REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 354ª Sesión 84ª, en miércoles 11 de octubre de 2006 (Ordinaria, de 10.39 a 14.52 horas) Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; Burgos Varela, don Jorge, y Pérez Arriagada, don José. Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don José Miguel,y Hales Dib, don Patricio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia7 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 V.Orden del Día. Perfeccionamiento del sistema de seguridad ciudadana. Modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal. Primer trámite constitucional11 Saludo a campeonas mundiales de hockey en patines45 VI.Proyectos de acuerdo. Normativa para asesoramiento y defensa jurídica eficaz45 Aumento de recursos para el Fondo Nacional del Adulto Mayor en presupuesto de la nación de 200748 VII.Incidentes. Réplica a expresiones vertidas en relación con el voto de Chile en Naciones Unidas51 Información sobre adquisición de ambulancias. Oficio52 Felicitación a estudiante Héctor Pastén Vásquez, de La Unión. Oficios52 Pensión por gracia a campeón mundial de caza submarina. Oficio53 Información sobre expropiaciones para continuación de Carretera Austral. Oficio53 Solución a problemas originados por eventual cierre de colegio de Puente Alto. Oficio54 Agilización de presentación de proyecto de ley marco de turismo. Oficios55 Investigación de eventual concentración en el mercado radial. Oficios56 Alcance a intervención de diputado Tarud58 Ratificación por la Corte Suprema de fallo sobre acoso laboral. Oficios59 Creación de institucionalidad administrativa para los adultos mayores. Oficios60 Réplica a intervención de diputado Fidel Espinoza60 Situación laboral de manipuladoras de alimentos de colegios de la provincia de Arauco. Oficios61 Revocación de permiso para instalar cementerio en Talcahuano. Oficio63 Pág. VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio del Senado por el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a una de las enmiendas propuestas al proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales, y del nombre de los señores diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá constituirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República. (boletín N° 395304)64 2.Primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que modifica la ley N° 18.556, sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral. (boletín N° 425006)64 3.Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que modifica la ley N° 18.556, sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral. (boletín N° 425006)69 4.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Arenas, Alvarado, Bauer, Correa, Egaña, Estay, Hernández, Masferrer, Rojas y Von Mühlenbrock, que modifica la ley del consumidor con el objeto de regular los errores de facturación. (boletín N° 459703)70 5.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Araya; Díaz, don Eduardo; Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag; Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda, doña Alejandra, que elimina el principio de oportunidad en la sanción de cotizaciones previsionales. (boletín N° 459813)71 6.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Saffirio, Burgos y Vallespín, que modifica la ley N° 18.287, sobre procedimientos ante los juzgados de Policía Local, suprimiendo penas restrictivas de libertad en la jurisdicción de policía local. (boletín N° 459907)73 7.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Errázuriz, Becker y Vargas, que obliga a establecimientos educacionales a incluir el ajedrez como deporte optativo. (boletín N° 460004)75 8.Proyecto iniciado en moción del diputado señor Errázuriz, que aplica sanción especial a conductores ebrios de menos de 25 años. (boletín N° 460115)75 9.Proyecto iniciado en moción del diputado señor Errázuriz, que modifica el artículo 35 de la ley N° 4.808, del Servicio del Registro Civil, relativo al oficial competente para celebrar un matrimonio. (boletín N° 460218)76 10.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay, Alvarado, Correa, Hernández, Kast, Masferrer, Melero, Recondo, Von Mühlenbrock, y de la señora Cristi, doña María Angélica, sobre seguridad en los Mall, centros comerciales y supermercados. (boletín N° 460325)76 Pág. 11.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, declaración de admisibilidad y resolución que ordena dar traslado del expediente Rol N° 5492006, que incide en la causa RIT 1302006, seguida ante el Tribunal Oral de Concepción en contra de don Álvaro Espinoza Medina, por el delito de piratería y comercio clandestino77 IX.Otros documentos de la Cuenta. Ministerio de Interior: Diputado Errázuriz, información de fecha en que se otorgará pensión asistencial a mayores de 65 años, de acuerdo a lo señalado en el Mensaje Presidencial. Ministerio de Defensa Nacional: Diputado Arenas, solución a deficiencias habitacionales y de seguridad en Villa Francia, comuna de Collipulli. Diputado Sepúlveda, don Roberto, información sobre medidas de prevención delictual en Población Rosa O’Higgins de la comuna de Maipú. Diputado Sepúlveda, don Roberto, investigación sobre actitud policial frente a narcotraficantes, Población Presidentes de Chile. Diputado Sepúlveda, don Roberto, mayor resguardo policial en cruce de ferrocarriles en Lo Errázuriz. Diputado Sepúlveda, don Roberto, información sobre medidas para enfrentar delincuencia en Villa La Arboleda 2 y Villa Las Flores. Diputado Hales, ampliación de plazo para decidir sobre la compra de satélite. Diputado Martínez, otorgamiento de rol central a Padre de la Patria en conmemoración del bicentenario y traslado de sus restos al mausoleo familiar en Chillán Viejo. Ministerio de Obras Públicas: Diputado León, asignación de nombre a puente en localidad de los Queñes, provincia de Curicó. Ministerio de Bienes Nacionales: Diputado Ward, información sobre si propiedad de Municipalidad de Calama es considerada recinto deportivo o como sitio eriazo. Diputada Turres, regularización de sectores costeros. Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Diputada Nogueira, información sobre cotizaciones previsionales de la señora María Eugenia Orellana. Diputado Farías, antecedentes sobre empresa de transporte rural limitada, Turbus. Diputado García, razones descuento del 7% para el Fondo de Salud a los jubilados. Diputado García, irregularidades en programa de generación de empleo en la IX Región. Diputado Jaramillo, aumento de cupos de programas de empleo del gobierno en comunas del distrito 54. Diputado Correa, resolución 851, de 30.08.05, asistencia y determinación horas trabajadas. Proyecto de Acuerdo N° 148, cierre de oficinas de atención de público anunciado por la AFP Provida. Ministerio de la Vivienda y Urbanismo: Diputado Sepúlveda, don Roberto, información sobre inmuebles que serán afectados por plan de expropiación en la comuna de Maipú, para la ejecución del Plan “Transantiago”. Diputado Arenas, financiamiento de obras sanitarias en sector rural de Pellomenco, comuna de Angol. Diputado Robles, autorización de construcción de puerto en Comuna de Caldera. Proyecto de Acuerdo N° 171, medidas que indica en beneficio de los afectados por catástrofe climática. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Diputado Sepúlveda, don Roberto, medidas de fiscalización frente a hechos delictuales en sector aledaño a terminales de buses. Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Proyecto de Acuerdo N° 38, constituir comisión que reconozca calidad de prisioneros políticos y les otorgue beneficios que indica. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (116) NOMBRE(Partido*RegiónDistrito) --Accorsi Opazo, Enrique --Aedo Ormeño, René --Aguiló Melo, Sergio --Alinco Bustos, René --Allende Bussi, Isabel --Alvarado Andrade, Claudio --ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Araya Guerrero, Pedro --Arenas Hödar, Gonzalo --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Bobadilla Muñoz, Sergio --Burgos Varela, Jorge --Bustos Ramírez, Juan --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Chahuán Chahuán, Francisco --De Urresti Longton, Alfonso --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Díaz Díaz, Marcelo --Dittborn Cordua, Julio --Duarte Leiva, Gonzalo --Egaña Respaldiza, Andrés --Eluchans Urenda, Edmundo --Encina Moriamez, Francisco --EnríquezOminami, Gumucio Marco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escobar Rufatt, Álvaro --Espinosa Monardes, Marcos --Espinoza Sandoval, Fidel --Estay Peñaloza, Enrique --Farías Ponce, Ramón --Forni Lobos, Marcelo --Fuentealba Vildósola, Renán --Galilea Carrillo, Pablo --García García, René Manuel --GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Briere, Guido --Godoy Ibáñez, Joaquín --Goic Boroevic, Carolina --González Torres, Rodrigo --Hales Dib, Patricio --Hernández Hernández, Javier --Herrera Silva, Amelia --Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge --Isasi Barbieri, Marta --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jiménez Fuentes, Tucapel --Kast Rist, José Antonio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leal Labrín, Antonio --León Ramírez, Roberto --Lobos Krause, Juan --Lorenzini Basso, Pablo --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Meza Moncada, Fernando --Monckeberg Bruner, Cristián --Monckeberg Díaz, Nicolás --Monsalve Benavides, Manuel --Montes Cisternas, Carlos --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz D'Albora, Adriana --Norambuena Farías, Iván --Núñez Lozano, Marco Antonio --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Pacheco Rivas, Clemira --Palma Flores, Osvaldo --Paredes Fierro, Iván --Pascal Allende Denise --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rossi Ciocca, Fulvio --Saa Díaz, María Antonieta --Sabag Villalobos, Jorge --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Sepúlveda Hermosilla, Roberto --Sepúlveda Orbenes, Alejandra --Silber Romo, Gabriel --Soto González, Laura --Sule Fernando, Alejandro --Súnico Galdames, Raúl --Tarud Daccarett, Jorge --Tohá Morales, Carolina --Turres Figueroa, Marisol --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valcarce Becerra, Ximena --Valenzuela Van Treek, Esteban --Vallespín López, Patricio --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Cárdenas, Mario --Venegas Rubio, Samuel --Verdugo Soto, Germán --Vidal Lázaro, Ximena --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio --Ward Edwards, Felipe Asistieron, además, el ministro de Justicia, señor Isidro Solís. Concurrieron, también, los senadores señores Mariano RuizEsquide, Víctor Pérez, y Juan Antonio Coloma. Por encontrarse con permiso constitucional, no asistió el diputado señor Eugenio Tuma Zedán. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.39 horas. El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 79ª se declara aprobada. El acta de la sesión 80ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. V. ORDEN DEL DÍA PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA. Modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor LEAL (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías. Tiene la palabra el diputado señor Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, el tema en debate es extraordinariamente importante y merece ser analizado con mayor tranquilidad, sobre todo, porque de pronto pareciera que se trata con demasiada liviandad. Muchas veces se dice que en el combate contra la delincuencia hay dos posiciones: una de un sector que tiene mano blanda y otra de un sector que tiene mano dura. Indiscutiblemente, con esa visión jamás vamos a llegar a un acuerdo serio para enfrentar la delincuencia, ya que es un tema que debe ser tratado con altura de miras, en forma meditada, para lograr una solución. Las normas para combatir la delincuencia deben ser racionales, eficientes y concordadas con los expertos en la materia. Antes de entrar al análisis del proyecto, no puedo dejar de expresar mi inquietud, por cuanto la mayoría de los profesores y especialistas en la materia que asistieron a la Comisión manifestaron su desacuerdo con las modificaciones planteadas. Esto debe hacernos pensar. Creo sinceramente y es mi posición que la legislación actual es suficiente para combatir la delincuencia con energía y los jueces tienen las herramientas para ello. Pero, lamentablemente, siempre que se producen problemas, algunos, como se dice vulgarmente, le “echan la culpa al empedrado”. Muchas veces lo que uno observa es una falta de criterio en la aplicación de la ley. Pero tenemos normas con las que se puede combatir en forma eficiente la delincuencia, los jueces tienen las herramientas y la responsabilidad para proceder, no el Poder Legislativo; ellos y las policías pueden hacer bien su trabajo. Concuerdo en que las normas procesales y penales pueden perfeccionarse; es algo a lo cual no me puedo negar. Pero eso debería ser producto de un estudio más acabado y profundo, con mayor tiempo y con la participación de más especialistas; así las soluciones que se logren serán más de peso y permanente en el tiempo. Debemos legislar para el futuro y no para dar una respuesta rápida a inquietudes, sin duda, legítimas. Está claro que para combatir la delincuencia y así lo han dicho estudiosos lo primero que debemos hacer es atacar la drogadicción. Así lo confirme el estudio realizado por Paz Ciudadana que fue entregado a los miembros de la Comisión, donde se dice que el 77,1 por ciento de los delitos de mayor connotación social fueron cometidos por personas bajo los efectos de alguna droga. Es decir, está claro, entonces, que lo primero que debemos hacer es combatir la drogadicción. Y aun cuando ahora se está haciendo, tenemos que fortalecer todos los recursos en ese cometido. También es necesario ocuparse de la rehabilitación del delincuente. De pronto, la sociedad, en una visión muy superficial, ve la rehabilitación como algo sin importancia, como que en definitiva la persona que delinque debe pudrirse en la cárcel. Y ése es un absurdo, porque en algún momento cumple su condena y sale en libertad; y si nosotros no tenemos un programa serio y bueno de rehabilitación, va a delinquir nuevamente. Por ello, la rehabilitación es muy importante. Sobre la base de estas consideraciones y de las distintas posiciones expuestas en el transcurso de este análisis, hemos aprobado una serie de normas. Por ejemplo, acogimos el artículo 78 bis. ¿Qué significa eso? Que ciertos delitos de mayor connotación, como el secuestro, la sustracción de un menores, la violación, el homicidio, el robo con violencia en las personas y el robo con fuerza en las cosas, van a ser todos considerados como de la misma especie. Además, se fijan normas especiales para la condena en caso de reincidencia. Establecer que los mencionados delitos son de la misma especie para cualquier persona docta en la materia puede significar, por decir lo menos, que se “caiga de la silla”, porque teóricamente es impresentable ese planteamiento. Pero se dispone de esa manera como una forma de agravar las penas en caso de reincidencia. También aprobamos una disposición para que ciertas atenuantes no se apliquen en este tipo de delitos, particularmente la de reparar con celo el mal causado. El proyecto original establecía su eliminación total, pero nosotros estimamos que lo más adecuado era introducir una disposición que indicara que sólo se considerará cuando la víctima declare judicialmente su satisfacción con dicha reparación. Recordemos que, en muchos delitos, la atenuante de reparar con celo el mal causado es utilizada en mala forma. Por ejemplo, en un delito de lesiones graves, el agresor deposita 100 mil pesos en el tribunal y piensa que con eso repara el mal causado. Luego solicita que se considere en la determinación de la pena. Lamentablemente, muchos jueces la acogen. En este caso, no permitimos eso, establecimos que la víctima debe declarar judicialmente su satisfacción con la reparación. Esto es un avance. Quiero destacar una indicación que presentó la diputada Laura Soto, suscrita por todos nosotros, que apunta a compatibilizar las disposiciones que he mencionado con toda la legislación relacionada con responsabilidad penal juvenil. ¿Por qué? Muy simple: porque esta ley establece la responsabilidad de los jóvenes sobre los 14 años, pero también que sus penas son menores que las que se aplican a los adultos. Entonces, si aprobábamos las normas originales íbamos a desvirtuar en gran medida el espíritu de la ley, al aumentar en forma exagerada las penas que se aplican a los jóvenes. Creo que fue una gran idea de la diputada Laura Soto, razón por la cual, por cierto, la apoyamos. En relación con el control de identidad, perfeccionamos la norma del artículo 85 para evitar arbitrariedades. Establecimos claramente cuándo los funcionarios pueden practicar este control y solicitar la identificación a determinada persona en los casos fundados en que proceda, cuando, según las circunstancias, estimen que existen indicios de que ella ha cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta. Para tal efecto, aumentamos el tiempo para efectuar las diligencias relacionadas con el control de identidad porque, por cierto, debe fijarse un plazo. Recordemos que, muchas veces, una persona, a lo mejor inocente, por distintas circunstancias, debe someterse a dicho control. Por eso, aumentamos el plazo de seis a ocho horas, pero no a las 12 horas que proponían algunos. La flagrancia fue un tema del proyecto de ley muy discutido. Ante todo, es bueno recordar que la letra c) del número 7° del artículo 19 de la Constitución Política establece: “Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes.” Es decir, la flagrancia es una excepción a la circunstancia de que alguien pueda ser detenido sin que exista orden judicial. ¿Qué implica esto? Como dicen algunos, que se percibe por los sentidos de un tercero que se está cometiendo un hecho presuntamente delictivo; en otras palabras, que alguien puede ser detenido, cuando un tercero percibe, mediante el uso de sus sentidos, que esa persona está cometiendo o acaba de cometer un hecho delictivo. Sólo habrá flagrancia cuando el conocimiento fundado que conduce a la certidumbre es el resultado de la percepción sensorial directa e inmediata del hecho delictivo que se está cometiendo o que se acaba de cometer, no siendo, por lo tanto, suficientes las presunciones o sospechas por mucho que indiquen la comisión de un delito. Nuestro Código Penal establece que la comisión de un delito puede haber sido inmediatamente anterior a la detención propiamente tal. Pues bien, ese período no está claramente definido y es el juez el que debe valorar esa circunstancia, para lo cual no tiene un plazo determinado. Personalmente, habría dejado las cosas tal como están, porque es el juez el que debería apreciar la situación; es el que tiene los elementos necesarios para determinar, en cada caso, cuándo se está ante un delito flagrante. Hubo una discusión sobre la materia y, finalmente, se concluyó en que había que establecer un plazo porque, en el fondo, muchos jueces dejan libres a los delincuentes, sin considerar que cometían un delito flagrante. Por eso, se estableció un lapso de no más de seis horas hasta el momento en que el delincuente es detenido. Es algo que hay que aceptar porque fue consecuencia de la discusión habida y, por cierto, no podemos ser intransigentes. En cuanto a la apelación de la ilegalidad de la detención, que podría parecer que no es importante, en el fondo, dice relación con que, en muchos casos, el juez de garantía considera que la detención practicada es ilegal. Por lo tanto, se había planteado que se pudiera apelar de dicha resolución. Lo que debemos tener en cuenta es que no siempre estamos frente a un delincuente. De pronto, la ciudadanía cree que cualquiera persona que es aprehendida por un policía o llevada ante un tribunal es un delincuente; basta con que salga una línea en la prensa sobre ella para que se considere que hay que aplicar una condena. Pero eso no es así, y nosotros tenemos la obligación de no seguir esa corriente. Se trata de lo siguiente. ¿Qué hace el juez cuando alguien es detenido? Puede considerar que la detención es ilegal. En realidad, esto tiene que ver sólo con los derechos del imputado, pero, teóricamente, nada tiene que ver con el Ministerio Público, que no está agraviado con una resolución de esta naturaleza. Finalmente, establecimos la apelación, pero siempre que no atente contra la libertad del imputado. Tal como venía el proyecto original, en realidad, el imputado quedaba impedido de la libertad, hasta que la corte resolviera. A veces, las cosas se confunden un poco. La apelación de la ilegalidad de la detención es una institución que resguarda los derechos del imputado. En nada se perjudica al Ministerio Público cuando un tribunal considera ilegal la detención de una persona y, por otro lado, éste tiene todas las herramientas para formalizar la investigación y pedir medidas cautelares. ¿En qué se le afectaba? En nada. Pero de todo esto surgen historias que, si no las conversamos con calma, la gente cree que estamos frente a la “puerta giratoria”, y no es así. Finalmente, llegamos a una solución: se puede apelar, pero la libertad del detenido queda protegida. Una reflexión sobre la famosa “puerta giratoria”. Siempre se quiere que la gente quede eternamente detenida una vez que cae en manos de un juez, que no se le otorgue la libertad provisional, bajo ningún punto de vista. Pero es un derecho de las personas, y son los magistrados, con los elementos que poseen, quienes deben decidir. Ellos pueden determinar si la persona es peligrosa para la sociedad y, en consecuencia, resolver no darle la libertad. En definitiva, para eso están. No podemos pretender legislar de manera que, finalmente, el juez sea un verdadero computador, al que por un lado se le introduce el caso, y por el otro sale todo resuelto. Eso es absurdo. Finalmente, en el caso de los delitos señalados en el artículo 78 bis, robo con violencia en las personas, con fuerza en las cosas, homicidio, violación, secuestro, sustracción de menores, se planteó que el juez debía considerar a sus autores peligrosos para la sociedad, por lo que no merecían la libertad provisional. En el fondo, no otorgársela por ningún motivo. Luego de una ardua discusión, así se estableció, pero el juez debe calificar aquello. O sea, debemos tener claro que el magistrado, con pleno conocimiento del caso, debe resolver. De esa manera procede la justicia. También debemos entender que nosotros no somos los encargados de hacer justicia. Nosotros hacemos las leyes. Tampoco la justicia recae en los ciudadanos. Nosotros no conformamos tribunales para juzgar. Ésa es responsabilidad de los jueces, quienes, por supuesto, deben estar más capacitados y tener mejor criterio para aplicar las normas. Con todas las consideraciones del caso, anuncio mi aprobación al proyecto, pero, reitero, no hagamos de esto una discusión liviana, dividiéndonos en los que están por aplicar la mano dura o los que están por la mano blanda. Simplemente legislemos de manera racional, para combatir la delincuencia con eficiencia, que es lo que a todo el país le interesa. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Informo a la Sala que hay doce inscritos. Reglamentariamente, los diputados pueden intervenir dos veces. Su primer discurso durará 15 minutos y, el segundo, 5 minutos. Propongo limitar las intervenciones a 10 minutos. El señor CARDEMIL.- No. El señor LEAL (Presidente).- Si no hay acuerdo, propongo prorrogar el Orden del Día hasta el término de las intervenciones de los doce diputados inscritos. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres. La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, hemos escuchado muy buenas intervenciones de los diputados que integran la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y de los diputados de mi bancada, señores Eluchans y Ward, mis antecesores en el uso de la palabra, quienes fueron bastante claros en manifestar nuestra posición. En consecuencia, quiero referirme sólo a un par de temas que, en lo personal y como bancada, nos preocupan. En primer término, ratifico nuestro desencanto por el rechazo con los votos de parlamentarios de la Concertación de la modificación del artículo 78 bis, cuyo artículo original incluía el robo por sorpresa. Las razones esgrimidas ante la prensa fueron que las cárceles están repletas. Cualquiera de nosotros, y cualquier chileno, si tiene que elegir, preferiría la tranquilidad de saber que los imputados y los delincuentes están presos, aunque hacinados, y no libres. Por otra parte, en el artículo 78 quáter, originalmente se decía que respecto de los delitos a que se refiere el 78 bis delitos graves, no sería aplicable la circunstancia atenuante indicada en el artículo 11 del Código Penal, esto es, procurar con celo reparar el mal causado. Ese texto fue modificado posteriormente, en el sentido de que si la víctima manifestaba su conformidad con la reparación, podía considerarse esa atenuante. Un tema como éste pone una vez más en el tapete el hecho de que muchas veces la víctima, cuando firma algún tipo de acuerdo, lo hace sin apoyo ni asesoría legal. Eso me parece peligroso. Habría preferido que la norma quedara como venía originalmente, por cuanto las víctimas muchas veces no saben lo que firman. Lamento que la indicación para modificar el artículo 269 del Código Penal fuera rechazada. A raíz de los hechos del 11 de septiembre queda aún más de manifiesto la necesidad de sancionar de alguna manera a quienes aparezcan embozados o encapuchados en una manifestación pública. En un estado democrático como en el que vivimos, en el que cada uno puede expresar libremente lo que piensa, no se justifica aparecer en público embozado o encapuchado. ¿Por qué ocultar el rostro si se quiere expresar libremente una posición respecto de algún tema? En verdad, sólo puede haber dos razones: una, porque se quiere cometer algún delito y no ser identificado, o, dos, temor a ser identificado por tener órdenes de aprehensión pendientes. Lamento que la indicación haya sido rechazada, porque todos sabemos que hay grupos que aprovechan cualquier manifestación ciudadana para cometer delitos. Me parece un contrasentido que, por una parte, mientras el Gobierno persigue a los encapuchados de las manifestaciones del 11 de septiembre, por la otra, cuando tenemos la oportunidad de sancionar a quien oculta su identidad en una manifestación pública, se rechace la indicación que lo permite. Aquí se han tratado exhaustivamente temas como la necesidad real de prevenir la delincuencia y el consumo de drogas, que está ocasionando en nuestro país la pérdida de generaciones de jóvenes. También ha quedado muy clara la estrecha relación entre consumo de drogas y alcohol y la delincuencia. Siento que nos faltan años luz para tomar ese tema en serio. En materia de política carcelaria, estamos satisfechos con la construcción de nuevas cárceles. Pero me preocupa mucho que no se haya concretado la creación de comunidades terapéuticas, que debieran ser parte de esta política. En la cárcel de Rancagua, por ejemplo, durante este año se suicidaron dos jóvenes adictos, que al estar privados de libertad y carentes de la droga a la que eran adictos, optaron por terminar con sus vidas, en una etapa que uno siente que la vida está recién comenzando. Ésa es parte del problema social asociado a la delincuencia. Siento que todas estas medidas no sirven mucho si no nos empeñamos en dar a las víctimas no sólo derechos establecidos en un código, sino, además, si no le otorgamos la asistencia jurídica que requieren para ejercer sus derechos en un proceso. He conversado en alguna oportunidad con el ministro de Justicia y creo que hay bastante consenso en la necesidad de implementar algún sistema. Da lo mismo cuál y cómo se aplique, puede ser como ocurre con la defensoría penal pública, por ejemplo, pero lo importante es que cada víctima de un delito y, en general, las personas que necesiten acceder a la justicia y carezcan de recursos, cuenten con un abogado proporcionado por el Estado. No sacamos nada con seguir estableciendo derechos y endureciendo la mano si no apoyamos a las víctimas mediante un letrado que defienda sus derechos en las diferentes instancias del proceso penal. En una entrevista en el diario “El Mercurio”, el fiscal nacional, señor Gullermo Piedrabuena, hace presente la necesidad de que todas las víctimas cuenten con un abogado. Asimismo, en la Cámara se presentó un proyecto de acuerdo en ese mismo sentido. Por lo tanto, por intermedio del señor Presidente, hago presente al ministro de Justicia las necesidades de las víctimas, porque no sólo los imputados tienen derechos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, en primer lugar, considero que los gobiernos de la Concertación, que en otras áreas han tenido indudables éxitos para el desarrollo del país, en materia de seguridad ciudadana exhiben importantes déficit y, en consecuencia, obtienen una mala nota. En efecto, las encuestas indican que, para los chilenos, el problema de la seguridad ciudadana es un tema por resolver y una asignatura en la cual la administración es reprobada. Los diputados presentes en la Sala saben que esto es así, porque en las visitas a sus respectivos distritos, la gente se queja y expresa su inquietud y preocupación por la meficacia en la prevención y sanción de los delitos que afectan su vida diaria y su realización personal. En forma habitual, en esta materia escuchamos justificaciones, pero verificamos que viene al caso el dicho de que cuando al Gobierno le va mal en esta materia, al país también le va mal. A la Alianza no le gusta que al Gobierno le vaya mal en esta materia porque, si le va mal, también le va mal al país. En este aspecto, hemos hecho lo posible por hacer presente el problema, plantearlo en toda su crudeza y pedir y proponer soluciones. El país sabe que diputados de la Alianza por Chile hemos presentado diversos proyectos de ley mediante los cuales buscábamos resolver el problema, y que nos hemos reunidos con varios ministros del Interior a fin de pedirles el envío a tramitación de un conjunto de iniciativas legales, en una especie de agenda corta, de un fast track, que en la Cámara estábamos dispuestos a apoyar, de manera que los chilenos recuperaran la sensación de seguridad. Los primeros días del actual Gobierno nos causaron mucha preocupación, debido a la sensación de inseguridad y de desorden público que reinaba. En suma, deseo dejar claramente establecido que, en esta materia, los diputados de la Alianza por Chile hemos sido protagonistas. Uno podría preguntarse por qué a los gobiernos de la Concertación les va mal en esta materia, interrogante que tiene que ver con aspectos bastante profundos de filosofía política, rubro que interesa en forma especial al diputado y amigo Marco EnríquezOminami, quien lo ha estudiado y tiene interés en promover debate sobre la materia. A mi juicio, la respuesta es bastante clara y puede encontrarse en el debate de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, instancia en la que, como por encanto, un conjunto de jueces, académicos y políticos expresaron que se pretendía violar la norma de la garantía procesal y que ésta es una legislación demasiado rigurosa. En mi opinión, se encuentran profundamente equivocados. Hay algo en la mentalidad y en la filosofía política de la Izquierda que la hace preferir el desorden a la injusticia. Al respecto, Goethe, el gran intelectual alemán, expresó que prefería la injusticia al desorden, porque el desorden constituye la suprema injusticia. Reitero que en la filosofía de la Izquierda es algo de su esencia y, por cierto, respetable hay un aspecto que incide en que prefiera el desorden a la injusticia. Al parecer, ante el temor de cometer alguna injusticia, la Izquierda prefiere que exista desorden. Nosotros, en cambio, nos oponemos a esa visión, porque consideramos que el desorden constituye la suprema injusticia y creemos que se debe proteger a la gente pacífica. En nuestra opinión, al igual que el delincuente, la víctima tiene derechos que deben ser garantizados y respetados. Advertimos un peligro en el excesivo garantismo y en la benevolencia casi inconsciente en favor del delincuente, quien, al parecer, es considerado como una especie de víctima de la sociedad y no como una persona que decidió delinquir y afectar los derechos de los demás. Por lo tanto, somos partidarios de corregir esa visión. Compartimos los fundamentos que inspiraron la reforma procesal penal, pero creemos que se debe corregir a tiempo el excesivo sobredimensionamiento del garantismo, porque, de lo contrario, terminaremos en situaciones no buenas para el país. Chile es un país violento; lo fue desde el tiempo de La Colonia. Aquí existe poco respeto por la propiedad. En consecuencia, se necesitan políticas criminales claras y precisas. A mi juicio, se debe extender una mano blanda al joven que hay que recuperar del mundo del delito, debe existir una mano acogedora y comprensiva, en relación con las condiciones que lo llevaron a delinquir. Pero, ¡por favor!, debe existir mano dura y firme contra la delincuencia. No es posible que los sectores populares estén sometidos a una especie de toque de queda virtual, porque las personas no pueden salir a la calle después de las doce de la noche. No es posible que, cuando los diputados visitamos a esas personas les consta a los colegas seamos recibidos detrás de las rejas de sus casas, mientras los delincuentes pasean libremente por las calles. No es posible que en los sectores altos, es decir, de Plaza Italia hacia arriba, se tenga que pagar una especie de tributo o impuesto no oficial, a fin de obtener protección privada para que los delincuentes no continúen haciendo su agosto. Exigimos una actitud de mayor firmeza y, en ese sentido, celebramos las medidas adoptadas recientemente por al ministro del Interior. Advertimos que la iniciativa en estudio va en el sentido correcto, aunque, digámoslo en forma clara, el texto que aprobó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es mucho más blando que el original, debido a decisiones que se adoptaron en el seno de dicha instancia. En la Comisión se adoptaron decisiones que afectaron la rigurosidad del proyecto, el cual, en lugar de constituir una agenda corta ha devenido en una “agenda blanda”. Por lo tanto, anuncio que vamos a insistir en diferentes indicaciones, a fin de recuperar el espíritu original de la iniciativa. Reitero que se trata de un proyecto que va en el sentido correcto, pero le falta mucho para llegar a ser la legislación que el país exige en materia de definición de una política rigurosa contra la delincuencia. En el capítulo sobre nuevos delitos y legítima defensa, existen dos carencias graves. Nosotros pedimos legislar sobre la receptación, ilícito que ha creado una verdadera cultura, que se manifiesta, por ejemplo, en el comercio existente en ferias persas. Así, por ejemplo, todas las personas que concurren al famoso persa Biobío, ubicado en mi distrito, saben que lo que se transa es robado. Asimismo, se sabe que en los distritos rurales roban cables de cobre que son reducidos en las ferias persas. Si no se avanza en la sanción de quien adquiere artículos robados no se podrá poner fin a ese círculo vicioso en materia de delitos contra la propiedad. Sin embargo, en el proyecto no se legisla en materia de receptación. La diputada señora Laura Soto presentó una indicación que puede significar un leve avance. Segunda carencia: no se legisló sobre los encapuchados. Eso es grave. Lo doy firmado: En poco tiempo se va a enviar un proyecto desde el Ministerio del Interior para crear el tipo penal que castigue el daño en la vía pública, en sitios públicos, cometido por los encapuchados que actúan en las manifestaciones. Esta es una necesidad país. ¿Por qué no aprovechamos ahora, de acuerdo a las indicaciones que presentamos los diputados de la Alianza, para avanzar en esta materia? Con estas dos carencias graves se despachará el proyecto en el capítulo de creación de nuevos delitos. También hay carencias en materia de reforzamiento de las labores del Ministerio Público y de la eficacia del proceso penal. Se podría haber legislado mejor sobre la flagrancia. Hay avances, pero yo apuesto que en la aplicación de la norma se va a advertir que situaciones que para el común de los cristianos son delitos flagrantes, un juez garantista formado en el criterio de que hay que rodear a la víctima de algodones, los va a declarar no flagrantes. Se podría haber legislado mejor. Formulamos indicaciones, pero no se admitieron. Asimismo, se podría haber legislado mejor en materia de reincidencia. Es básico reincorporar al proyecto los artículos referidos a los delitos de robo con sorpresa y tráfico de drogas que no aprobó la Comisión. La propuesta del Ejecutivo incluía entre los delitos graves el robo con sorpresa, o lanzazo en la vía pública, que es uno de los más frecuentes y que produce mayor inquietud en la población, pero que los jueces no están castigando. No entendemos el criterio con el que se excluyó de los delitos graves el robo por sorpresa. Alguien dijo por ahí, y es bueno que los diputados lo sepan, que incorporar estos delitos iba a significar meter a la cárcel a diez mil personas que hoy están en la calle. Bueno, yo no veo mejor sitio para meter a la gente que roba con sorpresa en la calle que la cárcel. Perdónenme, está atrasado el programa de cárceles. La plata se la robaron o se perdió, o se hizo mal el llamado a licitación. El hecho es que las diez cárceles que ofreció el gobierno anterior, para diez mil personas, no están en operación. Bueno, el país no tiene culpa de eso. Pero hay diez mil personas que deben salir de la calle. No hay derecho para someter a la ciudadanía pacífica a la carga adicional de soportar en sus barrios, en sus calles, en sus potreros, en sus callejones rurales a diez mil delincuentes, muchos de ellos reincidentes en delitos contra la propiedad. También debe incorporarse en el grupo de los delitos graves el tráfico de drogas, y hacer más difícil el otorgamiento de la libertad bajo fianza. Al respecto, los diputados de la Alianza formulamos indicación. Esas son las carencias en el reforzamiento de las funciones del Ministerio Público y de la eficacia del proceso penal. En el capítulo para garantizar la seguridad, que incluye las atribuciones de las policías, se había tomado la decisión de eliminar la detención por sospecha. En rigor está bien, pero es evidente que a las polícias les faltan atribuciones para prevenir el delito. Hay un avance diría importante, y es lo que nos hace votar a favor la norma, pero se podría haber legislado mucho mejor. También lo doy firmado: En poco tiempo se enviará un proyecto con el objeto de darles más atribuciones a las policías para prevenir el delito, conforme a la predisposición del ministro del Interior. La Alianza presentó 34 indicaciones para reforzar la protección a las víctimas. Muchas de ellas fueron rechazadas, pero vamos a renovar diez. La primera, para agregar el concepto de que un tercero que actúa en defensa de la persona y los derechos de un extraño, en casos de delitos sexuales contra menores, obra en legítima defensa, cualquiera que sea el daño que ocasione al agresor cuando se trate de impedir la consumación. Esto es central, y estoy seguro de que el diputado Walker la va a apoyar. La segunda, para agregar al grupo de delitos respecto de los cuales se castiga con mayor dureza la reincidencia, los del tráfico ilícito de estupefacientes. Nos parece básico. La tercera, para reponer la propuesta primitiva del Ejecutivo en orden a incluir, dentro de los delitos castigados con mayor dureza, los de robo con sorpresa. La cuarta, para penalizar la participación de encapuchados en manifestaciones públicas; la quinta, para sancionar la receptación; la sexta, para establecer que el fiscal debe dar la instrucción por escrito a las policías para ciertos efectos procesales; la séptima, para robustecer la actividad investigativa independiente y de oficio de las policías, sin tener que esperar la orden del fiscal, hecho que muchas veces las inhibe; la octava, para intercalar, en el artículo 83, una disposición nueva que faculte a Carabineros e Investigaciones para realizar primeras diligencias, en la misma línea; la novena, para establecer la peligrosidad social de una persona que aunque no sea condenada, haya sido formalizada por dos o más investigaciones en su contra por iguales delitos, a lo menos, y la décima, para establecer que los menores de edad se beneficien con la posibilidad de que su identidad se mantenga en reserva cuando testifiquen en juicios, a fin de protegerlos. Nos parece que con estas indicaciones se puede robustecer, afirmar la línea del Ministerio del Interior. ¿Qué dijo el ministro del Interior cuando envió este proyecto? Dijo que quería robustecer, afirmar una línea más clara de política antidelincuencia. En esa línea hemos trabajado. El proyecto va en la buena dirección, pero le falta mucho para una política anticriminal potente, garantista ante las víctimas que sufren el problema que todo el país nos plantea con dramatismo en las semanas distritales. No le fallemos a Chile. La gente necesita protección y la Cámara de Diputados debe dársela. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Pedro Araya. El señor ARAYA.- Señor Presidente, quiero hacer una consideración previa. El proyecto original no me gustaba, porque entiendo que detrás de los artículos sobre la reincidencia, el 78 bis y siguientes, y lo conversamos largamente con el ministro de Justicia y el ex ministro del Interior, había una concepción en la materia que consagraba el llamado derecho penal de autor, que creo que está abandonada en la doctrina y en la jurisprudencia. Por eso, se daba un paso atrás. En honor al tiempo, me voy a referir a un par de aspectos específicos del proyecto, para terminar con una reflexión especial. Creo que la Alianza por Chile cae en un error conceptual al sostener que si no aprobamos la norma de reincidencia como viene, aquel que comete un segundo delito no sería sancionado. Quiero recordarles a los colegas que el Código Penal castiga la reincidencia como agravante, en el artículo 12, en sus números 15 y 16. Establece dos figuras que permiten aplicarle agravantes a quien comete un segundo o tercer delito y proceder con el juego de agravantes y atenuantes para determinar la pena. Éste es un avance, porque, sin duda, una de las grandes dificultades que ha existido hasta ahora es la interpretación que buena parte de los tribunales ha hecho de la palabra “castigado” en el artículo 12. Hoy se cambia por “condenado”, y debemos entender, de acuerdo con la discusión que se suscitó en la Comisión de Constitución, que para hacer uso de esa agravante, bastará la mera sentencia condenatoria, con independencia de que la persona haya cumplido o no efectivamente la pena. En efecto, algunos tribunales han interpretado que la palabra “castigado” se refiere a que el condenado debe cumplir una pena efectiva de cárcel, dejando de lado las medidas alternativas o lo que ha ocurrido hoy las nuevas salidas alternativas que ofrece el proceso penal. En esa línea, reitero, la modificación que se ha hecho, de incluir el término “condenado”, en lugar de “castigado”, fue aprobada casi en forma unánime en la Comisión de Constitución, a propuesta de los diputados de la Alianza, constituye un avance. Es una señal para el país, en general, que aquel delincuente que reincida tendrá una pena aumentada por haber cometido un delito anterior. No voy a repetir aquí la larga discusión doctrinaria que se planteó en torno a lo que significaba la reincidencia. En cuanto al estatuto especial de la reincidencia que se propone, aprobado por la Comisión de Constitución, quiero hacerme cargo de dos materias. En primer lugar, habrá problemas en su interpretación, porque se han considerado de la misma especie de delitos, que no tienen ninguna relación entre ellos y en que los bienes jurídicos tutelados son absolutamente distintos. En efecto, qué tiene que ver un homicidio simple con el delito de violación. O sea, una persona que comete delito de violación y homicidio va a ser sancionada con este nuevo estatuto especial de la reincidencia, cuando lo lógico habría sido que a esa persona se le castigara a través de este estatuto especial, conforme a delitos de igual naturaleza o a aquellos en que el bien jurídico es tutelado por el mismo. Esta es una reflexión y, en pos de avanzar en el despacho del proyecto, se aceptó aprobar la propuesta del Ejecutivo. En segundo lugar, quiero hacerme cargo de lo que se ha dicho en cuanto a por qué un grupo de diputados propusimos una indicación que fue aprobada para retirar el robo por sorpresa de este estatuto especial de la reincidencia. El mensaje lo dice claramente y toda la discusión de esta agenda corta ha girado en torno al hecho de que aquellos delitos de mayor peligrosidad o gravedad no necesariamente deben significar que son de mayor ocurrencia en el país. Debemos dejar claramente establecido que el delito de mayor ocurrencia en Chile, el robo por sorpresa, no significa que sea el más peligroso. En ese entendido, queda fuera, porque entendemos que lo que se buscó con este estatuto especial de la reincidencia era sancionar a aquellos delitos más graves, por ejemplo, homicidio, robo con violencia, secuestro o asesinato; no los de mayor ocurrencia como el robo por sorpresa. En cuanto a la figura del robo por sorpresa, a mi juicio, conceptualmente, según la redacción del artículo 436, inciso segundo, del Código Penal, parece ser que estamos ante hechos que, considerados aisladamente, no son propiamente un robo, porque no se da el elemento esencial del robo, cual es que exista violencia o intimidación en las personas. El legislador, por allá, en 1972, y por diversas modificaciones que ha habido, consideró el hurto agravado como robo y lo sancionó como tal, con la salvedad hay que decirla de que tiene, incluso, una pena más alta que el homicidio, lo que no significa un cierto desvalor en materia de bienes jurídicos tutelados. Entiendo por lo menos, en lo personal que la vida debería ser el bien jurídico mayormente tutelado, y asignarse a su lesión las penas más altas. No ocurre en este caso, en que un delito contra la propiedad tiene una pena mayor que el homicidio. Por lo demás, si uno lee el artículo 436, advierte que no estamos en presencia de un robo, porque el Código claramente dice que “se considerará como robo”. O sea, el legislador presume que el hurto tiene características de robo. En consecuencia, no son los delitos de mayor gravedad que queremos combatir, sino, quizá, los de mayor ocurrencia. Acá hay un tema conceptual que es necesario discutir. En materia de modificaciones al Código Procesal Penal, quiero hacer una reflexión inicial. Nuestro actual sistema procesal penal está vigente en el país desde hace cinco o seis años, y en la región Metropolitana acaba de cumplir recién un año de funcionamiento. Pero, como todo sistema nuevo, necesita ajustes; no es perfecto. Me pregunto por qué todos los diputados que en el período anterior aprobaron el Código Procesal Penal y la reforma al Ministerio Público no dijeron nada respecto de los problemas que hoy están ocurriendo. Entonces, rasgar vestiduras y decir, hoy, que este problema es de la Concertación, es injusto, es perder el sentido de las cosas. Sin duda, la reforma ha presentado problemas en cuanto a su aplicación práctica. Obviamente, porque es un sistema nuevo. Pero, aquí hay un problema que nos va costar resolver. Estamos enfrentando un cambio cultural. Será difícil hacer entender a muchos chilenos cómo funciona este nuevo sistema y, en esa línea, la Cámara tiene que tener suficiente frialdad para saber legislar y hacer aquellos cambios que sean necesario para mejorar el funcionamiento de la reforma; pero no aquellas enmiendas que atenten contra su estructura o base fundamental, de lo contrario, vamos a destruir este sistema que tanto costó implantar para llegar a otro, quizá peor, o volver al antiguo, que sabemos que no solucionaba los problemas de justicia. En relación con las modificaciones que se hacen al artículo 85 del Código Procesal Penal, sobre control de identidad, es cierto lo comparto que ha habido un problema de aplicación práctica, básicamente porque recién se están elaborando los criterios jurisprudenciales; o sea, recién estamos teniendo pronunciamientos judiciales respecto de cómo interpretar la norma. Ha habido disparidades. Es lógico que ocurra porque en la actualidad tenemos jueces de garantía y tribunales orales, que son autónomos y donde, en la práctica, no existe la revisión en segunda instancia. Entonces es obvio que tengamos interpretaciones dispares. Hay aquí formaciones distintas, ya sea por las escuelas de Derecho donde se estudió, por el paso por la Academia Judicial, por venir algunos desde la calle al juzgado de garantía o por haber estado durante años en juzgados del crimen. Hay criterios distintos que se están aplicando y que dan libertad a los jueces para entender cómo se debe aplicar la norma. Eso es lógico, porque, de lo contrario, deberíamos entregar al juez un catálogo de circunstancias y exigirle que, sobre esa base, actúe como un simple computador, lo que no es razonable. En cuanto a las modificaciones al control de detención, el funcionario policial lo efectuará según su presupuesto, en términos de que, a lo menos, le permita presumir o establecer ciertas ocurrencias, en el sentido de que la persona cuya identidad está controlando acaba de cometer un delito, va a cometerlo o puede colaborar en el esclarecimiento de un hecho. La Comisión hizo bastante hincapié en que deberán existir inicios objetivos, porque lo lógico es que la juridicidad de este control de identidad se pueda discutir ante el juez de garantía, en cuanto a que si estuvo bien aplicado o no conforme a lo que establece la ley. Aquí no se trata, simplemente, de la mera apreciación del policía, en cuanto intuya que el sujeto al que controla su identidad es un delincuente, sino que además deberá estar acompañada de indicios de carácter objetivo, como que no pueda explicar el porte de un cuchillo o de determinado armamento que haga presumir que va a abrir un vehículo en la vía pública. Es decir, al criterio del funcionario policial hay que agregar indicios objetivos que permitan, en la audiencia de control de detención, determinar si efectivamente concurrieron o no los hechos que se están imputando. El control de identidad, eventualmente, puede terminar en la legalidad o no de la detención efectuada por el funcionario policial. En el inciso primero del artículo 85 se agrega, como un supuesto importante para realizar el control de identidad, que la persona se encuentre encapuchada o embozada para ocultar, dificultar o disimular su identidad. La Alianza por Chile ha dicho que en esto debemos avanzar, al punto de permitir que, en manifestaciones públicas, carabineros pueda controlar la identidad de aquel sujeto que ande encapuchado o embozado, y que, si no puede dar razón de por qué está encapuchado, embozado o qué está haciendo en ese lugar, sea detenido y se le formalice, eventualmente, por desórdenes públicos. Cree, en definitiva, que ese es el camino correcto. Pero en el texto que apoyamos hay una señal bastante manifiesta respecto a cómo van a poder actuar nuestras policías, a partir de la aprobación de esta norma, frente a sujetos que, sobre todo en manifestaciones públicas donde se producen estos hechos, puedan andar reitero encapuchados, embozados o disfrazados para dificultar su identidad. Otra modificación importante es la que se norma en el inciso segundo del artículo 85, en cuanto a que durante el control de identidad se puede proceder al registro de vestimentas, equipajes o vehículos de personas cuya identidad se está controlando. Así se termina con la interpretación dispar que se hacía en los juzgados de garantía. Un cuarto tema es que se agrega, al control de identidad, la posibilidad de que la policía detenga a una persona, cuya identidad se controla, sin necesidad de orden judicial, cuando se encuentre en situación de flagrancia o si tiene una orden de detención pendiente. Muchas veces, por fallos dispares de los juzgados de garantía, se entendía que la detención policial no procedía y se declaraba ilegal esa detención. Aumentar a ocho horas el tiempo que la policía puede detener a una persona, para acreditar su identidad, no tiene explicación lógica, doctrinaria ni jurisprudencial, salvo que ese aumento haya sido solicitado por Carabineros en razón de que no están los medios técnicos suficientemente coordinados, sobre todo con el Registro Civil, para determinar rápidamente la identidad de una persona. Lo pienso, por que muchos diputados han dicho que en la última modificación la Cámara propuso ampliar el tiempo de detención a ocho horas; sin embargo, fue el Senado el que lo dejó en seis horas. En cuanto a la flagrancia y a las modificaciones que se hacen al artículo 130 del Código Procesal Penal, todos estamos contestes, y así lo entienden la doctrina y la jurisprudencia, que es una situación fáctica, en que el delincuente es sorprendido en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del ilícito. Por lo demás, el Código Procesal Penal señala, en su artículo 130, cuándo nos encontramos en situación de flagrancia. Ese artículo 130 establece cinco hipótesis de flagrancia: “a) El que actualmente se encuentre cometiendo el delito; b) El que acabare de cometerlo; c) El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice; d)El que, en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos procedentes de aquél o con señales, en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar de su participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren sido empleados para cometerlo, y e) El que las víctimas de un delito que reclamen auxilio, o testigos presenciales, señalaren como autor o cómplice de un delito que se hubiere cometido en un tiempo inmediato”. De esas cinco hipótesis que señala el Código, los casos de las letras a), b) y c) constituyen lo que la doctrina y la jurisprudencia ha denominado la llamada flagrancia verdadera o material; es decir, aquella que se configura cuando el delito está en progreso o cometiéndose y/o cuando se acaba de cometer y el malhechor huye del sitio del suceso y está siendo perseguido por la víctima, por los testigos presenciales o por la policía. Los casos de las letras d) y e) se refieren a lo que se ha llamado la flagrancia virtual o ficta. En estos casos, el delito ya se cometió y no ha existido persecución material, pero existen evidencias que permiten vincular directamente al sujeto con el delito cometido. Para resolver cuándo estamos en presencia de este tipo de flagrancia, el Código Procesal Penal, en sus letras d) y e) se refiere a tiempo inmediato, concepto que no ha tenido interpretación uniforme en la jurisprudencia, lo que ha llevado a establecer un criterio objetivo y temporal a través de este proyecto, al señalar que en, los casos de la letra d) y e) del artículo 130, se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieren transcurrido más de seis horas. Con ello, se ha buscado unificar los criterios de los tribunales, a fin de evitar que se declaren ilegales detenciones cuando el límite temporal en se produce la detención, en virtud de las letras d) y e) del artículo 130, es absolutamente difuso. La solución que está dando no es la mejor. Quiero reafirmar un argumento que di en la Comisión de Constitución, a propósito de una indicación que presentamos con la diputada Laura Soto y los diputados Bustos y Ceroni. Al establecer el tiempo de seis horas, puede ocurrir que los tribunales interpreten que se refiere a seis horas continuas, lo que nos llevaría a caer en las hipótesis de las letras a) b) y c), dejando sin efecto las letras d) y e). Nosotros sostuvimos que era necesario agregar, en el artículo 130, en la indicación acogida por la Comisión, que en estas seis horas para los casos de las letras d) y e) no exista solución de continuidad en el tiempo, porque, al existirla, algún juez de garantía podría entender que las seis horas corren desde que se cometió el delito y se ha perseguido al delincuente. Consideramos que es mejor para lo establecido por las letras que no exista solución de continuidad, y, a su vez, para esclarecer qué es lo que entendemos por tiempo inmediato. Digo esto, porque en algunos casos se ha declarado ilegal la detención, en circunstancias de que la víctima, después de dar cuenta en la unidad policial del delito, va por la calle e identifica al eventual autor material, caso en el cual puede pedirle a la policía que detenga al sujeto en virtud de lo dispuesto en las letras d) y e) del artículo 130 del Código Procesal Penal. Lo que hoy se aprobará, zanja lo que entendemos por tiempo inmediato, pero deja pendiente si esas seis horas son continuas o pueden ser discontinuas en cuanto a la comisión del hecho y la persecución del delincuente. Ese es un tema que vamos a tener que aclarar. Si el proyecto vuelve a Comisión, vamos a insistir sobre esa materia, porque va a ser absolutamente necesaria para precisar cuándo se está en caso de flagrancia, en el concepto de las letras d) y e) del artículo 130, sobre todo porque en estos casos, se puede proceder a la detención y no podemos, quizás por esta norma, generar una dificultad mayor y una interpretación jurisprudencial más contradictoria que la que hoy queremos corregir. Por último, quiero hacerme cargo de un par de temas que se han señalado en el debate y que están referidas al rechazo de las indicaciones de la Alianza por Chile. De las 34 indicaciones que presentó la Alianza, se aprobaron las que ayudaban a corregir el proyecto; pero el resto, eran pésimas o no ayudaban en nada al combate de la delincuencia. La indicación que presentaron para agregar al listado de delitos enumerados en el artículo 78 bis que se agrega al Código Penal, propuesto por el N° 2) del artículo 1° del proyecto, los indicados en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N° 20.000, fue rechazada, porque la ley de drogas contempla sanciones especiales, cuando aumenta la penalidad en caso de concurrir agravantes y, para los efectos de reincidencia, considera las sentencias firmes, incluso, las dictadas en el extranjero, aun cuando la sanción impuesta no se hubiera cumplido, para considerar como pena agravada o como reincidente en el delito de tráfico de drogas a la persona que lo está cometiendo. Mucho se ha dicho que rechazamos el establecimiento del tipo penal relacionado con los encapuchados. Para que quede constancia voy a leer la indicación de la Alianza por Chile. Propuso agregar un inciso segundo al artículo 269 del Código Penal, que señala: “En la misma pena incurrirán quienes participen en alguna manifestación o acto público, ya sea que se trate de un acto autorizado o no por la autoridad competente, si lo hace embozado, encapuchado u ocultando expresamente su identidad”. O sea, la Alianza por Chile pide que castiguemos, con la misma pena, a quien causa desórdenes graves y al que participa en una manifestación, sea autorizada o no, si es que lo hace encapuchado, embozado u ocultando expresamente su identidad. ¡Por favor, de qué estamos hablando! Pensemos en los homosexuales o guy que, en sus marchas, salen disfrazados, ocultando su identidad. ¿Los vamos a sancionar por el simple hecho de salir disfrazados a desfilar? Aquí no hay un tipo penal claro, no hay un bien jurídico que quieran tutelar. Esta legislación no soluciona el problema de los encapuchados. Con la indicación de la Alianza se prohíbe que cualquier persona desfile disfrazada. Eso es lo que hay detrás de este tipo penal y la interpretación que se le puede dar. Por ello la rechazamos. Por último, en materia de seguridad ciudadana necesitamos mayor prevención y no volver al viejo concepto, que ya abandonamos, de la seguridad nacional y de la guerra interna contra los delincuentes y, de esa forma, controlar a la sociedad. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, en un tema tan importante como es la seguridad ciudadana, cometemos un error al legislar en la forma que lo estamos haciendo. Da la sensación de que estamos legislando con el control remoto en la mano y, por tanto, más preocupados de sensaciones televisivas que de apuntar al tema de fondo. El viernes pasado, la Presidenta de la República visitó mi distrito, ocasión en la que se pusieron en marcha obras muy relevantes para la seguridad ciudadana. Se entregó a la comunidad una comisaría en el sector más populoso de La Serena, el de Las Compañías, una iniciativa surgida del anhelo de muchísimos vecinos y dirigentes sociales, quienes plantearon durante muchos años que ese sector, en el que vive el 50 por ciento de la población de la comuna, contara con una comisaría que atendiera las necesidades de vigilancia policial, acorde con la magnitud demográfica y territorial. También se entregó equipamiento importante a Carabineros, como autos y motos. Al mismo tiempo, se puso en marcha el Plan Cuadrante. Estas tres iniciativas representan una esperanza real, verdadera y auténtica de avanzar de manera efectiva y eficiente en la disminución de los delitos y de la sensación de inseguridad que muchas veces se expresa a nivel social. También nos permiten atacar el tema de fondo, las causas que llevan a la comisión de los delitos. Asimismo, refuerzan la labor de prevención que, sin duda, es tremendamente importante. Lo dijo la Presidenta con mucha fuerza, cuando expresó que no tenía ningún sentido inaugurar comisarías, echar a andar planes cuadrantes o entregar más equipamiento policial si, al mismo tiempo, no atacamos con la misma fuerza, energía y disposición las causas que originan la delincuencia. Agregó que nadie nace delincuente, sino que se hace delincuente. Lo que tenemos que hacer es evitar que haya más delincuentes. Como dijo ayer el diputado Jorge Burgos, tenemos que dar una mirada a fondo al Código Penal, ya que es ostensiblemente obsoleto, por lo que requiere una revisión más global, que nos permita ordenar la estructura de penas de nuestro sistema legal. El proyecto de ley se está elaborando con una temperatura ambiente que no nos permite ver de manera eficaz y completa la realidad. Por lo tanto, estimo que requiere más maduración y más reflexión para no cometer errores que luego tengamos que lamentar. En efecto, el proyecto en discusión se relaciona con tres materias de innegable importancia para el Estado democrático de derecho, y consecuencialmente, para la humanización del derecho penal; pero, aunque resulte impopular y paradójico decirlo, creo que va en un sentido totalmente contrario en lo relativo a la reincidencia, a la peligrosidad y, el corolario procesal de las anteriores, a la detención por sospecha, bajo la eufemística fórmula del “control de identidad”. Desde la época de Beccaria, cuando se inicia el derecho penal moderno, hay un rechazo claro y categórico a todo método inquisitivo, propio de sistemas que no respetan la dignidad del ser humano, menos de quien se encuentra imputado de un delito. Las trampas del poder punitivo son bien conocidas. Las podemos observar en la historia del hombre y especialmente en la del derecho penal: en la Inquisición, en que la confesión obtenida bajo tortura era un medio de prueba legítimo; en los campos de concentración como Auschwitz, Gulag y otros más cercanos, bajo el pretexto del castigo al “enemigo”, todos resabios en que encontraremos huellas de la crueldad humana y la irracionalidad. En el aspecto sustantivo, en el proyecto se introduce un régimen específico en la determinación legal de la pena, aplicable a ciertos delitos que, en lo esencial, no satisfecho con reforzar la punición de la reincidencia; la desnaturaliza. Esto resulta sintomático, pues la referida agravante ha desaparecido en todos los códigos modernos, consenso al que se han sumado la unanimidad de los especialistas nacionales en la materia. Dogmáticamente, la reincidencia verdadera, aquella que se produce cuando un sujeto que cumplió efectivamente una pena, vuelve a cometer infracciones de la misma especie que la anterior, o que, tras cumplir condenas por varios delitos de mayor entidad, perpetra otro distinto, entra hoy, como antes, en el juego de los factores de determinación legal de la pena como una circunstancia agravante más. Por lo mismo, su envergadura puede influir por sí sola en los márgenes penales, aumentándolos artificialmente, y ha de ceder ante la presencia de circunstancias atenuantes. Como lo expresara en el seno de la Comisión el profesor José Luis Guzmán Dálbora, “el proyecto, en cambio, desarticula el régimen legal de determinación de la pena, al ser su intención convertir la reincidencia en ciertos delitos en un factor independiente de individualización, antepuesto a cualesquiera circunstancias, algunas de las cuales suprime, y de incomprensible inhumanidad”. En el ámbito procesal, la cuestión empeora por la vía del control de identidad y por el reemplazo del inciso tercero del artículo 140 del Código Procesal Penal, al señalar la hipótesis de que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, especialmente cuando los delitos cometidos serían los señalados en el artículo 78 bis del Código Penal. Todas las referencias del proyecto se refieren a la peligrosidad. En el primer punto, el problema radica en la escalofriante similitud de la propuesta actual con la que establecían los números 3° y 4° del artículo 260 del Código de Procedimiento Penal, consagratorios de la llamada detención por sospecha. Esas disposiciones, derogadas mediante ley N° 19.567, de 1998, prescribían que las policías estaban autorizados para detener: “3°. Al que anduviere con disfraz o de otra manera que dificulte o disimule su verdadera identidad y rehusare darla a conocer; 4°. Al que se encontrare a deshora o en lugares o en circunstancias que presten motivo fundado para atribuirles malos designios, si las explicaciones que diere de su conducta no desvanecieren las sospechas;”. Cabe recordar que al establecerse la detención por sospecha no se hace referencia alguna a ningún delito preciso y determinado. Es decir, el funcionario policial que detiene a una persona por sospecha no tiene por qué señalar en el parte un posible delito que esa persona pudiera estar con ánimo de cometer. Se trata más bien de una suerte de estado de peligrosidad que recuerda la ley de estados antisociales dictada durante el gobierno del general Ibáñez, posteriormente derogada, que permitía a la autoridad deportar, desterrar, trasladar dentro del territorio nacional o detener a las personas por un solo estado genérico de peligrosidad. Por eso, la norma propuesta se aparta tan drásticamente del Estado de derecho y de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, pues a partir de la sospecha en el control de identidad se autorizan las detenciones, bajo el régimen de flagrancia de los artículos 129 y 130 del Código Procesal Penal, pero en este punto es a partir de la sospecha. En este último aspecto es necesario detenerse, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la incorporación de la peligrosidad como elemento de la descripción típica o como factor para la selección de la pena, no se aviene con el principio de legalidad que dispone la punición de hechos o conductas ilícitas culpablemente realizados, pero no autoriza la sanción a partir de una combinación de la certeza sobre los hechos pasados y la especulación sobre conductas futuras. En el ámbito nacional, la concreción de disposiciones de esa índole en el proyecto vulnera claramente la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, al exasperar la penalidad atendida la forma de vida del sujeto o en antecedentes anteriores, que nada tienen que ver con el juicio mismo, agravado por la circunstancia de que sirven de base para negar ciertos derechos procesales consagrados. De esta manera, se evidencia que al interior del sistema penal “se mantiene una contradicción conceptual, pues la peligrosidad criminal implica de todas maneras aceptar una determinación al delito, que no se aviene con el principio de libre albedrío o con la capacidad de actuar de manera diferente que aparecen como fundamento de un derecho penal de culpabilidad”. Por estas consideraciones, ha sido imprescindible presentar indicaciones, a fin de corregir los aspectos denunciados, pues éstos representan un retroceso del estado democrático de derecho. Señor Presidente, combatir el delito es una tarea nacional que nos compromete a todos. Hagámoslo con sentido de estado, saquemos este tema de la pelea política coyuntural entre los distintos sectores y trabajemos madura y serenamente por darnos las mejores herramientas legales para aumentar la seguridad de todos los chilenos y chilenas. Eso espera el país. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, el marqués de Beccaria, que hace varios siglos ya advirtió sobre la crueldad de las penas, debe estar revolcándose en su tumba. En esto la humanidad ha tenido un largo trabajo y una gran mejora. Hubo connotados novelistas que se unieron. Es famoso el “J’acusse”, de Émile Zola, además de lo que sostuvieron Anatole France, León Tolstoi y otros escritores e intelectuales. Parecía que la humanidad iba avanzando, hasta que tuvimos un paréntesis muy doloroso con los regímenes nazi y fascista, que suprimieron las garantías, los beneficios y la legalidad, a tal punto que muchos intelectuales bajaron la cabeza, como fue el caso de Günter Grass, novelista alemán, premio Nobel de Literatura, hoy lleno de oprobio, quien, en “Pelando la cebolla”, reconoció que participó de la doctrina nacista. En Chile hemos sido grandes adalides de la defensa de la dignidad humana. Así lo hemos proclamado, como ha sido reconocido en el mundo entero. Hemos tenido ese honor a pesar de ser un país tan pequeño. Esa línea de conducta fue interrumpida, por cierto, durante el régimen militar, cuando, parafraseando al presidente Lula, la tortura daba lo que se quería; y la tortura más brutal. Creo que por eso Chile fue avanzando enormemente para ser totalmente garantista. Por eso revolucionamos con el Ministerio Público y decimos que todas las personas deben gozar de un juicio racional, justo y que el imputado siempre tiene derecho a que se le considere la presunción de inocencia. En verdad, lo que estamos haciendo hoy es retroceder. Como dijo el profesor Guzmán, aquí no hay una política criminal seria; estamos reaccionando a la coyuntura, reaccionando con un sentido térmico. Lo entiendo, porque cuando en la televisión muestran al indio Juan y le preguntan: “¿A cuántos mataste?”, y contesta: “Ponle los que querái”, a uno le dan escalofríos en la espalda. Cuando se acusa que un femicida asesinó a su esposa en forma brutal y fue dejado en libertad, por supuesto que nos causa una tremenda, una santa indignación. Pero no por la falta de criterio de un juez vamos a modificar todo y abrogar las garantías. Los profesores Guzmán, Tavolari y todos los que estuvieron en nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fueron realmente serios al decir que una política criminal necesita racionalidad, un debate profundo y estadísticas, que no las hay, y desterrar del todo el derecho penal totalitario, que está volviendo con este proyecto. Cuando hablamos de la reincidencia se dijo que todos los penalistas modernos la están abrogando, porque se trata de que impere el non bis in idem. Pero aquí estamos condenando por las condiciones y no por el acto, lo cual es brutal y no podemos aceptarlo. Aquí se ha tratado de decir quién es más duro o quién tiene mano más certera para terminar con la delincuencia, y calificamos al delincuente como un enemigo; es decir, guerra contra el delincuente y no contra el delito. Creo que en eso hay errores tan grandes como que se está condenando a los reincidentes incluso la primera vez. O sea, es una burla decir que las múltiples atenuantes pueden morigerar la pena, porque siempre va a existir la agravante de la reincidencia y, por lo tanto, se aplicará una pena mayor. Eso es vulnerar todas las garantías. Pienso que esa situación es muy grave. Por suerte, al menos logramos que se estableciera que a los menores que quedarán afectos a la responsabilidad penal juvenil no se les aplicara este estatuto, que es muy drástico. Si ello ocurriera, tal vez en el futuro estaríamos llorando sobre la leche derramada. En materia procesal penal ya se ha hablado con largueza del tema de la flagrancia. Quiero decir dos cosas respecto del control de identidad. Digamos las cosas como son: detención por sospecha en gloria y majestad; o sea, el cinismo elevado al cubo. Creo que estamos dando una herramienta a los policías y mañana vamos a estar llorando sin control y sin evaluación. Es muy peligroso. Me haré cargo del interesante alegato del diputado señor Burgos respecto de la apelación en las nulidades por ilegalidad de la detención. Se dijo que las estadísticas no reflejaban más del 1 ó 1,5 por ciento; es decir, mínimo. Sin embargo, aunque lo mejoramos, se quería que fuera apelable en ambos efectos, de manera que cuando se apelara, la persona siempre quedara detenida. Aunque será en el solo efecto devolutivo, puede ocurrir que el juez de garantía imponga medidas cautelares, incluso prisión. Eso es muy peligroso y hay que analizarlo. No podemos caer en la reacción fácil ante la coyuntura. Entiendo que hay un sentimiento en la gente, pero, aunque sea impopular, hay que ser capaz de separar el sentimiento térmico del miedo y decir que no podemos confundir este miedo con el temor al delito y luego tachar al imputado como enemigo, perseguirlo y dejarlo inerme ante la sociedad; se va a la cárcel. Hace unos meses, el Defensor Público Nacional advirtió que con esta modificación de la agenda corta de nuevo vamos a tener las cárceles colapsadas, con nueve mil personas más. Ya hemos visto lo que ocurre en ellas: asedio, violación, hacinamiento, pero ninguna rehabilitación. Cuando discutamos en serio, debemos dar cabida a las medidas alternativas, considerar más dinero y más control. Queremos dar más seguridad a la gente, pero hagámoslo en forma racional y no de la manera equivocada en que lo estamos haciendo, lo que será muy difícil de enmendar. Por lo tanto, creo que es muy bueno que sigamos debatiendo sobre el tema, para no cometer un craso error. Francamente, tengo vergüenza y no quiero que Chile tenga ese oprobio encima. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, el proyecto tiene por objeto perfeccionar diversas disposiciones de los Códigos Penal y Procesal Penal, para hacer más eficaz la acción contra la delincuencia, que durante el último tiempo se ha ensañado con nuestra comunidad. La iniciativa presidencial ha recogido el clamor de la ciudadanía, representado en numerosas mociones que los parlamentarios de la Alianza por Chile hemos presentado sobre la materia y que se han incorporado como indicaciones al proyecto que actualmente se somete a la consideración de esta Sala. El proyecto tiene por finalidad aumentar la drasticidad de la acción judicial, de manera que el concepto de “proceso garantista” que inspira la reforma procesal no se considere como fenómeno de benevolencia ni mucho menos de impunidad, como hasta ahora se ha percibido por gran parte de la población. Tuvieron que ocurrir muchos robos, asaltos, incluso, con víctimas que perdieron la vida en la comisión de estos delitos para que el Gobierno se decidiera a calificar la urgencia en esta iniciativa, lo que se requería con real premura. El Congreso Nacional insistió en forma reiterada sobre la necesidad de que la Presidenta de la República fijara urgencia a los proyectos de ley que estaban en tramitación para solucionar y perfeccionar nuestro sistema procesal penal. Pero también ocurrieron otros hechos, como la negligencia inexcusable en la prórroga de la reforma sobre responsabilidad penal juvenil, donde, además, se advierte un deterioro en los derechos de los propios jóvenes o menores infractores de ley, al no establecer una adecuada asesoría jurídica cuando estén sometidos a un proceso criminal. Por otro lado, existe retraso en la construcción de las cárceles privadas. El distrito que represento tuvo que enfrentar diversas manifestaciones sociales, en las que pude apreciar la desesperación existente frente a la escalada de delitos con violencia que sucedían a diario en nuestra ciudad. Incluso, en la plaza de Viña del Mar se efectuó una protesta pacífica, organizada espontáneamente por la comunidad al igual que en Santiago, donde las autoridades políticas actuamos como meros espectadores, pero percibiendo la real preocupación de los ciudadanos ante esta oleada de delitos que, incluso, terminó con la vida de un prestigioso médico uruguayo y de un joven reñaquino, hijo de un conocido cardiólogo, a los cuales se agregan innumerables víctimas anónimas. Parlamentarios de la Alianza por Chile presentamos más de una decena de mociones destinadas a solucionar esta situación, pero se requería que el Ejecutivo calificara la urgencia. Nos alegramos de que, por fin, este proyecto pueda ver la luz del día. Por ello, le vamos a dar nuestra aprobación. Pero quiero hacer algunos comentarios respecto de la situación de flagrancia. No estamos de acuerdo con el establecimiento de una cantidad de horas determinadas para el tiempo intermedio, sino, más bien, que la flagrancia se determine a través de elementos objetivos evaluados por la policía y por el juez. Pero lo que no puede volver a ocurrir es lo que sucedió en el norte del país, donde un juez de garantía dejó en libertad a tres secuestradores porque habían pasado 30 minutos desde que ocurrió el hecho. Por otro lado, tampoco compartimos la idea de apelar la ilegalidad de la detención sólo en el caso de delitos graves, ello se debe hacer extensivo a todos, debido a la importancia de que el juez, en única instancia, determine la legalidad de un proceso policial. Respecto de eso, cito el caso de una jueza de garantía de la comuna de Quintero que dejó en libertad a un sujeto que portaba diez kilos de cocaína. Compartimos las normas que buscan anticipar la prueba testimonial de menores cuando hayan sido víctimas o testigos de delitos sexuales; aplaudimos, también, las modificaciones al control de identidad, para que de alguna manera las policías puedan tener más facultades; también, estamos de acuerdo con el establecimiento de sanciones más drástica cuando hay reincidencia en ciertos delitos, y con los bancos de datos unificados y autorizados de las personas que hayan sido detenidas, manejados por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Sin embargo, lamentamos la exclusión del delito de robo por sorpresa. A pesar de que consideramos que los cambios legislativos van en la vía correcta, creemos que estas modificaciones, por sí solas, no van a mejorar instantáneamente la situación de inseguridad. Se necesitan más carabineros y personal de Investigaciones, pero, por sobre todo, incorporar a la comunidad en la lucha contra la delincuencia y reforzar la rehabilitación para salir del círculo pernicioso de la delincuencia y las drogas. En mi distrito hemos insistido en la necesidad de una tenencia de Carabineros en Forestal Alto, en Reñaca Alto, en Santa Inés, y de un cuartel de Investigaciones en la comuna de Concón. Es importante dotarlos de más elementos técnicos y de personal. Lamentamos que el proyecto no se haya tratado con la urgencia que solicitamos. Pero lo cierto es que hoy queremos perfeccionar los sistemas penal y procesal penal. Ninguno de ellos debe considerarse sacro y libre de introducirle modificaciones que de alguna manera signifiquen garantías no sólo para los procesados, sino también para las víctimas. En ese sentido, la bancada de Renovación Nacional va a aprobar este proyecto. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos. El señor BUSTOS.- Señor Presidente, las leyes penales son necesarias, pero, evidentemente, no son suficientes. Eso lo tenemos claro. Ante todo, se requiere prevenir. La prevención y la reinserción social aparecen como algo fundamental para lograr realmente superar la delincuencia. Pero las leyes penales son el núcleo más preclaro de la relación que debe existir entre el Estado y los derechos de los ciudadanos, y en esto siempre está presente la gran disyuntiva. Hay algunos lo han dicho aquí muy claramente que lo único que quieren es orden, mano dura y, por añoranza, un estado policial del terror, que, por cierto, jamás trae aparejada la seguridad, sino que la inseguridad de todos los ciudadanos, porque viola todos sus derechos y los derechos humanos en general. Por eso, cuando se trata de una ley penal, porque está inserta en esta relación fuerte, Estado, derechos humanos y garantías de los ciudadanos, es necesario tratar de lograr el máximo de equilibrio. Es cierto que este proyecto de ley nació, desde un punto de vista político criminal, con una gran falencia; porque surgió a propósito de determinados hechos que se produjeron en el país y, por lo tanto, tiene un carácter inmediatista. Pero no es bueno que las leyes tengan tal característica. Sin embargo, a pesar de ello hay que destacarlo, tanto por parte del Ministerio de Justicia y sus asesores como de la Concertación, en la Comisión se trató de buscar el máximo de equilibrio entre la eficiencia policial en la persecución de los delitos y las garantías de los ciudadanos. Creo que, en general, se logró ese equilibrio. Aquí se ha mencionado, por ejemplo, la reincidencia. Diría que hay dos aspectos fundamentales que fue necesario discutir: uno, desde el punto de vista de los delitos y las penas, y dos desde la perspectiva del sistema procesal penal. Por lo tanto, había que considerar la libertad provisional como un derecho. En el primer caso, está la reincidencia. Sin embargo, hay que decir que aquí hay un error grave, porque no se trata de reincidencia propiamente tal. Algunos han hablado como si realmente ésta se estuviera estableciendo, pero no es así. La reincidencia está establecida conceptualmente en nuestro Código Penal en el artículo 12, números 15 y 16. ¿Qué pasa con la reincidencia en todos los casos? Agrava la responsabilidad del infractor. Eso sí que va en contra del principio de culpabilidad de que hablaba mi distinguido amigo Marcelo Díaz. Pero ninguna de las disposiciones del proyecto se refieren a la agravación de la responsabilidad, caso en el que sí se afectaría el principio del non bis in idem. Lo que se hace aquí es dar reglas para la determinación de la pena. Basta con leer los artículos 78 bis, 78 ter y 78 quáter. Es decir, no se cambia el marco legal para la misma pena. ¿Qué se hace? Se restringe la libertad del juez para ocupar todo el marco penal. Eso podrá discutirse, pero es algo conceptualmente distinto al tema de la reincidencia. Siempre se ha planteado que uno puede restringir la libertad del juez para que recurra a todo el marco penal: de cinco años y un día a diez años, por ejemplo, en caso de homicidio. Se le puede restringir al juez ese arbitrio, en virtud de determinadas consideraciones. Eso es lo que hace el proyecto. Por lo tanto, no hay en modo alguno una cuestión conceptual grave; no existe el problema del non bis in idem ni de la peligrosidad. El problema es otro, y podemos discutirlo. Pero es importante destacar que nada tiene que ver con la reincidencia. En segundo lugar, también es muy importante que se haya eliminado del proyecto el robo por sorpresa. Se plantearon determinados delitos de connotación social grave, como el robo con violencia en las personas, el robo en lugar habitado, el robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, el secuestro, la violación. Son ilícitos que, evidentemente, tienen connotación social fuerte en todas nuestras poblaciones. Pero la disposición sólo está referida a esos delitos y no como reincidencia sino como determinación de la pena. Se eliminó el robo por sorpresa, por su amplitud de interpretación. Existe dificultad para distinguir entre robo por sorpresa y hurto. Es la crítica que se ha hecho siempre al robo por sorpresa por todos los tratadistas y autores chilenos y por la propia jurisprudencia. Entonces, era lógico eliminarlo porque no se avenía con el concepto de grave connotación social; no tiene ese carácter y, por lo tanto, no se podía incluir. Todos los diputados de la Concertación estuvimos de acuerdo en excluirlo. Naturalmente, quienes creen en un estado policial querían introducirlo y todavía piensan hacerlo, porque tienen una perspectiva distinta al espíritu del proyecto. Ahora bien, se ha hablado del control de identidad, y se han hecho grandes discursos para decir que aquí se establece la detención por sospecha. El control de identidad ya estaba establecido en la ley, basta con leer el actual artículo 85 del Código Procesal Penal, que dispone: “Los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 deberán, además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta;”. Nunca se ha hecho una crítica a este artículo que, tanto en la Cámara como en el Senado fue aprobado por unanimidad, porque se trata de un simple control de identidad. En la Comisión, los diputados Walker, Burgos y otros sugirieron cambiar “indicio” por “estimación de los funcionarios de las policías”, pero nosotros no estuvimos de acuerdo con ello porque era algo subjetivo. No es posible hacer un control judicial y aplicar sanciones sobre la base de un hecho arbitrario. Por eso, se mantuvo la disposición primitiva que habla de indicios, porque es la única manera de ejercer un control judicial y evitar arbitrariedades. ¿Qué se agregó? Cuando se practicaba el control de identidad y se comprobaba que la persona tenía antecedentes delictivos, de inmediato la policía registraba el vehículo, donde podía encontrar armas y otros objetos. ¿Qué ocurría, entonces? El juez de garantía manifestaba que había una detención ilegal y la persona quedaba en libertad, porque a pesar de que el control de identidad era correcto, la policía no tenía facultades para registrar. Sin duda, eso era para la risa. Por ello, en el control de identidad se agregó el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, con el objeto de impedir su libertad si se le encuentran especies robadas, narcotráfico u otros. Se agregó este registro para impedir que delincuentes encontrados con todas las especies robadas, con drogas o con armas quedaran en libertad en virtud de un vacío de la ley. El diputado Burgos preguntó por qué una vez declarada la ilegalidad no se concedía la apelación sólo en el efecto devolutivo. Esto originó una gran discusión y gracias a los votos de la Concertación se logró que se otorgara sólo en el efecto devolutivo, es decir, la persona seguía en libertad, pero el fiscal podía formalizar. ¿Por qué puede formalizar y, llegado el caso, decretar prisión preventiva? Se puede declarar la ilegalidad de la detención porque no se le leyeron sus derechos al detenido, por lo que podría quedar definitivamente en libertad. Pero, al mismo tiempo, puede ocurrir que la persona a la cual no se le leyeron sus derechos cuando se le hizo el control de identidad, al encontrarle especies robadas, el fiscal puede llevar ante el juez todas las especies y hacer comparecer a las personas a las cuales les fueron robadas. Es decir, puede tener todos los antecedentes para formalizar. ¿Por qué se le va a impedir formalizar y pedir todas las medidas cautelares correspondientes? El juez de garantía verá si corresponde la prisión preventiva u otra medida cautelar. En relación con la declaración de ilegalidad, se plantea también la posibilidad de que el fiscal, a su vez, formalice la investigación y pida las medidas correspondientes. Asimismo, hemos sido sumamente claros en evitar afectar el derecho básico de la libertad provisional. Por eso planteamos que en el caso de la declaración de ilegalidad, la persona, de todas maneras debe quedar libre. También señalamos que si la persona fuera sobreseída definitivamente o absuelta en primera instancia debía quedar libre, aunque no fuera una sentencia a firme. Es decir, siempre se cuidó mantener la libertad provisional como un derecho, sobre todo porque si analizamos los casos producidos en el último tiempo, a diferencia de lo que ocurría antes, en este sistema se han cometido muchos más errores al detener a una persona en prisión preventiva durante un tiempo, para después comprobar que no era culpable del delito que se le imputaba, pero estuvo dos, tres o cuatro meses en prisión preventiva. Aquí hay un tema fundamental del juez de garantía: debe verificar si realmente están los antecedentes correspondientes. Por esa misma razón y por todos los casos ocurridos, mantuvimos estrictamente la libertad provisional como un derecho de las personas. El artículo 3°, que también se ha discutido, desde el punto de vista de los derechos de las personas, es lógico que sólo se aplique respecto de órdenes de detención pendientes, porque el único objetivo de esa disposición es evitar una descoordinación entre la Policía de Investigaciones y Carabineros, y, en consecuencia, que exista una orden de detención en Carabineros y que Investigaciones no lo sepa, lo que puede significar que la persona quede en libertad. Para proteger los derechos de la persona, se señala que tan pronto se ejecute la orden de detención, quede prescrita o sea revocada, y de inmediato desaparezca de las bases de datos de la Policía de Investigaciones y de Carabineros. En virtud de los derechos de las personas, cualquiera puede preguntar a Investigaciones o a Carabineros si existe alguna orden de detención pendiente en su contra, porque a menudo ha ocurrido que a alguien le hurtan o le roban la chequera, por ejemplo, y la utilizan en distintas partes de Chile y la persona tiene una serie de órdenes de detención de las que no tiene noticia alguna. Hay que precaver todos esos casos. Una persona que sale del país puede ser detenida, por ejemplo, por una orden de Punta Arenas, como consecuencia del uso de un cheque que le fue robado. De ahí, entonces, que el artículo 3°, por una parte, busca eficiencia en la Policía de Investigaciones y Carabineros, y, por la otra, proteger los derechos de las personas. Es decir, en la Comisión hubo una constante preocupación de la Concertación por dar mayor eficiencia en la persecución de los delitos y evitar la crítica tanto al Congreso como a la justicia en relación con la ineficacia o impunidad que se produce en virtud de determinados vacíos legales, equívocos o insuficiencia legal, pero, al mismo tiempo, por mantener todas las garantías correspondientes a los derechos humanos y a la libertad de las personas. No se trata, por lo tanto, de mano dura ni de orden, sino, simplemente, de establecer leyes penales que se inscriban dentro de un estado de derecho y que se respeten los derechos de las personas. Lamento que algunos hablen de peligrosidad y del non bis in idem, porque desconocen el significado de esos concepto. He dicho. El señor PÉREZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Germán Verdugo. El señor VERDUGO.- Señor Presidente, luego de la larga discusión respecto de este proyecto que reviste extraordinaria importancia, me quedan ciertas dudas sobre si vamos a ser capaces de enfrentar con realismo el problema de la delincuencia o vamos a terminar en una discusión académica que muchos entendemos, pero no las personas en las ciudades, en los pueblos, en las poblaciones y en el campo, que sólo sufren sus consecuencias. El proyecto recoge ciertos hechos objetivos, lo que valoro. El primero dice relación con la necesidad de introducir mejoras en el sistema destinadas a reprimir con mayor energía el delito para, de esa forma, disminuir la sensación de temor. En consecuencia, se reconoce que hasta ahora no existía preocupación por este tema, que afecta a una gran mayoría de chilenos. Sin duda, las sensaciones de temor y de existencia de impunidad son tremendamente importantes, aunque no siempre las valoramos. Aquí se dijo que se debe velar por el derecho de las personas y, por esa razón, la Oposición debería ser un poco más rigurosa en la legislación para reprimir la delincuencia. Pero no estamos pensando en afectar los derechos de las personas, sino tratando el problema de quienes delinquen, que están al margen de la ley y que han afectado los derechos de otras personas. Entonces, se genera una discusión que nos confunde porque, al plantear la necesidad de ser más blandos, se pretende hacer creer que se piensa en los derechos de las personas, en circunstancias de que una actitud de esa índole no significa otra cosa sino pensar en los derechos de los delincuentes. Eso es así. Los delincuentes están protegidos por la Constitución y por la ley. Pero, ¿qué pasa con las víctimas? Ese tema debe preocuparnos. En segundo lugar, en el mensaje se expresa que se deben tratar las causas y también las deficiencias que pueda tener el sistema de enjuiciamiento criminal. En consecuencia, el Gobierno reconoce que existen deficiencias en el sistema que deben ser corregidas. Muchas veces hemos dicho que no estamos en contra del sistema, pero que creemos necesario adecuarlo a nuestra realidad y a las necesidades que se han generado después de su puesta en marcha. Este tema no se nos ocurre por casualidad, sino que es consecuencia de la manifestación espontánea, sincera y real de la comunidad, que lo expresa a gritos. Lo que se ve reflejado en los resultados de las encuestas. En efecto, la gente estima que uno de los problemas más graves es el de la delincuencia, que los diputados tratamos en esta Sala en forma académica para entregar la sensación de preocupación. En tercer lugar, deseo referirme a las trece modificaciones al Código Procesal Penal, que, según establece el mensaje, están orientadas a hacer más eficiente el proceso de persecución penal y asegurar en mejor forma la seguridad de la sociedad. En el mensaje se reitera que existe un problema. De ahí, entonces, la importancia que le atribuyo, porque, por primera vez, han quedando establecidos ciertos hechos objetivos que recoge el Gobierno. Pero me asalta una preocupación, porque, a renglón seguido, en el mensaje se sostiene lo siguiente: “Todo ello, obviamente, sin alterar las reglas básicas del sistema procesal penal, ni alterar los principios que informan la Reforma Procesal Penal”. Nadie pretende alterar las reglas básicas ni los principios. Lo que se desea es adecuar este sistema, luego de su necesaria evaluación, para ver de qué forma ha funcionado y de qué manera lo ha asumido la comunidad. Advierto el peligro de que en poco tiempo más, este sistema, que es necesario cuidar, puede caer en el desprestigio absoluto, porque se le ha perdido el respeto. De otra forma, no se explica cómo, en un tribunal y en presencia de un juez, se haya producido una gresca descomunal de tal magnitud que haya sido necesario separar a imputados, defensor y fiscal. Asimismo, ¿de qué forma se explica que en la puerta de los tribunales, grupos se enfrenten en verdaderas batallas campales? A mi juicio, eso es tremendamente dañino para el sistema y para el país. Ante esos hechos, decimos que es necesario respetar el derecho de las personas, con lo cual, por cierto, estamos de acuerdo. Pero, ¿hasta dónde llegan los derechos de los delincuentes? Creo que es de fundamental importancia asumir ese tema con realismo y con verdad, porque, de otra manera, nos veremos enfrentados a una situación de total desprestigio del sistema que, a mi juicio, es bueno y que debemos mantener. Un aspecto que ha llamado profundamente mi atención dice relación con ciertas opiniones que consideran que el proyecto es lo máximo en dureza. En el mensaje se sostiene lo siguiente: “También se les faculta expresamente a las policías para detener a quienes mantengan órdenes de detención pendiente”. ¿Pueden imaginar, estimados colegas, lo que significa que hasta ahora las policías no hayan contado con facultades para detener a personas respecto de las cuales existen órdenes de detención pendientes. Entonces, me parece extraordinariamente importante reconocer esas realidades. A mi juicio, todo lo dicho explica la razón por la cual hemos llegado al nivel que estamos sufriendo con el sistema procesal penal, sistema que, como expresé, debemos defender y cuidar, para lo cual es preciso adecuarla de acuerdo a lo que indica la realidad actual. Respecto de la prisión preventiva, también se trata de un maquillaje a la ley. No me explico para qué se incorporó en el mensaje, porque se reitera lo siguiente: “El Código Procesal Penal consagra la libertad como la regla general y la prisión preventiva como la excepción,…”. Esto es lo que se conoce como la “puerta giratoria”, que, con absoluta razón, tanto se critica. A mi juicio, la situación seguirá igual, porque en el mensaje se reitera: “El presente proyecto de ley no altera esas reglas...”, y no podría alterarlas, porque esto está consagrado en la Constitución. Por lo tanto, para llegar a una solución en esta materia, es necesario reformar la Carta Fundamental, de manera que sea la ley, además del juez, la que establezca quién puede ser objeto de algún beneficio y quién debe permanecer en prisión preventiva. Las precisiones así las denomina la ley no tienen sentido alguno, porque, al final, la determinación de la libertad o la aplicación de la prisión preventiva queda al criterio del juez. Otra preocupación dice relación con lo que se ha planteado respecto de que los jueces, en su mayoría, son descriteriados, y aplican la ley sin criterio. Que yo sepa, los jueces normalmente no juzgan de acuerdo con su criterio, sino de acuerdo con la ley, con su letra y con su espíritu. ¿Qué dice la ley? Que la prisión preventiva es una excepción. Está recalcado, tanto en la Constitución como en el Código Procesal Penal. El inciso segundo de su artículo 9° dispone que cuando una diligencia de investigación pudiere perturbar siquiera los derechos que la Constitución asegura, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía. La libertad provisional es un derecho que la ley otorga y, por lo tanto, se debe mantener. Si bien con este proyecto podemos tranquilizar nuestra conciencia, no vamos a resolver el problema de fondo. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteaba el diputado Ceroni, quien manifestó la necesidad de un estudio más profundo y acabado, con más especialistas, para abordar la delincuencia y la seguridad ciudadana integralmente, porque estos temas no se resuelven sólo modificando los códigos Penal y Procesal Penal en lo que se refiere a las atribuciones que se otorgan a las policías. También debe tratarse lo que se refiere a las defensorías públicas. ¿Cómo es posible que las defensorías puedan contratar detectives privados para echar abajo los planteamientos y las pruebas de los fiscales? ¿Cuál es el rol que debe tener la Defensoría Pública? ¿De colaborador de la justicia o de abogado privado? Bueno, esas cuestiones necesariamente deberían resolverse. También se plantea la necesidad de ir a las causas y raíces de la delincuencia. Pero, ¿qué se está haciendo en esta materia? ¿Qué se está haciendo para prevenir la delincuencia? ¿Aplicar el programa Comuna Segura? ¡Si lo han evaluado y ha sido un fracaso! Y lo dijimos en todos los tonos en su oportunidad: es muy útil para hacer plazas, sedes sociales; para iluminar calles, para comprar materiales, equipos de fútbol, pero no tiene nada que ver con los objetivos que se perseguían con él. ¿Se pretende prevenir la delincuencia con el programa Previene? ¿Quién lo ha evaluado hasta ahora para saber que la enorme cantidad de recursos que en él se ha gastado ha tenido realmente una incidencia en la prevención de la drogadicción? Y a propósito de la rehabilitación y reinserción social me habría gustado que estuviera el ministro, ¿saben ustedes qué sucede cuando un reo cumple su condena? ¡A las 12 de la noche parado ante las puertas de la cárcel! Puede ser de Puerto Montt, de Temuco, de Santiago, de cualquier lugar del país. ¿Podemos hablar de reinserción social? Un reo que sale libre en Talca y es de Puerto Montt, ¿cómo se va a su lugar de origen? Son situaciones reales; pasan hoy día. Tiene que dirigirse al encargado pastoral de la cárcel para que lo acoja o le pague el pasaje. ¿Cómo no va a ser posible que a esas personas, meses antes, las trasladen a cárceles más cercanas al lugar de origen para ponerlas en contacto con sus familiares? ¿Cómo no va a ser posible que a través de los programas Proempleos se destinen cupos para que las municipalidades puedan otorgarles el beneficio. ¿Qué pasa con aquellas personas que cumplen el requisito para obtener el beneficio de la libertad condicional o de rebaja de penas? ¿Quién se preocupa de las políticas públicas para trabajar con ellas y reinsertarlas en la sociedad? Creo que el problema es mucho más profundo y va más allá de este proyecto, que valoro, sin duda. Recoge hechos objetivos, pero, en el fondo, desde el punto de vista de lo que se logrará, será escasamente satisfactorio. Por eso, espero, como lo dijo el diputado Ceroni, que se legisle con mayor profundidad para sacar una buena ley. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, se discuten las esperadas reformas anunciadas para materializar los cambios que se requieren en materia de seguridad ciudadana. Creemos firmemente que la libertad debe ser conjugada de manera abierta y democrática con las sanciones y restricciones consiguientes. El cuidado de la seguridad por parte de las fuerzas policiales organizadas y la aplicación de sanciones deben obedecer, en un estado de derecho, a criterios justos y equilibrados. La respuesta sancionatoria debe ser acorde y racional con la lesión que produce el delincuente. El proyecto en cuestión se preocupa de la forma en que las normas del nuevo proceso penal están siendo aplicadas. El objeto es detectar aquellas situaciones que permiten que delincuentes habituales y peligrosos se encuentren en libertad o la recuperen fácilmente. Las políticas procesales deben entregar herramientas eficaces para la pesquisa e investigación de los ilícitos. Deben ser transparentes y cautelar las libertades públicas. El fenómeno de la delincuencia afecta a las personas y las autoridades deben actuar para minimizar los costos sociales que implica. No es un escenario para utilizarlo comunicacionalmente contra el gobierno, mediante críticas histéricas que en nada contribuyen al debate. Sólo actuando en conjunto podremos entregar soluciones que tengan relación con el tiempo que vivimos. No puedo hacer oídos sordos frente a los dichos del diputado Cardemil, en cuanto a que a las personas de Izquierda nos gusta o somos partidarios del desorden. Que queramos cuidar los derechos y las libertades no tiene nada que ver con que nos guste el desorden. Estamos por analizar cómo nos hacemos cargo seriamente de los problemas que genera la delincuencia, que, sin lugar a dudas, será derrotada sólo con una efectiva y eficiente persecución penal. Es necesario ir a sus raíces para controlarla en definitiva, y el Gobierno tiene un fuerte compromiso en esta materia. Así, la señal adecuatoria en materia penal del proyecto apunta a responder más eficaz y eficientemente en la regulación necesaria para dar más seguridad. Revisemos algunos puntos. En cuanto a la reincidencia, haciendo caso a lo dicho por la Presidenta, en cuanto a que la primera es la vencida, se introduce un párrafo nuevo en el Código Penal que establece normas diferenciadas de aplicación de las penas a los delincuentes, que obligarán a un castigo más severo a partir de la primera reincidencia en delitos graves. También se señalan los delitos graves. Básicamente, el secuestro, la sustracción de menores, la violación, la violación de menores, el parricidio, el homicidio, el robo con violencia o intimidación, el robo con fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación. A todos ellos se les aplicarán las normas especiales. En materia procesal penal, entre las modificaciones propuestas resaltamos las que autorizan a las policías para revisar las órdenes de detención pendientes que puedan afectar a la persona controlada, y que si del registro de su ropa, equipaje y vehículo aparecen indicios de haber cometido un delito, podrán proceder a su detención. También se les faculta expresamente para detener a quienes mantengan órdenes de detención pendientes. Al respecto, no hay que confundir. Aquí no se está hablando de restablecer la detención por sospecha. Damos atribuciones a las policías para que puedan actuar en consecuencia si hay indicios. Además, se agrega la mayor presencia del Ministerio Público en las causas y se aceleran los trámites formales de inicio de la etapa de investigación, todo lo cual se incrementa sin mayor gasto, haciéndose más eficiente. En cuanto al fundamental tema de la prisión preventiva, el Código consagra, lógicamente, la libertad como regla general y la prisión preventiva como la excepción, haciéndola procedente sólo cuando la libertad representa un peligro para la sociedad o cuando es necesaria para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación. Por eso, en este proyecto se hace presente que se estiman necesarias para una mejor defensa del interés social, entendiéndose que existe peligro para la sociedad en las siguientes tres situaciones: cuando los delitos imputados sean aquellos señalados en el artículo 78 bis del Código Penal, cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por delito al que la ley señale igual o mayor pena si es que la hubiere cumplido o no y cuando el imputado se encuentra sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contempladas en la ley. Además, se propone la incorporación de una nueva medida cautelar consistente en la prohibición de conducir vehículos de tracción mecánica o animal, para cuyos efectos se procederá a la retención del carné, permiso o licencia de conducir cuando se investiguen hechos constitutivos de cuasidelito ejecutados por medio de dichos vehículos. Reitero, no hay que confundir que la facultad de las policías para detener no es la misma que la de detener por sospecha, que en algunos casos se hacía arbitrariamente. Aquí se actúa frente a indicios. También se establece la obligación de las policías de mantener una base de datos unificada y actualizada de las personas que hubieren sido detenidas o que registren órdenes de detención pendientes. Todo ello con los debidos resguardos y límites. Se faculta también a las policías para entrar a lugares cerrados y registrarlos sin orden previa, cuando existan antecedentes suficientes de que en dicho lugar se estaría cometiendo un delito. Lo que falta en estas propuestas, según lo consignado en la intervención del diputado Burgos durante la sesión de ayer, deberá seguir siendo revisado por todos los especialistas, además de la Comisión; por la Mesa Ejecutiva que está abocada al tema de la seguridad ciudadano y que lo monitorea a nivel de país, donde están presentes el Gobierno, las policías, las organizaciones sociales, el Poder Judicial y, por supuesto, el Poder Legislativo. Finalmente, estas modificaciones legales se suman a las innumerables actualizaciones que se han realizado en materia penal en los últimos años para adecuar las reglas del juego y mantener a raya los delitos de mayor connotación social que afectan a muchas personas en al país. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, cuando uno ve estos proyectos, lamenta que no se hayan hecho mucho tiempo antes. En la Novena Región tuvimos la mala suerte de ser los conejillos de Indias de la nueva reforma procesal penal. En consecuencia, preparamos a todos nuestros jueces para Santiago. Estuvimos cuatro años observando cómo funcionaba el sistema y, una vez que tuvimos todo listo, los jueces emigraron a Santiago y tuvimos que empezar todo de nuevo. Esto, lógicamente, está dentro de la legalidad, porque se llamó a concursos para proveer los cargos. Después, en relación con la policía, a pesar de que dijeron que hay igualdad ante la ley y respeto a los derechos humanos, con la nueva reforma procesal penal dejaron a todos los carabineros en Santiago, ninguno fue a la provincia. Luego, para que la provincia quedara tranquila, le expresaron: “Sabe que más, vamos a hacer los nuevos planes cuadrantes para que las ciudades grandes queden protegidas y no tengan ningún problema. Así arreglamos la situación.” Hablo de lo que pasó en mi región. Es verdad, se implementó el Plan Cuadrante en Temuco con un muy buen resultado; tan bueno que disminuyeron los robos, destinaron varios vehículos, andan carabineros en moto dando vueltas, todos conectado con radios, con sistema satelital, todo perfecto. Pero, ¡atención! descuidaron todas las ciudades intermedias aledañas a Temuco, con menos de 50 mil o 60 mil habitantes. ¿Qué pasó? Indudablemente, la delincuencia se trasladó a esas ciudades, y así empezaron los problemas en Angol, en Victoria, en Villarrica, en Loncoche, en Gorbea, en Toltén, en Cunco, etcétera. Y, como si esto fuera poco, muchos de los que delinquían eran menores declarados sin discernimiento pero, ¡por Dios! sabían dónde robar, a qué supermercado ir. En los pueblos chicos, Carabineros debía ocupar los pocos vehículos con que cuentan, o el único vehículo, para ir a dejar a ese delincuente menor de edad a Temuco donde se lo entregaban a sus padres diciéndoles que se hicieran cargo de ese niño que no tenía discernimiento. Carabineros no alcanzaba a llegar a su lugar de origen y ese delincuente estaba nuevamente allá, porque estaba libre de polvo y paja. Y así hablan de los derechos humanos. El primer derecho de una persona es estar protegida, poder salir a la calle sin temor, circular libremente, pero, hoy la situación es al revés: toda la gente de bien, de trabajo, se está refugiando en su casa, porque se siente desamparada. Entonces, señor Presidente, les pregunto con su venia a los señores diputados si no es verdad que cuando les consultan en sus distritos sobre lo que está pasando, algunos dicen que las leyes son así y otros más avisados expresan que son nuevos, que no estaban en el Congreso cuando estas normativas se aprobaron. Aquí tenemos la oportunidad para demostrar que podemos cambiar las leyes, que podemos hacerlas también para la gente de bien, para quienes quieren que el país cambie. Se dice que hay jueces, con mano blanda, que aquí, que allá. Pero, ¡cuidado! no soy abogado, pero muchos de los abogados que están aquí lo saben, y todos ahora lo sabemos, ellos aplican las medidas que está en el Código Procesal Penal; no inventan. Entonces, claramente las penas son blandas y ése es el problema. Seamos honestos: no protejamos tanto al delincuente en el sentido de que tienen derechos humanos; todos tenemos derechos humanos. Pero la gente de bien también tiene derecho a estar protegida. Ésa es nuestra tarea. Y si hay que aumentar la dotación de carabineros y los juzgados, ¡aumentémoslos! Aquí se dice que las cárceles están colapsadas. Ese no es problema de la gente de bien; es problema de los gobiernos, y de uno en especial. Hay que construir más cárceles y tener otra mano con esto. El otro día conversaba con carabineros y me decían: “Don René, los únicos que no tenemos derechos humanos somos nosotros. Uno de ellos me expresó: “Cómo se le ocurre que voy a detener a un delincuente cuando éste se las sabe por libro, se hace un tajo y dice que yo se lo hice. No no voy a arriesgar mi futuro por un delincuente si me quedan dos o tres años para jubilar. Dejo que se vaya. De verdad, se restan facultades a carabineros y después nos quejamos de ellos. Hay que darles atribuciones; no quitárselas. ¿Por qué llama tanto la atención la detención por sospecha si para ingresar a un aeropuerto le exigen a uno su cédula de identidad para saber quién es? ¿O se pasa por el control sólo con el ticket? ¿Por qué la piden? ¿No le están haciendo un control de identidad? La pregunta es si esos funcionarios de las líneas aéreas tienen facultad para pedir carné de identidad; sin embargo, uno lo pasa tranquilamente. Pero ¿qué pasa cuando se trata de un delincuente? ¡Por favor, si el niño anda con pelo largo y con aro, es lo de menos; si quiere puede ponerse falda, como un escocés, pero eso no le da derecho a delinquir! La gente que delinque tiene que estar en la cárcel. Algunos dirán ¡por Dios que es duro este diputado! No soy duro ni blando, sino que estoy cabreado de que la gente piense que las leyes son para un solo sector. Las leyes tiene que ser justas y los jueces deben aplicarlas con justicia. Ese es el tema. ¡De qué facultades para Carabineros me están hablando! ¡Están disfrazando la detención por sospecha! Cuando dicen que habrá control de identidad; pero si uno puede estar seis horas detenido, cómodamente sentado en el calabozo, mientras confirman si uno es la persona que el carné de identidad dice que es. En lugar de volver atrás, exigimos que las comunas y los pueblos chicos también sean dotados de más carabineros. Hay, comisarías y retenes de mi zona con menos de la mitad de la dotación que les corresponde. En Temuco, para proteger cinco fundos del conflicto mapuche, hay 150 carabineros y 17 vehículos policiales; es decir, 150 carabineros menos protegiendo calles. Esta es la oportunidad de demostrar a la ciudadanía que la Cámara de Diputados está por lo justo. El delincuente, una vez que está en la cárcel, empieza a gritar por los derechos humanos. Está bien, que empiece a pedirlos, que no lo golpeen, que lo traten bien, que le den alimentación, que duerma en un lugar adecuado, que se duche, que no esté hacinado. Esos son los derechos humanos que le corresponden por lo que ha hecho; pero son tan patudos que reclaman hasta por la comida. Anoche vi un reportaje en el que los presos se quejaban de que no les daban pollo dos veces a la semana. Esas cosas, no. Los derechos humanos deben empezar a correrles en la cárcel. Por eso, el proyecto es un avance para lo que la gente de la Novena Región ha tenido que sufrir. Voy a contar dos casos, que fueron jocosos. El primero, y que se hizo famoso en todo Chile. En Loncoche, a un campesino le mataron un buey, elemento de trabajo para él. Los agricultores saben lo que eso significa para un pequeño agricultor. Pillaron al ladrón con 60 kilos de carne en la espalda. Llega a la fiscalía y allí dicen: “Al señor que pillaron con carne, lárguenlo, porque solamente llevaba 60 kilos de un animal que pesaba 800 kilos”. Quedó libre. Eso ocurrió en la fiscalía de Loncoche. El otro caso. En Gorbea, un fulano le robó al vecino. Cuando descubrieron el robo, llegó la policía a la casa de este fulano con la víctima del robo. ¿Cómo los recibe el que había robado? “Vecino, que bueno que vino a buscar las cosas que me dejó encargadas”. Casi meten preso al afectado, porque el delincuente quedó libre. ¡Si es que se la saben por libro! Esos casos son los que estamos protegiendo con estas iniciativas. Esa es la verdad. Los derechos humanos son para todos, sobre todo cuando se trata de gente de bien. No digo que haya que atormentar al delincuente, sino que para el delincuente, los derechos humanos deben correrle desde que está en la cárcel. Lo gracioso es que ese fulano, que viola a una niña, que asalta una casa o que comete otro tipo de fechorías y que no respeta ningún derecho humano de los otros ciudadanos, después exige respeto a su persona. Eso no puede ser. La Cámara de Diputados debe dar un ejemplo, y el ministro de Justicia, don Isidro Solís, está haciendo un esfuerzo gigantesco para que esto mejore. Apuren las cárceles; la gente de bien no tiene la culpa del atraso de los contratos para construir las nuevas cárceles. Por eso, repito, este es un pequeño avance. También pido que se acabe la pugna entre Investigaciones y Carabineros. Las policías deben trabajar en conjunto y no vivir echándose la culpa de lo que no se hace. Me sorprendo cuando las cosas se hacen bien. Hace poco le robaron a un juez; a las seis horas los fulanos estaban detenidos. ¿Qué piensa la gente común y corriente? ¡Miren que curioso, le roban al señor juez y a las seis horas los imputados son detenidos! A mí me dice la gente: “Hace dos años que denuncié un delito y todavía ni siquiera me han llamado a declarar y, con suerte, capaz que llegue una carta que diga que se cerró el caso, porque no hay culpables”. Esto es lo que queremos evitar. Por eso, hoy la Cámara de Diputados debe demostrar que quiere estar con la gente de bien y no con los delincuentes. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, el espíritu con que se ha discutido este proyecto de la agenda corta en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha sido positivo. No ha habido enfrentamiento, sino que se han buscado consensos. Se invitó a profesores de derecho penal, a magistrados, a dirigentes de las asociaciones de magistrados, a decanos de facultades, a especialistas y estudiosos del derecho. La Comisión hizo un esfuerzo y, más allá de las diferencias entre Concertación y Alianza, hubo consenso en cómo combatir la delincuencia y en entregar mayores facultades a Carabineros y a los tribunales de justicia, en el marco del respeto a los derechos individuales y a las normas constitucionales y legales vigentes. No se trata de entregar más facultades o de restringir libertades que puedan atentar contra los derechos humanos. Se trata de combatir el delito en el marco de la legalidad y del estado de derecho. En ese sentido, me parecen importantes y sustantivas las modificaciones que se introducen al Código Penal, en cuanto se incluye el delito de violación de menores entre aquellos que justifican la eximente de legítima defensa privilegiada; en cuanto se trata en forma especial, estableciendo sanciones más drásticas, la reincidencia en delitos graves y, en cuanto se agrega al delito de receptación la conducta de transformar la especie hurtada o robada y se aumenta el límite superior de la multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales. Estas son las modificaciones que hemos venido trabajando en conjunto; que han exigido Paz Ciudadana y diversas instituciones, las mesas de los partidos políticos y la comunidad. También se modifica el Código Procesal Penal para reforzar las labores del Ministerio Público y de las policías, a fin de hacer más eficiente el proceso de persecución penal y asegurar, de mejor manera, la seguridad de la sociedad. Entre las actuaciones que podrán realizar las policías quiero destacar la facultad que se les entrega para recoger y guardar evidencias si no hubiese personal especializado al efecto, para entregarlas a la brevedad al Ministerio Público. En verdad, con las nuevas facultades que se otorgan, el control de identidad no se parece a la detención por sospecha, ya que esta última era masiva, pues la policía llegaba a una discoteca y detenía a todos los jóvenes, lo que no era ningún aporte para la seguridad de los ciudadanos. Por el contrario, colocaba a las policías en una lógica que, finalmente, no permitía perseguir el delito y al delincuente, sino que sólo servía para golpear a los jóvenes o a otros miembros de la sociedad. Hemos resuelto otorgar mayores facultades a los funcionarios policiales para solicitar la identificación de personas en caso de que se encapuchen, oculten, dificulten o disimulen su identidad. Al mismo tiempo, se hace explícito que las policías podrán revisar las órdenes de detención pendientes que puedan afectar a la persona controlada y que podrán detenerla si en el registro de sus ropas, equipaje o vehículo aparecen indicios de haber cometido un delito. Para las regiones, como dice el colega René Manuel García, es muy importante que nuestras policías tengan un registro nacional de las personas con orden de detención pendiente. En la actualidad, se calcula que son más de nueve mil las que se encuentran en esa situación, prófugos de la justicia. Va a ser muy importante que los funcionarios de Carabineros y de Investigaciones de Mulchén, de Temuco, de Padre Las Casas, de Inca de Oro o de cualquiera localidad de Chile puedan chequear en un computador si el nombre de la persona a quien se le realiza el control de identidad figura en el registro que está siendo buscada porque tiene alguna orden de detención pendiente y es un prófugo de la justicia. Naturalmente, las policías tienen desde ya todas estas facultades, pero el proyecto las precisa para que detengan a una persona que se encuentra en esa situación y la coloquen a disposición del tribunal competente. También es importante la definición de lo que se entiende por el tiempo inmediato, en relación con la flagrancia, porque muchas veces se denuncia en nuestras poblaciones que en determinado barrio y casa se está traficando droga, pero Carabineros no puede intervenir porque no tiene la orden judicial correspondiente o interviene cuando la gente ha abandonado el domicilio, lo que le impide detenerlos porque ya no están cometiendo un delito flagrante. En consecuencia, me parece que el tema del tiempo inmediato que el proyecto precisa es un paso adelante para otorgar mayores facultades y posibilitar la captura de la persona horas después de que ha cometido un delito flagrante. Me parece importante el tema de la prisión preventiva. Se mantiene la regla del Código Procesal Penal. Soy un simple sociólogo, pero los diputados que son abogados saben perfectamente que esta es una regla procesal penal a nivel mundial; además, está en el espíritu de la ley que la regla general es la libertad y que la prisión preventiva es una excepción que se aplica sólo cuando la libertad del imputado representa un peligro para el ofendido o para la sociedad, o cuando es necesaria para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación. De acuerdo con el estándar establecido para la seguridad del ofendido y para el éxito de las diligencias precisas y determinadas de la investigación, se establece que se entenderá que la libertad del imputado resulta peligrosa para la sociedad en tres situaciones, lo que también significa precisar la legislación actual: si los delitos imputados son graves cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por delito al que la ley señale igual o mayor pena, sea que la hubiere o no cumplido por lo tanto, no se produce el efecto de la famosa puerta giratoria a que hacían referencia algunas intervenciones, y cuando el imputado se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de algunos de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de la libertad contemplados en la ley. Se dispuso lo anterior, porque esas situaciones aumentan la sensación de inseguridad y dan cuenta de la comisión de delitos graves o de sujetos que han hecho del delito una forma de vida. Ahora bien, como la prisión preventiva debe seguir considerándose una excepción, corresponderá al juez, lo hemos confirmado en el debate, ponderar otros antecedentes que le permitirán definir si, en definitiva, somete al imputado a prisión preventiva o, por el contrario, estima que, pese a reunirse algunos de los requisitos señalados, el imputado no representa un peligro para la sociedad. Me parece importante también la denegación o revocación de la prisión preventiva. Se elimina la obligatoriedad de audiencia cuando hubieren transcurrido dos meses desde el último debate oral en que se hubiese ordenado o mantenido la prisión preventiva, que figura en el inciso segundo del artículo 144 del Código Procesal Penal. Por su parte, se agrega el siguiente inciso segundo en el artículo 149 de dicho Código: “Tratándose de delitos contemplados en el artículo 78 bis del Código Penal, el imputado cuya prisión preventiva se revoque, y mientras dicha resolución no se encuentre ejecutoriada, quedará siempre sujeto a la medida cautelar establecida en la letra b) del artículo 155”. Esto también representa un paso adelante, sobre todo porque impide que los delincuentes que han cometido delitos graves puedan reincidir o anden libres en las calles. Asimismo, excepcionalmente el tribunal podrá conceder al imputado permiso de salida durante el día o por un período determinado, pero tratándose de delitos graves, no podrá otorgarlo sino por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario. Finalmente, se dispone la sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, si se ha dictado sobreseimiento, si se requiere la resolución previa de una cuestión civil o por haber caído el imputado en enajenación mental después de cometer el delito. Esta agenda corta, como la hemos llamado, contempla elementos esenciales que entregan mayores y precisa facultades a los jueces y a las policías respecto de los derechos fundamentales de las personas y de nuestra legalidad. Ello se ha configurado con aportes de los diputados, que han mejorado en muchos aspectos el proyecto del Gobierno. Se han planteado dieciséis indicaciones, que espero sean rápidamente debatidas y votadas por la Comisión de Constitución, con el objeto de que la Sala pueda pronunciarse sobre ellas en un tiempo acotado y, finalmente, despache el proyecto. Me parece muy importante que no “ninguneemos” las medidas que hemos elaborado en conjunto en materia de seguridad ciudadana. El Plan Cuadrante es exitoso en todas las ciudades en que se aplica, porque establece un vínculo entre Carabineros y la ciudadanía que es esencial para combatir a la delincuencia y porque focaliza el esfuerzo de los policías en los lugares en que se cometen más delitos. El Plan Comuna Segura también integra a la sociedad en el combate al delito y permite realizar iniciativas que protegen a la población. En definitiva, estimo que estamos dando un importante paso adelante; puede haber diferencias sobre la agenda corta, pero va a servir para garantizar mayores derechos y otorgar más facultades a fin de combatir la delincuencia en nuestro país. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Cerrado el debate. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, entiendo que hay pareos. El señor LEAL (Presidente).- Hay un pareo de los diputados Tuma y Masferrer. En todo caso, los diputados y diputadas pueden encontrar esa información en sus computadores. En votación general el proyecto, con excepción del artículo 4°, que requiere quórum de ley orgánica constitucional; por lo tanto, para su aprobación requiere 68 votos afirmativos. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor LEAL (Presidente).- En votación el artículo 4°. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos, no hubo votos por la negativa, ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor LEAL (Presidente).- Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto volverá a Comisión para segundo informe. Tiene la palabra el diputado señor Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, dejo constancia de que presentamos diez indicaciones en el ánimo de que se trataran hoy, porque nos interesa el pronto despacho del proyecto, para lo cual estamos dispuestos a dar nuestra unanimidad. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, existe ese espíritu, pero debatir y aprobar 16 indicaciones es muy difícil. Nuestra propuesta es que vuelva a Comisión para segundo informe. Si le parece a la Sala, dicha Comisión dispondrá hasta el próximo martes para abocarse al informe respectivo; en la práctica, serán dos sesiones de la Comisión. Acordado. SALUDO A CAMPEONAS MUNDIALES DE HOCKEY EN PATINES. El señor LEAL, Presidente (de pie).- Hago presente a la Sala que se encuentra en la tribuna la selección nacional de hockey en patines, que ha ganado el campeonato mundial en esta especialidad. Debo destacar que éste es un grupo de muchachas muy jóvenes, quienes, con gran esfuerzo y sin ayuda, porque los deportes colectivos generalmente no reciben ayuda del Estado ni de los privados, han culminado su hazaña ante España y nos han traído una notable victoria, fruto del tesón, de su capacidad y del esfuerzo de su equipo técnico, encabezado por Rodrigo Quintanilla, por el presidente de la Federación de Jockey en Patín y por los demás dirigentes. En Chile, el hockey en patines es un antiguo deporte, que se practica desde 1937. En los años 50, obtuvimos una medalla. Sin embargo, es la primera vez que Chile logra salir campeón mundial en dicho deporte. Por tanto, reitero nuestro orgullo por este logro tan importante para el deporte nacional y le hago llegar a estas jóvenes nuestras felicitaciones, ya que esto se inscribe en la historia de los grandes éxitos deportivos de nuestro país. Muchas gracias por el triunfo que le han dado a Chile. Aplausos. VI. PROYECTOS DE ACUERDO NORMATIVA PARA ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA EFICAZ. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 168. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 168, de la señora Vidal, doña Ximena; del señor Farías, de la señora Soto, doña Laura; de los señores Venegas, don Samuel; Burgos, Escobar, Meza, Silber, Jaramillo y Delmastro. “Considerando: Que, en Chile, la actual administración de justicia ha sufrido enormes cambios en los dos últimos gobiernos, incorporando cambios impensados hace algunos años que hoy comienzan a dar sus frutos, no obstante las correcciones y las enmiendas que los nuevos modelos de justicia especializada plantean y reclaman. Que las modificaciones que han hecho posible una justicia más eficaz y moderna, conforme a los actuales principios que imperan en el derecho comparado de realidad, concentración, transparencia, inmediación y otros, presentes en las reformas en los ámbitos procesal penal, de la familia, laboral, le han dado una nueva cara a la judicatura en lo institucional y han hecho de Chile un país en que el Estado de Derecho impera, dando garantías a los ciudadanos de que en cuanto a la administración de justicia, éstos tienen recaudos claros en torno al acceso, a la oportunidad y a la certeza de quienes son los encargados de declarar el derecho. Que, sin embargo, hay un tema pendiente en estos gobiernos, cual es el del ingreso a la justicia en igualdad de oportunidades y con una debida defensa. Que la Carta Fundamental, en el inciso tercero del N° 3 del artículo 19, señala que ‘La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos’. En este sentido, el precepto constitucional estatuye que las personas deben tener acceso a la prerrogativa básica de todo estado social y democrático de derecho, de contar con la asistencia de un profesional, en los casos en que no pueda costearlo, cuando enfrentan una contingencia de índole judicial, más todavía si ésta implica una contienda entre partes. Que, a este respecto, la ley N° 17.995, que crea la Corporación de Asistencia Judicial, ha dispuesto una organización tendiente a hacer efectiva esta realidad a fin de que las personas que carecen de medios económicos suficientes puedan contar con la asistencia técnica, que permita un desenvolvimiento en igualdad de condiciones ante la justicia. Pero esto no siempre es así. Hoy, la carestía de medios materiales y humanos para enfrentar la enorme cantidad de causas de las cuales se hacen cargo egresados de derecho sin mayor experiencia, que van siendo cambiados periódicamente, dan al sistema tiempos de espera que traspasan cualquier plazo razonable. Que, además, esta obligación de los estudiantes debe tener un correlato en el ordenamiento legal, a objeto de que los órganos del Estado provean de medios suficientes para las prácticas profesionales realizadas en estas Corporaciones. Por esto, se hace necesario, de manera insoslayable, también, establecer un mecanismo legal para que los gastos en que incurren los estudiantes o egresados sean satisfechos y así brinden una mayor y más satisfactoria atención en los consultorios de asistencia jurídica. Que, a modo de ejemplo, cabe señalar que una vez entrada en vigencia la nueva ley de Matrimonio Civil, en noviembre de 2004, acudió un gran número de personas a las Corporaciones de Asistencia judicial para presentar demandas por divorcio, pero, ante la dificultad que implicaba tramitar este tipo de juicios en los juzgados civiles, se ordenó la realización semanal de charlas a grupos, para orientarlos en espera de la creación de los Tribunales de Familia. Hoy, no sólo las Corporaciones están en situación de colapso en cuanto a los requerimientos mayoritarios en temas de familia, sino que, también, los propios tribunales especiales, recientemente creados, han caído en situaciones de dilación ascendentes, a lo que se debe poner rápido atajo. Que el Gobierno hace un esfuerzo constante por mantener estas Corporaciones de Asistencia Judicial en todo el país, año tras año, pero la cristalización de la garantía constitucional de la igualdad en el acceso a la justicia requiere aún mayores bríos, no sólo económicos, sino que, además, en su reestructuración orgánica y procedimental, para así responder de mejor manera a los desafíos que impone una mejor y más eficaz provisión de medios. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que dicte una moderna normativa que establezca un nuevo sistema de acceso igualitario a la justicia, para proveer a las personas de defensa jurídica oportuna, rápida, eficiente y justa, en los casos en que no puedan proporcionársela.” El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Los diputados firmantes tenemos claro que las modificaciones que han hecho posible una justicia más eficaz y moderna, conforme a los actuales principios que imperan en el derecho comparado, a la realidad, a la transparencia, a la inmediación y a todas las actualizaciones en los ámbitos procesal penal, laboral, de la familia, han dado una nueva cara a la judicatura de lo institucional y han hecho de Chile un país en que el estado de derecho impera dando más garantías a los ciudadanos en la administración de justicia. Sin embargo, hay un tema pendiente: la igualdad de oportunidades para acceder a la justicia y con una debida defensa, que no existe para todos. Por esas razones, presentamos este proyecto de acuerdo, para llamar la atención del Gobierno, porque la ley N° 17.995, relativa a las corporaciones de asistencia judicial, tiene por objeto dar asistencia legal a quienes no tienen recursos. Sin embargo, es urgente y necesario establecer un mecanismo legal para que los gastos en que incurran los estudiantes egresados sean cubiertos y brinden mayor y más satisfactoria atención en los consultorios. Tal como están funcionando no están entregando el servicio que ameritan las personas. El Gobierno hace un esfuerzo constante para mantener las corporaciones de asistencia judicial en todo el país, pero la garantía constitucional no se cumple porque no hay recursos suficientes. Por lo tanto, necesitamos más refuerzos económicos y mejor gestión para entregar los servicios humanos y jurídicos en términos que permitan la igual protección de los derechos de las personas. Por estas razones presentamos el proyecto de acuerdo y esperamos contar con el apoyo de todos los señores parlamentarios y señoras parlamentarias. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, hago hincapié en que diariamente los diputados vemos que las personas de escasos recursos que recurren a la Corporación de Asistencia Judicial quedan indefensas por la actuación de entusiastas jóvenes recién egresados de Derecho, pero que, por no tener la experiencia necesaria, no llevan los casos como corresponde y muchas veces pasan meses sin obtenerse resultados positivos. Por un lado, estamos luchando para que haya mejor justicia para las personas honestas endureciendo las penas en el Código; estamos luchando contra la delincuencia, contra la drogadicción y buscando ciudades más amables, pero hay una enormidad de casos que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de matrimonio civil, que provocó un verdadero atochamiento en todos los juzgados y corporaciones de asistencia judicial ante la masiva presencia de gente en busca de asesoría. Es muy importante que el Gobierno diseñe un nuevo sistema de prestación de servicios a la tremenda cantidad de chilenas y chilenos que precisan de asistencia judicial y que en la actualidad, no por falta de voluntad, no la obtienen debido a la precariedad de recursos. Ése es el objetivo del proyecto de acuerdo y solicitamos a los diputados y diputadas que concurran con su voto favorable. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Galilea Carrillo Pablo; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Ulloa Aguillón Jorge; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón. El señor LEAL (Presidente).- Damos la bienvenida a la Comisión Parlamentaria de Asuntos Jurídicos del Parlamento Alemán, que preside el diputado Andreas Schmidt, jefe de la delegación. Destaco que están reunidas todas las fuerzas políticas alemanas en nuestro Parlamento. Las saludamos con gran afecto. También damos la bienvenida al embajador alemán en Chile. Muchas gracias por vuestra presencia. Aplausos. AUMENTO DE RECURSOS PARA FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN PRESUPUESTO DE LA NACIÓN DE 2007. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 169, de los diputados señores Saffirio, Burgos; Venegas, don Mario; Paredes, Meza, Vargas, Vallespín, Estay, Fuentealba y señora Muñoz, doña Adriana. “Considerando: Que la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, concibió también el Fondo Nacional del Adulto Mayor a fin de financiar iniciativas en su directo beneficio. Este Fondo tiene dos líneas de acción: Fondo Concursable: para financiar proyectos de organizaciones de adultos mayores del nivel comunal y de organizaciones que trabajan directamente con ellos como municipios. Convenios Institucionales: para financiar organizaciones sin fines de lucro, que trabajan o apoyan a adultos mayores en situación de indigencia o abandono. Que el Fondo comenzó a funcionar en 2003, con un plan piloto en las regiones Séptima, del Maule, y Novena, de la Araucanía, extendiéndose a todo el país a partir de 2004. Durante estos años, por razones presupuestarias, sólo ha desarrollado la línea de trabajo en relación con las organizaciones de adultos mayores. El presente año se está realizando un plan piloto para municipios rurales de las regiones Sexta, del Libertador General Bernardo O’Higgins; Séptima, del Maule, y Novena, de la Araucanía; sin embargo, la línea de convenios institucionales no se ha podido desarrollar. Es imprescindible, entonces, incrementar dicho Fondo a fin de cumplir los objetivos que lo crearon y garantizar una vida digna a los adultos mayores del país. Que, de acuerdo con el último censo, cabe destacar que Chile incrementa, cada vez más, la cantidad de adultos mayores que requieren la atención del Estado en diversas áreas, como salud, recreación, previsión, etcétera. Que, en 2006, el presupuesto del Fondo fue de M$ 1.358.797, recursos insuficientes para financiar las organizaciones de adultos mayores que van en aumento. Se estima que se necesitarán, aproximadamente, M$ 1.600.000 para este fin. Por otra parte, las organizaciones que trabajan con adultos mayores, especialmente de los municipios, requieren financiar iniciativas que ayuden a la creación de Centros Gerontológicos o Centros Diurnos para adultos mayores en situación de vulnerabilidad social; en definitiva, crear servicios para aquellos con algún grado de dependencia o con mayor vulnerabilidad en su respectiva comuna. Estas iniciativas requieren de un aporte del fondo de alrededor de M$ 1.200.000. Finalmente, para financiar convenios institucionales se requieren M$ 1.000.000, que permitirán apoyar a organizaciones sin fines de lucro que atienden a adultos mayores en situación de indigencia o abandono. Con estos recursos se financiarán iniciativas que permitan proporcionar a los residentes de estos establecimientos un servicio de calidad, por lo cual todos los aportes se vincularán al mejoramiento de la infraestructura. Que el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) está realizando un estudio para conocer las condiciones de vida de estas instituciones, al objeto de establecer un modelo de gestión que permita dar condiciones de vida digna y de calidad, y proporcionar los recursos a las organizaciones que así lo requieran. Que, en resumen, se pide que el presupuesto del Fondo para 2007 sea de M$ 3.800.000, ya que con estos recursos se tiene la certeza de mejorar la situación integral de los adultos mayores, además de hacer eco del discurso de 21 de mayo de S.E. la Presidenta de la República, en el cual hace especial mención de la preocupación del Gobierno por los padres y los abuelos. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que en el proyecto de ley de Presupuesto de la Nación 2007 se contemplen los recursos que permitan aumentar el Fondo Nacional del Adulto Mayor a M$ 3.800.000.” El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, este es un proyecto de acuerdo transversal, presentado por diputados de la Concertación y de la Alianza por Chile. El proyecto fue presentado a la Sala el 1° de agosto de 2006. A través de él estamos pidiendo un aumento presupuestario para la partida que financia el Fondo Nacional del Adulto Mayor. El proyecto de ley de Presupuesto de 2007 establece para este rubro un aumento porcentualmente significativo, de más del 50 por ciento; es decir, sube de 1.300 millones de pesos a 2.070 millones de pesos. Aun cuando dicho aumento es significativo, resulta en definitiva insuficiente, sobre todo cuando se trata de financiar debidamente los convenios institucionales que se han llevado a cabo con entidades sin fines de lucro que trabajan o apoyan a adultos mayores en situación de indigencia o abandono. Ello va a producir un alto impacto en el Fondo Concursable regional, ya que aumentará en 50 por ciento respecto de 2006 el número de organizaciones de adultos mayores que podrán obtener recursos para financiar proyectos. Sin embargo, aún queda toda la línea de convenios institucionales que, salvo algunas experiencias pilotos con adultos mayores en municipios rurales, durante estos últimos años no se ha podido implementar por falta de fondos. Por ello, los diputados autores del proyecto de acuerdo pensamos que se requieren a lo menos mil millones de pesos para echar a andar la segunda línea que financia esta Partida. De modo tal que, aun cuando valoramos el aumento que se establece en la ley de Presupuestos de 2007 en relación con el Fondo Regional del Adulto Mayor, queremos insistir en recursos adicionales para el Fondo Concursable, el cual requiere recursos adicionales, con el objeto de financiar esta segunda línea de acción. Por esa razón, creemos que el proyecto de acuerdo tiene plena validez, sin perjuicio del cambio positivo que se ha producido en la ley de Presupuestos de 2007, por lo cual pedimos la unanimidad de la Sala a fin de conseguir mayores recursos para una organización social tan importante y que va en ascenso: los adultos mayores. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, ante la invitación del diputado Eduardo Saffirio, autor del proyecto de acuerdo que hemos suscrito con entusiasmo parlamentarios de otras bancadas, no me queda más que refrendar lo que él ha señalado, en cuanto a la necesidad imperiosa que tenemos de incrementar los recursos para atender lo que yo estoy en llamar “los segundos cincuenta años de la vida de las personas”, etapa en la cual se requiere una atención especial de parte del Estado. Si bien es cierto, desde el Gobierno del Presidente don Eduardo Frei RuizTagle se están aumentando permanentemente los recursos, no es menos cierto que, en esta oportunidad, subir en más de mil millones de pesos el financiamiento del Servicio Nacional para el Adulto Mayor es altamente beneficioso para quienes hoy se están acercando a esa etapa, sobre todo, porque empiezan a padecer enfermedades propias de su edad, por lo que deben gastar gran parte de sus pensiones en comprar, por ejemplo, antiinflamatorios para aminorar los dolores que van padeciendo. Pero hay algunos dolores del alma que no se curan con remedios, y tienen que ver con la falta de atención que la sociedad tiene para con los adultos mayores. Por eso, esta iniciativa busca mitigar en parte la falta de atención para quienes están más apartados de los lugares donde la acción del Senama es más eficiente y conseguir que la parte final de su vida transcurra con más alegría, con más esparcimiento, con proyectos aprobados y con atención de especialistas que les permitan vivir en mejores condiciones. Por eso, pido a la Sala votar favorablemente este proyecto de acuerdo. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: Por la afirmativa, 56 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Becker Alvear Germán; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio. VII. INCIDENTES RÉPLICA A EXPRESIONES VERTIDAS EN RELACIÓN CON EL VOTO DE CHILE EN LAS NACIONES UNIDAS. El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor René Alinco. El señor ALINCO.- Señor Presidente, cuando fui electo diputado llegué a esta Cámara con un concepto claro: no vine a pelear con nadie, pero tampoco me voy a dejar atropellar. No quiero usar esta tribuna para hacer una defensa personal, ya que ése no es el objetivo. Pero todo tiene su límite. Me refiero concretamente a ciertas acusaciones que en forma malintencionada han realizado algunos diputados de Oposición y también de la Concertación. En particular, a las opiniones vertidas por el diputado de la UDI don Iván Moreira y a las que, lamentablemente, también ha realizado un parlamentario de mi bancada, el diputado Jorge Tarud. Ellos han acusado a un grupo de parlamentarios de verdaderos activistas o agentes de Venezuela, particularmente del Presidente Hugo Chávez. Debo decir, con mucho respeto, que soy tan chileno o más que el resto de los que están acá. Quisiera que los diputados Tarud y Moreira fueran más machitos para sus cosas y realizaran las acusaciones con nombre y apellido, como corresponde. Jamás voy a dudar en defender a mi patria. Soy internacionalista; creo en la unidad latinoamericana, pero también quiero tener libertad para dar mi opinión. Podría también acusar a algunos diputados, por ejemplo, de ser agentes de George W. Bush; pero pienso que ellos también tienen el legítimo derecho de tener una opinión. En esta oportunidad, quiero reclamar insisto a los diputados Tarud y Moreira, que si son tan guapos como dicen, que acusen con nombre y apellido y, con pruebas, que digan qué parlamentarios de la Concertación somos agentes encubiertos del Presidente Hugo Chávez. Los desafío a acusar con fundamentos a René Alinco, chileno, obrero de la construcción, de ser un espía. Puedo cometer errores, tener defectos, pero jamás voy a traicionar a mi Patria. He dicho. Aplausos. INFORMACIÓN SOBRE ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS. Oficio. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, a pesar de que mi intervención no tiene que ver con lo planteado por el diputado Alinco, adhiero plenamente a sus palabras. Con fecha 24 de agosto, solicité que se oficiara a la ministra de Salud, con el objeto de que me informara sobre distintos tópicos relacionados con la compra de ambulancias anunciada por la excelentísima Presidenta de la República en su mensaje del 21 de mayo pasado. Dicho oficio fue despachado con fecha 29 de agosto, con el N° 1842, pero hasta la fecha no he tenido respuesta, con la agravante de que el diputado que habla, desde junio de 2006, había estado intentando tomar conocimiento del asunto, sin obtener respuesta. Hoy, hemos sabido que se llamó a licitación mediante ChileCompra, que fue declarada desierta, y que se llamará a licitación internacional. En consecuencia, transcurrido ya más de un mes y medio sin obtener una respuesta de la autoridad requerida, vengo en pedir que se reitere el oficio señalado a la ministra de Salud, en los mismos términos en que lo solicité con fecha 24 de agosto del año en curso. Por último, quiero reiterar la importancia que reviste para mí la información solicitada. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Montes, Aguiló, EnríquezOminami y de quienes así lo indican. FELICITACIÓN A ESTUDIANTE HÉCTOR PASTÉN VÁSQUEZ, DE LA UNIÓN. Oficios. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quiero asociar con la ciencia, en particular en este minuto, la satisfacción que nos brindan en lo deportivo nuestros jóvenes, mujeres y hombres. Últimamente, los jóvenes nos han dado muchas satisfacciones y, por eso, miramos con orgullo a las generaciones que nos siguen. En fecha reciente, el 28 de septiembre, un joven estudiante del sur, de 18 años, escaló posiciones en la difícil ciencia de las Matemáticas. Primero, en su ciudad; luego, en competencias provinciales y regionales y, finalmente, logró destacarse a nivel nacional. Me refiero a Héctor Pastén Vásquez, alumno de 4° medio del colegio alemán Rodulfo Armando Phillippi, de La Unión, que representó a nuestro país en la 21ª Olimpíada Iberoamericana de Matemáticas, realizada en Guayaquil, Ecuador. Debo destacar que ante un número de 90 participantes de diversos países, Héctor Pastén fue el único participante nacional, logrando una medalla de bronce en realidad, es más que eso, es una medalla de honor en ese encuentro internacional de la ciencia. Allí estuvo este joven habitante de La Unión, llevando el nombre de Chile al umbral de quienes ya ocupan un sitial en la ciencia. Desde este hemiciclo, envío mis más sinceras felicitaciones y mi reconocimiento a Héctor Pastén Vásquez por ese importante logro en su vida, haciéndolos extensivos a quienes hicieron posible su éxito, en particular, a su madre, la señora Olga Vásquez; a su padre, suboficial del Regimiento de Artillería N° 2 de Maturana, con asiento en La Unión, don Héctor Pastén Torres, como también al director del establecimiento que lo formó en sus primeros años, el Colegio de Cultura, y hoy el colegio alemán, dirigido por don Javier Schmidt Olivares y al profesor de matemáticas, don Manuel González. Asimismo, pido hacer llegar mis felicitaciones a su profesorado por la excelente educación que entrega ese establecimiento educacional, que hoy día vibra con lo logrado por uno de sus alumnos. Para terminar, pido que se envíe copia de mi intervención al director del colegio alemán de La Unión. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo están indicando. En el tiempo que le resta al Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. PENSIÓN POR GRACIA A CAMPEÓN MUNDIAL DE CAZA SUBMARINA. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra la diputada señora Ximena Valcarce. La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente, hace pocas semanas se realizó en Sines, Portugal, el 25° Campeonato Mundial de Caza Submarina, donde un ariqueño, Patricio Sáez Godoy, venció a ochenta participantes de veinte países. Esta hazaña había sido lograda por chilenos en dos oportunidades: en Iquique, en 1971, y en Antofagasta, en 1983. Es la primera vez que un chileno obtiene el título mundial de caza submarina fuera de nuestro territorio. Por eso, pido que se oficie a la Presidenta de la República, a fin de que tenga a bien considerar una pensión por gracia para este campeón mundial, Patricio Sáez Godoy, a fin de que pueda seguir entrenando con tranquilidad y dedicación, sin sufrir más avatares que los que debe sobrellevar cada día: mantener a su familia, entrenar, trabajar, etcétera, y así darle un impulso a este deporte que ya le ha dado tres títulos mundiales a nuestro país, razón por la cual creo que merece que se le dé el mismo reconocimiento que se le otorgó el año pasado a los campeones iquiqueños de 1971. Aprovecho esta ocasión para felicitar a Patricio Sáez Godoy, ariqueño que obtuvo el título mundial en el 25° Campeonato Mundial de Caza Submarina, efectuado en Portugal. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría a su excelencia la Presidenta de la República, y copia de su intervención al campeón mundial de caza submarina. INFORMACIÓN SOBRE EXPROPIACIONES PARA CONTINUACIÓN DE CARRETERA AUSTRAL. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, a propósito de la polémica suscitada hace algunos días por las exigencias del empresario americano señor Tompkins, con el objeto de que se le pague una indemnización por la franja del camino austral que pasaría por los terrenos del parque Pumalín, quiero hacer algunas consultas relacionadas con los roles o predios que habrían sido expropiados o donados en los más de mil kilómetros de carretera austral construidos entre Chaitén y Villa O’Higgins. Las preguntas que quiero hacer al ministro de Obras Públicas son bien concretas: cuáles son los roles de los terrenos expropiados para la construcción de la carretera austral entre Chaitén, comuna de la Décima Región y la comuna de Villa O’Higgins en la región de Aisén, cuáles han sido los precios pagados por esas expropiaciones, cuántos predios han cedido o donado en la franja de camino austral que pasa por sus terrenos, los roles de los terrenos expropiados o donados y que han sido inscritos a nombre del fisco, de manera de garantizar la franja fiscal del camino austral, y cuáles son las providencias que el Ministerio de Obras Públicas está tomando en relación con ese tema. Por otro lado, quiero también apoyar la moción parlamentaria presentada en el Senado de la República por los senadores Horvath y Escalona, para reducir significativamente los plazos en las expropiaciones, de manera que un propietario no pueda judicializar una expropiación ni dilatarla, cosa que podría ocurrir con el parque Pumalín. El ministro Bitrán ha hecho anuncios importantes en relación con los kilómetros de construcción que unirían la provincia de Palena, región de Aisén, con el resto de Chile. Es necesario impedir que, a través de triquiñuelas legales, se judicialice la expropiación para dilatar el anuncio hecho por el ministro en el sentido de que la construcción de ese camino comenzaría en los primeros meses de 2007. Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, para que dé urgencia a esta moción parlamentaria, de manera de garantizar una rápida expropiación y que no provoque inconvenientes en los inicios de esta importante obra anunciada por el Gobierno. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con el texto completo de su intervención y con la adhesión del diputado Maximiano Errázuriz. SOLUCIÓN A PROBLEMAS ORIGINADOS POR EVENTUAL CIERRE DE COLEGIO DE PUENTE ALTO. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, desde las 9 de la noche de ayer 10 de octubre, 87 alumnos de primer a tercer año medio del colegio Iris Jaeger, ubicado en Domingo Tocornal 281, de Puente Alto, se tomaron el colegio. Pero la toma de ese establecimiento educacional nada tiene que ver con las causales por las que se han tomado otros establecimientos educacionales de Santiago y del país. Ocurre que los alumnos llevan tres años pagando una mensualidad de diez mil pesos. Por su parte, el sostenedor cerrará el colegio a fines de año y va a vender la propiedad. Lo grave del caso es que los cursos de enseñanza media de ese establecimiento no son reconocidos por el Ministerio de Educación. Me pregunto cómo es posible que haya establecimientos educacionales que funcionen sin reconocimiento del Ministerio y sin que los padres y apoderados lo sepan. Alguien me dirá que debieran saberlo, pero, ¡cómo se le va a pedir a gente sencilla, de trabajo, de esfuerzo, que vive en una población y que muchas veces busca para sus hijos el colegio más cercano a sus casas para ahorrarse el gasto de la movilización, que se preocupe de informarse si el establecimiento es o no reconocido por el Ministerio de Educación! Tiempo atrás presentamos un proyecto para que el Ministerio de Educación obligara a los colegios a informar a los estudiantes y a los padres y apoderados qué cursos de cada establecimiento son reconocidos por el Ministerio, de modo que cuando los padres matriculen a sus hijos sepan exactamente si ese colegio es o no reconocido. Ahora, el problema con que se van a encontrar los alumnos del colegio Iris Jaeger es que para validar sus estudios, a fines de año deberán dar examen en otro colegio reconocido por el Ministerio. No es primera vez que esto ocurre. El director provincial de Educación, don Gastón Arqueros, debió enfrentar el mismo problema en el colegio Nueva Florencia. Es indispensable que el Ministerio de Educación regule esta situación para que no se repita. Tenemos la experiencia de los colegios Britania. Pocos son los colegios cuyos sostenedores han actuado en forma irregular; pero esos pocos afectan a estudiantes y sus familias, lo que es inaceptable. Pido que se envíe oficio en mi nombre a la señora ministra de Educación, primero, para que me informe de la situación actual del colegio Iris Jaeger, de Puente Alto; segundo, para que a la brevedad posible el Ministerio envíe al colegio a un funcionario a conversar con los padres y apoderados, con el propósito de encontrar una solución al problema que les aflige; tercero, que los padres y apoderados sepan, desde ya, en qué colegio deberán dar examen sus hijos, cuál será el procedimiento y, lo más importante, que sepan en qué colegio van a matricular a sus hijos. No podemos esperar a marzo del próximo año para que recién entonces busquen colegio donde educar a sus hijos. Aunque es evidente que querrán hacerlo en un colegio particular subvencionado. Entonces, quiero pedir a la ministra que colabore, que contribuya, que ayude a los padres y apoderados del colegio Iris Jaeger, cosa que yo también haré, para que sus alumnos sean reubicados en algún establecimiento particular subvencionado cercano, donde no tengan que pagar una suma superior a la que pagan en la actualidad, y que se tomen las medidas para evitar que situaciones como ésta vuelvan a producirse no sólo en Puente Alto ni en la provincia Cordillera, sino en la Región Metropolitana y en todo el país. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con el texto de su intervención. AGILIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE LEY MARCO DE TURISMO. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic. La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, solicito que se oficie a la ministra secretaria general de la Presidencia y al ministro de Economía, para que agilicen la presentación de una ley marco de turismo. En nuestro país tenemos la ventaja de contar con una riqueza y una belleza natural incomparables, desde el desierto en el norte, pasando por nuestra cordillera, hasta los canales australes del sur. Un patrimonio que, además, genera una actividad económica que beneficia a muchos compatriotas. Hablamos de 180 mil puestos de trabajo directos que se generan con el turismo, y de más de 1.400 millones de dólares. Hoy, la cifra de ingreso de turistas al año señala dos millones de personas. El potencial que tenemos en este sentido es aún inimaginable, incalculable. Sin embargo, nuestra institucionalidad no es capaz de abordar este desafío. Por eso, me parece imprescindible realizar la presentación de esta iniciativa de ley, de manera que se haga la discusión en la Cámara y se consideren, el menos, los siguientes aspectos: Por un lado, el fortalecimiento de la institucionalidad mediante la creación de una Subsecretaría de Turismo. No se trata de generar mayor burocracia, sino de que ese organismo cuente con las atribuciones y con el peso político necesarios para cumplir con sus tareas. Además, se debe fomentar un trabajo en asociación con los privados, cuya participación resulta fundamental. Por otro lado, queremos que a dicha Subsecretaría se le entreguen las atribuciones para velar por un trabajo que, sobre todo, tenga una orientación hacia el turismo sustentable, que permita el cuidado de nuestro patrimonio cultural. En ese sentido, sería deseable que trabajara en conjunto con la Conaf y con el Ministerio de Bienes Nacionales en el cuidado de las áreas silvestres protegidas, porque, sobre todo en la región a cuyo distrito represento, conocemos el gran valor de ese patrimonio que se ha mantenido inalterado. Asimismo, queremos que se considere en el fomento a la actividad turística, la incorporación de la comunidad local, de manera que no sólo los grandes empresarios, que nos parece muy bien que se beneficien de esta actividad y que inviertan en el país, sino también pequeños y microempresarios que muchas veces habitan, por ejemplo, en pequeños poblados magallánicos, puedan beneficiarse de la actividad turística y de nuestras riquezas. Por supuesto, la iniciativa legal debería considerar el marco necesario para fortalecer la actividad promocional. En ese sentido, cuando comparamos las cifras que se destinan en Chile en relación con las que, sin ir más lejos, invierten nuestros vecinos argentinos, queda en evidencia lo mucho que resta por hacer en esta materia. En ese sentido, reitero la petición de agilizar la presentación a tramitación de este proyecto de ley marco e invito a las diputadas y a los diputados a participar en su discusión. Cedo el resto del tiempo del Comité de la Democracia Cristiana al diputado señor Álvaro Escobar. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican. INVESTIGACIÓN DE EVENTUAL CONCENTRACIÓN EN EL MERCADO RADIAL. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo cedido por el Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar. El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a la diputada señora Carolina Goic y, a través de ella, al Comité del Partido Demócrata Cristiano el tiempo que me concedió. El motivo de mi intervención se funda en los siguientes aspectos: 1°La existencia de trascendidos de prensa que aluden a la tentativa de compra de ocho emisoras radiales nacionales, Futuro, Concierto, Rock and Pop, Pudahuel, Imagina, FM Hit, FM 2, Corazón, pertenecientes a Iberoamerican Radio Chile S.A., por parte del Consorcio Radial de Chile, CRC, dueño de las emisoras Cuarenta Principales, W Radio, Radioactiva y Bésame. A propósito de lo expuesto, han surgido diferentes planteamientos e inquietudes sobre las consecuencias que conllevaría para el mercado radial dicha adquisición u otra de similar envergadura, en particular en lo que se refiere a las prácticas de oferta, negociación y contratación de espacios de publicidad y propaganda entre las emisoras pertenecientes en conjunto a grandes consorcios y las agencias, en contraste con el resto de las emisoras y las agencias o clientes. Como es de público conocimiento, los medios de comunicación tienen una gran importancia en tanto son canales de información y de expresión social. Para los usuarios, ellos constituyen una vía para estar conectados con la sociedad en la que viven y, por supuesto, para acceder a los productos y servicios que ofrecen esos medios, entre los cuales corresponde destacar la radio, que cumple una labor de compañía informativa, de entretención y de cultura para las personas. En nuestro país, existen radioemisoras pequeñas y consorcios de gran tamaño. También existen radios que se encuentran concesionadas por personas jurídicas sin fines de lucro y otras que legítimamente persiguen fines comerciales. Al revisar el marco legal pertinente, en el entendido de que el mercado radial representa una fuente importante para la publicidad y el avisaje y que cualquier cambio en sus condiciones puede traer insospechadas consecuencias en ese ámbito, es posible establecer que la regulación de la radiodifusión sonora está contenida, entre otros cuerpos legales, en la ley N° 18.168, general de Telecomunicaciones, y en el decreto ley N° 1.762, de 1977. Sobre el particular, cabe señalar que sólo pueden ser titulares de una concesión las personas que se especifican en esta presentación. La compra por parte de CRC de Iberoamerican Radio Chile S.A. representaría una concentración de doce radioemisoras que constituirían el 45 por ciento del mercado nacional e, indirectamente, el 90 por ciento sobre el mercado de avisaje. Entonces, no obstante parecer una situación aparentemente inocua, a nuestro juicio no lo es. En efecto, desde el punto de vista de las agencias de publicidad o de los avisadores directos, el criterio consiste en llegar a la máxima audiencia, con la mejor negociación económica posible, denominada relación de costocontacto. Por ello, tenderán a negociar con grandes consorcios propietarios de una gran cantidad de radioemisoras exitosas, en desmedro de las que, no obstante tener buena programación y buena audiencia, no estarían en condiciones de competir con el mismo nivel de regalías que se pueden otorgar en términos de avisaje. 2°De manera extraoficial, hemos tomado conocimiento de diferentes prácticas de venta de espacios radiales por parte de algunas radioemisoras, como regalar avisaje en otras emisoras pertenecientes al mismo propietario en condiciones que podrían constituir prácticas predatorias o de competencia desleal, que se encuentran tipificadas en el artículo 3°, letra c), del decreto ley N° 211, de 1973, modificado por la ley N° 19.911. 3°A propósito de los trascendidos que advierten sobre la posible transacción entre el Consorcio Radial de Chile e Iberoamerican Radio Chile S.A., queremos velar por el efectivo cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transferencia de concesiones de radiodifusión. A este respecto, debemos hacer presente que el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.733 previene lo siguiente: “Las concesiones para radiodifusión sonora de libre recepción solicitadas por personas jurídicas con participación de capital extranjero superior al diez por ciento, sólo podrán otorgarse si se acredita, previamente, que en su país de origen se otorga a los chilenos derechos y obligaciones similares a las condiciones de que gozarán estos solicitantes en Chile. Igual exigencia deberá cumplirse para adquirir una concesión ya existente. La infracción al cumplimiento de esta condición significará la caducidad de pleno derecho de la concesión”. Considerando la participación de capitales españoles en la aludida tentativa de compraventa entre CRC e Iberoamerican Radio Chile S.A., cumplimos con advertir sobre la inexistencia del principio de reciprocidad y, por lo tanto, el eventual incumplimiento de la condición consagrada en la citada disposición. En consecuencia, solicito oficiar al fiscal nacional Económico para que, en virtud de las facultades que le otorga el artículo 27 de la ley N° 19.610, investigue las situaciones expuestas en los numerales 1° y 2° de esta presentación y que, en caso de que la citada investigación lo amerite, solicite el pronunciamiento del Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad a lo previsto en el artículo 18 del decreto ley N° 211, e informe del resultado a la Cámara. Asimismo, solicito oficiar al subsecretario de Telecomunicaciones, a fin de que informe sobre el cumplimiento de lo previsto en el artículo 9°, inciso final, de la ley N° 19.733, en el proceso de otorgamiento de una concesión de radiodifusión sonora o en la autorización de transferencia de concesiones existentes a que se refiere el numeral 3° de esta presentación. Quizás, éste puede ser el punto de partida para reponer en Chile un organismo que desapareció en 1980, cual es el Consejo Nacional de Radiodifusión. Es curioso, sólo existe el Consejo Nacional de Televisión. Pido que se oficie para que la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia arbitren las medidas del caso para establecer el Consejo Nacional de Radio y Televisión, una entidad supervisora, fiscalizadora. Que sea ésta la semilla. Hago entrega a la Mesa de una presentación que está suscrita por 86 diputados y diputadas. He dicho. El señor HALES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores De Urresti, Robles, Ulloa y Espinoza. ALCANCE A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO TARUD. El señor HALES (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, en estos breves minutos quiero referirme a las palabras vertidas en la Sala hace unos minutos por el diputado del Partido por la Democracia René Alinco. Es más, quiero sumarme a cada uno de sus planteamientos. No es posible que quienes pensamos distinto en democracia, con toda legitimidad, tengamos que ser testigos de la virulencia con la cual se actúa por no respetar la diversidad de pensamiento. En particular, lo digo por las declaraciones que ha conocido el país en los últimos días vertidas por los diputados Moreira y Tarud. Del diputado Iván Moreira no quiero emitir opinión. De hecho es el único “agente” que le queda al General Pinochet en el país. Por lo tanto, referirme a él sería perder el tiempo. Sí quiero manifestar que me molestan enormemente las declaraciones del diputado Tarud, porque constituyen, sin duda, una falta de respeto para todos aquellos parlamentarios que tenemos una visión distinta de la suya sobre los gobiernos de Chávez, de Evo Morales y de otros países latinoamericanos. No la merecemos y él comete una grave falta al emitirlas. El diputado René Alinco lo dijo con razón. Todos los que estamos en esta Sala, diputados de las diferentes bancadas, somos respetuosos y defensores de nuestro país, en todo momento y en toda circunstancia. Por eso, lanzar un manto de dudas con declaraciones tan quemantes como las vertidas por el diputado Tarud al plantear que en el Congreso habría eventuales activistas o agentes encubiertos del gobierno de Chávez, es un hecho repudiable que no se condice con un diputado de la República. Creo que el diputado Tarud aún sufre del complejo de creerse diplomático. Por eso, muchas veces aparece opinando de todos los temas de política internacional. Él no es representante de la Cámara, pero tiene ese síndrome. Yo le diría que se preocupe de los problemas de su distrito. Creo que la gente de su distrito estaría más contenta si el diputado Tarud formara comités para la vivienda con el fin de sacarla de la condición de pobreza; si estuviera trabajando para satisfacer las necesidades de sus electores. Esos son sus temas. Pero el diputado Tarud no dice en sus declaraciones que en el Congreso hay activistas de otros gobiernos, que son repudiables por la exacción que intentan; que hay activistas que hacen lobby por las tabacaleras, que hay activistas y defensores de las grandes constructoras que se han hecho ricas con leyes que las favorecen, que hay activistas y defensores de las salmoneras que violan los derechos de los trabajadores todos los días, que hay activistas y defensores de las AFP y de las empresas sanitarias. Tampoco ha dicho que se callan las injusticias que cometen las empresas que he mencionado porque muchas veces financian las campañas políticas. He dicho. RATIFICACIÓN POR LA CORTE SUPREMA DE FALLO SOBRE ACOSO LABORAL. Oficios. El señor HALES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputados De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, deseo reiterar una situación que denuncié la semana pasada y que hoy se ha visto coronada con la ratificación en la Corte Suprema de un fallo histórico. Por primera vez se ha reconocido, a través de un recurso de protección, el acoso laboral en contra de una funcionaria de la ilustre municipalidad de Valdivia, María José Ramis Gutiérrez. Esta paisajista hizo valer sus derechos y llegó hasta los tribunales. Su causa fue acogida en primera instancia por la Corte de Apelaciones de esa ciudad y después ratificada por la Corte Suprema. María José es una mujer valiente. Ha defendido sus derechos. No obstante el riesgo y el acoso de su empleador, ha interpuesto las acciones legales, ha pedido que los tribunales se pronuncien por su situación y se le ha encontrado la razón. La semana pasada pedí que se oficiara para que el Servicio Nacional de la Mujer y la Dirección del Trabajo adopten las medidas correspondientes para que se termine con el acoso que sufren muchas personas, hombres y mujeres, en particular en la municipalidad de Valdivia, donde esta profesional no sólo sufrió el embate del jefe del Departamento de Aseo y Ornato, sino también el del sindicato de trabajadores respectivo y de otros funcionarios. Hoy tenemos un fallo histórico en el que se reconocen sus derechos y se pide que termine el acoso laboral en contra de esta funcionaria. Que esta sentencia sirva para ilustrar y proteger a miles de trabajadores y trabajadoras, independientemente de su condición, para que en cualquier parte del país tengan un trabajo digno, honesto, sin presiones de sus jefes. Que esto sirva de aliento para que el proyecto presentado por las diputadas Adriana Muñoz y Ximena Vidal, sobre las sanciones a las prácticas del acoso, tenga una tramitación ágil en la Comisión de Trabajo. Solicito que se oficie, con copia de mi intervención, al ministro del Trabajo, a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y, en especial, a la Asociación de Municipalidades de Chile, para que tome conocimiento de que en la municipalidad de Valdivia se han vulnerado los derechos laborales de sus trabajadores. He dicho. El señor HALES (Presidente accidental). Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Alvaro Escobar, Alberto Robles y de quien habla. CREACIÓN DE INSTITUCIONALIDAD ADMINISTRATIVA PARA LOS ADULTOS MAYORES. Oficios. El señor HALES (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, hay organizaciones sociales en Chile que durante el último tiempo se han ido ganando, por méritos propios, un lugar muy especial y relevante en cada una de las comunas. Son las uniones comunales del adulto mayor. El próximo 15 de octubre se celebra el día nacional del adulto mayor y, por lo tanto, quiero pedir, a través de un oficio, que se envíen los saludos muy particulares de este diputado a cada una de las organizaciones de adultos mayores de mi región y distrito, especialmente a los presidentes de dichas uniones comunales, y, a través de ellos, a todos los adultos hombres y mujeres de la región de Atacama. Me refiero a don Juan Ramírez, presidente de la unión comunal de Caldera; a doña Alicia Díaz, presidenta de la unión comunal de Tierra Amarilla; a don Héctor Alarcón, presidente de la unión comunal de Freirina; a doña Aída Ponce, presidenta de la unión comunal de Huasco, y a don Germán Gaete, presidente de la unión comunal de Vallenar, a quien le deseo un pronto restablecimiento de su salud. Asimismo, es muy importante que, con ocasión del día nacional del adulto mayor, se envíe un oficio a la Presidente de la República y a la directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), con el objeto de que, de una vez por todas, se creen en cada una de las regiones del país las direcciones regionales del adulto mayor. Las circunstancias tecnológicas y de salud permiten que vivamos más años; por lo tanto, cada vez la sociedad chilena va a tener más adultos mayores en cada una de las comunas y, necesariamente, un organismo del Estado debe preocuparse de coordinar las acciones y políticas en cada región. Por consiguiente, insto a nuestra Presidenta y a la directora nacional del Senama a que envíe al Congreso Nacional, en forma pronta, un proyecto de ley que cree las direcciones regionales del adulto mayor, a fin de que se preocupen de establecer políticas especiales en las comunas del país y no tan solo en Santiago y Valparaíso. Por último, señor Presidente, quiero destacar la labor que está desarrollando sobre el particular el señor alcalde de Vallenar, quien ha realizado una importante gestión para conseguir que una congregación de religiosas pueda establecer en la comuna un centro de acogida de adultos mayores de la provincia del Huasco. En ese sentido, pido que se envíe un oficio a la señora ministra de Salud y a la señora Seremi de Salud de la región de Atacama, como también a la señora directora de Salud de dicha región, para que prontamente entregue los terrenos del antiguo hospital a la municipalidad de Vallenar, con el objeto de que se materialicen las propuestas de un centro de acogida para los adultos mayores de esa localidad. Además, que la señora ministra considere, con prontitud y especial preocupación, la posibilidad de contar con un centro kinésico para la atención de los adultos mayores en la comuna, en el lugar donde está funcionando el hospital de Vallenar, pero que dejará de hacerlo, porque luego tendremos un nuevo hospital. He dicho. El señor HALES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO FIDEL ESPINOZA. El señor HALES (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena. El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, previamente, no quiero dejar pasar las palabras, de hace algunos minutos, del vocero de la izquierda en esta Cámara, el señor Fidel Espinoza, quien aludió a nuestro colega Iván Moreira sólo porque dio a conocer públicamente unos antecedentes. Lo declaró “agente” no logró definir agente de qué únicamente por decir la verdad. Está claro que a algunos como él la verdad les duele. Les gusta defender los intereses de otros países antes que los del nuestro. No se nota la defensa de lo nuestro. Él también criticó la denuncia del diputado Tarud en el sentido de que hay agentes encubiertos de Chávez en el país. Hay que recordar que esto lo dijo un diputado de Gobierno, de Izquierda, el mismo que apoya el diputado señor Espinoza. Está claro que los conflictos y la descoordinación entre parlamentarios y autoridades de gobierno quedan en evidencia, y eso, lamentablemente, a seis meses desde el inicio de este gobierno, está creando problemas serios que repercuten no sólo en las relaciones de sus miembros, sino también al interior del país, a su gente. Digo esto sólo para aclararle al vocero de la izquierda, Fidel Espinoza, que por la verdad nadie se debe enojar. SITUACIÓN LABORAL DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE COLEGIOS DE LA PROVINCIA DE ARAUCO. Oficios. El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, represento a una zona muy pobre del país: a las comunas de Lota y de Arauco, de la provincia de Arauco. Días atrás, en distintas comunas de la provincia, se me acercaron trabajadores y trabajadoras mayoritariamente mujeres dependientes de empresas que prestan servicios a las diferentes escuelas a través de la entrega de colación para los niños. Esas personas se reunieron en varios grupos y, junto con el senador Víctor Pérez, tuvimos el agrado de escuchar sus planteamientos bastante desesperados, porque a menudo son sometidas a tratos no muy prudentes por llamarlos de alguna manera por quienes dirigen las empresas y les entregan las raciones. Esas manipuladoras de alimentos, que trabajan en las escuelas, nos dijeron: “Somos las que preparamos las raciones diarias para los niños que muchas veces son lo único que consumen; pero nos sentimos muy discriminadas por las autoridades; no sólo no tomadas en cuenta en los programas del Gobierno y sufrimos todos los años la inseguridad en el trabajo. La mayoría somos jefas de hogar, tenemos hijos que educar y también tenemos sueños que, lamentablemente, no se pueden materializar. Por años hemos sufrido humillaciones y despidos injustificados por parte de nuestros empleadores. Por lo que entendemos, la Junaeb es parte del Estado y estamos totalmente desprotegidas por éste.” Traigo a colación este tema, señor Presidente, porque esas empresas, si bien son privadas, se manejan con aportes del Estado, con recursos de todos los chilenos. Por eso, lo mínimo que podemos pedir es que los organismos correspondientes fiscalicen el cumplimiento de los contratos a fin de proteger los compromisos que se contraen con las manipuladoras, que son tan importantes para el desarrollo de esos programas. ¿Qué nos piden las manipuladoras de alimentos de las escuelas de la zona? Imagino que en el resto del país podrían darse estas mismas irregularidades. Nos piden seguridad en el trabajo; contratos con beneficios dignos de un trabajador, como aguinaldos y alguna asignación estudiantil; más información y lo que no cuesta plata respeto por las trabajadoras. Piden que se les comunique, con tiempo, la prescindencia de sus servicios, porque se han visto enfrentadas a despidos arbitrarios y sin los avisos correspondientes. Nos señalan sabemos que no es responsabilidad de la empresa que se adjudica la prestación de servicio alimentario en los colegios que el Gobierno, a través de sus organismos, debiera responder a la intención que tienen las manipuladoras de alimentos cuando nos piden que se gestionen programas para las trabajadoras que quedan cesantes durante parte de diciembre, enero, febrero y parte de marzo. Ellas proponen que se creen algunos programas de empleo, aunque sean de media jornada, pero que les permitan tener, durante esos meses, algunos ingresos para subsistir. En opinión de esas trabajadoras, el Gobierno debiera preocuparse de las manipuladoras de alimentos que prestan servicio a la Juaneb, ya que sin ellas comparto la opinión no puede desarrollar sus beneficios. Somos vida y salud en el desarrollo de los niños, nos comentan las manipuladoras. Considero muy grave que las empresas utilicen prácticas antisindicales. Estas trabajadoras son amenazadas al momento de firmar sus contratos de trabajo. Se les dice que si integran algún sindicato, van a tener problemas no en el minuto, sino que al término de su contrato, porque no se les va a renovar para la próxima temporada. Nos parece grave, porque estas personas deben decidir libremente, en el momento adecuado, si participan o no en el sindicato. No puede ser que la empresa dirija los destinos de estas trabajadoras. Además, ellas denuncian que existen irregularidades en la entrega de los productos; que las fechas de vencimiento de los alimentos no se respetan; que las asignaciones familiares y las licencias no se pagan; que no tienen información de los beneficios que les otorga la Caja de Compensación en la cual está afiliada la empresa. Ellas sienten que están perdiendo beneficios y que no son bien tratadas. Considerando que esas empresas se regulan por el Ministerio de Educación, a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; que se financian con aportes del Estado, con plata de todos los chilenos, y que en la provincia de Arauco, más en la comuna de Lota, existen alrededor de 400 trabajadoras en los establecimientos educacionales, pido que se oficie a la ministra de Educación para que informe a esta Cámara acerca del sistema que tiene para fiscalizar los contratos que se firman con las empresas prestadoras del servicio alimentario, si se cumplen o no, y cómo estima abordar la cesantía de las manipuladoras durante los meses de enero y febrero de cada año. En caso que no competa a esa cartera este tema laboral, que nos señale de qué manera podría contribuir, con el resto de los ministerios, a presentar un programa alternativo. Por último, quiero transmitir el sentimiento de las manipuladoras de realzar el trabajo que ellas realizan. Comparto plenamente que son muy importantes en el proceso de crecimiento y educativo de nuestros niños estudiantes. Por lo tanto, pido formalmente a la ministra de Educación que estudie la posibilidad de asignar un día especial en el año para las manipuladoras de alimentos dependientes de los establecimientos educacionales. Ese día libre debiera considerarse en los meses que tienen contrato de trabajo y contemplarse en los convenios que se firman con las empresas, para celebrar, con una atención especial, el día de la manipuladora de alimentos. Asimismo, pido que se envíe copia de esta intervención a los alcaldes de las comunas del distrito 46 y a los jefes de los departamentos de educación municipal para que sea transmitida a los distintos establecimientos educacionales de la comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Los Álamos, Lebu, Cañete, Contulmo y Tirúa y difundida entre todas las manipuladoras que en ellos trabajan. He dicho. El señor HALES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención y con la adhesión del diputado señor Jorge Ulloa. REVOCACIÓN DE PERMISO PARA INSTALAR CEMENTERIO EN TALCAHUANO. Oficio. El señor HALES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, pido que se oficie a la Comisión Regional del Medioambiente de la Octava Región, para que nos señale claramente si existe o no una evaluación de impacto ambiental para instalar un cementerio en un sector muy aledaño a poblaciones de la comuna de Talcahuano. Este hecho, con toda razón, está siendo muy resistido por la comunidad, porque es una verdadera agresión para los vecinos del sector Villa Independencia, donde se ubican varias poblaciones. He solicitado la intervención de la justicia; hay un recuros pendiente en la Corte de Apelaciones de Concepción, porque, además, ese proyecto violenta dos leyes: la eléctrica, que impide cualquier edificación debajo de líneas de alta tensión y la de cementerios, que establece inclinaciones máximas para la instalación de cementerios, las que, en este caso, estarían sobreexcedidas. Sin embargo, los empresarios siguen con la intención obsesiva de instalar un cementerio, lo que, reitero, es fuertemente resistido no sólo por el diputado que habla, sino por la población, que lo siente como una agresión, ya que va a restar valor a sus viviendas y provocará las complicaciones que se derivan de una instalación de esta naturaleza. También he solicitado, y lo reitero en esta oportunidad, al concejo de Talcahuano que pida la modificación del plan regulador metropolitano que autorizó inicialmente esta instalación, con el objeto de cambiar el uso del suelo. Se requirió inicialmente la opinión de la municipalidad de Talcahuano sobre la instalación del cementerio, la que respondió afirmativamente, pero sin que el tema fuera tratado por el concejo, cuestión que me parece bastante grave. Por lo tanto, solicito oficialmente que se estudie una modificación al plan regulador de Talcahuano. Espero que se acceda a la petición formal que estoy haciendo, respecto de la cual también deberá pronunciarse la Corema de la Octava Región. Si no existe una evaluación de impacto ambiental, que el proyecto se detenga de inmediato, porque, reitero, se ha transformado en una agresión en contra de los vecinos de Talcahuano. Me parece que, aun cuando es legítimo que los particulares puedan emprender cualquiera actividad legal, no se puede dañar a terceros, como sucede en este caso, en que se perjudica brutalmente a los vecinos del sector Villa Independencia, donde existen varias poblaciones, como Denavi Sur, Los Cóndores, Perales, Villa Ensenada, El Bosque y otras tantas que se verán afectadas por esta decisión errónea de los empresarios que buscan instalar allí este cementerio parque. He dicho. El señor HALES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión del diputado señor Iván Norambuena. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 14.52 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.