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El señor LEAL (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, de origen en mensaje, sobre división y especialización de la Corte de Apelaciones de Santiago, con urgencia calificada de simple.
Diputados informantes de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda, son los señores Guillermo Ceroni y Alberto Cardemil , respectivamente.
Antecedentes:
Mensaje, boletín N° 4091-07, sesión 74ª, en 7 de marzo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1.
Informes de las Comisiones de Constitución y de Hacienda, sesión 53ª, en 1 de agosto de 2006. Documentos de la Cuenta N°s 9 y 10, respectivamente.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar sobre el proyecto de ley sobre división y especialización de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Las ideas centrales de la iniciativa se orientan a crear en Santiago una nueva Corte de Apelaciones con competencia en materia exclusivamente penal y otra con competencia sólo para conocer causas de naturaleza civil, y así disminuir el rezago de causas pendientes.
Antecedentes.
El mensaje señala que los recientes cambios efectuados en la justicia penal y en la de familia constituyen la mayor transformación experimentada por el sistema de administración de justicia desde su establecimiento. Unido lo anterior a la transformación experimentada por la justicia laboral, puede observarse que ello constituye un cambio no sólo en la ritualidad de tramitación de los procesos, sino también en la gestión judicial misma, en el trabajo de los jueces y en sus posibilidades de interacción y resolución. Además, se mejora la percepción y participación de los usuarios, en cuanto a los derechos que detentan y a la forma de hacerlos efectivos.
Dentro de este proceso de modernización se ha buscado perfeccionar la gestión judicial en sus aspectos orgánicos, no sólo respecto de los tribunales de primera instancia, sino también en lo relativo al funcionamiento de los tribunales superiores de justicia. En tal sentido se ha orientado la mayoría de las modificaciones nacidas del trabajo de la llamada mesa judicial, integrada por representantes de la Corte Suprema, del mundo académico y del Ministerio de Justicia, gracias a lo cual se encuentran sometidas al debate parlamentario cinco iniciativas que tratan del sistema disciplinario del Poder Judicial, del régimen de los abogados integrantes, de la especialización de la segunda instancia en las cortes de apelaciones, del régimen de nombramientos y calificaciones y de la flexibilización del manejo de los fondos del Poder Judicial.
Por ello, aparece como algo natural abordar el tratamiento de la segunda instancia y efectuar algunas modificaciones. En este marco de las reformas a la segunda instancia se ha concordado en la necesidad de profundizar la especialización de las cortes de apelaciones.
En seguida, el mensaje trata la situación especial que afecta a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que presenta la mayor concentración de causas en el país, lo que da lugar a que su conocimiento y resolución experimente un importante retraso, no obstante contar con el más alto número de ministros en relación con las demás cortes. Esta situación, unida a la mayor celeridad resultante de los nuevos procesos en materia de justicia penal y de familia, puede redundar en un aumento de la disfuncionalidad en el trabajo de dicha Corte, lo que podría afectar negativamente la mayor eficacia lograda con los nuevos procedimientos e incrementar la situación de retardo que ya la aqueja.
Por otra parte, el mensaje considera que el alto número de ministros que integran esta Corte dificulta sus actuaciones cuando debe funcionar en pleno, por cuando dicho tribunal, transformado en una verdadera asamblea, debe materializar acuerdos que no siempre son de fácil solución.
Por ello, se propone la división del tribunal de alzada capitalino, creando una Corte de Apelaciones en lo Penal, con competencia para conocer de los asuntos criminales, tanto del antiguo como del nuevo procedimiento, que será el superior jerárquico sobre todos los tribunales del territorio que ejerzan jurisdicción penal, y otra Corte de Apelaciones en lo Civil, con competencia sobre el resto de las materias que hoy conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, y con supremacía jerárquica sobre todos los tribunales civiles del mismo territorio.
Para ello, se propone dotar con 19 ministros a la Corte Penal y con 22 a la Civil, lo que significa un aumento de 10 nuevos ministros y de cuatro nuevas salas que, según las proyecciones efectuadas, constituyen el nivel óptimo para conocer de todas las materias que les correspondan.
En lo que respecta a la integración, el proyecto contempla un plazo de treinta días, a contar de la fecha de vigencia de la ley, para que los actuales ministros manifiesten su interés en integrar la Corte Penal, prefiriéndose para ello, en caso de que los interesados excedan el número de cargos, a los ministros más antiguos, proveyéndose las vacantes que se produzcan en ambas Cortes de acuerdo con las reglas generales. La misma regla se aplicará respecto del personal de fiscales judiciales, relatores, procuradores del número, bibliotecarios y demás funcionarios del escalafón de empleados del Poder Judicial, salvo el caso del secretario de la Secretaría Criminal, quien pasará de pleno derecho a desempeñarse en el mismo cargo en la Corte Penal, dada su experiencia.
Finalmente, atendiendo no sólo a la necesidad de lograr una mejor y más rápida gestión, sino también la de resolver el problema del rezago de causas pendientes, se adoptan dos medidas de refuerzo:
a)Aumento transitorio, por tres años en la Corte Penal, y por dos en la Corte Civil, de nueve ministros en cada una, organizados en tres nuevas salas extraordinarias. Estos ministros se desempeñarán como suplentes por los lapsos señalados, vencidos los cuales volverán a los cargos que ocupaban antes de su nombramiento, y
b)Los recursos que en conformidad a la ley o en virtud de solicitud de parte deban conocerse previa vista de la causa, se verán en cuenta, salvo que la parte solicite alegatos dentro de los dos meses siguientes a la fecha de vigencia de esta ley, caso en el cual se procederá previa vista de la causa.
Durante la discusión del proyecto la Comisión escuchó opiniones muy valiosas.
El señor Isidro Solís Palma , ministro de Justicia, reforzando las argumentaciones del mensaje, planteó que la Corte de Apelaciones de Santiago enfrentaba una compleja situación debido a que es el tribunal de alzada con la mayor concentración de causas por sala del país, llegando a un promedio de 9.474 al año, y que se encuentra en una situación de gran retraso en relación con la solución de los conflictos que ingresan anualmente, no resolviendo más del 36 por ciento del ingreso en materia civil, lo que se traduce en un permanente aumento del stock. Por último, el alto número de ministros que la integran 31 hace muy difícil su funcionamiento en pleno.
Dio a conocer los mecanismos establecidos por la ley para lograr la división de la Corte de Santiago, señalando, finalmente, que el costo total ascendería a 4.064.000.010 de pesos.
Don Sergio Urrejola Monckeberg , presidente del Colegio de Abogados, se mostró escéptico, en principio, de que un proyecto de esta naturaleza pueda traducirse en un mejoramiento y agilización del sistema de administración de justicia.
Entre las circunstancias que generan tal situación, criticó la jornada de trabajo laboral de los jueces. Igualmente, señaló la necesidad de restringir el número de horas que los magistrados pueden dedicar a la docencia.
Por su parte, don Guillermo Piedrabuena , Fiscal Nacional del Ministerio Público, consideró positiva la medida, pero hizo diversas observaciones tendientes a perfeccionar el proyecto, algunas de las cuales fueron acogidas por la Comisión.
Asimismo, escuchamos a don Miguel Otero Lathrop , quien dio su opinión favorable al proyecto, pero haciendo presente la necesidad de que todas las apelaciones que incidan sobre resoluciones intermedias, referidas a cuestiones accesorias, tales como las sentencias interlocutorias y, en ciertos casos, autos y decretos, puedan ser falladas conjuntamente con la apelación de la sentencia definitiva, a fin de no dilatar tanto los procesos.
Por último, el presidente de la Corte Suprema también estuvo presente en la Comisión, informando favorablemente el proyecto y planteando sus puntos de vista.
Discusión en general.
La Comisión concluyó que éste es un proyecto positivo y, por lo tanto, había que apoyarlo en su totalidad, tal como ocurrió.
Sin embargo, se hizo presente una inquietud relacionada con la mantención de la institución de los abogados integrantes, pues la posición de la Comisión siempre ha sido eliminarla.
Finalmente, se aprobó una indicación, en el sentido de permitir la continuación de los abogados integrantes, pero con las limitaciones del caso.
Con el objeto de evitar una objeción de constitucionalidad, en el sentido de que la creación de una Corte Penal atentaría en contra del principio de legalidad del tribunal contenido en el artículo 19, N° 3, de la Constitución Política, que dispone que una persona sólo puede ser juzgada por el tribunal que señale la ley y que se encuentre establecido con anterioridad a la perpetración del hecho de que se trate, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva del artículo 1°, que se refiere a la creación de la Corte de Apelaciones de Santiago en lo Civil, con asiento en la comuna del mismo nombre, pasando la Corte de Apelaciones de Santiago a denominarse Corte de Apelaciones de Santiago en lo Penal.
El artículo 2° fija la planta de personal para la Corte de Apelaciones de Santiago en lo Penal, que tendría una dotación de 16 cargos de ministro. Además, detalla el número de cargos de fiscal judicial, secretario, etcétera.
El artículo 3° fija la planta de personal para la Corte de Apelaciones de Santiago en lo Civil, que tendría una dotación de 25 cargos de ministro. Con ello, se disminuye el número propuesto originalmente en el mensaje para los cargos de ministro en la Corte de Apelaciones de Santiago en lo Penal, aumentándose el número de ministros para la Corte de Apelaciones de Santiago en lo Civil, fundamentalmente, porque se vio que el mayor retraso se produce en materia civil.
El artículo 4° suprime los cargos de defensores públicos de Santiago y de Valparaíso y el de oficial de defensores públicos de Santiago, considerándose cargos en extinción.
El artículo 5° introduce un total de 33 modificaciones al Código Orgánico de Tribunales para hacer los ajustes correspondientes y que la Comisión consideró necesarias en forma unánime.
Respecto del artículo 261 del Código Orgánico de Tribunales, que se modifica en virtud del número 21) del artículo 5°, con el objeto de limitar las actividades de docencia o de otro tipo que realizan los ministros, se produjo un debate muy interesante.
Sobre el particular, se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo para establecer que las funciones judiciales son incompatibles: a) Con toda otra remunerada con fondos fiscales o municipales, y b) Con las docentes, sean o no remuneradas, y cualquiera sea el origen de éstas. Sin embargo, estas funciones podrán ejercerse hasta un límite máximo de nueve horas semanales.
Por lo tanto, se restringe la posibilidad de ejercer la docencia para que su dedicación sea exclusiva.
El artículo 8° establece que la presente ley comenzará a regir nueve meses después de su publicación.
En las disposiciones transitorias se señala la forma como se van a integrar las respectivas salas:
“Artículo 1°.- Los actuales integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago tendrán un plazo de treinta días corridos, desde la publicación de esta ley, para expresar su interés en integrar una u otra Corte.
Si el número de interesados para integrar cada una de las Cortes excede el número de cargos establecidos para ellas, preferirán los ministros más antiguos. Los restantes ministros, y aquellos que no hayan expresado preferencia en el plazo indicado, deberán integrar la Corte cuyos cargos no hayan sido llenados. Las vacantes de ministros que se produzcan en ambas Cortes se proveerán según las reglas generales.
De la misma forma se determinará a los fiscales judiciales, relatores y procuradores del número que pasarán a conformar cada una de las Cortes de Apelaciones de Santiago.”
En el artículo 3° transitorio se señala la forma en que se va a terminar con las causas pendientes.
“La Corte de Apelaciones de Santiago en lo Civil, durante los tres primeros años de funcionamiento, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, funcionará con tres salas extraordinarias. A su vez, la Corte de Apelaciones de Santiago en lo Penal funcionará durante el primer año con una sala extraordinaria.”
Constancias reglamentarias.
Para los efectos de lo establecido en los números 2°, 4°, 5° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente respecto del texto aprobado por ella:
a)Que los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, con excepción de los números 22, 26, 27, 28 y 30, y 7° y 8° permanentes y 1°, 3°, 4° y 6° transitorios tienen rango de ley orgánica constitucional por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales, conforme lo dispone el artículo 77 de la Constitución Política, y el artículo 6° tiene también igual rango por tener relación con la organización y funcionamiento del Ministerio Público, de acuerdo a lo que establece el artículo 84 de la misma Carta Política.
b)Que los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 7° y 9° permanentes y 3°, 4° y 5° transitorios son de la competencia de la Comisión de Hacienda.”
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó por unanimidad el proyecto y propone su aprobación por la Sala.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil , informante de la Comisión de Hacienda.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar el proyecto de ley sobre división y especialización de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En la actualidad, la Corte de Apelaciones de Santiago cuenta con treinta ministros. La iniciativa busca aumentar ese número a cuarenta y uno, es decir, se crean once cargos de ministro.
Los ministros se dividirán en dos salas. La sala Penal tendrá dieciséis ministros y la Civil, veinticinco ministros. Dicho aumento responde a una solicitud reiterada al Ejecutivo y al Congreso Nacional.
También es importante señalar que aumentará la planta de personal para la Corte de Apelaciones de Santiago en lo Penal.
Al respecto, el artículo 2° fija la siguiente planta de personal para la Corte de Apelaciones de Santiago en lo Penal: dieciséis cargos de ministro; cuatro cargos de fiscal judicial; un cargo de secretario; diez cargos de relator; un cargo de jefe de unidad de causas; dos cargos de profesional de apoyo de la unidad de causas; dos cargos de oficial 1°; cuatro cargos de oficial 2°; ocho cargos de oficial 3°; veinte cargos de oficial 4°; once cargos de oficial de Sala, y un cargo de oficial asistente.
A su vez, la sala civil tendrá 25 cargos de ministro; dos de fiscal judicial; dos de secretario; diecisiete de relator; uno de jefe de unidad de causas; dos de profesional de apoyo de la unidad de causas; tres de oficial 1°; diez de Oficial 2°; once de oficial 3°; treinta y uno de oficial 4°; dieciséis de oficial de sala; uno de oficial asistente, y uno de auxiliar de aseo.
Como nada es gratis en la vida, voy a informar el costo que significará esta modificación a la estructura orgánica de la Corte de Apelaciones de Santiago.
A partir de 2007, cuando la modificación se encuentre operando en régimen, los costos serán los siguientes: gastos en personal, 4.410.657.000 pesos; gastos de operación, 808.858.000 pesos, lo que da un total de 5.219.515.000 pesos.
Ese mayor costo se financiará, al menos parcialmente, con recursos del actual sistema que se liberarán, los cuales alcanzan un monto de 3.828.968.000 pesos. En consecuencia, el total neto que demandará el financiamiento de esta iniciativa funcionando en régimen alcanza a 1.390.547.000 pesos.
A esos costos hay que agregar aquellos que se harán por una sola vez, necesarios para acondicionar el recinto donde funcionarán las dos salas de la Corte y otros de similar naturaleza. El detalle de estos costos es el siguiente: salas transitorias y remuneraciones para habilitarlas, 2.625.126.000; gastos de Operación, 472.523.000; gastos de implementación para remodelación, 100.000.000 de pesos; inversiones en equipo y mobiliario 341.422.000 pesos, inversión en programa informático, 19.064.000 pesos, inversión en vehículos, 150.000.000 de pesos no es poco, lo cual da un total de 3.708.135.000 pesos en gastos por una sola vez.
Por lo tanto, el costo total neto del proyecto para 2007, esto es, los gastos de operación en régimen, deducidos los costos que se liberarán, más los gastos por una sola vez, alcanza a 5.098.682.000 pesos.
La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el proyecto y recomienda a la Sala votarlo favorablemente.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En debate el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, después de escuchar los informes entregados por los diputados señores Ceroni y Cardemil , en nombre de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana quiero expresar un par de consideraciones que nos merece la iniciativa.
Sin duda, estamos en presencia de un proyecto importante para alcanzar una mejor administración de justicia. El mensaje es suficientemente claro al respecto y así también lo expresaron quienes participaron en el debate de la iniciativa durante su tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que contó con la permanente presencia y colaboración del ministro y la subsecretaria de Justicia.
Frente a la necesidad sostenida desde hace mucho tiempo de mejorar el sistema de administración de justicia, particularmente desde la óptica que otorgue un mejor servicio a las personas, lo peor que le puede pasar a un estado de derecho es que la gente se sienta ajena a ella, que piense que no vale la pena judicializar sus conflictos civiles, laborales, tributarios o de otra naturaleza porque no van a ser atendidas sus legítimas expectativas. Eso suele ocurrir en nuestro país. En materia penal eso se llama impunidad, en materia civil puede llamarse auto tutela o de distintas formas, pero como quiera que se llame, es una mala cosa.
El proyecto en análisis busca romper esa lógica, porque tiene por objeto reestructurar la Corte de Apelaciones de Santiago, donde existe probablemente lo decía el diputado Ceroni la mayor carga y acumulación de causas pendientes, tanto en lo civil como en lo penal. Hoy en lo civil es más que en lo penal, porque en lo penal, a raíz de otra ventaja de la Reforma Procesal Penal, se ha producido la posibilidad de que se apuren causas antiguas. Pero en lo civil sigue habiendo un retraso importante, más allá, sin duda, del esfuerzo que hacen los ministros de la Corte de Apelaciones, cuestión que en la Comisión dejó muy en claro el ministro Haroldo Brito cuando indicó los esfuerzos que se han hecho.
Estamos en presencia de un buen proyecto que, a nuestro juicio, hay que aprobar en general y en particular, porque apunta al tema central, a una administración más rápida, para que la gente se sienta protegida en el peor momento que tiene una persona frente al derecho, cuando cree que está siendo vulnerado o conculcado por un particular o una autoridad y recurre rápidamente al poder del Estado designado por la Constitución para que la defienda, porque más allá de la resolución, ella se siente rápidamente considerada. Insisto, el proyecto va en esa línea.
Quiero aprovechar la oportunidad, ya que está presente el ministro de Justicia, para señalar un par de cosas que apuntan también al fondo y que, a mi juicio, siguen pendientes, más allá de los avances que ha habido.
Creo que debemos propender a la especialización de las salas, ya que se ha desechado, por ejemplo, crear una Corte de Apelaciones en lo laboral. Se señaló que la oportunidad procesal o legislativa fue con ocasión de la ley que aprobamos sobre un nuevo procedimiento laboral; se dijo que era caro, que no era necesario, que se iba a estudiar más adelante la especialización en materia laboral, pero es muy urgente.
A propósito de los temas tributarios, el proyecto respectivo es otra oportunidad para la especialización tributaria. El número de causas tributarias aumenta cada día más, y obviamente requieren de especialización.
No es ésta la oportunidad procesal; tiene razón el señor ministro. Pero el tema de los abogados integrantes sigue pendiente. Entiendo que éstos son una necesidad; probablemente no se pueden eliminar de un solo “paraguazo”. Tiene que hacerse en forma gradual, pero hagamos algo al respecto, porque es un muy mal sustituto de la especialización. Además, tiene inconvenientes que todos sabemos. Hemos discutido que está en tela de juicio la absoluta y necesaria independencia que deben tener los abogados integrantes.
También está pendiente se han escuchado algunas voces interesantes al respecto, incluso del ministro la dictación de un nuevo Código de Procedimiento Civil. A mi juicio, hemos tenido un avance notable en materia de procedimiento penal, pero en materia procesal civil seguimos con una legislación en muchos aspectos decimonónica, que no tiene nada que ver con la realidad.
Algo se logra en este proyecto, a propósito de los alegatos, pero en una medida menor. Ahí hay una cuestión profunda. En el discurso del 21 de mayo, si no recuerdo mal, la Presidenta dijo algo sobre un plazo. Eso hay que reiterarlo todo el tiempo, en el sentido de que existe el compromiso de una modificación sustancial al proceso civil, porque todas estas medidas, que son importantes y necesarias, y por eso hay que apoyarlas, a la larga, con el aumento de la transacciones económicas, van a terminar chocando con un procedimiento que no tiene nada que ver con el siglo 21.
Como Estado moderno, ahí tenemos una tarea pendiente, de cara a nuestros compromisos internacionales, por ejemplo. También puede tener efecto en nuestra juridicidad.
En nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, reitero la decisión de apoyar este interesante proyecto de ley.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto .
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, hoy más que nunca está en el “observatorio social” la administración de justicia. Se dice, por ejemplo, con caracteres de escándalo, que una jueza dejó nula una detención, porque la detención habría tenido lugar veinte minutos después de la flagrancia. Asimismo, en el caso, seguido con tanto interés por la prensa, del homicidio del doctor uruguayo, con caracteres de escándalo se dijo que en el fallo se consideró que el homicida tenía irreprochable conducta, no obstante haber sido sometido a un proceso por un grave delito anterior.
Esto ocurre, precisamente, porque hay transparencia, porque hoy la administración de justicia puede ser vista, analizada y fiscalizada por toda la sociedad. En esa materia avanzamos mucho con la creación del Ministerio Público, oportunidad en que pensábamos al parecer, sin razón valedera en ese momento que, como investigaba el fiscal y resolvían tres jueces colegiados, las apelaciones iban a ser mínimas. Hoy, se reclama lo contrario y, en vez de disminuir las apelaciones, nos encontramos con este proyecto que apunta a reforzar una corte penal en Santiago.
Por ello, es muy importante tener conciencia de que no podemos seguir haciendo legislación de parche. Lo expresó muy bien el diputado Burgos . Si somos un Estado moderno, si hemos avanzado tanto en primera instancia con el Ministerio Público, lo lógico sería revisar íntegramente sin perjuicio de aprobar hoy este proyecto la segunda instancia y clasificar y normar todo lo que quede en el tintero.
Además, con razón dijo el diputado informante señor Guillermo Ceroni que la Comisión de Constitución, en su totalidad, considera que la institución de los abogados integrantes no debiera existir. Sabemos que en ese sentido sería preferible proceder en forma gradual. Nosotros planteamos esa opción a fin de que el señor ministro la tome en cuenta.
También aspiramos a que nuestros altos magistrados se dediquen íntegramente a administrar justicia y no se ocupen en otras labores, como la docencia universitaria. Al respecto, hubo debate, investigación, y se hicieron simulaciones respecto de las horas destinadas a ambas actividades y llegamos a un acuerdo, porque entendemos que la docencia también es importante para los magistrados.
Hoy, estamos en deuda con la sociedad. Hay que modificar la segunda instancia y, de una vez por todas, llegar a un nuevo Código Penal. Los legisladores presionados por la sociedad no debemos seguir haciendo soluciones de parche que no hacen bien ni a unos ni a otros.
Vamos a aprobar este proyecto, porque es necesario; pero existen otras cortes de apelaciones recargadas de causas. Se hablaba, incluso, de Antofagasta, de Valparaíso y, como le consta al presidente de la Comisión, éste es el momento de recoger todas estas inquietudes, que son valederas.
Espero que el señor ministro, que está conversando desde hace rato, también escuche a quienes intervenimos en el debate.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
A continuación, tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil .
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, los diputados de la Alianza por Chile apoyaremos el proyecto y, en consecuencia, lo votaremos favorablemente; pero lo haremos por una razón absolutamente pragmática, puesto que nuestra percepción es que esta solución es de parche, solución de un mal menor.
Hay demasiados temas pendientes en esta área de la administración de justicia. Hemos apoyado todo; pero sigue en funcionamiento el Código de Procedimiento Penal, que hoy vamos a empezar a modificar, y en buena hora. Ésta será la segunda etapa de su reforma. Quedan pendientes para los próximos años, la dictación de un nuevo Código Penal y, después, con urgencia, la de un nuevo Código de Procedimiento Civil. Hay una situación en los tribunales de familia que deja demasiado que desear. También está pendiente la aplicación de la ley de responsabilidad penal juvenil, que se encuentra suspendida.
Todo esto va a requerir de una gran reforma, a fondo, de nuestro sistema de administración de justicia, en lo que se refiere a los tribunales superiores de justicia y a la justicia civil y comercial. Por lo tanto, el camino que tomó el Gobierno, si bien entendemos que debía hacerlo así porque era fruto de las necesidades urgentes, es definitivamente una solución de parche.
Como se dijo, la institución de los abogados integrantes ha sido considerada completamente inadecuada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Debe desaparecer, porque es una verdadera anomalía en la administración de justicia.
Los abogados integrantes ejercen a su vez la profesión, con lo cual se crea una situación francamente indeseable de intereses que hay que ir suprimiendo, aunque sea tentativamente. No estoy haciendo un juicio particular respecto de abogados integrantes con nombres y apellidos, sino, simplemente, diciendo que la situación de la institución es anómala y hay que legislar sobre ella.
También, como se dijo, solucionaremos el problema de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero nos queda San Miguel , en la Región Metropolitana, con un gran atraso; Valparaíso , Concepción y una serie de cortes de apelaciones dejadas de la mano de Dios y, permítaseme la imagen, de la mano de los ministerios de Justicia y de Hacienda, fundamentalmente, que no las incorporaron en este proyecto y que todos los señores diputados, representantes de distritos de regiones, saben que es urgente dotarlas de mayores recursos y de un número suficiente de ministros, a fin de que desarrollen bien su importante tarea jurisdiccional.
En suma, hay mucho que hacer. Ahora se ha cortado por lo más sencillo, cual es, subir en once el número de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que está bien y habrá que apoyar, pero la situación de fondo sigue sin resolverse.
Me sumo desde las bancadas de Oposición a los dichos de la diputada señora Laura Soto y del diputado señor Jorge Burgos , en el sentido de urgir al cuarto gobierno de la Concertación, a la Presidenta de la República y a su ministro de Justicia, para que desarrollen una acción, un diseño de trabajo, una gestión acelerada, en orden a ir poniendo al día todas esas instituciones, tanto procesales, de administración de justicia jurisdiccionales, como de normas institucionales, que nos están haciendo falta para tener, finalmente, una justicia digna de un país desarrollado del siglo 21.
Votaremos favorablemente, con todas las inquietudes que he planteado y que van a quedar consignadas en acta.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro de Justicia, señor Isidro Solís .
El señor SOLÍS (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, en primer lugar, me hago cargo del reclamo de la diputada Laurita Soto ; pero, debo atender a todos los señores diputados que tienen inquietudes vinculadas con el ministerio que dirijo.
El Ejecutivo solicita a la honorable Cámara la aprobación de esta iniciativa que, claramente, es un enorme esfuerzo de modernización de la judicatura nacional.
En los últimos años, hemos enfrentado transformaciones en el sector justicia, que han cambiado absolutamente los procedimientos, no sólo desde el punto de vista formal, sino también del modo de aproximación del conjunto de la ciudadanía a la justicia. Como país, hemos producido un sistema de justicia que hoy tiene características de transparencia, de inmediación y de rapidez que no se compara con el que teníamos hace veinte años.
Hemos logrado construir una reforma procesal penal que es modelo en América Latina.
Hemos iniciado un proceso de reforma de la judicatura de familia, que, por cierto, necesita perfeccionamientos, a fin de que exista más capacidad y rapidez para resolver los conflictos en ese nivel y satisfacer en mayor medida los requerimientos de las familias en los momentos difíciles que enfrentan.
Estamos estudiando la reforma de la judicatura laboral, y a través de este proyecto iniciamos un paso que es trascendente, cual es la posibilidad de generar la especialización en segunda instancia.
Se crea una segunda corte en el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, distinguiéndose una corte civil de una corte penal.
Se crean nuevos cargos de ministros; ocho salas para conocimiento de asuntos civiles y cinco salas destinadas al conocimiento de materias criminales. Al mismo tiempo, por un tiempo determinado, se autoriza el funcionamiento extraordinario de salas, una en materia criminal y tres en materia civil, destinadas a terminar con lo que hemos denominado el stock de causas acumuladas en Santiago.
Hoy, la justicia de segunda instancia en Santiago, como consecuencia de la enorme cantidad de causas de que conoce aproximadamente el 40 por ciento de las que a nivel nacional ingresan en segunda instancia, está mostrando un nivel de retraso en su resolución de, aproximadamente, cuatro años, lo que atenta, fundamentalmente, contra el principio de la oportunidad de la justicia.
Por consiguiente, tanto el número de salas ordinarias como las de funcionamiento extraordinario, están destinadas a solucionar, en un plazo no superior a los dos años, el grave problema de retraso de la resolución de causas en segunda instancia.
Durante la tramitación del proyecto, después de escuchar la opinión de los parlamentarios, se introdujeron diversas modificaciones a la idea original del Ejecutivo que la han perfeccionado.
En primer lugar, se ha abordado el régimen de trabajo de los ministros de corte y se le ha armonizado con el régimen de trabajo de los jueces de primera instancia, aclarándose la norma respecto de los permisos administrativos, en el sentido de que los tres días de permiso, a los cuales se refería el Código Orgánico de Tribunales, se interpreta como tres días en tres meses y no tres días en un mes, como había sido hasta ahora la interpretación administrativa del Poder Judicial.
Se limita, a nueve, la cantidad de horas de actividad académica que pueden realizar los jueces de segunda instancia, en el entendido que el interés del Congreso Nacional y del Ejecutivo es que la dedicación de nuestros ministros sea intensa y preferente a la resolución de las causas de segunda instancia.
En cuanto a los abogados integrantes, se consignan diversas normas que, sin resolver definitivamente una controversia dada en el Congreso Nacional, garantizan la operación de las salas de las cortes de apelaciones. El Ejecutivo está consciente de que mantener o eliminar esta institución es una discusión pendiente. Sin embargo, se consensuó con los diputados distribuir la cantidad de abogados integrantes, sin aumentar su número en la proporción en que se aumenta la de ministros, sólo para garantizar, a todo evento, que las salas estarán siempre en condiciones de funcionar y realizar su delicada labor de administrar justicia.
Se crean también, como parte de la especialización de la justicia, unidades de apoyo y asesoramiento al trabajo administrativo de los presidentes de las cortes integradas por tres funcionarios profesionales.
Tenemos la certeza de que el proyecto, que significa una disposición de fondos públicos importante, marca un primer plazo en el avance de la modernización y especialización de la justicia. Por eso, el Gobierno solicita respetuosamente a esta honorable Cámara su aprobación.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Araya .
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, los diputados de la Democracia Cristiana vamos a votar favorablemente, porque el proyecto va en la línea correcta de modernizar la segunda instancia.
La división de la Corte de Apelaciones de Santiago en dos nuevas cortes especializadas, una en lo civil y, la otra, en lo penal, es un comienzo. Esperamos que el modelo que propone el Ejecutivo para la principal corte de apelaciones del país se replique en las regiones.
La especialización de las cortes de Santiago permitirá agilizar la tramitación en la segunda instancia. Cabe advertir que la mayor concentración de causas del país la tiene la Corte de Apelaciones de Santiago: casi el 40 por ciento, nos decía el ministro Solís . Hay causas que tienen atrasos de cinco o seis años, lo que, sin duda, se traduce en denegación de justicia.
También nos parece interesante la creación de la unidad de apoyo a la gestión administrativa de los presidentes de las cortes de Santiago. Entendemos que así se está replicando un modelo exitoso, que ha permitido optimizar la utilización de los recursos para el manejo y buen funcionamiento de la justicia penal y de la familia.
Esperamos que, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet , con su ministro de Justicia, Isidro Solís , se lleven adelante las dos grandes reformas pendientes: la modificación del procedimiento civil, hoy lato y muy lento y que no responde a los requerimientos de justicia que demandan los ciudadanos, y la dictación de un nuevo Código Penal acorde a nuestra realidad actual, fundamentalmente para que los delitos que se quieren castigar y las penas que se quieren establecer tengan un tratamiento acorde al nuevo procedimiento penal.
Felicito la iniciativa, y esperamos que ella se replique rápidamente en las regiones, sobre todo, por el alto nivel de especialización que deben tener los juicios.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Cristián).-
Señor Presidente, el proyecto de ley en estudio tiene por objeto crear en Santiago una nueva corte de apelaciones con competencia exclusivamente en lo civil, dejando a la actual con competencia sólo en lo penal.
Como señaló el diputado señor Ceroni , informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, mediante indicación del Ejecutivo, modificatoria del artículo 1°, se salvó un importante problema constitucional, en el sentido de que la creación de una corte penal atentaría en contra del principio de legalidad que dispone que una persona sólo puede ser juzgada por el tribunal que se encuentre establecido con anterioridad a la perpetración del hecho de que se trate.
Sabemos que la Corte de Apelaciones de Santiago enfrenta una compleja situación, debido a que concentra una gran cantidad de causas, alrededor de 9 mil 400. Además, existe mucho retraso en sus resoluciones, al punto de que al año sólo se falla el 36 por ciento de ellas, principalmente civiles.
Más allá de las bondades o de las críticas, el proyecto va por un buen camino.
Sin embargo, hay que detenerse en la eventual falta de eficiencia de los ministros del Poder Judicial, como lo expresaron las personas que fueron escuchadas en la Comisión. Sus horarios de trabajo no son compatibles con lo que actualmente exige un mundo dinámico en el cual la jornada laboral se prolonga por ocho horas. El horario de resolución de causas es de medio día, de 9 a 14 horas, materia regulada por un auto acordado de la Corte Suprema de 1999. Además, cabe considerar las inasistencias de los ministros, quienes están autorizados para ausentarse hasta tres días por bimestre, aspecto que también fue también objeto de modificaciones en el proyecto. Además, es absolutamente excesiva la cantidad de horas que destinan a la docencia universitaria.
Esos tres aspectos relativos a la eficiencia de los ministros del Poder Judicial se ven bastante mejorados en el proyecto
Celebramos que la iniciativa recoja una tendencia que se impuso en la Comisión de no aumentar el número de abogados integrantes, no obstante la nueva corte que se crea, porque la idea es terminar con esa institución. También celebramos la creación de jefes de unidad de causa y profesionales de apoyo, quienes actuarán como asesores de los ministros de las cortes de apelaciones.
Tenemos claro que el proyecto va en el camino correcto, aunque aún hay mucho por hacer. Aprovechando la presencia del ministro de Justicia en la Sala también lo hemos conversado en la Comisión, están pendientes modificaciones absolutamente importantes y relevantes, como la de la justicia procesal civil, la dictación de un nuevo Código Penal y la creación de un nuevo sistema de evaluación de los magistrados. La comunidad organizada exige eficiencia a los poderes Legislativo y Ejecutivo, y los juzga y los mide a través de las elecciones. En cambio, a los jueces también se les exige eficiencia, pero no hay cómo medirlos y juzgarlos, porque no existen instrumentos para calificarlos.
Es necesario avanzar en un sistema de evaluación de desempeño de los jueces más moderno, que no implique su elección democrática, porque creemos que no es la fórmula correcta.
La bancada de diputados de Renovación Nacional apoyará el proyecto, en el entendido de que el ministro de Justicia también tiene en carpeta el compromiso de llevar adelante las modificaciones pendientes.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, no hay duda de que el proyecto pretende dar mayor agilización a la labor de nuestros tribunales de justicia.
Para que la Corte de Apelaciones de Santiago haga su trabajo de manera mucho más expedita, dada la cantidad de causas de que conoce, es necesario dividirla en una corte especializada en lo penal y en otra especializada en lo civil, aumentando, por cierto, la cantidad de ministros. Así, tendremos una tramitación más ágil, particularmente en causas civiles, que es donde se produce la mayor demora.
Las disposiciones que restringen la cantidad de horas que podrán dedicar los ministros a la docencia son importantes, porque todos deseamos que los ministros y, en general, los integrantes del Poder Judicial, se aboquen exclusivamente a su labor de impartir justicia, de estudiar los casos y de dictar resoluciones debidamente fundadas. Igualmente, es fundamental la supresión de algunos cargos, como los de defensores públicos, que hoy no se justifican, y el establecimiento de lo que hoy se conoce como cargos en extinción.
En definitiva, el proyecto, una vez que se encuentre en plena marcha, va a producir un efecto positivo en la administración de justicia y, en forma especial, en la Corte de Apelaciones de Santiago, que es donde existe la mayor cantidad de causas sin resolver.
Por lo tanto, el Partido por la Democracia la dará su total apoyo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto de ley, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo de 68 señoras y señores diputados en ejercicio.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Alvarado Andrade Claudio ; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; EnríquezOminami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
Se abstuvo el diputado señor Paya Mira Darío .
El señor LEAL (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, también se declara aprobado en particular, dejando constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido.
Despachado el proyecto.
Cito a reunión de Comités.
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