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Honorable Senado
Honorable Cámara
Vuestra delegación de parlamentarios que concurrió a la 115ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, celebrada en Ginebra, entre el 15 y el 18 de octubre, pasa a informaros sobre su cometido.
Chile estuvo representado por los senadores señores Juan Antonio Coloma (Presidente de la delegación), Nelson Ávila y por los diputados señora María Antonieta Saa y señores Carlos Abel Jarpa y Felipe Salaberry.
Los representantes chilenos ante el Consejo Directivo fueron el senador señor Coloma y los diputados señora Saa y señor Jarpa.
AGENDA DE LA 115ª ASAMBLEA DE LA UIP.
A.PUNTOS DE EMERGENCIA.
Se presentaron 7 solicitudes de puntos de emergencia. Tres de ellas relacionadas con la situación del Líbano (presentadas por Algeria, Irán y Jordania); una relativa a los anuncios efectuados por Corea del Norte en torno a la experimentación con armas nucleares (presentada por Japón); otra relacionada con el clima antimigrante en el mundo y su exacerbación por las medidas de seguridad adoptadas ante el terrorismo internacional (propuesta por México).
Dos solicitudes presentadas por Indonesia y Somalia fueron retiradas y se referían al apoyo parlamentario para la liberación de miembros del Parlamento y Ministros palestinos y el logro de justicia y paz en el Medio Oriente, y al apoyo de la Unión Interparlamentaria para las conversaciones de paz que se llevarán a cabo en Khartoum, el 30 de octubre del año en curso, respectivamente.
El punto de emergencia aprobado por la Asamblea, en cuya redacción participó la señora Saa, dice relación con el anuncio de la República Popular Democrática de Corea de su ensayo de armas nucleares y el fortalecimiento del régimen de no proliferación nuclear, que se adjunta como anexo N° 1.
B.COMISIONES PERMANENTES.
1.Primera Comisión Permanente de la Paz y de la Seguridad Internacional.
La Primera Comisión Permanente de la Paz y de la Seguridad Internacional se abocó a la “Cooperación entre Parlamentos y Naciones Unidas para la promoción de la paz mundial, particularmente desde la perspectiva de la lucha contra el terrorismo y la seguridad energética.”
El informe otorga especial importancia al terrorismo nuclear y en torno a ello se diseña una estrategia antiterrorista de carácter mundial, en la cual los parlamentarios se comprometen a trabajar tanto desde un plano interno como externo, puesto que se trata de un desafío mundial, puesto que sus efectos repercuten de manera global.
En razón de ello, cobra importancia el Tratado de no Proliferación Nuclear (TNP), así como otros instrumentos internacionales sobre control de armamentos, o la Convención sobre armas biológicas.
A su vez, el terrorismo ha aumentado su magnitud y muestra una tendencia a la propensión y destrucción, constituyéndose en una amenaza mundial. Es así, como actualmente los terroristas han maximizado las pérdidas de civiles, y en base a ello se sostiene que podrían utilizar armas nucleares, puesto que su fin último es atentar contra las libertades fundamentales y del estado de derecho.
Se señala que sus fundamentos no tienen que ver con incompatibilidades religiosas o culturales, como se ha venido sosteniendo, sino más bien tienden a desarrollar un resentimiento político, explotando la tergiversación de los hechos e ideologías.
Otras causas que se enumeran dicen relación con la pobreza y el subdesarrollo, metas en las cuales se trabaja en los Parlamentos, mediante el cumplimiento de las Metas del Milenio.
Naciones Unidas, a través de su Asamblea General y del Consejo de Seguridad han efectuado importantes contribuciones en este tema.
De esta manera, el documento final de la Cumbre de 2005, destaca que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos, constituyen pilares fundamentales de la seguridad y bienestar colectivo. Todos ellos, presentan una estrecha vinculación y se refuerzan mutuamente.
Otro tema importante dice relación con la diversidad, admitiendo que todas las culturas y religiones enriquecen a la humanidad.
Entre las principales recomendaciones que formula Naciones Unidas pueden citarse las siguientes:
-Disuadir a los grupos de recurrir al terrorismo o de apoyarlo.
-Negar a los terroristas los medios para llevar a cabo un ataque.
-Disuadir a los Estados de apoyar a los grupos terroristas.
-Reforzar la capacidad de los Estados para prevenir el terrorismo.
-Defender los derechos humanos en el contexto del terrorismo y de la lucha contra el terrorismo.
Nuestro Parlamento fue representado por el senador señor Coloma y por el diputado señor Jarpa. Este último, en su alocución destacó la situación de vulnerabilidad que presentan los países más pobres y en vías de desarrollo respecto del tema energético, puesto que normalmente no son productores ni de gas ni de petróleo y por lo tanto son dependientes de terceros países.
De allí que concluyó en la necesidad de introducir sistemas alternativos y de desarrollo de nuevas fuentes energéticas.
Para este último aspecto, se deben tener presentes tres requisitos esenciales. Ellos son la seguridad del abastecimiento, el respeto por el medio ambiente y la reducción del costo. Estos requisitos deben apuntar a un desarrollo sustentable, a la erradicación de la pobreza y a una distribución más equitativa del ingreso.
Hizo presente las políticas que lleva a cabo nuestro gobierno, donde se estudia la utilización de la energía nuclear y del carbón.
Asimismo, mencionó como alternativa el desarrollo de la energía hidroeléctrica, especialmente por las condiciones geográficas que presenta el país.
La resolución adoptada se incluye en anexo N° 2.
2.Segunda Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiación y Comercio.
La Segunda Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiación y Comercio analizó “El rol de los Parlamentos en la prevención del cumplimiento de los objetivos del Milenio, en particular en relación al problema de la deuda externa y la erradicación de la pobreza y de la corrupción”.
El informe hace un resumen de todas las resoluciones e instrumentos jurídicos adoptados en relación con el cumplimiento de las metas del milenio y muy especialmente respecto del problema de la deuda y la erradicación de la pobreza.
A partir de ahí, recalca que no existe seguridad respecto de su cumplimiento, especialmente de los compromisos adoptados por el grupo G8, en julio del 2005.
Entre las causas se enumera como una de las principales deficiencias al sistema de financiamiento, como también la persistencia del problema que produce la deuda que mantienen los países en desarrollo, como también del creciente fenómeno de la corrupción.
Es por ello, que recomienda que los Parlamentos deben ejercer un importante rol en cuanto al monitoreo que deben hacer sobre las acciones gubernamentales y respecto de los organismos financieros internacionales, para lo cual se requiere de los instrumentos de análisis pertinentes o de medidas concretas como pudiera ser adoptando las medidas para que los presupuestos nacionales prioricen el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio.
En cuanto a la erradicación de la pobreza, señala que no solamente es un deber moral, sino también una necesidad económica, y para alcanzar este objetivo es menester que los gobiernos hagan respetar la legalidad, instauren políticas económicas racionales, efectuando inversiones públicas apropiadas, administrando la función pública de manera adecuada, protegiendo los derechos humanos y apoyando la acción de las organizaciones de la sociedad civil y muy especialmente de aquellas que representan a los más pobres, a fin de que puedan participar en las grandes decisiones nacionales.
Junto a estas recomendaciones, es menester tener presente que también existen otros factores relevantes como son la paz, la seguridad y el desarrollo, requisitos básicos para erradicar la pobreza.
Los documentos estratégicos de la lucha contra la pobreza constituyen una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos del milenio en los 70 países más pobres del mundo, pero donde han quedado marginados los Parlamentos, tanto en las negociaciones como en las decisiones. Su accionar ha quedado limitado sólo a la ratificación de los distintos instrumentos jurídicos o al monitoreo de los compromisos financieros adoptados al reflejarse dentro del presupuesto nacional. Es por ello, que se señala que los Parlamentos deberían tener una mayor participación al iniciarse la discusión y elaboración de las estrategias nacionales.
La Guía de Buenas Prácticas editada por la UIP enumera una serie de acciones en ese sentido, donde es necesario destacar la necesidad de que los parlamentarios participen de una manera más activa a través de comisiones especializadas, la organización de debates públicos con las ONG, el control en terreno de la implementación de la política, y no solamente de verificar el aspecto financiero, sino además, analizar la efectividad de los programas en la reducción de la pobreza.
Las estrategias deben considerar aspectos como la promoción del empleo y la creación de actividades generadoras de ingresos, con un mayor acceso a los servicios y el desarrollo de infraestructura básica.
Así, también deben estructurarse en torno a los objetivos del milenio, afirmando claramente la necesidad de incrementar la inversión pública, la creación de capacidades y la movilización de recursos internos.
Con respecto a la cancelación de la deuda, en el interés de la justicia y como una condición para el desarrollo, destacan que la deuda que aflige a los pueblos del hemisferio sur es resultado de una política de endeudamiento en que son responsables tanto los gobiernos de los países acreedores como también los gobiernos de los países deudores, pero en que el costo ha recaído durante los últimos 20 años sobre los últimos, ocasionando millones de pérdidas de vidas humanas.
Las causas son ampliamente conocidas. Las tasas de interés de la deuda han sido indexadas sobre las tasas de los Estados Unidos y de este modo, el fuerte aumento experimentado por las tasas de la década de los ochenta produjo un aumento del monto de los intereses anuales. Asimismo, la disponibilidad financiera, producto de los sucesivos shocks petrolíferos, ha sido invertida principalmente en los países en desarrollo.
A estos dos factores hay que agregar, además, las insuficiencias en la gobernanza de los países en desarrollo y los efectos de la creciente corrupción.
Desde otro punto de vista, también es necesario considerar que el condicionamiento de los préstamos ha contribuido a remodelar las economías de los países en desarrollo, dirigido principalmente a la producción de bienes destinados a la exportación para los mercados de países desarrollados.
La lógica de la globalización tampoco ha colaborado, puesto que no ha contribuido a la construcción de economías sólidas y sustentables en los países en desarrollo ni tampoco se ha reflejado en beneficios para sus poblaciones.
Por otra parte, los compromisos adquiridos por los países del norte no han cumplido con la obligación de destinar el 0,7% del Producto Interno Bruto, (PBI) a la ayuda para el desarrollo.
La suma desembolsada a los países del sur no excede los 50 mil millones de dólares al año, mientras que los países del sur, pagan al año más de 350 mil millones de dólares en amortización de su deuda. De acuerdo con ONU para alcanzar los objetivos del milenio se requerirían de unos 50 mil millones de dólares adicionales anuales. Es por ello, que este objetivo se encuentra incumplido, puesto que los países ricos consagran solamente 0,36 % del PBI a la ayuda del desarrollo.
Es más, países como Francia, Alemania y el Reino Unido ha disminuido en un 2% sus contribuciones.
Es por ello que el informe concluye que la viabilidad de la deuda a largo plazo debe ser redefinida como “el nivel de la deuda compatible con la consecución de los objetivos del milenio”.
Otro factor fundamental es la lucha contra la corrupción, que también incluye la corrupción política, que se define como el abuso de poder de los dirigentes políticos con fines personales, con el objeto de incrementar su poder o riqueza, lo que no solamente comprende el enriquecimiento ilícito sino también el tráfico de influencias o de privilegios especiales, que amenazan la democracia, y que pueden llevarse a cabo por dirigentes políticos antes, durante y después de su mandato.
En términos económicos, la corrupción entraña una baja de los ingresos y un debilitamiento de la tasa de productividad, puesto que desvía los escasos recursos fuera de las inversiones productivas en áreas tan fundamentales como la educación o la salud. También, provoca efectos en los inversionistas extranjeros, pues ven implícita una amenaza a los derechos de propiedad o de una mala gestión.
Finalmente, el informe concluye recomendando a los Parlamentos que adopten los instrumentos jurídicos tendientes a erradicar este problema y sugiere medidas de control destinadas a establecer o fortalecer los mecanismos para que el Ejecutivo rinda cuenta de su acción, mediante interrogatorios o la creación de comisiones especializadas, etc.
La diputada señora Saa representó a Chile y destacó el hecho de que Naciones Unidas se plantee metas tan exiguas como las que existían al inicio del siglo XX. Erradicar la pobreza extrema, el hambre, la enseñanza universal, igualdad de géneros, reducir la mortalidad infantil, constituyen un llamado a los gobiernos del orbe a poner énfasis y a focalizar esfuerzos en aquella parte de la población más necesitada y carenciada de los distintos territorios que forman el orbe.
Por otra parte, ellos constituyen un llamado a la solidaridad y cooperación a aquellos países que cuentan con mayores niveles de desarrollo, lo que incluye la entrega periódica de ayuda humanitaria, la colaboración en cuanto a la inversión en desarrollo humano y la posibilidad de establecer relaciones comerciales favorables y aliviar el peso de lo que implica el servicio de la deuda externa para los países pobres.
A continuación, formuló un llamado a los Parlamentos en el sentido de supervigilar y fiscalizar la acción de los respectivos gobiernos en torno al cumplimiento de las metas del milenio y de una manera especial en cuanto a la discusión de los presupuestos a fin de que incorporen de una manera preferencial medidas tendientes a la concreción de los compromisos adquiridos.
Finalmente, se refirió al sistema de protección social que existe en nuestro país, denominado “Chile Solidario”, donde se establecen 53 condiciones mínimas orientadas al fortalecimiento de áreas específicas como son la salud, educación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo e ingresos. En base a ello, se ha obtenido que durante los últimos tres años más de 100.000 familias hayan superado la situación de indigencia, situándose sobre la línea de la pobreza.
Enumeró otras medidas adoptadas por Chile como son el Plan Auge, la garantía constitucional mediante la cual se establece la obligatoriedad de la educación básica y media o la iniciativa que establece la tasa para turistas en los aeropuertos para ir en ayuda de los países más pobres.
3. Tercera Comisión Permanente de la Democracia y de los Derechos Humanos, discutió sobre
La Tercera Comisión Permanente de la Democracia y de los Derechos Humanos discutió sobre “Personas desaparecidas”.
El informe sometido a la Asamblea señala que son dos los factores principales que causan la desaparición de las personas.
Ellos son las situaciones de conflicto armado o de violencia interna.
Son muchas las personas que se ven afectadas por este tipo de situaciones y es por ello que requieren de procesos de rehabilitación y de reconciliación, tanto de índole personal como comunitaria.
Los efectos perduran años después de terminado el conflicto y del restablecimiento de la paz y pueden afectar gravemente el tejido social y socavar las relaciones entre grupos y naciones por muchos años.
Es necesario conservar el recuerdo colectivo de lo que pasó, analizar los motivos que originaron la crisis a fin de sacar lecciones sobre lo ocurrido. Para ello, se recomiendan mecanismos apropiados, independientes y no judiciales como puede ser la constitución de comisiones de verdad.
Desde otro punto de vista, se destacan las normas de derecho internacional humanitario que tienen por objeto prever las desaparición de personas, que respeten la integridad y la dignidad de los seres humanos e incluso de los difuntos, todo lo cual constituye una barrera contra las desapariciones.
Las desapariciones también ocurren dentro de otros contextos, como por ejemplo, en situaciones de desastres naturales, de movimientos migratorios o de tráfico de seres humanos, por citar algunos.
Asimismo, las circunstancias de las desapariciones son diversas, entre las cuales se enumera la falta de placas de identidad, o el caso de niños no acompañados, que han sido separados de sus familias al huir éstas de las zonas de conflicto o que han sido hechos prisioneros o adoptados apresuradamente; la falta de pruebas que permitan confirmar la identidad de personas fallecidas o en el caso de cuerpos exhumados.
Muchas de estas circunstancias pueden tener relación con la incapacidad, negligencia o falta de conocimiento por parte de las autoridades del Estado o falta de voluntad para adoptar medidas apropiadas.
Todos estos hechos tienen una repercusión importante en las familias y por lo tanto requieren de apoyo psicológico, jurídico, administrativo, social y económico.
En razón de lo anterior, el informe destaca cinco áreas que deben desarrollarse.
-Prevención de desapariciones a través de la entrega de placas de identificación al personal de las fuerzas armadas, registro de datos de los grupos vulnerables y la protección del derecho a intercambiar información.
-Esclarecimiento de la suerte que han corrido las personas dadas por desaparecidas.
-Gestión de la información y tratamiento de los expedientes relativos a las personas dadas por desaparecidas.
-Tratamiento de los restos humanos y de la información sobre los fallecidos.
-Apoyo a las familias.
En cuanto al cometido que cabe a los Parlamentos, destacan la presión que deben ejercer en los gobiernos nacionales para que asuman su responsabilidad y respeten su compromiso de resolver el problema de las personas desaparecidas, como también ir en ayuda de sus familias y prever futuras desapariciones y en general de implementar políticas que ayuden a resolver este tipo de problemas.
Por último, se formula una serie de medidas, entre las cuales se insta a intercambiar información, experiencias y pericias en relación con las acciones parlamentarias llevadas a cabo para garantizar la aplicación de la resolución adoptada y que se incluye como anexo N° 3.
Esta Comisión contó con la participación del senador señor Ávila y del diputado señor Salaberry.
El senador señor Ávila destacó en su discurso los efectos brutales que provoca la desaparición de personas, conocido como crimen de lesa humanidad, puesto que no sólo afecta a las víctimas sino a todos los habitantes del planeta.
Hizo un recuento de los instrumentos internacionales vigentes y del desarrollo del derecho internacional hasta nuestros días, donde destacó la creación del Corte Penal Internacional.
También se refirió a la situación que afectó a nuestro país durante el gobierno militar, a los desaparecidos, a las fosas clandestinas y a la imposibilidad de dar con el paradero de muchas personas y los graves efectos y sufrimiento que ello provocó en sus familias.
Finalmente, destacó la importancia de incorporar en las conciencias individuales y colectivas el respeto irrestricto a los derechos humanos, la sanción, sin excepción a los culpables de su violación y la justa reparación que se debe otorgar a las víctimas. También, sobre la necesidad de compatibilizar las legislaciones internas con el nuevo derecho internacional vigente y promover la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, asunto pendiente en nuestro país.
A su vez, el diputado señor Salaberry, quien también participó en el Comité de Redacción, en su intervención destacó que a partir del siglo XX estos hechos se han manifestado con mayor fuerza y es aquí donde nacen las primeras nociones del daño que producen las desapariciones y se toma conciencia de la necesidad de crear instrumentos necesarios y eficaces para su prevención.
A continuación formuló comentarios en torno al informe presentado, hizo alusiones al caso de Chile y enumeró los esfuerzos realizados por nuestro país, mediante la creación de diversas instancias como la Comisión Rettig, la de Reparación y Justicia, la Mesa de Diálogo, la Comisión Valech y otras.
Así también, se refirió a la creación en nuestro país del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Recalcó que es necesario que cada Estado pueda contar con un espacio para llevar a cabo estos procesos en concordancia con su propia experiencia.
Desde otro aspecto, puso énfasis en la necesidad de colaborar con la superación de la visión ideológica de los derechos humanos que afecta a algunos países y que es utilizada como bandera de lucha política, profundizando las heridas. Finalmente, concluyó en que los derechos humanos son inherentes a las personas, a su dignidad y están presentes en toda su vida y bajo cualquier contexto político, social, económico o cultural, por lo que traspasan cualquier institución, sector o grupo y por tanto constituyen un patrimonio de la humanidad.
Destacó la imposibilidad de borrar el dolor que provocan estos hechos, sobre la necesidad de reducirlo y en las medidas que se deben adoptar para prevenir este tipo de situaciones.
C.REUNIONES DE LOS COMITÉS.
Como es de costumbre, se reunieron otros órganos de la IUP, como se señala a continuación:
-El Comité de Coordinación de Mujeres Parlamentarias constató que el 30% de los representantes eran mujeres. También, presentó una propuesta para la Segunda Comisión y se dio cuenta del seguimiento efectuado sobre los temas tratados en la Asamblea de Nairobi, y de los avances obtenidos en torno a legislaciones que permitan la total inserción de las mujeres en la política.
-Asimismo, otros grupos como el Grupo de Asociación de Género, el Comité Coordinador de las partes representantes del proceso de seguridad y cooperación en el mediterráneo (Cscm), y el Comité de Asuntos del Medio Oriente Medio llevaron a cabo sus reuniones habituales.
-El Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios analizó casos de diversos países como se consigna en el anexo N° 4.
-Asimismo se llevaron a cabo dos paneles. El primero, donde participó el Presidente del Banco Mundial, señor Paul Wolfowitz, relativo a la acción de esta entidad a favor del desarrollo y respecto del rol de los parlamentarios en esta temática. El segundo, organizado por la Comisión de Derechos Humanos Parlamentarios, denominado “Treinta años al servicio de la libertad de expresión”.
D.GRULAC.
-A su vez, el Grupo Latinoamericano y del Caribe, eligió como Presidente al diputado venezolano señor Darío Vivas.
-Con respecto al cargo de Vicepresidente, su elección quedó pendiente.
-Como representante ante el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios resultó elegida la senadora Rosario Green (México).
-En calidad de suplente se nominó al senador señor Nelson Ávila, en reemplazo del senador señor Baldo Prokuriça.
E.116ª ASAMBLEA.
Se informó que, atendido lo sucedido en Tailandia, se estudiaba la posibilidad de llevar a cabo la próxima Asamblea en la ciudad de Yakarta.
F.PARLAMENTARIOS INFORMANTES.
Senador señor Juan Antonio Coloma (Presidente de la delegación) y diputado señor Carlos Abel Jarpa Wevar.
(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA, Secretaria del Grupo Interparlamentario Chileno ante la Unión Interparlamentaria”.
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