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El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a la jefatura de mi bancada por haberme otorgado tiempo para intervenir en esta sesión especial, no obstante que algunos de sus integrantes podrían no coincidir con lo que expresaré.
Creo que las personas que han citado a esta sesión especial pueden estar equivocados, pero no lo han hecho con mala intención, sino con el ánimo de discutir una materia que les parece interesante y, en consecuencia, no pueden ser descalificados.
En esta sesión especial se entrecruzan dos grandes temas: uno jurídico, esencialmente, y otro más bien político, los cuales conviene mantener, en mi opinión, separados.
Por una parte, está la discusión en cuanto a si el ex abanderado de la Oposición, dada su calidad de director de Lan Chile, hizo o no uso de información privilegiada al adquirir un paquete accionario de dicha compañía un día antes de que ésta hiciera pública su situación financiera. Por otra, está la discusión, nada nueva, por lo demás, acerca de la perversa relación que existe entre el dinero y la política y cómo ella puede afectar la independencia de las autoridades cuando deben tomar decisiones públicas, en el sentido de que los intereses privados podrían llegar a ensuciar su objetividad y rectitud.
Ambos problemas son graves y deben ser debatidos, pero, a mi juicio, en instancias y momentos distintos. Para cada uno debe haber respuestas institucionales, pero ellas deben estar, necesariamente, separadas.
En efecto, frente al posible uso de información privilegiada por parte de cualquier persona, sabemos que la ley N° 18.045, de mercado de valores, tiene una trama jurídica estructurada sobre la base de prohibiciones y que, en algunos casos, puede llegar a configurar un delito. Su artículo 169 encomienda a la Superintendencia de Valores y Seguros el deber de investigar y sancionar a quienes contravengan sus disposiciones.
Además, el artículo 23 del decreto leyN° 3.538, en una medida más bien de corte garantista, obliga a los funcionarios de la Superintendencia de Seguros y Valores a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las personas o entidades sujetas a su fiscalización. Grave problema.
En el caso de la compra de acciones de LAN por parte de don Sebastián Piñera , la prensa se ha encargado de informar que el superintendente Etchegaray , presente en esta sesión, ha estado recabando y sigue recabando antecedentes y realizando diligencias para determinar si, en los hechos, hay o no indicios que puedan dar inicio a un procedimiento administrativo sancionatorio.
En resumen, todo indica, como ha sido habitual en este tipo de casos Chispas, Banco de Chile, Schwager , por nombrar algunos, que el mecanismo diseñado en la ley está operando según lo previsto.
En este contexto, si las instituciones que hemos diseñado para enfrentar y sancionar este tipo de casos han dado muestras fehacientes de que están haciendo su trabajo, ¿en qué podría ser útil una sesión especial para tratar la compra de acciones de LAN? ¿Cuál sería el sentido de citar al superintendente, que por ley tiene la obligación de guardar reserva de los antecedentes que rodean esa operación? ¿Qué podría aportarnos el ministro de Hacienda entiendo que se excusó, en circunstancias de que la obligación de velar por la transparencia y el correcto funcionamiento de los mercados está radicada en un órgano autónomo y eminentemente técnico que, si se relaciona con Hacienda, lo hace sólo por cuestiones de coordinación?
Así las cosas, probablemente esta sesión especial termine más bien en un ejercicio, sin mucho fundamento. Ahora, como el caso está relacionado con otra cuestión, que sí es importante que debatamos aquí, es una buena oportunidad, en los pocos minutos que tengo, de bosquejar algunas ideas, que ya las mencioné: el canal separado, el dinero y la política.
Hemos tenido avances, y quienes integramos la Concertación debemos estar orgullosos de los avances que se han logrado a partir, diría, de un hecho que marcó un antes y un después. Es la ley de probidad de 1998, durante el gobierno del Presidente Frei. A mi juicio, fue un hito importante desde el punto de vista de crear una nueva estructura relativa a la probidad.
Pero después vinieron otras cosas, varias con el apoyo de la Alianza por Chile, y es bueno reconocerlo: transparencia en materia de recursos financieros, regulación de gastos reservados, creación de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con carácter permanente para el seguimiento de los gastos fiscales, establecimiento de normas en relación con la administración financiera; entrega de información al respecto por parte del Ejecutivo; transparencia en materia de recursos humanos; establecimiento de asignaciones; regulación de pago de honorarios; carrera funcionaria; creación de Alta Dirección Pública. ¿Para qué seguir? Son varias más que en los últimos seis o siete años han constituido un marco mejor para la transparencia, que es el gran antídoto contra cualquier cuestión que huela a opacidad o corrupción. Ese es el gran camino.
Y para ese camino, a propósito de los avances, tenemos oportunidad de hablar de las cosas pendientes. No puede ser que siga pendiente una ley del lobby. Es muy malo para el país.
Quiero recordar que un conjunto de diputados de la Concertación, entre otros, Carolina Tohá , Carlos Montes , el que habla, presentamos hace cuatro años un proyecto sobre el lobby, que se despachó de la Cámara y duerme en el Senado, hace más de un año y medio.
Un país, con el movimiento económico que tiene Chile, todavía carece de un estatuto que regule el lobby. Es una de las cosas pendientes.
También está pendiente el fideicomiso ciego. ¿Cuánto se habló durante la campaña del fideicomiso ciego? Y en esto la responsabilidad es de todos, no sólo del Ejecutivo, porque en esta materia la iniciativa también es de los parlamentarios. Dijimos muchas cosas entonces, pero a la hora de legislar, no ha habido iniciativa del Ejecutivo ni del Congreso destinada a configurar una institución básica para establecer fronteras precisas entre el dinero y la política. Tampoco esto es bueno para el país.
Un pequeño recuerdo histórico. Estamos orgullosos de varios personajes del pasado, pero hay casos, ¡por favor!, que indican que el problema entre el dinero y la política siempre ha existido. Quiero recordar un libro sobre las cartas entre Arturo Alessandri Palma , quien fue Presidente de Chile durante dos períodos, y el cónsul de nuestro país en Buenos Aires. ¡Nadie ha desmentido la veracidad de ese “chateo” de la época que da cuenta, obviamente, de una colusión espantosa entre el dinero y la política! En consecuencia, sigamos avanzando.
A mí no me gusta mucho que estudios de abogados se identifiquen con el nombre de un senador o diputado. Me parece pésimo desde el punto de vista de la transparencia. ¡Muy malo!
Probablemente también esté pendiente la mejora de las normas en relación con la información privilegiada. Me permití pedir a la Biblioteca del Congreso Nacional un trabajo de legislación comparada sobre información privilegiada y mercado de valores, de agosto de 2006. De su lectura, uno se puede dar cuenta que hay un trecho importante para avanzar en esta materia.
En Chile no hay normas relativas a períodos prohibidos o “blackout”, como se llaman en otras partes. Para la información privilegiada, hay que configurar la situación de la persona, de manera que oportunamente haya causalidad entre su situación y el acto que realiza.
En varios países bien avanzados en materia de regulación de mercado hay períodos de “blackout”. Se han establecido ciertos períodos en que una persona, por la situación privilegiada que tiene, no puede hacer transacciones. En esas circunstancias, la situación que nos preocupa estaría impugnada.
Se debe avanzar en estas materias, pero creo que se debe distinguir entre unas y otras. Hay momentos procesales para unas y otras.
Hay una institución fiscalizadora trabajando. Eso lo ha informado la prensa. Probablemente, el señor superintendente, dentro de lo poco que puede decir, nos podrá ratificar que está haciendo una preinvestigación. Bueno, cuando la termine, se le podrá citar y en esa oportunidad se le preguntará cómo fiscalizó. Entonces se sabrá si lo hizo bien o lo hizo mal, a juicio de la Cámara. Ese es el momento procesal.
Nos hemos adelantado de mala manera y creo que lo lógico sería esperar a que termine esa instancia.
He dicho.
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