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Fundamentos del proyecto.
La participación de funcionarios públicos en las campañas electorales parlamentarias y presidenciales de los últimos años, se ha convertido en una costumbre inveterada, pese a las reiteradas instrucciones que con el fin de impedir esta actividad proselitista ha emitido la Contraloría General de la República.
Las autoridades y funcionarios de la administración estatal, cualquiera sea su rango, denominación o función, aún cuando obviamente tienen el legítimo derecho a sufragio, se encuentran en una posición de poder que se ejerce indebidamente durante una campaña electoral, al inducir a los electores a emitir su voto por candidatos que pertenecen a sus respectivas colectividades políticas, ya que ello conlleva la entrega de diversos beneficios u ofrecimientos de entrega de los mismos en el futuro inmediato.
Estas acciones no se avienen con los principios que inspiran la correcta actuación de la Administración del Estado.
En efecto, el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que “la Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente.”
Por su parte, el artículo 54 del mismo texto legal, prescribe que las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa.
El inciso segundo del citado artículo establece que el principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
El interés general, señala el artículo 55 del citado cuerpo legal, se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones y en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan.
Así como el artículo 58 de la aludida ley prescribe que son incompatibles con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de las autoridades o funcionarios que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público al que pertenezcan, estimamos que una situación similar de incompatibilidad se da cuando dichas autoridades o funcionarios participan en una campaña electoral, llamando o induciendo a votar por determinado candidato o coalición política, ya sea que dicha actividad se realice dentro o fuera de la jornada de trabajo y con recursos fiscales o privados, toda vez que dichos agentes públicos manejan información privilegiada, lo que les otorga un alto grado de influencia en los electores. A fin de subsanar estas anomalías y evitar que el principio de probidad administrativa que constituye un pilar básico de la administración estatal, se convierta en letra muerta, consideramos que se hace necesario tipificar este tipo de conductas, como contravención al principio de probidad administrativa, modificando en tal sentido, el artículo 64 de la ley N° 18.575, que define cuales son dichas contravenciones, a fin de que queden afectas a las responsabilidades correspondientes, sujetas a las sanciones pertinentes, según lo prescribe el artículo 63 de la misma ley.
En mérito a las consideraciones antes expuestas, venimos en someter a la aprobación del Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifícase el N° 2 del artículo 64 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de la siguiente forma:
1.Reemplázase el punto y coma (;) que figura después de la palabra final “tercero” por una coma (,).
2.Agrégase a continuación de la coma (,) que figura después de la palabra “tercero”, la siguiente frase: “y participar en campañas políticas de carácter electoral, induciendo de cualquier modo a los electores a emitir su voto por candidatos, coaliciones o partidos políticos determinados, sea que esta participación política se haga durante o fuera de la respectiva jornada de trabajo”.
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