudiera acceder en la municipalidad correspondiente a su domicilio, debidamente inscrita la actividad en el Servicio de Impuesto Internos.”
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, lo peor que nos puede pasar como país es ser complacientes y esperar que los beneficios de las actividades económicas lleguen por sí solos.
Creo que el Ministerio de Hacienda está haciendo esfuerzos concretos para promover el crecimiento y eso constituye una muy buena señal.
El objetivo de transformar al país en potencia agroalimentaria y, por consiguiente, en un gran exportador de alimentos, se enmarca dentro de esos esfuerzos, lo que es un desafío inmenso que requiere de una estrategia sustentable en el tiempo, situación que en el ámbito de la agricultura tradicional, donde su estructura es esencialmente de tipo pymes, hace imperiosa la necesidad de eliminar determinados obstáculos que afectan sus perspectivas de desarrollo.
En primer lugar, la guía de traslado de productos agrícolas o guía de libre tránsito, cuya finalidad es facilitar el traslado de los productos agrícolas de los pequeños productores a los centros de comercialización, en la práctica presenta serias dificultades, porque se trata de un instrumento que puede ser adquirido por cualquier ciudadano con la sola presentación de su cédula de identidad ante la tesorería municipal respectiva. 
En segundo lugar, puede ser comprada sin determinar el objetivo para el cual será usada, lo que facilita el traslado de ganado de dudosa procedencia.
En tercer lugar, crea un problema para el traslado de ganado a la feria o matadero, ya que el despacho se hace normalmente en horas de la noche y de la madrugada, lo que dificulta el timbraje de Carabineros, porque éstos visan exclusivamente con luz natural. En las ciudades está prohibido el ingreso de camiones con ganado, lo que dificulta aún más el cumplimiento del requisito. 
En cuarto lugar, cada municipalidad actúa en forma autónoma en cuanto a la cantidad de impuesto por animal, no existiendo un valor determinado por especie que se traslada. Además, se trata de un documento de muy bajo costo, traspasable a cualquier persona que traslade animales en el territorio nacional, con lo que adquiere su propiedad, aun cuando no se precise su procedencia y origen, pudiendo ser incluso robados.
En el caso de las salvaguardias a la harina argentina, que vence en diciembre próximo, el problema requiere atención urgente, pues de no renovarse significaría poner en serio riesgo la actividad de gran parte de los casi cien mil trigueros del país. 
El punto, como sabemos, radica en que el producto ingresa a Chile con un valor distorsionado debido a que el gobierno argentino limita las exportaciones de trigo, pero no las de harina, lo que produce una rebaja considerable en su precio. Así es imposible competir.
Se observa preocupación en el Gobierno, lo que es muy bueno. La señal que ha dado el ministro de Agricultura en el caso de la leche es muy positiva, así como los esfuerzos que está haciendo el Senado en la materia.
Necesitamos que esa disposición se amplíe, ojalá hasta ocho años.
En definitiva, el proyecto de acuerdo pretende abrir un debate sobre estas materias, y solicitarle al Gobierno, para el caso de la guía de traslado y de la retención del IVA a determinados productos, estudiar un marco tributario específico para el pequeño agricultor que atienda sus particulares características con los instrumentos adecuados, a los cuales pudiera acceder, por ejemplo, en la municipalidad correspondiente a su domicilio, debidamente inscrita para estos efectos en el Servicio de Impuesto de Internos.
En la medida en que se les facilite su quehacer a los pequeños productores, mejorarán su calidad de vida y serán parte fundamental del éxito de la política agrícola del país.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, el proyecto se aprobará por unanimidad.
Aprobado.


VII. INCIDENTES


HOMENAJE EN MEMORIA DEL EMPRESARIO DON REINERIO IRAIRA BARRIGA.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo cedido por el Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ (de pie).- Señor Presidente, “los hombres pasan por las sendas del mundo y desaparecen cuando el destino los llama, pero sus ideas y obras quedan en el ambiente”.
Quiero, desde esta tribuna, rendir un sincero homenaje a un hombre notable. 
Don Reinerio Iraira Barriga, destacado empresario chillanejo, ha partido a lugares que nos son desconocidos. Pero conscientes de su valía y la fecundidad de su obra, tenemos fe que estará en lugares donde van los hombres buenos, porque eso fue en esencia Reinerio Iraira, cuya bondad traspasaba las fronteras políticas, religiosas, sociales y económicas, porque comprendía muy bien la valía de sus semejantes, sin importarle las particularidades, y sobre todo, porque jamás olvidó sus orígenes, que fueron muy duros, de enormes sacrificios y de un trabajar constante, que inició a muy temprana edad, a los ocho años, cuando dejó su hogar en la ciudad de Los Ángeles para venirse a Santiago en busca de nuevos horizontes.
Reinerio Iraira ejerció una gama de oficios que templaron su carácter, le permitieron conocer las personalidades de los seres humanos y entender sus reacciones. Por eso, decía con humilde sabiduría: “A mí no me cuentan cuentos, las he vivido todas.” Y tenía toda la razón.
Si hay una frase con la que pudiéramos caracterizarlo, diría que Reinerio fue un hombre de un profundo sentido social.
De la nada se proyectó a la cima. Pero allí, donde muchos se pierden en la nebulosa del éxito, nuestro amigo fue aún más generoso con quienes necesitaban su mano amiga; pero lo hacía en silencio, sin aspavientos y sin publicidad, sólo buscando mitigar el sufrimiento ajeno. Ejemplo notable de un hombre de bien, cuya obra se engrandece al escuchar los testimonios de todos quienes le conocieron. Su grandeza está reflejada en diferentes actividades, desde las comunicaciones hasta el deporte, como presidente de su querido Ñublense, y desde la empresa hasta el comité Ñuble Región. Nos decía: “Tenemos capacidad y estamos grandes para dirigir nuestros destinos”.
Hoy, cuando ya ha partido, lo recordamos no para llorarlo, sino para gratificarnos por haberlo conocido, porque hombres como él, correctos, honrados, solidarios y consecuentes, se constituyen en el mejor ejemplo para la sociedad, en especial para los jóvenes que hoy tienen en don Reinerio un verdadero maestro del sacrificio, de la responsabilidad, del trabajo bien hecho, de la amistad, del optimismo y de la alegría de vivir.
Para su distinguida esposa, María Cristina, y para sus hijos, Claudio, Franz, Yasna y Sebastián, desde la distancia, el afecto y la adhesión más sinceros de quien tuvo la oportunidad de conocer a su esposo y padre, disfrutar de su amistad y apreciar las bondades de su vasta personalidad.
Hijos, familiares y amigos, no estén tristes, porque hombres como él, aunque desaparezcan físicamente, en la memoria y en el recuerdo viven para siempre.
He dicho.
Aplausos.


AUMENTO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN BÁSICA RURAL EN SEXTA REGIÓN. Oficio.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, durante los años en que me he desempeñado como diputada me han preocupado dos temas relacionados con los sectores rurales: uno, tiene que ver con el agua potable rural, que ayuda a incorporar calidad de vida en los diferentes sectores a los cuales represento en la Cámara, y el otro, con los pavimentos básicos rurales.
En relación con este último tema, deseo manifestar mi inquietud a la luz del tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto de la Nación para 2007. La Región del Libertador Bernardo O’Higgins, uno de cuyos distritos represento, es una de las que cuenta con menos pavimentos básicos. El director de Vialidad ha demostrado siempre especial preocupación respecto de ese tipo de programa. Por lo tanto, aprovecho la oportunidad para expresarle nuestro agradecimiento.
En reiteradas ocasiones he manifestado en este hemiciclo mi preocupación por sectores específicos que han constituido sus comités de pavimentación y que se han visto favorecidos mediante el programa Caminos Básicos 5000, muy buena iniciativa del gobierno anterior en materia de pavimentos básicos rurales.
En algunos sectores existe preocupación por la gran cantidad de kilómetros por pavimentar y la forma en que se considerará este tipo de iniciativa en el proyecto de ley de Presupuesto de la Nación. 
En consecuencia, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, a fin de hacerle presente la importancia de dicho programa y el éxito que tuvo durante el gobierno anterior, porque se hicieron más de 5 mil kilómetros de pavimentos básicos rurales, lo que, además de elevar la calidad de vida de esos sectores rurales y de hacerles sentir que sí son parte del territorio nacional, significó un adelanto en términos productivos y de mejoramiento de la calidad de los productos que salen de esos sectores.
En sólo una comuna de mi distrito existen más de 18 comités que desean verse favorecidos con dicho programa de pavimentación.
Por lo tanto, pido que el ministro estudie la continuación de dicho programa y que se lo dote de más recursos, porque, en conjunto con el programa de agua potable rural, mejora la calidad de vida de las personas que habitan en los sectores rurales.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO PUENTE ANTIVERO EN SAN FERNANDO. Oficios.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- En segundo lugar, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas y al intendente de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, don Héctor Leiva Polanco, porque existe un compromiso, que me gustaría que se explicitara, para la construcción del segundo puente Antivero, que es la entrada más importante de la comuna de San Fernando. Además, el puente que hoy existe ya tiene una vida útil de más de noventa años, por lo que un segundo puente, sin duda, mejoraría la entrada a la ciudad. Por lo demás, constituye un compromiso que viene desde la administración anterior y no tenemos la menor duda de que la Presidenta va a cumplirlo. Sin embargo, nos gustaría saber con más precisión cuándo se construirá, cuáles serán los fondos destinados para esa obra, lo cual nos permitiría dar esperanzas a los habitantes de la comuna de San Fernando.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.


CONSTRUCCIÓN DE BERMAS EN RUTA BOLLENARMALLARAUCO, EN COMUNA DE MELIPILLA. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, la semana recién pasada, en el sector El Olivo, de Mallarauco, localidad de Melipilla, tuvimos que lamentar la muerte de una menor de cinco años, que perdió la vida atropellada por un camión. Ese accidente, que enluta a una escuela de Pahuilmo, ocurrió a la salida de clases de la escuela local, cuando la pequeña accedía a la calzada de la ruta G380, de Mallarauco. A pesar del rápido desplazamiento de la unidad del Samu, apoyada por Carabineros, para llegar al hospital, la niña ingresó fallecida a ese centro.
¿Por qué traigo a colación esa situación, que una vez más enluta a esa zona? Porque los adelantos realizados en los caminos de las zonas rurales y el mejoramiento de las rutas, en muchos casos, no han considerado bermas o aceras, lo que ha significado que los alumnos de la escuela accedan directamente a la calzada sin tener pasos de cebra o señalización que indique que ahí se ubica una escuela o que restrinja las velocidades de los camiones en esas rectas.
En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, con copia al alcalde de Melipilla, a fin de que instruya a la Dirección de Vialidad para que estudie la posibilidad de que en la ruta Bollenar-Mallarauco se construyan o mejoren las bermas, puesto que en esa zona existen canales de regadío que hoy no son usados, que quedaron desde la época en que las calles eran de ripio, pero que hoy impiden que se construyan las necesarias aceras o bermas para que sean usadas por los peatones o ciclistas.
Al construirse nuevos caminos en las zonas rurales, deben considerarse ciclovías y aceras en los lugares en que se ubican viviendas, para que los niños puedan circular entre las escuelas y sus casas, y la gente cuando va al trabajo, cuando se baja de los buses o cuando llega a altas horas de la noche. Constantemente vemos situaciones como la que afectó a la familia de la menor fallecida, las que nos llenan de mucho dolor.
Además, solicito que se envíe copia de mi intervención a la señora Isabel González Pizarro, directora de la escuela de Pahuilmo, comuna de Melipilla.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, René Alinco, Jaime Quintana, Patricio Hales y de quien habla. 


MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO EN PROVINCIA DEL BIOBÍO. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor José Pérez. 
El señor PÉREZ.- Señor Presidente, me voy a referir a la difícil situación por la que atraviesa el sector agrícola de la provincia del Biobío. 
Tal como señalé en una oportunidad anterior, se trata de 150 mil hectáreas bajo riego que controlan distintas organizaciones de regantes, las que colapsaron, en mayor o menor medida, como consecuencia de los temporales y de los desbordes de ríos. Allí hay obras que quedaron prácticamente destrozadas, situación que ha sido comprobada por el personal de la Comisión Nacional de Riego y por los ministros de Agricultura y de Obras Públicas. 
Se han comprometido recursos para la pronta reparación de los canales que pertenecen a Duqueco Cuel, Quillaileo, Biobío Norte, Laja Diguillín, Canal del Laja, BiobíoNegrete y otras organizaciones privadas. 
El próximo mes ya se deben regar los suelos de la provincia del Biobío. En verdad, el tiempo pasa rápidamente y las obras que se deben reponer son muy cuantiosas, pues se habla de una suma cercana a los 2 mil millones de pesos, pero de acuerdo con las cifras que me han entregado, el Ministerio de Obras Públicas ya hizo algunos recortes para reponer esas obras en los canales fiscales. 
Es probable que miles de hectáreas queden sin riego, porque, por un lado, la Contraloría no ha despachado un decreto de emergencia, que está ahí desde fines de julio, a fin de aprobar una cantidad de recursos importantes para la pronta reparación de dichos canales y, por otro, se está rebajando el monto que inicialmente se había destinado.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Obras Públicas a fin de que nos envíe el detalle de la inversión en los distintos canales fiscales de la provincia del Biobío y nos informe cuándo estarán disponibles los recursos para iniciar rápidamente las obras, ya que, de no ser así, muchos agricultores no van a poder sembrar, por lo que no tendrán recursos para cumplir sus compromisos bancarios que arrastran desde hace algunos años.
Es muy grave la situación que afecta a la Octava Región, especialmente a la provincia del Biobío, la cual, como dije, la pudo comprobar el lunes pasado el ministro de Agricultura. Además, pido oficiarle, a fin de que disponga que el director nacional del Indap nos informe acerca de la cantidad de recursos que destinará para la recuperación de obras de riego menores de agrupaciones privadas. 
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de quien habla. 


ANTECEDENTES SOBRE EXTRAVÍO DE INSTRUMENTOS CON COMPONENTES RADIOACTIVOS EN SEXTA REGIÓN. Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer. 
El señor BAUER.- Señor Presidente, el viernes pasado, en la comuna de Doñihue, un profesional que realizaba trabajos para una empresa particular, cuando volvía a la capital, en el cruce de Doñihue con Coínco extravió un instrumento con componentes radioactivos. Una vez que se dio cuenta de esta situación, alertó a Carabineros y a la seremi de Salud. Inmediatamente se movilizó toda la región en busca de este instrumento, por la gravedad que significaba que cayera en manos de personas no idóneas.
Apareció el sábado, a mediodía. Lo encontró una persona en el cruce CoincoDoñihue, lo llevó a su casa y, afortunadamente, no lo manipuló, sino que lo dejó guardado en su caja. Al día siguiente, al saber la alarma que se había producido en la comuna, lo entregó a carabineros.
En consecuencia, solicito se envíe un oficio al seremi de Salud de la Sexta Región, a fin de que nos informe detalladamente este episodio. ¿Qué pasó? ¿Cómo un instrumento tan delicado cayó desde un vehículo? Además, solicito se envíe un oficio a la ministra de Salud, con el objeto de que nos informe si existe alguna norma que rija el traslado de estos instrumentos con componentes radiactivos, y si existe un catastro sobre cuántos instrumentos de este tipo hay en el país.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora María Angélica Cristi y de los diputados señores Andrés Egaña, Jaime Norambuena, Joaquín Godoy, René Alinco y Patricio Hales.


RESPUESTAS DE CHILE A CONSULTAS DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, CEDAW. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero referirme a las respuestas a un cuestionario enviado por el Cedaw, Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, respecto de los avances de la plataforma de acción definida por la Conferencia de Beijing, que están en un informe anexo, que será entregado por la misión chilena entre el 10 y 11 de agosto. Hay varias observaciones al respecto.
En primer lugar, las recomendaciones que hace este Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer no son vinculantes, pues nosotras hemos adherido a ese convenio, pero no hemos firmado el protocolo facultativo.
En segundo lugar, llaman la atención las respuestas a los cuestionamientos que ha hecho el Comité respecto del aborto en Chile. Además, año a año el Servicio Nacional de la Mujer recurre a estas conferencias mundiales sin informar ni preguntar a nadie y nosotros, los parlamentarios, no tenemos idea de cuáles son las posturas de Chile en esos congresos internacionales en materias tan relevantes como, en este caso, el aborto.
Curiosamente, el Comité observa que Chile no ha ratificado el Protocolo Facultativo del Cedaw, porque ha habido una intensa campaña comunicacional adversa encabezada por dos medios de comunicación muy poderosos, y cuyos argumentos han sido la cesión de soberanía que implicaría la aprobación del protocolo y que, entre otras imposiciones, podría obligar al país a legislar para despenalizar el aborto.
El Comité observa que en Chile no habría un adecuado reconocimiento y protección de los derechos reproductivos de las mujeres y que existen leyes que prohíben y penalizan toda forma de aborto, lo que afectaría la salud de las mujeres y daría lugar al aumento de la mortalidad derivada de la maternidad.
El organismo “insta” a la revisión de la legislación relacionada con el aborto, con miras a enmendarla para “proporcionar abortos en condiciones de seguridad y permitir la interrupción del embarazo por razones terapéuticas relacionadas con la salud de la mujer, incluida la salud mental”…
El Comité observa que, respecto del aborto, el Gobierno no ha propuesto legislación, pues todavía no existirían las condiciones para ello por la resistencia de los medios de comunicación “conservadores”, sectores religiosos y partidos políticos.
Esto es lo que hace el Comité internacional. Critica a Chile y apunta directamente contra quienes no son partidarios del aborto.
Ahora, es muy importante conocer las respuestas de Chile, porque uno puede decir que ese es el análisis de ellos, pero ¿qué responde nuestro país?
“En la consideración del tercer informe periódico del Estado parte, el Comité recomendó que el Gobierno contemplara “la posibilidad de llevar a cabo una revisión de la legislación relacionada con el aborto con miras a encomendarla,...” Además, informar cuál es el estatus del proyecto de ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.”. 
Chile responde, y esto es lo sorprendente:
Actualmente, se encuentran en tramitación en el Congreso tres proyectos de ley relativos a la materia. El primero de ellos modifica el Código Penal en el delito de aborto. El otro versa sobre la modificación del artículo 119 del Código Sanitario en lo relativo al aborto terapéutico. Por último, existe una propuesta de reforma a la Constitución Política de la República, ingresada a tramitación el 7 de octubre de 2004, con el objeto de establecer una nueva garantía constitucional en materia de derechos sexuales reproductivos. 
Cabe señalar que las tres iniciativas se encuentran en primer trámite constitucional, sin que hasta la fecha se haya reactivado su tramitación. El primero de los proyectos citados endurece las penas para el delito de aborto. La segunda de las iniciativas busca restablecer el aborto terapéutico. Por último, la moción presentada en 2004 persigue la consagración a nivel constitucional del derecho de las personas, y especialmente de la mujer, para elegir métodos científicamente más apropiados para la prevención y planificación del embarazo.
Una iniciativa legislativa sobre el aborto requiere de consensos políticos en nuestro país. Sin embargo, todo indica que dicha voluntad política no existe, puesto que se encuentran presentados en el Congreso dos proyectos de ley que entraban la despenalización del aborto: reforma constitucional que eleva el quórum para la despenalización del aborto e incorporación de un nuevo artículo 345 bis al Código Penal para que sólo a través de una reforma constitucional se pueda derogar el delito de aborto. Claramente, de las dos iniciativas legales en trámite, se concluye que dicho consenso no existe. 
Considerando que los obstáculos a la despenalización del aborto se encuentran tanto en la oposición política como al interior de la propia coalición de Gobierno, y también en sectores religiosos y en ONG vinculadas a éstos, el debate para acercar posiciones cruza a la sociedad civil y al sistema político y no sólo involucra a los actores mencionados.
Esta postura de Chile no es nueva. Pero aquí viene algo que me confunde todavía más:
“Por otra parte, abordar la temática de los derechos sexuales y reproductivos es un objetivo indiscutido de la agenda legislativa de este período. Existe la decisión política del Ejecutivo de reponer el proyecto de ley marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, lo que constituye una materia incorporada expresamente en el programa de Gobierno de Su Excelencia la Presidenta de la República.”. 
He escuchado hasta el cansancio que la Presidenta de la República se ha comprometido a no incluir en la agenda materias relacionadas con el aborto. Sin embargo, la representante de Chile ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas planteará la postura a que he hecho referencia. 
Por lo expuesto, solicito oficiar al ministro de Relaciones Exteriores, que es quien tiene ver con las comisiones internacionales, para que responda lo siguiente: 
1.¿Por qué siempre son tan secretos los viajes del Servicio Nacional de la Mujer a los congresos de la Organización de las Naciones Unidas?
2.¿Quiénes asistirán a las sesiones del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que se celebrará este fin de semana en Nueva York?
3.¿Con qué criterios se seleccionaron las instituciones que participaron en las reuniones para la elaboración del informe a fin de responder las preguntas planteadas por el Comité en el IV Informe?
4.¿Está en conocimiento de lo que se propone en el referido informe y de acuerdo con las propuestas y respuestas que lleva el Servicio Nacional de la Mujer al referido Comité, respecto de lo cual, obviamente, dicha Cartera debe hacerse parte? 
5.En el mismo sentido, ¿está de acuerdo con la incorporación del aborto en materia de derechos sexuales reproductivos, como se plantea en la respuesta que da Chile, ya que, si no lo dice directamente, lo hace como siempre en forma un poco ondulante? 
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Iván Norambuena y Andrés Egaña.


TRABAJOS PARA EVITAR DESBORDE DE CANAL PAPEN EN CHIGUAYANTE. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.- Señor Presidente, como es por todos conocido, hace algunas semanas las regiones Octava y Novena fueron azotadas por uno de los más violentos temporales de los últimos años. Tuvimos muchas pérdidas humanas y materiales. Una de las comunas más castigadas fue Chiguayante, donde, como consecuencia de los derrumbes provocados por las lluvias, murieron más de diez personas, entre ellas, tres distinguidos oficiales del Cuerpo de Bomberos que cumplían con su noble labor.
En Chiguayante, el desborde del canal Papen produjo inundaciones y destruyó muchas viviendas. La salida de su cauce se produce desde hace muchos años y, cuando se desborda, afecta a cerca del 10 por ciento de los vecinos. Ese canal, que nace en el valle del sol, cruza casi toda la comuna y desemboca en el río Biobío, a continuación de la población Los Boldos.
Si revisamos la prensa local de hace varios años, veremos que ha sido un tema permanente durante mucho tiempo. En casi todos los temporales, el desborde del canal Papen causa daños y destrucción en los distintos barrios por los que pasa. 
Ya es tiempo de que las autoridades nacionales y regionales nos den una solución definitiva a este antiguo problema que nos afecta. No estamos hablando de cientos de millones de dólares, sino de cifras perfectamente abordables en la situación de bonanza en que se encuentra el gobierno central.
En reuniones sostenidas con vecinos y autoridades hemos conocido que la solución total y definitiva bordea los 1.200 millones de pesos, alrededor de 2 millones de dólares.
Inmediatamente después de los temporales, tuvimos la visita de la Presidenta Bachelet a nuestra comuna, donde personalmente se comprometió con los vecinos a entregar recursos para solucionar los problemas de la comuna, particularmente el desborde del canal Papen y la construcción definitiva del Cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos.
A raíz de esa visita, llegaron hasta Chiguayante el director nacional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, señor Juan Arrece; el subdirector de Cauces de ese mismo Ministerio, señor Felipe Aguirre, y el director regional de Obras Hidráulicas, señor Patricio Lara.
Dicha visita apareció destacada en la prensa local, en la que se informaba que finalmente se daría una solución definitiva a los desbordes del canal Papen, en Chiguayante.
Los personeros del Ministerio de Obras Públicas, tanto nacionales como regionales, fueron acompañados por un importante número de dirigentes vecinales, quienes hicieron un completo recorrido e inspección para ver en terreno una solución a este problema. Dichos dirigentes estaban sorprendidos de que el director de Obras Hidráulicas, señor Arrece, sostuviera, sin tener la totalidad de los estudios respectivos, que con 200 millones de pesos el problema quedaba definitivamente solucionado. ¡Ojalá con esa cifra se solucionara el problema!
Los vecinos y dirigentes de Chiguayante están confundidos y desilusionados, pues han sido muchas las promesas y los anuncios de que este antiguo problema será solucionado. Me consta que se han realizado muchas reuniones para tratarlo, pero lo que hoy exigen los vecinos es un compromiso claro y definitivo.
Por eso, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que informe respecto de los estudios que se han dispuesto y de los recursos que dicho Ministerio ha destinado y destinará para la solución definitiva del desborde del canal Papen.
También, que se oficie a la intendenta de la Octava Región, señora Soledad Tohá, a fin de que informe sobre el monto de los recursos que se han entregado y los ya aprobados por los gobiernos central y regional, con motivo de los últimos temporales.
Los vecinos de Chiguayante necesitan saber con certeza las fechas en que se realizarán los trabajos. Chiguayante espera una solución total y no parcial del problema, puesto que han transcurrido muchos años de anuncios y promesas. Nuestra comuna, con aproximadamente 90 mil habitantes, merece ser considerada y se le deben aportar los fondos necesarios. El Gobierno dispone de una gran cantidad de recursos y no es una gran cantidad la que estamos pidiendo.
Pido que se envíe copia de mi intervención al ministro de Obras Públicas, a la intendenta de la Octava Región, a los consejeros del gobierno regional de la Octava Región y al alcalde de la comuna de Chiguayante, señor Tomás Solís, para una mejor comprensión de esta petición.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado Iván Norambuena.


ANTECEDENTES SOBRE DEPENDENCIA DE PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE EMPLEO. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, el lunes pasado, en la comuna de Lota, que forma parte de mi distrito, participé en una reunión con dirigentes y trabajadores de los sindicatos de los programas de generación de empleo, PGE.
En esa ocasión, se acordó realizar un movimiento destinado a crear conciencia en las autoridades respecto de la situación que enfrentan dichos trabajadores ante el anuncio público de modificación de su dependencia.
Nuestra preocupación ha sido permanente a través del tiempo, en orden a velar por la transparencia con que se deben manejar los programas de generación de empleo.
En tal sentido, asumo el compromiso con los trabajadores para obtener, a través de la Cámara de Diputados, un pronunciamiento más claro de parte de las autoridades sobre la modificación de dependencia de dichos programas. Saber de qué organismos van a depender; cuál será su sustento; cómo será el proceso de traspaso de dependencia; cómo se protegerán las fuentes laborales y la permanencia de estos trabajadores en las funciones que actualmente realizan, y cuáles serán las jornadas de trabajo.
También me comprometí a insistir en el ofrecimiento hecho a la comuna de Lota de 130 cupos adicionales.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Trabajo para plantear estas inquietudes de los trabajadores de los programas de generación de empleo de Lota, a fin de darles la tranquilidad que requieren, ya que dependen de esa actividad para obtener su sustento familiar, y hoy viven momentos de angustia al no saber qué va a pasar.
Por último, pido que se envíe copia de mi intervención a los dirigentes de los programas de generación de empleo de Lota.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión del diputado Andrés Egaña.


RECONOCIMIENTO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL SUBSECRETARIO DE PESCA SOBRE RESPETO DE ZONAS EXCLUSIVAS DE PESCA. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, nobleza obliga, desde esta tribuna, a la cual llegué por decisión popular de la gente de mi región, quiero saludar y felicitar al subsecretario de Pesca, don Carlos Hernández Salas, por haber cambiado la política histórica de esa Subsecretaría.
Me refiero a la resolución que adoptó para terminar con la autorización que se daba a los pesqueros industriales de PescaChile y FiloSur para que en agosto de cada año ingresaran a la zona denominada Filo de Cuchillo, reservada exclusivamente a la pesca artesanal. Como consecuencia de la anterior política, se produjo la desaparición progresiva de la merluza del sur. Los pesqueros industriales, bajo el pretexto de llevar a cabo la mal llamada pesca de investigación, utilizando la técnica de arrastre, estaban aniquilando, año a año, las esperanzas y el natural proceso de reproducción y mejoramiento de la calidad de nuestra merluza del sur.
Sinceramente, quiero respaldar, en todo lo que significa, la valiente y fundamentada decisión del subsecretario de Pesca. Lo hago, porque estoy seguro de que algunos industriales, y por qué no, uno que otro parlamentario, buscarán pasarle la cuenta en muy corto plazo, ya que estarán pensando que detrás de esta primera decisión se oculta un cambio en el eje de la política pesquera nacional e imagino que, como siempre, en forma majadera, usarán histriónicamente todos los argumentos habidos y por haber, como, por ejemplo, que esta resolución los obligará a despedir a cientos de trabajadores. No me cabe la menor duda de que, incluso, son capaces de poner por delante a todos los trabajadores del sector salmonero industrial para enfrentarlos contra los pescadores artesanales.
Desde esta tribuna, pido a esos trabajadores que no se dejen utilizar por quienes nunca les han entregado más de lo mínimo necesario. Ahora los vemos generosos y amigables con los trabajadores, porque el 31 de diciembre próximo se les acaba el subsidio del decreto ley N° 889, mediante el cual se les ha bonificado la contratación de mano de obra por más de 30 años, con millones de millones de pesos en devolución. Sin embargo, por otro lado, también los vemos participando en negociaciones colectivas que se están llevando a cabo en la región de Aisén, por ejemplo en las dependencias de Salmones Antártica, para responder negativamente al proyecto de contrato colectivo presentado por más de 300 trabajadores del sindicato único de esa empresa.
En consecuencia, pido que, tal como ocurrió en la sesión especial en que analizamos la situación del sector salmonero, hoy también nos guíe el espíritu de conservación de nuestros recursos marinos, en especial de la merluza del sur, que hoy sólo se encuentra en la región de Aisén y que es fuente de recursos económicos para miles de trabajadores de los sectores pesquero artesanal e industrial.
Por lo tanto, pido que se envíe oficio al ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, y al de Economía, señor Alejandro Ferreiro, con copia al subsecretario de Pesca, para que en el presupuesto del próximo año se incluyan recursos frescos destinados a financiar la adquisición de la infraestructura y equipamiento necesarios para cumplir los objetivos de la pesca de investigación científica y el seguimiento y fiscalización de los procesos normativos que dicta la misma, los cuales, hasta la fecha, son absolutamente dependientes de la voluntad de terceros del sector privado, como es el caso de los que operan los buques destinados a esas labores.
Espero que mis palabras sean ponderadas en su justa dimensión, en especial las referidas a la posible persecución empresarial que puede sufrir el subsecretario de Pesca.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitado por su señoría.


ALCANCES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL CANAL DE CHACAO.

El señor ALINCO.- Señor Presidente, por otra parte, a propósito del debate habido en la sesión especial de ayer, sobre la construcción del puente sobre el Canal Chacao, como diputado que representa a una zona vecina a Chiloé, la región de Aisén, que tiene intereses compartidos con los hermanos chilotes en cuanto al desarrollo de la industria salmonera, para lo cual necesitamos mejorar la conectividad, sea por la carretera austral, sea por el seno del Corcovado, me llamó la atención la defensa de la construcción del puente que en ese debate hicieron algunos parlamentarios. Más que trabajar por la defensa de la isla, daba la impresión de que hacían lobby para las concesionarias. No es posible que se defienda con esa vehemencia un proyecto cuyos costos subieron de 400 millones de dólares a más de 900 millones de la misma moneda. Me parece exagerado.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, luego del intenso y prolongado debate suscitado después de conocerse la propuesta económica de la concesionaria para la construcción del puente sobre el canal Chacao, es posible advertir posiciones opuestas, pero muy válidas, expresadas por representantes de la zona, parlamentarios, alcaldes, lugareños y chilotes, en una clara defensa de sus intereses.
En ese sentido, quiero destacar la participación del diputado Claudio Alvarado en la Comisión de Obras Públicas de esta Cámara en defensa de la construcción del puente, pero, al mismo tiempo, abriéndose a una propuesta de desarrollo integral para la zona sur austral, en la misma línea señalada por el diputado René Alinco, especialmente en lo que se refiere a la industria salmonera, tema muy relevante y que se ha puesto en el debate en estos días. 
Por otro lado, está la mirada de los representantes del Ministerio de Obras Públicas que, a mi juicio, no tenían otra alternativa sino señalar que se ponía fin al proyecto con la concesionaria por acceder su costo. 
En la perspectiva de separar la política de los negocios, con lo cual todos los sectores políticos parecemos concordar, llama la atención la opinión de algunos representantes políticos que no sólo se han excedido en sus críticas al ministro Bitrán, lo cual es comprensible, sino que más parecen defensores de las concesionarias. 
No quisiera pensar que mientras se trabajaba en la factibilidad técnica y económica del proyecto, lo que acrecentó las expectativas de los chilotes sobre la obra, había quienes tal vez estaban realizando un trabajo de lobbystas con una especial cercanía con la concesionaria. 
Hay una gran diferencia, como señalaba el diputado René Alinco, entre 410 millones de dólares, que era lo pactado originalmente, y los más de 900 millones de dólares, cantidad a la que llegó finalmente la concesionaria en una obra que no resuelve el problema de conectividad integral de la zona. 


ANTECEDENTES RELACIONADOS CON MUERTE DE CINCO TRABAJADORES CHILENOS EN PORTUGAL. Oficio. 

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, pido oficiar al ministro del Trabajo a fin de que informe a esta Cámara sobre las circunstancias en que murieron cinco trabajadores chilenos en Portugal, hace cuatro semanas, quienes fueron contratados en Chile por la empresa Chilean Forest Service. Dos de ellos eran de la zona que represento, de las comunas de Angol y de Traiguén. 
Al respecto, me interesa aclarar los siguientes aspectos: 
1.Régimen legal aplicable a trabajadores chilenos muertos en Portugal en faena forestal;
2.Si existen seguros comprometidos y eventual aplicación de la ley Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y
3.Si dicha Secretaría de Estado cuenta con información respecto de las causas que provocaron la muerte de estas cinco personas, tales como certificados médicos para su constatación, partes policiales y demás antecedentes, y que nos remita copia de ellos. 
El señor HALES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. 


INTERRUPCIÓN DE FAENAS EN CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SELVA OSCURA, EN COMUNA DE VICTORIA. Oficio. 

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, pido oficiar al ministro de Obras Públicas para que, por su intermedio, el director de Vialidad señale la causa de la interrupción del camino Selva Oscura, por la faja Huichacura. Son nueve kilómetros de un camino que estaba en pleno desarrollo. Sin embargo, en el último tramo, al llegar a la localidad de Selva Oscura, comuna de Victoria, Región de La Araucanía, las obras finales se encuentran interrumpidas porque al parecer hay un excedente en los costos. 
Por tanto, es importante saber qué está ocurriendo con esa obra y cuándo se van a retomar las faenas, porque es una preocupación de los habitantes de la localidad de Selva Oscura. 
El señor HALES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. 


REFORZAMIENTO DE MAQUINARIA DE DESPEJE Y DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA COMUNAS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios. 

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, a raíz de las fuertes nevazones que en las últimas semanas afectaron la zona de Lonquimay y que tiene a varios sectores con ochenta centímetros de nieve, incluida la ciudad cabecera de la comuna de Lonquimay, pido que las dos máquinas de despeje que existen en la comuna sean reforzadas por la Dirección de Vialidad, porque una se encuentra en mal estado y con una motoniveladora es imposible cumplir con el despeje. 
Del mismo modo, pido oficiar al ministro de Agricultura, quien declaró zona de emergencia a seis comunas de Región de La Araucanía, para requerir su apoyo en auxilio de los pequeños agricultores y ganaderos de la zona de Lonquimay que verán afectada su masa ganadera producto de los últimos temporales de nieve en la comuna de Lonquimay. 
Pido que sobre este último punto se envíe copia de mi intervención al alcalde de la Comuna de Lonquimay, señor Guillermo Vázquez Veroiza. 
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. 
En el tiempo del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.


PROMESAS NO CUMPLIDAS POR GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN.

El señor HALES (Presidente accidental).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.
El señor GODOY.- Señor Presidente, en verdad, Valparaíso sabe muy bien qué significó para todos los chilotes la frustrada construcción del puente sobre el Canal Chacao. Por años esperaron una solución definitiva a su problema de aislamiento; pero, lamentablemente, aunque todos sabíamos que el proyecto era inviable, hoy la gran promesa parece derrumbarse.
Nosotros, los porteños, por desgracia, también hemos sido víctimas de las promesas incumplidas de los gobiernos de la Concertación. En Valparaíso han quedado en el camino más de 65 promesas; sin embargo, nuestro ánimo no cede ante la adversidad.
Si hiciéramos un ranking de las promesas incumplidas por el Gobierno sólo en Valparaíso, podría nombrar las siguientes:
Construcción del Corredor Biocéanico, cuyo acuerdo se ha firmado, por lo menos, en tres ocasiones. Proyecto país totalmente detenido.
Implementación de la campaña de limpieza de Valparaíso, anunciada por el Presidente don Ricardo Lagos, a fines del año 2002. Aún estamos esperando.
Ampliación del Estadio Playa Ancha, con una inversión de 500 millones de pesos. Sólo se invirtieron 117 y, finalmente, se vendió a Chiledeportes.
Construcción del teatro La Ola, como consecuencia de la mala infraestructura de nuestro Teatro Municipal. Se planteó la posibilidad de construirlo en el borde costero. Todavía lo estamos esperando. 
Construcción de un tren rápido a Santiago, vía Curacaví. Según las autoridades, estaría terminado el 4 de junio de 2004.
Pavimentación de 37 calles en Placilla, anunciada por el ex ministro de Vivienda y Urbanismo, don Jaime Ravinet, con una inversión de 2.500 millones de pesos.
Instalación del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusset, en atención a que Valparaíso es una ciudad universitaria. El ex intendente don Luis Guastavino anunció que se instalaría el 2003, pero todavía no se hace.
Construcción del acceso sur, que es fundamental para acceder a Valparaíso. Fue aplazado por un año más y los porteños tendremos que seguir esperando.
Un acuario en el borde costero, comprendido en el denominado Plan Valparaíso para los años 2004 y 2005. Tampoco se ha construido.
Construcción de estacionamientos subterráneos en el barrio El Almendral, presupuestado para el verano del 2004.
Y, así, suman y siguen las promesas incumplidas.
Erradicación de los perros vagos, promesa que se hizo a la Unesco el 2003.
Construcción de un tren trasandino, que iba a estar listo el 2004, y la instalación de una planta termoeléctrica para fines de este año, en Laguna Verde.
Todo esto sin contar con los proyectos que se hacen a medias o que se ejecutan deficitariamente, como el TransValparaíso, que está a punto de convertirse en el gran dolor de cabeza de los porteños, porque no sólo van a aumentar las tarifas, sino también los tiempos de traslado de las personas. Dos aspectos fundamentales que pretendían mejorarse.
En este caso, nuevamente vemos cómo las autoridades se empecinan en poner en marcha forzada un proyecto que, a todas luces, nos genera dudas. ¿Por qué no darse el tiempo para trabajar mejor y así entregar un servicio de calidad a los usuarios?
¿De qué estamos hablando, entonces? En los últimos años se ha instalado una política que demuestra la demagogia con que actúan los gobiernos de la Concertación. No podemos permitirnos seguir en la carrera de inauguraciones con gran despliegue comunicacional, cuando sabemos que, en la práctica, no se concretan.
No funcionó con la Costanera Norte, con el Transantiago y, ahora, con el puente de Chiloé. Entonces, ¿qué estamos esperando? Este último hecho ha sido el símbolo de la falta de visión de las autoridades.
Esta incertidumbre que viven tanto los chilotes con el puente, como los porteños con el Congreso Nacional, pues cada cierto tiempo nos plantean su traslado, no es más que el resultado devastador de las tantas promesas incumplidas de los gobiernos de la Concertación.
También se ha prometido convertir a Valparaíso en la ciudad capital de la cultura; pero, lamentablemente, carecemos de proyectos anexos a la instalación del Consejo de la Cultura. Se ha prometido que sea también la capital digital; sin embargo, aún estamos esperando la capacitación 
para cinco mil personas que se prometió hace dos años.
Al parecer, nuestra querida ciudad patrimonial y puerto maravilloso no es la capital de la cultura, sino de la demagogia.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 14.35 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.