REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 91ª, en martes 31 de octubre de 2006
(Ordinaria, de 11.05 a 15 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Burgos Varela, don Jorge.
Presidencia accidental del señor Ascencio Mansilla, don Gabriel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE

I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.ACUERDOS DE COMITÉS
VI.ORDEN DEL DÍA
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.INCIDENTES
IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia11
II.Apertura de la sesión15
III.Actas15
IV.Cuenta15
Réplica a alusión personal15
Remisión de proyectos a Comisiones19
V.Acuerdos de Comités20
VI.Orden del Día.
Adecuación de la legislación penal a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Primer trámite constitucional20
VII.Proyectos de acuerdo.
Aumento de recursos para fondo concursable “Capital Semilla”, de Sercotec. (Votación)46
Beca Presidente de la República para hijos de médico uruguayo Roberto 
Bianchi46
Condonación para deudores de viviendas de programa especial de trabajadores48
Creación de comuna de Puerto Domínguez en la Novena Región50
VIII.Incidentes.
Instalación de casino de juegos en provincia de San Antonio. Oficio53
Antecedentes sobre evento musical en la Décima Región de Los Lagos. Oficios54
Información sobre adjudicación de proyectos a instituciones de comuna de Puerto Varas. Oficios55
Participación de organización funcional como ente organizador de comités habitacionales de la Décima Región. Oficio56
Investigación de proyectos de Chiledeportes en Décima Región. Oficio56
Investigación de planta de tratamiento de aguas servidas de Lampa. Oficios56
Información de proyectos asignados por Chiledeportes a comunas de la Región Metropolitana. Oficio57
Información sobre proyectos de asignación directa de Chiledeportes a comunas de las provincias de San Felipe y Los Andes. Oficios58
Regulación de avisaje publicitario en carreteras. Oficio58
Perspectivas de Río Bueno como integrante de la futura Región de Los Ríos. Oficios59
Pág.
Ascenso de Club Deportivo y Cultural Atlético Ñublense de Chillán a la primera división del fútbol profesional. Oficio59
Prórroga de plazo para postular al programa “Orígenes”. Oficios60
Saludos y felicitaciones al Club Deportivo y Cultural Atlético Ñublense. Oficio61
Situación de deudores hipotecarios. Oficio61
Reiteración de oficio sobre información relativa a personas perdidas o extraviadas. Oficio62
Saludos al Club Melipilla por su ascenso a primera división del fútbol profesional. Oficios63
IX.Documentos de la Cuenta. 
1.Mensaje de S.E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que modifica las leyes N°s 19.378 y 19.813, y concede otros beneficios al personal de la atención primaria de salud (boletín 
N° 463911)64
2.Oficio de S.E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que modifica las leyes 
N°s 19.378 y 19.813 y concede otros beneficios al personal de la Atención Primaria de Salud. (boletín N° 463911)76
3.Oficio de S.E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, y a otros cuerpos legales. (boletín N° 443818)76
Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en los siguientes proyectos, iniciados en moción: 
4.Tipifica el delito de robo de tapas de alcantarillado o de cauces y señala para el delito de receptación de cables eléctricos y tapas de cauce (boletín 
N° 426607, y modifica el Código Penal en lo referente a delitos relacionados con el robo y receptación de cables de cobre y metales del mobiliario urbano. (boletín N° 426707)77
Primeros informes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaídos en los siguientes proyectos, iniciados en moción: 
5.Adecuan la legislación penal chilena a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. (boletines N° 334507 y 395907)84
6.Establece gratuidad por certificado de sentencia ejecutoriada para limpiar antecedentes en casos que indica. (boletín N° 440617)108
7.Informe de la Delegación de Parlamentarios que concurrió a la 115ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, celebrada en Ginebra, Suiza, entre el 16 y el 18 de octubre de 2006112
Pág.
8.Moción de los diputados señores Sabag, Díaz del Río, Hales, Mulet, Ojeda, Olivares, Venegas, don Mario; Venegas, don Samuel, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda, doña Alejandra, que autoriza erigir un monumento al huaso chileno en la ciudad de San Carlos, provincia de Ñuble, VIII Región. (boletín N° 463224)119
9.Moción de las diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra, Goic, doña Carolina, y de los diputados señores Araya, Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag, Silber y Venegas, don Mario, que autoriza erigir un monumento al huaso chileno en la capital provincial de Colchagua. (boletín N° 463324)121
10.Moción del diputado señor Godoy que establece incompatibilidad para el cargo de consejero regional. (boletín N° 463406)123
11.Moción de los diputados señores Encina, Díaz, don Marcelo, Espinosa, don Marcos, Leal, Montes, Mulet, Rossi, Saffirio y Sule, que prohíbe la suspensión de servicios de suministro de electricidad, agua potable y alcantarillado a los establecimientos educacionales y de salud municipalizados. (boletín 
N° 463503)124
Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de los siguientes requerimientos de inconstitucionalidad: 
12.De 31 señores Diputados en contra de la resolución exenta N° 584, del Ministerio de Salud, de fecha 1° de septiembre de 2006, que fija el texto del documento denominado “normas sobre Regulación de la Fertilidad”, rol 
N° 5912006125
13.Declaración de admisibilidad y resolución que ordena dar traslado para los fines que indica, rol N° 5962006, con relación al desafuero de don Iván Paredes Fierro127
14.Declaración de admisibilidad y resolución que ordena dar traslado para los fines que indica, rol N° 5052006, caratulado “HQI Transelec S. A. con Empresa Eléctrica Panguipulli S. A.130
15.Declaración de admisibilidad y resolución que ordena dar traslado para los fines que indica, rol N° 5062006, caratulado “HQI Transelec S.A. con Empresa Eléctrica Puyehue S.A.”134
16.Recurso rol N° 5902006, por medio del cual se interpone declaración o cuestión de inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 416 del Código Procesal Penal, por ser contrario a la Constitución Política de la República138


X.Otros documentos de la Cuenta. 

1.Comunicaciones:
Del Grupo Interparlamentario ChilenoColombiano por el cual informa que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como presidente al diputado señor Masferrer. 
Del Jefe de Bancada de la Democracia Cristiana por la cual informa que el Diputado señor Silber reemplazará, en forma permanente, al diputado señor Burgos en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. 
Del diputado señor Farías por la cual informa que retira su patrocinio al proyecto de reforma constitucional que modifica el inciso segundo del artículo 60, impidiendo la realización de lobby a favor de gobiernos extranjeros (boletín N° 462107). 
Licencia médica acompañada por el diputado señor Ascencio por la cual acredita que debió permanecer en reposo por un lapso de 8 días a contar del 9 de octubre próximo pasado. 
2.Oficios:
De la Comisión de Familia por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para que se le remitan, para su estudio y tramitación, los siguientes proyectos: 
a)Reforma constitucional que refuerza la maternidad en el ámbito civil y, en especial, en el laboral (boletín N° 354607, y 
b)Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover el derecho de las mujeres a participar en la vida pública nacional (boletín N° 320618). 
De la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para que le sea remitido, para su estudio, el proyecto actualmente en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que “regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos” (boletín N° 452315). 
Contraloría General de la República:
Diputado Sepúlveda, don Roberto, información sobre sumarios instruidos en el Instituto de Salud Pública, desde el año 1995 a la fecha. 
Diputado Sepúlveda, don Roberto, resultado del sumario administrativo que afecta a funcionarios de la Municipalidad de Maipú. 
Diputado Urrutia, cobro de Empresa de Ferrocarriles del Estado por cruzar vía férrea. 
Diputado Bertolino, irregularidades en Municipalidad de La Higuera. 
Ministerio de Interior:
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra, construcción de segundo puente Antivero de San Fernando. 
Diputado Galilea, repudio a empresarios salmoneros que no cumplen normas sanitarias ni medioambientales. 
Diputado Recondo, información sobre contratación de personal en Intendencia de la Décima Región y actuación del intendente en accidente ocurrido en lago Chapo. 
Diputado Recondo, copia de acta del Consejo Regional que habría aprobado el traspaso de recursos del FNDR hacia Programas del PMU. 
Diputado Sepúlveda, don Roberto, sitio eriazo “El Pajonal”. 
Diputado Sepúlveda, don Roberto, intervención en sitios eriazos en comuna de Estación Central. 
Diputado García, irregularidades en programa de generación de empleo en la Novena Región. 
Diputado Melero, instalación de pasarelas en Ruta 5 Norte en la comuna de Colina, localidad de Cerro Blanco. 
Diputado Errázuriz, puntajes para acceder a pensiones asistenciales. 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Diputado Jaramillo, solicitud de Encuesta Nacional del Empleo en comunas de más de 30.000 habitantes, en la Décima Región de Los Lagos. 
Diputado Galilea, repudio a empresarios salmoneros que no cumplen normas sanitarias ni medioambientales. 
Diputado González, sobre empresa “Turismo Internacional” de la ciudad de Valparaíso. 
Diputado Lobos, información sobre instalación de red de gas natural entre Los Ángeles y Santa Fe por parte de la empresa Gas Sur S. A. 
Diputado Araya, aumento de fiscalizadores de Sernapesca y mayor vigilancia de la Armada en zona pesquera de Taltal. 
Diputado Robles, información sobre aprobación del proyecto minero Concentraducto Proyecto Hierro Atacama. 
Proyecto de Acuerdo N° 164A, medidas que indica en relación con el suministro de gas natural comprimido desde Argentina a empresas chilenas. 
Ministerio de Educación:
Diputado Alvarado, información relativa a la disminución de porcentajes de la asignación de desempeño en condiciones difíciles a los docentes de la escuela rural Capilla Antigua, de Isla Quenac. 
Diputada Cristi, información sobre nuevo plan de educación en sexualidad y afectividad de ese Ministerio. 
Ministerio de Defensa Nacional:
Diputado Espinoza, don Fidel, condiciones laborales para buzos de la Décima Región. 
Diputado Sepúlveda, don Roberto, sobre medidas de prevención delictual en la Villa San Luis, sectores 3, 4 y 5, comuna de Maipú. 
Diputado Sepúlveda, don Roberto, sobre medidas de prevención delictual en Villa Portada del Este, comuna de Maipú. 
Diputado Urrutia, traslado del Retén de Carabineros Digua de la comuna de Parral. 
Diputado Burgos, compra de helicópteros a empresa italiana. 
Diputado Arenas, información por negativa de Servicio de Registro Civil de Angol a consignar grado institucional en cédula de identidad de suboficiales mayores de Carabineros en retiro. 
Diputada Isasi, solicitud de retén móvil para Pozo Almonte. 
Diputado González, instalación de Tenencia de Carabineros en Reñaca Alto. 
Ministerio de Obras Públicas:
Diputado Sepúlveda, don Roberto, copia del estudio de ingeniería del proyecto de mejoramiento de la Ruta G30, sector CerrillosLonquén. 
Diputada Herrera, problema de habitantes del trayecto El Troncal Sur. 
Diputado Mulet, sobre obras viales en la región de Atacama. 
Diputado Urrutia, recursos para reparar la Ruta 5 Sur, entre el cruce Talquita y el Puente Perquilauquén, en la comuna de Parral. 
Diputado Delmastro, plan de protección de la ribera del río Cruces, Valdivia. 
Diputado Sepúlveda, don Roberto, información sobre el proyecto N° 295, denominado Autopista CerrillosCalera de Tango, Ruta G30. 
Diputado Jarpa, construcción de vía alternativa a peaje en beneficio de vecinos de Chillan. 
Diputado Egaña, trabajos para evitar desborde de canal Papen. 
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra, Programa Nacional de Defensas Fluviales y prácticas alternativas para defensa y recuperación de riberas. 
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra, proyectos de agua potable rural en Sexta Región. 
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra, construcción de segundo puente Antivero de San Fernando. 
Diputado Lobos, información sobre recursos destinados a reparar bocatomas de los regantes del Canal El Chequén. 
Diputado Masferrer, reparación del puente Llavería, en la comuna de Las Cabras. 
Diputado Forni, solicitud de trabajos de limpieza, mejoramiento del cauce y centralización del flujo del río Aconcagua. 
Diputado García, información de fecha de pago de expropiaciones realizadas en sector Cayulfe de Toltén, Novena Región. 
Diputado Pérez, realización de estudio para limpieza de la caja del Biobío. 
Diputado Jaramillo, información sobre construcción del camino 3 VentanasTractores. 
Diputado Saffirio, inversión en obras de embalse, canales de regadío y pavimentos básicos en La Araucanía. 
Diputado Arenas, estudios de factibilidad para mejorar camino que une las localidades de Angol y Cañete. 
Diputado Galilea, información sobre los caminos tratados con sal en la Décima Región. 
Diputado Galilea, construcción de un molo de abrigo en Puerto Cisnes. 
Diputado Silber, construcción de defensas fluviales en estero Colina. 
Proyecto de acuerdo N° 122, derogación de los Aportes Financieros Reembolsables (AFR) de financiamiento para obras sanitarias. 
Ministerio de Agricultura:
Diputada Valcarce, razones de no considerar en el Decreto N° 669, de 2005, prórroga de salvaguardias. 
Proyecto de acuerdo N° 99, solicitud de modificación del período de duración salvaguardia a la harina. 
Proyecto de Acuerdo N° 132, prorrogar el plazo de vivencia del Reglamento de Mataderos. 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
Diputado Urrutia, situación previsional de don José Osvaldo Villegas Moraga. 
Diputado Delmastro, información sobre trámite de exonerado político don Enrique reyes Soto, de Valdivia. 
Diputado Espinosa, don Marcos, mayor inversión en recursos humanos y técnicos para la Dirección del Trabajo de la Región del LoaCalama. 
Ministerio de Salud:
Diputada Herrera, solicita recursos para la urgente implementación de especialidades médicas en el hospital de Peñablanca. 
Diputada Ward, medidas que se han tomado para solucionar la alta contaminación atmosférica en la comuna de Tocopilla. 
Diputada Cristi, críticas a decisión ministerial de entregar anticonceptivos a mayores de catorce años. 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
Diputado Ward, información sobre pago de seguro de incendio a la propiedad de la señora Gladys Rojo Castro. 
Diputado Delmastro, información sobre reparaciones en población recién inaugurada de Valdivia, Población Norte Grande del barrio Las Animas. 
Diputado Rossi, medidas adoptadas con viviendas de la población Carol Urzúa de la ciudad de Iquique. 
Diputado Chahuán, reconsideración contenida en oficio 2606, respecto de devolución sin tramitar por parte de La Contraloría, según Resolución N°37 de fecha 19042006. 
Diputado Chahuán, información de existencia proyecto destinado a efectuar ensanche de veredas ubicadas en el sector Paso Hondo, comuna de Quilpue. 
Diputado Monckeberg, don Nicolás, agilización a postulación del Comité de Vivienda Las Amapolas de la comuna de Qurihue. 
Diputado Monckeberg, don Nicolás, gastos incurridos en las obras de relleno del terreno sobre el cual se construyó la Villa El Bosque, de la comuna de Cobquecura. 
Diputado Galilea, reposición de puentes urbanos en Puerto Cisnes. 
Diputado Saffirio, medidas para pavimentar las calles de la localidad de Pillalelbún, comuna de Lautaro. 
Diputado Duarte, información sobre acciones de empresas sanitarias respecto de establecimiento de aportes financieros reembolsables. 
Diputada Isasi, información respecto de una segunda etapa en la construcción de casas en la población Laguna Verde en Iquique. 
Diputado Delmastro, construcción de red de alcantarillado para Villa California de Valdivia. 
Proyecto de acuerdo N° 119, solicita al Gobierno modificar Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para garantizar calidad de vida a ocupantes de viviendas básicas. 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
Diputado Delmastro, factibilidad de adquirir una lancha de transporte de pasajeros para el traslado de los habitantes de la Isla del Rey, comuna de Valdivia. 
Diputada Isasi, aclaración de los alcances del decreto supremo N° 211, de 1991, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
Diputado De Urresti, solicitud de renovación de subsidio para barcaza que comunica a Niebla con Corral y entrega de subsidios para Isla del rey. Décima Región. 
Diputado Chahuán, rebaja de tarifas telefónicas por suspensión de servicios debido al robo de cables Reñaca Alto. 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Diputado Lobos, información sobre la apertura de las compuertas de las centrales hidroeléctricas de Pangue y de Ralco. 
Diputado Chahuán, pronunciamiento del Ejecutivo sobre situación de jóvenes chilenos detenidos en Barcelona acusados de dar golpiza a policías españoles. 
BancoEstado:
Proyecto de acuerdo N° 171, adopte medidas que indica en beneficio de los afectados por catástrofe climática.


I. ASISTENCIA

Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
NOMBRE(Partido*RegiónDistrito)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Aguiló Melo, Sergio
--Alinco Bustos, René
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--EnríquezOminami Gumucio, Marco
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--Goic Boroevic, Carolina
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Herrera Silva, Amelia
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Nogueira Fernández, Claudia
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende, Denise
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Rubilar Barahona, Karla
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Villalobos, Jorge
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Soto González, Laura
--Sule Fernando, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valcarce Becerra, Ximena
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe


II. APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 11.05 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 86ª, se declara aprobada.
El acta de la sesión 87ª, queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.


IV. CUENTA

El señor LEAL (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.


RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL.

La señora TOHÁ (doña Carolina).- Señor Presidenteen relación con el escándalo de Chiledeportes, he sido aludida, por ello pido hacer uso de la palabra por cinco minutos de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento.
El señor LEAL (Presidente).- De conformidad con el artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra por cinco minutos para vindicarse.
La señora TOHÁ (doña Carolina).- Señor Presidente, he pedido hacer uso de estos minutos para referirme al caso de Chiledeportes, puesto que, junto con otros colegas, fui incluida en una lista relacionada con supuestas asignaciones directas.
En esta Corporación señalo enfáticamente que nunca hice petición alguna a los funcionarios que elaboraron dicha lista ni ellos jamás me hicieron ofrecimiento alguno. Es más, nunca tuve contacto con ellos mientras estuvieron en sus cargos, ni telefónicamente ni en forma personal. Junto con los colegas del PPD de la Región Metropolitana, vi la lista por primera vez el miércoles pasado, y todos quedamos atónitos, pues nadie sabía de qué se trataba. Sin embargo, todos comprendimos de inmediato lo que eso significaría: escándalo, conjeturas, acusaciones, bromas. 
Ésta ha sido la semana más dura de mi vida como diputada. Lo ocurrido en este período ha hecho que me pregunte muchas cosas; incluso, si estoy dispuesta a seguir en esta actividad. Al ver mi nombre, una y otra vez, junto a una suma de dinero he sentido indignación e impotencia; he sentido que mis años de trabajo se esfuman, que mi trayectoria y el prestigio que haya podido acumular son botados a la basura. Así no más, todo porque escribieron mi nombre en una lista. 
Pero, después del impacto inicial, hoy me siento decidida a impedir que se juegue con mi nombre y con el de mi familia. Les puedo decir con certeza que en mi vida pública siempre he buscado actuar en forma correcta y honesta. Por cierto, muchas veces, he respaldado a organizaciones y proyectos lo considero parte de mi trabajo como diputada, pero respetando siempre procedimientos, requisitos y evaluaciones, sin pedir privilegio alguno. Siempre me he preocupado de no ejercer presiones indebidas por un proyecto o por un nombramiento; jamás le he pedido a un funcionario de mi partido que me dé un trato preferencial. Nunca me he apropiado de beneficios públicos para repartirlos en compañas, como si fueran favores míos, como lo insinuó maliciosamente un ex diputado de la UDI, en una entrevista concedida el domingo. Me he preocupado de respetar estos principios en mi trabajo como diputada, y cada vez que he visto situaciones que se apartan de ellos he tomado medidas para corregirlas.
Creo que tengo autoridad para exigir a quien corresponda una clarificación total de los hechos; que se conozca el origen de la lista, con quién se hizo, con quién se conversó. Todos los diputados del PPD afectados estamos en la misma postura, y pedimos que se difunda el resultado de la investigación con la misma persistencia con que se habló de las supuestas asignaciones. De hecho, los autores de la lista ya reconocieron que ellas nunca se materializaron ni fueron consultadas con los diputados. ¿Por qué no se informa con los mismos titulares, con los mismos minutos y con la misma difusión con que se dio a conocer la famosa lista? 
Pero, pensamos que esto no basta. Los escándalos e irregularidades ocurridos en Chiledeportes deben ser aclarados y sancionados, y se deben tomar las medidas del caso para que no vuelvan a repetirse. En particular, deben erradicarse ciertos estilos políticos como el sectarismo, el clientelismo y el uso indebido de cargos públicos. Si dos militantes de nuestro partido hicieron esa lista, aunque no la concretaran ni la comentaran con nadie, es porque tienen una concepción errada de su deber para con el partido y de su mandato como autoridades de confianza. Es un deber reconocer esa realidad y corregirla resulta ineludible. Muchas veces, he sido crítica de estas formas, me he opuesto a ellas, como muchos colegas de mi partido y de otros partidos de la Concertación. Quizás, no hemos tenido la fuerza suficiente. Es hora de que seamos más drásticos y de que digamos, no más, porque por unos pocos que recurren a estas prácticas se ven manchados centenares de buenos funcionarios que hacen su trabajo con entrega y seriedad; que no obstante tener la posibilidad de ganar más dinero, optan por el servicio público; que saben resistir presiones porque creen en los valores democráticos que les dan fortaleza.
La transparencia y la justicia, colegas, no consiste sólo en castigar la corrupción o en investigar irregularidades; la transparencia y la justicia consisten también en reconocer la honestidad y en no enlodar injustamente a los demás. Si no adoptamos esta norma, la gente correcta y transparente le hará el quite, cada vez más, a esta actividad. 
En la rabia y el dolor de estos días, varias personas me han dicho que no me preocupe, que esto va a pasar, que la política es así. Agradezco esa preocupación y ese apoyo, pero me niego a aceptar tales afirmaciones. Yo no quiero que esto pase.
Quiero que nos detengamos en ello, que lo escudriñemos y lo investiguemos, hasta que lo aclaremos por completo. Tampoco creo que la política deba ser así. La política debe ser el lugar donde se distingue lo correcto de lo incorrecto, la honestidad de la corrupción. Creo en esos valores, por ellos me guío y lo seguiré haciendo así.
He dicho.
Aplausos.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, el derecho que otorga el artículo 34 sólo es para proteger el honor de los parlamentarios; no admite réplica.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, cuestión de Reglamento.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, en virtud de ese mismo derecho a réplica, quiero pedir los cinco minutos que otorga el Reglamento porque he sido aludido por la subsecretaria, en distintos medios de comunicación.
El señor LEAL (Presidente).- Pero, en su caso, no ha habido injurias.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, le pido que respete el espíritu del artículo 34 del Reglamento, que es muy claro. Dice: “El diputado cuya reputación o corrección de procedimientos se dañe por cargos formulados en algún medio de publicidad o por observaciones de otro diputado, podrá, para vindicarse, usar de la palabra durante cinco minutos, como máximo, inmediatamente después de la Cuenta o al término de la sesión.
Cada diputado podrá hacer uso de este derecho por una sola vez en la misma sesión y, exclusivamente, en las mismas oportunidades indicadas en el inciso anterior.”.
Este artículo ha sido aplicado en forma rigurosa. Por eso, pido que no lo utilicemos para cosas que no tienen que ver con lo que establece.
El señor FORNI.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, también pido la palabra porque he sido aludida.
El señor LEAL (Presidente).- Para referirse a una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Forni.
El señor FORNI.- Señor Presidente, creo que es muy importante aclarar que no se requiere ser injuriado para tener derecho a hacer uso del artículo 34. Tal como lo leyó, pueden recurrir a él quienes sean dañados por cargos formulados en algún medio de publicidad. 
En consecuencia, así como la diputada Tohá ejerció legítimamente el derecho que le confiere dicho artículo porque fue ofendida en un medio de publicidad, el diputado Nicolás Monckeberg también puede hacer uso de los cinco minutos, toda vez que la subsecretaria Catalina Depassier ha formulado algunas declaraciones en su contra.
Gracias, señor Presidente.
El señor LEAL (Presidente).- Señores diputados, cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por dos minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor LEAL (Presidente).- Continúa la sesión.
Los Comités han acordado que tendrán derecho a intervenir las señoras diputadas y los señores diputados que en los últimos días se han sentido aludidos, injuriados y deshonrados.
Hago presente que, de acuerdo con el Reglamento, el diputado o la diputada que se consideren aludidos y deseen hacer uso de la facultad que les concede el artículo 34, deberán pedir la palabra al Presidente de la Corporación. En este sentido, han solicitado hacer uso de la palabra el diputado Nicolás Monckeberg; las diputadas señoras María Antonieta Saa y Ximena Vidal, y los diputados señores Tucapel Jiménez y Ramón Farías.
Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, en el marco de la labor fiscalizadora que lleva a cabo la Alianza por Chile, en diciembre del año pasado oficiamos a la Contraloría General de la República para que, por primera vez, se hiciera una auditoría a los proyectos mencionados en dicho documento. Por lo tanto, el escándalo de Chiledeportes se conoció gracias a una acción fiscalizadora de parlamentarios de nuestro sector. 
Sin embargo, hace pocas horas, escuchamos las declaraciones del ministro secretario general de Gobierno y, en particular, de la subsecretaria de Deportes, quienes sostuvieron que gran parte de las cosas que se han denunciado, si no todas, son falsas.
La subsecretaria no sabe distinguir entre la verdad y la falsedad, porque si alguien, desde el primer día, ha tergiversado los hechos es ella. 
En primer lugar, en una entrevista mencionó que tomó conocimiento de las irregularidades ocurridas en Chiledeportes en octubre. Sin embargo, a los pocos días, el país se enteró de que cuando ella asumió como subsecretaria de Deportes, en marzo pasado, se encontraba a disposición del ministerio del cual depende un informe reservado en el que se daban a conocer las irregularidades.
En segundo lugar, en Canal 13 afirmó que se había removido a todos los directores regionales de Chiledeportes. Sin embargo, ante la sorpresa de la periodista, al día siguiente se comprobó que seis de dichos directores, algunos incluso de regiones en las que se ha impugnado la labor de dicho organismo, ejercían desde el gobierno anterior y no habían sido removidos de sus cargos.
Antes de que se conociera antecedente alguno, afirmó de manera tajante que no había un solo peso de Chiledeportes que involucrara a dirigentes políticos. No obstante, después comenzaron a aparecer los antecedentes que hoy son objeto de investigación por parte del fiscal Francisco Jacir.
En consecuencia, ¿quién está mintiendo?
En forma reciente, nos dieron a conocer una situación irregular que afecta a la subsecretaria de Deportes, quien fue contratada por el Gobierno, específicamente por la Subiere, para asesorar a los alcaldes y a los municipios del país, con un sueldo de 1 millón y medio de pesos, pero, de manera simultánea, fue contratada por la municipalidad de Maipú. ¿Son compatibles esos dos contratos? En forma tajante, ella afirmó que la Contraloría la autorizó. Sin embargo, ayer el órgano contralor informó de manera oficial que al respecto no existe autorización alguna.
También dijo que renunció a su contrato en 2004, cuando se presentó como candidata a la alcaldía de Vitacura, pero no existe un decreto en la Contraloría que deje constancia de dicha renuncia. Por lo tanto, llamo a que cualquier persona que lo desee, concurra al órgano contralor y pida copia de esa renuncia, pero no podrán entregársela. Pero ella dice que esos contratos son compatibles porque en la municipalidad de Maipú trabajaba sólo los fines de semana, a cambio de lo cual percibía un millón y medio de pesos. Con franqueza, eso no lo cree nadie. Si es verdad, pido que el alcalde de Maipú explique las razones por las cuales a alguien se le paga dicho monto por trabajar sólo sábados y domingos.
Cuando la Oposición cumple su labor fiscalizadora, se debe responder con transparencia, no con injurias ni mentiras, y aunque a algunos les duela, es bueno que esto se sepa, en especial por la gente más modesta. 
He dicho. 
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señorita María Antonieta Saa.
La señorita SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, adhiero absolutamente a las palabras de la colega Carolina Tohá.
Una cosa es investigar y sancionar si se han cometido delitos, y otra muy diferente, denigrar a las personas.
También fui aludida en el famoso listado de Chiledeportes, aunque no tengo nada que ver en ese asunto. 
El viernes pasado, el diario “La Segunda” insinuó que habría diez proyectos asignados a mi comuna. Llamé al referido diario, conversé con el periodista autor de la respectiva nota y le pregunté sobre los proyectos. No fue capaz de mencionar el listado completo, y de los dos que mencionó, ninguno pertenece a mi distrito.
Entonces, ¿qué podemos exigir a la prensa y a los colegas? Primero, ser prudentes en el tratamiento de las personas, porque ese famoso listado se ha utilizado para denigrarnos en forma personal. Soy una persona con años de trabajo en política, con un comportamiento absolutamente honorable, claro y transparente, no obstante lo cual en muchas oportunidades he sido atacada de manera injusta. En su oportunidad, conversé con los entonces presidente y vicepresidente de la UDI, porque una persona de esa colectividad me atacó en forma pública con mentiras. En esa ocasión, expresé al presidente de dicho partido que no se puede hacer eso y que es necesario censurar a las personas que, en política, formulen calumnias y falsos testimonios.
Por lo tanto, llamo a los colegas a mantener una actitud de prudencia, lo que, por cierto, no significa tapar los problemas que puedan existir en materia de corrupción.
El señor BOBADILLA.- Y lo de Jovino Novoa, ¿qué?
La señora SAA (doña María Antonieta).- No tuve nada que ver con las acusaciones que en su momento se formularon en contra del señor Jovino Novoa. En consecuencia, por intermedio del señor Presidente, pido que el señor Bobadilla se tranquilice.
Acá está en juego el país y nuestra honorabilidad, como representantes de la ciudadanía. Creo que la mayoría de los colegas de las bancadas de enfrente, y también los de la Concertación, son honorables y sinceros. Por lo tanto, llamo a terminar con la práctica de levantar falsos testimonios, de aferrarse a cualquier tipo de argumentos para denigrar se lo digo en forma cariñosa a los diputados Cristián y Nicolás Monckeberg, porque al final, frente al país, termina desprestigiada no una persona en concreto, sino todos los diputados, con lo que se debilitan la democracia y la institucionalidad.
Desafío a los colegas de las bancadas de enfrente a que si tienen alguna acusación en mi contra, la presenten ante la justicia; así de claro. Pero si no la tienen, los llamo a callar y a no denigrar la honra de otras personas.
He dicho. 
El señor LEAL (Presidente).- Señores diputados, la diputada Ximena Vidal y los diputados señores Tucapel Jiménez y Ramón Farías se sienten interpretados por la intervención de la diputada señora Carolina Tohá y, por tanto, no van a hacer uso de la palabra.


REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIONES.

El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Familia para que se le remitan, para su estudio y tramitación, los siguientes proyectos:
a) Reforma constitucional que refuerza la maternidad en el ámbito civil y, en especial, en el laboral, y 
b) Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover el derecho de las mujeres a participar en la vida pública nacional.
Acordado.
Si el parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana para que le sea remitido, para su estudio, el proyecto que regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos, que se encuentra actualmente en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Acordado.


V. ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LEAL (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Leal, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Rendir homenaje a la Vicaría de la Solidaridad el miércoles 15 de noviembre, y al centenario de la comunidad judía en Chile, el miércoles 13 de diciembre. Ambos homenajes se efectuarán después del término del Orden del Día de las respectivas sesiones.
2. Recibir al Presidente del Parlamento australiano y a la delegación parlamentaria que lo acompañe el martes 14 de noviembre, a las 12.15 horas.
3. Suspender las actividades de la Corporación el día de hoy, entre las 16.00 y las 16.30, con el objeto de participar en el simulacro de terremoto y tsunami previsto para la ciudad de Valparaíso.
El señor LEAL (Presidente).- Señoras diputadas y señores diputados, la Cámara adhiere, junto con su personal, a lo resuelto por la intendencia de Valparaíso en orden al simulacro aludido. Por eso, a las 16.00 horas vamos a salir del edificio y llegaremos hasta el monumento al cobre. 
En el curso de la acción se entregará una serie de indicaciones sobre la evacuación del edificio. 


VI. ORDEN DEL DÍA


ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PENAL A LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Primer trámite constitucional.

El señor LEAL (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar los proyectos de ley refundidos, en primer trámite constitucional, de origen en mociones, que interpretan el artículo 93 del Código Penal en materia de prescripción de la acción penal en el caso de delitos especialmente sancionados por el derecho internacional e interpreta y adecua la legislación penal a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Juan Bustos. 
Antecedentes:
Moción, boletín N° 395907, sesión 35ª, en 30 de agosto de 2005. Documentos de la Cuenta N° 4.
Moción, boletín N° 334507; sesión 38ª, en 9 de septiembre de 2003. Documentos de la Cuenta N° 11.
Informe de la Comisión de Derechos Humanos, boletines refundidos. Documentos de la Cuenta N° 5, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Bustos.
El señor BUSTOS.- Señor Presidente, han pasado 16 años desde que se reinstauró el estado de Derecho democrático en Chile. En 1990, se suscribió y ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual obliga al Estado de Chile recalco, al Estado de Chile, es decir, a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a cumplir con las obligaciones que en ese instrumento se establecen: el respeto a los derechos humanos y la persecución de los crímenes graves contra la humanidad, los cuales, conforme a su texto, son inamnistiables e imprescrptibles. Antes, en el año 1950, el Estado de Chile había suscrito y ratificado la Convención de Ginebra, la cual también establece la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de los crímenes de guerra. Por otra parte, también había suscrito y ratificado la Convención sobre derechos civiles y políticos, en la cual se señala que las normas de carácter internacional sobre derechos humanos obligan a los Estados; por lo tanto, al Estado de Chile.
Sin embargo, a pesar de todo eso, aún está vigente en nuestro país el decreto ley de amnistía, el cual constituye un oprobio. Ello, porque es una burda desnaturalización de la amnistía. En efecto, la amnistía es una medida que persigue la paz social y no el encubrimiento de los crímenes contra la humanidad por los que detentan ocasionalmente el poder. Por eso, con razón, se ha señalado que se trata de una autoamnistía y no de una amnistía. De ahí que la Corte Interamericana, legítimamente, ha condenado al Estado de Chile por el caso del profesor Almonacid, en cuyo proceso, en virtud del decreto ley de amnistía, fueron declarados inocentes los que perpetraron su crimen. 
Frente a esta situación, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía ha aprobado por mayoría dos proyectos de ley refundidos interpretativos presentados por diferentes diputados de la Concertación en abril del presente año. 
En efecto, en el texto que se propone se establece que el artículo 93 del Código Penal, que enumera las causales de extinción de la responsabilidad penal, ha de entenderse en el sentido propio y obvio, es decir, que no pueden estar incluidas en ellas los crímenes contra la humanidad.
Al respecto, hay que señalar que, según los juristas Alessandri y Somarriva, “se llaman leyes interpretativas o explicativas las normas que fijan el sentido, extensión o contenido de las palabras o conceptos que se encuentran en otras normas o sirven de regla para su interpretación o la de los actos jurídicos.” 
La ley interpretada y la ley interpretativa son dos leyes coexistentes sobre el mismo objeto. Al respecto, hay que señalar que se distinguen tres clases de interpretación: la doctrinaria, que sólo tiene efecto cuando es acogida por un tribunal o por una ley; la judicial, que es aquella que hacen los tribunales frente a cada caso en particular y, por lo tanto, tiene efecto sólo respecto de ese caso particular, y la auténtica o legislativa, que es “obligatio erga omnes”, es decir, tiene efecto de carácter general y obliga, por lo tanto, a todas las autoridades de la República y, por supuesto, también a los tribunales de justicia. 
Como señala la doctrina, la interpretación auténtica o del legislador, en cuanto explica el concepto mismo, es coexistente con la dictación de la ley que está interpretando. 
De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía estima que los proyectos hacen compatible nuestra legislación interna con normas internacionales que vinculan a Chile en materia de derechos humanos y lo obligan a señalar que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles e inamnistiables y no permiten el indulto. 
He dicho. 
El señor LEAL (Presidente).- En discusión los proyectos. 
Tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, hay varios argumentos jurídicos y políticos para oponerse a estos proyectos de ley. Voy a tratar de ser lo más conciso posible en esta materia.
1. Estos proyectos de interpretación sólo tienen el título de tales. En realidad, en su forma y en su fondo, modifican una norma constitucional.
La amnistía existe en la Constitución Política de la República. Su artículo 63, en su número 16, preceptúa que sólo por ley puede establecerse una amnistía. En consecuencia, los proyectos en debate modifican una norma constitucional. Por eso, para aprobarlos se requiere el quórum de los tres quintos de los miembros en ejercicio de cada cámara. 
Señor Presidente, le vamos a pedir que se pronuncie al respecto, porque a usted le corresponde hacerlo. Obviamente, éste no es un proyecto de quórum simple y hay que determinar el que se requiere para su aprobación. Desde luego, hacemos reserva de constitucionalidad respecto de esta materia.
2. En los proyectos refundidos se hace un largo análisis de los antecedentes de derecho internacional y doctrinarios que verifican que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables e imprescriptibles ésta es una tendencia del derecho internacional; pero, al mismo tiempo, se sostiene que este planteamiento ha sido recogido y es plenamente aplicable en nuestro derecho. Luego, aquí hay una flagrante contradicción. Si esta conclusión está recogida en la legislación chilena, no se comprende para qué va a ser necesario este proyecto.
Nosotros tenemos otra posición. La tendencia del derecho internacional es a eliminar la amnistía y la prescripción. Es una tendencia firme y clara; pero no es categórico y por eso se han inventado estos proyectos de ley que ella rija y deba ser aplicable en Chile, según su ley positiva. Cada país tiene su historia, su proceso. La amnistía en Chile favoreció a varios sectores, benefició a muchas personas, civiles y militares, y la transición chilena ha consistido precisamente en que cada juez, caso a caso doctrina Aylwin, doctrina Frei, doctrina Lagos, vaya resolviendo cómo aplica o no aplica la ley de amnistía.
El proyecto en estudio va a alterar, precisamente, el proceso con que hemos ido arreglando nuestras cuentas jurídicas con la historia, con grave detrimento de la estabilidad política.
3. Ni los crímenes de guerra ni los de lesa humanidad existen en la ley chilena y, sin embargo, el proyecto se hace cargo de ellos. Entonces, mientras no estén tipificados es tremendamente discutible por decirlo elegantemente que se declaren imprescriptibles como aquí acontece. Resulta difícil declarar imprescriptibles delitos no tipificados en la ley nacional.
4. Los proyectos mencionan la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los de Lesa Humanidad, de 26 de noviembre de 1968. (Resolución N° 2391, de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas). Queremos dejar establecido que dicho convenio, a la fecha, no ha sido ratificado por Chile, sin perjuicio de agregar que se trata de un convenio que no tiene muchas ratificaciones por otros países.
5. Es vago expresar que la normativa internacional es plenamente aplicable, pero que hay “aspectos” que lo impiden, sin identificar cuáles son dichos aspectos. A partir del contexto de lo señalado por los proyectos, pareciera ser que tales aspectos están constituidos por las instituciones de la amnistía y de la prescripción penal. Sin embargo, ello no puede ser efectivo, puesto que tales causales de extinción de la responsabilidad penal están consagradas desde antiguo en nuestro derecho, a lo menos desde 1874.
6. El artículo 5° de la Constitución, que se invoca por los autores de la moción, dispone en lo pertinente que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana garantizados por la Constitución, “así como por los tratados ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” Pero esa ratificación debe haberse producido con anterioridad a la comisión de los delitos. Es un principio universal de derecho, recogido en la Carta Fundamental, que ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración.
7. En relación con este tema, hay dos convenciones internacionales que pueden resultar aplicables:
a) La Convención de Ginebra sobre Derechos de la Guerra, cuya mención se omite en las mociones, que distingue entre la guerra exterior, en la cual no se admite la amnistía, y la guerra interna, en la cual no sólo no proscribe la amnistía, sino que sugiere su pronta aplicación una vez cesadas las hostilidades, como es propio de todo país que quiere reconciliarse con su historia, y
b) La Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de 1968, que no permite la prescripción en caso alguno de los delitos a que hace referencia. Esta convención no estaba ratificada por Chile al momento de cometerse los supuestos delitos ni tampoco lo ha sido hasta la fecha, encontrándose pendiente su aprobación por el Congreso Nacional. El hecho de no encontrarse vigente ha sido expresamente reconocido por la Corte Suprema. Finalmente, aún en el caso de que la citada convención fuere ratificada por Chile y entrare en vigencia, ella sólo regiriría para el futuro y no podría abarcar casos del pasado, en virtud del principio de irretroactividad de la ley penal.
8. Las normas penales sólo pueden regir para el futuro. La moción contenida en el boletín N° 395907 que pretende explicar el artículo 93 del Código Penal, que se refiere a la extinción de la responsabilidad penal, y entre cuyas causales figuran la amnistía y la prescripción, puede resultar sorprendente para quien no sea experto en materias jurídicas, puesto que en el texto en estudio se interpreta esa norma en vez de modificarla para establecer inamnistiabilidad e imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Aquí una hay modificación de la norma; no una interpretación. Interpretar las normas sobre amnistía y prescripción tiene por objeto tratar de asilarse en la institución de la interpretación por ley de los preceptos legales, conforme a la cual “las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes se entenderán incorporados en éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio.”, como preceptúa el artículo 9°, inciso segundo, del Código Civil, que se vulneraría si se aprueba esta ley. Aquí, en el fondo, se pretende establecer la retroactividad de la ley penal, contraria al ordenamiento jurídico vigente y al estado de derecho de siempre en Chile.
9. Por otra parte, es necesario insistir en que, aunque se tratare válidamente de una interpretación de la ley, ella no puede producir el efecto antes explicado en materia penal, porque la irretroactividad de la ley penal es un principio constitucional. Es decir, impide la aplicación del inciso segundo del artículo 9° del Código Civil y sólo cabe que los tribunales de justicia hagan interpretaciones de ella para los casos concretos.
Si los autores son partidarios de establecer delitos inamnistiables e imprescriptibles se lo digo a usted, señor Presidente, que es uno de los autores de esta moción, y porque no cabe dar otro sentido a esta norma, planteen derechamente la modificación del Código Penal y de la Constitución; pero no propongan modificar una norma para interpretarla de eso sólo tiene el título a fin de intentar señalar como que siempre lo ha dicho; ello carece de base y sólo busca darle efecto retroactivo, lo que está vedado por la norma constitucional.
Los argumentos jurídicos son clarísimos. Vamos a votar en contra de esta norma sobre la que, además de votarse con quórum especial, porque es una modificación constitucional, hacemos reserva de constitucionalidad.
Finalmente, una observación. Hablemos claro. ¿En qué estamos, Presidente? Hay sectores de la Concertación y ni siquiera voy a referirme a la legitimidad o ilegitimidad de su pretensión a los que nunca les ha gustado la forma cómo ha operado la transición chilena; que lo que quieren es terminar con la institución de la amnistía y con la de la irretroactividad de la ley penal que son normas esenciales de un estado de Derecho en forma. Estos estamentos son hoy los que tienen influencia y mayor figuración en el actual Gobierno, y su idea, a través de este proyecto de ley, es no meterse en la discusión que hoy divide a la Concertación a propósito de la sentencia de la Corte Interamericana; si se va a avanzar en una derogación o en una ley de nulidad, y tratar de sacar 
perdónenme la vulgaridad de la expresión, pero es una figura que identifica la idea “las castañas con la mano del gato”, al decir que se interpreta cuando en realidad se modifica.
Estamos ante una situación grave. Sostengo que esta acción, que se ha intensificado durante este cuarto gobierno de la Concertación, ha llevado a Chile a una especie de interdicción internacional: los chilenos estamos sujetos a lo que resuelvan los tribunales internacionales. Es evidente que los intereses políticos de la Concertación se trenzan con los de los abogados del Estado de Chile ya nos vamos a meter en este tema, que están mucho más preocupados de plegarse a los argumentos de los demandantes que de defender el interés chileno. El considerando 92 del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Almonacid Arellano versus el Estado de Chile” ahorra todo comentario. En él se señala que nuestros abogados, que debieron defender el interés chileno, consideran que la ley de amnistía no tiene validez jurídica ni ética, dando así el argumento con el que se condenó al Estado de Chile. ¡Dios nos guarde de que la Cancillería nos siga defendiendo como lo está haciendo, porque seguiremos perdiendo juicios!
Rechazaremos decididamente el proyecto, amén de pedir que se determine que su aprobación requiere quórum especial. De ser aprobado con quórum simple, recurriremos al Tribunal Constitucional. 
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, es muy significativo que, por primera vez, desde que comenzó la transición a la democracia, en esta Corporación estemos a punto de votar un proyecto de ley que deja sin efecto los dos impedimentos principales que, durante dieciséis años, hemos tenido para establecer la verdad y hacer justicia por la sistemática violación de los derechos humanos durante la dictadura. Me refiero a la autoamnistía decretada por Pinochet y a la prescripción de la pena. 
Esos dos factores, particularmente el primero, el del decreto ley de la autoamnistía, se han constituido, más allá de los esfuerzos de algunos jueces corajudos, en impedimentos para hacer justicia y establecer la verdad, especialmente del paradero de los más de mil detenidos desaparecidos, después de más de 25 años o 30 años de haber sido detenidos por los servicios de seguridad. 
Sinceramente, no creo que se trate de un tema técnico jurídico. En mi opinión, es un tema ético y político que dice relación con las bases de la sociedad que queremos construir.
Ya lo decía un destacado líder de la Derecha chilena hace algunos días, en un documento muy de fondo, cuando señalaba que la única manera que tenían de volver a enraizarse en la historia y en los fundamentos republicanos más profundos era despejar, de una vez por todas, las implicaciones que su sector político tuvo con ese lado oscuro de diecisiete años de dictadura militar.
Sin embargo, es impactante constatar, una vez más, que ésta es la única Derecha en el mundo, el único sector político en el mundo que, terminada una dictadura militar, terminada una noche larga de sistemáticas violaciones de los derechos humanos e iniciada la transición, con sus necesarios destellos de luminosidad y de claridad, sigue apegada a la dictadura y a la defensa de los principales crímenes que en ella se cometieron. No ocurrió así en Argentina, en Uruguay y en Brasil; tampoco, en la España de Franco o en el Portugal de Salazar. En aquellos países, terminadas las dictaduras y puestas las sociedades frente a la evidencia de las dramáticas violaciones de los derechos humanos, no quedó ningún sector político que estuviera en disposición anímica, sicológica, política o ética de seguir defendiendo los crímenes cometidos. Chile es la excepción en el mundo, y las personas como Alberto Cardemil u otras que han intervenido en esta Sala también lo son, porque siguen defendiendo a Pinochet, a Manuel Contreras, a Pedro Espinoza y cada uno de los agentes de la Dina y de la CNI que cometieron atroces crímenes de manera sistemática. Eso es lo que ha hecho el señor Cardemil en su intervención: quiere enredarnos en una discusión jurídica para que no se vaya a juzgar a Pinochet, a Manuel Contreras ni a ninguno de los agentes de la CNI por los crímenes cometidos, a diferencia de lo que están haciendo los tribunales de justicia. Al señor Cardemil todavía no le impacta que en Chile se haya lanzado al mar a personas vivas amarradas a rieles. Se que eso le da vergüenza, porque veo que abandona la Sala; pero eso es lo que él tiene que saber. ¡Con su apoyo, señor Cardemil, con su apoyo ético fueron lanzadas al mar personas vivas! Eso es lo que ocurrió en Chile.
El señor CARDEMIL.- Déme una interrupción, señor diputado. 
El señor AGUILÓ.- Se la voy a dar de inmediato, pero le pido que el coraje de quedarse cinco minutos sentado y escuchar lo que ocurrió en Chile. Mientras usted fue autoridad…
El señor CARDEMIL.- En qué participé.
El señor AGUILÓ.- No tengo ninguna razón para decir que usted haya participado, ningún dato; simplemente, digo que usted está apoyando políticamente aquello que ocurrió.
Señor Cardemil, lea y reflexione lo que ha dicho Joaquín Lavín. Hay una reflexión que hacer, y no quiero ganar ningún punto en una discusión absurda y fácil para nosotros. 
El señor CARDEMIL.- Déme una interrupción y le contesto.
El señor AGUILÓ.- Déjeme terminar y le doy la interrupción. Quiero decirle que nos hagamos cargo de mirar al país. Tenemos que ponernos de acuerdo en que no pueden volver a cometerse ese tipo de crímenes ni por agitación social, ni por apropiación de campos ni por intervención de fábricas, porque nada justifica crímenes tan atroces. Y para que tengamos conciencia efectiva de ello, tenemos que hacer justicia y verdad. Pero, para hacer justicia y verdad, hay que remover los obstáculos y esos obstáculos, señor Cardemil, son la amnistía y la prescripción, a través de este proyecto de ley y no seguir defendiendo a los criminales de lesa humanidad. El señor Cardemil, con su intervención seudojurídica, sigue defendiendo a cada uno de los agentes de la Dina y de la CNI que torturaron, que mataron, que asesinaron, que degollaron y que lanzaron al mar a personas vivas amarradas a rieles Eso es lo que ocurrió durante la dictadura y, al respecto, tenemos que hacer justicia, señor Cardemil.
Les pido a los diputados de Derecha que reflexionen, no sobre lo que nosotros decimos sino sobre lo que dice Joaquín Lavín, a quien le creo. Creo honestamente que las reflexiones de Lavín son de fondo; creo honestamente que él piensa que durante la dictadura militar se cometieron muchos crímenes; creo sinceramente que él piensa que durante ese período hubo cosas respecto de las cuales la Derecha debe reflexionar y hacerse una autocrítica.
Espero que apoyemos el proyecto unánimemente; no nos refugiemos en consideraciones juridicistas que no van al tema de fondo, cual es dejar atrás una etapa negra de nuestra historia. Pero, para ello, hay que abandonar cualquier defensa de aquellas personas que cometieron tan deleznables crímenes. Por eso, señor Cardemil, lo llamo a votar favorablemente el proyecto.
Con su venía, señor Presidente, concedo una interrupción al colega Cardemil. 
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Le ruego que se dirija a la Mesa y no a un diputado en particular.
El señor AGUILÓ.- Así procederé en adelante, señor Presidente.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Por intermedio del señor Presidente, deseo expresar al distinguido colega Aguiló que esperaba argumentos más sólidos e inteligentes de su parte, en lugar de la retahíla de exabruptos a que nos tiene acostumbrado el sector de la Izquierda que está llevando al país de nuevo a recorrer el mismo ciclo de inestabilidad y de agitación política y social que ya conocimos.
Tengo muy claro que durante el gobierno militar no me dediqué a matar ni a lesionar a nadie, sino que, como tantos otros chilenos, civiles y militares, a reconstruir un país destrozado por la acción terrorista de la Izquierda, la misma que hoy saca la voz y trata de erigirse en Catón y en juez moral del resto de los chilenos, lo que es inaceptable. Si ustedes no creen en la amnistía y en la irretroactividad de la ley penal, que son instituciones del estado de derecho de cualquier país decente y civilizado, propongan un proyecto de ley. Entiéndanse con sus socios democratacristianos, muchos de los cuales son gente decente, seria y formada en las mismas escuelas de derecho en que han estudiado los chilenos que tiene la prudencia como norma de conducta. Pónganse de acuerdo sobre lo que van a hacer. Cuando presenten el proyecto de ley, nosotros tendremos que resolver sobre el mismo.
También quiero decir al honorable diputado Aguiló, a través de la Mesa, que me parecía que teníamos una buena relación parlamentaria. Sin embargo, no le acepto este tipo de imputaciones veladas. Como tantos chilenos, me dediqué a reconstruir el país. El gobierno militar tuvo dos lados, como muy bien lo dijo Joaquín Lavín: uno, de reconstrucción, de fundar una institucionalidad, que ustedes han mantenido y que todavía está vigente, y otra, respecto de la que asumo lo que ustedes nunca han sido capaces de asumir: mi responsabilidad política, la misma que le pedimos a los ex presidentes y a los ex y actuales ministros de la Concertación por los robos que han escandalizado Chile.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Puede continuar con el uso de la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, en primer lugar, coincidimos en una cosa con el diputado Cardemil. Efectivamente, el Partido Demócrata Cristiano y todos sus parlamentarios son muy decentes.
En segundo lugar, quiero decir al señor Cardemil, por intermedio de la Mesa, que estos dos proyectos de ley han sido copatrocinados por parlamentarios democratacristianos, por lo que son de la Concertación en su conjunto.
En tercer lugar, deseo expresar al señor Cardemil que esos exabruptos tienen que ver con lo que se hizo durante la dictadura. Dígame si alguna de las afirmaciones que he hecho no ocurrieron durante la dictadura, como el asesinato o el degollamiento…
El señor LEAL (Presidente).- Diputado Aguiló, diríjase a la Mesa.
El señor AGUILÓ.- Tiene toda la razón, señor Presidente.
Quiero que el señor Cardemil se refiera a los hechos que queremos investigar, a los mil detenidos desaparecidos que aún estamos buscando en los desiertos, en los mares o en las costas. Sus familias tienen todo el derecho a una respuesta; de eso estamos hablando. No he dicho que el señor Cardemil haya participado personalmente como cómplice o encubridor en algún delito; no me consta ni tengo ninguna razón para afirmar eso. Lo que dije es que estaba defendiendo políticamente en esta Sala algo que también está haciendo el resto de la Derecha y que no ha hecho ninguna derecha en el resto del mundo a quienes cometieron crímenes durante la dictadura. Eso no lo hizo ningún sector político en Argentina, Uruguay, Brasil, España o Portugal. A eso me estoy refiriendo. Extraña que haya figuras políticas, como el señor Cardemil y otros, que siguen defendiendo a Pinochet y a quienes cometieron graves delitos en contra de los derechos humanos, que todavía no tengan conciencia de que es imprescindible hacer verdad y justicia.
Por eso mismo, termino diciendo que, como señaló Joaquín Lavín, todos los chilenos concordamos en un aspecto: nunca más se pueden violar estos derechos humanos; para lograrlo hay que investigar y hacer justicia. Ese día estaremos de acuerdo en un punto, que es garantizar la paz, la tranquilidad y la estabilidad a las futuras generaciones de chilenas y chilenos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, pretendo dar un enfoque distinto al tema que estamos discutiendo.
Desde luego, vamos a aprobar el proyecto. De hecho, los tres diputados democratacristianos de la Comisión de Derechos Humanos lo votaron a favor, de tal manera que no hay ninguna confusión respecto de nuestro apoyo a la iniciativa que interpreta el artículo 93 del Código Penal.
Es evidente que existe la necesidad imperiosa de legislar al respecto. Más que la Alianza por Chile, somos nosotros, la Concertación, los que tenemos la obligación y el deber, que no hemos cumplido hasta la fecha, de legislar respecto de esta materia, porque está contenido dentro de nuestro programa de Gobierno. Es la oportunidad de hacerlo.
Desde luego, siempre afloran problemas constitucionales cuando se aborda este tipo de materias; ha sido un mal endémico en nuestra democracia cuando queremos legislar sobre determinados temas que nos encontremos con los llamados quórum altos, quórum orgánico constitucional o quórum calificado, y ahí no más quedamos. Así ha ocurrido en la Comisión de Derechos Humanos, donde se han presentado varios proyectos de ley sobre estos temas, los que ni siquiera se descubrieron por el temor de que fueran rechazados por la Cámara de Diputados o por el Senado, debido a problemas de constitucionalidad. No obstante, considero que los problemas constitucionales son menores a los que pueden imponer un tratado internacional o los mismos derechos humanos. A lo mejor, nuestra legislación es moderna en diferentes aspectos, pero no está al día en lo que se refiere a amnistía y prescripción en materia de derechos humanos.
Por otra parte, hay una realidad dura e inevitable, que se refiere a la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto en contra de Chile, en la que se señala que no se podrá volver a aplicar el decreto ley N° 2191 en nuestro país. Aun cuando no hemos ratificado dicho instrumento, resulta indudable que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad corresponden a la categoría de norma de derecho internacional general, que no nace con tal convención, sino que está reconocida en ella misma. Consecuentemente, Chile no puede dejar de cumplir esta norma imperativa.
Estos son los supuestos, estas son las bases sobre las que debe centrarse la discusión en materia de derecho constitucional, de derecho internacional y de derechos humanos.
Al respecto, quiero señalar que los derechos humanos son prerrogativas consustanciales a la persona humana. Su existencia es anterior al Estado y viene con el hombre mismo; el Derecho sólo se limita a reconocerlos.
A través de la Historia se han violado los derechos humanos, y la humanidad ha presenciado el triste espectáculo que ello ha significado. En tiempos primitivos en que el derecho recién aparecía o no existían vestigios de él, con tibias normas que no cubrían su protección ni su amparo, el hombre comienza ha reaccionar preocupándose de ello. Sólo a mediados del siglo veinte se advierte un movimiento para obtener la protección internacional de los derechos humanos, para salvaguardar su protección internacional como reacción y respuesta a la acción del Estado trasgresor. Comienza a surgir una serie de normas que hoy tienen real vigencia.
Los tratados internacionales que van surgiendo son un baluarte y vienen a llenar la omisión de las instituciones de ese Estado por su incapacidad de prever, proteger y castigar la comuna de esos hechos por agentes de ese Estado que en conceptos resultan nuevos, como el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es, entonces, la fuerza de los Estados que confluye para insertar normas que pasen a formar parte del ordenamiento jurídico de cada uno de ellos. 
Hemos aprendido que los derechos humanos son universales, absolutos, irrenunciables, imprescriptibles, inamnistiables e irrenunciables. Y los delitos contra los derechos humanos, como los crímenes de guerra y de lesa humanidad, son de superior categoría en términos de gravedad, porque importan acciones deliberadas que, llevadas a cabo de manera sistemática, masiva y brutal, implican atentar contra los más elementales derechos del hombre, como la vida misma.
Tanto como promover los derechos humanos, resulta importante prevenir su violación y castigar su comisión. En la medida que se conozcan sanciones drásticas, se frena su violación.
Dentro de los deberes que el derecho internacional impone, aparte del de abstenerse de conculcar los derechos humanos está el de garantizarlos o protegerlos y el de prevenir las conductas antijurídicas que los afecten, las que, de producirse, deben investigarse para juzgar y sancionar a los verdaderos culpables e indemnizar a las víctimas. La amnistía y la prescripción impiden este deber. Hoy día esos delitos aparecen como amnistiables. Creemos que por su naturaleza, su responsabilidad y sanción deben perseguirse en todo espacio y en todo tiempo. Los tratados internacionales, que son consecuencia de la convicción y de la experiencia de los Estados en esta materia, obligan al que lo suscribió y, por lo tanto, el derecho interno debe adecuarse a éstos y el legislador conciliar las normas pertinentes.
Eso es lo que ocurre en nuestra legislación. No hemos sido capaces de adecuarla, aunque ello debe presumirse por la categoría superior de los derechos humanos y establecer que estos delitos no son prescriptibles ni amnistiables.
Se reconoce claramente la primacía de los principios del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en orden a la inamnistiabilidad e imprescriptibilidad de los crímenes tipificados por sus normas. No se transgrede el principio de legalidad, ya que esta prohibición es preexistente en nuestro derecho. Sólo se está tratando de evitar interpretaciones erróneas, obsoletas o inadecuadas. El artículo 93 se refiere a delitos comunes. No quedaban dentro de estas disposiciones los crímenes de guerra o genocidio. Se trata, entonces, de establecer explícitamente esta mención de imprescriptibilidad, una ley interpretativa, una ley que señale, como lo indica el proyecto: “Lo dispuesto en los números 3, 4, 6 y 7 del artículo 93 del Código Penal no regirá respecto de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, contemplados en los tratados internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes.” 
Estimamos se presentará una indicación que este proyecto no sólo resulta de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, sino de las obligaciones que se deduzcan del concepto, de los principios o de la filosofía internacional en materia de derechos humanos.
No se trata de abrir un dique para una persecución o revancha, sino sencillamente de adecuar nuestra legislación a los principios y tratados internacionales que conjugan un lenguaje único en materia de derechos humanos.
El artículo 93, si bien no excluye la amnistía y la prescripción como extinción de la responsabilidad penal, lo presume, porque el derecho natural está implícito, y hay que explicitarlo. El código de 1875 no lo incluyó. Se trata entonces, de explicitar lo que es obvio.
El derecho natural no puede ser contrariado por el derecho positivo; tiene que existir una compatibilidad.
Una ley de amnistía generalmente es dictada por los Estados después de la guerra con el único objetivo de lograr la pacificación. En la época de las guerras civiles en nuestra República la dictaron los gobiernos posteriores a ellas.
La actual ley de amnistía es una autoamnistía que no tiene fundamentos. Más que los tratados internacionales deben primar los principios internacionales, y a ellos debe adecuarse nuestra legislación interna, ojala anticiparse a sus ratificaciones. Como dice don Eduardo Novoa Monreal “el desaparecimiento de personas, realizado en forma masiva y sistemática, constituye un hecho para cuya prevención y represión no resultan bastantes las disposiciones tradicionales de normas internacionales y de preceptos penales internos.” Las implicancias jurídicas, por el vasto número de sujetos afectados y las deliberadas dificultades que el hecho mismo pone a su esclarecimiento y punibilidad, son razones suficientes, al decir de este gran jurista, que cuando se lleva a efecto en un país en forma masiva y sistemática debe ser calificado jurídicamente como un delito en contra de la humanidad, con el fin de que le sean aplicables todas las reglas concernientes a este último, entre las obligaciones de plena colaboración internacional para su persecución y castigo, amplias posibilidades de extradición y la imprescriptibilidad de la responsabilidad consiguiente.
Por último, los derechos humanos son prerrogativas consustanciales a la persona humana,y su existencia incluso es anterior a la creación del Estado y del ordenamiento jurídico; traspasan los espacios, los países, los continentes. En todas partes el derecho natural del hombre es uno: el derecho a la vida y a la dignidad; ellos son y han sido iguales en toda época y se castigan sin limitación de tiempo.
Por ello, considero de justicia aprobar este proyecto de ley en los términos en que está señalado, porque es una necesidad, una obligación y una lógica poner al día nuestra legislación en este tipo de materias.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Felipe Ward.
El señor WARD.- Señor Presidente, a raíz del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid, se ha reavivado el debate público en torno a la aplicación del decreto ley sobre amnistía, de 1978, y la prescripción en caso de delitos calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Respecto del primer caso, se han hecho propuestas que van desde la derogación, declaración de nulidad, a la interpretación como en el caso de las mociones en comento, que han sido refundidas en una sola de normas penales que impedirían su aplicación.
Cualquiera de ellas resulta negativa, específicamente la iniciativa en discusión, porque se produce un efecto en el estado de Derecho chileno, se contraviene manifiestamente la Constitución y hay una contradicción en los fundamentos usados para la interpretación.
En efecto, por la vía de una ley interpretativa se pretende establecer la imprescriptibilidad e imposibilidad de amnistiar delitos de guerra y de lesa humanidad, independiente del momento en que se hayan registrado tales hechos.
De hacerse una modificación a la ley, ésta sólo podría ser aplicada a hechos futuros, en concordancia con el principio de irretroactividad de la ley penal establecido en el número 3 del artículo 19 de la Constitución. Por el contrario, una ley interpretativa puede tener efecto retroactivo, toda vez que su sentido es aclarar o precisar alguna norma o concepto que tuvo el legislador al momento de promulgar la ley pero que por alguna razón no quedó explicitada de manera adecuada en el texto legal.
La propuesta de interpretación del Código Penal que se hace a través de la presente iniciativa no cumple con dicho sentido, toda vez que busca precisar una norma consagrada en dicho cuerpo legal desde su aprobación, a fines del siglo diecinueve, época en que claramente no existía debate ni jurisprudencia en torno a temas como los delitos de guerra y de lesa humanidad; por supuesto, me refiero a la discusión que en la actualidad produce esta materia. Por tanto, resulta imposible que el legislador hubiese considerado una materia que no existía en el derecho internacional ni en el derecho interno. 
En el número 16 del artículo 63 de la Constitución se establece que las leyes que concedan amnistías e indultos generales sólo requerirán para su aprobación de quórum calificado o de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio, según sea el caso.
El objetivo que pretenden estas mociones, en orden a limitar la aplicación de la amnistía, no puede ser llevado a cabo mediante una mera interpretación del Código Penal, sino que debe hacerse a partir de una reforma constitucional.
Por otra parte, el número 3 del artículo 19 de la Constitución asegura a las personas: “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”. Éste es un principio universal de derecho recogido en la Carta Fundamental, por lo que cualquiera reconsideración al respecto debe ser hecha mediante una reforma constitucional. 
Atendida la evolución que ha tenido la protección de los derechos humanos, la eliminación de la amnistía y la prescripción en caso de crímenes de guerra y de lesa humanidad podrían considerarse como un objetivo futuro. Sin embargo, la interpretación propuesta busca su aplicación a casos ocurridos en el pasado, lo que atenta por mencionar algunos aspectos importantes contra el estado de Derecho, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la justicia y el orden constitucional. Por lo demás, los tribunales de justicia chilenos cuentan con los medios legales necesarios para interpretar tanto la legislación nacional como los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y lo han estado haciendo sin necesidad de modificar las disposiciones legales.
La interpretación propuesta se refiere a los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Éstos, a su vez, consideran una serie de conductas específicas, como la tortura, el secuestro y la detención ilegal. En este sentido, al menos deberían considerarse las conductas específicas a las que se aplicarían las restricciones propuestas, ya que las referencias a los crímenes de guerra y de lesa humanidad son en alguna forma generales y dentro del derecho internacional están abiertas a modificaciones en cualquier momento, por lo que no deberían quedar sujetas a interpretación o modificación alguna.
Si bien la sentencia general del derecho internacional es restringir la aplicación de la amnistía en determinados casos, dada su gravedad y efectos de largo plazo, cabe cuestionarse si es adecuado establecer la limitación absoluta de la amnistía para determinados casos o simplemente a todo evento.
Si bien su especialísimo carácter hace pensar en dicha determinación como la más adecuada para prevenir crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo cierto es que existen situaciones en que la promulgación de una ley de amnistía constituye una medida que realmente colabora con la reconciliación de las partes en conflicto, como ocurrió con Sudáfrica. 
En definitiva, las medidas para prevenir las violaciones a los derechos humanos requieren también de una visión de futuro.
El proyecto interpretativo que se propone carece de un sentido de paz social y progreso, toda vez que en la práctica busca la reapertura de casos ya juzgados. Se debe destacar que mientras los autores de estas mociones promueven el juzgamiento de hechos pasados dados en un contexto sumamente particular y específico, al mismo tiempo, proponen medidas para disminuir las conductas calificadas como terroristas ocurridas en plena democracia, facilitando así la aplicación del indulto y la prescripción de la responsabilidad penal.
Por último, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interferido en este debate. Eso es indudable. Juristas de las más diversas tendencias han hecho ver los problemas que tiene para el estado de Derecho y el actuar de los tribunales la derogación de la ley de amnistía y la eliminación de la prescripción en la evolución de casos de derechos humanos que se están investigando por distintas instancias.
Finalmente, se debe tener en consideración que el Gobierno está estudiando una medida respecto del tratamiento de los delitos contra los derechos humanos que toma en cuenta el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso Almonacid, por lo que, en nuestra opinión, es razonable esperar su pronunciamiento en esta materia antes de seguir adelante con el tratamiento y despacho de esta iniciativa.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente, el diputado Alberto Cardemil ha señalado que la Izquierda no cree en la amnistía, lo que es un error. Nosotros creemos en la amnistía que nace en un estado de Derecho, que se genera en un gobierno democrático, en el Congreso Nacional de un país para pacificar situaciones derivadas de conflictos anteriores, pero sin dejar impune los crímenes contra la humanidad, porque eso va contra las normas más elementales. No somos como pretende imputarnos el señor Cardemil casi una suerte de primitivos.
Por otra parte, él ha dicho que se crea inestabilidad. Pero ¡por favor! Decir que hablar sobre cómo hacer justicia puede generar inestabilidad es algo realmente inaceptable. Se trata de hacer justicia por la perpetración de crímenes muy graves, no de tomar un tema tan delicado con una pasión irracional.
Pensé que hoy íbamos a tener un debate de gran altura. En estos días, la Alianza por Chile ha hablado mucho de ética, de probidad y de transparencia, razón por la cual pensaba que iba a dar buenos argumentos, precisamente, en apoyo al proyecto de ley en discusión. Pero, al parecer, sólo le interesa la ética en cuestiones de dinero. Por supuesto, en esos casos también hay que aplicarla, pero es en esta ocasión cuando hay que ser mucho más estricto porque estamos hablando de vidas humanas, de un exterminio prácticamente masivo de personas, del uso de un aparato represivo del Estado. De eso estamos hablando.
Hay una cosa clara para todo el mundo civilizado: no se puede aceptar una amnistía que, en el fondo, lo único que pretende es dejar impunes crímenes de lesa humanidad, y no procede hacerlo, en virtud de todos los acuerdos internacionales a los cuales hemos adherido. Entonces, lo que se quiere con esta moción es, simplemente, que se haga justicia en nuestro país y que nos adecuemos a los acuerdos internacionales que hemos suscrito y que hemos incorporado en nuestra legislación. Se trata de que nuestra legislación se cumpla y, por lo tanto, no aceptar que en virtud de una amnistía se pretenda dejar sin castigo los crímenes contra la humanidad.
Creo que respecto del decreto ley N° 2191, sobre amnistía, tenemos dos alternativas. En primer lugar, interpretarlo conforme al bloque constitucional de derechos y en armonía con el derecho internacional. Por lo tanto, desde ese punto de vista, su interpretación debe hacerse excluyendo los delitos de lesa humanidad y las graves infracciones al derecho internacional imperativo, ya que es dable presumir que el legislador no ha intentado derogar el derecho internacional consuetudinario y soslayar el derecho imperativo.
En segundo lugar, considerar que dicho decreto fue establecido con deliberada mala fe por un gobierno de facto, con el objeto de incumplir las obligaciones internacionales para favorecer a un grupo de sus partidarios. Ante este escenario, tendríamos un solo camino: declarar que esta amnistía es nula. 
Entonces reitero, tenemos dos alternativas: primero, interpretar la norma conforme a nuestra legislación, que ha incorporado diversos tratados internacionales, interpretación que no se aplica a los crímenes de lesa humanidad, y, segundo, declarar que ésta es una amnistía reprochable e inmoral, dictada durante un gobierno de facto, razón por la cual es nula.
Esta moción es un gran paso y, por lo tanto, la vamos a apoyar porque es una de las alternativas que tenemos, sin perjuicio de que después lleguemos a un acuerdo en el Congreso Nacional en cuanto a que la nulidad tendría un mayor apoyo y que, por cierto, seguiremos ese camino. La cuestión es que se respeten las normas internacionales, el estado de Derecho y, finalmente, se haga justicia y logremos que los autores de crímenes horrendos paguen conforme a lo que debe ser la justicia en cualquier parte del mundo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, ante todo, quiero expresar mi más profundo rechazo a la prescripción y a la impunidad de todo delito que contravenga los derechos humanos, conforme a su estatuto de ius cogens, artículo 53 de la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados. La prohibición de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad es absoluta, inderogable e imprescriptible; obliga a todos los Estados y no admite acuerdo en contrario, por lo que su transgresión no puede ser objeto de amnistía o indulto, ya que los derechos fundamentales no admiten supresión, ni siquiera bajo estados de excepción.
Además, es un hecho que los crímenes de guerra y de lesa humanidad tienen carácter imprescriptible e inamnistiable, lo que ha sido reiterado por los Convenios de Ginebra, de 1949, por la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968; por la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de 1992; por la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, de 1994; por el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, de 1998, y por el Proyecto de Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Por consiguiente, la obligación de no cometer estos crímenes estaba vigente ya en 1973. Por último, el Estado chileno es signatario de la Carta de las Naciones Unidas y, por lo tanto, es parte del sistema universal de salvaguardia y protección de los derechos humanos.
Por eso, ante la honorable Cámara declaro que ningún Estado, por tratarse de un delito de acción pública ejercida en interés de la comunidad, puede renunciar a la persecución de estos crímenes, estableciendo plazos u otro tipo de artificios técnicojurídicos como una ley de amnistía. Esto es, incluso, condenado por las propias normas internacionales que se dio a sí misma la dictadura.
Debo recordarles que la junta de gobierno reafirmó su compromiso frente a la comunidad internacional, al suscribir con su voto los principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, adoptados por la asamblea general, el 3 de diciembre de 1973, cuyo numeral 8° señala: “Los Estados no adoptarán medidas legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído, con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.”
Por eso, apoyo la idea de legislar sobre esta materia, pero dejo constancia, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, de que voy a presentar indicaciones al artículo único, fundamentalmente por dos razones: primero, porque su redacción no es enteramente interpretativa, pues utiliza conceptos más bien normativos como “regirá”, y segundo, porque el artículo se circunscribe única y exclusivamente a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, contemplados en los tratados internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes, dejando de lado el derecho internacional consuetudinario convencional, principios que derivan del derecho y de las normas ius cogens, en materia de crímenes de guerra o de lesa humanidad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Antes de continuar con el debate, quiero señalar que acogemos con mucho cariño el regreso a sus actividades de nuestra colega Claudia Nogueira, quien se encuentra muy bien, razón por la cual ha reducido su permiso posnatal.
(Aplausos).
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, algunos diputados han intentado dar argumentos jurídicos, otros han dado argumentos políticos y otros, como el diputado Aguiló, argumentos fundamentalmente morales, en una discusión que es muy importante.
En realidad, creo que pocas veces en el Congreso Nacional hemos estado ante proyectos de ley que tienen que ver con algo tan importante como es la justicia. Sé que los colegas van a dar argumentos jurídicos, políticos o morales, según su conveniencia. Pero ésta es una discusión que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo; pero recién ahora se nos presenta la oportunidad.
El tema es muy simple: ¿Estamos o no estamos dispuestos a hacer justicia en Chile? ¡No se trata de otra cosa! Podemos esgrimir muchos argumentos, pero todos se reducen a si queremos que en Chile se haga justicia.
Los que queremos que se haga justicia, tenemos muchos argumentos; los que prefieren que las cosas queden tal como están, también tienen muchos argumentos. Cada uno los calificará de buenos o malos, correctos o incorrectos, constitucionales o inconstitucionales. El punto es si estamos dispuestos a aceptar lo que ocurrió como hecho de la causa o queremos seguir luchando hasta que se haga justicia en Chile.
Tengo una inquietud que expresaré de inmediato: soy de los que dudan del efecto práctico de todo esto. Todos los parlamentarios y el mundo de la Concertación estamos de acuerdo en que no queremos los efectos de la ley de amnistía ni de la prescripción, y en que lo que más ha dañado nuestra convivencia social ha sido sustraer de la impunidad, gota a gota, algo de justicia, pero con mucho esfuerzo. Otros pretenden que a través de la ley de amnistía o de la prescripción se extinga la responsabilidad penal. ¿De quiénes? De los culpables de violaciones a los derechos humanos tan graves como señaló el diputado Aguiló que vivimos en nuestro país.
La Concertación está de acuerdo en que los efectos no corresponden a una sociedad democrática ni al valor que le damos a la justicia. No queremos esos efectos. Queremos justicia.
Lamentablemente, no hemos logrado convencer a nuestros colegas de la Derecha. Sé que muchos de ellos quisieran sacarse de su mochila el lastre que les ha significado haber formado parte del gobierno militar. Hay otros que se sienten bien por ello, incluso orgullosos, lo que no es bueno. Podrán sentirse orgullosos de haber formado parte del régimen militar es un momento de la historia personal de cada uno; pero nadie puede sentirse orgulloso de las muertes, ni de las torturas ni de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Ya lo dijo el diputado Aguiló y no quiero repetirlo.
En los últimos años me he dado cuenta de que a muchos dirigentes jóvenes de la Derecha les incomoda mucho la historia de las violaciones a los derechos humanos, porque ha generado división en nuestro país.
Por su parte, la Derecha ha perdido elecciones fundamentalmente porque no ha reconocido que las violaciones a los derechos humanos nunca debieron haber ocurrido; jamás ha aceptado su responsabilidad política y, lo que es más grave, nunca ha asumido que los culpables debían ser llevados ante la justicia.
Pensé que ésta era una buena oportunidad para remediar la situación, pero después del discurso del diputado Alberto Cardemil siento que nos retrotraemos y volvemos al tema personal.
El señor HALES.- Es que él era funcionario del gobierno militar.
El señor ASCENCIO.- Creo que hay un espacio en el mundo político para seguir reflexionando sobre la materia. La Derecha tiene la oportunidad de meditar al respecto; pero depende de ellos, no de nosotros.
Dije que tenía una duda sobre los efectos prácticos de entrometernos en lo que ha ocurrido para bien en nuestro país.
En realidad, los culpables, sus amigos y sus defensores quieren impunidad. Eso es claro. Nosotros luchamos por la justicia. Con nuestro esfuerzo hemos construido un mundo bien distinto, gracias a un conjunto de abogados de derechos humanos que ha trabajado de modo permanente con las agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos, quienes, de alguna manera, han impedido que los efectos de las leyes de amnistía y de la prescripción puedan hacerse efectivos, con la consecuente extinción de las responsabilidades penales.
Para ser franco, es notable lo que la justicia chilena ha avanzado en la materia: está preso el jefe de la inteligencia del gobierno militar; en casi todos los juicios se ha esclarecido la verdad; está preso, por primera vez, el número uno del gobierno militar, el general Pinochet, por delitos derivados de violaciones a los derechos humanos; antes lo estuvo por delitos económicos.
Eso es notable, pero igual la Concertación quiere justicia. Algunos pensábamos que quizás era mejor no involucrarse, porque los tribunales estaban haciendo bien su pega; he ahí mi duda. Pero si trasladamos la discusión al campo netamente político y moral, ahí no tengo ninguna duda.
Para la Concertación, es extraordinariamente necesario que avancemos en orden a derogar, anular o interpretar la legislación. Aquí se ha optado por la vía de la interpretación. Unos pueden decir que el proyecto no es interpretativo, sino normativo. Está bien. Otros seguiremos sosteniendo que es interpretativo de una ley de amnistía que para algunos casos puede resultar buena, si cumple el objetivo de pacificar; pero que es absolutamente negativa si su propósito es la impunidad o el autoperdón.
La ley de amnistía no ha servido para pacificar, sino para autoperdonarse, para evitar que los culpables de la dictadura sean llevados a los tribunales. No confundamos las cosas.
Tengo otra duda. Por eso presenté una indicación. Cuando se dice que lo dispuesto en los numerales del artículo 93 del Código Penal no rigen respecto de crímenes de guerra y de lesa humanidad contemplados en los tratados internacionales suscritos por Chile que se encuentran vigentes, ahí el argumento del diputado Alberto Cardemil, desde el punto de vista jurídico, podría ser pertinente, porque hay algunos tratados que no están vigentes o no fueron ratificados. Ese argumento, desde el punto de vista jurídico, es razonable. Hay que enfrentar eso, no evitarlo. Por eso, presenté una indicación para reemplazar esa frase por la siguiente: “Lo dispuesto en el artículo 93 del Código Penal no rige respecto de los crímenes de guerra y de lesa humanidad contemplados en las normas internacionales que vinculan a Chile.” Y ahí los incorporo absolutamente a todos, porque elimina la excusa para encontrar un argumento jurídico que pretenda que los culpables no lleguen a los tribunales.
Debemos eliminar todas las barreras que pretenden evitar el establecimiento de la responsabilidad penal de los culpables. Eso es lo que nos corresponde, no tenemos otra alternativa. No tiene sentido mencionar una cantidad de argumentos jurídicos, ni entrar en asuntos de doctrina, ni citar autores que avalan un mal propósito, cuando la pregunta, al igual que al comienzo, es muy simple: ¿queremos o no queremos justicia? ¿Queremos un país construido sobre la base de la verdad y de la justicia o sobre la base de la mentira, de una sociedad hecha a la fuerza, donde los poderosos se impusieron sobre los débiles? Definitivamente, eso no le hace bien absolutamente a nadie.
En cuanto a la amnistía, creo que está francamente superada. Son pocos los casos en los que los tribunales han aplicado la ley de amnistía y, como católico, doy gracias a Dios, porque son pocos los casos en que dicha ley ha terminado extinguiendo la responsabilidad penal.
Para terminar, creo más en la confianza que debemos tener en los tribunales, de modo que, sobre la base de cierta doctrina judicial, que a algunos dirigentes políticos de la Derecha no les parece, fundamentalmente en lo que dice relación con el delito continuo o permanente, puedan seguir haciendo justicia como lo han hecho hasta ahora, porque a mi juicio han actuado relativamente bien. Sin embargo, desde el punto de vista político, me parece importante apoyar la iniciativa. 
Entiendo que el proyecto volverá a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, donde podrá ser perfeccionado.
En mi opinión, se debe seguir machacando la idea de que Chile requiere justicia y no impunidad, y eso vale para todos los que construyen este país, estén en el lugar en que estuvieren.
He dicho. 
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, a pesar de los deseos del colega Aguiló, es preciso que se muestren las dos caras de la moneda, porque cuando se presenta una sola cara, significa que nos estamos mintiendo todos, como sociedad, y entonces comienza a ocurrir lo que hasta aquí hemos visto. Lo que observamos hoy es la expresión de una opinión, legítima por cierto, pero que en lo personal no sólo no comparto, sino que, a mi juicio, transgrede la verdad histórica.
Por otra parte, el proyecto busca modificar disposiciones constitucionales, en circunstancias de que, en conformidad al ordenamiento positivo, no es posible que una norma de rango inferior pueda modificar una de rango superior. Por lo tanto, se trata de una iniciativa de ley que, como han reconocido todos quienes han hecho uso de la palabra, desde el punto de vista constitucional es a lo menos discutible. 
Pero quiero llegar a algo más, si me lo permiten los colegas De Urresti y otros. 
Parto por señalar que, al parecer, para algunos Chile nació el 11 de septiembre de 1973 y antes nunca ocurrió nada. Quien habla tenía 14 años en esa época y, a pesar de su corta edad, se daba cuenta de la forma como el país, nuestro amado Chile, se encontraba destruido por la odiosidad de clases encarnada en las ideas que defendía mi querido colega Aguiló. En ese entonces, hubo violencia y odio de clases, y la democracia que hoy todos alabamos, muchos no la querían, porque quienes tenían el mismo pensamiento del colega Aguiló en esa época, decían que era una democracia burguesa y que había que destruirla. Por lo tanto, para ellos todo era lícito, incluido el uso de las armas. Varios de los que están enfrente estuvieron por la vía de usar las armas.
Para algunos, parece ser que el gobierno militar y los militares bajaron de Venus, de Júpiter o de alguna otra parte y que hicieron lo que hicieron en contra de todos los chilenos. ¡Dejémonos de historias y de contar mentiras! ¿O acaso nadie recuerda que el ex Presidente de la República y ex Presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, mediante la famosa carta a Mariano Rumor, justificó la intervención de los militares? Si quieren, la puedo leer varias veces. Además, les puedo leer otros documentos, como el libro “De la vía chilena a la vía insurreccional”, de Genaro Arriagada, y los acuerdos de la Cámara de Diputados de agosto de 1973, en que se reconoce que el Presidente de la República de la época estaba al margen de la Constitución y de las leyes.
Entonces, ¡de qué estamos hablando! En Chile hubo una odiosidad tan grande que, lamentablemente, perdura hasta el día de hoy. En verdad, nadie puede justificar crímenes; pero no sólo los crímenes de un lado, pues señores, sino ningún crimen. En consecuencia, no se puede y no se debe justificar a los que mataron a carabineros o a cualquier otra persona. 
Sin embargo, con los ojos de hoy, se pretende juzgar un pasado en el que todos los chilenos tuvieron responsabilidad y se quiere hacer creer que la ley de amnistía sólo benefició a algunos. Se vuelve a mentir, porque todos saben que más de 500 personas partidarias del gobierno de la Unidad Popular gozaron de los privilegios que les concedió dicha ley.
Hoy, quienes pretenden derogar esa ley, justifican a los que, incluso en democracia, han usado la violencia terrorista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De venganza, de un odio que no logra ser disimulado. 
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra mostró una información de prensa en la que se da a conocer que el ex Presidente Pinochet se encuentra detenido. ¿Saben cuál es la razón? Porque se lo considera un peligro para la sociedad. Un hombre de 91 años es un peligro para la sociedad y, sin embargo, los terroristas no son considerados de esa manera y, a juicio de algunos, se debe pedir que salgan de la cárcel. ¿De qué estamos hablando? ¿O acaso estamos ignorando o queremos desconocer que la historia está constituida de hechos y que esos hechos no se pueden modificar? 
Si alguno de mis distinguidos colegas pretende con el proyecto de ley modificar determinados aspectos jurídicos de aquí en adelante, correcto, porque estamos en la misma idea. Pero todos sabemos que no buscan eso, sino, bajo el supuesto concepto de la justicia, pretenden obtener venganza. Cuando alguien dice que, gracias a Dios, es católico, olvida que quienes adherimos a esa religión debemos practicar el perdón no sólo para algunos, sino para todos.
No estoy dispuesto a votar a favor un proyecto de ley que no es otra cosa sino un subterfugio para seguir con una venganza enconada, para seguir haciendo lo que hasta aquí se ha obrado, es decir, no impartir justicia. Recordemos que justicia significa dar a cada cual lo que le corresponde. Sí, diputado Bustos; así es. Pero, reitero, aquí no se ha hecho justicia.
Ahora, por la vía del derecho, se está intentando torcer la historia y buscar la venganza. En resumen, se está intentando acomodar la historia a la pinta del que tiene la mayoría. 
¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer, pero eso no es verdad. ¿Es justicia? Tampoco es justicia. 
Al comienzo de esta sesión varios colegas se quejaron de que habían sido denostados infundadamente. Así lo dijeron ellos, y yo les tengo que creer. Sin embargo, al ex presidente Pinochet le han colgado no sé cuántos lingotes de oro sabiendo que es mentira y nadie ha dicho una frase de reconocimiento por la equivocación. Para eso falta grandeza.
Si queremos avanzar, de una vez por todas avancemos de verdad y con justicia, pero entendiendo que ella entrega a cada cual lo suyo, no sólo dando al lado que conviene.
La historia nos va a juzgar. Han transcurrido más de treinta años desde los hechos por todos conocidos. Y quiero recordar que las leyes de amnistía se han dictado en todas las épocas y en todos los países. En Chile se dictaron después de la revolución del 91. Con ellas se busca sólo la pacificación de los espíritus. 
Hoy sólo y exclusivamente se intenta borrar la historia. Pero la historia no puede ser borrada ni cambiada. La historia tiene hitos y esos hitos hay que reconocerlos.
Si alguien cree que hay que sancionar penalmente, me parece bien. Pero no se puede seguir buscando fórmulas con el fin de volver atrás para corregir aquello que no se puede corregir. 
Chile vivió desacuerdos terribles, Chile vivió desgobierno y anarquía, Chile vivió una época negra. A pesar de que tenía 14 años en ese tiempo, me pude dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque la Cámara de Diputados y la propia Corte Suprema fueron capaces de decirle al Presidente de la República que estaba actuando fuera de la Constitución y de las leyes. Si dos de los tres poderes del Estado le dicen a uno de ellos que está faltando gravemente a la Constitución, ¿de qué estamos hablando?
Chile se vio fracturado, pero Chile no nació con el gobierno militar. Los militares no vinieron de la estratósfera. Los militares son chilenos y chilenas con uniforme y quieren tanto a Chile como todos nosotros, porque no creo que alguien no sienta amor por Chile. Pero, ¡ojo!, una cosa es sentir amor por nuestro país y otra es reconocer las responsabilidades que todos hemos tenido, particularmente quienes ocasionaron, quienes provocaron el daño tan grande que significó para Chile una división enorme que hasta hoy existe. 
Quiero terminar invitando a mis colegas a que solucionemos el problema de una vez por todas, pero no sólo generando penas y sanciones para un sector. Resolvámoslo con grandeza, como debe resolverse, pensando en el bienestar nacional y no en las mezquinas rencillas personales y en los viejos ajustes de cuentas que algunos quieren.
Voy a votar que no. No participé en el gobierno militar, pero me siento orgulloso de haber colaborado, porque tuve que trabajar para rehacer nuestro país. Muchos dieron su cuota, independientemente de su posición política. Incluso, muchos de aquellos que hoy lo denostan, estuvieron con el gobierno militar, lo justificaron y fueron parte de él.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, resulta incomprensible que el diputado Ulloa no comprenda la diferencia entre las odiosidades, según dijo, que hubo antes del 73 y los crímenes de Estado que se cometieron después de ese año. 
Todos los crímenes son repudiables, pero la gravedad social de un crimen cometido por un agente del Estado es mayor. No es lo mismo que un carabinero entre a una casa, robe y mate y después no sólo esté amparado por su institución, sino que también por el gobierno. Ese crimen es mucho más grave que el cometido por un delincuente común. 
El diputado Ulloa dice que a los 14 años de edad ya comprendía lo que ocurría antes del 73, pero cuesta entender que después, ya bastante mayor, no entienda los crímenes que se cometieron en el período de la dictadura militar. 
Durante los siete meses que llevo en la Cámara, junto con otros diputados hemos tratado de hacer todo lo posible para anular el injusto decreto ley de amnistía. De hecho, hace algunos meses, íbamos a presentar un proyecto con tal objeto, pero se nos dijo que se declararía inadmisible, a pesar de que sólo se trataba de una anulación. 
También reconozco que es lamentable que hoy estemos discutiendo este tema gracias a un fallo de una corte internacional, porque esa es la verdad. Como país y como Concertación, no hemos sido capaces de anular ese injusto decreto ley. Hoy, gracias a un fallo de una corte internacional, en el que se dice claramente que ese decreto ley no se debe aplicar en ningún proceso, estamos abocados a este proyecto. 
Como se sabe, los decretos leyes son cuerpos legales que se dictan en un período de quiebre constitucional, cuando los poderes constitucionales no están funcionando de manera autónoma, dando lugar a que la autoridad que no tenía la prerrogativa para asumir una labor determinada, lo haga excusada en una situación de inestabilidad política que vive un país. 
En ese escenario surgió el decreto ley N° 2191. La junta militar, asignándose prerrogativas legislativas, dictó ese cuerpo legal que para muchos no es más que una tentativa de encubrimiento de actos delictuales que, de acuerdo a la autoridad de la época, estaban justificados por la situación de inestabilidad que se vivía en ese momento. Por lo tanto, la junta militar dictó una autoamnistía, un perdón para los mismos militares que habían cometido los crímenes. 
Como defensa de la norma en cuestión se ha señalado que la Constitución fue dictada en el año 1980 y el decreto ley de amnistía en 1978. Eso significaría que no se podría aplicar retroactivamente. Sin embargo, el artículo 7 de la Constitución contiene un principio de derecho que ha servido históricamente de base a toda nuestra legislación.
Finalmente, las normas constitucionales están siempre por sobre la ley, cualquiera sea la circunstancia en que ésta haya sido dictada. La petición de anulación del decreto ley de amnistía se sustenta en el dictamen categórico e insoslayable emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha declarado que él viola abiertamente la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, y que por ser un tratado suscrito y ratificado por Chile, es ley de la República. Por lo tanto, nos obliga a todos a cumplirlo. 
En ese sentido, bastaría con señalar que, conforme a la doctrina tradicional, sería anulable sólo por ser una disposición legal dictada por aquellos que detentaron el poder de manera fáctica. Ese hecho le quita la fuerza y legalidad que toda norma requiere para existir. Además, la amnistía del año 78 es nula porque contraviene el orden internacional de los derechos humanos. 
Sin duda, el problema origina una larga discusión jurídica, legítima y necesaria en esta institución legislativa, pero nunca debemos dejar de lado su fondo, cual es la persona. Sobre seres humanos detenidos se aplicó en forma planificada y sistemática la tortura y la muerte, y con una norma jurídica se pretendió poner un manto de olvido a tales aberraciones. Ése es el punto central: la violación de los derechos fundamentales de las personas y, como si fuera poco, hechas desaparecer.
Esto no puede prescribir y olvidarse como consecuencia de la aplicación de un decreto ley. Los derechos humanos son valores permanentes para una sociedad democrática y nuestra labor legislativa nos obliga a velar por su protección y promoción, y, al vernos enfrentados a esta discusión, no nos queda otra alternativa que obrar en consecuencia.
Hoy creo no hay nadie en esta Sala ni en el país que no reconozca que en Chile se violaron los derechos humanos y quiera que la justicia opere en plenitud. Ahora, si el Congreso le da las herramientas para hacerlo significa, desde mi punto de vista, avanzar decididamente al encuentro de la verdad para que nunca más en Chile, madres, hijas y esposas busquen a sus seres queridos sin encontrar respuestas; para que nunca más nadie se sienta tentado a quebrar el orden institucional, pensando en que un nuevo decreto le dará inmunidad; para que verdaderamente los chilenos podamos reencontrarnos y cerrar nuestras heridas. El país, en su totalidad, está en deuda con miles y miles de chilenos que durante tantos años han buscado justicia.
Por eso, llamo, sobre todo a mis colegas nuevos de la Derecha, que vienen con otra mirada, a apoyar la anulación de la ley de amnistía. 
He dicho.
Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, quiero hacerle presente que no se requiere ni siquiera votar. La inadmisibilidad se declaró, porque los proyectos que dicen relación con la amnistía deben ingresar a través del Senado. Es parte de la normativa y debemos aplicarla. 
Tiene la palabra la honorable diputada María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, no era mi intención intervenir en este debate que esperaba que fuera netamente jurídico; pero varios de los dichos de los diputados presentes me obligan a replantear mis pensamientos y mi posición respecto a lo que significa terminar con la ley de amnistía.
En primer lugar, recordaba como hace un tiempo el país entero se vio conmovido por un hombre que violó y asesinó a una menor. El Presidente de la República de entonces le concedió el indulto, lo que provocó la indignación de miles de madres y, especialmente, de la familia y del pueblo donde vivía la pequeña. Recuerdo también que después el Presidente de la República indultó a un narcotraficante, lo que también causó un malestar generalizado en la población.
Entonces, desde mi punto de vista, no es consecuente el hecho de que un crimen tenga más o menos valor o dolor que otro. El dolor de un crimen u homicidio vale para todos por igual. Pero, el caso es que Chile, que vivió otrora una situación excepcional, que desgraciadamente tuvo graves consecuencias para sus habitantes, se vio enfrentado, después de muchos años, a seguir discutiendo lo que pasó en esa época. Debo decir lo más claro que pueda que, simplemente, si no hubiera existido la Unidad Popular, no hubiera existido un gobierno militar. Por algo llegó el gobierno militar. En todo caso, estoy segura de que nunca más va a haber otro gobierno militar, pase lo que pase, aunque el país esté en ruinas, destruido, porque los militares jamás se van a exponer nuevamente a ser víctimas de todas las injusticias posteriores. En ese gobierno, a la larga, efectivamente, hubo abusos a los derechos humanos y yo, hija de un oficial de las Fuerzas Armadas, no supe qué pasaba mientras pasaba.
Por otra parte, si no hubiera habido un gobierno militar, hoy estaríamos igual que en 1970. Si el país no tuviera el actual nivel de desarrollo económico, gracias a ese gobierno militar, estaría en la misma situación de caos social, político y económico de ese período. 
Eso, además, se puede probar porque hay un gobierno que permite que en Santiago de Chile se efectúe una reunión de grupos terroristas, llamada por el Frente Manuel Rodríguez, en la que participan movimientos de otros países que han matado y secuestrado a cientos de personas, que han provocado sufrimiento y dolor en Latinoamérica. El último fin de semana estuve en un congreso y representantes de otros países no podían creer que en Chile se realizara esta reunión a la cual estaban invitados partidos revolucionarios de América Latina. 
O sea, es muy posible que si no hubiera sido por ese gobierno militar, al que le pueden poner todos los calificativos que quieran, estaríamos, hoy reitero, en la misma situación de hace más de treinta años.
Además, no estoy de acuerdo con el diputado Aguiló es lo que me movió a intervenir. No es cierto que en algún país se haya resuelto el problema con una ley de amnistía. Los países interesados han buscado fórmulas, de no haber sido así, muchos de ellos hoy estarían luchando para no seguir abriendo heridas y no estarían reconciliados. España resolvió el problema. Paraguay también. Argentina y Brasil, mejor que nosotros y, más aún, ninguno de esos gobiernos, que partieron de una dictadura, terminaron como Chile, con elecciones abiertas, democráticas, en que todo el mundo tuvo la oportunidad de participar.
¿Qué ha pasado con la ley de amnistía? Casi no se ha aplicado. ¿Por qué tanto terror si solamente se ha aplicado a alrededor de veintisiete agentes del Estado, pero a más de ochocientos relacionados con movimiento extremistas o terroristas? O sea, los únicos beneficiados con dicha ley no han sido justamente agentes del Estado, a los cuales llaman miembros de las Fuerzas Armadas, sino justamente quienes promovieron o iniciaron los acontecimientos que motivaron el golpe militar.
Por otra parte, en la actualidad por los últimos antecedentes que tengo, hay veinte personas que cumplen condenas en Punta Peuco, también los hay en el Comando de Telecomunicaciones, algunas ya las han cumplido y todavía están detenidas. Un oficial me ha dicho, claramente, que ninguno ha tenido derecho a los beneficios penitenciarios; que varios de ellos ya han cumplido más de los requisitos normales y que, incluso, uno lleva quince años sin derecho a nada y no está cumpliendo cadena perpetua.
Obviamente, esto contrasta con la actitud que se tuvo con los terroristas condenados en la cárcel de Temuco cuando se pretendió otorgarles algunos beneficios.
Hay carabineros que no tuvieron responsabilidades en los hechos; solo trataban de defender, aunque equivocadamente, quizá, a la sociedad chilena, que hoy les da vuelta la espalda. Sabemos que hay más de 500 oficiales de las Fuerzas Armadas que fueron procesados hace años, probablemente, por el sólo hecho de haber estado en el lugar donde se cometió el abuso; incluso, algunos han sido condenados. Pienso que la pretensión que se tuvo de apurar los procesos habría ayudado.
Les pregunto por qué quieren terminar con la ley de amnistía; por qué dicen que es un lastre, en circunstancias que, con ella, sólo se pretendió pacificar los ánimos. Por lo demás, ustedes han sido sus principales beneficiarios. Además, quieren que el efecto sea retroactivo; es decir, los principales perjudicados no van a ser los otros sino su propia gente, la que fue beneficiaria de la ley de amnistía.
Por último, es triste insisto que la Concertación nos diga, como lo hizo el diputado señor Ascencio, que hemos perdido elecciones porque no hemos querido resolver los problemas de la ley de amnistía. Sin embargo, nadie ha dicho que ustedes han ganado todas las elecciones profitando de los derechos humanos, profitando de lo que pasó hace 30 años y que ustedes iniciaron; profitando de verdades inventadas para obtener beneficio político. La Concertación ha sido gobierno profitando de los abusos de los derechos humanos, profitando del sufrimiento de los chilenos y profitando de no querer buscar caminos de paz y reconciliación, que se podrían haber encontrado perfectamente.
Me pregunto cuál es el afán de seguir castigando incluso a personas inocentes. Alguien dijo hoy que esta era la primera vez que el general Pinochet estaba detenido. No es primera vez que el general Pinochet está detenido; el general Pinochet ha estado detenido por mucho tiempo y sólo porque ha sido suficientemente hombre para no dar nombres. El general Pinochet jamás ha dado ningún nombre; son otros los que lo han nombrado a él, y muchos de ellos podría nombrarlos ¡bien presos están! Podría nombrar a tres o cuatro personas, que fueron las principales culpables de lo que pasó en el gobierno militar, que están presas, y bien presas. Nunca moveré un dedo por defenderlas, pero sí por aquellos oficiales que, en esa época, eran muy jóvenes, algunos eran subtenientes, que no tuvieron nada que ver y que han sido procesados. A estas personas, con un espíritu de paz y de reconciliación, bien debería aplicárseles una ley de amnistía y no aprovecharse de una declaración internacional que, por lo demás, Chile no ha suscrito y que en este momento parece muy conveniente, porque según se señala se desprende de ella que es plenamente válido un alcance específico y no constituye una limitación de carácter general que subordina la aplicación a la Convención Americana de derecho interno a los tribunales nacionales.
Por lo tanto, ese tribunal internacional puede opinar todo lo que quiera, pero en Chile sus consideraciones no se pueden estimar como fundamentos para derogar la ley de amnistía.
Por último, los llamo a tener algún grado de compasión con aquellas personas inocentes que han sido procesadas.
He dicho. 
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, estamos terminando el debate de un tema delicado y complicado de tratar.
Somos una Cámara política y, como tal, debemos manifestar nuestras diferencias políticas, pero siempre en un marco de respeto y de tolerancia, que a veces hecho de menos en esta Sala. Pero también somos una cámara del Poder Legislativo y tenemos el mandato ciudadano de legislar, entre otras cosas. Muchos de los que estamos acá somos abogados. Por eso, como representante de mucha gente de mi zona, trato de desarrollar mi trabajo de la forma más seria posible, guiada por la razón y por el corazón muchas veces, pero también por la formación profesional que recibí en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. 
En temas como el que nos convoca, es importante tener presente algunas consideraciones, como la responsabilidad social por los hechos que provocaron la crisis a la que aludía el diputado Ulloa. Pero también está la responsabilidad del Poder Judicial, que durante muchos años hizo caso omiso de los hechos que se le denunciaron o no los investigó como debía; por miedo dicen algunos. Es posible. 
Desde acá miro al diputado Tucapel Jiménez y a muchos otros y doy gracias a Dios por tener la oportunidad de conocer y tratar con personas con las que estuvimos, en momentos difíciles, quizás en lados distintos, y le pido que esa experiencia también me guíe al momento de legislar. Muchos de los funcionarios que son acusados de violaciones a los derechos humanos pueden hacer valer la eximente de la obediencia debida, que contempla nuestro Código Penal. Es distinto mirar con los ojos de hoy lo que se vivió en esa época y quizás sea imposible comprender muchos conceptos de esos momentos, y precisamente por ello, tal como lo han señalado algunos diputados al momento de discutir en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia la agenda corta de seguridad ciudadana, el derecho penal no puede ser la venganza de la sociedad contra las personas que delinquen. Esto es aplicable para todos los casos, incluso para el que nos convoca, porque el derecho penal es un instrumento de justicia y no de venganza. 
Se está tratando de hacer una interpretación extensiva y abusiva de la ley penal; por eso, al momento de votar debemos pensar en que el derecho trata de las personas, porque interpretar la ley de la forma como lo hace el proyecto en debate no sólo afectará a los muchos funcionarios acusados y que tienen más de 70 u 80 años, sino también a sus familias, a sus descendientes, a sus hijos y nietos, tal como se afectaron y se han afectado las familias, los hijos, los nietos y todos quienes rodearon a las víctimas.
Hoy votaremos en general el proyecto; por lo tanto, el análisis jurídico profundo lo seguiremos haciendo en la Comisión, procurando dejar de lado la pasión, la rabia y la intolerancia que se manifiestan en las discusiones. De lo contrario, el ejemplo que daremos a la ciudadanía no es el mejor. Nuestro debate debe hacerse siempre con respeto y, sobre todo, con mirada de futuro y no quedarnos anclados en el pasado.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Por último, tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, en relación con los proyectos de ley refundidos por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara y que hoy se someterá a votación, no puedo dejar de referirme brevemente a los últimos 33 años de nuestra historia patria.
Desde los inicios de mi vida universitaria, en los primeros años de la dictadura militar y su junta de Gobierno, evidencié la sistemática violación de los derechos humanos y políticos del régimen.
De ahí sentí la necesidad de aportar mis sentimientos y convicciones para construir un país más justo, tolerante y solidario, que acogiera y respetara la diversidad de pensamiento, condenando cualquier forma distinta de gobierno y con más fuerza aún, cuando los atentados afectaban directamente los derechos más esenciales del ser humano, como la vida y la integridad física y sicológica. 
Por eso me pareció horrible la impunidad que pretendía el régimen al dictar el decreto ley de amnistía y, más grave aún, que los violadores de derechos humanos pretendieran encubrir y eludir sus responsabilidades por el simple transcurso del tiempo, esto es, la mentada prescripción. Por eso, aplaudo la teoría del secuestro permanente, que permite, aunque no con la uniformidad que quisiéramos, investigar y sancionar a los culpables de la desaparición forzada de personas.
Junto con las labores que asumí en Amnistía Internacional y en la campaña por el “No”, el histórico 5 octubre de 1988, encontré la veta que marcaría mi vida: el servicio público. Desde las primeras elecciones municipales de 1992, me convertí en un actor político con representación ciudadana, como alcalde de la comuna de San Joaquín, donde el régimen militar mostró su garra con dureza, pues en ella, antigua San Miguel, emplazó uno de sus macabros centros de detención y tortura: Tres y Cuatro Álamos, respecto del cual, junto con una serie de organizaciones de derechos humanos y con el objeto de rescatar la memoria histórica de este país, solicitamos fuera declarado monumento histórico, hecho que hasta el momento no ha ocurrido, pero tengo la esperanza de que este Gobierno lo hará a la brevedad, por la memoria de los presos, torturados, desaparecidos y muertos por la dictadura.
Como diputado por el distrito 30, que comprende San Bernardo, Buin, Calera de Tango y Paine, es mi deber detenerme en esta última comuna para recordar a los setenta campesinos que fueron ejecutados y hechos desaparecer entre octubre de 1973 y 1974, tras ser apresados por los organismos de seguridad del régimen. Esta comuna, en proporción al número de sus habitantes, fue la más golpeada del país por el rigor de la dictadura. Allí se levanta un memorial en nombre de esas personas. Por ellos, debemos votar favorablemente el proyecto que estamos analizando, ya que es el gesto más significativo para todos quienes claman justicia. 
Por otro lado, me parece lógico que el diputado Cardemil, ex funcionario del régimen dictatorial de Pinochet, y buena parte de la derecha pinochetista intenten echar abajo la iniciativa en discusión con interpretaciones leguleyas que no permiten lograr lo que de verdad se busca: justicia.
Él habla de “supuestos delitos”, con lo que, una vez más, se delata, pues no cree que se hayan cometido matanzas y otros ilícitos durante la dictadura militar; piensa que son interpretaciones antojadizas de todos los chilenos afectados. Él y los suyos deben proteger los actos delictuales cometidos durante el régimen al cual perteneció y favoreció, como algunos otros de los diputados que lo acompañan.
Por ello, declaro mi apoyo absoluto y el de mi bancada, la del PPD, al proyecto de ley interpretativo del artículo 93 del Código Penal, que viene a complementar la disposición constitucional del artículo 5° y a hacer plenamente aplicables los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Por lo tanto, invito a los colegas a sumarse a esta iniciativa de relevancia histórica, la apoyen con decisión y firmeza y se libren de los compromisos del pasado. Por un Chile inclusivo y de todos, el proyecto debería tener el apoyo transversal de todas las bancadas.
Los crímenes de lesa humanidad no son prescriptibles ni amnistiables, pues se trata de justicia para con nuestros muertos, desaparecidos y torturados.
He dicho.
Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputados señor Alberto Cardemil para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, tal como planteé en mi exposición, quiero hacer presente que el número 16 de artículo 63 de la Constitución establece que sólo son materias de ley, entre otras, las que concedan indultos generales y amnistías. En consecuencia, el proyecto, de aprobarse, vulnera la norma constitucional.
En todo caso, pido al señor Presidente que señale el quórum con que debe aprobarse, porque so pretexto de interpretar el artículo 93 del Código Penal, lo que se hace es cambiar la norma de la Constitución que hemos citado.
Por lo tanto, el proyecto debe ser aprobado con los tres quintos de los miembros en ejercicio de cada Cámara.
El señor LEAL (Presidente).- No abriremos debate sobre la materia.
Debo pronunciarme respecto de lo que pidió el diputado señor Alberto Cardemil en su intervención.
En todo caso, el artículo 63 de la Constitución dice: “Sólo son materias de ley:”
“16) Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia.
Las leyes que conceden indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado.”.
En este caso, no se trata de una nueva amnistía o de un nuevo indulto; por el contrario, lo que se hace es interpretar una norma de quórum simple, como es el artículo 93 del Código Penal, con el objeto de dejar fuera de la amnistía a determinados delitos; pero no se está otorgando una nueva amnistía ni tampoco un nuevo precepto relacionado con esa materia. 
En virtud de esa razón, declaro que se necesita mayoría simple para aprobar el proyecto, pero acojo lo señalado por el señor Cardemil en su intervención, la cuestión de constitucionalidad respecto del quórum de votación y del proyecto.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
Se abstuvieron los diputados señores:
Isasi Barbieri Marta; Monckeberg Bruner Cristián; Sepúlveda Hermosilla Roberto.
El señor LEAL (Presidente).- Señoras y señores diputados, el proyecto debe volver a la Comisión, porque se han presentado dos indicaciones.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Artículo único
1. De la señora Muñoz, doña Adriana y de los señores Accorsi, Ascencio, Aguiló, Bustos, Duarte, Leal, Lorenzini, Jarpa, Jiménez, y Paredes, para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo único.- Fíjase el verdadero sentido y alcance de las causales de extinción de la responsabilidad penal que se contemplan en al artículo 93 del Código Penal, en el sentido de que deberá entenderse que no serán aplicables a los crímenes y simples delitos que constituyen crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra conforme a las normas internacionales que obligan al Estado de Chile.”.
2. Del señor Ascencio, para reemplazar la frase “en los tratados internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes” por “en las normas internacionales que vinculan a Chile”.


VII. PROYECTOS DE ACUERDO


AUMENTO DE RECURSOS PARA FONDO CONCURSABLE “CAPITAL SEMILLA”, DE SERCOTEC. (Votación).

El señor LEAL (Presidente).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo N° 188, sobre aumento de recursos para el fondo concursable “Capital Semilla”, de Sercotec.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones 
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.


BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA HIJOS DE MÉDICO URUGUAYO ROBERTO BIANCHI.

El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 189.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 189, de los señores Accorsi, Meza, De Urresti, Lobos, señora Sepúlveda, doña Alejandra; señores Sabag, Bobadilla, señora Soto, doña Laura; señores Jiménez, Moreira, Palma y Chahuán.
“Considerando:
Que el asesinato del médico uruguayo, Dr. Roberto Bianchi, ocurrido en Viña del Mar, en agosto de 2005, ha sido un hecho público y notorio.
Que la sentencia dictada en el proceso criminal contra Antón González, hallado culpable del delito de homicidio del Dr. Bianchi, ha sido objeto de variados reparos, todos los cuales apuntan a una pena insuficiente en relación con la gravedad del delito perpetrado por una persona que ya había sido condenada por otro delito, pero a la cual no se le agravó su responsabilidad, atendidas las actuales normas penales.
Que el Estado chileno debe ser lo suficientemente claro en cuanto a las respuestas que da, tanto en el ámbito punitivo como en el de las reparaciones.
Que, en el sentido reparatorio, el Estado de Chile debiera cuando menos otorgar una cobertura educacional a los hijos menores del médico asesinado, haciéndolos beneficiarios de la Beca Presidente de la República durante la enseñanza obligatoria, que actualmente llega hasta la Educación Media. 
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que otorgue la Beca Presidente de la República durante la enseñanza obligatoria, que actualmente llega hasta la Educación Media, a los menores Lucas Roberto Bianchi López, de cinco años de edad, y a Camila Bianchi López, de cuatro años de edad, ambos huérfanos del médico uruguayo, Dr. Roberto Bianchi, asesinado en agosto de 2005, en Viña del Mar.”
El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Chauán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, fue de público conocimiento el asesinato artero del médico uruguayo Roberto Bianchi, ocurrido en agosto de 2005. También fue un hecho que provocó conmoción pública el proceso criminal seguido en contra de Antón González, quien fue hallado culpable del delito de homicidio.
Particularmente grave es la situación en que quedaron los hijos del médico.
Por la lucha que ha dado la viuda para que en nuestro país se dicten leyes en materia de seguridad ciudadana y por la familia que ha estado comprometida con estos hechos, pedimos que se otorgue la beca “Presidente de la República” hasta el término de la enseñanza obligatoria a Lucas Roberto Bianchi López, de cinco años, y a Camila Bianchi López, de cuatro años, ambos huérfanos de padre luego que éste fuera brutalmente asesinado.
Tanto en materias punitivas como de compensación, tenemos que abordar esta materia. Por lo tanto, creemos que es de justicia aprobar este proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, hubo consenso de todas las bancadas respecto de este tema, que fue brutal.
Como chilenos, debemos reparar el daño causado. Si podemos otorgar este beneficio, eso hablaría bien de nuestra sociedad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, cero voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
Se abstuvieron los diputados señores:
EnríquezOminami Gumucio Marco; Fuentealba Vildósola Renán.


CONDONACIÓN PARA DEUDORES DE VIVIENDAS DE PROGRAMA ESPECIAL DE TRABAJADORES.

El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 190.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 190, de la diputada señora Pacheco, doña Clemira; señores Ortiz, De Urresti, señoras Rubilar, doña Karla; Pascal, doña Denise; señores Chauán, Insunza, Robles, Jiménez, Palma, Venegas, don Mario; Silber, Sabag y Melero.
“Considerando:
Que, hace más de dos décadas, el decreto supremo N° 235, de 1985, implementó el programa especial de viviendas para trabajadores, al objeto de que postularan a un subsidio habitacional, complementado por el ahorro y el crédito hipotecario, destinado a financiar la construcción de una vivienda nueva con terminaciones básicas.
Que el programa, operativo por medio de las oficinas Serviu regionales y los municipios correspondientes al domicilio es para trabajadores pertenecientes a un sindicato, organización gremial o similar, que postulan a través de dicha institución la que actúa como entidad organizadora, o bien, a través de otras, como cooperativas, corporaciones, fundaciones, etcétera, con la finalidad de solucionar colectivamente el problema habitacional de quienes están en condiciones de ahorrar.
Que la gran mayoría de las personas beneficiadas con este programa de vivienda han sufrido graves problemas respecto del pago de su vivienda, especialmente por el aumento de los valores iniciales y la repactación de las deudas, atendido el cambio de las condiciones económicas que los sitúa en una especial situación de vulnerabilidad social, sin que a esta fecha hayan sido beneficiados con las medidas especiales establecidas.
Que, por tanto, es absolutamente necesario buscar una solución para estos grupos familiares, que por sí solos no la podrán encontrar para su problema de vivienda. 
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de sus facultades, adopte las medidas administrativas necesarias por la vía del ministerio competente, al objeto de corregir la situación de aquellas familias beneficiadas por los programas especiales de vivienda para trabajadores, mediante un régimen de condonación similar a los implementados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anterior, que les sea plenamente aplicable.”
El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, la situación de los deudores del programa especial de trabajadores se ha planteado desde hace bastante tiempo. Ha habido manifestaciones frente a la casa de la Presidenta de la República, del palacio La Moneda, en el Congreso Nacional, y a varios parlamentarios nos ha tocado entrevistarnos con los deudores del programa especial de trabajadores y del leasing habitacional.
La respuesta de la ministra y del Gobierno ha sido que no es un problema del Gobierno, porque son deudores particulares, con empresas privadas y, por lo tanto, no hay solución.
Quiero hacer ver la falta de sensibilidad ante un problema que no han generado esos deudores y la incapacidad del Gobierno para enfrentarlo o el hecho de lavarse las manos con el subterfugio de que se trata de dineros privados.
Es exactamente lo mismo que ocurrió con los deudores del Serviu, que en 2003 y en 2004 fueron asimilados a la banca privada a propósito de las deudas con el Banco del Estado y del Banco del Desarrollo. Para ellos sí hubo soluciones, a pesar de que también eran deudas con banca privada.
Creo que hay muchos elementos vinculantes y, desde el punto de vista de la equidad, deben ser atendidos, con la gradualidad y la forma que se pueda establecer con la autoridad.
Por consiguiente, el proyecto de acuerdo no busca otra cosa que requerir del actual Gobierno que, sobre la base de los mismos principios por los que estuvo dispuesto a condonar 52 unidades de fomento al total de los deudores del Serviu que habían sido bancarizados, el Ministerio de Hacienda traspase los recursos a la banca privada con el objeto de darles alivio.
Los deudores no piden otra cosa que justicia en el sentido de pagar dividendos acordes con sus rentas, que fue la situación original que tuvieron cuando se incorporaron a estos programas, pero que luego cambió.
Con la buena disposición del Congreso y con buena voluntad del Gobierno, que no ha tenido hasta ahora y que lleva a la ansiedad y angustia a todos esos deudores habitacionales, que quieren pagar, podemos darles una mano y lograr que el proyecto de acuerdo se traduzca en una disposición distinta a la que el Gobierno ha mostrado hasta hoy.
Ayer, en una manifestación en Talagante, la señora Presidenta respondió a esos deudores diciéndoles que ya han conversado muchas veces al respecto.
No queremos más conversación, sino establecer una mesa de trabajo para buscar solución, lo cual es factible, legítimo y concordante con lo que se ha hecho con otros deudores de la banca.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente, adhiero a lo que ha dicho mi colega señor Melero. Es una valoración crítica a lo que se ha hecho.
El año pasado hubo una condonación a gran parte de la cartera hipotecaria, principalmente de deudores serviu. Es una señal potente que hay que valorar, entenderla en su mérito por la pasividad que tuvo, y con esa misma voluntad hay que dar respuesta a aquellas familias que lograron tener una vivienda y negociar la posibilidad de lo que se ha dicho, como “anda, anda Chile”
Diversos parlamentarios de la Concertación hemos tenido reuniones con las distintas asociaciones.
Creemos que con este proyecto de acuerdo sólo se está asumiendo el programa especial de trabajadores, pero también pasa por el decreto supremo N° 40, el crédito multirrotatorio, que no está reflejado en este proyecto de acuerdo.
Hay una demanda ciudadana que debe sensibilizar al Gobierno. Compartimos la justicia que se pide en las demandas de esa gran cantidad de chilenos que adhirieron a un crédito de carácter social y que hoy ven que será pagado en 20 ó 30 años.
Por esas razones, comparto el proyecto de acuerdo que se somete a votación.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río Eduardo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.


CREACIÓN DE COMUNA DE PUERTO DOMINGUEZ EN LA NOVENA REGIÓN.

El señor LEAL (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 191, de los diputados señores Tuma; Díaz, don Eduardo, y Venegas, don Mario.
“Considerando:
Que Puerto Domínguez es una localidad ribereña del lago Budi que, en el transcurso de los años, ha ido generando una fisonomía social muy particular, como producto de una historia común también muy particular de sus habitantes, que se remonta a comienzos del siglo XX, con la llegada de Eleuterio Domínguez al llamado Monte Dorado (Cafulemu), quien usurpó las tierras a Pascual Coña y obtuvo, por parte del Fisco de Chile, en 1907, más de cuarenta y dos mil hectáreas. En esas tierras se asentó un centenar de familias que desarrollaron su economía, basada en la agricultura y el comercio generado en torno al lago Budi.
Que, a consecuencia de la escasa productividad de las tierras, la inexistencia de industrias y disminución del comercio en torno al lago Budi, sus habitantes, paulatinamente, se han ido reconvirtiendo en torno a la actividad turística, que se visualiza como la gran oportunidad de desarrollo de Puerto Domínguez, atendida la belleza natural de sus paisajes, sus islas y numerosas especies, dentro de las que destacan los cisnes de cuello negro.
Que Puerto Domínguez se caracteriza por mantener una identidad cultural bien definida, no obstante estar conformada por diversos pueblos, fundamentalmente mapuches y, en gran cantidad, por descendientes de colonos de comienzos del siglo XIX. Asimismo, se distingue siempre desde el punto de vista cultural, porque sus habitantes reconocen en el pueblo mapuche la condición de pueblo original, lo que revela una comunidad respetuosa, armónica e integrada.
Que, también y probablemente por las mismas características precedentemente anotadas, destaca la capacidad de organización de los habitantes de Puerto Domínguez, a diferencia de la comuna de Puerto Saavedra a la cual pertenecen en la actualidad, pues existe una parte importante de organizaciones, tanto territoriales como funcionales, y todas se encuentran en estado activo, ya sea en su formalidad, ya sea en su acción, destacándose por ser altamente proponentes, organizadas, autónomas y proactivas.
Que, para los habitantes de Puerto Domínguez, una de las ideas fuerza que los alienta a convertirse en comuna tiene que ver con la sensación de retroceso respecto del auge económico que tuvieron en el pasado. Así, han constatado que antes contaban con más servicios públicos, con más tecnología (en relación con la época), con más comercio y, en definitiva, con más actividad y, obviamente, más trabajo. Asimismo, ven cómo su condición de aislamiento geográfico ha influido en el actual estado de retraso respecto de la capital comunal, que es Puerto Saavedra.
Que, al integrar más de noventa comunidades, juntas de vecinos y distintos comités, dieron origen a una organización con personalidad jurídica denominada Comité pro comuna de Puerto Domínguez.
Que, en el Concejo de Puerto Saavedra, este comité ha encontrado un amplio respaldo en su intención de formar una comuna propia y, en tal sentido, se ha generado un amplio apoyo en reuniones con alcaldes, concejales y legisladores de la zona.
Que, por todo lo anterior, cabe respaldar la iniciativa y deseos de la comunidad organizada en torno a un proyecto, que, sin lugar a dudas, puede ser un puntal de desarrollo para sus habitantes.
Que, durante la legislatura pasada, se presentó el proyecto de acuerdo N° 669, de 13 de julio de 2005, mediante el cual se solicitó al Ejecutivo la creación de la comuna de Puerto Domínguez, en la provincia de Cautín, de la Novena Región, de La Araucanía, que no alcanzó a ser visto por término del Período Legislativo.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya a los ministerios y autoridades competentes a fin de acelerar la entrega y recolección de información que permita analizar pormenorizadamente las posibilidades de crear la comuna de Puerto Domínguez, en la provincia de Cautín, de la Novena Región, de La Araucanía, y, una vez concluidos los estudios, enviar al Congreso Nacional el proyecto de ley correspondiente.”
El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado don Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, se dice que la cara más cercana al Estado es el municipio. 
En diversas ocasiones esta Corporación ha respaldado iniciativas que crean nuevas comunas en determinados lugares del territorio nacional.
La comuna de Padre Las Casas, creada hace algunos años, hoy es la segunda comuna con mayor desarrollo en la Región de La Araucanía; hace un año, esta Cámara aprobó la creación de la comuna de Cholchol, y hoy dicha comuna tiene un desarrollo extraordinario. En esta oportunidad, a través del proyecto de acuerdo en debate, se pide a la Presidenta de la República estudiar las condiciones y dar su respaldo a la creación de la comuna de Puerto Domínguez.
Puerto Domínguez es una localidad ubicada en la comuna de Puerto Saavedra, pero para llegar a su municipio la gente debe trasladarse a la comuna de Carahue.
El aislamiento y las pocas condiciones de desarrollo que vive dicho sector hacen indispensable que el Estado esté más cercano a la gente. Para ello es necesario un concejo municipal y un alcalde a fin de que se aboquen a la implementación de políticas de desarrollo, aprovechando las ventajas comparativas y las posibilidades turísticas y agrícolas de que goza la región.
El proyecto de acuerdo viene a satisfacer las aspiraciones de la gente de una localidad que se ha organizado en más de noventa comunidades, organizaciones sociales, para motivar, a través de plebiscitos en los cuales han participado más de dos mil personas, la creación de dicha comuna, y que cuenta con el apoyo unánime del concejo municipal de Puerto Saavedra, de su alcalde, del gobierno regional, de la Intendencia y de los parlamentarios de la zona, lo que demuestra el abandono en el que se encuentra dicho territorio.
Con este proyecto de acuerdo Puerto Domínguez tendría una gran oportunidad de desarrollo. Por ello, pido a mis colegas votarlo favorablemente.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Eduardo Díaz.
El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, junto a los diputados señores Tuma y Mario Venegas, hemos recogido el sentir de la comunidad de Puerto Domínguez, que desde hace mucho tiempo está organizándose para pedir la creación de la comuna del mismo nombre a fin de romper el aislamiento que sufre desde un punto de vista geográfico, étnico y de desarrollo.
A través de este proyecto de acuerdo se pide a la Presidenta de la República impartir instrucciones a los ministerios y autoridades competentes para estudiar esta materia y remitir al Congreso Nacional el correspondiente proyecto de ley.
El año pasado presenté un proyecto de acuerdo en el mismo sentido, pero no pudo llegar a feliz destino por el término de la legislatura. Por tanto, en esta oportunidad pido a mis colegas dar su respaldo a esta iniciativa que, de convertirse en realidad, puede tener muy buenos resultados para el desarrollo de Puerto Domínguez.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- No hay quórum.
Pido el asentimiento de la Sala para que la votación del proyecto de acuerdo quede pendiente para la próxima sesión.
¿Habría acuerdo?
Acordado.


VIII. INCIDENTES

INSTALACIÓN DE CASINO DE JUEGOS EN PROVINCIA DE SAN ANTONIO. Oficio.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado don Samuel Venegas.
El señor VENEGAS (don Samuel).- Señor Presidente, quiero alzar la voz para pedir a mis colegas miembros de la Comisión Investigadora de la Superintendencia de Casinos de Juego que consideren la situación que afecta al distrito que represento en esta Cámara, a raíz de la postulación de San Antonio a un casino de juegos.
En efecto, San Antonio ha resultado ser el gran perjudicado a raíz del conflicto o mejor dicho subterfugio judicial que se ha iniciado debido a los problemas presentados durante el proceso de postulación, los cuales han contribuido a frenar el desarrollo y a la mantención de altos índices de cesantía de una provincia muy pujante a pesar de todo. Así, un mayor desarrollo turístico sería la palanca que se necesita para ofrecer más trabajo a sus habitantes.
En 1993, presenté un proyecto de ley para la instalación de un casino de juegos en la provincia de San Antonio, lo que no se pudo concretar por múltiples razones. Con posterioridad, se aprobó la ley marco que reguló el funcionamiento y la creación de casinos de juegos a lo largo del país. La presentación de mi proyecto tenía por finalidad recuperar lo que tradicionalmente se nos entregaba por un impuesto que se aplicaba al Casino de Viña del Mar en beneficio de las comunas de El Tabo, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo y Navidad. Queríamos recuperar lo que se había perdido durante el gobierno militar. Hoy día, lo hemos perdido por este subterfugio, por la ambición de quienes disponen de muchos recursos y quieren tener un casino de juegos a toda costa. Con esto se ha perjudicado a San Antonio, cuyos habitantes rechazan en forma categórica esta acción que tiende únicamente a empañar y a dilatar la autorización que la Superintendencia de Casinos de Juego podría haber otorgado a la provincia de San Antonio.
Por eso, pido que se oficie al superintendente de Casinos de Juego, a fin de que, con prontitud y con mucha fuerza, actúe para lograr que se revoque la resolución de los tribunales de justicia, y San Antonio pueda tener definitivamente un casino de juegos. Asimismo, pido que se informe de esto al presidente de la Comisión Especial Investigadora creada por la Cámara, con el objeto de que sus integrantes, con diligencia, celebren reuniones en forma permanente, porque en la medida en que lo hagan, San Antonio también tendrá la posibilidad de llevar adelante esto que nos preocupa enormemente y que es el sentir de una provincia que tiene grandes necesidades.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Jorge Sabag, Sergio Ojeda, Rodrigo González y del que habla.


ANTECEDENTES SOBRE EVENTO MUSICAL EN LA DÉCIMA REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, el año pasado, durante las campañas parlamentaria y presidencial, en nuestra zona, como en todas partes, se produjeron algunos hechos delicados. 
Uno de ellos fue la denuncia formulada por ciudadanos democratacristianos de la zona, en cuanto a que una periodista que trabajaba en el Fosis, para apoyar la campaña del entonces diputado Escalona hoy senador por nuestra región, había usado recursos de ese fondo y había enviado correos electrónicos, y otras cosas. Es decir, había trabajado en la campaña del parlamentario, en lugar de desarrollar su pega en el Fosis. Me refiero a la señora Javiera Ulloa, que hoy es directora del Sernatur de la Décima Región. 
Pues bien, hace un par de semanas, esta señora nos dio una noticia que, en principio, era bastante buena para nosotros: que el grupo Inti Illimani iba a actuar en nuestra región. La verdad es que todos aplaudimos el hecho de que ese grupo vaya a la Décima Región. Ojalá fueran a las distintas regiones los dos grupos que existen con ese nombre hay un serio problema al respecto, porque no se sabe a cuál de los grupos pertenece y muchos otros conjuntos musicales de Santiago.
Pero nos llamó la atención de que fuera el Sernatur el que estuviera promocionando la presentación del grupo, que dice más relación con la cultura que con el turismo. Nos preguntamos quién financiará su actuación. También nos llamó mucho la atención lo que se estaba promocionando, porque insisto quien lo dio a conocer a la prensa y actuó como principal promotora del evento fue la directora regional del Sernatur. Entonces, resultaba lógico pensar que sería financiado con fondos de ese servicio. Me parece que no es la forma en que se debería proceder, porque no es acorde con las funciones que debe desarrollar el servicio.
Al pasar los días, nos enteramos de que como dije hace un instante el mismo grupo había ido a nuestra zona el año pasado a apoyar el cierre de campaña del senador Escalona y de algunos candidatos a diputados del Partido Socialista. Buscamos en la contabilidad del entonces diputado Escalona, pero la actuación de dicho grupo no aparecía registrada ni como gasto ni como aporte. El senador Escalona dijo que aparecía en la contabilidad del Partido Socialista, pues había sido pagada por ese partido. Entonces, revisamos su contabilidad, pero tampoco aparecía allí.
Por lo tanto, queremos saber exactamente cómo se financiará el evento y qué se está haciendo con los recursos públicos. Queremos saber derechamente si en esta oportunidad se pagará lo mismo que para la campaña del candidato a senador. 
Pero como es muy difícil saberlo, pido que se oficie a los siguientes jefes de servicios, con el objeto de tener claridad respecto del uso de los recursos públicos que todos pagamos mediante nuestros impuestos.
En primer lugar, como no deja de llamarnos la atención el hecho de que una zona silvestre protegida se trata de un parque nacional, sea utilizada para un evento de tal naturaleza, en el cual se dice que participarán alrededor de dos mil jóvenes, y que subirán al volcán Osorno, por lo menos, 45 buses, acompañados por los camiones que llevarán la infraestructura necesaria para montar el show, pido que se oficie al director de la Conaf, con el fin de que nos informe si se han considerado medidas para el manejo de los residuos sólidos que se producirán con motivo de la realización del encuentro musical mencionado. Insisto en que me preocupa el posible impacto ambiental que significará tener, por lo menos, a dos mil personas en un recinto que no cuenta con baños, con depósitos de basura ni con nada que pueda dar la certeza de un manejo adecuado de la situación.
Asimismo, por tratarse de un área silvestre protegida, pido que el director de la Conaf nos informe qué medidas se implementarán para evitar que se dañe el ecosistema, así como las medidas de seguridad que se adoptarán para enfrentar eventuales accidentes.
El Sernatur informó que esta actividad artísticocultural se asemeja a la realizada hace algunos meses en Isla de Pascua. Para el concierto celebrado en la isla se trasladaron cerca de 25 toneladas en equipos. Por eso, también queremos saber si está contemplado el traslado de equipos para la actividad que se realizará en el volcán Osorno.
En segundo lugar, que se oficie al director nacional del Sernatur, a fin de que nos informe si el financiamiento de los 45 buses correrá por cuenta de ese servicio.
Por último, que se oficie al intendente de la Décima Región de Los Lagos, con el objeto de que nos informe si el gobierno regional ha entregado fondos a alguna entidad para los efectos de financiar el evento.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora María Angélica Cristi y del diputado Rosauro Martínez.


INFORMACIÓN SOBRE ADJUCACIÓN DE PROYECTOS A INSTITUCIONES DE COMUNA DE PUERTO VARAS. Oficios.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, en la misma línea de lo planteado por la diputada Marisol Turres, quiero solicitar el envío de algunos oficios, que dicen relación con algunas actividades ya mencionadas por la colega.
Solicito que se oficie al ministro del Interior, para que nos informe si, a través de los recursos que manejó dicha cartera en el Programa Fondo Social Presidente de la República, durante los años 2004, 2005 y lo que va corrido de 2006 se ha adjudicado algún proyecto o programa al Centro Artístico, Cultural y Social Juvsol y al Centro Turístico, Cultural, Social y Habitacional Carlos Lorca Tobar, ambas organizaciones funcionales creadas en la comuna de Puerto Varas.
Del mismo modo, que se oficie al intendente de la Décima Región, para que nos informe si a través del Fondo Regional para la Cultura se han adjudicado recursos o proyectos a las organizaciones Juvsol y Carlos Lorca, mencionadas con anterioridad, y a la organización funcional Agrupación Cultural Butalafquén, también de Puerto Varas.
También solicito que se oficie al intendente de la Décima Región, para que nos informe qué organizaciones han sido favorecidas por la Intendencia o el gobierno regional de Puerto Varas con cargo a los Fondos de Cultura durante los años 2004, 2005 y lo que va corrido de 2006.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Marisol Turres.


PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL COMO ENTE ORGANIZADOR DE COMITÉS HABITACIONALES DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.

El señor RECONDO.- Señor Presidente, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, para que informe si el Centro Turístico, Cultural, Social y Habitacional Carlos Lorca Tobar ha participado como ente organizador de comités habitacionales y si ha recibido recursos públicos a través del Serviu de la Décima Región en esa condición durante los años 2004, 2005 y lo que va corrido de 2006.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Marisol Turres.


INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS DE CHILEDEPORTES EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio.

El señor RECONDO.- Señor Presidente, solicito que, en mi nombre y en el del diputado Claudio Alvarado se oficie al contralor general de la República, para que inicie una investigación en ChileDeportes de la Décima Región de todos los proyectos adjudicados durante los años 2004, 2005 y lo que va corrido de 2006, con cargo al Fondo Nacional del Deporte.
Asimismo, pido que se oficie, en mi nombre y en el del diputado Claudio Alvarado, al ministro secretario general de Gobierno, con el objeto de que instruya al director regional de ChileDeportes de la Décima Región para que entregue el listado de los proyectos con financiamiento de ChileDeportes en los años 2004, 2005 y lo que va corrido de 2006; que incluya en él las organizaciones beneficiarias y los montos de los proyectos, tanto de infraestructura como de implementación deportiva.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Marisol Turres.


INVESTIGACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LAMPA. Oficios.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, nuevamente me veo en la obligación de ocupar esta tribuna para referirme a un foco de contaminación que afecta a la comuna de Lampa, que me honro en representar en el Congreso Nacional.
Hace aproximadamente 14 días ha entrado en funciones una planta de tratamiento de aguas servidas de la comuna de Lampa, administrada y concesionada por la empresa comunal Servicomunal, que recibe las aguas servidas de aproximadamente tres mil emisarios. 
De acuerdo con un proyecto aprobado por la autoridad ambiental, esta empresa vierte las aguas tratadas sobre el lecho seco del estero de Lampa, lo que ha generado gran inquietud a los vecinos de las localidades de Central Lo Vargas y otras adyacentes, porque las aguas, a vista de los vecinos y comprobado en el lugar por quien habla, no están siendo debidamente tratadas, dado que expelen malos olores y podrían poner en riesgo de contaminación las napas de las aguas subterráneas, como también generar riesgo a menores u otras personas por las facilidades de acceso al sector.
La situación ha generado legítima alarma y preocupación en los vecinos, quienes han reclamado ante las autoridades para que la planta de tratamiento de aguas servidas La Higuera sea fiscalizada, de manera de garantizar que las aguas que se vierten no ocasionen problemas o efectos de malos olores o contaminación como los que he señalado.
La comunidad espera que las cosas se hagan bien, no como ha ocurrido hasta ahora, que el proyecto ha generado más problemas de los que originalmente pretendió subsanar y cuya solución ambiental, a mi juicio, no es la más adecuada.
Por eso, solicito que se oficie a la ministra de Salud, para que instruya a la Secretaría Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, sucesora del Servicio de Salud del Ambiente, a objeto de que tome muestras e investigue desde el punto de vista sanitario si las aguas que están siendo vertidas aproximadamente en el paradero 30 de Central Lo Vargas, camino Cacique Colín, que une la comuna de Lampa con la ruta 5 norte, cumplen o no las normativas sanitarias.
Asimismo, que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios, para que informe cuál ha sido el comportamiento de la empresa Servicomunal desde el punto de vista del tratamiento de las aguas servidas y del desarrollo de la planta de tratamiento La Higuera. Si durante el último año se han cursado multas y qué evaluación tiene la Superintendencia sobre esta planta de tratamiento y la forma como se están canalizando las aguas hacia el lecho seco del estero Lampa. 
Además, que se oficie al ministro de Obras Públicas, para que la Dirección de Obras Hidráulicas informe sobre la factibilidad de que las aguas que están siendo vertidas sobre el lecho seco del estero Lampa puedan ser canalizadas y qué opinión le merece, desde el punto de vista técnico, la forma como se está llevando esa agua al lecho seco.
Por último, que se oficie a la Conama, para que fiscalice el cumplimiento adecuado de la declaración de impacto ambiental que se hizo para ese proyecto y si se cumplen los requisitos que en su momento dieron el acuerdo para esa declaración.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Marisol Turres y el diputado Carlos Recondo.


INFORMACIÓN DE PROYECTOS ASIGNADOS POR CHILEDEPORTES A COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficio. 

El señor MELERO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro secretario general de Gobierno, a objeto de que instruya a la directora de ChileDeportes para que me informe sobre los proyectos aprobados, las instituciones beneficiadas y los montos adjudicados a proyectos asignados a las comunas de Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil, desde 2001 a la fecha.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Marisol Turres y el diputado Carlos Recondo.


INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA DE CHILEDEPORTES A COMUNAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES. Oficios.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Marco Antonio Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, deseo llamar la atención de la Sala respecto de proyectos de asignación directa de Chiledeportes a diez comunas del valle de Aconcagua, pertenecientes a las provincias de San Felipe y Los Andes.
En función de la transparencia, quiero que se informe de manera detallada respecto de las organizaciones beneficiadas y los montos de las respectivas asignaciones directas recibidas entre 2004 y 2005.
Lo hago, motivado por informaciones que hemos recibido de manera parcial y extraoficial, en el sentido de que una gran cantidad de recursos fueron orientados en forma directa a municipios.
En el contexto de crisis de la institucionalidad de Chiledeportes, es necesario que la ciudadanía de Aconcagua evalúe si esos recursos administrados por municipalidades, muchas de ellas encabezadas por alcaldes de la UDI o de Renovación Nacional, fueron bien empleados y si los respectivos proyectos sirvieron para favorecer la práctica del deporte, en especial en las zonas rurales, y no para aprovechamiento electoral o comunicacional.
Como el señor Presidente sabe muy bien, las irregularidades y la corrupción administrativa no tienen color político. Por lo tanto, es necesario transparentar esos montos, sobre todo porque se trata de años en que hubo elección municipal en 2004, y elecciones parlamentaria y presidencial en 2005.
En consecuencia, pido oficiar a la subsecretaria de Deportes y al director o directora regional de Chiledeportes subrogante, a fin de obtener la información a la brevedad posible para la claridad y tranquilidad de la gente del valle de Aconcagua.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.


REGULACIÓN DE AVISAJE PUBLICITARIO EN CARRETERAS. Oficio.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, hoy, al salir de Santiago e ingresar al túnel Lo Prado, me encontré con una sorpresa gigantesca: un aviso de la empresa Publivía que, a mi juicio, pasa más allá de lo permisible en materia de publicidad y raya en lo obsceno, porque se ve a un hombre, completamente desnudo, en actitud voyerista. Dicha publicidad puede ser vista por todas las personas que pasan por esa ruta, y mi preocupación estriba en que pueden verla los niños que viajan junto a sus padres.
Según me he informado, no existe una regulación muy clara sobre la forma de hacer este tipo de anuncios publicitarios. 
Por lo tanto, pido oficiar a la ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Paulina Veloso, a fin de que tome cartas en el asunto, porque debemos cuidar a los niños.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.


PERSPECTIVAS DE RÍO BUENO COMO INTEGRANTE DE LA FUTURA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, Río Bueno es una de las ciudades más importantes en cuanto al quehacer económico de la provincia de Valdivia y, en general, de la Región de Los Lagos.
Hace algunos días, el concejo de dicha comuna, presidido por el alcalde Waldo Flores, se entrevistó con el ministro del Interior, señor Belisario Velasco, a fin de solicitar que, en justicia, Río Bueno sea considerada como corresponde al momento de integrar la próxima Región de Los Ríos. Se trata de una ciudad con una población de más de treinta mil habitantes y que hace un aporte tremendamente notable en materias agrícola y turística, lo que redunda en un aporte económico enorme para la Región de Los Lagos. En efecto, Río Bueno es la comuna de producción lechera más importante del país, al margen de otros cultivos de importancia, como trigo, remolacha, papas, etcétera, que inciden de manera muy notable en beneficio del país.
En la entrevista, el concejo solicitó que, llegado el momento, Río Bueno sea considerada de manera adecuada en la nueva Región de Los Ríos, que servirá de modelo, porque ahí se piensa comenzar, en forma seria y responsable, con la descentralización que requieren las regiones.
En la oportunidad, se pidió que en la ciudad se emplace la Secretaría Ministerial de Agricultura, lo que se justifica plenamente en conformidad con lo que acabo de expresar, y que, además, se instalen las direcciones provinciales de Vialidad, de Impuestos Internos, etcétera, situación que tendrá que ser evaluada, entre otras instancias, por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio del Interior.
Lo hago notar, porque se trata de buscar no un apoyo mínimo, sino sustantivo para dicha comuna y para la nueva región. Hoy, en regiones, se necesita contar con modelos adecuados para poner en práctica la tan anhelada descentralización. Pero la verdad hay que decirla: las regiones, incluso en situaciones conflictivas como las que hemos conocido en estos días, no se hacen notar y todo apunta a la Región Metropolitana. Por lo tanto, pareciera que el resto del país no existiera.
Por eso, creemos que la creación de la nueva región, que, con seguridad, será una realidad dentro de los próximos meses, es una oportunidad propicia para que ciudades como Río Bueno pasen a ser provincias modelos en materia de descentralización.
Hago notar que el concejo de Río Bueno es el único que ha solicitado una entrevista de esa naturaleza con el ministro del Interior.
En consecuencia, como representante de dicha ciudad, que forma parte de mi distrito, apoyo con mucho entusiasmo la iniciativa del alcalde y del concejo de Río Bueno.
Pido que se envíe copia de esta intervención al ministro del Interior y al alcalde y concejales de Río Bueno.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.


ASCENSO DEL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ATLÉTICO ÑUBLENSE DE CHILLÁN A LA PRIMERA DIVISIÓN DEL FÚTBOL PROFESIONAL. Oficio.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez. 
El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, no cabe duda de que el deporte, en particular el fútbol, cumple un rol social de extraordinaria importancia. Quienes nos sentimos profundamente ligados al deporte y a dicha disciplina, comprobamos semana a semana la fuerza que tiene para convocar a cientos de niños, jóvenes y adultos a disfrutar de su práctica o como espectadores. Posee, además, un efecto liberador en las personas, pues recrea, entretiene y emociona. 
Lo que expreso es para resaltar lo ocurrido el domingo recién pasado en mi ciudad, Chillán, que gracias al Club Deportivo Atlético y Cultural Ñublense fue literalmente conmovida a raíz del éxito deportivo que lo llevó a la división de honor del fútbol profesional. 
Después de un cuarto de siglo, Ñublense ha regresado a la primera división, gracias a un trabajo serio y de calidad desarrollado por un grupo de dirigentes capaces y comprometidos, que tomaron al club en momentos difíciles, lo ordenaron administrativa y deportivamente, recuperaron su identidad y, lo más importante, le devolvieron a la comunidad a muchas familias la confianza en su club y la alegría de ir al estadio. Por eso es recurrente el asombro de los medios de comunicación nacionales al comprobar la cantidad de gente que Ñublense convoca cada vez que juega de local. El promedio es más de siete mil personas, que ya lo quisiera cualquiera de los denominados “clubes grandes”. Esto es fruto de un trabajo conjunto entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y medios de comunicación. 
Cuando las cosas se hacen bien, el éxito puede demorar, pero invariablemente llega. Ojalá que esto sirva de ejemplo, porque es una muestra de que el fútbol chileno y el deporte, en general, pueden mejorar. 
Porque es de justicia y merecido, solicito que se haga llegar, en mi nombre, un afectuoso saludo de felicitación al Club Deportivo Atlético y Cultural Ñublense de Chillán, en las personas del presidente del directorio, señor Sergio Zarzar Andonie, y su director técnico, señor Luis Marcoleta Yánez, por su éxito deportivo y solidez institucional, y sobre todo, nuestra gratitud por haber hecho feliz a todo un pueblo. 
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en los términos solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Denisse Pascal, y de los diputados Sergio Ojeda, Jorge Sabaj, Eduardo Díaz y de quien preside.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra. 


PRÓRROGA DE PLAZO PARA POSTULAR AL PROGRAMA “ORÍGENES”. Oficios.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Eduardo Díaz.
El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, el próximo viernes 3 de noviembre vence el plazo para que las comunidades indígenas de las regiones Novena y Décima puedan postular a la segunda fase del programa “Orígenes”, cofinanciado entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Chile. 
En la Novena Región de la Araucanía, hubo amplia satisfacción entre quienes participaron de la primera etapa. Por eso, el interés por ingresar a la que sigue es enorme. Es decir, de las casi 1.200 comunidades que intentarán postular, casi todas lo harán a unos 600 cupos.
A modo de ejemplo, en la comuna de Freire podrán postular 77 comunidades; en Pitrufquén, 27; en Teodoro Smith, 31; en Imperial, 170; en Saavedra, 19; en Cholchol, 41; en Carahue, 56; en Temuco, 70; en Padre Las Casas, 153; en Angol, 8; en Collipulli, 26; en Ercilla, 19; en Traiguén, 8; en Lumaco, 42; en Purén, 18, y en Los Sauces, 13.
A pesar de que los gobiernos regionales, la Conadi y “Orígenes” han hecho un enorme esfuerzo de difusión de las postulaciones, del cual también he participado, junto a los colegas Mario Venegas y Eduardo Saffirio, los tiempos se vienen encima y muchas comunidades no alcanzarán a presentar a tiempo sus documentos y perderán la preciosa oportunidad de postular a la segunda fase del programa.
Por lo tanto, es ineludible aumentar el plazo de recepción de las postulaciones para que todas las comunidades tengan la misma posibilidad de quedar incluidas. Si se extendiera el plazo en unos quince días y se pusiera una nueva fecha, se ayudaría a miles de modestos campesinos mapuches de mi región, los que podrían cambiar su vida. 
Ruego que se envíe, a la brevedad posible y a través de quien corresponda, copia de mi intervención a don Juan Francisco Fernández, secretario ejecutivo del programa “Orígenes”, y al director nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena, Conadi, con el objeto de pedirles que se prorogue el plazo de postulación de las comunidades indígenas a la segunda fase del programa, hasta el 17 de noviembre próximo. 
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Ojeda y Sabag, a los cuales se adjuntará el texto de su discurso. 


SALUDO Y FELICITACIONES AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ATLÉTICO ÑUBLENSE. Oficio.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, la provincia de Ñuble, que muy bien representa mi colega Rosauro Martínez, ha dado muchos héroes a la República. Bernardo O’Higgins nació en Chillán; Arturo Prat nació en Ninhue, comuna que represento, y hoy tenemos a los nuevos “héroes” del Ñublense que ha subido a primera división. 
No pude estar presente el día del triunfo. Lo estuve hace 26 años, cuando ascendió por primera vez. 
Quiero que se envíe un fraternal saludo a don Sergio Zarzar, presidente del directorio; a don Luis Marcoleta, director técnico, y que se haga extensivo a los jugadores, felicitándolos por el gran logro de Ñublense, que honra a Chillán y a la provincia de Ñuble. 
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
SITUACIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS. Oficio.
El señor SABAG.- Señor Presidente, por otro lado, quiero referirme a la situación de los deudores hipotecarios PET y de viviendas con leasing. 
Esta mañana hemos tenido una reunión con su directiva nacional que ha terminado con incidentes. Diecisiete dirigentes fueron llevados a la Primera Comisaría de Santiago. Los ayudamos y felizmente fueron liberados.
Las familias que están endeudadas con la banca privada llegan a 280 mil. Ellos recibieron una respuesta del Gobierno frente a sus demandas de ayudas, de subsidios. La respuesta oficial ha sido que no se pueden pagar deudas privadas con dineros de todos los chilenos.
Quiero recordar que en 1983, cuando en Chile se vivió la crisis bancaria, el entonces Presidente Augusto Pinochet transfirió a la bancada privada cerca de 6 mil millones de dólares, sin plazo, en lo que se denominó la deuda subordinada. El Estado de Chile, con recursos de todos los chilenos, transfirió 6 mil millones de dólares a los privados, a un negocio privado como es el de los bancos. Del total de esos recursos, el Estado perdió 5 mil millones de dólares que todavía estamos pagando.
Hace dos meses voté a favor para suministrar 3 mil millones de dólares adicionales al Banco Central para paliar parte de esa deuda, a razón de 500 millones de dólares anuales. Estamos pagando esta deuda de todos los chilenos. Si condonáramos todo a los deudores PET, la suma ascendería a alrededor de 600 millones de dólares. Ellos no están pidiendo condonación; sólo que se revise su situación crediticia. Muchos están pagando intereses de 18 por ciento, en circunstancias de que hoy el crédito del mercado es de aproximadamente 5 por ciento. Por ejemplo, yo tengo un crédito hipotecario y pago 5 por ciento. Ellos repito están pagando 18 por ciento.
Por eso, acogiendo ese clamor, quiero decirle a mi Gobierno que escuche a los deudores hipotecarios. Insisto en que ellos no piden que les condenen nada; sólo que se revisen las situaciones. Están pagando por su vivienda un valor que es muy superior al real. Por lo tanto, así como en el pasado ayudamos a la banca privada con recursos de todos los chilenos, hoy también con esos mismos recursos ayudemos a estos deudores que lo están pasando muy mal. ¿Cuál es la lógica? Que en 1983 se entendió que si la banca privada quebraba se produciría una catástrofe nacional, porque el país prácticamente se detendría; hoy, entendamos también que no tenderle la mano a los deudores hipotecarios constituirá un problema social grave para el país y el Gobierno deberá resistir todo el clamor social que ello significará.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se oficiará a la ministra de Vivienda y Urbanismo; con la adhesión de la diputada señora Denise Pascal y de los diputados señores Ojeda, Díaz y de quien preside.


REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE INFORMACIÓN RELATIVA A PERSONAS PERDIDAS O EXTRAVIADAS. Oficio.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, solamente quiero reiterar un oficio que hace tiempo solicité que fuera enviado al ministro del Interior, con el objeto de que se sirviera informar sobre lo siguiente: número y porcentaje de niños y de adultos perdidos o extraviados en el país durante 2005, departamentos o secciones creadas en Carabineros y en el Servicio de Investigaciones para la búsqueda de personas perdidas o extraviadas, existencia de alguna reglamentación interna respecto de este tema, tanto en Carabineros como en Investigaciones, que tienda a solucionar los problemas de entrabamiento entre estos dos servicios, de manera de dar mayor celeridad y eficacia al trabajo que se realiza; causales más frecuentes por las que esas personas se pierden o extravían, y casos de personas que no han sido encontradas y porcentaje o número de casos resueltos.
Solicito que se pida, a través del Ministerio del Interior, informaciones sobre esta materia tanto a Carabineros como al Servicio de Investigaciones. Ello, debido a que este tipo de casos se agudiza cada vez más en el país y es un problema social que a lo mejor el Estado no ha abordado con la seriedad y formalidad requeridas.
Aquí, en la Cámara de Diputados, hay varios proyectos de ley presentados para establecer un procedimiento, una norma, que pueda prevenir este tipo de casos o ir en auxilio de esas personas perdidas o extraviadas que, a veces, requieren de atención rápida, de minutos, porque más allá su situación puede ser irreversible.
Solicito que se reitere mi oficio anterior, porque es necesario contar con esos antecedentes para la presentación de otro proyecto de ley en tal sentido.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


SALUDOS AL CLUB MELIPILLA POR SU ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN DEL FÚTBOL PROFESIONAL. Oficios.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- En el tiempo correspondiente al Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal Allende.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, el domingo pasado, en nuestra comuna de Melipilla, vivimos un día de gloria, cuando el equipo melipillano demostró, una vez más, su fuerza para ser puntero en la segunda liga y volver a primera división del fútbol profesional. No es casualidad que este equipo de jóvenes, que durante todo el año se esforzó por mantenerse puntero en segunda división, cumpliera con el anhelo de todos los melipillanos: que volviera a primera división, lo que hoy se ha materializado gracias a un arduo trabajo, ñeque, y voluntad. Esos jugadores, algunos de ellos muy jóvenes, nos han demostrado que con constancia se puede conseguir lo que se busca. Fue este domingo donde esos jugadores hicieron su último esfuerzo, el cual se tradujo en la victoria sobre el club Lota Schwager, que permitió su paso definitivo a primera división. Ese duelo valió la pena; todos esperábamos coronarlo con este triunfo. Hoy, Melipilla celebra con alegría que su equipo vuelva a la primera división; sin embargo, debe mantenerse en dicha división y para eso llamamos a todos los jóvenes melipillanos a continuar acompañando a su equipo durante el próximo año. 
Por lo tanto, deseo enviar mi saludo y felicitaciones a esos jóvenes, por su laborioso trabajo durante este año, y a su técnico, señor Luis Musrri, quien logró de ellos lo mejor que tenían y de esa manera llenaron de orgullo nuevamente a los melipillanos.
Quiero felicitar especialmente a los socios y simpatizantes del Club Melipilla, los cuales, durante los años en que se mantuvo en segunda división, siguieron a su lado sin importarles los momentos en que estuvieron afligidos.
También deseo mandar mis saludos al presidente del Club Melipilla, don Luis Bustos, y a su equipo directivo.
Estos triunfos de equipos locales, que se empeñan por ser profesionales, con gran colectivo de energía, nos empuja a seguir trabajando para que el deporte sea realmente masivo en el país, y no de elite, como en muchas ocasiones lo apreciamos.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien preside.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 15 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.