REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 354ª Sesión 54ª, en martes 1 de agosto de 2006 (Especial, de 18.34 a 21.21 horas) Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Pérez Arriagada, don José. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.OBJETO DE LA SESIÓN VI.DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia5 II.Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 V.Objeto de la sesión. Consecuencias de los últimos temporales en el sur y acción del Gobierno en las zonas afectadas. Minuto de silencio. Proyectos de acuerdo9 VI.Documentos de la Cuenta. 1.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay, García, Hernández, Lobos, Martínez, Moreira, Roberto Sepúlveda, Saffirio y Mario Venegas y de la diputada Cristi, que modifica el Código del Trabajo en resguardo de la integridad física de los trabajadores. (boletín Nº 437013)48 2.Proyecto iniciado en moción de los diputados Meza, Accorsi, Duarte, Marcos Espinosa, Errázuriz, León, Montes, Palma, Sule y Walker, que modifica el Código Penal en relación a la atenuante de irreprochable conducta anterior. (boletín Nº 437107)48 3.Proyecto iniciado en moción de los diputados Burgos, Aguiló, Jarpa, Fuentealba, Leal, Nicolás Monckeberg, Ortiz y Walker, sobre control de la Contraloría General de la República sobre las cuentas corrientes de los servicios públicos. (boletín N° 437203)49 4.Proyecto iniciado en moción de los diputados Roberto Sepúlveda, Chahuán, Estay, Cristián Monckeberg, Nicolás Monckeberg y la diputada Rubilar, que sanciona la comercialización y sustracción de sangre en las formas que señala. (boletín N° 437311)51 5.Proyecto iniciado en moción de los diputados Roberto Sepúlveda, Chahuán, Cristián Monckeberg y la diputada Rubilar, que fija un plazo máximo para el cobro judicial de tarifas o peajes no pagados y prohíbe la comunicación de información de deudas provenientes del incumplimiento de dichos pagos. (boletín Nº 437409)52 6.Proyecto iniciado en moción de los diputados Roberto Sepúlveda, Chahuán y de las diputadas Marta Isasi, Karla Rubilar y Ximena Valcarce, que modifica la ley N° 19.968, que creó los Tribunales de Familia, estableciendo que la notificación de las demandas se haga por receptores judiciales designados por turno. (boletín N° Nº 437518)54 Pág. 7.Proyecto iniciado en moción de los diputados Roberto Sepúlveda, Chahuán, ÁlvarezSalamanca, García, Hernández, Nicolás Monckeberg y Verdugo, que modifica la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con el objeto de establecer como contravención a la probidad administrativa, la participación de autoridades y funcionarios públicos en actividades de propaganda electoral. (boletín Nº 437606)55 8.Proyecto iniciado en moción de los diputados Errázuriz y Meza, que prohíbe a colegios funcionar sin reconocimiento del Ministerio. (boletín N° 437704)57 9.Proyecto iniciado en moción del diputado Errázuriz, que prohíbe pago por instalación de antenas de telefonía celular. (boletín Nº 437809)57 10.Proyecto iniciado en moción de la diputada Cristi y de los diputados Accorsi, Chahuán, Estay, Girardi, Masferrer, Lobos, Ojeda, Urrutia y Ward, que modifica la ley N° 19.925, facilitando el control al expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. (boletín Nº 437911)58 11.Oficio de la Excma Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Economía, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. (boletín N° 423403)61 VII.Otros documentos de la Cuenta. 1.Certificado. Certificado médico acompañado por la diputada señora Allende, doña Isabel, por el cual comunica que deberá permanecer en reposo por una semana a contar del 31 de julio próximo pasado. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (112) NOMBRE --Accorsi Opazo, Enrique --Aguiló Melo, Sergio --Alinco Bustos, René --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Araya Guerrero, Pedro --Arenas Hödar, Gonzalo --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Bobadilla Muñoz, Sergio --Burgos Varela, Jorge --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Chahuán Chahuán, Francisco --De Urresti Longton, Alfonso --Díaz Díaz, Marcelo --Dittborn Cordua, Julio --Duarte Leiva, Gonzalo --Egaña Respaldiza, Andrés --Eluchans Urenda, Edmundo --Encina Moriamez, Francisco --Enríquez-Ominami, Gumucio Marco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escobar Rufatt, Álvaro --Espinosa Monardes, Marcos --Espinoza Sandoval, Fidel --Estay Peñaloza, Enrique --Farías Ponce, Ramón --Forni Lobos, Marcelo --Fuentealba Vildósola, Renán --Galilea Carrillo, Pablo --García García, René Manuel --GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Briere, Guido --Godoy Ibáñez, Joaquín --Goic Boroevic, Carolina --González Torres, Rodrigo --Hales Dib, Patricio --Hernández Hernández, Javier --Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge --Isasi Barbieri, Marta --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jiménez Fuentes, Tucapel --Kast Rist, José Antonio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leal Labrín, Antonio --León Ramírez, Roberto --Lobos Krause, Juan --Lorenzini Basso, Pablo --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Meza Moncada, Fernando --Monckeberg Bruner, Cristián --Monckeberg Díaz, Nicolás --Monsalve Benavides, Manuel --Montes Cisternas, Carlos --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz D'Albora, Adriana --Nogueira Fernández, Claudia --Norambuena Farías, Iván --Núñez Lozano, Marco Antonio --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Pacheco Rivas, Clemira --Palma Flores, Osvaldo --Paredes Fierro, Iván --Pascal Allende Denise --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Robles Pantoja, Alberto --Rossi Ciocca, Fulvio --Rubilar Barahona, Karla --Sabag Villalobos, Jorge --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Sepúlveda Hermosilla, Roberto --Sepúlveda Orbenes, Alejandra --Silber Romo, Gabriel --Soto González, Laura --Sule Fernando, Alejandro --Súnico Galdames, Raúl --Tarud Daccarett, Jorge --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Turres Figueroa, Marisol --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valcarce Becerra, Ximena --Valenzuela Van Treek, Esteban --Vallespín López, Patricio --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Cárdenas, Mario --Venegas Rubio, Samuel --Verdugo Soto, Germán --Vidal Lázaro, Ximena --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio --Ward Edwards, Felipe Asistieron, además, la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete; y los ministros del Interior, señor Belisario Velasco; de Obras Públicas, señor Eduardo Bitrán, y de Agricultura, señor Alvaro Rojas. Concurrió, también, el senador señor Hosain Sabag. Por encontrarse con permiso constitucional, no asistió el diputado señor Juan Bustos Ramírez. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 18.34 horas. El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 49ª se declara aprobada. El acta de la sesión 50ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. V. OBJETO DE LA SESIÓN CONSECUENCIAS DE LOS ÚLTIMOS TEMPORALES EN EL SUR Y ACCIÓN DEL GOBIERNO EN LAS ZONAS AFECTADAS. Minuto de silencio. Proyectos de acuerdo. El señor LEAL (Presidente).- La presente sesión, motivada en una presentación suscrita por 47 señoras diputadas y señores diputados, tiene por objeto “analizar el daño causado por los temporales en la zona sur del país, especialmente en la Octava Región, y la reacción del Gobierno en las regiones decretadas “zona de catástrofe””. Han sido citados los ministros del Interior, señor Belisario Velasco; de Agricultura, señor Álvaro Rojas; de Obras Públicas, señor Eduardo Bitrán, y la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete. El tiempo previo de 15 minutos que establece el artículo 74 del Reglamento, corresponde al Comité Radical Social Demócrata. El señor LATORRE.- Pido la palabra. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor LATORRE.- Señor Presidente, antes de que la mayor parte de los diputados abandone la Sala para concurrir a sus respectivas comisiones, quiero señalar que me parece absolutamente improcedente que en forma sistemática se fije este horario para la realización de sesiones especiales de Sala, ya que es sabido que lo habitual es que, una vez iniciada, sólo queden cinco o seis diputados que se escucharán entre ellos, que probablemente intervenga algún ministro y luego se apruebe un proyecto de acuerdo que no tendrá ninguna importancia, porque no habrá sido analizado ni meditado como debe hacerse, como se hace en comisiones. En consecuencia, pido que hagamos lo posible para que este tipo de sesiones se concentren en las comisiones respectivas, de tal manera que podamos analizar los problemas en ellas y sacar conclusiones, y no como está ocurriendo sistemáticamente con las sesiones de los martes, que afectan el funcionamiento de la Comisión de Obras Públicas, que presido. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, quiero recordarle que hoy existe una norma constitucional en virtud de la cual los diputados solicitan la sesión especial con día y hora. Es la normativa que rige actualmente las sesiones especiales. Este tema lo hemos tratado en reunión de Comités, para tratar de no fijar sesiones especiales los martes a esta hora, donde se interrumpe el trabajo de las comisiones. En cambio, los miércoles en la tarde se interrumpen menos. El señor MONTES.- Señor Presidente, pero también hay problemas los miércoles en la tarde, porque las comisiones especiales terminan siendo muy perjudicadas. Habría que pensar en una sesión después de los horarios de comisiones, como única posibilidad de ponernos de acuerdo, estar presentes y no perjudicar al resto de las comisiones. El señor LEAL (Presidente).- Me parece importante lo que ha señalado y lo tendremos en cuenta en las reuniones de Comités. Tiene la palabra el diputado señor José Pérez Arriagada. El señor PÉREZ.- Señor Presidente, en la mañana se rindió un merecido homenaje a los carabineros y bomberos fallecidos con motivo de los temporales de julio. Sin embargo, quiero recordarles que hay no menos de quince personas muy modestas, que no vestían uniforme, de las provincias de Concepción y Biobío, que perdieron la vida en esos temporales. Por consiguiente, la Cámara de Diputados debe rendir un minuto de silencio en memoria de esos civiles, hombres, mujeres y niños, que perdieron su vida como consecuencia de los últimos temporales del sur de Chile. Señor Presidente, solicito un minuto de silencio. El señor LEAL (Presidente).- La Cámara guardará un minuto de silencio. Los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio. El señor LEAL (Presidente).- Puede continuar diputado señor José Pérez. El señor PÉREZ.- Señor Presidente, el tema que nos convoca es analizar el daño causado por los temporales que afectaron al sur de Chile. No hay registro en la historia de temporales de viento y lluvia que hubiesen causado más daño que el registrado en la Octava Región los días 10, 11 y 12 de julio recién pasado. Veinte personas perdieron la vida. La mitad de ellas eran de la provincia del Biobío. En nueve de los casos el diagnóstico médico indicó asfixia por inmersión, es decir, fallecieron ahogados. Las inundaciones afectaron gravemente a Concepción, Chiguayante, Hualqui, Laja, Nacimiento, San Rosendo, Negrete, Mulchén, Quilaco, Santa Bárbara, Alto Biobío, Quilleco, Antuco, Tucapel, Los Ángeles, Yumbel y Cabrero. La provincia más afectada, sin duda, fue Biobío. Colapsaron dos puentes en la ruta 5 Sur: Batuquito y Duqueco. El primero se desplomó completamente; el segundo perdió ambos accesos, lo cual significa que la obra no fue bien diseñada. Pero, lo que es peor, a no más de un kilómetro del puente Duqueco, sobre la ruta 5 Sur, que tiene sólo un acceso en este momento, con las dificultades que conlleva el alto tráfico de vehículos de norte a sur, en el acceso a Los Ángeles la concesionaria cobrando peaje, lo que me parece una vergüenza. En esa ocasión varias comunas quedaron aisladas, pues cayeron sus puentes y hubo derrumbes de grandes proporciones. El comercio del Biobío sufrió millonarias pérdidas; miles de hectáreas quedaron inundadas y sus cultivos arruinados. A un solo agricultor del sector Biobío el río le llevó 90 novillos que los tenía para engorda y cientos de cabríos, ovejas, cerdos, aves, etcétera. Al respecto hay que considerar que en Los Ángeles cayeron 200 milímetros de agua en 36 horas y el doble, según estimaciones, en Alto Biobío. Muchas familias perdieron sus viviendas, que fueron arrastradas aguas abajo. Otras casas colapsaron, y las que quedaron, sufrieron graves daños en su estructura puesto que el agua ingresó y subió a más de un metro y medio al interior de ellas, y sus moradores perdieron enseres y alimentos. Sin duda, esta catástrofe golpeó duramente a miles de hogares de la Octava Región. Con razón, la Presidenta de la República la declaró “zona de catástrofe”, pues sólo en la provincia de Biobío hubo 10 mil damnificados. En esos días, la gobernación jugó un rol fundamental en la coordinación de acciones de rescate, en las que se contó con la valiosa colaboración del Ejército, que cumplió estas tareas con botes zodiac, camiones, motobombas y, además, su personal permanentemente descargaba los aviones y camiones que llegaban con ayuda para los damnificados. Por su parte, Bomberos hizo lo propio en cada una de las comunas, al igual que Carabineros al colaborar con el rescate y el orden público que se hacía indispensable en la provincia de Biobío. Los funcionarios municipales y los servicios públicos participaron, en su gran mayoría, en todas las actividades de ayuda a la población. Muchos particulares recurrieron a sus helicópteros y lanchas para rescatar a las personas que se encontraban en los techos y en los árboles cercanos a sus viviendas. Los albergues se hicieron escasos y, una vez más, la Cruz Roja desempeñó un rol muy importante. La ayuda comenzó a llegar con lentitud, pues la magnitud de la tragedia era demasiado grande. La gente que no quiso abandonar su hogar no contaba con enseres, techo ni alimentos y soportó esta situación por varios días hasta que comenzó a llegar la ayuda: colchones, frazadas, alimentos, ropa, medicamentos, catres, zapatos y otros. La Oficina Regional de Emergencia, Oremi, se vio sobrepasada absolutamente. Tenemos que preparar a entidades como ésta con los elementos necesarios para que puedan acudir con más prontitud en casos de emergencias. Biobío tiene más o menos 150 mil hectáreas bajo riego, controladas por nueve agrupaciones de regantes. Los daños son cuantiosos. Sus obras de arte y canales se desbordaron. Se estima que para restablecer el riego en forma normal hay que invertir más de 2 mil millones de pesos y sólo quedan 45 días para iniciar el riego en la provincia de Biobío. Difícil será que aquellas hectáreas que el año pasado estaban bajo riego, lo vuelvan a estar esta temporada. Año a año las inundaciones se suceden en todas las ciudades ribereñas del Biobío, como Concepción, Chiguayante, Hualqui, Laja, Nacimiento, Negrete, Mulchén, Santa Bárbara, Quilaco, Los Ángeles, además de enormes superficies de los sectores rurales. El río Biobío en el pasado era navegable desde Concepción hasta San Carlos. Hoy, con la extracción de áridos en las cercanías del río, que autorizan muchos municipios, se forman tremendos socavones que quedan descubiertos y, por cierto, en el invierno siguiente al cambiar el cauce del río, el agua cae justamente en estos lugares. La caja del río está completamente saturada y en invierno éste transita no por el curso que originalmente tenía cuando era navegable, sino por cualquier parte, lo que provoca estas inundaciones. Para evitar este problema, es indispensable, y esto lo conversaba con el ministro de Obras Públicas, que lo abordemos de frentón con una gran inversión. Tenemos que limpiar el cauce, la caja del río Biobío, que se encuentra completamente saturada de piedras y materiales, lo cual obliga a que el agua tome otros rumbos y provoque este daño, año a año, a tantas personas que pierden todo lo que tienen. Una obra, incluso, con mayor inversión. Podríamos poner hasta albañilería en su base y los costados, y encauzar ese río desde Concepción hasta Los Boldos, lo cual nos permitiría, de paso, contar con unas diez o quince centrales hidroeléctricas para enfrentar la actual falta de energía. Para eso hay que decidirse a invertir, a fin de evitar los daños a la gente y aprovechar estos importantes caudales. También debemos hablar de la responsabilidad que le cabe a Endesa en el mal manejo de las centrales y en la apertura de las compuertas cuando sus embalses están con exceso de agua. En el río Laja están las centrales El Toro, El Abanico y Antuco. Según los vecinos de Antuco Bajo, El Álamo y El Chacayal, sus predios se inundaron con los canales y esteros saturados como consecuencia de la apertura de esas compuertas. En el Alto Biobío están instaladas las centrales Ralco y Pangue. La última ha sido determinante en las inundaciones de los últimos años. Con la apertura de sus compuertas o su funcionamiento, aumenta notoriamente el caudal del río Biobío, que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Las centrales de esta naturaleza en países desarrollados han construido un gran dique o una represa uno o dos kilómetros más abajo, que hace las veces de poder regulador de las aguas en verano e invierno. Endesa no hizo esa construcción, seguramente, para ahorrarse unos cuantos pesos. El 7 de septiembre de 2004, consultado por primera vez el entonces ministro de Obras Públicas, don Javier Etcheberry, acerca de los daños que se causa a los canalistas del Biobío Norte, me contesta: “En virtud de lo anterior y de los antecedentes que constan en la Dirección de Aguas, solicito a Endesa Chile tomar las medidas adecuadas conducentes a dar solución definitiva al problema antes planteado por esa asociación, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Dirección General de Aguas. Decreto N° 442, de fecha 11 de octubre de 1983, que establece en el punto 4 la obligación de evitar que se produzcan golpes de agua que puedan provocar daños a las bocatomas existentes aguas abajo, con las descargas de la central”. La resolución N° 5 de la Dirección General de Aguas, de fecha 5 de enero de 1990, señala en el punto 5: “Declárase que serán de cargo de Endesa los gastos que ocasione a terceros por daños y/o perjuicios por variaciones en los caudales del río Biobío con motivo de la operación de la futura Central Pangue”. Esto corre para todas las centrales que hay en el país. En la época de verano, los regantes del Biobío Norte construyen su bocatoma a la altura de Santa Bárbara, como históricamente lo han hecho, con pircas de piedras, pero cuando aumenta el caudal en un metro, se va la bocatoma aguas abajo, y la gente del sector que riega cada diez días, puede hacerlo el día número veinte, lo que significa que pierde sus cultivos. A raíz de los golpes de agua registrados últimamente, un agricultor de Santa Bárbara me decía: “En el pasado, diputado, el agua subía, más o menos, al mismo nivel que tuvimos en esta oportunidad; pero lo hacía con lentitud y bajaba de igual manera.” Ahora, con la violenta llegada de las aguas con motivo de la apertura de las compuertas de la central Pangue, con el solo golpe de las aguas este agricultor perdió treinta hectáreas y quedó con un casco de suelo lleno de ripio. El 13 de noviembre de 2004, dos jóvenes salieron de pesca al río Biobío. Ambos ingresaron a una isla que estaba en el centro del río y no tuvieron inconveniente para pasar hacia ella, pero cuando quisieron regresar ya el caudal del río había crecido enormemente y ambos se fueron aguas abajo. Se salvó Víctor Alejandro Tillería Labraña y falleció su compañero Gabriel Salamanca. Es decir, en otras oportunidades, la irresponsabilidad de la Endesa también ha costado vidas humanas, incluso en pleno verano. Por eso, ahora que estamos analizando lo que aconteció en la Octava Región, declarada zona de catástrofe, me interesa que el ministro de Obras Públicas nos diga, por ejemplo, qué medidas tomará esa cartera, a través de la Dirección General de Obras Hidráulicas, para sancionar a esa empresa por el incumplimiento a la normativa vigente; cómo se repararán las obras de riego y los caminos secundarios y terciarios de la provincia de Biobío, cómo se exigirá a las empresas concesionarias que no abusen cobrando peaje cuando el camino no está expedito para transitar por él. También quiero que el ministro de Agricultura informe sobre la ayuda que se tiene contemplada no sólo para los clientes del Indap, sino también para los pequeños propietarios agrícolas que han visto desaparecer todo lo que mucho les costó juntar; qué acción ejercerá la Comisión Nacional de Riego para socorrer a las pequeñas empresas cuyas estructuras de riego sufrieron grave daño y necesitan atender varios cientos de hectáreas. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, está terminando su tiempo. El señor PÉREZ.- ¿Puedo hacer uso de los cinco minutos del Comité Radical? El señor LEAL (Presidente).- Por supuesto, señor diputado. El señor PÉREZ.- En materia de vivienda, me interesa que la señora ministra nos diga cómo va a funcionar el subsidio para reponer las casas que se fueron aguas abajo o quedaron completamente destruidas, como también el destinado a reparar las viviendas dañadas por el temporal, y de qué manera se informará a los organismos de provincia para que sepan a qué atenerse y los habitantes que están atravesando por esa situación conozcan cuál será el camino a seguir. La emergencia no ha terminado, porque aún hay muchos lugares que esperan la ayuda del Estado. Hace sólo un par de días en la comuna de Tucapel, donde la gente se queja de que no ha recibido ayuda alguna para atender a su ganado. De allí que bien valdría la pena seguir preocupados de los problemas que afectan a esos lugres y que tenemos la obligación de resolver. Los habitantes de la Octava Región cuyas casas se anegaron, que han debido secarlas al igual que las escasas ropas que les quedaron, me han solicitado pedir a la Presidenta de la República que disponga subsidiar por dos meses las tarifas de electricidad y agua potable, como una forma de compensarlos por el alto gasto en que han debido incurrir por ese motivo. Finalmente, quiero decir que aún se encuentra en la Contraloría General de la República, en trámite de toma de razón con urgencia, el decreto de emergencia N° 521, del Ministerio de Obras Públicas, desde el 25 de julio recién pasado, que entrega recursos a las asociaciones de regantes a las cuales hice referencia hace un momento. Hay que estar en terreno para saber cuál es el dolor, la rabia y la impotencia de esa gente. El Gobierno ha respondido con la lentitud que señalé, pero también con la eficiencia que corresponde. No hemos estado ajenos a las críticas malintencionadas que siempre abundan, pero se ha hecho un esfuerzo. La magnitud de la tragedia fue inmensa y por eso no se pudo llegar oportunamente a todos los hogares, como habríamos deseado. En todo caso, hay que tomar las providencias necesarias, como dije anteriormente, para mantener locales abastecidos de materiales no perecibles, a fin de que puedan ser entregados a la mayor brevedad a los hogares que los necesitan. Asimismo, en lugares como la provincia de Biobío, donde todos los años se repiten estas situaciones de emergencia, de anegamiento, de inundaciones, hay que tener equipos adecuados para ello es necesario hacer algunas inversiones, aunque no mayores que deben estar a cargo de personas especializadas, de manera de ir prontamente en rescate de quienes siempre están expuestos a perder sus vidas. Son muchas las vidas que se han perdido en la región del Biobío en esta oportunidad, lo que se suma a la tragedia ocurrida el año pasado. Al parecer, año a año, estamos destinados a recibir algún embate de la naturaleza, como el que se produjo en mayo de 2005 y el que hemos debido enfrentar en julio de este año. Espero que las autoridades informen periódicamente sobre lo que se está haciendo y cómo se deben abordar materias de vital importancia, tanto en el ámbito de las obras públicas e hidráulicas, como en el de vivienda y agricultura. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que puedan ingresar a ella la directora nacional de la Onemi, señora Carmen Fernández, el director de Obras Hidráulicas del MOP, señor Juan Antonio Arrese, y el director general de Aguas del MOP, señor Rodrigo Weisner. El señor URRUTIA.- No, señor Presidente. El señor LEAL (Presidente).- No hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, la ola de destrucción que azotó durante las últimas semanas a la zona sur del país nos mostró la fuerza con que puede llegar a actuar la naturaleza. Los recientes temporales nos mostraron, una vez más, imágenes desgarradoras de las condiciones de vulnerabilidad en que viven miles de chilenos, quienes, además de sus ya precarias condiciones de vida, muchas veces ponen en riesgo sus vidas y sus bienes materiales, que la mayoría de las veces constituyen su principal fuente de subsistencia. En todo caso, estos hechos tienen la virtud de poner de manifiesto algunas situaciones que son claramente perfectibles, como, por ejemplo, normas de seguridad, control, aviso y ayuda, todas las cuales, en alguna medida, podrían haberse puesto en práctica, entregando así una ayuda más eficiente y oportuna a los más de 20 mil damnificados de la zona. Al ver en los canales de televisión las acciones desesperadas de miembros de Carabineros, de las Fuerzas Armadas y de Bomberos, que arriesgan sus vidas evacuando a la gente, muchos nos preguntamos si habían sido advertidos previamente de que arriesgaban sus vidas en esos eventos climáticos y si se les enseñó cómo reaccionar para ir, oportuna y eficientemente, en ayuda de la población. En esta materia, me permito sugerir que se deben actualizar los catastros de las zonas de riesgo y los planes de contingencia, de manera que sean acordes con la magnitud de los eventos que hemos observado y a los cuales debe enfrentarse la gente. No pretendo ser majadero, pero, al parecer, sobre nuestro sur pesa una maldición que podría ser conocida como la de los puentes mal construidos. Sin duda, la falta de fiscalización a priori por parte de las entidades gubernamentales provocó la caída de dos puentes en la Octava Región, lo que, como es lógico, provocó airadas protestas de los habitantes que quedaron aislados. La Dirección de Vialidad de la zona se vio superada por los acontecimientos, y dejó a los pobladores aislados por un par se semanas. Pero lo que señalo no es nuevo, puesto que ya fuimos testigos de los estragos causados a la población, de las millonarias pérdidas materiales y, sobre todo, de la lamentable pérdida de vidas humanas causadas por las intensas lluvias e inundaciones. Ante la inminencia de los acontecimientos, el último temporal obligó al Gobierno a dictar el decreto N° 759, mediante el cual reconoció el fenómeno climático como de gran intensidad, pues provocó inundaciones, deslizamientos de tierra, daños a la propiedad y, hasta el 11 de julio recién pasado, había dejado más de 20 mil personas damnificadas. El decreto que declaró zona de catástrofe a la Octava Región responsabiliza al intendente de la zona como la autoridad encargada de la coordinación y ejecución de los programas de recuperación que el Gobierno determina en la zona afectada. Desgraciadamente, el gobernador de la provincia de Biobío demoró nueve días en citar a una reunión a los alcaldes de las comunas afectadas, lo que representa una demora inexcusable, aparte de faltar absolutamente a lo determinado en forma perentoria por la legislación vigente en materia de catastro y canalización de ayuda a los damnificados. Por ello, solicito al ministro del Interior que nos informe sobre los motivos de la demora en la constitución del comité de emergencia, en el cual los alcaldes juegan un papel preponderante. Además, que nos informe en qué consistirán los programas de recuperación determinados por el Gobierno, porque la ayuda se necesita en estos momentos. No queremos que se entrampe en la maraña burocrática, mientras los damnificados siguen sufriendo las secuelas que dejó el temporal. No queremos que dentro de un año, como ocurrió con el sismo que afectó al norte, tengamos que celebrar otra sesión especial para preguntar dónde está la ayuda. Por cierto, vamos a poner especial atención en cada peso que se invierta en recuperar las zonas afectadas, de manera que llegue a las personas damnificadas y no se destine a otros fines. Chile no tolera despilfarro ni corrupción, como sucedió con la reconstrucción de la zona norte afectada por el terremoto. Pasó un año y nada se había hecho con los recursos destinados para esos efectos. Nos queda claro que en este tipo de catástrofes se puede prevenir y aminorar su impacto. Sin embargo, no nos queda claro por qué las autoridades no tomaron las medidas necesarias para prevenirlas o para alertar a la comunidad. La falta de fiscalización se nota y los procedimientos para enfrentar situaciones de emergencia son nulos. Los millones de pesos perdidos como consecuencia de esta catástrofe se pueden reponer; no así las vidas que se perdieron. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la honorable diputada Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, a veces parecen un poco inútiles estas sesiones, en las cuales no nos escuchamos y también hay por decirlo así reuniones paralelas. Pero creo que el esfuerzo que tratamos de hacer en la Cámara de Diputados apunta a cómo podemos aprender de lo que nos ha ocurrido para que el próximo año no tengamos que celebrar otra sesión especial para reclamar por lo mismo. Espero que los ministros presentes en la Sala me estén escuchando. En la Sexta Región, en enero nos organizamos con los pequeños agricultores para detectar los puntos críticos de cada uno de los ríos de la región que nos complicaban, a fin de dárselos a conocer al Ministerio de Obras Públicas como un aporte nuestro. Y voy a hablar sólo por mi distrito. Hace cinco meses, dijimos que existían 18 puntos críticos en la región, y que si en el invierno se producía una crecida del río Tinguiririca habría muchas complicaciones. Esos 18 puntos críticos fueron analizados en conjunto con el intendente, con la Dirección de Obras Hidráulicas y con el Ministerio de Obras Públicas. Me gustaría que en la Sala hubiera una pantalla para poder ver al ministro del Interior, porque ahora no puedo hacerlo. ¿Qué pasó? Que el Core aprobó 400 millones de pesos para defensas fluviales en esos puntos críticos. Hasta hoy, señor ministro, allí no se ha puesto ni una piedra con la plata destinada a esos fines. En abril, se aprobaron 400 millones de pesos para ser invertidos en 18 puntos críticos del río: Pedehue, que la gente que está en las tribunas conoce muy bien; Talcarehue, Los Areneros, en Chimbarongo; El Toco, Larmahue, Lo Argentina, Patagua Orilla, etcétera, todos puntos en los cuales el río se salió, afectando a numerosas familias. ¿Qué quiero decir con esto? La pregunta que me hago es si somos capaces de aprender. Todo esto no tiene sentido alguno si no podemos aprender, como dijo la Presidenta de la República, dos cosas fundamentales: primero, a ser proactivos respecto de lo que nos está ocurriendo y, segundo, a escuchar a los ciudadanos. Reitero: todo esto no tiene sentido, si no aplicamos estas dos cosas a una cuestión tan fundamental como es la seguridad relacionada con las defensas fluviales. Quiero preguntarle al ministro del Interior por qué no había plata en la Sexta Región, en abril. Se nos dijo que los 400 millones de pesos aprobados por el Core no se pudieron invertir porque no había caja. Al ministro de Obras Públicas le pregunto por qué si en la Sexta Región teníamos un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos, hoy sólo tenemos 280 millones para la construcción de defensas fluviales, en una región donde hay cuatro ríos importantes. También quiero preguntar algo relacionado con la fiscalización. Todo el mundo puede extraer áridos de los ríos, pero ¿qué consecuencias puede tener eso? Entonces, ¿podemos aprender de lo que nos está ocurriendo hoy? Estábamos pidiendo un peso para prevenir, y hoy tenemos que gastar tres pesos para lamentar. Ésa es la ventaja de ser proactivos y de saber escuchar a los ciudadanos. Al ministro de Agricultura quiero decirle, con mucho respeto, que se han hecho grandes inversiones en los canales de riego, en particular, en algunos sectores de la Sexta Región. Pues bien, hoy más del 50 por ciento de los canales en las riberas de ríos los están rotos, y para reparar un solo canal se necesitan más de 40 millones de pesos. Por eso, necesitábamos en forma urgente proteger las riberas de los ríos, para evitar que se rompieran. Por eso digo que necesitamos aprender. El diputado Pérez tiene mucha razón. Lo que va a ocurrir es que en dos o tres meses más los agricultores no tendrán agua para riego. ¡Hoy no hay agua para riego! Además del deterioro que ya tiene la pequeña agricultura, esto va a significar un costo mayor porque no se podrá sembrar. Estoy acongojada, porque lo advertimos, porque esto no fue algo inesperado ni una emergencia. Lo dijimos, y todavía no somos capaces de aprender de lo que ha ocurrido. Tengo la esperanza de que podamos hacer un programa de defensas fluviales distinto, de aquí a cuatro años, y que invirtamos en forma inteligente, criteriosa y sistemática, acorde con la realidad de los distintos sectores. Nuevamente, le digo al ministro, con mucho respeto, que escuchemos a los usuarios y a los agricultores, porque debemos compatibilizar la técnica y el conocimiento con la tradición y la historia. Tengo fe en que podamos hacer mejor las cosas, y espero que se incremente el presupuesto para la construcción de defensas fluviales. Pero, tal como lo señaló el diputado Pérez, la emergencia no ha terminado; la emergencia en el sector agrícola recién está comenzando. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco. La señora PACHECHO (doña Clemira).- Señor Presidente, de todos los impactos provocados por el temporal que azotó a la región del Biobío el pasado 11 de julio, el más dramático, doloroso e irreversible fue la pérdida de 23 vidas humanas. Sin embargo, también hubo una lamentable secuela de personas que perdieron sus casas y enseres que con tanto sacrificio habían conseguido. Todo ello, sin considerar los enormes daños en la infraestructura vial de la región recientemente fueron evaluados por el Ministerio de Obras Públicas en más de 10 mil millones de pesos que han dejado a muchas localidades con serios problemas de conectividad y que, en muchos casos, aún subsisten. A ello debemos agregar las pérdidas en la agricultura y los impactos en canales de regadío y obras de agua potable rural. En cuanto a la ayuda para personas damnificadas, si bien la declaración de zona de catástrofe por parte del Gobierno permitió agilizar la entrega de elementos básicos para las familias afectadas, lo cierto es que, dada la magnitud del problema, no ha sido suficiente. Así lo he podido constatar personalmente en los diferentes recorridos por las comunas de mi distrito: Penco, Tomé, Coronel, Florida, Hualqui y Santa Juana. Sin embargo, a estas alturas, cuando ya ha transcurrido poco menos de un mes del temporal, todos tenemos medianamente claro el diagnóstico. Ahora interesa avanzar en las soluciones de fondo para evitar o minimizar problemas similares que pudiesen presentarse el próximo invierno. En ese sentido, es vital analizar las medidas concretas que se puedan adoptar para que el año que viene no tengamos que lamentar de nuevo daños como los que conocemos, e incluso peores. Por eso, planteo la necesidad de que el Ministerio de Obras Públicas priorice las obras de canalización necesarias en lugares de la región que las requieran, a fin de que miles de familias no vean nuevamente, con impotencia, cómo el agua inunda sus viviendas. Lo mismo en construcción de defensas fluviales o enrocadas cuando ello sea factible. Pero el temporal también dejó de manifiesto el desconocimiento existente tanto en la población como en niveles municipales y de otras reparticiones públicas de cómo opera la represa Pangue, en el Alto Biobío. Una vez más, los vecinos de las poblaciones de Hualqui y de Santa Juana responsabilizan del inesperado aumento del cauce del río Biobío a la apertura de las compuertas del Pangue, lo que, finalmente, provocó que sus casas se inundaran. Los mismos vecinos han comentado públicamente que durante el año pasado, pese a ser mucho más lluvioso, no sufrieron el desborde del río Biobío, debido a que se estaba llenando el embalse de la Central Ralco. Por lo tanto, en primer lugar, existe la necesidad de contar con un estudio serio acerca del impacto que provoca aguas abajo la apertura de las compuertas de Pangue. Hasta ahora, sólo sabemos lo que dice la empresa, que asegura que no hay impacto en la crecida del río Biobío. Pero sobre este punto se requiere certeza. También resulta indispensable que, frente a otros proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas, se considere el impacto en toda la cuenca hidrográfica del lugar de desplazamiento y no sólo del sector específico donde se ubicará la central. En segundo lugar, quiero señalar que hay responsabilidades compartidas entre el Estado y la empresa privada. En este sentido, el Estado tiene la obligación de supervisar y hacer las exigencias que correspondan para que no se vuelva a repetir este impacto mayormente en las poblaciones. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Estay. El señor ESTAY.- Señor Presidente, comprendo que la preocupación central de esta sesión especial se encuentra en la Octava Región. Sin embargo, quiero llamar la atención de las autoridades de Gobierno, especialmente de los ministros presentes, respecto de la situación de la Novena Región, en particular en la cordillerana y fronteriza comuna de Lonquimay, declarada por el Ministerio de Agricultura bajo el régimen de emergencia agrícola. Esta declaración se hizo inmediatamente después de la visita que hiciera a las comunas costeras el ministro de Agricultura. Cabe recordar que en esa ocasión declaró que en la zona había pérdidas de siembras y de animales, familias aisladas y que las consecuencias serían severas para la agricultura y que, en total, habría alrededor de 70 mil hectáreas con algún tipo de impacto. En la misma oportunidad, el ministro señaló que las comunas bajo el régimen de emergencia agrícola tendrían prioridad en la atención de Indap. Textualmente, dijo:“Vamos a acudir con recursos forrajeros para animales, con renegociación de créditos en términos de siembras y reparación de cercos, entre otros beneficios.” Transcurrido medio mes de aquella rimbombante declaración, los anuncios parecieran ser sólo una quimera. A través del señor Presidente, deseo expresar mi preocupación a los ministros presentes en la Sala, porque los habitantes de Lonquimay, quienes durante el último mes han debido soportar temperaturas de 10 a 15 grados bajo cero, a lo que se suma el hecho de que la mayoría de los sectores rurales permanece con a lo menos 70 centímetros de hielonieve y en situaciones de aislamiento prolongado, han recibido apenas 240 sacos de alimento concentrado, de 50 kilos cada uno. No han recibido absolutamente nada más, y es bueno que el país lo sepa. Doscientos cuarenta sacos de alimento significan 12 mil kilos de concentrado que se distribuyeron entre apenas cincuenta personas. Ciento veinte sacos para veinte productores de leche caprina que entregan a la empresa Socapril, y los 120 sacos restantes se entregaron a otras treinta personas que recibieron entre tres y cuatro sacos cada una, todo lo cual, en conjunto, representa la escuálida cifra de 1.413.726 pesos, con Iva incluido. La ayuda es absolutamente insuficiente y es necesaria y urgente una adicional. Estoy seguro de que también apoyan esta solicitud el diputado Quintana, presente en la Sala, y las autoridades comunales, que tal vez no encuentran la tribuna donde poder reclamar. Si no se reacciona a tiempo, tendremos dos escenarios posibles: primero, sentarnos a esperar el mes de septiembre, cuando comience el período de parición de animales y debamos lamentar la mortandad, y segundo, que pequeños y esforzados compatriotas campesinos mapuches sigan endeudándose, recurriendo de modo desesperado al crédito de alimentación animal. El Programa de Desarrollo Rural, Proder, de la municipalidad de Lonquimay, acaba de realizar un catastro de la masa animal y solicitó a Indap ayuda antiparasitaria y en vitaminas para el ganado bovino, ovino y cabruno de 967 familias de doce comunidades mapuches, pero hasta la fecha no ha dado respuesta. Cabe preguntarse, entonces, ¿en qué quedó el plan de salud animal que anunciaron las autoridades? De todo lo anterior se ofició, con fecha 14 de julio pasado, entre otras autoridades al ministro de Agricultura, de lo cual di cuenta en hora de Incidentes durante la semana antepasada, sin que hasta el momento exista respuesta. Como si lo anterior fuera poco, finalmente quiero hacer referencia a la deprimente situación por la que atraviesan cien familias de la localidad de Troyo, comuna de Lonquimay, que a la fecha llevan 23 días a oscuras, tal como informa en su edición de hoy el Diario Austral de la Región de La Araucanía, emergencia que también se encuentra sin respuesta. Por lo demás, esta situación no es nueva. La mala prestación de servicios por parte de la empresa Energer, que se traduce en problemas tales como cortes de luz y subidas y bajadas de voltaje, de lo que informa hoy el Diario Austral de La Araucanía, no es nueva reitero y es conocida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, instancia a la que oficié con fecha 21 de junio pasado, sin que hasta hoy exista respuesta alguna. El tema se hace público y cobra ribetes de escándalo hoy, porque existe toda una comunidad a oscuras y bajo nieve desde hace casi un mes, sin que las autoridades fiscalicen y tomen cartas en el asunto. Incluso más, tengo en mi poder copia de un e mail del señor Jaime Solari, presidente del directorio de Energer S.A., en el que responde a la preocupación que le manifestara la concejala de la comuna de Lonquimay, señora Angélica Muñoz, pero que más bien parece una falta de respeto no sólo hacia ella, sino hacia toda la comunidad lonquimayina, porque junto con informar sobre el particular, le señala que éste es un problema que debió haberse reparado hace una semana, en circunstancias de que todavía sigue sin solución. ¿Cómo quieren, entonces, que sigamos confiando en nuestras autoridades? He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, en primer lugar, lamento que diputados de Oposición, en esta oportunidad el colega Urrutia, se opongan a autorizar el ingreso a la Sala de personas que cumplen roles muy importantes en el servicio público y que son quienes deben escuchar muchos de los alcances que los parlamentarios hagamos respecto de temas de interés público. En efecto, se pidió autorización para que ingresaran a la Sala la directora nacional de la Onemi, señora Carmen Fernández; el director general de Aguas, señor Rodrigo Weisner, y el director de Obras Hidráulicas, señor Juan Antonio Arrese. Quiero dejar establecida mi preocupación, porque esta actitud reiterada aparece como absurda, sin sentido alguno, puesto que esos funcionarios no debieran ser castigados políticamente por un diputado que está molesto con algún ministro o ministerio por el quehacer propio del Gobierno. Además, con esa actitud, se afecta el objetivo por el cual fue citada esta sesión, cual es recabar antecedentes de parte de quienes nos pueden señalar si efectivamente, en medio de una situación muy compleja que vivió el país hace algunas semanas, hubo personas del sector privado o público que con su actitud, negligencia o inoportunidad de reacción posibilitaron que los daños fueran mayores. Me refiero en particular al manejo de compuertas de las centrales hidroeléctricas. En la prensa hemos leído acusaciones graves en contra de estas centrales. Por ejemplo, el alcalde de Los Ángeles efectuó acusaciones bastante duras y señaló claramente que lo que vivía esa ciudad debía tener su origen en un manejo inadecuado de compuertas en medio de un temporal de lluvia. En general, si bien las centrales hidroeléctricas no han sido construidas para actuar como reguladoras de aguas en el momento en que se produzcan situaciones como las descritas, objetivamente pueden manejarse con anticipación, de forma tal que no se libere una gran cantidad de agua porque se está superando su capacidad de embalsamiento o, al menos, se está corriendo el riesgo de que se produzca un fenómeno incluso más grave. Entonces, la pregunta que cabe es si hubo un manejo inadecuado de compuertas de las centrales hidroeléctricas que provocó un aumento de la crecida por sobre la natural. El indicador que normalmente se tiene presente es que el manejo de compuertas debe ser tal que no produzca una crecida mayor en el nivel de las aguas que la que se está produciendo en forma natural por el fenómeno climático que tiene lugar. En la medida en que el manejo de compuertas supere ese límite, entonces claramente ahí existe una responsabilidad de personas que no actuaron adecuadamente y, en consecuencia, las empresas deben asumir, en mi opinión, parte del costo por el daño causado a esas familias y a esas personas. Seguramente, habrá diputados que analicen lo que ocurrió en la Octava Región. Pero quiero dejar constancia de que, de acuerdo con todos los antecedentes que obran en mi poder he solicitado también otros al Ministerio de Obras Públicas, para ratificar los anteriores, en el caso de la central hidroeléctrica de Rapel sí hubo un manejo abusivo e inadecuado de las compuertas de la central, que significó que el río Rapel, que tiene como caudal prácticamente sólo el agua que viene de la central hidroeléctrica, aumentara, en un período de seis horas, de 1.100 metros cúbicos por segundo a sobre 6 mil metros cúbicos por segundo, lo que significó que ese río pasara por sobre el puente de acceso al pueblo de Rapel, en la comuna de Navidad, y que, además, inundara no sólo predios agrícolas, sino también muchas viviendas. Tengo la lista de las personas afectadas. Se trata de familias sencillas, pobres, que jamás dispondrán de los recursos económicos que les permitan contratar un abogado que pueda defenderlos frente al inmenso poder que tienen esas empresas. Por ello, hoy quiero centrarme estrictamente en señalar que los antecedentes que he solicitado formalmente al ministro de Obras Públicas que espero se me envíen, para formalizar los que ya obran en mi poder a través de la información entregada vía Gobernación o de otras formas de conocer lo que ocurrió en esos días permitirían acudir en defensa de las personas afectadas, porque el daño económico que se les ha producido es irreparable para muchos de ellos a partir de su propia iniciativa. En cambio, para esas grandes empresas, probablemente constituya una cantidad mínima respecto de la normal actividad económica que desarrollan. Dejo planteada esa inquietud al señor ministro. Me interesa saber si sus antecedentes coinciden con lo míos, en cuanto a que en la central Rapel hubo un manejo en mi opinión, muy discutible abusivo de sus compuertas. Además, quiero hacer presente que todos los ríos de las regiones Sexta, Séptima y Octava, por recorrer tramos con grandes pendientes, habitualmente tienen un comportamiento muy complejo. En consecuencia, en esas regiones los recursos en defensas fluviales son fundamentales. Probablemente, en la Novena Región también es necesario contar con recursos importantes en ese campo. Pero, en particular reitero, las regiones Sexta, Séptima y Octava deben contar anualmente con recursos suficientes para defensas fluviales, porque una crecida importante de un río barre con todas las defensas construidas el año anterior, por muy importantes que sean, porque son vulnerables. En consecuencia, todos los años deben ser observadas y, eventualmente, reparadas y fortalecidas. Las obras de defensa fluvial muchas veces son afectadas por los propios particulares. En ese sentido, al menos en mi distrito, es evidente que algunos canalistas de riego, con el fin de acceder al agua durante el verano, cuando los esteros o ríos llevan poca agua, ellos mismos hacen obras que no protegen para el invierno. Entonces, a través de esos mismos canales arremete la crecida del río y rompe muchas obras de ¡ojo! canalistas, y la ley no permite al Ministerio de Obras Públicas reparar con sus recursos obras de privados. A menudo nos encontramos con que los particulares reclaman que se les ayude a reparar sus canales cuando, en estricto rigor, las inversiones del sector público no pueden hacerse en beneficio de obras particulares. Eso ocurre en todas las regiones del país, sin excepción. El señor LEAL (Presidente).- Terminó su tiempo, señor diputado. El señor LATORRE.- Señor Presidente, por último, quiero hacer presente que en la Sexta Región, al menos, ha habido disposición del personal del Ministerio de Obras Públicas para reaccionar frente a los daños. Así, hemos contado con la visita en terreno del señor subsecretario de Obras Públicas para atender las principales situaciones de riesgo y quiero testimoniar mi agradecimiento por su gestión y apoyo por lo ocurrido en nuestra región. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Obras Públicas, señor Eduardo Bitrán. El señor BITRÁN (ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, los señores diputados tienen razón al constatar daños muy significativos en la infraestructura vial, de riego y otras, en sus regiones. Es bueno analizar la magnitud del evento, que generó consecuencias muy lamentables en la vida de las personas y en la propiedad pública y privada. Tenemos el estudio final de la Dirección General de Aguas que señala que el suceso en la Octava Región, en particular el relacionado con el río Biobío, corresponde a un período de retorno de alrededor de ciento cincuenta años; es decir, estamos en presencia de un fenómeno que ocurre con una periodicidad de uno cada ciento cincuenta años. Parecerá extraño, porque, efectivamente, el nivel pluviométrico no fue tan excepcional. Pero, al respecto es necesario conjugar varios aspectos. En primer lugar, ¿qué ocurrió con la pluviometría durante la semana previa al evento? Por ejemplo, en el Alto Biobío, en los cuatro días previos, cayeron 105 milímetros de agua; por lo tanto, estaban completamente inundadas todas las áreas que eventualmente podrían absorber el agua en el episodio de mayor intensidad. En segundo lugar, otro aspecto fundamental es la isoterma; es decir, en el Alto Biobío el nivel de cero grado se elevó a 2.400 metros sobre el mar. Este fenómeno fue similar en toda la zona centro sur de Chile. Por consiguiente, en vez de formarse nieve, que evita el escurrimiento de agua, tuvimos agua e, incluso, se derritió la nieve que había caído en los días previos. Si conjugamos esos aspectos, más la intensidad de las precipitaciones, estuvimos en presencia de una situación única, extraordinaria, que creemos puede ocurrir repito una vez cada ciento cincuenta años. Es importante señalar esto, porque no hay infraestructura capaz de resistir un evento de esta naturaleza. Aunque hubiésemos sido en extremo previsores y contado con todos los recursos para ello, nunca habríamos dimensionado la infraestructura para un período de retorno de uno en ciento cincuenta años. De hecho, en los casos de infraestructura vial, el diseño es para un período de retorno de cien años. Eso es importante tener presente para dimensionar la magnitud del problema. Dada esta tragedia efectivamente, es una tragedia para estas regiones, el Ministerio de Obras Públicas tuvo que disponer de su gente y yo, por primera vez, conocí a funcionarios de administración directa, que son los primeros en llegar a los lugares complicados. Me correspondió participar con ellos en el puente Batuquito y en el rescate de una de las personas que falleció allí. Quiero expresar mi admiración por ellos, pues estuvieron noche y día trabajando para establecer los seis puentes mecanos que se construyeron en un plazo récord en la Octava Región, lo que permitió resolver algunas situaciones críticas de conectividad. El Ministerio de Obras Públicas asignó la cifra de 17 mil millones de pesos para enfrentar los gastos de la emergencia. En primer lugar, para restablecer la vialidad. Alrededor de noventa puentes fueron afectados por este fenómeno, muchos de los cuales quedaron cortados definitivamente, sobre todo en las áreas de acceso. Observamos serios problemas en numerosos ríos y cauces, y la destrucción masiva de bocatomas de canales de riego y de otra infraestructura de carácter privado. Repito que hemos destinado la suma de 17 mil millones de pesos para invertir en obras de emergencia, en vialidad, en canalización de cauces y enrocamiento de riberas. Son obras de emergencia; no son definitivas, sino soluciones para evitar que durante el resto de este invierno pueda haber de nuevo situaciones complicadas. Estos recursos, que en un momento consideramos muy cuantiosos y que afectan nuestro presupuesto, fueron complementados con 5 mil millones de pesos que el Ministerio de Hacienda transfirió al de Obras Públicas. No obstante, la estimación que hoy tenemos de la magnitud del desastre nos señala que requeriremos, sobre 30 mil millones de pesos sólo para restablecer medianamente la infraestructura en las condiciones en que estaba antes del aluvión y de la lluvia. Por lo tanto, tenemos una situación compleja, desde el punto de vista de los recursos económicos y humanos, para abordar este tema. En el presupuesto de 2007 vamos a priorizar la reparación de la infraestructura. Por ejemplo, en la Octava Región, en la ruta 160, que conecta la zona de Arauco con Concepción, se produjeron hechos extremadamente graves que todavía generan dificultades de conectividad. En Laraquete, prácticamente el cerro se vino abajo y desde entonces no hemos podido estabilizar esa situación. Sólo en ese punto tendremos que hacer inversiones que superan los dos mil millones de pesos. Como ése, hay muchos otros casos. Todavía permanecen cortados algunos caminos, pero no por falta de recursos. En Alto Biobío, por ejemplo, donde hubo más de catorce zonas de derrumbe, el ancho del camino no nos permite trabajar más rápido; pero hemos contado con un puente aéreo dispuesto por el Ministerio del Interior, que ha permitido resolver los problemas más críticos de atención de enfermos y de abastecimiento a las poblaciones. Por lo tanto, no hemos escatimado recursos y esfuerzos para resolver los problemas humanitarios que surgen como consecuencia de fenómenos climáticos. Respecto de lo planteado por el diputado Latorre, sobre el manejo de los embalses desde la Sexta a la Octava Región, y para responder la pregunta sobre si la forma en que fueron gestionados contribuyó a agravar el fenómeno o, más bien, fue un factor de mitigación, tengo en mis manos un informe de la Dirección General de Aguas que señala que en los embalses de la Octava Región en ningún caso el caudal de salida fue mayor que el de entrada. Por lo tanto, de acuerdo con los antecedentes que tenemos, tomando en cuenta que la información todavía es parcial y que se basa, en algunos casos, en comunicación de la propia empresa, porque la Dirección General de Aguas no tiene sistemas de medición independientes, podemos decir que en la Octava Región en ningún momento, durante el período de punta, se generó una evacuación mayor al influjo de agua en la cuenca. Es más, el recurso que provino de los embalses no representó nunca más del 28 por ciento del agua que escurría por el río Biobío, que alcanzó los 15 mil metros por segundo. En el caso de la Séptima Región, podemos señalar, inequívocamente, que el embalse Colbún sí cumplió un rol regulador, es decir, acumuló agua antes de la crecida o de la mayor pluviometría y pudo aminorar el efluente en el período más crítico. Por lo tanto, en este caso tuvo un efecto amortiguador, a pesar de que la empresa no tiene la obligación de regular, porque ni la ley ni los compromisos de impacto ambiental así lo establecen. Es correcta la afirmación del diputado Latorre cuando dice que en el caso de Rapel fue distinto, porque en un lapso determinado el caudal de salida fue levemente superior al de entrada. No fue algo extraordinario; algo así como 500 metros cúbicos por segundo, lo que es poco. Eso efectivamente ocurrió y se mantuvo por un tiempo. Haremos entrega de los antecedentes para que estén a disposición de los señores diputados. El diputado Latorre planteó una interrogante interesante: ¿Se puede esperar algo más que la simple neutralidad de los embalses, en circunstancias de que hoy podemos predecir una situación catastrófica en una zona determinada? Desafortunadamente, la legislación no permite que el Estado exija a los embalses, sean de riego o hidroeléctricos, cumplir un rol regulador. Si se tiene una estimación meteorológica con 48 horas de antelación, que prevé la aproximación de un fenómeno climático que implica probables inundaciones, para anticiparlo, se podría desembalsar y generar el espacio necesario para acumular agua durante el período de mayor pluviometría. Desafortunadamente, el Estado no cuenta con los mecanismos jurídicos para exigir dicha acción; por eso, a pesar de que se puede hacer, hemos tenido que lamentar el fallecimiento de personas y la destrucción de bienes públicos y privados. Por lo expuesto, el Gobierno ha decidido enviar un proyecto de ley que faculte al Ejecutivo para que, frente a un pronóstico meteorológico que anticipe un hecho crítico en una determinada cuenca hidrológica, pueda intervenir un embalse, con 48 horas de antelación, estableciendo así una regulación que permita mitigar el impacto adverso del fenómeno pluvial. En la gran mayoría de los casos, los pronósticos entregados con esa anticipación se cumplen; por tanto, ello no debería implicar costos para el sector privado. No obstante, también existe el riesgo de que el pronóstico sea errado, por lo cual estamos dispuestos a establecer compensaciones. Sin embargo, estamos seguros de que los beneficios sociales de una iniciativa de estas características superarían con creces los eventuales costos por errores de proyección. Básicamente, se trata de entregar facultades a la Onemi y a la Dirección General de Aguas, a fin de que puedan intervenir los embalses, basados en sistemas de predicción de la Dirección Meteorológica de Chile y en otros modelos sofisticados que permiten anticipar los fenómenos climáticos con un margen de error muy pequeño. Las terribles experiencias vividas recientemente nos enseñan que es necesario adoptar medidas que nos permitan anticipar las crisis. De esta forma, los embalses, que muchas veces se ven como una construcción ambiental negativa, pasarán a ser un elemento ambiental positivo que permitirá reducir el riesgo de ocurrencia de este tipo de situaciones. El cumplimiento más estricto de nuestras normas y regulaciones habría evitado muchos problemas. Es sabido que las autoridades locales no pueden ni deben autorizar la urbanización ni el desarrollo de actividades económicas en zonas cercanas a los cauces naturales. Pues bien, son muchas las urbanizaciones que se aprueban en zonas no autorizadas; pero después tenemos que lamentar desgracias y el Estado debe hacer cuantiosas inversiones para resolver esas situaciones de facto, que generan costos en vidas o en bienes. Las autoridades comunales deben asumir esa materia fundamental con responsabilidad y resistir la presión de los inversionistas inmobiliarios por desarrollar negocios en zonas no adecuadas. Por último, se requieren más recursos para obras de defensa fluvial. La magnitud del problema es significativa, porque el calentamiento global hace cada vez más intensos los fenómenos climáticos. Por lo tanto, mantener y extender la infraestructura fluvial, junto a las medidas de gestión que proponemos en el proyecto de ley y a un tratamiento mucho más riguroso para no autorizar urbanizaciones en zonas críticas, son la única forma de prever contingencias futuras. Gracias. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, cuando firmé la petición de esta sesión especial que tiene por objeto analizar el daño causado por los temporales en la zona sur, les dije a mis colegas que esperaba que éste fuera un análisis constructivo y no destructivo, como los que a veces hacemos en esta Sala. Asimismo, firmé pensando en que escucharía a un ministro como el que acaba de exponer hacer una evaluación profunda de aquello para lo cual según dicen algunos no estábamos preparados para enfrentar. Y ahora entiendo por qué no estábamos preparados. El país está creciendo y sólo ahora hemos empezado a preocuparnos de los embalses, de la energía, del riego, etcétera, aspectos que, hace una década, eran sueños para muchos agricultores. La llegada del invierno, sobre todo por los rigores del clima, siempre marca un período muy duro para los habitantes de la zona sur, especialmente para los de los sectores rurales. Y cuando hablo del sur no sólo me refiero a las Octava y Novena regiones, pues esta vez se agregaron la Sexta y la Séptima. Estaba acostumbrado a que estos desastres naturales se produjeran en la Décima Región. oy debemos lamentar que ellos tengan el carácter de catástrofe en la Octava Región, situación que nadie quiere volver a vivir. Las ciudades y campos del sur han sufrido mucho, incluso la muerte de sus habitantes que, por la forma en que entregaron su vida, hoy son héroes No escapó a los embates de la naturaleza el centro del país. Si bien en todas las regiones existen mecanismos para enfrentar estas situaciones, cuando se registran lluvias como las de este año, cuya pluviometría, como dijo el ministro, no se daba hace cien años, la fatalidad y las catástrofes se hacen presentes. En la Décima Región, que no fue azotada por temporales, sino por exceso de lluvias, las familias han asumido, como forma de vida, la pérdida de sus siembras en invierno, por lo que esperan la llegada de la primavera para sembrar. El problema que nos preocupa es el aislamiento y la pérdida de ganado, que no estaban previstos. Se requiere de ayuda en alimentos para los que menos tienen, los habitantes de la costa de la Décima Región, que quedaron aislados. Durante los años que llevo como diputado, he comentado muchas veces los desastres naturales que ha sufrido la Décima Región, y siempre el Ministerio de Agricultura ha ayudado a quienes más sufren con el aislamiento y con la pérdida de sus animales, de sus vacas y cerdas parideras y de sus aves, que constituyen el sustento familiar y su única riqueza. Debo reconocer que siempre que hemos requerido ayuda del Estado, ella ha llegado. Por eso, saludo especialmente a quienes analizan en forma constructiva el daño producido por este desastre natural, que no quisiéramos volver a vivir. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla. El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, mi intervención es de la mayor relevancia para los intereses de los vecinos de las comunas de Coronel, Penco, Tomé, Hualqui, Florida y Santa Juana, distrito 45, Octava Región, que represento en esta Sala. Nuestra zona fue azotada por un temporal de viento y lluvia de inusitada fuerza. Miles de personas resultaron afectadas, registrándose, lamentable y tristemente, pérdida de vidas humanas. Desde el punto de vista económico, es imposible dimensionar el tiempo que llevará reconstruir las zonas damnificadas. Sin duda, en la memoria colectiva de nuestra sociedad quedarán las imágenes de pueblos inundados, campesinos con sus cosechas destruidas, la dramática pérdida de seres humanos, que fallecieron bajo un aluvión de lodo, y la desaparición de un carabinero cumpliendo su noble misión. En efecto, el temporal que nos afectó hace un par de semanas ya forma parte de nuestra historia; sin embargo, sus efectos negativos persisten en las zonas damnificadas de la Octava Región. Estimados colegas, ustedes tomaron conocimiento de la catástrofe a través de los medios de comunicación. Nosotros, los diputados de la Octava Región, presenciamos en terreno lo dramático que fue para estos chilenos ver como sus casas, sus tierras y las vidas de algunos de ellos, se perdían irremediablemente. Ante esa cruda realidad, el Gobierno, con fecha 11 de julio, por decreto N° 759, declaró zona de catástrofe a la Octava Región del Biobío, reconociendo a este fenómeno de gran intensidad, el cual provocó inundaciones, deslizamientos de tierra, daños a la propiedad, especialmente a viviendas, y dejó hasta esa fecha un saldo de 20 mil personas damnificadas. Señor Presidente, en las poblaciones “18 de Septiembre”, Nueva Hualqui, República de Hualqui y en las comunas de Santa Juana, Penco y Tomé, del distrito que represento, sucedió exactamente lo expresado en ese decreto supremo, pues, para graficar de mejor forma la situación, las familias lo perdieron todo. En otro orden de ideas, he sido testigo de cómo los vecinos y los alcaldes de la zona han efectuado un sinnúmero de gestiones ante Endesa para que adopte las medidas tendientes a mitigar los estragos ocasionados cada vez que debe abrir las compuertas de sus represas para evacuar las aguas. De hecho, en la Octava Región existe la creencia de que las empresas hidroeléctricas causan las inundaciones, al abrir sus compuertas de evacuación de aguas; sin embargo, esta vinculación apertura-inundación no ha sido acreditada. Incluso, el intendente anterior, el señor Tohá, señaló en su época que no había conexión entre ambas acciones. No obstante, creo necesario hacer presente que aunque existe un protocolo a seguir para abrir las compuertas, ello no exime de responsabilidades a la empresa, ya que es un hecho de la causa que cada vez que lo hace, aunque no esté científicamente comprobada la relación causal, el efecto se repite. Llamo a la empresa hidroeléctrica a que se auto regule y se imponga más exigencias en esta materia. Avisar la apertura de las compuertas de la represa con cuatro horas de anticipación es insuficiente; se debe adoptar un protocolo más riguroso, que permita a los afectados proteger de manera adecuada sus bienes y sus vidas. Para terminar, no puedo dejar de decir que no comparto el cometario que hizo el diputado Juan Carlos Latorre, pues cuando las obras se hacen bien, no como el puente Loncomilla, por muy fuerte que sea el temporal, resisten. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Raúl Súnico. El señor SÚNICO.- Señor Presidente, a causa de los recientes temporales que afectaron al sur, sólo en la provincia de Concepción hubo más de 160 mil personas afectadas, más de 13.500 damnificados, cerca de 6 mil viviendas con daño menor, más de 7.800 con daño mayor y 281 destruidas. ¡De esa magnitud fue el desastre que nos ocupa! Quiero felicitar el gran trabajo realizado durante la catástrofe por Carabineros, Bomberos, la Armada y el Ejército y la labor abnegada de las autoridades y funcionarios regionales y municipales. En especial, por su intermedio, señor Presidente, pido al ministro del Interior que haga llegar mis felicitaciones al ministro de Obras Públicas por su permanente presencia y trabajo en terreno para resolver las dificultades que se presentaban en el curso de la emergencia. Asimismo, quiero hacer algunas proposiciones que me parecen útiles para enfrentar este tipo de catástrofes a futuro. En primer lugar, se requiere un proceso de modernización en la Onemi que permita su mayor regionalización, en términos de considerar la existencia de bodegas de materiales instaladas en las cabeceras regionales, porque muchas veces las catástrofes, como la que nos ocupa, provocan cortes de caminos o el cierre de aeropuertos, a causa de la neblina u otras condiciones meteorológicas, lo cual dificulta el arribo desde el nivel central de los materiales necesarios para atender con prontitud la emergencia. En segundo lugar, es necesario adecuar el sistema nacional de inversiones que maneja el Mideplan a los lugares declarados como zona de catástrofe, porque todos estamos muy conscientes del problema hasta el mes siguiente de las lluvias o inundaciones, pero luego tenemos que incluir los proyectos en el Sistema Nacional de Inversiones. Resulta que el período para construir va entre septiembre y abril de cada año, pero como el proceso del Sistema Nacional de Inversiones es muy lento, terminamos construyendo dos años después. En consecuencia, es necesario ajustar el Sistema Nacional de Inversiones para las zonas de catástrofe, a fin de asegurar respuestas más oportunas a las demandas de inversión que requieren los territorios afectados. En tercer lugar, se requiere de una política más activa del Banco del Estado respecto de los propietarios de las viviendas de clase media que tuvieron enormes pérdidas de enseres y que no son objeto de ayuda social, para asegurarles acceso al crédito a tasas preferentes, con el objeto de que esas familias puedan reponer los bienes que han adquirido con el esfuerzo de toda su vida. En cuarto lugar, se requiere con urgencia asegurar el financiamiento de los planes de aguas lluvia y de las defensas ribereñas. Por último, se requiere un plan de reconstrucción en un plazo prudente de las zonas afectadas por la catástrofe y que esto se exprese en el Presupuesto de 2007 con una glosa específica, para asegurar el financiamiento de las obras que hasta ahora se han estado anunciando. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi. La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, me parece muy bien que nos reunamos en esta sesión especial para analizar el daño causado por los temporales en la zona sur del país, especialmente en la Octava Región, y la reacción del Gobierno en las regiones decretadas zona de catástrofe. Sin embargo, en mi calidad de diputada regionalista, me saltan varias dudas. En primer lugar, quiero consultar lo siguiente: ¿está el Gobierno en condiciones de afrontar lo que demanda una zona de catástrofe? Los señores diputados se preguntarán, ¿por qué la diputada plantea tal inquietud? Sencillamente, porque el 16 de junio de 2005 se declaró a varias comunas del norte zona de catástrofe tras el terremoto que afectó a gran parte de la Primera Región; no obstante, poco se ha avanzado hasta la fecha en la reconstrucción habitacional. Debo hacer presente la notoria preocupación sobre la materia de la ministra de Vivienda, aquí presente, respecto de lo cual hago público reconocimiento. Las buenas intenciones que hoy tenemos todos al analizar lo sucedido con los recientes temporales se puede quedar sólo en eso, si es que el Gobierno no tiene la voluntad para destinar los recursos necesarios que amerita una situación como ésta. Señalo esto porque cuando se declara una zona de catástrofe, como sucedió con el terremoto del 13 de junio de 2005, se debieran aplicar rebajas en el pago de las contribuciones, lo que no se hizo en esa oportunidad. Mi preocupación también se sustenta en la forma en que el Gobierno trata a las regiones. ¡Si es cosa de verificar lo que sucedió con la cancelación de la concesión del puente sobre el canal de Chacao, en la Décima Región! ¿No resulta discriminatorio que todas las decisiones las adopte el poder central sin considerar el impacto social que puede tener un proyecto de esa envergadura? Resulta sencillo decir que una iniciativa es inviable económicamente, pero me pregunto, ¿no hay ningún otro factor que tomar en consideración? Estamos hablando de personas, de familias, de integración. Esto me recuerda una visita en terreno que hice al hospital doctor Ernesto Torres Galdames, de mi provincia, durante la cual me llamó la atención que el recinto no contara con una UTI pediátrica, en circunstancias de que debe atender las necesidades de enfermos de siete comunas de la provincia. Me respondieron que las UTI se creaban de acuerdo con las estadísticas del ministerio de Salud. ¡Por favor, señor Presidente, cuántos niños más tienen que morir para crear esta UTI pediátrica! Invito a mi colega Fulvio Rossi, por su intermedio, señor Presidente, para que trabajemos en conjunto para contar con una unidad de tratamiento intensivo en dicho hospital. Así como el diputado Ascencio, a quien respaldo públicamente, declaró que hay un sentimiento de que no existe una mayor preocupación por Chiloé, con motivo de la cancelación del proyecto de construcción de un puente sobre el canal de Chacao, ese mismo sentimiento tengo yo porque no veo que haya preocupación por las regiones, sobre todo por las extremas. No es mi intención desviar la atención de lo medular que motiva esta sesión, pero no puedo sino manifestar mis aprensiones respecto de si efectivamente la declaración de zona de catástrofe, en este caso, se va a aplicar de manera concreta, ya que aún esperamos en la Primera Región que se disponga por lo menos la rebaja de contribuciones. En verdad, las regiones están abandonadas; es un hecho innegable. ¡Hay tantas situaciones que así lo grafican! Por ejemplo, la nula voluntad demostrada hasta ahora por el Gobierno para solucionar el problema que representa la modificación del decreto 211 en las regiones Primera, Undécima y Duodécima. En la actualidad, algunas personas se han declarado en huelga de hambre en Iquique porque el 1° de septiembre van a quedar cesantes si no se prorroga la entrada en vigencia de la modificación a dicho texto. Se trata, una vez más, de una determinación tomada en Santiago sin considerar la opinión de las regiones. Incluso existe al respecto un compromiso con el subsecretario de Transportes, pero, al parecer, no importa; ¡total, afecta a regiones! En este sentido, ojalá amigos del sur, no les suceda lo que hasta ahora seguimos sufriendo en el norte: viviendas y sitios históricos devastados que siguen esperando la voluntad gubernamental para ser reparados. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena. El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, los temporales de la Octava Región motivaron la declaración de zona de catástrofe, lo que sólo es un título, porque en la realidad hemos visto muy poca acción. Sus efectos también llegaron a Lota y a las distintas localidades de la comuna de Arauco. Menciono a Lota en forma muy especial, porque aún no recibe ni siquiera una señal de preocupación de las autoridades regionales por la situación en que se encuentran las poblaciones Puerto Nuevo que tiene las bases de sus casas dañadas y Julio Rivas, así como por los deterioros de la carretera Fernando Maira y por los derrumbes ocasionados por la intervención de una empresa que opera en el sector a través del Programa de Mejoramiento de Barrios, PMB. Obviamente, el Gobierno debiera realizar una mejor fiscalización respecto de las empresas con las que firma este tipo de contratos. Para qué mencionar el caso de la población Idahue, que sufrió desprendimientos de tierra, los que pusieron las casas en peligro; las inundaciones que se produjeron en los sectores Cancha Colcura y río Negro, lo que nunca había ocurrido, pero esto sucedió porque una empresa que está trabajando ahí tapó los ductos de salida de las aguas; el Mirador Bicentenario, que es una inversión realizada por el Gobierno y declarada hito histórico, hoy presenta desprendimientos, por lo que necesitamos saber qué va a pasar con él. Por su parte, en Arauco hay varios lugares donde hay caminos cortados y deterioro severo de los caminos rurales. La caleta Punta Lavapié, que también ha sufrido graves daños, ha recibido varias visitas de técnicos, porque ochenta de sus casas están en riesgo, pero aún no se ha dado una respuesta de qué se va hacer. Escuché atentamente al ministro de Obras Públicas cuando dijo que eso no ocurría desde hace 150 años. Curiosamente, su intervención en muchos temas tiene clara concordancia con quien fuera subsecretario de Obras Públicas de la Concertación y que hoy es diputado. Pero, en fin, puede ser así. Sin embargo, quiero recordar al ministro que el río Biobío no pasa por Arauco y que igualmente ocurrieron inundaciones y desgracias, y existe falta de recursos y ayuda para la gente. Cuando fue el inistro Zaldívar, un día antes de dejar su cargo, se le preguntó que en qué se traducía su visita a la zona, respondió: “Vengo a ver y a conversar”, mientras la gente estaba con el agua hasta el cuello. Entonces, ¿cómo se reduce el riesgo en la zona si el argumento del ministro es que los embalses descargan al río Biobío, en circunstancias de que en Arauco, en Pichilo, en Conumo, en el barrio de pescadores de la comuna de Arauco, en Carampangue y en Laraquete, no existe el río? Tampoco hay concordancia entre los mismos aliados de la intendenta regional respecto de las causas de esto en la defensa que se hace de una de las empresas involucradas. Por último, la gente de Lota necesita respuestas. Ojalá que el Gobierno, en esta oportunidad, nos dé una línea clara acerca de cómo se van a solucionar los problemas de nuestra zona de aquí en adelante. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve. El señor MONSALVE.- Señor Presidente, en la zona que represento en la comuna de Lota y la provincia de Arauco, el 20 por ciento de su población fue afectada por las inundaciones. Eso da cuenta de la magnitud del desastre que vivimos. Se podrá decir que llovió mucho. Efectivamente, cayeron más de 112 milímetros de agua lluvia en menos de 24 horas. Pero el desastre vivido también tiene que ver con las grandes carencias de Lota y de la provincia de Arauco en infraestructura urbana e inversión en obras públicas, y con déficit habitacional. Por tanto, quiero ocupar mi tiempo en enfrentar los desafíos para reparar el daño producido y para que eso no vuelva a ocurrir. Necesitamos, señores ministros, inversión en canalización de los ríos Las Cruces, Laraquete, Carampangue y Curanilahue, entre otros. Asimismo, necesitamos inversión en defensas fluviales de riberas de ríos, como también de caletas, como Tubúl y Punta Lavapié. Además, necesitamos un plan que permita recuperar el puente El Bar y otros doce puentes que sufrieron daños estructurales en la provincia de Arauco. Por otro lado, necesitamos una política de vivienda, porque deseamos erradicar un conjunto de asentamientos precarios situados en zonas de alto riesgo, pues están ubicados en las riberas de ríos o cerca de la línea de alta marea. Además, ministra de Vivienda, hay que incorporar la posibilidad de que las casas que hayan sufrido daño estructural postulen al subsidio de mejoramiento de la vivienda. Entre otros temas, sería bueno anticipar la licitación de la Ruta 160. Como hubo un conjunto de autoridades que viajaron a la zona durante la emergencia, quiero pedir que pasada dicha emergencia los ministros presentes en esta Sala del Interior de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo y de Agricultura visiten la región del Biobío y realicen reuniones de trabajo para verificar lo ocurrido en cada una de las provincias afectadas, en particular en Lota y en Arauco, con el objeto de determinar las medidas que se deben tomar para evitar que vuelvan a ocurrir las consecuencias señaladas y reparar el daño que los temporales han provocado en cientos de hogares. Reitero mi invitación al Ministro del Interior, por intermedio de la Mesa, con el objeto de que, dentro del marco de esta investigación, acepte el desafío de estar presente en aquellos lugares. Quiero hacer una salvedad respecto de la intervención previa de la diputada señora Isasi. La habilitación de UTI en los hospitales tiene que ver con una red asistencial, de manera que no las hay en establecimientos de baja complejidad; sólo es posible contar con ellos en hospitales de mediana y alta complejidad. Por eso, esa cuestión debe ser discutida con representantes de la red asistencial de la zona que representa la diputada. Finalmente, agradezco el trabajo de los funcionarios municipales principalmente de Arauco, Lota, Cañete y Curanilahue, de carabineros, de bomberos y de todos los voluntarios que colaboraron en esta emergencia de la mejor manera posible. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, en un par de minutos es difícil transmitir y pedir soluciones a la situación que se produjo particularmente en la comuna de Concepción, donde más de seis mil viviendas resultaron anegadas. Aquí se han dado muchas explicaciones, se han entregado antecedentes y cifras y se han dado a conocer las diferentes situaciones que se han producido, de manera que sólo me referiré a tres cosas muy puntuales. En primer lugar, los habitantes de la comuna de Concepción tienen la sensación de que la reacción de la Onemi fue lenta. Es decir, las personas cuyas casas quedaron inundadas con más de dos metros de agua, en zonas como Collao, Longuén y Andalién, recibieron ayuda sólo después de dos o tres días de ocurrido el desastre. Por lo tanto, sugiero afinar la capacidad de reaccionar de la Onemi cuando se producen problemas de este tipo. En segundo lugar, una vez llegada la ayuda, particularmente en la comuna de Concepción, existió una gran descoordinación que perjudicó a los afectados. Por ejemplo, el carbón, que fue entregado por la Onemi a las municipalidades para repartirlo entre quienes debían secar sus casas, llegó a los cuatro o cinco días, lo cual produjo una situación muy lamentable. Es importante que, cuando se produzca una catástrofe de estas características, las autoridades no perdamos la marcación a los problemas presentes en cada una de las regiones, de las provincias y de las comunas, y nos reunamos en forma especial seis meses después de ocurridos los temporales, con el objeto de precisar qué se ha hecho y qué queda por hacer. Lo importante es que todas las promesas de entrega de recursos, de limpieza de caudales, de subsidiar la reparación de viviendas o de ayuda a quienes no han podido pagar sus deudas, se materialicen. De lo contrario, las personas que siguen esta sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para tratar un tema que afectó a tanta gente, van a decir que, en realidad, los diputados hablamos mucho, damos muchas explicaciones y cifras, nombramos muchas poblaciones, pero al final la solución no llega. Por lo tanto, esperamos, como resultado de esta reunión, que los ministros del Interior, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo y de Agricultura, quienes nos han acompañado en esta oportunidad, realmente asuman el compromiso que hemos adquirido con quienes han perdido todo, particularmente en el caso de algunos barrios de Concepción, en los que vive gente de clase media que, por segunda vez, ha sufrido la pérdida de sus bienes, como automóviles, enseres de sus viviendas y computadores, la cual, por tener esa condición socioeconómica, no recibe ayuda directa. En ese caso, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene la obligación prioritaria de entregar la ayuda que ellos necesitan. En consecuencia, debemos ponernos de acuerdo para citar a otra sesión especial en seis meses más, con el objeto de analizar si se ha dado cumplimiento a lo prometido, a fin de que no nos pase lo mismo que en el caso del terremoto que afectó a la zona norte, pues ha transcurrido más de un año y las promesas hechas aún siguen incumplidas. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, el ministro de Obras Públicas ha dicho que el fenómeno climático que desgraciadamente nos ha afectado tiene una frecuencia de aparición de 150 años. No obstante, las chilenas y los chilenos debemos prepararnos, porque el cambio climático nos hace temer que su frecuencia sea mayor. Para conocimiento del ministro de Obras Públicas, en la Novena Región en la que se encuentra el distrito que represento llueve cada dos días. Aunque en estos momentos nos lamentamos por lo ocurrido a causa del reciente temporal, en esa región se producen inundaciones descomunales todos los años, situación que ha sido dada a conocer permanentemente en esta Sala. A modo de ejemplo, los ríos Trancura y Liucura causan inundaciones en Curarrehue y en la localidad de Catripulli; el río Toltén, en Teodoro Schmidt, en los sectores de Pocoyán y Punta Rieles; el río Imperial, en la comuna de Imperial; el río Cautín, en Temuco y el estero Puyehue, en Gorbea, donde todavía faltan ocho kilómetros que limpiar para evitar el drama que se suscita en la localidad de Lastarria, que se inunda todos los años. Lo mismo ocurre con el estero Loncoche y con el río Cruces. No obstante, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas me han dicho que es más barato entregar todos los años frazadas, cajas de alimentos, colchonetas y carbón que instalar las defensas fluviales que se necesitan y que desde hace tiempo hemos solicitado para esos sectores. Por su parte, el ministro de Agricultura que se encuentra en la Sala se hizo presente en la Novena Región, donde llevó a cabo un excelente trabajo y demostró una magnífica disposición y espíritu de sacrificio para llegar rápidamente con la ayuda requerida. La gente está muy agradecida por su gestión, pero este Gobierno de continuidad no está respetando algunos de los compromisos adquiridos durante el exitoso gobierno del Presidente Lagos, como las obras que se necesitan ejecutar en caminos y puentes. Por lo tanto, sería bueno dejar de jugar con la confianza de la gente y no desautorizar a los representantes de la ciudadanía. Me parece positiva la propuesta de entregar 17 mil millones de pesos para la construcción de defensas fluviales y las facultades extraordinarias que tendrá el ministro cuando el hombre o la señorita del informe del tiempo anuncien desastres naturales. Eso está muy bien, pero las regiones aún están disminuidas respecto de la Región Metropolitana, donde se entregan recursos que alcanzan a cientos de millones de dólares para la construcción de grandes colectores de aguas lluvia. Me parece bien por el Transantiago, el Metro, las carreteras y los bypass, pero el sur donde junto con el diputado señor Quintana hemos insistido incansablemente ante el gobierno regional respecto de la necesidad de buscar recursos para instalar defensas fluviales donde corresponde, con el objeto de evitar que sigan ocurriendo desgracias personales sigue sin ser escuchado. La Novena Región queda entre las regiones Octava y Décima, por si alguno de los ministros presentes no se ha dado cuenta. Lo señalo porque, como planteó la diputada señora Rubilar, necesitamos que se brinde más atención a las regiones desprotegidas. Como se ha reclamado aquí insistentemente, falta elaborar un gran plan maestro de construcción de defensas fluviales, con el propósito de evitar el sufrimiento que afecta a miles de chilenas y de chilenos año tras año a causa de las inundaciones. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, cedidos por la bancada de Renovación Nacional, el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, respecto del tema que nos convoca, los ministros de Estado que se encuentran en la Sala tienen claro el diagnóstico: desolación, destrucción y graves problemas. En consecuencia, hoy no es necesario continuar con el diagnóstico, sino enfrentar los problemas. Si se quiere ser honesto, ante la pregunta si aprobamos o no el examen para enfrentar una emergencia, se debe concluir que la respuesta es no. Por lo tanto, reprobamos. La culpa del problema no la tienen las personas que están aquí o allá. La lección es aprender a hallar las soluciones y, de verdad, implementarlas. En tal sentido, debemos entender que la reprobación del examen se debe básicamente a problemas de coordinación en la estructura superior. Eso debemos corregirlo. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, Onemi, y la Oficina Regional de Emergencia, Oremi, no pueden funcionar con una o dos personas en cada región. Deben estar en coordinación con los equipos técnicos, es decir, con bomberos y carabineros. Por lo tanto, es necesario perfeccionar el sistema. Quiero rescatar el hecho de que la Presidenta de la República concurriera el miércoles pasado a los lugares afectados por los temporales. En la población Los Lirios, de Concepción, habló de un subsidio de reparación de viviendas. Sobre este tema, pido que la señora ministra de Vivienda y Urbanismo nos dé una respuesta dentro de un tiempo prudente. En segundo lugar, respecto del 2 por ciento constitucional del presupuesto, que se destina a calamidad pública, si la suma asignada no se gasta, podría quedar empozada para el año siguiente. Como se trata de una materia difícil de abordar, sería necesario comprobar, primero, si habría voluntad para hacerlo. En tercer lugar, no me parece lógico ni normal que Chile, con aproximadamente 4 mil kilómetros de longitud, sólo tenga en el centro de Santiago una bodega de emergencia, lo que significa que si hay dificultades en Puerto Montt, se hace difícil llegar pronto con la ayuda. Así ocurrió en la provincia de Concepción y en sus zonas aledañas. En verdad, las autoridades se preocuparon de que la ayuda llegara rápido, pero demoró cuatro días. Al respecto, tengo algunos antecedentes y los informes Alfa de la Municipalidad de Concepción y de otras. ¡Para qué leerlos si ya los conocen! Además, saben que lo que digo es verdad. Por lo tanto, estimo necesario crear, al menos, tres bodegas descentralizadas. Quiero decirle al ministro del Interior, señor Belisario Velasco que esta medida es perfectamente posible de implementar. Lo invito también a mi región para que en terreno compruebe los problemas que aún subsisten. El diputado Montes dice que no, pero creo que el ministro Velasco va a decir que sí. A las poblaciones “Unión Carampanguina” y “Carampangue”, de mi región, todavía no concurren las autoridades. Están llenas de fecas. Una población tiene 64 viviendas y la otra, 50. En Talcahuano, en una población, ubicada en el sector Santa Clara, que comprende las calles de Venecia y Vicencia, de 59 viviendas, desde hace muchos años se inundan. Hemos tratado de sacar a sus residentes del lugar, pues se declaró insalubre, pero no ha sido posible. En materia de vivienda tenemos que empujar mucho más el carro para llegar a soluciones. También existen problemas en el sector La Puntilla. Lo que importa es la agilidad con que juntos podamos enfrentar materias como esta. Agradezco a mis colegas de Renovación Nacional la gentileza que han tenido de darme parte de su tiempo. Termino diciendo que ya no es tiempo de diagnósticos. Es tiempo de acción y de trabajar juntos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, quiero felicitar al diputado José Pérez, vicepresidente de esta Corporación, por la iniciativa que junto a diputados del Partido por la Democracia tuvieron para que se citara a esta sesión, a fin de debatir y analizar, con distintos ministros, los lamentables hechos del pasado mes de julio y la preparación para enfrentar una emergencia de esas características. Claramente hay deficiencias de infraestructura y de distintos tipos. Lo más grave ha estado dado por la situación de catástrofe y la pérdida de vidas humanas: de civiles, de carabineros y bomberos, a quienes hoy esta Corporación homenajeó. El análisis que se ha hecho respecto de los devastadores efectos del temporal, bastante profundo, ponderado y serio, se ha fundado principalmente en la crecida de los ríos como consecuencia de las precipitaciones; en la infraestructura insuficiente, deficiente o con escasa conservación. Otro tema importante que debe considerarse es que la Dirección de Obras Hidráulicas ha hecho un estudio y dimensionado la magnitud del problema. Lo que sucede como decía el diputado Meza es que se requiere disponer de los recursos y buscar los instrumentos para hacer frente a una emergencia que seguramente el próximo año no vamos a tener en la misma proporción. Sobre ello el ministro Bitrán señalaba que es un fenómeno que se presenta cada 150 años. Pero, de todas maneras, vamos a tener situaciones que nos van a sobrepasar y frente a eso hay que actuar ahora. También creo que la apertura de las compuertas de Endesa, en el sector del Alto Biobío, incidió en lo ocurrido. La bancada del Partido por la Democracia va a respaldar cualquier iniciativa tendiente a intervenir un embalse cuando se tiene la información predictiva de que una cuenca se verá afectada. Comparto lo que se ha dicho en orden a que esta emergencia se sintió con mucha fuerza en regiones de más al sur, como lo señalaron los diputados Jaramillo, Estay y otros colegas. Un fenómeno muy similar al de la Octava Región, pero sin pérdida de vidas humanas, ocurrió en Lonquimay, Milipeuco y Flor del Valle con los ríos Allipén, Carén, Tracura. Asimismo, es un problema lo que sucede en Lautaro y Perquenco con las cuencas de los ríos Cautín, Toltén e Imperial, en la Región de la Araucanía. El diputado Tuma lo sabe muy bien porque ha pedido el envío de muchos oficios sobre la materia a la Dirección de Obras Hidráulicas. Hay ejemplos de que cuando hacemos las cosas bien y a tiempo, la situación puede revertirse. Hace 10 años se construyeron las defensas en el río Cautín, en su paso por Temuco, y nunca más se desbordó. No ha habido situaciones que lamentar en ese sentido. Me preocupa el tema porque la Región de La Araucanía, que represento en este hemiciclo, tiene 32 mil metros de puentes sobre caminos secundarios, es decir, más puentes que la Región del Biobío; también tiene una red caminera más extensa y una fuerza hidrológica más fuerte. No olvidemos que el río Biobío nace en el distrito que represento, en la laguna Galletué. Por lo tanto, hay muchas situaciones que atender. Quiero destacar la labor de Carabineros, Bomberos, Ejército, municipios, del Ministerio de Obras Públicas como se ha reconocido, de la Oficina Regional de Emergencia por la prontitud en su actuar, las alertas dadas en el momento preciso para enfrentar la situación en un territorio determinado. La información predictiva de los fenómenos climáticos fue muy útil para que los municipios procedieran. Quiero señalar que la presencia del ministro Rojas fue muy oportuna. Las comunas declaradas en emergencia agrícola eran, en ese momento, las que correspondían, pero quiero señalar que en la Región de La Araucanía vamos a tener una emergencia como lo decía la diputada Sepúlveda en el período de parición, en septiembre, y claramente toda la ayuda que se ha dispuesto hoy va a ser insuficiente para enfrentarla. Hablamos de comunas cordilleranas, como Lonquimay, Melipeuco, Curarrehue. Naturalmente, ahí se debe profundizar en esa ayuda. Por último, quiero hacer un planteamiento al ministro del Interior. Como hemos dicho, está dimensionado el problema y Obras Hidráulicas tiene claro dónde se deben hacer defensas ribereñas, encauzamientos de ríos, limpieza y mantención de ríos y canales. Pero falta hacer lo que se hizo en Temuco hace diez años: un convenio de programación hay que valorarlo, como lo está generando hoy la Región del Biobío, su consejo regional y su intendenta; lo mismo queremos para la Región de La Araucanía, para la Región de Los Lagos y para la futura Región de Los Ríos, precisamente por las características de esta zona; su mayor vulnerabilidad y por no estar preparada para enfrentar situaciones como las que hemos tenido que lamentar. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, quienes llevamos varios años en el Congreso Nacional, sabemos que año tras año se hacen estas sesiones especiales. Me gustaría que el próximo año no se convocara a sesión para tratar el mismo tema y no tener a los ministros sentados dando cuenta de lo que se ha hecho en todos los años en que ha habido temporales; porque, una cosa es una emergencia por las inundaciones producidas cada diez años y, otra, cuando es permanente. Aquí estamos hablando de situaciones permanentes y tenemos que tener soluciones permanentes. ¿Qué pasó con la represa del Biobío? ¿Qué ha pasado con las inundaciones en el distrito 52, especialmente en Curarrehue y Toltén? El tema se ha discutido año tras año y no ha habido una solución concreta; porque, cuando llegan al terreno dicen: “Las defensas de Pocoyan valen 5 mil millones de pesos y no tenemos los recursos.” Sin embargo, van parlamentarios de la Concertación, entre ellos, los diputados Tuma y Meza, a ofrecer un puente que cuesta 500 millones de pesos. Hace cuatro elecciones que están ofreciendo lo mismo y el puente no se construye. ¿Para qué seguimos hablando lo mismo? El ministro de Agricultura a quien he conocido ahora, con el señor intendente y los mismos diputados van a terreno y a uno no lo invitan, y después dicen que éste es un problema de todos. ¿Solucionan los problemas o los dejan igual para aprovecharlos políticamente? No quiero ser mal pensado, pero hablo por lo que todos ven. ¡Curarrehue lleva veinte años inundándose! ¡Imperial lleva treinta años inundándose! Todos sabemos lo que está pasando y no vemos ninguna solución concreta. Si el problema se debe a recursos, digan: “Esto hay que hacer y esto no.” El ministro y el intendente fueron a entregar fardos en cuatro comunas: Imperial, Toltén, Teodoro Schmidt y Saavedra, como si Loncoche, Curarrehue y todas las demás comunas no tuvieran ningún problema. Y aquí salen los discursos: “Se inundan las comunas, se inundan las comunidades mapuches.” Pero no se le dan los recursos para enfrentar el problema. Después, junto con el senador García hablamos con el seremi y se consiguió un par de fardos. ¿Para qué seguimos hablando este problema año tras año si no vemos soluciones concretas? Me gustaría que se dijera: “Estos son los recursos de que se dispone, esto es lo que vamos a hacer y a tales comunas o campesinos entregaremos ayuda.” ¿Cuándo van a comprar los fardos? Aquí está el señor ministro de Agricultura. Cuando está todo inundado a 2000 ó 2500 pesos, en circunstancias de que en verano se podrían adquirir a mil pesos. Y se declaran emergencia agrícolas, y al final, se les entregan a algunos y no a todos los que necesitan, a lo compadre. Con suerte, diez fardos por familia, cuando se sabe que uno dura un día y alcanza para cuatro animales. Con eso, a las familias que se les entrega les duran para cuatro o cinco días. Pero la ayuda debe ser próspera y evitar que los animales se sigan muriendo. Eso es lo que estamos viendo. Además, hay poblaciones que se inundan. Aquí está la señora ministra de Vivienda. Ella sabe, viene llegando recién y hace un esfuerzo gigantesco en la Novena Región, porque la conoce. En Loncoche –por la defensa del río Cruces se inundan 500 ó 600 casas todos los años. Y le voy a dar un dato a la ministra. Había que limpiar el estero Loncoche para evitar que se inundaran más de 700 casas. Se hizo un presupuesto por casi 100 millones de pesos para limpiarlo. Con el entonces ministro Vidal conseguimos 20 millones de pesos, el estero se limpió y hace cuatro años que esa población no se inunda. O sea, no se trata de botar la plata, sino de hacer bien las cosas. Le doy este dato a la ministra para que vea que cuando los recursos son usados en buena forma y las propuestas se hacen bien, se llega a soluciones. Hoy día hablamos y hablamos. Cuando llegue el verano, vamos a ir como turistas a las zonas que se inundaron, y vamos a decir que es mentira que eso haya ocurrido. Entonces, el próximo año, la gente de esas zonas va a estar en lo mismo. En verdad, eso duele mucho. Creo que hoy debe haber planes de contingencia para ir sacando adelante problemas endémicos que afectan a las distintas regiones del país. Lo que ocurrió en Concepción lo dijo el diputado Jarpa, que fue uno de los que pidió esta sesión se debe claramente a la apertura de las compuertas de la central Pangue, porque antes no ocurría lo que está pasando ahora. Perdónenme, pero, ¿acaso los ejecutivos de Pangue se creen dueños de las vidas humanas? ¿Tienen derecho a hacer lo que quieran? ¿Acaso pueden mostrar los balances de la empresa que aparecen en los diferentes diarios del país y que muestran los miles y miles de millones que obtienen como utilidades, sin siquiera tener conciencia de que están inundando a miles y miles de familias? Les da lo mismo. ¿Saben lo que dijeron? Que avisaron que iban a abrir las compuertas. ¡Pero si el nivel del agua subió dos metros! ¡Puchas que son humanitarios esos señores españoles! ¡Abrieron las compuertas, pero le avisaron a la gente, que quedó sin casa y sin campo, y murieron las familias y los animales! ¡Pero ellos avisaron, pues! No se trata de eso. Ellos deben pagar el gigantesco daño que provocaron a los pobladores por no tener un plan de manejo de las aguas del río Biobío. Eso es lo que queremos solucionar. Esos son los problemas concretos que queremos resolver; no sólo hacer discursos. El día de mañana queremos llamar a los ministros para preguntarles cuántos recursos se han invertido en esas regiones para que no se vuelvan a repetir los mismos problemas. De eso se trata, y llamo a que hagamos un trabajo mancomunado. También, quiero aprovechar la presencia del ministro de Agricultura para pedirle que cuando vaya a la región, nos invite a todos, porque, por extraña coincidencia, creo que soy el único parlamentario de la región que es agricultor y el único a quien no invitan, porque tengo la buena suerte de ser de Oposición. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el ministro del Interior, señor Belisario Velasco. El señor VELASCO (ministro del Interior).- Señor Presidente, concurro a esta sesión especial que se solicitó con el objeto de “analizar el daño causado por los temporales en la zona sur del país, especialmente en la Octava Región, y la reacción del Gobierno en las regiones decretadas zona de catástrofe”.”. En lo personal, he revisado todos los antecedentes relacionados con la acción desplegada por el Gobierno en las regiones afectadas en distinto grado por los intensos temporales de los días 10, 11, 12, 13 y 14 de julio, en la misma medida en que el fenómeno fue avanzando de sur a norte y, luego, en la Cuarta y Séptima regiones. Es así como debimos desplegar una red de control y asistencia a más de 59 mil personas damnificadas, de las cuales corresponden 900 a la Región Metropolitana, 1.300 a la Quinta Región, 1.500 a la Sexta, 1.526 a la Séptima, 50 mil a la Octava y 3.100 a la Novena, a las que, en los días siguientes, debido a un nuevo temporal, se agregaron 200 en la Cuarta y 1.100 en la Décima. Es decir, entre el 10 y el 24 de julio, dos eventos, uno cálido y otro extremadamente frío, no han dado tregua al sistema de emergencia, manteniéndose absolutamente activados los equipos operativos para dar seguridad a las personas en un invierno que ha afectado con especial crudeza prácticamente a todo el territorio nacional. En efecto, en primer lugar, en días pasados, se desató un sistema frontal de gran extensión e intensidad, mayor que eventos similares en cualquier temporada. El martes 11 y miércoles 12 de julio, particularmente en las zonas altas de la Octava Región, el temporal alcanzó gran magnitud, registrándose en ambos días lluvias sobre los 400 milímetros, en circunstancias de que lo normal es una precipitación no superior a los 100 milímetros. A ello hay que agregar la isoterma, el calor, el frío y la nieve que se derritió y la que no se conformó. Como consecuencia directa de ese frente, en la Región del Biobío fallecieron 22 personas, más una de manera indirecta. A la vez, se llegó a un peak de damnificados de 51 mil personas, de las cuales 2.800 debieron ser ubicadas en albergues. Del total de damnificados, 15 mil corresponden a la provincia de Ñuble; 21 mil a la de Concepción; 3 mil a la de Arauco, y 11 mil a la de Biobío. En toda la región, se constataron 14.315 viviendas con daños de habitabilidad menores y 2.320 con daño mayor o irrecuperables, en relación a su condición de habitabilidad. Ante tal fenómeno y sus consecuencias, cuando esta Cámara nos ha invitado a explicar la reacción del Gobierno frente al temporal, lo importante es precisar en detalle todos y cada uno de los pasos dados para enfrentar el fenómeno. Para eso, me voy a permitir señalar, en lo medular, los informes que solicité, por el rigor que merece su análisis y para cumplir con lo solicitado por esta Corporación. El viernes 7 de julio se efectuó el despacho al sistema de protección civil de un análisis de riesgo voy a señalar las medidas que se toman en caso de catástrofes, advirtiendo la proximidad de un sistema frontal. El sábado 8 de julio, hubo reiteración de análisis de riesgo y se advirtió que el lunes 10 las precipitaciones ya anunciadas continuarían durante unos tres días, con mayor intensidad, desde la Octava a la Décima Región, en las que aún no llovía. El domingo 9 de julio, la Onemi declara y emite alerta temprana preventiva por aproximación del sistema frontal de gran extensión que ingresará por la Octava Región, donde provocaría precipitaciones moderadas, pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile que tuvo significativas variaciones, ya que lo previsto se cuadruplicó en esa región. El 10 de julio, el subsecretario del Interior, a primera hora, despacha oficio a intendentes y gobernadores, de la Octava a la Décima regiones, con expresas instrucciones de gestión, a partir de la alerta preventiva declarada por la Onemi. Dada la intensificación progresiva del evento, a las 18 horas se cursa convocatoria a constituir en la Onemi el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, COE. Quiero detenerme aquí para expresar que, de acuerdo con el plan nacional de protección civil, se establece una estructura de gestión de emergencia en los niveles nacional, regional, provincial y comunal, sobre la base de comités de operaciones de emergencia, presididos por el ministro del Interior, por el intendente, por el gobernador y por el alcalde, respectivamente. Ellos son coordinados por los respectivos directores de protección civil y emergencia de cada uno de esos niveles. Los COE están integrados por representantes de los distintos sectores que tengan presencia en el nivel administrativo que corresponde, tales como los ministerios de Obras Públicas, de Salud, de Vivienda, de Agricultura, además de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, etcétera. Se efectúa la contratación a través de informes normalizados de daños, como el formulario Alfa, de rápida gestión, para cuyo uso ha sido capacitado personal de todas estas instancias y organismos. El martes 11 de julio, a las 6 de la mañana, se despachan las primeras 20 toneladas de ayuda, vía terrestre, a la Octava Región. El mismo día, a las 8.30 horas, se constituye el COE nacional en la Onemi, presidido por el ministro y el subsecretario del Interior, quienes resuelven declarar alerta amarilla para toda la zona comprendida entre las regiones Séptima y Décima, lo que implica la inmediata activación coordinada de todos los sistemas de emergencia. En ese mismo momento, se acuerda iniciar las compras de mercaderías en las mismas provincias afectadas, con el objeto de no dañar al comercio establecido allí con el envío de mercadería desde la zona central. Se tomó esa medida oportunamente, a fin de tenderles la mano. Es así como se compró un tercio de las mercaderías en las provincias afectadas, lo que también facilitó su entrega a los damnificados debido a las condiciones de los caminos puentes, etcétera. Al día siguiente, el miércoles 12, la Presidenta de la República encabeza una nueva reunión y se traslada a la zona. El jueves 13, nuevamente efectúa chequeos desde la Onemi, impartiendo instrucciones específicas de atención en albergues y disponiendo el envío de nuevos vuelos. El viernes 14 de julio, la Onemi refuerza despachos a todas las regiones impactadas, con especial énfasis a la Octava Región, que es la que presentaba los mayores daños como consecuencia de la inundación. El sábado 15 de julio, se dispone la salida a terreno de cuatro subsecretarios, con el objeto de que informen desde el mismo lugar la situación que están comprobando. El 16 de julio, se trasladan a la zona equipos de expertos de Onemi, instalándose tanto en la Intendencia Regional, como en la Gobernación de Biobío, con la misión de reforzar las coordinaciones con el nivel municipal y con organismos de apoyo, para mejorar la calidad de la distribución de elementos, a fin de que éstos no se acopien en bodegas. Así, el lunes 17, el martes 18 y el miércoles 19 de julio se logran acotar los impactos sociales del temporal y se controla la situación de la zona del Alto Biobío, estableciéndose las coordinaciones para apoyo aéreo, en tanto mejoran las condiciones climáticas. Entre el jueves 20, viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24, se logra acceder por vía aérea a la zona del Alto Biobío con alimentos, frazadas y otros menesteres. Se prosigue el sistema de despacho, compras y monitoreo del sistema de distribución. El martes 25 de julio, la distribución local, monitoreada desde la Intendencia Regional, permite el primer descenso significativo de damnificados por efectos de la ayuda debidamente distribuida, situación apoyada por el mejoramiento de las condiciones atmosféricas. El domingo 30 de julio, se logra satisfacer el ciento por ciento de las necesidades de ayuda establecidas por los municipios de la Octava Región. Al terminar de enumerar las tareas asumidas frente a la emergencia, es útil que los parlamentarios se impongan de los marcos en que se despliega la actuación del Ministerio en este ámbito. Además, es necesario que sepan que desde hace algunos meses se emprendió la enorme tarea de la readecuación orgánica y sistemática del fenómeno de la emergencia en Chile, a partir del concepto de riesgo, propósito que este Ministerio impulsará a través de la Oficina Nacional de Emergencia con la mayor energía y dedicación posible. Nuestro objetivo concreto será la generación de un anteproyecto de ley general de protección civil que llegue a sustentar una política pública dirigida a transformar progresivamente esta compleja y multisectorial área de gestión en un eje del proceso nacional de desarrollo humano sustentable, particularmente, considerando que son las poblaciones más pobres las que más fuertemente han sido afectadas por emergencias, desastres y catástrofes. Esta relación corresponde a mi obligación de informar a la Cámara de Diputados, en respuesta a la citación que recibimos. He tomado nota de todas las observaciones formuladas por los señores parlamentarios y pondré especial atención en que todas ellas sean atendidas. Asimismo, me preocuparé personalmente de la atención de los damnificados y de que los recursos destinados a paliar esa situación sean oportunamente enviados. Señor Presidente, si usted lo permite, la ministra de Vivienda y Urbanismo y el ministro de Agricultura podrán dar una relación sobre las materias que les compete. Gracias, señor Presidente. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete. La señora POBLETE, doña Patricia (ministra de Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente, los temporales que afectaron a la región del Biobío durante el mes de julio del presente año y que llevaron a la declaratoria de zona de catástrofe, ocasionaron daños de diversa gravedad a viviendas e infraestructura urbana, área a la que me referiré por ser de competencia del ministerio que me toca dirigir. A nivel regional, existe un comité de emergencia, conformado por profesionales Minvu y Seremi, que, a partir de los informes confeccionados por la Oficina Regional de Emergencia y los municipios, procedió a efectuar un catastro de viviendas afectadas. Para validar el catastro inicial de la Oremi, en lo que respecta sólo a viviendas sociales, realizamos visitas a terreno en coordinación con los equipos municipales y se pudo establecer que la mayoría de las viviendas fueron afectadas por encontrarse localizadas en áreas de riesgo, tales como laderas de cerro y riberas de ríos, como ocurrió, por ejemplo, en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, afectadas por la crecida del río Biobío, y en las comunas de Mulchén, por la crecida de los ríos Bureo y Mulchén. La provincia más afectada es la de Concepción, donde se concentran 13.895 viviendas con daños y 279 totalmente destruidas. Cabe hacer presente que los casos más críticos corresponden a las familias de bajos ingresos que pueden postular a los programas que ofrece el Ministerio. El catastro arrojó los siguientes resultados: Total de viviendas dañadas: 16.633, de las cuales 14.315 tienen daños menores; 1.585, daños mayores, y 733 viviendas están destruidas, por lo tanto, solamente nos queda reconstruirlas. Para abordar la tarea de reconstrucción y reparación que algunos parlamentarios hicieron presente hace un rato, el Ministerio de Vivienda pondrá a disposición de los afectados los programas habitacionales que regularmente desarrolla, efectuando para ello postulaciones en condiciones especiales, de conformidad a lo establecido en el decreto supremo Nº 332, que regula el sistema de atención habitacional en los casos de emergencia y que permite flexibilizar disposiciones y eximir de requisitos. Los programas a los que se podrá acceder son los siguientes: el fondo solidario de la vivienda para las familias propietarias y no propietarias que sufrieron la destrucción total de sus viviendas, hasta 370 UF; el programa de saneamiento de poblaciones se utilizará para las familias propietarias que sufrieron daños mayores en sus viviendas, hasta 100 UF; el programa de mantención de viviendas estará disponible para las familias propietarias que sufrieron daños menores en sus viviendas, hasta 50 UF. Para la implementación de estas medidas, a la brevedad, se espera la consolidación definitiva del catastro de viviendas destruidas y dañadas para efectuar los llamados extraordinarios a postulación en las localidades afectadas. Reitero, dichos llamados serán en condiciones especiales. Quiero hacer presente que he solicitado a las autoridades regionales que evalúen la situación que afecta a las poblaciones 18 de Septiembre, Nueva Hualqui y República de Hualqui, que se emplazan en sectores con riesgo de inundación frente a crecidas no controladas del río Biobío, a fin de ver la solución más adecuada para ellas. Para concluir, quiero señalar que la Seremi efectuó una revisión de los instrumentos de planificación territorial, a objeto de evitar que en el futuro se localicen viviendas en áreas de riesgo, ya que ello no sólo entraña daños materiales, sino que también ocasiona pérdidas de vidas humanas, como ocurrió durante la última emergencia. Eso es todo, señor Presidente. Muchas gracias. El señor LEAL (Presidente).- Solicito a la señora ministra que deje a disposición de la Mesa la información que ha expuesto, para hacerla llegar a las señoras diputadas y a los señores diputados. La señora POBLETE (ministra de Vivienda y Urbanismo).- Así lo haré, señor Presidente. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Agricultura, señor Álvaro Rojas. El señor ROJAS (ministro de Agricultura).- Señor Presidente, como señaló el ministro del Interior, nos corresponde hacer una evaluación general del daño ocasionado por el último temporal en la agricultura, fundamentalmente en la Octava y Novena regiones, y describir las principales acciones que nuestro ministerio adoptó en el marco de la situación planteada. De más está decir que el sector agrícola no es un actor relevante en las páginas noticiosas del país. Los daños ocurridos a la agricultura, que fueron cuantiosos, no aparecen debidamente reportados. Las escenas que presenciamos con la subsecretaria de Agricultura revelan una situación muy compleja y difícil, que afectó a miles de familias de pequeños, medianos y grandes agricultores. Hay dos mecanismos utilizados para hacer frente a los daños ocasionados por los temporales. Como es de público conocimiento, la Octava Región fue declarada zona de catástrofe. En la Novena Región, por una insinuación hecha por el gobierno regional y luego de que concurrimos a las localidades más afectadas, se declararon zona de emergencia agrícola las comunas de Teodoro Schmidt, Nueva Imperial, Toltén, Carahue y Lonquimay. Quiero precisar esta situación a raíz de los comentarios que hicieron algunos señores diputados. No es el Ministerio de Agricultura el que define centralmente, en la calle Teatinos N° 40, qué comunas se declaran zona de emergencia agrícola, sino que son las autoridades regionales las que han insinuado a nuestro ministerio las comunas que se encuentran en esa situación. Por ello, visitamos dichas localidades y, al día siguiente, adoptamos la decisión de declararlas zona de emergencia agrícola. Siempre estamos dispuestos a colaborar y a ayudar a quienes están sufriendo alguna necesidad en materia agrícola. En ese contexto, también hemos declarado zona de emergencia agrícola a toda la Cuarta Región, debido a la sequía. La evaluación de los daños provocados en la Octava Región fue hecha por el Indap, a través de sus agencias locales, y por el Servicio Agrícola y Ganadero. Los cultivos de invierno establecidos en el sector de la precordillera en general no se vieron mayormente afectados debido al estado de desarrollo en que se encuentran. Además, en la región existe un incremento importante de los cultivos de cero labranza, en los que hay mínimos riesgos de erosión. Sólo en sectores cercanos a los ríos y a los lechos de esteros se produjo el arrastre de algunas siembras. Lo mismo ocurrió con aquellas siembras realizadas en terrenos con mucha pendiente. También se vio afectada la preparación de algunos suelos para la siembra de primavera. Ello provocará un atraso en las siembras de trigo, de avena y de cebada. Las cosechas de remolacha y de achicoria se vieron fuertemente afectadas por el temporal, lo que dificultó el abastecimiento de las plantas procesadoras. En materia pecuaria, en algunas zonas anegadas hubo muerte de animales. La más afectada fue la comuna de Los Ángeles, en la provincia del Biobío, donde alrededor de 200 familias sufrieron perjuicios debido al desborde de los ríos Biobío y Duqueco. Se estima que se produjo la muerte de 400 bovinos, 300 ovinos y un número aún no cuantificado de cerdos y aves. Los agricultores dieron aviso al SAG de esa situación, luego de lo cual se procedió a enterrar a todos los animales encontrados muertos. El área más crítica de la Octava Región es la zona de Alto Biobío, donde se requiere disponer de fuentes de energía para alimentar a una masa ganadera importante, ya que es posible prever una mortalidad significativa de animales en los próximos meses, lo que coincide con el período de parición. En la zona de Alto Biobío existen más o menos 51 mil animales. En el sector forestal hubo pérdidas de aproximadamente 10 millones de plantas de viveros y de más o menos 2 mil hectáreas en la tarea de conservación y de preparación de suelo. Los daños de mayor envergadura en el sector agropecuario se produjeron en la infraestructura de riego de la Octava Región. La magnitud de los daños ha sido calculada por la Dirección de Obras Hidráulicas, DOH, y la Comisión Nacional de Riego, dependiente de nuestro ministerio. Las pérdidas se estiman en 1.865 millones de pesos. Los más afectados son el canal Duqueco, por 150 millones de pesos, por pérdida del canal matriz; el canal Biobío Negrete, por 150 millones de pesos, por pérdida del canal matriz y la red secundaria; el canal DiguillínLarqui, por 650 millones de pesos, por pérdida del canal matriz; la Junta de Vigilancia del río Chillán, con 21 canales, con pérdidas por 154 millones de pesos, y la Junta de Vigilancia del río Ñuble, con 45 canales, y pérdidas por 293 millones de pesos. Las medidas adoptadas por el ministerio para palear los daños ocasionados son insuficientes. Se demanda gran cantidad de recursos, y nosotros operamos sobre la base de los recursos disponibles. En la Octava Región se entregó un bono de emergencia de 150 mil pesos a cada agricultor afectado y se han distribuido alimentos para ganado por un monto de 151 millones de pesos. Se han planteado requerimientos a través del programa Desarrollo de Inversiones en el ámbito agrícola por 173 millones de pesos; en el pecuario, por 350 millones de pesos; en el de riego, por 46 millones de pesos, y para cercos y praderas, por 224 millones de pesos. Parte de estos recursos son del presupuesto del Indap. Esperamos obtener otros recursos a partir de la declaración de zona de emergencia. En la Novena Región fueron declaradas zona de emergencia agrícola las comunas de Imperial, Teodoro Schmidt, Carahue, Toltén y Lonquimay, por una acción conjunta entre el Ministerio de Agricultura y el gobierno regional. Se afectó un total de 2.173 familias, 16 mil animales y, más o menos, 25 mil hectáreas de praderas, que fueron inundadas. Me correspondió estar en la Novena Región, dirigiendo las primeras acciones de ayuda. Hemos monitoreado el desarrollo de las acciones de ayuda y, hasta la fecha, se han entregado 21.540 fardos de alimentos y 56 toneladas de alimentos concentrados. En general, el porcentaje de ayuda reportado al 26 de julio, comprende el ciento por ciento de los montos comprometidos, con excepción de la comuna de Lonquimay, donde sólo se ha entregado el 50 por ciento. El total de recursos aportados por el Ministerio de Agricultura de su propio presupuesto para hacer frente a la emergencia agrícola en estas cinco comunas, asciende a 66 millones de pesos. También ha distribuido ayuda a las comunas de Cauquenes y de Paine, que fueron afectadas parcialmente por las inundaciones. En el mediano y largo plazo, el ministerio, como medida precautoria, se comprometió a hacer un estudio georeferenciado para las cien comunas más pobres del país, para prever, a través del Ciren, cuáles son las zonas de inundación y de riesgo, en fin, todo lo que tiene que ver con emergencias y potencialidades. Esperamos hacer el catastro en un período de cuatro años, a razón de veinticinco comunas anuales, y arbitrar medidas para destinar recursos de defensas fluviales, que es el tema más crítico que enfrentan tanto la Octava como la Novena regiones. Los presupuestos actuales para defensas fluviales son muy bajos, por lo que requieren de un esfuerzo presupuestario mayor. A todo esto, se suma, durante la próxima semana, un operativo sanitario veterinario en dichas regiones. La precariedad alimenticia del ganado determina una gran susceptibilidad a las enfermedades, por lo cual el SAG iniciará una campaña de vacunación y de tratamiento antiparasitario. Es todo cuanto puedo informar. El señor LEAL (Presidente).- Cerrado el debate. Hay cuatro proyectos de acuerdo. El señor Secretario va a dar lectura al primero. El señor LOYOLA (Secretario).- Proyecto de acuerdo N° 171, de los diputados señores Bobadilla, Ulloa; de la señora Sepúlveda, doña Alejandra; de los diputados señores Lobos, Monsalve, Martínez, Estay; de la diputada señora Pacheco, doña Clemira; de los diputados señores Súnico, Norambuena, Urrutia y Egaña. “Considerando: Que, como producto del temporal, que comenzó el 9 de julio de 2006 en el país, particularmente en la Octava Región, del Biobío, quedaron miles de familias damnificadas que han visto sus vidas afectadas dramáticamente, tanto en lo material como en lo personal; Que, debido a esto, se dictó el decreto supremo N° 759, del Ministerio del Interior, que declara Zona de Catástrofe a la Octava Región, del Biobío, con la finalidad de agilizar la entrega de ayuda de la manera más eficaz posible y socorrer a los habitantes de la zona a reconstruir sus vidas; Que el decreto supremo N° 759 designa como autoridad responsable de la coordinación y ejecución de los programas de recuperación en la zona afectada al Intendente de la Octava Región, del Biobío, depositando en él la facultad de delegar estas atribuciones tanto en el nivel comunal como en el provincial. Está situación amerita un seguimiento de las distintas medidas adoptadas, para velar por su correcto desempeño y por el ecuánime destino de los recursos entre las distintas localidades afectadas; Que estas familias se encuentran en una situación tan dramática, que requiere de toda la ayuda por parte de las autoridades y del Gobierno; Que, en este escenario de emergencia, las familias han tenido que cambiar su prioridades, debiendo privilegiar gastos inmediatos por sobre compromisos económicos y financieros adquiridos con anterioridad, y Que esta realidad amerita una acción decidida y oportuna que ayude el proceso de normalización de la región y sus familias, atendido el rol del Estado de brindar apoyo a los más desvalidos. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de sus facultades, adopte las siguientes medidas: 1.Condonar la deuda hipotecaria, en el caso de pérdida total, o se suspenda por el lapso de seis meses sin reajuste ni intereses de ninguna especie el pago del dividendo en aquellas personas que tuvieren domicilio dentro del territorio comprendido en la zona de catástrofe, que fueren deudores habitacionales del Serviu o Banco Estado, y que hubieren resultado afectadas por el evento originador de la declaratoria, con la constatación fundada, expedida por la respectiva municipalidad; 2.Modificar el decreto supremo N° 30, de 14 de enero de 2006, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en términos de ampliar el beneficio allí descrito a todos quienes, reuniendo las condiciones de pobreza e indigencia referidas en el instrumento citado, hubieren contraído su deuda habitacional directamente con el Estado, ya sea a través de Serviu o cualquier otro organismo; 3.Implementar un sistema que permita compensar al pequeño y mediano agricultor de la pérdida de sus medios productivos, tales como suelo, plantaciones, siembras y ganado. 4.Destinar recursos adicionales para la comuna de Lonquimay, en la Novena Región, de la Araucanía declarada bajo régimen de emergencia agrícola, para la compra de concentrado animal y un plan de salud animal de vacunación antiparasitaria y vitamina para la masa de ganado de novecientas sesenta y siete familias correspondientes a doce comunidades indígenas catastradas por PRODER (Municipalidad de Lonquimay), agregando a los productores de leche caprina, proveedores de Socapril, y 5.Informar a la Cámara de Diputados del estado en que se encuentran los programas de recuperación en las distintas zonas afectadas que, de acuerdo con el artículo 3° del decreto N° 759, corresponde coordinar y ejecutar al Intendente de la Octava Región del Biobío, detallando los siguientes aspectos tanto en el nivel regional como en el provincial y comunal: Catastro de problemas surgidos como consecuencia de la catástrofe. Programas creados para la recuperación de la zona. Estado de avance de los distintos programas. Cantidad de recursos destinados a la implementación de dichos programas. Plazo asignado para la finalización de los distintos programas.” El señor LEAL (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa 1 voto. No hubo abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio. Votó la negativa la diputada señora Vidal Lázaro Ximena. El señor LEAL (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 172. El señor LOYOLA (Secretario).- Proyecto de acuerdo N° 172, de los señores Pérez, Meza, Quintana, Leal, Súnico, Monsalve, Montes; de la señora Muñoz, doña Adriana; de los señores Latorre, Farías; de la señora Sepúlveda, doña Alejandra, y de los señores Ortiz, Jarpa, Sabag y Palma. “Considerando: Que, en julio de 2006, Chile soportó uno de los peores temporales que recuerde la historia, y que ha afectado especialmente a la Octava Región, del Biobío, en ciudades y localidades como Concepción, Chiguayante, Hualqui, Laja, Nacimiento, Negrete, Mulchén, Quilaco, Santa Bárbara, San Rosendo, Alto Biobío, Quilleco, Antuco, Tucapel, Los Ángeles, Yumbel y Cabrero, sin que ello signifique desconocer también las graves consecuencias que ha importado para otras regiones del país. Pero, sin duda, la provincia más afectada fue la de Biobío, tanto que el propio Gobierno la declaró como Zona de Catástrofe, en la cual colapsaron los puentes de Batuquito y Duqueco, quedando aisladas varias comunas. El comercio sufrió millonarias pérdidas, especialmente la agricultura, con daños irrecuperables en sus tierras de explotación, en el ganado y en sus sistemas de riego; Que lo mismo se puede sostener respecto de los cientos de viviendas que quedaron destruidas y de otras tantas que requerirán de una gran inversión para su recuperación; Que el efecto más grave de estos intensos temporales está en la muerte de veinte personas, la mitad de ellas en la provincia de Biobío, casi todas ellas asfixiadas por inmersión. Muchas de las obras materiales podrán recuperarse, pero la vida de estos chilenos constituirá otro baldón sobre la falta de previsión en un país frecuentemente atacado por las inclemencias de la naturaleza; Que, con dolor e indignación, se ven hechas realidad las denuncias que, desde hace varios años, plantearon los legisladores, por el manejo abusivo e inadecuado de las centrales hidroeléctricas, especialmente Endesa, debido a la apertura de las compuertas, cuando sus embalses presentaban excesos de agua, sin considerar las graves consecuencias que ello acarrearía para los pequeños y medianos agricultores y para la población en general; Que, en tales circunstancias, el país debe estar consciente que el actuar de las empresas no puede tener como único norte el lucro o el cumplimiento de sus programas e inversiones, sino que deben tener como primera exigencia la seguridad de la población y el bienestar general, expresada en una numerosa normativa legal, sobrepasada por la acción de estas empresas, y Que el Gobierno debe asumir un rol más activo en la ayuda que debe prestar a la población, la que debe concretarse en urgentes medidas que favorezcan a la agricultura a través del sistema bancario y del Instituto de Desarrollo Agropecuario, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) y, en general, de todo el aparato del Estado. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo debe concurrir urgentemente a dar soluciones habitacionales a los cientos de afectados, mediante un subsidio que permita reparar y reponer las viviendas destruidas. Asimismo, el Gobierno debe considerar un subsidio en las tarifas eléctricas y de agua potable para los sectores afectados, a lo menos, durante dos meses. Debe agilizar la tramitación y toma de razón del decreto de emergencia N° 521, del Ministerio de Obras Públicas, pendiente en la Contraloría General de la República desde el 25 de julio de 2006. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de sus facultades, adopte las medidas necesarias, en forma urgente, como un tema de país, para acudir en favor de la población afectada por los últimos temporales, especialmente en la Octava Región, del Biobío, y exija específicamente que las empresas hidroeléctricas, especialmente Endesa, asuman su responsabilidad frente a los hechos denunciados y cumplan con la normativa legal existente.” El señor LEAL (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio. El señor LEAL (Presidente).- El señor Secretario dará lectura al proyecto de acuerdo N° 173. El señor LOYOLA (Secretario).- Proyecto de acuerdo N° 173, del señor Barros; de la señora Isasi, doña Marta; de los señores Ulloa, Arenas, Latorre, Meza, Venegas, Sule; de la señora Turres, doña Marisol, y del señor Palma. “Considerando: Que varias son las catástrofes que han golpeado al país en el transcurso de su historia, siendo la ayuda económica urgente la primera medida que siempre toma el Gobierno, declarando el área afectada como zona de catástrofe, lo que permite una ayuda más expedita y mejor enfocada; Que destinar el 1% constitucional del presupuesto nacional para ir en ayuda de las zonas afectadas resulta ser una herramienta útil, por tratarse de una cantidad de recursos importante y, en base a la cual, las primeras necesidades del lugar afectado son cubiertas, estableciendo medidas de emergencia; Que, a la vista de los discursos pronunciados en la sesión especial de la Cámara de Diputados, celebrada para analizar los daños causados por el temporal que azotó con gran intensidad a la Octava Región, del Biobío, el 9, 10 y 11 de julio, en que se señaló que los recursos enviados desde el Gobierno central a las distintas regiones no llegaban o se hacía lenta su destinación, por lo que se hace necesario crear un fondo permanente con los recursos provenientes del 1% constitucional, de manera de agilizar el proceso de asignación y transparentar la vía en que estos recursos son destinados a las distintas zonas con catástrofe, y Que, de este modo, se contará con una herramienta que permita ir, en forma oportuna y eficiente, en ayuda de las zonas y las personas afectadas por alguna catástrofe, logrando que la ayuda enviada efectivamente llegue y sea utilizada por las personas que la necesitan, evitando decisiones administrativas burocráticas y lentas, que lo único que logran es retrasar la ayuda, la cual requiere celeridad. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de sus facultades, cree un fondo permanente con el 1% constitucional del presupuesto nacional, al objeto de agilizar la entrega de recursos a zonas afectadas por catástrofes, cuando la gravedad de los hechos así lo amerite, evitando decisiones administrativas que demoran el proceso de asignación. Los recursos que no sean utilizados durante el año, pasarán a engrosar el fondo del año siguiente.” El señor LEAL (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Escobar Rufatt Alvaro; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Meza Moncada Fernando; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Venegas Rubio Samuel; Von Mühlenbrock Zamora Gastón. El señor LEAL (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 174. El señor LOYOLA (Secretario).- Proyecto de acuerdo N° 174, de los señores Latorre, Encina, Pérez, Barros, Venegas, don Samuel; de la señora Isasi, doña Marta; y de los señores García, Quintana, Ortiz, Montes, Tuma, Leal y Sabag. “Considerando: Que, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Gobernación de la provincia de Cardenal Caro, y confirmado por el Ministro de Obras Públicas, en su intervención en esta sesión, hubo un manejo inadecuado de las compuertas de la Central Hidroeléctrica Rapel, en medio del temporal de lluvias que tuvo lugar el 9 de julio en el país; Que este manejo inadecuado generó caudales superiores a los de la crecida natural, que estaba teniendo lugar durante este fenómeno climatológico, y Que estos caudales inundaron el pueblo de Rapel, comuna de Navidad, en la Sexta Región, del Libertador General Bernardo O’Higgins, causando daños graves en las viviendas y predios agrícolas de cincuenta familias campesinas. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar al Gerente General de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa), que, de acuerdo con los convenios vigentes y disposiciones de la Dirección General de Aguas, compense a las cincuenta familias afectadas y formalmente catastradas en su oportunidad por la Gobernación de la provincia de Cardenal Caro, asumiendo los daños y perjuicios causados a las mismas, por variaciones de caudal del río Rapel.” El señor LEAL (Presidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Escobar Rufatt Alvaro; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Walker Prieto Patricio. Se abstuvo el diputado señor Mulet Martínez Jaime. El señor LEAL (Presidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 21.21 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.