REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 354ª Sesión 75ª, en miércoles 13 de septiembre de 2006 (Ordinaria, de 10.38 a 14.15 horas) Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Burgos Varela, don Jorge. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.ACUERDO DE COMITÉS VII.PROYECTOS DE ACUERDO VIII.INCIDENTES IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia7 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 Reiteración de oficio constitucional sobre actuaciones del vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras11 Permiso constitucional11 Traslado de sesión ordinaria. Acuerdo de los Comités12 V.Orden del Día. Proyecto de acuerdo aprobatorio de convenio entre Chile e India12 Reserva de cabotaje en puerto de Arica. Primer trámite constitucional30 VI.Acuerdo de Comités. Saludo a embajador de Perú40 VII.Proyectos de acuerdo. Pago en Europa de becas “Presidente de la República”41 Incorporación de educación cívica como asignatura obligatoria en cursos de Educación Básica y Media43 VIII.Incidentes. Alcances sobre distribución de la píldora del día después46 Pavimentación de calles en Pillalelbún, comuna de Lautaro. Oficios51 Información sobre recursos del Servicio de Cooperación Técnica para los micro y pequeños empresarios de Atacama. Oficio52 Felicitaciones a integrantes del Comité PúblicoPrivado de Atacama. Oficios52 Réplica a juicios en contra de la ministra de Salud53 Rechazo a actos vandálicos ocurridos el 11 de septiembre. Oficio53 Saludo a Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia en el 35° aniversario de su fundación. Oficios54 Instalación de planta procesadora de jibia en San Antonio. Oficios55 Pronunciamiento de autoridades sobre efectos de píldora del día después. Oficios55 Réplica a intervención de la diputada Isabel Allende58 Irregularidades en prueba Simce en colegio de Curicó. Oficio58 Pág. Construcción de planta de tratamiento de aguas servidas en comuna de lago Ranco. Oficios59 IX.Documentos de la Cuenta. 1.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de alcance parcial entre Chile e india y sus Anexos, suscrito en Nueva Delhi, India, el 8 de marzo de 2006. (boletín 417110)61 2.Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de alcance parcial entre Chile e india y sus Anexos, suscrito en Nueva Delhi, India, el 8 de marzo de 2006. (boletín 417110)83 3.Informe de la Comisión de Zonas Extremas recaído en el proyecto que elimina beneficio que indica para naves de transporte marítimo en el puerto de Arica. (boletín N° 442403)86 4.Moción de los diputado señores Barros, Bobadilla, Estay, Forni, Hernández, Lobos, Moreira, Norambuena, Rojas y Ward, que modifica la ley N° 19.300, aumentando el plazo para formular indicaciones en los estudios de impacto ambiental. (boletín N° 451812)95 5.Moción de los diputados señores Arenas, Bobadilla, Correa, Estay, Hernández, Masferrer, Norambuena, Rojas, Urrutia y Von Mühlenbrock, que establece difusión de las garantías establecidas para los usuarios. (boletín N° 451903)96 6.Moción de los diputados señores González, Araya, De Urresti, Insunza, Paredes, Quintana, Venegas, don Samuel, Valenzuela, y de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia y Muñoz, doña Adriana, que modifica la ley N° 19.712, del deporte, con el objeto de flexibilizar las normas sobre régimen de garantía de los aportes y facilitar la adecuación estatutaria de las organizaciones deportivas. (boletín N° 452229)98 7.Moción de los diputados señores Montes, Burgos, Encina, EnriquezOminami, Monckeberg, don Cristián; Mulet, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica y Saa, doña María Antonieta, que regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos. (boletín N° 452315)100 8.Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Bertolino, Lobos, Martínez, Monckeberg, don Cristián; Rojas, Verdugo, y de la diputada señora Valcarce, doña Ximena, que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones populares y Escrutinios, con el objeto de que las cédulas de votaciones incluyan fotografías de cada candidato. (boletín N° 452406)103 9.Moción de los diputados señores Uriarte, Forni, Hales, Insunza, Moreira, Mulet, Norambuena, Salaberry, Tuma y Ulloa, que facilita la información sobre infracción de las obligaciones contractuales de los proveedores. (boletín N° 452503)104 Pág. 10.Moción de los diputados señores Uriarte, Accorsi, Forni, Hales, Moreira, Mulet, Norambuena, Paya, Ulloa y Tuma, que evita la captura indefinida del consumidor o del usuario de un servicio, por la tramitación abusiva al término del contrato. (boletín N° 452603)105 11.Moción de los diputados señores Godoy, Accorsi, Núñez y Sepúlveda, don Roberto, que modifica la ley N° 19.966, que establece un régimen de garantías en salud, con el objeto de disponer la voluntariedad del procedimiento de mediación establecido en ella. (boletín N° 4527 11)106 12.Oficio de la Excma. Corte Suprema por le cual remite su opinión respecto del proyecto que “elimina la indemnización compensatoria del artículo 42 de la Ley de Concesiones de Obras públicas”. (boletín N° 441109)107 Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de las sentencias referidas a los siguientes recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad: 13.Rol N° 4992006, caratulado “Compañía Sudamericana de Vapores con Servicio de Impuestos Internos”. (Se refiere al recurso de apelación en contra de funcionaria del Servicio de Impuestos Internos que actuó en calidad de jueza tributaria)109 14.Rol N° 4722006, inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario. (Requerimiento en contra de sentencia de juez tributario)128 15.Rol 5602006, referido al control de constitucionalidad del proyecto remitido por la Cámara de Diputados sobre responsabilidad fiscal147 X.Otros documentos de la Cuenta. 1.Comunicación: Del diputado señor Tuma quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 22 de septiembre para dirigirse a Europa. 2.Oficios: De la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en la apertura de las compuertas de la Central Pangue, por el cual comunica que eligió como su presidente al diputado señor Pérez. Ministerio de Interior: Diputada Cristi, antecedentes sobre programas de prevención de consumo de drogas. Diputado Masferrer, plano regulador de Chimbarongo. Diputado Bobadilla, nóminas de Concejales y Consejeros Regionales, en calidad de contratado, contrata o a honorarios en la Intendencia de la Octava Región. Diputado Sepúlveda, don Roberto, solicitud se proporcionar ayuda a la familia CubillosBrito afectados por un incendio en su casa habitación. Diputado Sepúlveda, don Roberto, repavimentación y reparación de las veredas del sector céntrico de la comuna de Maipú. Diputado Jarpa, instalación de sede de Escuela de Carabineros en Chillán. Diputado Monckeberg, don Nicolás, proyectos realizados con el Fondo Social Presidente de la República desde el año 2003 en adelante. Ministerio de Justicia: Diputado Monckeberg, don Nicolás, detenciones efectuadas y procesos pendientes posterior a indultos otorgados en el año 2000. Ministerio de Agricultura: Diputado Jaramillo, incumplimiento de compromiso por parte de Iansa con productores de remolacha. Diputado Monckeberg, don Nicolás, solicita información sobre subsidio en la compra de abonos para pequeños agricultores de la comuna de San Carlos. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (116) NOMBRE --Accorsi Opazo, Enrique --Aedo Ormeño, René --Aguiló Melo, Sergio --Alinco Bustos, René --Allende Bussi, Isabel --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Araya Guerrero, Pedro --Arenas Hödar, Gonzalo --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Bobadilla Muñoz, Sergio --Burgos Varela, Jorge --Bustos Ramírez, Juan --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Chahuán Chahuán, Francisco --De Urresti Longton, Alfonso --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Díaz Díaz, Marcelo --Dittborn Cordua, Julio --Duarte Leiva, Gonzalo --Egaña Respaldiza, Andrés --Encina Moriamez, Francisco --Enríquez-Ominami, Gumucio Marco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escobar Rufatt, Álvaro --Espinosa Monardes, Marcos --Espinoza Sandoval, Fidel --Estay Peñaloza, Enrique --Farías Ponce, Ramón --Forni Lobos, Marcelo --Fuentealba Vildósola, Renán --Galilea Carrillo, Pablo --García García, René Manuel --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Briere, Guido --Godoy Ibáñez, Joaquín --Goic Boroevic, Carolina --González Torres, Rodrigo --Hales Dib, Patricio --Hernández Hernández, Javier --Herrera Silva, Amelia --Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge --Isasi Barbieri, Marta --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jiménez Fuentes, Tucapel --Kast Rist, José Antonio --Leal Labrín, Antonio --León Ramírez, Roberto --Lobos Krause, Juan --Lorenzini Basso, Pablo --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Meza Moncada, Fernando --Monckeberg Bruner, Cristián --Monckeberg Díaz, Nicolás --Monsalve Benavides, Manuel --Montes Cisternas, Carlos --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz D'Albora, Adriana --Norambuena Farías, Iván --Núñez Lozano, Marco Antonio --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Pacheco Rivas, Clemira --Palma Flores, Osvaldo --Paredes Fierro, Iván --Pascal Allende Denise --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rossi Ciocca, Fulvio --Saa Díaz, María Antonieta --Sabag Villalobos, Jorge --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Sepúlveda Hermosilla, Roberto --Sepúlveda Orbenes, Alejandra --Silber Romo, Gabriel --Soto González, Laura --Sule Fernando, Alejandro --Súnico Galdames, RaúlPS --Tarud Daccarett, Jorge --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Turres Figueroa, Marisol --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valcarce Becerra, Ximena --Valenzuela Van Treek, Esteban --Vallespín López, Patricio --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Cárdenas, Mario --Venegas Rubio, Samuel --Verdugo Soto, Germán --Vidal Lázaro, Ximena --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio --Ward Edwards, Felipe Asistieron, además, los ministros subrogantes de Relaciones Exteriores, don Alberto Van Klaveren, y de la Secretaría General de la Presidencia, don Edgardo Riveros. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.38 horas. El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 70ª se declara aprobada. El acta de la sesión 71ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. REITERACIÓN DE OFICIO CONSTITUCIONAL SOBRE ACTUACIONES DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DEL COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro. El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, hace alrededor de 45 días, haciendo uso de lo establecido en el artículo 52 de la Carta Fundamental, pedimos remitir un oficio constitucional a la Presidenta de la República, a fin de que informara a la Cámara, a través del ministro de Hacienda, respecto de la actuación en los últimos años del vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Hacienda. Como han transcurrido más de treinta días y no se ha recibido respuesta a dicho oficio, solicito que la Mesa insista en su envío a la Presidenta de la República. El señor LEAL (Presidente).- Así se hará, señor diputado. PERMISO CONSTITUCIONAL. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, de conformidad con lo establecido en el punto N° 4 de la Cuenta, su señoría debe recabar el asentimiento de la Sala para autorizar al diputado señor Tuma a fin de ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, petición a la cual me voy a negar por las razones que he expuesto en otras oportunidades. El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el diputado señor Eugenio Tuma para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 22 de septiembre en curso, a fin de dirigirse a Europa. No hay acuerdo. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Allende Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Monckeberg Díaz Nicolás; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Sule Fernández Alejandro; Tuma Zedan Eugenio; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Bobadilla Muñoz Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Hernández Hernández Javier; Monckeberg Bruner Cristián; Norambuena Farías Iván; Rojas Molina Manuel; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Ward Edwards Felipe. Se abstuvieron los diputados señores: Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Lobos Krause Juan. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, pido reunión de Comités. El señor LEAL (Presidente).- Convoco a los Comités en la Sala de Lectura. TRASLADO DE SESIÓN ORDINARIA. Acuerdo de los Comités. El señor LEAL (Presidente).- Señores diputados, atendida la solicitud de diversos diputados que tenían problemas con el horario de sus vuelos para viajar a sus distritos y el hecho de que la celebración de Fiestas Patrias, en muchas regiones, empieza el fin de semana, en particular los desfiles, los jefes de Comités y la Mesa resolvieron por unanimidad trasladar la sesión de mañana para hoy en la tarde, de 16 a 17.30 horas, sin proyectos de acuerdo ni Incidentes, y sin suspender el funcionamiento de las comisiones que deben sesionar a las 16 horas. Informo que posteriormente, se realizará una sesión especial, de 18 a 19.45 horas, solicitada por 54 diputados en ejercicio, con el objeto de tratar la situación de los exonerados y la ejecución del Programa de Exonerados a cargo del Ministerio del Interior. V. ORDEN DEL DÍA PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DE CONVENIO ENTRE CHILE E INDIA. Primer trámite constitucional. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India y sus anexos, suscrito en Nueva Delhi, India, el 8 de marzo de 2006. Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda son los señores Roberto León y Germán Becker, respectivamente. Antecedentes: Mensaje, boletín Nº 417110, sesión 21ª, en 9 de mayo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 2. Informes de la Comisión de RR.EE. y de la de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 1 y 2 de esta sesión. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Roberto León. El señor LEÓN.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo puesto en discusión tiene por objeto aprobar el convenio comercial celebrado con India en la modalidad de Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) y negociado en virtud de los compromisos asumidos en el Acuerdo Marco para Promover la Cooperación Económica, suscrito entre Chile e India, en enero de 2005. Conforme a lo señalado por el mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, la celebración de este acuerdo se inserta en la política comercial chilena orientada a establecer una economía nacional abierta y competitiva, fundada en los siguientes elementos: a) La apertura unilateral de nuestra economía, que se ha concretado en la disminución progresiva de los aranceles a los productos importados, hasta llegar al 6 por ciento actual; b) La negociación de acuerdos comerciales como los Acuerdos de Asociación celebrados con la Unión Europea y con Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, también conocido como el P4; los TLC suscritos con Estados Unidos de América; con el Área Europea de Libre Comercio (Efta); con China, Corea, México, Canadá y Centroamérica, y los acuerdos de complementación económica suscritos, en el marco de Aladi, con el Mercosur, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Argentina. La celebración de estos acuerdos comerciales ha permitido que el comercio exterior de Chile se encuentre asociado al 75 por ciento del producto económico mundial, con la consiguiente diversificación de nuestras exportaciones, lo que asegura y mejora el acceso de los productos y servicios chilenos a los mercados internacionales, resguardando nuestros intereses a través de adecuados instrumentos de defensa comercial, diversifica nuestras exportaciones y permite contar con reglas claras, ciertas y permanentes para el comercio de bienes y servicios y flujos de los capitales. Por otra parte, los referidos acuerdos comerciales permiten que más del 70 por ciento del comercio exterior de Chile esté regido por ellos, de manera que la incidencia de las exportaciones en el PIB subió del 18,6 por ciento en 1998, al 33,4 por ciento en 2004. Pues bien, el mensaje destaca que, ya celebrados esos acuerdos comerciales, el desafío de nuestro país es apuntar a un mayor acercamiento con las economías del Asia Pacífico, lo que se proyecta lograr con los TLC celebrados con China, Corea, y con el P4, es decir, con Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, contexto en el que se inserta el acuerdo de alcance parcial firmado con India, instrumento sometido al conocimiento de la honorable Comisión. Los antecedentes sobre la importancia de nuestro socio comercial nos permiten señalar que India, con más de mil millones de habitantes, se ha convertido en un actor protagónico de la economía mundial, con una renovada estabilidad institucional y tasas de crecimiento que en 2004 y 2005 alcanzaron un 6,9 por ciento. Su política comercial procura la protección de sus sectores sensibles, a través de la aplicación de elevados aranceles. En el caso de los productos exportados por Chile a ese mercado han debido pagar aranceles que fluctúan entre el 5 por ciento y el 212 por ciento. Durante 2004, el promedio fue de un 28 por ciento, sin considerar el cobre, que representa el 90 por ciento de nuestras exportaciones a India. Por otra parte, el mensaje informa que el comercio bilateral entre Chile e India se ha duplicado entre 2002 y 2005; nuestras exportaciones se han incrementado en un 238 por ciento, con una balanza comercial favorable para nuestro país. Por lo señalado, afirma que el Acuerdo de Alcance Parcial en trámite de aprobación parlamentaria, traerá beneficios notorios al sector exportador y podrá contribuir a la reducción de los elevados costos de transporte, dado los actuales niveles de comercio. Sostiene, además, que India tiene grandes fortalezas y ventajas comparativas para sostener su dinámico crecimiento económico: base de capital humano altamente calificado; estructura política democrática; uso masivo del idioma inglés; estabilidad macroeconómica; uno de los más grandes mercados domésticos del mundo; un sector privado dinámico; un sector financiero bien desarrollado; es un proveedor mundial de servicios de software, y es país destino de inversiones y proyectos de investigación y desarrollo. Es así como este Acuerdo de Alcance Parcial debe ser dimensionado como una herramienta privilegiada para convertir a nuestro país en puente entre las economías de Asia y los países vecinos; así como ofrece oportunidades para promover a Chile como plataforma de inversiones asiáticas en la región. Se indica, además, que el Acuerdo en trámite constituye una primera etapa de negociaciones que debieran ser ampliadas en el futuro a una mayor liberalización del comercio de bienes, servicios e inversiones. Entre tanto, los principales productos exportados por Chile a India y que se beneficiarán con la preferencia arancelaria otorgada por India en este Acuerdo de Alcance Parcial es la que se indica en cada caso: minerales de cobre y sus concentrados, 10 por ciento; yodo, 20 por ciento; papel prensa en bobinas, 20 por ciento; harina de pescado, 20 por ciento; cueros preparados, 50 por ciento, y tableros de madera, 20 por ciento. En cuanto a lo sustancial de las proyecciones económicas y comerciales en informe de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Direcon, ha precisado que India es un mercado muy dinámico para las exportaciones chilenas. Es así como este intercambio se ha triplicado en los últimos 5 años, registrando 630 millones de dólares en 2005. En efecto, en el período 20002005, el intercambio entre ambos países ha crecido a un promedio anual de 27 por ciento. Asimismo, se mantiene una balanza comercial favorable a Chile desde 1999. En ese año, la balanza fue de 44 millones de dólares, y en 2005 ese saldo llegó a 361 millones de dólares. Añade que las cifras para el presente año confirman la tendencia. Ya en el primer trimestre de 2006, los envíos a India se triplicaron, al expandirse en 201 por ciento, sumando 301 millones de dólares. Las importaciones, en cambio, registraron un aumento de 36 por ciento en el primer semestre de 2006, registrando 36 millones de dólares. Señala que los principales productos exportados a India son minerales de cobre, 90,8 por ciento; yodo, 3,5 por ciento; harina de pescado, 1,8 por ciento; concentrados de molibdeno, 0,4 por ciento, y almendras, 0,3 por ciento. Las principales importaciones desde India son automóviles, 5,2 por ciento; manufacturas de cuero, 5,1 por ciento; medicamentos, 4,4 por ciento; sulfato de cobalto, 3,1 por ciento; transformadores, 3,1 por ciento, e hilados, 3,6 por ciento. Por otra parte, indica que no obstante la alta concentración de nuestras exportaciones en recursos naturales de la minería, nuestra canasta de productos se ha ido diversificando considerablemente en ese mercado. En efecto, si bien en 1998 Chile exportó 19 productos a India, por un total de 50 millones de dólares, en 2005 los envíos se incrementaron a 93 productos por un total de 496 millones de dólares. El número de empresas exportadoras también se ha incrementando en los últimos años, pasando de 32 empresas en 1998 a 96 en el 2006. Al informar de los principales aspectos de este Acuerdo de Alcance Parcial celebrado con India, debo señalar que, a propósito de este compromiso de liberalizar el movimiento de mercancías entre ambos países, las Partes acordaron reducciones arancelarias con márgenes de preferencias arancelarias que varían entre el diez y el ciento por ciento, para un total de 478 productos, de los cuales 178 son exportados por Chile y 296 por India, lo que representa el 97 por ciento del comercio bilateral. En cuanto a las importaciones provenientes de la India, las más beneficiadas serán los insumos médicos al quedar libres de aranceles luego de aplicarse un margen preferencial de un ciento por ciento. Las importaciones de productos químicos orgánicos y sulfato de cobalto serán beneficiadas con un margen preferencial del 50 por ciento. Por su parte, los automóviles de turismo, los guantes de cuero, los transformadores de dieléctrico líquido y chaquetas de cuero, se verán beneficiadas con un margen preferencial del 20 por ciento sobre el arancel. Los textiles importados desde la India recibirán los menores márgenes de preferencias. En efecto, los hilados de fibras sintéticas y las alfombras estarán afectos a un margen preferencial del 15 por ciento sobre el arancel. A su vez, las confecciones de textiles recibirán sólo el 10 por ciento del margen preferencial. Las restricciones a las importaciones o exportaciones que podrán adoptar las Partes, comprendidas las autorizadas en el artículo XI del Gatt, entre las que se contemplan: a) Las prohibiciones o restricciones a la exportación aplicadas temporalmente para prevenir o remediar una escasez aguda de productos alimenticios o de otros productos esenciales para la parte exportadora; b) Las restricciones a la importación de productos agrícolas o pesqueros, cualquiera que sea la forma bajo la cual se importe, cuando sean necesarias para la ejecución de medidas gubernamentales que tengan por efecto restringir la cantidad del producto nacional similar que pueda ser comercializada o producida o, de no haber producción nacional importante del producto similar, de un producto nacional que pueda ser sustituido directamente por el producto importado, y c) Las que tengan por objeto eliminar un sobrante temporal del producto nacional similar, o de no haber producción nacional importante del producto similar, de un producto nacional que pueda ser sustituido directamente por el producto importado, poniendo este sobrante a la disposición de ciertos grupos de consumidores del país, gratuitamente o a precios inferiores a los corrientes en el mercado. Respecto de los subsidios a las exportaciones agrícolas, en esta materia las Partes declaran, en lo sustancial, que comparten los objetivos de la OMC en orden a establecer un sistema agrícola justo y orientado hacia el mercado, y se comprometen a trabajar a favor de la conclusión de las negociaciones agrícolas orientadas a la eliminación de los subsidios a las exportaciones, la reducción sustancial de todas las formas de apoyo doméstico que distorsionan el comercio, así como el mejoramiento del acceso al mercado con un trato especial y diferenciado que sea operacionalmente efectivo para los países en desarrollo, conforme a la Ronda de Doha. Tanto las autoridades de Gobierno como los directivos del sector público y representantes del sector privado manifestaron opiniones generales favorables a la aprobación de este acuerdo, análogas a las proporcionadas en el mensaje y en el estudio de Direcon, de todas las cuales se proporciona lo sustancial en el documento anexo de este informe. Con todo, se estima de interés dejar constancia que el presidente del Instituto Textil de Chile, señor Mario García Viñuela, formuló diversas observaciones críticas sobre los efectos de este acuerdo comercial para el sector que él representa, de las cuales se proporciona la reseña siguiente, sin perjuicio que en el referido anexo se agrega la versión íntegra de su opinión. El señor García Viñuela expuso que mediante nota fechada 13 de agosto de 2004, el Instituto que representa solicitó a la Direcon de la Cancillería que se otorgaran preferencias arancelarias a India sólo en materias primas básicas y otros insumos no producidos en Chile, planteando en forma paralela que se excluyera expresamente de esta negociación todo lo concerniente a alfombras y similares, tejidos de punto y prendas de vestir. Sostuvo que el resultado de las negociaciones ha sido bastante diferente y negativo para sus intereses, ya que únicamente dispondrían de un 25 por ciento de rebaja arancelaria para importar desde India lana esquilada y borras del peinado de lana o pelo fino, dejándose fuera de sus pretensiones aquellos insumos mencionados en la nota anteriormente referida. Afirmó que las mayores concesiones arancelarias se otorgarán precisamente a los artículos que ese gremio solicitó que fueran excluidos de cualquier trato beneficioso a favor de India, considerando que, sin existir preferencia arancelaria alguna, ya están fuertemente presentes en el mercado interno. Precisó que, en subsidio, solicitaron a la Direcon que oficiara a las autoridades pertinentes para que tuvieran a bien ordenar el estudio de las modificaciones legales necesarias para reforzar las atribuciones del Servicio de Aduanas y de la Comisión Nacional de Distorsiones a la Importación en la persecución de la responsabilidad penal y tributaria de quienes incurran en importaciones que impacten negativamente en el mercado interno y en la recaudación fiscal. Dicha solicitud se efectuó considerando que sus aprensiones sobre subvaluaciones de precios de India son similares a las existentes con China Popular, y que con ocasión del estudio de este último tratado la Comisión ofició a las autoridades pertinentes en el sentido señalado por el señor García. Al término de su estudio, y teniendo presente que las observaciones del Instituto Textil podrían ser consideradas durante la aplicación de este acuerdo internacional, la Comisión acordó, por unanimidad, proponer a la Sala que apruebe el artículo único del proyecto de acuerdo, en los términos expuestos en el texto sustitutivo que figura en el informe de la Comisión. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor BECKER.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India y sus anexos, suscrito en Nueva Delhi, el 8 de marzo de 2006, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación. La iniciativa se originó en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República. Durante su estudio, asistieron a la Comisión los señores Juan Sebastián Araya, asesor del Ministerio de Hacienda, y José Miguel Burmeister, asesor de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Acuerdo con la República de India consta de 23 artículos, que abordan temas comerciales e institucionales. Una síntesis del Acuerdo se entrega en el Capítulo III del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Entre los aspectos más relevantes del instrumento internacional antes citado, que dicen relación con el cometido de la Comisión de Hacienda, se destacan los siguientes: En el artículo IV del Acuerdo de Alcance Parcial se establece el compromiso de liberalizar el movimiento de mercancías entre ambos países, a través de la eliminación o reducción de los aranceles aplicables al movimiento de mercancías, inclusive el de acelerar tal eliminación o reducción contemplada en los anexos A y B, o para incluir nuevos productos. A propósito de este compromiso, el mensaje expresa que las Partes acordaron reducciones arancelarias con márgenes de preferencias arancelarias que varían entre el 10 y el 100 por ciento, para un total de 478 productos, de los cuales 178 son exportados por Chile y 296 por India, lo que representa el 97 por ciento del comercio bilateral. Asimismo, se destaca el hecho de que India haya otorgado preferencias arancelarias a un total de 178 productos chilenos, en tanto que el total exportado por nuestro país en 2004 ascendió a 92 productos, lo que representa un importante potencial para más de 90 productos chilenos. En cuanto a las importaciones provenientes de India, las más beneficiadas serán los insumos médicos, pues quedarán libres de aranceles luego de aplicárseles un margen preferencial del 100 por ciento. Las importaciones de productos químicos orgánicos y sulfato de cobalto, con un margen preferencial del 50 por ciento. Por su parte, los automóviles de turismo, los guantes de cuero, los transformadores de dieléctrico líquido y chaquetas de cuero se verán beneficiados con un margen preferencial del 20 por ciento sobre el arancel. Los textiles importados desde la India recibirán los menores márgenes de preferencias. En efecto, los hilados de fibras sintéticas y las alfombras estarán afectos a un margen preferencial del 15 por ciento sobre el arancel. A su vez, las confecciones de textiles, recibirán sólo el 10 por ciento del margen preferencial. Información proporcionada por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores menciona entre los productos chilenos que han sido beneficiados por el Acuerdo, los siguientes: la carne de cerdo, los despojos comestibles congelados de carne bovina y porcina, trozos congelados de pollo y pavo, y las preparaciones de carne de aves, cerdos y bovinos lograron una rebaja de 15 por ciento, en aranceles base entre 30 y 100 por ciento. El salmón y la harina de pescado han obtenido una rebaja de 20 por ciento, con un arancel base de 30 por ciento. Los concentrados de cobre poseen una rebaja de 10 por ciento, con un arancel base de 5 por ciento. Los tableros de madera obtienen una rebaja de 20 por ciento, con arancel base de 20 por ciento. La celulosa y papel prensa se benefician con una rebaja de 20 por ciento, con un arancel base de 5 por ciento. Cabe destacar que el total de la rebaja arancelaria por parte de India oscila entre 10 y 50 por ciento. El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 8 de mayo de 2006, señala que el impacto financiero de este Acuerdo se ha estimado suponiendo que el crecimiento de las importaciones provenientes de India que se espera durante el año 2006, será equivalente al crecimiento experimentado por éstas durante el período eneromarzo del presente año respecto de igual período del año 2005. Esta variación alcanza al 35,8 por ciento. Para el año 2007, se supone que las importaciones moderarán su ritmo de crecimiento a una tasa cercana al 50 por ciento de la utilizada para 2006. El efecto sobre los ingresos fiscales, por la aplicación de este Tratado en régimen, se ha dimensionado sobre ese monto de importaciones proyectadas para 2007. Asimismo, se supone que la tasa media arancelaria que pagarán las importaciones provenientes de India alcanzará un nivel de 4,9 por ciento parejo, desde su entrada en vigencia, y concluye que en el evento en que este acuerdo entre en vigencia en julio de 2006, la pérdida fiscal para el año en curso, por aranceles e IVA de importaciones, ascendería a 1,2 millones de dólares, elevándose este costo a 2,8 millones de dólares anuales, durante 2007, y en régimen. Los representantes del Ejecutivo destacaron el contenido y alcance del Acuerdo de Alcance Parcial, el cual constituiría un primer paso que puede llevar a una segunda etapa de profundización de las relaciones comerciales, a través de la negociación de un Tratado de Libre Comercio. Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, sometidos a votación el artículo único del proyecto de acuerdo propuesto por la comisión técnica, y el artículo IV del Acuerdo de Alcance Parcial, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes. Eso es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Para iniciar el debate, tiene la palabra el honorable diputado Renán Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, sólo quiero resaltar que, en los últimos años, la política exterior de nuestro país en materia comercial ha sido suficientemente coherente. Hemos expandido nuestras fronteras comerciales a lugares remotos del planeta, a economías con las que no estábamos familiarizados ni asociados en el pasado y que nos han permitido, fundamentalmente, abrir nuestro comercio, de manera de diversificar nuestros productos exportables. El tratado con India se inscribe dentro de esta política de Estado, puesto que apunta, precisamente, a un mayor acercamiento con las economías de Asia, particularmente con aquellas que conforman la Apec, en la cual participamos desde 1994. Por ello, nuestro país firmó un Tratado de Libre Comercio con China y Corea; el P4 con Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, y próximamente, es de esperar que tengamos un tratado de libre comercio con Japón, una de las tantas economías pujantes de esa área del planeta. El Tratado de Libre Comercio con India se suma al de China y, entre ambos, representan a una población de destino comercial de 2 mil 300 millones de habitantes, lo cual corresponde, más o menos, al 33 por ciento de la población mundial. Esas economías están en permanente expansión y crecimiento, y según las cifras que se nos proporcionaron durante la discusión del proyecto en la Comisión, es de esperar que el 2050, tanto China como India desplacen a las economías occidentales del primer lugar de crecimiento económico y de influencia. De manera que es bueno que Chile sea su socio comercial, no porque vayamos a invadir esos mercados con productos chilenos, sino porque podemos, estratégicamente, cooperar y colaborar mutuamente en nuestras respectivas áreas de influencia. Chile se presenta, en consecuencia, como un buen socio para China e India al ofrecerles servicios y una plataforma comercial para que ellos, a su vez, también puedan insertarse en las economías de América Latina. No obstante ser India una economía cerrada y protegida, con altos aranceles para nuestros productos, el comercio chileno con dicho país ha crecido, entre el 2002 y el 2005, en 238 por ciento, representando un intercambio cercano a los 638 millones de dólares, lo que, de todas maneras, es favorable para Chile. Durante la discusión del proyecto de acuerdo, las distintas personas que participaron en representación de los gremios o asociaciones empresariales, manifestaron su conformidad con el tratado, por cuanto suscribirlo representaba un desafío para nuestros empresarios y para nuestra economía. Ojalá, en el futuro, podamos profundizar este Acuerdo, para que el intercambio y la cooperación en el área de la innovación tecnológica y del desarrollo científico, que tanto necesitamos, sean permanentes. Asimismo, para nuestros empresarios implica buscar nuevas formas de asociación, tanto con China como con India, para aprovechar las ventajas comparativas y dar mayor valor agregado y mayor potencial comercial y de competitividad a nuestros productos en esos mercados. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, este nuevo Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India se suma a una serie de otros acuerdos suscritos por nuestro país y aprobados por el Congreso Nacional, como los acuerdos de asociación con la Unión Europea y con Nueva Zelanda, con Singapur y Brunei. Tenemos también los tratados de libre comercio suscritos con Estados Unidos de Norteamérica, con China, con Corea, con México y Canadá, y con países latinoamericanos. Tal como dije en la Comisión, todos estos acuerdos, que permiten que nuestro comercio exterior se encuentre asociado al 75 por ciento del producto económico mundial, con la consiguiente diversificación de nuestras exportaciones, que aseguran y globalizan a nuestro país, constituyen no sólo su inserción comercial, sino también cultural y de colaboración entre naciones. En Chile nos estamos quedando con una gran falencia, cual es la escasísima capacidad que las personas tienen de expresarse, comunicarse, a través del idioma inglés. Nos estamos relacionando con el mundo entero y con dificultad manejamos el español. Nuestros indicadores de educación ya los conocemos, no voy a redundar en ellos, y, más encima, siento que el país no está haciendo un esfuerzo paralelo y consecuente con la diversificación que se está dando en todas las áreas. Ésta es una oportunidad que tenemos para llamar la atención a las autoridades de Gobierno y, desde luego, al Congreso Nacional por la necesidad de impulsar un programa que, a mi juicio, a estas alturas, tendría que ser mucho más agresivo y resuelto de lo que en algunas oportunidades se ha anunciado para enseñar el idioma inglés a los chilenos, especialmente a los más jóvenes. ¡Qué gran oportunidad, a la luz de este Acuerdo de Alcance Parcial y de los últimos acuerdos de libre comercio aprobados, para dar un paso sustancial, sobre todo si se considera que hoy que tenemos superávit importantes a raíz de los mayores ingresos por el altísimo precio del cobre! No generaría ningún impacto sobre la política cambiaria ni sobre el superávit estructural del uno por ciento el que nos gastáramos una cantidad de millones de dólares en traer profesores angloparlantes por, al menos, una década, de modo que nos permitan insertarnos, así como lo estamos haciendo con nuestros productos, en el idioma que hoy maneja la globalidad para comunicarse. Mucho internet, muchas divisas ingresan al país, muchos viajes al extranjero y poco para generar la base sustancial que un país necesita para educarse. Hago esta reflexión a propósito de este último acuerdo de alcance parcial, porque estoy seguro de que vendrán otros. Sabemos que se están trabajando con países del sudoeste asiático y otro, con los cuales la única forma de entendernos que tenemos es el idioma inglés. No basta con que los funcionarios diplomáticos y las autoridades lo dominen; necesitamos que nuestra población se incorpore más activamente en esta materia. Por eso, además de anunciar que la UDI dará su voto favorable al Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India, más que referirme a los aspectos económicos, culturales y de otra índole que, obviamente, son beneficiosos para el país desde el punto de vista de sus relaciones con la India, he querido resaltar esta materia respecto de la cual siento que vamos a tranco lento y nos estamos quedando atrasados. Por consiguiente, es una suerte de tarjeta ya no amarilla, sino que roja a las falencias que Chile tiene en este tema y frente al cual siento sinceramente que no estamos haciendo el esfuerzo requerido. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, me sumo a las expresiones de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. Como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, hago presente que aprobamos en forma unánime el proyecto que aprueba el Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India en la perspectiva exacta de lo que aquí se ha señalado: que la apertura de nuestra economía no sólo significan posibilidades de intercambios comerciales que eliminan las barreras y delimitan muy bien las formas de intercambio, los aranceles y las medidas fitosanitarias, sino que la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con India en el futuro. Como aquí se dijo, India tiene alrededor de 1.100 millones de habitantes. Algunas de sus particularidades son el ser un país democrático, con bastante estabilidad, con una pujante clase media que comienza a abrirse paso. Además, se ha ido especializando y hoy es notorio que ocupa uno de los lugares más importantes en el mundo en lo relativo a servicios informáticos, innovación tecnológica e investigaciones científicas. Es interesante saber que varias generaciones indias se han formado en otros países, lo que le ha significado a India un tremendo salto en aprovechamiento del recurso humano. La capacitación y la formación de profesionales es una lección que Chile no debería olvidar; es un buen ejemplo digno de imitar. Es decir, si invirtiéramos más en recursos humanos y hubiera más profesionales haciendo doctorados, con el compromiso de que después vuelvan al país para aplicar sus conocimientos en investigación, tecnología, ciencia, informática, medicina, sin excluir, por cierto, las investigaciones farmacológicas, tendríamos una situación similar a la que tiene India. Además, si bien es un acuerdo de alcance parcial, es una oportunidad para Chile porque con él se reducirán los aranceles entre un 10 y un 50 por ciento, como se ha dicho, sin perjuicio de que ha aumentado el intercambio bilateral en los últimos años. Llegó a 630 millones de dólares en 2005. Hay que considerar que la distancia encarece el costo de los fletes, en especial si el volumen no es mayor. Pero, en la medida en que se aplique este Acuerdo de Alcance Parcial, obviamente el volumen se irá incrementando y, por lo tanto, dicho costo será más favorable para nuestro país. Hoy, India está en conversaciones con el Mercosur. Sin embargo, al haber logrado este acuerdo Chile se adelanta a ello. En ese sentido, puede usar la ventaja de ser plataforma para empresas indias que, como he manifestado, son grandes exportadoras de servicios informáticos, tecnológicos y de otra índole. Por lo tanto, nuestro país tiene la oportunidad de ser plataforma para empresas indias que deseen proyectarse en América Latina. Desde hace mucho tiempo nuestra política exterior, precisamente, se ha definido con un alto interés hacia el AsiaPacífico. En ese sentido, hemos celebrado tratados con Corea y China y el acuerdo transpacífico de asociación económica estratégica con Singapur, Brunei y Nueva Zelanda, el P4. Por lo tanto, este acuerdo es un paso sustantivo y no es menor que tanto autoridades de Gobierno como del mundo privado coincidan en su importancia. Finalmente, para que este tipo de acuerdos tengan una repercusión favorable en Chile, debemos hacer un esfuerzo mayor, además del que se requiere para la capacitación del recurso humano, para brindarle oportunidades a la pequeña y mediana empresa, más allá de la cadena productiva. Sin embargo, para ello es importante la actitud que asuman las empresas más grandes, en el sentido de que de verdad tengan un trato justo para las pequeñas empresas proveedoras. En este aspecto, esperamos que se doten de mejores herramientas a Corfo y a Sercotec y que el Ministerio de Economía tome muy en serio el apoyo a los microempresarios, de modo que los tratados no sólo favorezcan a las grandes empresas. Se requiere una política pública decidida a través de los diferentes instrumentos. Así, las pymes generarán más empleo que, en definitiva, es lo que perseguimos como objetivo con estos acuerdos internacionales. Por esa razón, la bancada del Partido Socialista apoyará el Acuerdo de Alcance Parcial, en espera de que en un futuro no muy lejano se logre un tratado de libre comercio con India. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Aedo. El señor AEDO.- Señor Presidente, este Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India permite al país, dentro de su política de economía abierta y competitiva, abrir las puertas del mercado asiático, que hoy constituye el 2 por ciento de nuestras exportaciones. Con India tenemos una balanza comercial positiva de 360 millones de dólares. El 2005, las exportaciones de productos a ese país alcanzaron a 496 millones de dólares. Las reducciones arancelarias, establecidas en el acuerdo, beneficiarán a 478 productos. Este convenio abre a Chile un mar de oportunidades, ya que India es un mercado altamente competitivo, pero con gran proteccionismo. Sus tasas fluctúan entre 2 a 212 por ciento, pero el promedio de las tasas aplicadas a Chile será de 28 por ciento. El acuerdo significa una reducción de las tasas preferenciales de 10 a 100 por ciento para los productos chilenos. La economía abierta y competitiva del país, que tiene tasas de 6 por ciento, a India le va a significar una rebaja de 4,7 por ciento. Chile sólo obtiene ventajas con este acuerdo, ya que le permite ser una plataforma hacia Latinoamérica para los productos de India. Asimismo, permite la llegada de tecnologías de la información, de hardware, de productos farmacéuticos y un gran desarrollo científico, en el que India es líder mundial. Por eso y otros motivos, nuestra bancada aprobará este acuerdo. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la comunidad económica internacional señala que Chile es un país “prime” como dice mi colega Álvaro Escobar, pues se encuentra asociado, a través de muchos tratados, con el 75 por ciento de la economía mundial. Además, el 70 por ciento de nuestro comercio internacional se encuentra regido por tratados. Es bueno hacer notar que algunos son tratados y otros son asociaciones económicas, las que felizmente todavía se pueden revisar. Nuestro país, desde hace dos décadas, se encuentra abocado a un proceso de apertura unilateral de su comercio internacional, con bajas progresivas de aranceles, que hoy alcanzan, en promedio, a 6 por ciento. Debido a esta apertura comercial y a la política intensiva de buscar acuerdos bilaterales con la mayor parte de la economía mundial, hoy, Chile tiene acuerdos de asociación económica con Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, también conocido como P 4, y tratados de libre comercio con las mayores economías mundiales, como Estados Unidos, China y la Unión Europea. En el marco del Acuerdo Latinoamericano de Integración, Aladi, sólo acuerdos de complementación económica con las economías cercanas, como el Mercosur, respecto del cual siempre tendremos que hablar. Hoy, felizmente, debemos reforzar nuestra actitud referente a la incógnita o interrogante que plantea el Mercosur, puesto que, ayer valga la acotación se llevó a cabo una sesión de las Comisiones Unidas del Senado y de la Cámara de Diputados para acordar revisar, con la Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda de ambas Cámaras el tema del Mercosur en su momento. Eso nos trae, por lo menos, una pequeña tranquilidad respecto de los tratados o asociaciones económicas. A todo lo anterior habría que agregar la participación de importantes foros económicos y acuerdos multilaterales, como el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, Apec, y la Organización Mundial del Comercio. Por ello, al parecer, estamos convencidos de que abrir las fronteras no es la solución económica de hoy, sino de las generaciones futuras. Este Acuerdo de Alcance Parcial, que hoy no representa más del 2 por ciento en nuestra economía de tratados de libre comercio, refleja un esfuerzo que está redundando en que nuestros productos de exportación han obtenido ventajas. Conversaba acerca de este asunto con el diputado José Miguel Ortiz el día que presidió dichas Comisiones y concluíamos en que nos ha permitido diversificar nuestras exportaciones con un beneficio que todavía no es evaluado. Todo esto nos lleva a materias de crecimiento propio del país y ojalá que esté traduciéndose no lo podría decir todavía en ayudar a nuestro pueblo, en que tenga el trabajo necesario o mínimo, ya que todavía contamos con un nivel de cesantía bastante importante y dolorosa. Tanto hablamos de estos tratados; sin embargo, no hay que olvidar que el 60 por ciento de las exportaciones son de cobre. Debo agregar el hecho de que nuestro territorio, con más de 4 mil kilómetros de costa en el Pacífico, se transformará en una ventana y plataforma inigualable para las economías del AsiaPacífico, las cuales tienen la mayor población del orbe, como China y la India. Al decir de los expertos, se convertirán en las mayores economías mundiales a mediados del presente siglo. Eso, si mantienen sus actuales niveles de crecimiento. Hoy es interesante, pero los vaivenes de la economía siempre tienen sus dimes y diretes. Por ello, no es menor el llamado conjunto entre nuestra Presidenta Michelle Bachelet y su colega argentino que se realizó ayer en Mendoza para la licitación del ferrocarril transandino central que, sin duda, más que duplicará la capacidad de carga del corredor transandino central permitiendo así la salida de mercancía hacia el Pacífico desde el puerto de Santos, en Brasil, hacia nuestros principales puertos de la Quinta Región. Por lo anterior, este acuerdo parcial con la India permitirá la desgravación de 478 productos entre el 10 y el 100 por ciento del arancel que tenían. Entonces, es tremendamente importante que desde la India, con una población de más de mil millones y que crece al 6,9, por ciento, se traerán productos tan relevantes para nosotros como los insumos médicos y químicos, y otros menores. No obstante la importancia del acuerdo, tenemos derecho a la crítica y debemos poner interés en lo que han manifestado nuestros industriales textiles, en el sentido de que el acuerdo podría serles desfavorable. Creo que si el acuerdo les es desfavorable, se requiere una mayor fiscalización en el ámbito aduanero, como lo han pedido ellos. Recuerdo perfectamente la intervención de don Mario García, presidente del Instituto Textil, quien dijo que ésta puede ser la oportunidad de disciplinar la competencia desleal y el fraude aduanero constante que se produce con los productos de China. Por supuesto que se va a producir si entendemos, de una vez por todas, que el problema aduanero de un país, que crece y se abre al mundo, debe ser tarea prioritaria, a fin de que estos tratados tengan un efecto positivo también sobre quienes se ven perjudicados. Agrega el señor García que, a primera vista, las concesiones arancelarias que se entregan significan un costo inmenso para el sector textil. Dada la importancia del Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India, debemos tomar nota de esta única duda que quizá se pueda subsanar con lo que expresé recién, cual es que, de una vez por todas, dotemos a nuestras aduanas de las herramientas necesarias y del personal idóneo para competir de igual a igual, con la frente en alto, de manera de no defraudar a sectores o familias que todavía viven del trabajo textil. Con esta salvedad, anuncio mi voto favorable y, con toda seguridad, el de la bancada del PPD. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, el proyecto que aprueba el Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India y sus anexos, fue suscrito en Nueva Delhi el 8 de marzo de 2006. India, con más de mil millones de habitantes, se ha convertido en un actor protagónico de la economía mundial. Su gran estabilidad institucional y los adecuados medios económicos han contribuido a que su tasa de crecimiento alcance el 6,9 por ciento durante los años 2004 y 2005. Con respecto a Chile, India es hoy nuestro cuarto socio comercial en Asia, después de China, Japón y Corea del Sur. El intercambio comercial entre ambos países fue de 630 millones de dólares en 2005. Las exportaciones de productos chilenos a India alcanzaron a 495 millones de dólares, siendo el cobre y sus concentrados los más relevantes: el 90 por ciento. El resto se divide en yodo, 3,5 por ciento; papel prensa, 1,1 por ciento; harina de pescado, 1,8 por ciento, y almendras, 0,3 por ciento. Las importaciones fueron del orden de los 134,8 millones de dólares durante el 2005. Las principales partidas arancelarias importadas corresponden a químicos orgánicos, 10,7 por ciento; vehículos, trenes y tranvías, 8,3 por ciento; artículos de cuero y bolsas de mano, 7,9 por ciento; productos farmacéuticos, 7,5 por ciento; textiles, 7,4 por ciento, y maquinaria eléctrica, 6,1 por ciento. Hasta el momento, India ha firmado un tratado de libre comercio con Sri Lanka, un acuerdo preferencial con Afganistán y está en negociaciones para un tratado de libre comercio con los miembros de Lasian, Bangladesh, Corea, Islas Mauricio, Malasia, SAC, Unión Aduanera de Africa del Sur, Egipto y la Corporation Gus. Los principales socios comerciales de la India son Estados Unidos, Reino Unido y Hong Kong, con lo que Chile sería el primer país latinoamericano en firmar un acuerdo como éste. Si bien nuestro país no figura como un socio comercial importante para la India, ni ésta es uno de los principales socios para Chile, este acuerdo constituye un gran paso para la integración comercial con países asiáticos. Ése es el gran valor que le asigno. A pesar de que la desviación del comercio en nuestras importaciones de productos indios es una amenaza latente, el tratado constituye una gran oportunidad para muchas empresas de contratar outsourcing tecnológico y de recursos humanos, ambos servicios en que India ha desarrollado grandes ventajas comparativas y en donde se encuentra mucho más arriba en su curva de aprendizaje. Estos acuerdos obligan a todos los chilenos a ser cada día más responsables. Debemos mirarlos con buenos ojos, porque nos pueden dar bienestar y desarrollo. Pero también son un mensaje para el Ejecutivo. El Gobierno debe tratar, cada vez, de ir modernizando el Estado ya se ha dicho, especialmente instituciones tan importantes como el Servicio Agrícola y Ganadero que depende del Ministerio de Agricultura y que todos reconocemos como uno de los servicios que mejor hace su pega; pero, a veces, los recursos presupuestarios que le asigna el Gobierno no corresponden a los tiempos que vivimos. También se ha dicho que se deben modernizar, de una vez por todas, las aduanas y fiscalizar los productos que llegan al país como consecuencia de estos acuerdos comerciales. Comparto plenamente lo dicho por el diputado Melero, en el sentido de que estos acuerdos también son una oportunidad especialmente para los jóvenes, pero, para acceder a ellos deben prepararse, es decir, deben recibir una mejor educación y, al mismo tiempo, entender que no sólo será obligatorio hablar un idioma, sino dos, tres o cuatro para desenvolverse en un mundo que cada día se globaliza más. Afortunadamente, Chile tomó esta línea de acción que hasta hoy nos está dando grandes resultados. Sí debemos mejorar, porque el desafío ya está planteado. A las instituciones les corresponde responder frente a tratados comerciales como éste, que van en la línea correcta de las economías abiertas. Por eso, en nombre de la Unión Demócrata Independiente, anuncio que votaremos favorablemente. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro. El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, el Acuerdo de Alcance Parcial suscrito con la República India, aprobado por unanimidad por la Comisión Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, especialmente ampliada por la Sala, abrirá nuestro comercio internacional a más de mil millones de habitantes, lo que resultará muy importante para nuestro sector exportador, cuyas operaciones representan casi un tercio del producto interno bruto. Al respecto, quiero plantear dos observaciones que me parecen importantes. Sin considerar el sector exportador minero en el que participa en forma importante el Estado, a través de Codelco, nuestro país exporta fundamentalmente productos alimentarios, proceso en el que participan dos entes públicos claves que facilitan, fomentan y fiscalizan esas exportaciones: el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Los exportadores han presentado un reclamo ante la Contraloría General de la República, debido a que el SAG, servicio que otorga los certificados fitosanitarios, en forma unilateral, mediante decreto exento N° 109, de 1995, aumentó el costo de la certificación, hecho que atenta contra el objetivo del Estado de otorgar facilidades para este sector. La Corporación Chilena de la Madera, en conjunto con la Asociación de Productores Avícolas de Chile, la Asociación Gremial de Productores de Cerdo de Chile, la Federación Gremial Nacional de Productores de Ganado Bovino y la Asociación de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile hicieron esa presentación ante la Contraloría debido a que el costo de algunos documentos fitosanitarios subió 800 por ciento, como es el caso de las astillas de madera, cuyos certificados fitosanitarios, antes de 2005, tenían un valor de 120 mil pesos y en la actualidad superan los 4,5 millones de pesos por buque exportado. Lo anterior representa una voz de alerta, pues, con tal de autofinanciarse, algunos servicios públicos han tomado la ley en su mano y cargado los costos directos e indirectos de sus operaciones a los exportadores. El tema debe analizarse, con el objeto de que los entes del Estado, que constituyen piezas fundamentales para las exportaciones, sean eficientes y modernos, para que los costos de sus servicios se reflejen en cobros más adecuados a la realidad. Por otra parte, cada vez que se ha discutido un tratado de libre comercio se ha abordado la forma como participa la pequeña y mediana empresa en la gestión de las exportaciones. Ayer, en esta Sala, dimos un pequeño paso adelante al simplificar el impuesto a la renta aplicable a los micro y pequeños empresarios, haciéndolo más expedito y factible de cumplir. Eso es un avance importante. Sin embargo, estamos muy lejos de cumplir con la tarea de impulsar, incentivar y facilitar las operaciones de la pequeña y mediana empresa. Como muestra, un botón: desde hace más de un año se tramita ya fue aprobado por la Cámara de Diputados el proyecto que crea los fondos de garantía recíproca enfocados a la pequeña y mediana empresa, para que puedan acceder de manera más fácil al sistema financiero. Hoy, la pequeña y mediana empresa tiene dificultades para acceder al financiamiento bancario; pero, además, las tasas asociadas a esos créditos no se compadecen en absoluto con las que se aplican a la gran empresa. Entonces, a la pequeña y mediana empresa, que son motor de desarrollo, que entrega el 85 por ciento de las fuentes de trabajo y que abre el mercado exportador a más de la mitad de la población del mundo, debemos darle todas las facilidades y condiciones para que participe activamente en el mercado internacional. De lo contrario, seguirán con la poca injerencia que hoy tienen. Si somos los campeones del comercio exterior y si hemos abierto nuestro mercado externo a la mayor cantidad de población del mundo, la pequeña y mediana empresa, que da tanto trabajo, también debe ser invitada a la fiesta de los grandes empresarios y de los grandes exportadores. Por lo tanto, anuncio mi voto favorable al Acuerdo de Alcance Parcial suscrito con India, pero dejando constancia de esos dos aspectos que son fundamentales para el desarrollo de nuestro sector exportador. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, concretar el Acuerdo de Alcance Parcial reviste una tremenda oportunidad para India y Chile, sobre todo si revisamos las cifras del comercio exterior entre ambos países. Asia es el principal destino de las exportaciones chilenas, e India es el quinto principal. El intercambio comercial entre India y Chile ha crecido en manera sostenida en los últimos cuatro años: 102 mil millones de dólares en 2002, y 630 mil millones en 2005. Son cifras impactantes que queremos que se multipliquen. El número de productos importados de India ha aumentado significativamente, duplicándose entre 2000 y 2005. En cambio, nuestras exportaciones chilenas siguen muy concentradas en materias primas. Es interesante abrirnos al comercio internacional a través de estos acuerdos, porque nos permiten salir con nuestra producción, mejorar las posibilidades de trabajo y, sobre todo, mantener el crecimiento sostenido que tanto necesitamos. Pero también es importante avanzar en tratados que involucren arte, cultura y servicios espirituales. India es uno de los países más interesantes en ese sentido, con gran variedad de movimientos que cuidan la energía interna del ser humano, amén de su cultura milenaria. El reencuentro entre oriente y occidente es muy especial e importante en el siglo 21. Visité la India en 2003, invitada por Brahma Kumaris, junto a ochenta personas de diferentes áreas del conocimiento y de distintos países con motivo del encuentro mundial de comunicaciones. Entre los invitados estaban Humberto Maturana y Daddy Yankee. En esa oportunidad tratamos de acercar más las fronteras que nos separan, para lograr un desarrollo integral que comprenda no sólo la dimensión económica que hemos discutido esta mañana, sino la dimensión humana, cultural y social, que nos permita construir un mundo más justo que necesitamos urgentemente. Un gran paso es el que estamos dando hoy, y deberemos observar que se cumplan todas las metas que equilibran la protección social de nuestros trabajadores y la profundización en la cadena de calidad de los servicios que se cruzan en el aprendizaje necesario que iniciamos entre nuestras culturas. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, el Acuerdo de Alcance Parcial suscrito con India persevera en la línea estratégica de inserción internacional equilibrada de Chile, que tiene como resultado los medios así lo señalan que nuestro comercio exterior crecerá 25 por ciento, liderando el de nuestra región. Y lo habremos logrado, porque hemos hecho este esfuerzo y porque a lo largo de los últimos 16 años se ha perseverado en una línea coherente de inserción equilibrada en el mundo. Este acuerdo con India nos abre un mercado nuevo, caracterizado por una clase media de grandes proporciones, equivalente a la población de Estados Unidos. También consolida nuestra presencia en esa región del mundo y nos permite ver con optimismo el objetivo de alcanzar un tratado de libre comercio con dicho país, en un plazo razonable. Felicito al Gobierno y a la Cancillería por este esfuerzo, por este logro, que se suma a los anteriores y a los que pronto serán conocidos por esta Sala. Asimismo, solicito al Gobierno que oriente fuertemente la política de promoción de esos acuerdos para que sean aprovechados al máximo por las pequeñas y medianas empresas y por las regiones, que están en condiciones y con posibilidades de explotar de mejor manera los beneficios que los tratados de libre comercio nos señalan. El Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo importante por difundir el conocimiento del inglés en nuestra población, por lo cual la crítica que se ha hecho en esta Sala no corresponde. Las estrategias de difusión y conocimiento de idiomas requieren desafíos de mediano y largo plazo y en ese sentido el Gobierno están haciendo lo que corresponde. Una vez más, felicito al Gobierno e invito a todos a colaborar para que las regiones también puedan gozar de los beneficios que acarreará este importante esfuerzo que ha hecho Chile por insertarse equilibradamente en el mundo. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, estamos en presencia de un acuerdo interesante. Tal vez, no tenga el mismo alcance que han tenido otros tratados que Chile ha suscrito con países de Asia. Por eso éste es un acuerdo de alcance parcial. Sin embargo, hay datos tremendamente relevantes, más allá de los señalados, en cuanto al intercambio propiamente tal. Quiero destacar que la economía india representa para Chile una gran oportunidad, ya que es un mercado de más de 1.100 millones de habitantes y porque las exportaciones chilenas a ese país han ido creciendo de manera sostenida. Hace siete años, éstas no superaban los 50 millones de dólares, pero a fines de 2005 llegan a 500 millones de dólares. Más relevante todavía resulta el hecho de observar la variedad de empresas, muchas de ellas de tamaño pequeño y mediano, que han buscado estos nichos de exportación y la diversificación de productos que exportan a dicho país. Eso nos hace pensar que el Acuerdo de Alcance Parcial con India pudiera reflejarse en el empleo y en otros temas relevantes de la economía. Por cierto, se trata de una economía que está dentro de las veinte más grandes del mundo, pero lo más seguro es que en pocos años más va a estar dentro de las diez más grandes. Estamos hablando de la mayor democracia del mundo, por la cantidad de habitantes y por su régimen político. Surgieron algunas dudas al interior de la Comisión de Relaciones Exteriores, las cuales han sido despejadas por el ministro subrogante don Alberto Von Klavere y don Carlos Furche, director general de Relaciones Económicas Internacionales. Fundamentalmente, en el ámbito de los textiles, se han tomado resguardos prudentes para no lamentar la internación de una cantidad de productos con aranceles desventajosos para la industria nacional. Se han establecido salvaguardias preferenciales para enfrentar ese punto. Además, todo esto es posible, porque Chile es parte de la Apec, lo que es tremendamente relevante. Por lo tanto, este acuerdo de alcance parcial es coherente con esa mirada de Chile de abrirnos a los países del Asia. También tenemos que estudiar la posibilidad de firmar posteriormente un tratado de libre comercio con India, si fuese necesario. En este caso, ya existió un estudio de prefactibilidad, que señala que Chile era el más interesado en que se pudiera realizar este tratado de libre comercio. Sin embargo, el proteccionismo de la India, su poca cultura de abrirse especialmente a los países de Sudamérica, permitió solamente llegar hasta este punto, que, insisto, es tremendamente positivo. Asimismo, debemos mirar lo que ocurre en Sudamérica. Comentaba recién con el presidente de la Comisión de Relaciones Jorge Tarud que la reunión de ayer del Presidente Lula con el Primer Ministro de la India es un tema muy relevante. Eso, sumado a la Cumbre de Mendoza, tan trascendental e histórica, en la que se hace un importante anuncio de un tren trasandino, con la presencia de la Presidenta Bachelet y el Presidente Kirchner, nos hacen pensar en la importancia de fortalecer nuestra relación sudamericana. Eso es vital para que Chile pueda cumplir a cabalidad su rol de país plataforma y que estos acuerdos de alcance parcial, como el que discutimos, tengan un impacto sustancial en la economía chilena, en la integración y en la economía sudamericana en general. Por estas razones y por lo señalado por el diputado Enrique Jaramillo y por la diputada Ximena Vidal, nuestra bancada está convencida de que éste es un gran proyecto, por lo que vamos a votarlo a favor. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el ministro subrogante de Relaciones Exteriores don Alberto Von Klavere. El señor VON KLAVERE (ministro subrogante de Relaciones Exteriores).- Señor Presidente, en nombre del Ejecutivo, agradezco sinceramente el respaldo prestado al acuerdo por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, a través de los informes presentados en esta sesión, así como las expresiones de apoyo que ha recibido de todas las bancadas que integran esta honorable Cámara. En verdad, creemos que ese apoyo se justifica, porque este acuerdo es trascendental desde el punto de vista de la política exterior chilena y nos permite iniciar una vinculación de carácter comercial más estrecha con una de las economías emergentes más importantes. Además, nos permite profundizar las relaciones no sólo en el campo económico, sino, como aquí se ha dicho, también en los campos político y de los intercambios personales. La India es un país de más de mil millones de habitantes; una democracia consolidada, la mayor democracia del mundo y, además, un país que ha experimentado un crecimiento muy acelerado durante los últimos seis años como consecuencia de un proceso de apertura gradual, pero de gran relevancia desde el punto de vista del sistema internacional, con una tasa media de crecimiento de 7,5 por ciento entre 2002 y 2006. Además, es un país que forma parte del grupo de economías emergentes más importantes, junto a Sudáfrica, la República Popular China y, dentro de América Latina, Brasil y México; que es candidato a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que se ha destacado también por el esfuerzo que ha puesto en la provisión de servicios en todo el mundo. Se trata de un mercado enorme, de una potencia manufacturera a nivel mundial, de un gran proveedor de servicios y de un país que tiene un sector tecnológico muy avanzado. En consecuencia, toda mayor vinculación con ese país es muy fundamental desde el punto de vista de Chile. Aquí ya se ha señalado el incremento que ha experimentado el comercio exterior entre Chile y la India, con una balanza ampliamente favorable para nuestro país. La cifra que tenemos para el primer semestre de este año indica un crecimiento espectacular de nuestras exportaciones a ese país. Es verdad que ese crecimiento se ha concentrado en nuestro principal producto de exportación, el cobre; pero también es cierto que otros productos están asumiendo un creciente interés en nuestro comercio con la India. Cito como ejemplos la celulosa, los tableros de madera, el salmón, la harina de pescado y otros productos de nuestra industria pesquera, y también de algunos productos del sector agropecuario, todavía muy pocos, pero esperamos que aumenten, y voy a explicar por qué, como carnes de ave, de cerdo y de bovino. Son todas posibilidades y oportunidades que se abren a los exportadores, a las empresas y a los trabajadores que laboran en ellas. Se ha señalado que la India es un país que recién se está abriendo a la economía mundial y, en consecuencia, que aplica una política comercial de carácter gradual. Por esa razón, nuestro país ha negociado un acuerdo de alcance parcial que no refleja toda su ambición en materia de política comercial. Queremos que este acuerdo sirva de base para avanzar hacia otro, de libre comercio con la India. En ese sentido, nos alegramos mucho de que un estudio de factibilidad realizado en el marco de las negociaciones de este Acuerdo de Alcance Parcial entregara una conclusión muy favorable para avanzar en una próxima etapa hacia un acuerdo de libre comercio, que esperamos tenga el mismo apoyo del Congreso Nacional. Se trata, entonces, de un acuerdo interesante e importante para Chile, que puede favorecer a un número creciente de nuestros exportadores. Les recuerdo que Chile exportaba sólo diecinueve productos a India en 1998. En 2005, ya exportaba 93 productos, por un total superior a 500 millones de dólares. El número de empresas exportadoras hacia India también se ha ampliado. Hemos pasado de 32 empresas en 1998 a 96 en el 2006, entre las cuales figuran algunas pequeñas y medianas. Entonces, se trata de un acuerdo claramente favorable para nuestro sector exportador. En cuanto a las importaciones, hemos sido muy cuidadosos en la negociación. Existen los instrumentos de defensa comercial generales que están disponibles para nosotros en el marco de la OMC, como cláusulas de salvaguardia, medidas antidumping, etcétera. Además, tuvimos especial cuidado en incluir medidas de salvaguardia preferenciales para hacer frente a cualquier incremento súbito de las importaciones procedentes de ese país que pudieran causar daño a un sector sensible de nuestra industria. También hemos contado con el apoyo del sector privado, que ha estado involucrado en esta negociación y que la ha apoyado de manera muy entusiasta. En suma, se trata de un acuerdo muy interesante, que abre nuevas perspectivas para Chile, que forma parte de nuestra estrategia de inserción en el AsiaPacífico, el área que crece con mayor dinamismo en la economía mundial, y que vemos como un primer paso hacia un acuerdo más ambicioso en un futuro, que esperamos sea muy próximo. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor LEAL (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India y sus anexos, suscrito en Nueva Delhi, India, el 8 de marzo de 2006. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. Se abstuvo la diputada señora Sepúlveda Orbenes Alejandra. RESERVA DE CABOTAJE EN PUERTO DE ARICA. Primer trámite constitucional. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que elimina beneficio que indica para naves de transporte marítimo en el puerto de Arica. Diputado informante de la Comisión Especial sobre zonas extremas es el señor Iván Paredes. Antecedentes: Moción, boletín Nº 442403, sesión 65ª, en 17 de agosto de 2006. Documentos de la Cuenta N° 3. Informe de la Comisión de Zonas Extremas. Documentos de la Cuenta N° 3, de esta sesión. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor PAREDES.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión Especial destinada a estudiar el cumplimiento y resultado de las distintas medidas legales y/o administrativas que se aplican en favor de las zonas extremas del país, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia, originado en moción de los diputados Paredes y Espinoza, que elimina beneficio que indica para naves de transporte marítimo en el puerto de Arica. Durante el estudio de este proyecto, la Comisión contó con la participación de los señores Fernando Abarca, asesor del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, y Pablo Ortiz, jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Transportes. Constancias reglamentarias previas. Para los efectos de lo establecido en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar expresamente: 1) Que el artículo único de esta iniciativa no contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado; 2) Que, de acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, el texto del proyecto de ley aprobado por la Comisión no amerita ser conocido por la Comisión de Hacienda; 3) Que, en virtud del artículo 15 del Reglamento, se introdujeron en el proyecto de ley algunas correcciones formales, que no es del caso detallar; 4)Que el proyecto de ley ha sido aprobado, en general y en particular, por unanimidad, con el voto favorable de los diputados señores Alinco, Alvarado, de la diputada Goic, doña Carolina, y del diputado Paredes, y 5) Que por acuerdo unánime de los miembros de la Comisión, se me designó diputado informante del proyecto. Incidencia en la legislación vigente La ley 19.420, que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota y modifica cuerpos legales que indica, dispone en su artículo 34 que lo dispuesto en el artículo 3° del decreto ley N° 3.059, de 1979, no será aplicable en el caso de cargas que provengan o tengan por destino los puertos de la provincia de Arica. El decreto ley N° 3.059, de 1979, establece, en su artículo 3°, que el cabotaje queda reservado a las naves chilenas. Dispone que se entiende por tal el transporte marítimo, fluvial o lacustre de pasajeros y de carga entre puntos del territorio nacional, y entre éstos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva. Agrega que las naves mercantes extranjeras pueden participar en el cabotaje cuando se trate de volúmenes de carga superiores a 900 toneladas, previa licitación pública efectuada por el usuario, convocada con la debida anticipación. En cuanto a las razones de mantener la reserva del cabotaje, hay que decir: Primero, que satisface una necesidad imprescindible para el desarrollo del país, desde el punto de vista geográfico, económico y de seguridad; Segundo, las naves y dotaciones de la Marina Mercante Nacional forman parte de la reserva naval de la República. Las naves que estarán siempre e inmediatamente disponibles son las que se destinan al cabotaje. Cabe señalar, además, que las naves de bandera nacional dedicadas al comercio exterior son pocas, por lo que la reserva descansa principalmente en las dedicadas al cabotaje; Tercero, cuando la fragilidad del sistema terrestre se ve interrumpido por temporales y otros desastres naturales que frecuentemente cortan puentes y parte de la carretera Panamericana, las autoridades recurren al cabotaje para solucionar los problemas de aislamiento y transporte del país; Cuarto, empleo directo e indirecto a más de veinte mil personas a bordo, administración, mantenimiento, construcción naval, servicios, escuelas de formación y centros de entrenamiento de dotaciones nacionales, etc; Quinto, knowhow que se adquiere a bordo es de vital importancia para la administración de los negocios marítimos, agenciamiento de naves, practicaje y pilotaje, negocios portuarios, etc; Sexto, respeto al principio de reciprocidad consagrado en la ley chilena; Séptimo, disposición de cierta capacidad propia de transporte para las necesidades del país, en caso de crisis externa que afecte o disminuya la oferta de transporte marítimo internacional, y Octavo, respeto a la directiva que, en este sentido, Chile ha pactado en numerosos tratados internacionales. Respecto de las ideas fundamentales o matrices, la iniciativa legal tiene por finalidad establecer que, en el puerto de Arica, al igual que en el resto de los puertos del país, el cabotaje quede reservado a las naves chilenas. En cuanto a los objetivos del proyecto, los autores de la moción explicaron que es un hecho que se presume conocido por todos los beneficios introducidos por la ley N° 19.420, ya que su artículo 34, relativo al transporte marítimo, establece una excepción a la reserva de cabotaje, lo que ha ido en detrimento del transporte terrestre. De esta manera, las naves extranjeras que tengan por destino el puerto de Arica pueden transportar cargas, incluso, inferiores a 900 toneladas. Lo anterior claramente vulnera el principio de igualdad que debe existir en el trato económico de las diferentes actividades, lo que hace necesario la urgente revisión de los beneficios concedidos en la ley antes aludida y que sirven de base al presente proyecto de ley. En efecto, la referida normativa especial estableció una excepción a la reserva de cabotaje al disponer la no aplicabilidad de ésta si el puerto de embarque o destino era el puerto de Arica. Lo anterior ha significado que naves extranjeras han participado del cabotaje entre puertos nacionales, incluso en un tonelaje inferior a 900 toneladas, omitiendo el requisito de la licitación previa. La reserva de cabotaje a las naves nacionales constituye un concepto doctrinario muy arraigado en la gran mayoría de las legislaciones de los países marítimos. Idéntico principio consagra el inciso primero del artículo 3° del decreto ley N° 3.059, de 1979, ley de fomento de la marina mercante. Como explica el profesor García, “El cabotaje es el transporte marítimo, fluvial o lacustre de pasajeros y de carga entre puntos del territorio nacional, y entre éstos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva”. Como consecuencia de los razonamientos precedentes, la vigencia de la excepción a la reserva de cabotaje ha significado, en la práctica, consecuencias desfavorables para el transporte terrestre que no estaban en la intención del legislador de la ley N° 19.420, por lo que no se advierten razones para mantener su régimen excepcional, siendo necesaria su derogación. El proyecto de ley consta de un artículo único que deroga el artículo 34 de la ley N° 19.420, que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota y modifica cuerpos legales que indica. Durante la discusión en general y votación del proyecto se conoció la opinión del señor Pablo Ortiz, jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de la Subsecretaria de Transportes quien, en lo sustancial, expresó lo siguiente: La ley Arica estableció un régimen de excepción con respecto al régimen general, que dispone una reserva para el régimen marítimo de carga para el cabotaje, es decir, el transporte marítimo que se realiza entre distintos puertos del territorio de la República. Este régimen general está reconocido en la ley de Fomento de la Marina Mercante. La ley Arica estableció una norma especial respecto de aquellas cargas que tenían como origen o destino el puerto de Arica. Esta norma apuntaba a generar un flete más barato, permitiendo que no sólo accedieran al transporte de carga naves chilenas, sino también naves extranjeras. Sin embargo, esta es una situación excepcional que rompe el esquema del cabotaje. En el mundo, por regla general, en el transporte marítimo, el cabotaje está reservado para las marinas mercantes nacionales. En general, en las negociaciones que se llevan a cabo en el marco de la Organización Mundial de Comercio, dentro del listado de compromisos, el tema de la apertura del cabotaje es fundamental. En la última propuesta de Chile a la Organización Mundial de Comercio se omitió este compromiso, toda vez que liberalizar el cabotaje implicaría una modificación de la ley, lo que no permite un compromiso en el corto plazo. Por otra parte, las naves que antiguamente realizaban transporte de comercio exterior a través del puerto de Arica, ahora lo hacen a través del puerto de El Callao, en Perú. Actualmente, la nave “Colca”, perteneciente a una empresa croata, con bandera de conveniencia de Antigua y Barbuda, realiza transporte de carga entre los puertos de El Callao, Arica e Iquique, una vez a la semana. Adicionalmente, la nave chilena “Huasco” efectúa cabotaje en la zona. El régimen general en Chile es el del cabotaje reservado para naves nacionales y, en el concierto mundial, la mayoría de los países reservan el cabotaje para naves nacionales. En el entendido de que esta iniciativa otorgaría consistencia y coherencia a la legislación, en particular, en lo que dice relación con la ley de Fomento a la Marina Mercante, toda vez que su artículo 1º establece que es deber del Estado fomentar la marina mercante nacional, la opinión del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es favorable al proyecto de ley en estudio. En mi calidad de autor de la iniciativa, quiero señalar que el decreto ley Nº 3.059, de 1979, regula el cabotaje en todos los puertos de Chile y determina la forma en que buques extranjeros pueden sacar carga de esos puertos en desmedro de los buques chilenos. Se establece que la carga que pueden sacar los buques extranjeros debe ser superior a 900 toneladas, que el dueño de la carga la licite con 30 días de anticipación y que no existan buques chilenos que estén en condiciones de transportarla. Esta norma rige para todos los puertos chilenos, con excepción de Arica. Ello, en razón de que, en el artículo 34 de la ley Arica, se estableció como un beneficio para la zona. En efecto, se consideró que esta ley iba a permitir la instalación de múltiples industrias, para las cuales esta excepción constituiría un incentivo para el transporte de sus productos. Sin embargo, ello no aconteció, ya que no se instalaron las industrias que se esperaba. En la actualidad, el puerto de Arica está a disposición de un barco extranjero que, incluso, puede transportar contenedores vacíos sin ninguna limitación. Uno de los planteamientos del pliego de peticiones de los transportistas que recientemente estuvieron en paro en Arica era derogar el artículo 34 de la ley Arica, de manera de analogar su puerto al resto de los puertos de Chile. En mi concepto, actualmente esta norma está perjudicando la actividad del transporte y, por consiguiente, generando cesantía en la zona. Aseveró que esta propuesta ha sido concordada también con los senadores de la región. Finalmente, el proyecto de ley presentado consta de un artículo único que tiene como único objeto derogar el artículo 34 de la ley Nº 19.420. De esta manera, el puerto de Arica quedará sometido a las mismas condiciones en las que están todos los puertos de Chile. Durante el debate que se produjo en el seno de la Comisión respecto de esta iniciativa, hubo consenso en el hecho de que la moción contiene una norma que permite igualar el puerto de Arica al sistema general de reserva de cabotaje para el resto de los puertos de Chile. Sin embargo, se manifestaron algunas aprensiones respecto de la señal que podría significar para las empresas extranjeras que iniciaron sus operaciones con cierta normativa y, luego, se modifican las disposiciones legales, en su perjuicio. Se referían a la actual administración del puerto de Arica. Asimismo, se consideró que no existe certeza respecto de que el hecho de impedir el cabotaje por parte de naves extranjeras se traduzca, necesariamente, en un beneficio para los transportistas terrestres nacionales. Por estos motivos, se requirieron mayores antecedentes al señor Pablo Ortiz respecto de los efectos prácticos que generaría la derogación de esta norma, quien los proporcionó por escrito mediante la minuta que a continuación se reseña. Minuta sobre procedimiento aplicable a las autorizaciones de cabotaje en naves extranjeras. Autorización de naves extranjeras para hacer cabotajes. Pese a que la regla general es que el transporte de cabotaje transporte entre dos puntos del territorio de la República está reservado a naves nacionales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6º del decreto ley Nº 3.059, ley de Fomento a la Marina Mercante, es posible que se reputen como chilenas las naves extranjeras fletadas y operadas por las empresas navieras chilenas hasta en un 50 por ciento de sus tonelajes propios, siempre que así lo soliciten y se acredite que no existe disponibilidad de naves. Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11, inciso segundo, del decreto supremo Nº 237, que reglamenta el decreto ley Nº 3.059, se entenderá que no existe nave disponible en caso de que la espera de la nave chilena o reputada como tal, produjere atrasos en el embarque de las cargas superiores a ocho días y, tratándose de productos perecibles o de pronto deterioro o corrupción, no superior a tres días corridos. Ahora bien, en la práctica, el procedimiento consiste en que una naviera nacional solicita al Ministerio de Transportes la autorización para la realización de un tráfico de cabotaje durante un período de tiempo determinado. Dicha solicitud amerita una consulta de disponibilidad a las demás navieras nacionales que, en el evento de ser respondida en forma negativa y ajustándose a los términos del límite del 50 por ciento del tonelaje propio, dará lugar a la respectiva reputación que, posteriormente, será comunicada por el Ministerio de Transportes a la autoridad marítima vía fax. Cabe consignar que este trámite dura aproximadamente tres días. Es necesario tener presente que este procedimiento se aplica a los embarques de carga iguales o inferiores a 900 toneladas métricas de peso. Respecto de embarques que excedan dicho volumen, las naves mercantes extranjeras podrán participar en el cabotaje, previa licitación pública efectuada por el usuario, convocada con la debida anticipación. Régimen de excepción de la ley Arica. Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 19.420, las naves extranjeras no tienen obligación de solicitar la autorización exigida en virtud del decreto ley N° 3.059. Consecuencia de la eventual derogación del artículo 34. La derogación del citado artículo traería como consecuencia que para utilizar una nave extranjera sea necesario solicitar, previamente, la reputación de esa nave como de bandera nacional, naturalmente, previa acreditación de no existir nave de bandera nacional y ajustándose al límite del 50 por ciento del tonelaje propio de la naviera chilena solicitante. En otros términos, la derogación del mencionado artículo no impedirá la contratación de una nave extranjera, aún cuando es necesario reiterar que se deberá cumplir con el procedimiento antes descrito. Puesto en votación general el proyecto, la Comisión lo aprobó por unanimidad, con el voto favorable de los diputados señores Alinco, Alvarado, Goic y Paredes. En particular, el artículo único deroga el artículo 34 de la ley N° 19.420, que permite el cabotaje de naves extranjeras en el puerto de Arica. Sometido a votación el artículo único, fue aprobado por unanimidad, con el voto favorable de los diputados señores Alinco, Alvarado, Goic y Paredes. Texto del proyecto aprobado por la Comisión. En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión recomienda a la Sala la aprobación del siguiente proyecto de ley: “Artículo único.- Derógase el artículo 34 de la ley N° 19.420.” Lo expuesto fue acordado en sesiones de fechas 23 de agosto, 6 y 12 de septiembre de 2006, con la asistencia de los diputados señores Claudio Alvarado Andrade, Presidente; René Alinco Bustos, Rodrigo Álvarez Zenteno, Pablo Galilea Carrillo, señora Carolina Goic Boerevic, señores Iván Paredes Fierro, Manuel Rojas Molina, Fulvio Rossi Ciocca y señora Ximena Valcarce Becerra. Asistieron, además, la diputada señora Marta Isasi Barbieri y el diputado señor Carlos Recondo Lavandero. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, en la Comisión Especial de Zonas Extremas, de la que soy presidente, este proyecto fue planteado como una forma de reactivar el transporte terrestre de carga entre las principales ciudades del norte. Cabe recordar que la reserva del cabotaje marítimo es la regla general aplicada al país desde siempre, y que, cuando se discutió la ley Arica, se introdujo una excepción a dicha regla, con la finalidad de dar impulso a la oferta en el transporte de carga hacia y desde Arica, porque se pensaba que era una medida que complementaba las franquicias aduaneras y tributarias que tienen las empresas que se establecen y producen en esa zona, en consecuencia de las leyes de excepción que este Congreso aprobó en su oportunidad. Cuando se analizó esta excepción, surgió una serie de opiniones en contra, en el sentido de que consta en la historia fidedigna de cada una de estas leyes esta apertura de cabotaje a naves extranjeras atentaba contra los principios básicos establecidos en la ley de fomento a la Marina Mercante: el principio de igualdad, al producir una discriminación frente a los demás medios de transporte, y el principio de reciprocidad. Además, se dijo que esta norma específica de la ley Arica alteraba el sistema de reserva de carga nacional, afectando a establecimientos de servicios regulares. En todo este ámbito de discusión, donde hubo argumentos legítimos, predominó siempre la idea de que la excepción iba a tener como beneficio abaratar costos, aumentar la oferta y una mayor competencia en el transporte para hacer más rentables las actividades económicas productivas que se desarrollaban en Arica. Pero, transcurrido un número importante de años desde la aplicación de esta norma que se introdujo por la vía de excepción a la ley de fomento a la Marina Mercante, los resultados prácticos han demostrado que no ha tenido un impulso real o un efecto especial importante en el desarrollo de actividades económicas. En cambio, claramente ha causado un perjuicio al transporte terrestre, que han visto en esta norma un peligro para el desarrollo normal de sus actividades, que de una u otra manera los deja sin carga. Por consiguiente, pierden los ingresos por flete, con lo que se genera un bolsón importante de cesantía en la economía local. Como una manera de resolver mejor este problema, apareció este proyecto, que retrotrae las cosas a su modelo original; es decir, reserva el cabotaje para las naves de bandera nacional. Esto significa que si no existen naves nacionales que puedan realizar el cabotaje en la zona norte del país, por la vía de la excepción, buques con bandera extranjera lo pueden desarrollar. Desde esa perspectiva, nos parece que el proyecto no altera ninguna condición especial y, por el contrario, puede contribuir a desarrollar la actividad económica por quienes se dedican al transporte terrestre. Desde esa perspectiva ha sido discutido y analizado el proyecto, el cual ha contado con nuestra aprobación. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Valcarce. La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente, hoy nadie desconoce la difícil situación económica que atraviesan las provincias de Arica y Parinacota, con una cesantía sobre los dos dígitos que ha durado más de una década. Esta Cámara ha sido generosa en aprobar proyectos, como las leyes Arica 1 y 2 y la que crea la región de Arica y Parinacota, las cuales, aun cuando reflejan un gran esfuerzo, no han sido suficientes para superarnos y desarrollarnos al nivel que queremos y enmendar estas cifras negativas que abarcan tantos sectores que no han podido despegar y fortalecerse para lograr su consolidación económica. Uno de esos sectores es específicamente el gremio del transporte, los camioneros, quienes, al formar parte de una región en cierta forma especial, como es la región de Tarapacá, han sido discriminados por distintas disposiciones, como la de las patentes rojas, situación que, aunque fue superada, los sometió a intensos controles cada vez que salían de la región. Incluso, muchas veces fueron calificados de traficantes por el solo hecho de llevar este tipo de patentes. Tal situación también la sufrieron los vehículos particulares. Pero, como dije, el problema se ha ido superando. El mismo hecho de provenir de la Región de Tarapacá y tener camiones adquiridos por medio del régimen de zona franca, sólo les permite tener un pasavante de tres meses para abandonar la zona y dejar cargas libremente en cualquier parte del país, o bien trabajar en las mismas condiciones que el resto de los camioneros. Por eso, esto no es posible por provenir de Tarapacá. Además, vivir en esa región permite que la compra de camiones sea más barata que en el resto del país, por lo cual, dados los altos índices de cesantía y las escasas oportunidades para encontrar trabajo, muchos ariqueños han visto en este rubro una nueva perspectiva u opción laboral para sacar a sus familias de una difícil situación. Hoy, en la zona se genera poca carga, y si se descuentan productos tan importantes como el tomate o el pimiento, casi no queda nada para trasladar al resto del país. A esto se debe agregar que los camiones de la zona central, que van a Arica con productos tales como frutas y verduras, al retornar a sus lugares de origen transportan productos de esa ciudad, dejando poco espacio para los camioneros de la región. Una situación similar se presenta con los camioneros de Bolivia, los cuales, además, gozan de una norma de reserva de carga, según la cual pueden trasladar productos provenientes de ultramar hacia nuestro país o desde éste hacia terceras naciones, cosa que no pueden hacer los camioneros chilenos. No obstante lo anterior, se presenta el problema respecto del libre cabotaje que realizan las naves con bandera extranjera, que traen y llevan carga desde el puerto de Arica hacia el resto del país, específicamente hacia Iquique. Este cabotaje es un beneficio como dijo el diputado Alvarado otorgado a la ciudad de Arica, específicamente, a través de las leyes Arica 1 y 2, las cuales se orientaron, con su sentido y su espíritu, a rescatar al puerto nortino de la pésima situación en que se encontraba mediante una serie de incentivos, particularmente en el ámbito del transporte terrestre de carga y, como dije, del cabotaje marítimo, cosa que, finalmente, no sucedió. Como consecuencia, los camioneros que se encuentran en una situación extremadamente grave llamaron a un paro de actividades y presentaron sus condiciones para enfrentar las distintas situaciones que los perjudican y dejan en desmedro respecto del resto del rubro del país. Comparto la opinión de que esto no ha tenido los resultados esperados. Por el contrario, perjudica a un gremio que tiene esperanzas y todas las posibilidades de salir adelante. Sin embargo, para aclarar la situación, quiero dar a conocer las malas intenciones de algunos sectores que, interpretando mis actos o mis dudas de manera errónea, pretenden ponerme mal ante la opinión pública y desmejorar mi imagen, diciendo que yo estaba en contra de los cesantes ariqueños y del gremio de los camioneros, cuestión que fue revertida gracias a la positiva visión de algunos personeros de Arica. Incluso, no me dejaron participar en la mesa de trabajo previa a esta conclusión que hoy se debate en esta Cámara. Pero no puedo dejar de agradecer la caballerosidad de transportistas, como los señores Javier Mancilla y Luis Carlos Focacci, y los deseos del gobernador de Arica, señor Álvaro Palma, y de la intendenta de la Región de Tarapacá, señora Patricia Pérez, de trabajar con todos los sectores. Los hechos se han aclarado. Hoy, puedo decir que estoy muy consciente de lo que sucede en mi tierra, porque vivo ahí y comparto con ellos. Por eso, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, cuyo artículo único deroga el decreto 34 de la ley N° 19.420, que permite el cabotaje de naves extranjeras en el puerto de Arica. Ello, en favor de mejorar la grave situación que afecta a los camioneros de la ciudad y de muchos habitantes de Iquique. En reiteradas ocasiones he dicho que los problemas que afectan a las provincias de Arica y Parinacota no tienen color político, pero sí solución de unidad. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, no pertenezco a la Comisión Especial que analizó el proyecto. Sin embargo, no puedo dejar de asombrarme este proyecto, en que un gremio logra una ventaja a costa de otro gremio a través de la ley, razón por la cual lo votaré en contra. O sea, con este proyecto se pretende impedir el cabotaje libre de naves extranjeras entre Arica y otros puertos del país para permitir a los camioneros tener más acceso a carga. Éste es el típico problema de competencia entre dos sectores de la producción de servicios, en este caso de fletes, en que, obviamente, quien debe ganar es quien ofrece el mejor servicio al precio más conveniente, y no quien obtiene una ley que le impida funcionar al otro gremio. Es lo que he podido percibir del proyecto, de manera que no sólo lo rechazo, sino que me parece que, como precedente, da una señal de que en este país es más fácil lograr ventajas por medio de una ley que me dé ciertas prebendas, que a través de otorgar un mejor servicio a un precio más conveniente, que es como creo que un sector debe “ganarle” a otro. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes. El señor PAREDES.- Señor Presidente, lamento profundamente las palabras del diputado Dittborn, porque este proyecto, aparte de crear un consenso muy amplio tanto en la Comisión como creo que también debiera darse en la Sala, cuenta con el apoyo del senador Orpis. Y le recuerdo al señor Dittborn que él, alguna vez, fue candidato a senador por la Primera Región. Me parece lamentable el desconocimiento que tiene el diputado de la realidad de la Primera Región cuando con una argumentación pretende situar esto en una mera y simple competencia por disputa de carga. Aquí se está beneficiando a barcos extranjeros en desmedro de los buques nacionales. Se trata de una situación que, obviamente, el señor Dittborn desconoce. Se ha dicho claramente que ésta fue una norma que se estableció en un minuto dado para beneficiar a empresas que se instalaran en Arica y generaran empleo en la zona, no para dar utilidades a empresas extranjeras, lo que hoy los está perjudicando. Hecha la reflexión, invito a los colegas a apoyar decididamente este proyecto. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor LEAL (Presidente).- En votación general el proyecto que elimina beneficio que indica para naves de transporte marítimo en el puerto de Arica. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. Se abstuvo el diputado señor Lobos Krause Juan. El señor LEAL (Presidente).- Señores diputados, se ha presentado una indicación que es, más bien, de técnica legislativa. ¿Habría acuerdo de la Sala para omitir el segundo informe y votarla de inmediato? Acordado. El señor Secretario va a dar lectura a la indicación. El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación es del diputado señor Burgos, para sustituir el artículo único del proyecto por el siguiente: “Deróganse los artículos 34 de la ley N° 19.420 y 2° de la ley N° 19.478.” El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, no participé en la discusión, pero en la página 3 del informe se señala que “El artículo 2° de la ley N° 19.478 que propongo derogar, publicada en el Diario Oficial de 24 de octubre de 1996, declaró, interpretando el real sentido y alcance del artículo 34 de la ley N° 19.420, que el cabotaje a que se refiere esta disposición es exclusivamente el realizado por naves de marinas mercantes extranjeras”. En consecuencia, la indicación propone derogar tanto el artículo 34 de la ley N° 19.420, como el artículo 2° de la ley N° 19.478, que interpretó el artículo anterior. Debemos derogar el artículo original y el que lo interpretó, porque, de lo contrario, en nuestra legislación quedará dando vuelta un precepto sin sentido. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, ¿se podría leer el artículo que propone derogar la indicación del diputado Burgos? El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Burgos. El señor BURGOS.- No tengo la ley mencionada a la vista. Mi indicación es sólo en función de lo que leí en el informe. Reitero que el artículo 2° de la ley N° 19.478 el que pretendemos derogar. Lo lógico es que deroguemos ambas disposiciones. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, mi duda es si esa norma interpretó varias cosas; no sé si en ese punto se refiere a otras materias. Por eso, pedimos que se lea el artículo 2° de la ley N° 19.578 para ver si sólo interpreta esa norma. Si así ocurre, no tendríamos inconveniente en derogarla de inmediato; pero si incluye otras cosas, no podríamos hacerlo. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, si no tenemos claridad respecto de la indicación, lo lógico es que no la votemos ahora. El señor LEAL (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al artículo 2° de la ley N° 19.478. El señor LOYOLA (Secretario).- El artículo 2° de la ley N° 19.478 señala: “Declárase, interpretando el real sentido y alcance del artículo 34 de la ley N° 19.420, que el cabotaje a que se refiere dicha disposición es exclusivamente el realizado por naves de marinas mercantes extranjeras” El señor LEAL (Presidente).- Enconsecuencia, el artículo 20 de la ley N° 19.478 sólo interpreta el artículo que se pretende derogar. En votación la indicación del diputado señor Burgos. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobada la indicación. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. Se abstuvo el diputado señor: Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Lobos Krause Juan; Turres Figueroa Marisol. El señor LEAL (Presidente).- Despachado en general y en particular el proyecto. SALUDO A EMBAJADOR DE PERÚ. El señor LEAL (Presidente).- Se encuentra presente en la tribuna de honor el embajador de Perú en Chile, don José Antonio Meyer Espinoza, amigo de muchos diputados que hemos participado en el grupo parlamentario chileno-peruano. El señor embajador ha cumplido cuatro años de misión en Chile, con grandes resultados. En este período, Chile ha triplicado su comercio con Perú. Lo saludamos y le agradecemos su presencia en esta Corporación y el trabajo que realizó por fortalecer las relaciones entre Perú y Chile. Aplausos. VII. PROYECTOS DE ACUERDO PAGO EN EUROPA DE BECAS “PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 154, de las diputadas señoras Allende, doña Isabel; Pascal, doña Denise; Pacheco, doña Clemira; y de los diputados señores Forni, Meza, Insunza, Galilea, Díaz, don Marcelo; Espinosa, don Marcos, y Monckeberg, don Cristián. “Considerando: Que, dentro de las políticas en materia de educación, la Beca Presidente de la República es una ayuda mensual dividida en diez cuotas mensuales (de marzo a diciembre) entregada a los alumnos de Educación Media y Superior, que acrediten una condición económica deficitaria y un buen rendimiento académico. Que, actualmente, esta beca la administra la Secretaria Ejecutiva del Programa Beca Presidente de la República, dependiente del Ministerio del Interior. Su postulación se encuentra desconcentrada a través de las municipalidades, las gobernaciones y la Intendencia, las que funcionan a través de la red de intranet del Ministerio del Interior. Que, últimamente, se ha producido un problema en relación con los beneficiarios de la Beca Presidente de la República que cursan estudios en el extranjero, específicamente en Europa, por cuanto la inestabilidad y el bajo precio experimentados por el dólar como divisa cambiaria ha perjudicado a dichos beneficiarios, dejándolos con un poder adquisitivo menor al que se pretende entregar por medio de dicha beca. Que, en consecuencia, cabe dar una solución práctica y efectiva a la situación de los becarios de Europa, mediante la modificación de la divisa a través de la cual se entrega el beneficio económico de la beca, esto es, cambiando el pago de dólares en euros, en razón a que, comparativamente, el euro es una divisa de mayor estabilidad y con mayor poder adquisitivo. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de sus facultades, adopte las medidas administrativas necesarias para modificar la divisa, establecida para el pago de la Beca Presidente de la República, respecto de aquellos beneficiarios que cursen estudios en Europa, estableciendo como divisa el euro.” El señor LEAL (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, mientras me encontraba en España, hace un par de meses, fui abordada por una pareja de jóvenes a quienes nunca había visto. Se acercaron y se identificaron. Me contaron que eran beneficiarios de la beca Presidente de la República y me solicitaron que nosotros, como parlamentarios, comprendiéramos la dificilísima situación por la que atraviesan, debido a que dicha beca se les paga en dólares, en circunstancias de que, como bien sabemos, la unidad monetaria de Europa es el euro, lo que les ha significado perder casi el 30 por ciento de su poder adquisitivo. Entonces, a pesar de no conocerlos repito, me comprometí a plantear su problema en esta Sala. Ésa es la razón por la cual hemos presentado este proyecto de acuerdo para solicitarle espero que sea aprobado por unanimidad al Gobierno que tome las medidas necesarias para que, de aquí en adelante, la beca Presidente de la República y otras que se pagan en dólares para estudiar en Europa les sean pagadas en euros, de manera de no perjudicar a esos jóvenes estudiantes que tienen méritos, pero que les resulta muy difícil sobrevivir dado el alza que ha experimentado el costo de la vida en el viejo continente. Además, quiero señalar lo importante que es para nosotros, como país, tener el mayor número de becarios posible, por lo que espero que este beneficio se siga entregando a más jóvenes. Esta mañana, cuando tratamos el Acuerdo de Alcance Parcial con India, pudimos apreciar la importancia que ha tenido para ese país enviar a sus jóvenes a estudiar al extranjero. Señalé la gran inversión que ha hecho ese país en esta materia; los numerosos jóvenes que ha enviado a Estados Unidos y a otros países a realizar doctorados y cómo han retribuido a su país el esfuerzo realizado. Lo mismo esperamos para los jóvenes estudiantes chilenos; queremos que realicen estudios de posgrado y que reciban esa formación para que, posteriormente, puedan aportar al desarrollo del país. Pero es nuestra la responsabilidad y del Gobierno, que otorga la beca Presidente de la República, facilitarles la vida mientras realizan sus estudios de posgrado, para lo cual hay que hacer algo muy simple: posibilitar que a los becarios que estudian en Europa se les pague en euros y no en dólares, para que no sigan perdiendo poder adquisitivo, el que ya se ha deteriorado en 30 por ciento a consecuencia de la devaluación sufrida por el dólar. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Darío Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, después de escuchar la intervención de la diputada Isabel Allende, me parece necesario aclarar que lo relevante no es en qué moneda se expresa la beca, sino cuál es su monto. Desde luego, los becarios que estudian en Europa verían facilitadas las cosas si la beca se les pagara en euros, pero la solución del problema de fondo la diputada decía que el aporte que reciben ha perdido un tercio de su capacidad adquisitiva pasa por el monto de la beca, no por la moneda en que se paga. Si fuera en euros, lo único que ahorrarían sería el cambio de las divisas. De manera que considero que debiéramos abordar directamente ese problema. Al final, la beca se expresa en pesos chilenos, que deben convertirse en dólares, en euros o en yens. Por lo tanto, lo que debemos abordar es el monto de pesos destinados a la beca. Desde luego, apoyo la inquietud planteada sobre esta materia, pero considero que hay que ir al fondo del asunto. He dicho. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, quiero aclarar que la beca tiene un monto determinado, pero se calculó en dólares, y todos sabemos que en Europa el dólar está mucho más bajo e inestable que el euro. No estamos discutiendo el monto de la beca, sino solicitando que en caso de ser becarios en Europa se les entregue la cantidad en euros, para que no se vean perjudicados con el cambio de moneda. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Está claro el sentido de la propuesta de los diputados firmantes del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Se agregarán los votos de los diputados Chahuán, Álvarez, Rodrigo; Sule y Espinoza. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa Wevar Carlos Abel; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. Se abstuvo la diputada señora Herrera Silva Amelia. INCORPORACIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA COMO ASIGNATURA OBLIGATORIA EN CURSOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 157, de las señoras Herrera, doña Amelia, e Isasi, doña Marta, y de los señores Verdugo, Becker, Galilea, Bertolino, Vargas, Sepúlveda, don Roberto; Delmastro y García, don René. “Considerando: Que los jóvenes deben ser preocupación prioritaria y relevante de todos los entes del Estado. Que la ley N° 18.962, orgánica constitucional, de Enseñanza, en diversas normas señala que la Educación, tanto Básica como Media, debe entregar a los educandos conocimientos que los capaciten para participar en la comunidad como ciudadanos responsables. Entre ellas, se puede citar: El artículo 2°, que indica: La educación es el proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas, enmarcados en nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad. El artículo 10, que dispone: La enseñanza básica tendrá como objetivos generales lograr que los educandos, al egresar, sean capaces de: c) Desempeñarse en su vida de manera responsable mediante una adecuada formación espiritual moral y cívica, de acuerdo con los valores propios de nuestra cultura. d) Participar en la vida de la comunidad, consciente de sus deberes y derechos, y prepararse para ser ciudadano. Que, según lo señalado en estas disposiciones legales, el proceso educativo debe comprender la entrega a los estudiantes de los conocimientos que les permitan incorporarse a la vida cívica, con plena noción de sus derechos y deberes ciudadanos. Esto, de especial relevancia en la actualidad, en que se advierte una gran apatía de los jóvenes en integrarse a los distintos procesos participativos ciudadanos, como también la creciente penetración en ellos de doctrinas racistas y sectarias. Que, actualmente, sólo se imparte Educación Cívica a los alumnos de tercer año de Educación Media, lo que, obviamente, es insuficiente para adquirir los conocimientos cívicos ciudadanos. Que, para lograr dicho propósito, es indispensable la implementación de políticas de educación que incluyan obligatoriamente el ramo de Educación Cívica desde el ciclo de Educación Básica. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a la ministra de Educación que en los programas de educación vigentes para Octavo Básico, Tercero y Cuarto Medio se contemple la obligatoriedad de impartir la asignatura de Educación Cívica, que considere especialmente el estudio de las instituciones políticas y de la cultura cívica, al objeto de que los jóvenes tengan un real conocimiento del funcionamiento de los poderes públicos, de sus derechos y deberes ciudadanos, de cómo ejercerlos, para así generar una participación más activa de la juventud en la vida cívica nacional.” El señor LEAL (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera. La señora HERRERA (doña Amelia).- Señor Presidente, hoy más que nunca, debido a situaciones que para muchos de nosotros no es grato recordar, como las últimas movilizaciones, los jóvenes deben ser una preocupación prioritaria y relevante de todos los órganos del Estado. Al respecto, quiero precisar que la ley Nº 18.962, ley orgánica constitucional de Enseñanza, señala que la educación tanto básica como media debe entregar a los educandos conocimientos que los capaciten para participar en la comunidad como ciudadanos responsables. El artículo 2º de la referida ley, señala: “La educación es el proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas, enmarcados en nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad.” El artículo 12, en algunas de sus letras, dispone: “La enseñanza básica tendrá como objetivos generales lograr que los educandos al egresar, sean capaces de: c) Desempeñarse en su vida de manera responsable, mediante una adecuada formación espiritual, moral y cívica de acuerdo a los valores propios de nuestra cultura; d) Participar en la vida de la comunidad conscientes de sus deberes y derechos, y, prepararse para ser ciudadanos.”. Conforme a lo señalado en estas disposiciones legales, el proceso educativo debe comprender la entrega a los estudiantes de los conocimientos que les permitan incorporarse a la vida cívica con plena noción de sus derechos y deberes ciudadanos. Especial relevancia tiene esto en la actualidad, en que se advierte una gran apatía de los jóvenes en integrarse a los distintos procesos participativos ciudadanos, como también la creciente penetración en ellos de doctrinas racistas y sectarias. Como antecedente para el proyecto que debatimos y que espero que aprobemos, actualmente sólo se imparte educación cívica a los alumnos de tercer año de educación media, lo que obviamente es insuficiente para adquirir los conocimientos cívicos ciudadanos. Espero el apoyo de mis distinguidos colegas para lograr dicho propósito. Para ello es indispensable la implementación de políticas de educación que incluyan obligatoriamente el ramo de educación cívica desde el ciclo de educación básica. Por ello, solicito a la ministra de Educación que en los programas de educación vigente para 8° básico y 3° y 4° medio, se contemple la obligatoriedad de impartir dicha asignatura por corresponder a una materia importante y de responsabilidad ciudadana. Es obvio que en ese tenor reviste especialmente relevancia el estudio de las instituciones públicas y de la cultura cívica, con el objeto de que los jóvenes tengan un real conocimiento del funcionamiento de los poderes públicos, de sus derechos y deberes ciudadanos para saber cómo ejercerlos y así generar una participación más activa de la juventud en la vida cívica nacional. Por lo señalado, solicito el apoyo de mis colegas para aprobar el proyecto de acuerdo en discusión. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Farías Ponce Ramón; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa Wevar Carlos Abel; Leal Labrín Antonio; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Ulloa Aguillón Jorge; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Patricio. Se abstuvo la diputada señora Turres Figueroa Marisol. VIII. INCIDENTES ALCANCES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Francisco Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en los últimos días hemos sido testigos de una decisión del Gobierno, a través del Ministerio de Salud, que emana del instructivo denominado “Normas nacionales sobre regulación de la fertilidad”, que dispone, entre otros, la descomedida distribución en los consultorios públicos de la comúnmente llamada “píldora del día después” a niñas desde los 14 años, sin el consentimiento de sus padres, demostrando con esa actitud su total displicencia por dos derechos fundamentales garantizados en nuestra Constitución Política en su artículo 19. En el inciso segundo del número 1° dispone: “La ley protege la vida del que está por nacer”. Y el número 10°, que se refiere al derecho a la educación, dice: “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.” Además, en el inciso siguiente agrega: “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.” Resulta, entonces, que es este mismo Estado el que está vulnerando un derecho resguardado por la Constitución Política del Estado, sin perjuicio del artículo 136 del Código Civil. El instructivo del ministerio de Salud dice, al argumentar la autorización de la píldora, “La evidencia señala que los adolescentes buscan sus propias decisiones respecto de la sexualidad y no es fácil inducir o cambiar sus comportamientos en ese ámbito mediante la indicación profesional”. Cabe reflexionar que el Ministerio está tomando el camino más fácil, pero, a la vez, el que reviste el mayor peligro, evitando educar tanto a los jóvenes como a sus padres respecto de la importancia de la responsabilidad en el ámbito sexual. Uno de los aspectos más preocupantes de esta política gubernamental es que a los padres no se les informará de lo que ocurre con sus hijos con respecto a su vida sexual, y se los alejará del sano diálogo, respeto y sinceridad que debe reinar en las relaciones entre un hijo o una hija con sus padres. Como consecuencia de este instructivo, el Estado decide cuál debe ser la actitud que deben tomar las niñas con respecto a su sexualidad, excluyendo a quienes, por derecho propio, son los principales encargados de su educación. Cabe destacar, además, que si se piensa que la entrega de la píldora busca disminuir el embarazo en la adolescencia, tenemos malas noticias. La experiencia en otros países donde se ha entregado la píldora en los colegios, incluso gratuitamente, demuestra, por ejemplo, en Inglaterra, que las recetas han aumentado en 321 por ciento, mientras que el embarazo se ha mantenido en los mismos porcentajes y, lo que es más grave, se han duplicado las enfermedades de transmisión sexual, particularmente el Sida. En España incluso aumentaron los embarazos adolescentes como consecuencia de la política que radica la responsabilidad de la concepción sólo en la mujer, con lo cual se impide que las decisiones sobre la sexualidad se den en el ámbito de la pareja y, por tanto, cada cual asume su responsabilidad. Hoy, pareciera que la generación de la vida está cada vez más estigmatizada, como si fuera un castigo ver nacer a un ser humano. Estaremos en un país donde estará prohibido a los menores fumar, beber, casarse, tener derecho a voto, pero sí podrán acceder a píldoras que numerosos científicos consideran abortivas, sin necesitar siquiera del consentimiento de sus padres para consumirlas. Además, esta medida tiene relación con una política que está impulsando el Ministerio de Salud. Hace pocos días, se envió a la Cámara de Diputados un proyecto sobre los derechos y deberes de los pacientes. Sin lugar a dudas, se trata de una iniciativa emblemática y absolutamente necesaria dentro de la reforma de la salud. Pero uno de sus artículos establece el derecho de los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18, a informar a sus padres de los tratamientos médicos y de las enfermedades que les fueren diagnosticados. Eso dice relación con una política que tiende a desvincular a los padres de la formación de sus hijos y a destruir la familia. Hoy, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una orden de no innovar y paralizó la entrega de las píldoras a las niñas mayores de 14 años. Sin el ánimo de hacer comentarios respecto de una resolución judicial, estimo que se abre una tremenda oportunidad para que la ministra de Salud recapacite y eche atrás una decisión que, a nuestro juicio, vulnera derechos elementales. El derecho a la vida es fundamental y está por sobre cualquier otro derecho. Por lo tanto, su defensa ha de ser siempre irrestricta y bajo cualquier circunstancia. He dicho. Aplausos. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Aedo. El señor AEDO.- Señor Presidente, la decisión del Ministerio de Salud de entregar Postinor 2 a menores de 14 años sin conocimiento de los padres, me induce a pronunciarme como diputado, médico y padre de familia. Comprendo, en alguna forma, la necesidad de abordar la problemática del embarazo adolescente, pero quiero señalar que de dicho embarazo, de alrededor de catorce por ciento, sólo el 0,4 por ciento corresponde a menores de quince años. Asimismo, los efectos del Postinor 2 no están estudiado en niñas menores de 16 años, por lo que no se justifica desde ningún punto de vista epidemiológico o de salud pública su uso en menores de esa edad, más aún, sin conocimiento de los padres. Por la experiencia de otros países, sabemos que el uso de este tipo de anticonceptivos provoca un aumento de la actividad sexual de los jóvenes y, por consiguiente, un incremento de los embarazos adolescentes y de los abortos, lo que no es deseable para el país. Por eso, no es prudente la decisión de la ministra de Salud, a quien hago un llamado para que revise y revierta esta medida. He dicho. Aplausos. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, en primer lugar quiero hacer un llamado a todas las autoridades a ser más humildes en el debate sobre la píldora del día después y a no afirmar, con tanta seguridad y arrogancia, que ese fármaco no es abortivo y que a todo evento va a disminuir los embarazos adolescentes. Curiosamente, los que ayer acusaban a la iglesia de dogmática, hoy nos han erigido esos argumentos en dogmas. A mi juicio, el problema que nos ocupa es más profundo. Se trata de dilucidar si para nuestra sociedad vale lo mismo un ser humano nacido versus otro por nacer; si vamos a dedicar mayores esfuerzos a proteger el medio ambiente o a los seres humanos; si el Estado va a excluir a los padres de la educación de sus hijos; si el Estado va a permitir que organismos internacionales ajenos a nuestra cultura, y que promueven el aborto, van a tener mayor ingerencia en la vida diaria de las chilenas y chilenos. Eso es lo que está en juego en este debate valórico. En cuanto a la primera afirmación de la ministra de Salud, de que la píldora del día después no es abortiva, existen estudios científicos que demuestran que hasta doce horas siguientes a una relación sexual, el fármaco actúa como un anovulatorio y después de ese tiempo alteraría de tal manera las paredes del útero materno que lo hacen hostil a la anidación de un óvulo ya fecundado. Por lo tanto, la píldora actuaría como una verdadera barricada química que impide la implantación y el curso normal de un embarazo. En Estados Unidos, en la página web de Plan B, nombre comercial de la píldora elaborada por el laboratorio Bar, se señala que dicho producto puede actuar previniendo la implantación del huevo fecundado en el útero. Ese efecto anti-implantatorio también ha sido reconocido por la US Food and Drug Administration. Su sitio web oficial establece que Plan B puede impedir que un huevo fecundado se adhiera al vientre. Pero la verdad sea dicha, el hecho de que sea o no abortiva importa muy poco a las autoridades sanitarias, pues la propia ministra se ha manifestado favorable al aborto y las ONG que la han asesorado, a través del documento sobre fertilidad, se han propuesto derechamente, como uno de sus objetivos, la despenalización del aborto en Chile. En relación con la segunda afirmación, de que la distribución masiva de la píldora del día después disminuiría los embarazos adolescentes, me parece una negación de la evidencia que suponen los datos de abortos y píldora del día después. En síntesis, las estadísticas muestran que a más anticonceptivos, más abortos. Es el caso de España, donde, a pesar de la masiva distribución del preservativo y de la píldora del día después, los abortos crecen a tasas del 7 por ciento anual y lo peor es que ocurre en niñas de 19 años o menos. En Inglaterra, como lo dijo la diputada Cristi, entre 1992 y 2000, el número de recetas para la píldora del día después aumentó en 321 por ciento sólo en adolescentes entre 16 y 19 años. No obstante esa demanda, la tasa de embarazos de ese segmento se mantuvo igual y el número de abortos aumentó en 58 por ciento. Por lo tanto, hago un llamado a las autoridades a no ser dogmáticas en esta materia, porque claramente es opinable y hay estadísticas en contrario. También quiero valorar el hecho de que en este debate, la iglesia Católica y muchas iglesias evangélicas, al igual como lo hicieron en la dictadura militar, hoy también defienden los derechos humanos, a pesar de los insultos e improperios de parte de los que hoy son gobierno. Lamento que los mismos que ayer se escudaron en la iglesia para defender sus derechos humanos quizá, gracias a ella muchos de ellos están vivos hoy denosten a la iglesia que ha sacado su voz valiente para defender a los que no tienen voz ni a los que no pueden defenderse. (Aplausos). Termino mis palabras diciendo que para tener autoridad moral, en materia de derechos humanos, hay que defender el derecho a la vida de todos, más allá de si se es de izquierda o de derecha, civil o militar, rico o pobre, palestino o judío, o si se está por nacer o por morir. He dicho. Aplausos. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Quiero referirme a lo que hoy nos preocupa. Es emocionante para nosotros ver en las tribunas a un grupo de jóvenes que defiende la vida. Hoy parece que fuera mal visto defender la vida y estar contra la entrega gratuita de la píldora del día después. Por eso, estoy orgullosa de que jóvenes de nuestro país sean capaces de defender valores y principios, y de luchar por una política pro vida y pro familia. (Aplausos) Los jóvenes aquí presentes saben que la familia es lo más importante; es la base de la sociedad. Eso se ha tratado de destruir durante estos años. Políticas como ésta provocan que la mujer se aleje de la familia, dan a los adolescentes todo tipo de libertades, sin ningún compromiso, y promueven su derecho a la sexualidad, aunque no exista el amor y aunque no asuman una responsabilidad respecto de su vida futura. Ayer la ministra dijo que hay que ver cómo se planifica la vida familiar de los mayores de 14 años. ¿Cómo vamos a hablar de vida familiar si aún son niños? Quiero expresar enfáticamente que este Gobierno es hipócrita y actúa con doble estándar, porque prometió ser un gobierno ciudadano, para lo cual ha dicho hasta el cansancio que dará prioridad a la consulta, a la medida ciudadana, a la participación; pero hoy pasa a llevar a los padres de Chile como si no existieran y no tuvieran responsabilidad alguna sobre la vida de sus hijos. Por otra parte, habla de equidad cuando le conviene. Ha dicho que esa pastilla hay que entregarla gratuitamente a las menores de los sectores más modestos, porque las de los sectores más acomodados tienen dinero para comprarla. Es decir, si quienes conforman el sector más acomodado compran cocaína el día de mañana, ¿significa que habría que regalar ese estupefaciente en las poblaciones? Eso no puede ser. Es la comparación más absurda que he escuchado. La inequidad está en la pésima educación que reciben los jóvenes más pobres, en el poco acceso que tienen para elegir una mejor educación, en la falta de espacios de recreación, en las viviendas que se les asignan para vivir, en la falta de apoyo para que puedan realizar deportes, en la inseguridad en que viven ellos y sus familias, en los servicios de salud permanentemente colapsados, en donde hay nulo acceso a especialidades importantes para la atención de los jóvenes e, incluso, de los adultos; en la falta de políticas para los adolescentes y para los jóvenes, ya que nadie se preocupa de ellos y no tienen posibilidad alguna de rehabilitarse cuando caen en el consumo de alcohol o de drogas; en la falta de trabajos, ya que la cesantía juvenil asciende a más del 20 por ciento. Esa inequidad no se arregla con la entrega de una pastilla para impedir un nacimiento. Si el Gobierno cree que con una pastilla se resuelven los problemas de los jóvenes, les digo a la señora Presidenta y la señora ministra, por intermedio del señor Presidente, que están totalmente equivocadas. He dicho. Aplausos y manifestaciones en las tribunas. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Silencio en las tribunas. De lo contrario, me veré obligado a pedir su desalojo. Ruego mantener silencio y respeto durante el desarrollo de la sesión. El señor BOBADILLA.- Quienes se encuentran en las tribunas de este lado están provocando a los jóvenes que defienden el derecho a la vida. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- No quiero desórdenes en las tribunas. Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast. El señor KAST.- Señor Presidente, el panfleto que recién nos han lanzado desde las tribunas los jóvenes que portan carteles de izquierda refleja la intolerancia y lo que señaló la Iglesia respecto de que hoy vivimos en Chile: un Gobierno totalitario, que crea jóvenes totalitarios capaces de expresarse sólo a través de palabras soeces, que dejan de lado las ideas y el debate. Este panfleto que nos tiraron es una basura, porque dice: “Unión Demócrata Independiente “una mierda”.” Encuentro lamentable que ésa sea la actitud de jóvenes que dicen defender la democracia. (Aplausos) En la vida hay principios que no se transan: la protección a la vida del que está por nacer, el reconocimiento a la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos. Esa píldora no es de la felicidad, como nos quieren hacer creer los jóvenes que se encuentran ubicados en el sector de las tribunas que está detrás de mí, sino que de la inequidad; es la píldora que pone el derecho a la libertad por sobre el derecho a la vida; es la píldora que privilegia el placer por sobre todo; es la píldora del egoísmo; es la píldora que hace vivir la sexualidad con miedo a un ser indefenso que está por nacer. A él le tenemos miedo y lo queremos matar con esta píldora. Hoy, muchas autoridades, no todas, nos dicen: “Tenemos que velar por la educación sexual de todos los jóvenes. No podemos imponer nuestras convicciones al resto”. ¡Por favor! ¡Aquí no estamos hablando de convicciones, sino de principios, del derecho a la vida! Y si no soy capaz de defender un principio, es mejor que renuncie, pues no me puedo escudar en las convicciones para aprobar cualquier cosa. La señora Presidenta nos dice que por sus convicciones no va a permitir el desarrollo de programas de energía nuclear. Sin embargo, por sus convicciones, nos impone el uso de la píldora del día después. ¿Dónde está la consecuencia? La consecuencia no se demuestra elaborando un proyecto de 171 páginas sobre fertilidad humana entre cuatro paredes y con el apoyo de dos ONG pro aborto. La transparencia se demuestra discutiendo ese tipo de temas aquí, sin transgredir la legalidad vigente. La resolución que dictaron para ello es tan sencilla como la que usan en el Ministerio de Salud para comprar liquid paper. ¿Ésa es la transparencia que queremos? ¿Dónde está la discusión abierta? ¿Dónde está el debate de ideas? Los invito, incluso a los jóvenes que están en las tribunas, detrás de mí, a que vengan y planteen ideas serias y consecuentes. ¿Qué hace la píldora del día después? ¿Aumenta la equidad? ¡No! Tampoco la aumentaron con las llamadas Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad, Jocas, impuestas por este Gobierno. Ni siquiera lo hizo el segundo programa sobre sexualidad, también impuesto por el Gobierno. Tampoco han establecido equidad aquellos eslóganes usados antes por jóvenes, como los que están aquí atrás, quienes se juntaban a celebrar el día del orgasmo; ni el del PPD que decía: “Póntelo y pónselo”, por cuanto lo único que han logrado es generar mayor promiscuidad. Por lo tanto, ¿qué necesitamos aquí? Lo que sugirieron algunos colegas de la DC, esto es, la píldora del día antes, y eso pasa por educación sexual real. No tengo miedo a hablar de sexo, de políticas de vivienda reales y serias, de políticas sociales serias, porque la sexualidad no es para la risa. Por el contrario, es algo hermoso, bello, para vivirlo plenamente, no con miedo a alguien que está por nacer. Sin embargo, ¿qué nos han traído los programas de educación sexual desarrollados por el Gobierno? Más hijos fuera del matrimonio, más embarazo adolescente, más enfermedades de transmisión sexual, como el herpes vaginal. ¿Por qué? Porque me predispongo, por todos los medios, a evitar que alguien nazca. Primero, el condón; después, el anticonceptivo, y ahora, la píldora. Señor Presidente, aquí tiene que primar el derecho a la vida por sobre el derecho a la libertad. He dicho. Aplausos. El señor FORNI.- Señor Presidente, en el tiempo de la UDI ¿me permite hacer uso de los cinco segundos que restan? El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni. El señor FORNI.- Señor Presidente, quiero hacer referencia al panfleto que fue lanzado desde las tribunas, pues dice dos cosas sorprendentes. La primera, para que entiendan, que riqueza se escribe con “z”, no con “s”. La segunda, dicen que la UDI es un partido popular que vive en La Dehesa. Al respecto, les quiero decir que al Partido Socialista le ganamos en todas las zonas populares. He dicho. Aplausos. PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE PILLALELBÚN, COMUNA DE LAUTARO. Oficios. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, ayer recibí una carta, fechada el 4 de septiembre, del señor Omar Enrique Silva Jarpa, vecino de Pillalelbún, comuna de Lautaro, donde me plantea la situación grave que significa la no pavimentación de ninguna calle de la localidad, a pesar de tener 5 mil habitantes y de haber industrias de mucha importancia, como filiales de la CCU y Venturelli, entre otras. Ayer, envíe copia de esta intervención a los cuatro consejeros regionales de la Democracia Cristiana de la región de La Araucanía, a fin de que colaboren en la solución de este problema. No obstante, pido, formalmente, que se oficie al señor intendente de la región de La Araucanía y al secretario regional ministerial de Vivienda, señor Hugo Vidal, con copia al alcalde de Lautaro, señor Renato Auri, para saber cómo el gobierno regional aborda esta situación de abierta injusticia que está afectando a miles de personas. Deseo que se informe al alcalde de Lautaro respecto de los planes del gobierno regional para enfrentar esta situación de esa localidad equidistante de las comunas de Temuco y de Lautaro. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE ATACAMA. Oficio. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, en primer lugar, pido que se oficie al ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de que me informe sobre cuántos son los recursos de que dispone el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, de Atacama, para sus distintos programas en la Tercera Región. He sostenido reuniones con micro, pequeños y medianos empresarios que trabajan en el Programa Chile Emprende, de Atacama, y existe un entusiasmo real y natural entre cientos de pequeños empresarios del turismo, de servicios y agricultores, pero, sin duda, los recursos que dispone el aparato del Estado para apoyar sus iniciativas aparecen tremendamente limitados. Todos sabemos las dificultades que tienen para acceder a créditos, especialmente los nuevos emprendedores y las nuevas emprendedoras. La información que tengo es que Sercotec, uno de los pocos organismos que va en ayuda directa de los micro y pequeños empresarios, dispone de recursos mínimos de algunos millones de pesos para toda la región de Atacama, para centenas de esos empresarios. No cabe duda de que necesita más recursos, al igual que el Indap respecto de los micro y pequeños empresarios agrícolas. He visto su trabajo y me parece interesante; pero es como una ilusión, puesto que no tienen ninguna posibilidad real de acceder a recursos. Por eso, reitero, quiero que el señor ministro me indique con claridad el monto de los recursos asignados a Sercotec y, desde luego, en conocimiento de que son escasos y limitados, se me señale también cuánto destinará ese Servicio en 2007, a los micro y pequeños empresarios de la región de Atacama. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. FELICITACIONES A INTEGRANTES DEL COMITÉ PÚBLICOPRIVADO DE ATACAMA. Oficios. El señor MULET.- Señor Presidente, finalmente, a través de un oficio, quiero felicitar a la gente del Comité Público-Privado de la región de Atacama, particularmente de la provincia del Huasco, encabezado por la señora gobernadora y por funcionarios de Sercotec, de Fosis, de Indap, de Sernac y de otros servicios públicos. Quiero felicitarlos reitero por su trabajo y porque entiendo que cuentan con recursos muy limitados. Pido que se acompañe copia de mi intervención a la mesa público-privada que se reúne mensualmente y que está haciendo un gran esfuerzo, y que el oficio se haga llegar directamente a la gobernadora de la provincia del Huasco para que se lo entregue a ellos. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. RÉPLICA A JUICIOS EN CONTRA DE LA MINISTRA DE SALUD. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, no puedo dejar de lamentar que un colega, sin responsabilidad alguna, afirmara que la ministra de Salud está por el aborto. Desafío a que lo pruebe, porque dicha secretaria de Estado jamás se ha pronunciado a favor de esa medida, como tampoco está en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Considero legítimo tener puntos de vista diferentes, pero no se puede mentir, y menos a la gente joven. RECHAZO A ACTOS VANDÁLICOS OCURRIDOS EL 11 DE SEPTIEMBRE. Oficio. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, bastante nos costó recobrar la democracia, que permite, entre otras cosas, la existencia del Congreso Nacional y la libre expresión de las ideas. Lo digo con el mayor respeto, porque me voy a referir a un tema doloroso que ocurrió en la comuna de Puente Alto. Hace pocas horas, conmemoramos una fecha dolorosa: el 11 de septiembre. Muchos de nosotros perdimos a familiares muy queridos en un día como ése, hace 36 años, y en el país se implantó una dictadura, hubo asesinatos, degüellos y casos horrorosos que, por el bien de nuestro país, esperamos nunca más vuelvan a ocurrir. A eso nos hemos comprometido todos. En esta oportunidad, quiero levantar mi voz con mucha dignidad para decir que a ninguno de quienes sentimos legítimo dolor por esa fecha, debido a que perdimos a familiares, nos representan ni nos representarán jamás actos vandálicos como los ocurridos el 11 de septiembre recién pasado, como la bomba incendiaria lanzada a La Moneda. Nunca creí que volveríamos a ver sus ventanas ardiendo, y espero que nunca más se repita. En esta ocasión, levanto mi voz en representación de la comuna de Puente Alto, para expresar mi dolor por los vecinos del sector Gabriela poniente y, en particular, por la familia Araya Burgos, cuya hija se debate entre la vida y la muerte por una bala cuyo origen se desconoce, pero que, supuestamente, provendría de manifestantes que estarían conmemorando el 11 de septiembre. Una vez más, repito que quienes recordamos esa fecha con respeto y dolor, nunca nos sentiremos representados por esos actos vandálicos que significaron, en este caso, no sólo el riesgo vital para esa niña, sino también una situación difícil de comprender, cual es que trece locales resultaran incendiados, entre los cuales se cuentan un supermercado, una panadería y una carnicería, todos pequeños y modestos establecimientos comerciales levantados con esfuerzo por familias emprendedoras de Puente Alto. Por eso, en esta ocasión quiero levantar mi voz de protesta por esos hechos. En consecuencia, pido que se oficie al ministro del Interior para que explique por qué, mientras se desataban esos actos, no existió la suficiente intervención policial para, por lo menos, impedir la quema de esos trece locales comerciales. Además, quiero que informe sobre el grado de avance en la investigación, sobre todo del ataque con bala a la niña que está en peligro de muerte. De manera profunda, deseo que pueda recuperarse y transmito mi más enérgica condena a ese acto. He dicho. Aplausos. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. SALUDO A UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE VALDIVIA EN EL 35° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN. Oficios. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero saludar a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia, que hoy celebra 35 años de existencia. Desde sus inicios, la Unión Comunal ha sido un filtro para que las diferentes juntas de vecinos de esa comuna hagan llegar, en forma más ordenada, sus problemas y requerimientos al municipio, por lo que constituye una pieza fundamental para la organización y administración de dichas organizaciones comunitarias, que en Valdivia alcanzan a más de 130. Debido al alto número de personas que la integran, la Unión Comunal ha logrado convertirse en una verdadera voz de la comunidad valdiviana ante las autoridades locales, porque en su mayoría interpreta y representa a los sectores más alejados y postergados de nuestra ciudad. La primera junta de vecinos valdiviana actualmente denominada “Fernando Santiván” y que encabeza el señor Tito Alarcón, su presidente correspondió al sector El Pantano. Esta junta de vecinos data de 1934. Debo recordar que la ley Nº 16.880, sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, legaliza la existencia de dichas instituciones como entidades que agrupan a los vecinos. Hoy rindo homenaje al primer presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia, fundada el 13 de septiembre de 1971, durante el Gobierno del Presidente de la República Salvador Allende. Me refiero a don Humberto Arcos Oyarzún, quien se encargó de consolidar la agrupación en la mente de los valdivianos, quienes desde entonces comenzaron a ver a la Unión Comunal como una institución seria y responsable, entregándole toda su confianza. La Unión Comunal de Juntas de Vecinos ha tenido una activa participación en todos los procesos que afectan o benefician a Valdivia. Especial mención merecen las últimas movilizaciones referidas a la creación de la nueva Región de Los Ríos en nuestro territorio. Han apoyado y asistido a todas las manifestaciones y convocatorias ciudadanas que hemos realizado. Incluso, han viajado hasta el Congreso Nacional para manifestar, de manera fuerte y clara, la voluntad de los valdivianos de convertirse en capital de la Región de Los Ríos. Quiero destacar la labor de muchos ex presidentes de esa valiosa institución. Por ejemplo, quiero recordar a don Luis Matamala, a doña Lidia Gómez, a don Delicio Mancilla y a la señora Luz Eliana González. También quiero resaltar la labor que desempeñan, en la actual directiva, su presidente, señor Baldomero González, quien ha estado presente en todas las actividades de relevancia para el progreso de Valdivia; su vicepresidente, señor Francisco Vásquez Torres, destacado dirigente de la población Menzel, sector histórico y populoso de Valdivia, y los dirigentes Roberto Paredes, Víctor Méndez y Sonia Jara Chávez, quienes han realizado un eficiente trabajo que dignifica la labor del dirigente vecinal y, especialmente, el trabajo de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la ciudad de Valdivia, desde 1552 la más linda de Chile. Finalmente, solicito que se haga llegar copia de mi intervención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia y todas las personas que han sido mencionadas. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. INSTALACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE JIBIA EN SAN ANTONIO. Oficios. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Samuel Venegas. El señor VENEGAS (don Samuel).- Señor Presidente, en esta oportunidad levanto mi voz para expresar mi gratitud al equipo de trabajo del área pesquera dependiente de la municipalidad de San Antonio. Este equipo ha escuchado y ha aquilatado el sentir de los pescadores artesanales de la comuna. Dentro de ese grupo destaca la Cooperativa de Pescadores Artesanales de San Antonio, que ha tenido la muy linda idea de llevar a cabo un proyecto para procesar la jibia, una especie que ha inundado nuestros mares y que ha alejado a los recursos pesqueros tradicionales que le daban sustentabilidad a los pescadores y que sostenían fuertemente la economía local de San Antonio. Debido a la llegada de una especie de plaga, la actividad pesquera tradicional ha decaído fuertemente y ha llegado a tener en pésimas condiciones a los pescadores artesanales. En consecuencia, la idea es reemplazar la pesquería perdida, capturando y procesando la jibia de manera de convertirla en una especie productiva y beneficiosa para la economía local y, en particular, para los pescadores artesanales. El proyecto elaborado por el Departamento de Desarrollo Pesquero de la Municipalidad de San Antonio pretende establecer una planta de procesamiento de la jibia, en sus distintas formas, para exportarla, ya que el mercado asiático está muy interesado en adquirirla. Por lo tanto, pido que se oficie a los ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, y de Hacienda, y al subsecretario de Pesca con el objeto de que en la ley de Presupuestos para 2007 se consideren los recursos necesarios, aproximadamente 700 millones de pesos, para la construcción de una planta procesadora de jibia, que ayudaría al desarrollo de los pescadores artesanales, que son libre emprendedores, pero con afán asociativo en su accionar, contribuyendo así, con el esfuerzo y creatividad de su gente, a la economía local y nacional. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión del diputado señor Enrique Jaramillo. PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDADES SOBRE EFECTOS DE PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS. Oficio. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni. El señor FORNI.- Señor Presidente, solidarizo con el anhelo de la diputada señora Isabel Allende, y hago votos por la recuperación de la menor que, lamentablemente, está al borde de la muerte, como consecuencia de los actos vandálicos protagonizados por sectores que todos conocemos. Pero también hago votos por la vida de quienes están por nacer, pero que diariamente mueren por la utilización de la píldora del día después, ya que para ellos no hay ni una sola palabra. No nos interesa lo que diga o no diga el programa de Gobierno, porque hace lo que quiere; ni siquiera respeta su propio programa. Eso sucede, porque este Gobierno no trabaja el día antes, sino que siempre lo hace el día después. Sólo hoy, después de todos los desmanes ocurridos a raíz del 11 de septiembre y cuando agoniza una niña en la Clínica Alemana, están constituyendo comités de seguridad pública. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué el intendente Víctor Barrueto va a interponer hoy una querella contra quienes resulten responsables? Sin embargo, autorizó todas las marchas que terminaron con la izquierda dentro y fuera del Palacio de La Moneda. El problema es que estamos en presencia de un gobierno totalitario, porque, en democracia, estos asuntos, particularmente los que se refieren al derecho a la vida, se discuten en este Congreso y no con decretos que dicta el Ministerio de Salud entre gallos y medianoche. (Aplausos) Independiente de lo dicho, quiero referirme a lo técnico, puesto que todos los médicos de izquierda dicen que hay que analizar los temas técnicos. Hagámoslo. El 2002 se entregaron 35 mil píldoras del día después. En ese minuto se argumentó que serían suministradas a las víctimas de violación. Afortunadamente, nunca se llegó a esa cifra, ya que no superaron las dos mil, por lo que se produjo un sobrestock de píldoras. Pero aquí está lo increíble. Este año, con la diputada Marcela Cubillos, oficiamos a la ministra de Salud para que nos informara cuántas píldoras se repartieron. ¿Saben qué contesto? Contestó que no sabía, que no tenía esa información. O sea, han pasado cuatro años, desde 2002 a 2006, pero el Ministerio de Salud todavía no tiene información de cuántas píldoras se han entregado. En consecuencia, ¿cuál es el análisis técnico que lleva a la ministra de Salud a tomar esta determinación de que la píldora no sólo se debe entregar a las mujeres violadas, sino que también a las niñas de 14 años? Ninguno. No sabe tengo el documento en mis manos cuántas píldoras se han repartido hasta este año. La realidad, que tuvimos que averiguarla, es que se han repartido 1.600 píldoras; es decir, actualmente tenemos en stock 23 mil píldoras. ¿Cuándo vencen? En 2009. ¿Cuándo terminaríamos de repartirlas si seguimos con el porcentaje actual, que es de un 6 por ciento? En 2106. O sea, el Gobierno va a perder esa plata. Señor Presidente, quiero ser muy franco. Esta medida no tiene ningún sustento técnico. Estamos frente a un Gobierno que no discute las cosas con los chilenos, sino que se las impone. Hoy día quiere decidir cómo educar a nuestros hijos. Es un Gobierno absolutamente inconsecuente; revisen las páginas del Ministerio de Salud, donde entrega a los padres el cuidado de la dieta de los niños. Sin embargo, en materia de educación sexual y de derecho a la vida, no le importa lo que opinen los padres. Ése es el gobierno que no está rigiendo hoy. Por lo tanto, quiero hacer un reclamo formal a la Presidenta de la República y que se pronuncie en los hechos sobre esta materia, sin importar si está o no en el programa de gobierno. Hoy, en los hechos, se está matando a muchas vidas humanas por medio de esta píldora. He dicho. Aplausos. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. Aplausos y manifestaciones en las tribunas. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Nos parece muy bien que los jóvenes estén presentes en la sesión; ustedes tienen el legítimo derecho de aplaudir al término de la intervención de los señores diputados si lo estiman conveniente, pero no pueden alterar el orden de la sesión. Por lo tanto, les pido, por favor, un poco de respeto. Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres. La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, en realidad, me he sentido absolutamente interpretada por las intervenciones de los diputados señores Chahuán, Sabag y Forni, porque considero insólito que en nuestro país valga más la vida de un violador que la de quien está por nacer; valga más la vida de un criminal, sin importar el delito que cometa, pues tiene asegurada su vida, ya que abolimos la pena de muerte. Sin embargo, vemos cómo se va debilitando la defensa de quien está por nacer. Como mamá de cuatro hijos, siento que la medida de la ministra de Salud invade absolutamente mi vida familiar y mis obligaciones y derechos como madre. Todos sabemos que los adolescentes están buscando su vida, su rumbo y que a veces se equivocan. Cuando ello sucede, ahí estamos los padres y la familia. Es en ella donde me gustaría que el Gobierno pusiera el acento, en cómo fortalecemos la familia. La excusa para repartir esa pastilla es que se pretende controlar el embarazo de las adolescentes. Pregunto a la Presidenta y a la ministra de Salud, ¿de qué manera? ¿Cuántas dosis diarias, mensuales o anuales pretenden repartir por adolescente que tiene una vida sexual activa? ¿De qué manera van a regular la entrega de esa pastilla? ¿De qué manera pretenden ellas controlar los embarazos de las adolescentes si no se les advierte previamente cuál es el riesgo que corren al tomar esa pastilla, al no tener apoyo profesional y al no buscar a su familia cuando tienen problemas? Esta medida pasa a llevar el derecho a la vida del que está por nacer. Independientemente de que aún esté en discusión si es abortiva o no, la ministra de Salud está yendo contra nuestro estado de derecho, contra la Constitución Política y la ley, al disponer que se reparta gratuitamente esa pastilla y al no permitir que seamos los padres quienes decidamos algo tan importante respecto de la vida de nuestros hijos. Me gustaría que el Gobierno se preocupe de buscar medidas para apoyar a las familias donde hay adolescentes embarazadas. Se ha hecho un gasto considerable en las pastillas que se van a repartir. El negocio está hecho. Hubiera preferido que esos recursos se destinaran, por ejemplo, a los municipios para que contrataran psicólogos, orientadores familiares, asistentes sociales y profesionales que apoyen a las familias donde hay adolescentes embarazadas. También hubiera preferido que se elaboraran programas para construir viviendas que redujeran el hacinamiento en que viven muchas familias. Muchos abusos sexuales y violaciones de menores se producen en el seno de familias que viven en esas condiciones. Considero penoso el estado a que hemos llegado en Chile. En virtud de la reforma procesal penal, algunos se preocupan de los derechos de los imputados y de los condenados; sin embargo, la vida del ser más inocente de este planeta está siendo absolutamente cuestionada. Quiero decir a la Presidenta de la República, a la ministra de Salud y al país que muchos parlamentarios no vamos a cejar en defender la vida del que está por nacer, en defender la vida de los enfermos y en defender la vida en todas sus expresiones. He dicho. Aplausos. RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ISABEL ALLENDE. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, quiero hacer un breve comentario en relación con las palabras de la diputada Allende. Por razones obvias, ella nunca estará de acuerdo con el gobierno militar. Sin embargo, es curioso que esté de acuerdo con el gobierno de Cuba, donde hay un dictador vitalicio que lleva gobernando casi cincuenta años y donde no se ha respetado la vida, ni siquiera la del que está por nacer. En Cuba se aprobó el aborto, han muerto miles de cubanos tratando de escapar hacia su libertad y se han violado los derechos humanos. Es un país aislado y sumido en la pobreza. El gobierno de ese dictador sí lo apoya la diputada Allende. IRREGULARIDADES EN PRUEBA SIMCE EN COLEGIO DE CURICÓ. Oficio. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar. El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero aclarar al diputado Forni que no me estaba riendo porque crea que la educación sexual es una materia para la risa. No conocía el eslogan. En otros países, como Uruguay, me llamó la atención uno que, a lo mejor, a él puede causarle risa, que decía: “Por amor a Dios, usá forro.” Pero eso fue hace muchos años. Esa discusión está zanjada. A propósito de los derechos de los que están por nacer, que defendemos, ¿qué podemos hacer por aquellos que han nacido y que llevan, por ejemplo, la vida de Jesús? Porque Jesús está en problemas. En este minuto, tenemos a Jesús en problemas, quien está domiciliado, ni más ni menos, en la villa Víctor Domingo Silva, en el pasaje Juan Guzmán Cruchaga N° 1580, Curicó. La señora Jaqueline Nilo Escanilla, la madre de Jesús, ni siquiera de mi distrito, sino de la ciudad de Curicó. Está pasando por graves problemas, porque creyendo que su hijo estaba recibiendo una buena educción Jesús va al colegio Vygotsky y tiene un promedio de 6, es decir, brillante, lo llevó a rendir examen de admisión en el colegio Raulén. Él se sacó un 3 y algo. Jesús está en problemas. ¿Qué tipo de educación le estaban dando en el colegio Vygotsky? La señora Jaqueline se preocupó de averiguar qué estaba pasando en dicho colegio y se encontró con un fraude respecto de la prueba Simce: el colegio estaba diciendo que el examen lo habían rendido veinte alumnos, en circunstancias de que solamente lo habían hecho siete. La señora Nilo primero habló con el director del establecimiento; luego, con el seremi de Educación. Le dijeron que se dirigiera a Santiago, donde habló con las autoridades de Educación, y se encontró con que efectivamente todo esto daba mérito para que se instruyera un sumario. Pero, entre otras cosas que son espeluznantes, a propósito de los que están vivos, los que ya han nacido, la señora Jaqueline me contó que en primera instancia se perdió la documentación que dejó en forma personal el 14 de marzo, la que sólo apareció sólo cuando ella, entre otras personas, acudió a la Comisión Asesora Presidencial. Después de largas intervenciones y en mérito de los antecedentes, le confirmaron que el 3 de junio el caso iba a pasar a sumario. ¡Miren cómo tratan a la madre de Jesús! No obstante, la jefa de gabinete le hizo llegar una respuesta dictatorial y totalmente arbitraria, según las palabras de Jaqueline Nilo Escanilla, aduciendo que, de no mediar un informe más detallado de la Coordinadora Nacional del Simce, el caso debe darse por cerrado. Propongo ubicar al responsable por el problema de la educación, sea quien sea, y hagamos algo en conjunto. Tendremos que hacer algo por estos niños, porque mientras no se resuelvan los grandes problemas de la educación en Chile, por lo menos deberemos tener alguna deferencia con personas como Jaqueline Nilo Escanilla. Por su intermedio, señor Presidente, le concedo una interrupción al diputado Kast para que me informe a quién deberíamos oficiar en esta materia. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Kast. El señor KAST.- Señor Presidente, en general, los oficios se dirigen al subsecretario de Educación para hacer responsable a ese funcionario con su sueldo si no responde dentro de determinado plazo. Así, el oficio debe dirigirse a él con todos los antecedentes, partiendo por la situación del seremi de Curicó, quien, en el fondo, estaría ocultando un mal manejo en el tema del Simce. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Recupera la palabra el diputado señor Escobar. El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, ¿sería tan amable de hacer exactamente lo que me acaba de sugerir el diputado Kast? De ese modo, quedaré tranquilo creyendo que estamos haciendo algo por la educación del país. Además, entre todo este barullo, la señora Jacqueline Nilo Escanilla presentó una demanda en el Ministerio Público de Talca. A su juicio, la señora Lucy Bustamante, fiscal a cargo del caso, no ha hecho mucho. Entonces, me gustaría que esos antecedentes se pusieran en conocimiento de la señora Lucy Bustamante, fiscal del Ministerio Público de Talca, además de lo señalado por el diputado Kast. Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención a Jesús y a su madre. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. Si le parece, haremos llegar una copia de su intervención al fiscal Nacional. El señor ESCOBAR.- Estoy de acuerdo, señor Presidente. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Así se hará, señor diputado. CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN COMUNA DE LAGO RANCO. Oficio. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en abril de 2006 intervine sobre el tema, debido a que los representantes del Comité de Defensa del Lago Ranco me han hecho llegar algunos antecedentes que son de grave riesgo para el lago, por cuanto existe amenaza de contaminación debido a lo que allí se está construyendo, que no es otra cosa que algo anhelado por todos los habitantes de la comuna y quienes tenemos la suerte de vivir en la cuenca del lago Ranco. Queremos preservar lo que la naturaleza nos ha entregado. Sin embargo, los miembros de dicho Comité me han enviado algunas fotografías del lugar, pues están protestando porque se inició la construcción de una planta elevadora de aguas servidas prácticamente en el mismo pueblo, las cuales correrán a través de un ducto colector que se construirá en la playa del lago en un tramo de aproximadamente dos kilómetros. Esa obra estará ubicada detrás de un precario muro de contención, construido en el verano de 2006, parte del cual ya se averió, a pesar de su reciente construcción, pasando a duras penas el invierno. Sin embargo, la mayor preocupación de los habitantes de la comuna de Lago Ranco, que pasará a llamarse provincia del Ranco, por su ubicación geográfica y porque vivirá del turismo, es que, por querer entregar beneficios a esa comuna en lo relativo al medio ambiente, estamos perjudicando su futuro con la construcción de la planta elevadora de aguas servidas en una de las playas más concurridas. La comuna de Lago Ranco es hermosa, al igual que su lago. Sin embargo, no entiendo por qué se está construyendo allí ni por qué los técnicos e ingenieros han dado el pase para hacerlo en la playa El Molino. No hay mayor control en la zona. Es inconcebible que se construya prácticamente en la playa. Por eso, solicito que se oficie con urgencia al director de la Conama de la Décima Región, a fin de que ese mal proyecto sea revisado cuanto antes. Una vez realizado, el Estado deberá pagar por su demolición. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 14.15 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones. IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA Informe de la Comisión Especial destinada a estudiar el cumplimiento y resultado de las distintas medidas legales y/o administrativas que se aplican a favor de las zonas extremas del país, acerca del proyecto de ley que elimina beneficio que indica para naves de transporte marítimo en el puerto de Arica. (boletín N° 442403) “Honorable Cámara: La Comisión Especial destinada a estudiar el cumplimiento y resultado de las distintas medidas legales y/o administrativas que se aplican a favor de las zonas extremas del país informa, en primer trámite constitucional, sin urgencia y en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en una moción de los Diputados Paredes y Espinoza, que elimina beneficio que indica para naves de transporte marítimo en el puerto de Arica. Durante el estudio de este proyecto, vuestra Comisión contó con la participación de los señores Fernando Abarca, Asesor del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y Pablo Ortiz, Jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de la Subsecretaria de Transportes. I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS. Para los efectos de lo establecido en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar expresamente: 1) Que el artículo único de esta iniciativa no contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado. 2) Que, de acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, el texto del proyecto de ley aprobado por la Comisión no amerita ser conocido por la Comisión de Hacienda. 3) Que, en virtud del artículo 15 del Reglamento, se introdujeron en el proyecto de ley algunas correcciones formales, que no es del caso detallar. 4) Que el proyecto de ley ha sido aprobado, en general y en particular, por unanimidad, con el voto favorable de los Diputados Alinco, Alvarado, Goic y Paredes. 5) Que, como Diputado informante, se designó al señor Iván Paredes Fierro. II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. A) Incidencia en la legislación vigente. 1. Ley 19.420. Esta ley, que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota y modifica cuerpos legales que indica, dispone en su artículo 34 que lo dispuesto en el artículo 3° del decreto ley N° 3.059, de 1979, no será aplicable en el caso de cargas que provengan o tengan por destino los puertos de la provincia de Arica. 2. Decreto ley N° 3.059, de 1979. Este decreto ley establece, en su artículo 3°1, que el cabotaje queda reservado a las naves chilenas. Dispone que se entiende por tal el transporte marítimo, fluvial o lacustre de pasajeros y de carga entre puntos del territorio nacional, y entre éstos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva. Agrega que las naves mercantes extranjeras pueden participar en el cabotaje cuando se trate de volúmenes de carga superiores a 900 toneladas, previa licitación pública efectuada por el usuario, convocada con la debida anticipación. 3. Ley N° 19.478. El artículo 2° de la ley N° 19.478, publicada en el Diario Oficial de 24 de octubre de 1996, declaró, interpretando el real sentido y alcance del artículo 34 de la ley N° 19.420, que el cabotaje a que se refiere esta disposición es exclusivamente el realizado por naves de marinas mercantes extranjeras. B) Antecedentes respecto al cabotaje2 Reseña histórica. A partir de los primeros actos legislativos de la Independencia aparece la preocupación del Gobierno por crear y desarrollar la Marina Mercante Nacional. Las disposiciones de 1811 donde se decretó la apertura de determinados puertos al comercio y, posteriormente, el Decreto de Libertad de Comercio de 1813, concedieron, sin excepción, la reserva del cabotaje a las naves mercantes de bandera chilena. A contar de 1820 se permitió, en determinados casos, la participación de extranjeros en el tráfico de cabotaje, restituyendo esta reserva en 1835, con cierta flexibilidad, por circunstancias que afectaron la oferta de transporte, como fue el descubrimiento de oro en California a mediados del siglo XIX. En 1922 se promulgó la ley de Cabotaje, la que reservó nuevamente el cabotaje a las naves chilenas, manteniéndose la reserva en disposiciones posteriores como la del año 1956 y la actual ley de Fomento a la Marina Mercante, decreto ley N° 3.059, de 1979. Reserva del cabotaje. La reserva del cabotaje marítimo constituye la regla general aplicada por los países que son socios comerciales de Chile y rige también en la mayoría de los países a nivel global. Dicho principio está consagrado en numerosos e importantes tratados suscritos por nuestro país (Alemania, Brasil, Canadá, China, México, Estados Unidos, entre otros). No obstante lo señalado, la ley de Fomento a la Marina Mercante (decreto ley N° 3.059, de 1979) autoriza el cabotaje en buques de bandera extranjera en dos situaciones: 1. Cuando se trata de transporte de carga igual o inferior a 900 toneladas métricas y no exista disponibilidad de naves bajo pabellón chileno. 2. En caso de cargas superiores a 900 toneladas, cuyos embarques parciales no sean inferiores a este tonelaje, previa licitación pública convocada por el usuario con la debida anticipación y en la forma estipulada en el reglamento. En el caso de los países de América Latina, la mayoría reserva el cabotaje y tienen establecidas distintas medidas de fomento a sus Marinas Mercantes. En este contexto Chile es el que menos protege a esta industria y es uno de los pocos que permite la participación de naves extranjeras en el cabotaje. Recientemente se ha promulgado en Perú una nueva Ley de Cabotaje, en donde se incrementan los beneficios a las Empresas Navieras Nacionales que presten servicios de cabotaje, como también a los astilleros que se dedican a la construcción de naves destinadas al cabotaje nacional. En el caso de Europa, existe un acuerdo regional basado en la reciprocidad. Sin embargo, el incremento del transporte de carga carretero proyectado para el año 2010 (38%), ha motivado que algunos países incorporen o incrementen los peajes terrestres, como también otras medidas, para desviar parte de las cargas al modo marítimo, el cual ofrece grandes oportunidades, considerando que los centros industriales de estos países se encuentran cercanos a la costa. Una situación similar se produce en los Estados Unidos, país que mantiene una reserva estricta al cabotaje y está realizando esfuerzos para incrementar su flota de cabotaje, para reducir el tráfico terrestre de carga que congestiona el sistema vial. Movimiento de carga de cabotaje. Considerando la configuración geográfica del país con su gran extensión, con los centros de producción y consumo cercanos a la costa y, además, por razones operativas y económicas, el cabotaje debiera ser el modo de transporte preferente en distancias relevantes. Este modo de transporte, por otra parte, no genera las externalidades negativas del transporte terrestre y constituye un sistema complementario. El transporte marítimo de cabotaje de graneles sólidos y líquidos se encuentra bien establecido, como también los sistemas logísticos de las empresas que lo demandan (terminales privados, estanques, etc), en donde, por los volúmenes involucrados, existen claras ventajas y menores costos en relación al transporte terrestre. El incremento sostenido de los volúmenes transportados guarda relación con la mayor actividad industrial y crecimiento de la economía nacional. Desprotección del cabotaje. En el Diario Oficial del 23 de octubre de 1995, se publicó la ley N° 19.420, que “Establece incentivos para el desarrollo económico de las Provincias de Arica y Parinacota”. En su artículo 34 indica que “lo dispuesto en el artículo 3° del decreto ley N° 3.059, de 1979, no será aplicable en el caso de cargas que provengan o tengan por destino los puertos de la provincia de Arica”. Esta apertura atentó contra el principio básico de la ley de Fomento a la Marina Mercante, que indica que la política naviera de Chile es fomentar el desarrollo y favorecer la mantención de su Marina Mercante. De igual forma se atentó contra el principio de igualdad produciendo una discriminación frente a los demás medios de transporte que tienen reservada la carga que movilizan dentro del país. Se atentó, además, contra el principio de reciprocidad consagrado en la ley de Fomento a la Marina Mercante. La apertura quebranta este principio, concediendo a las empresas operadoras extranjeras la posibilidad de realizar transporte de cabotaje en Chile, en circunstancias que las empresas chilenas no pueden llevar a cabo transportes similares en los países a los cuales pertenecen las operadoras extranjeras. Además de lo anterior, esta apertura alteró el sistema de reserva de carga nacional, afectó el establecimiento de servicios regulares, significó aplicar una discriminación tributaria y creó un injustificado precedente. De las propuestas de trabajo conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de Chile y el Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la República Argentina, fechadas en mayo de 2002, se expresa la voluntad de apoyar la apertura del cabotaje en el Mercosur y Chile permitiendo el ingreso de navieras extranjeras. Esta iniciativa que nace de la Cepal dio origen a un estudio encargado por el BID a consultores de Brasil, Argentina y Chile. Con fecha 22 de abril de 2003, se efectuó una presentación en el Ministerio de Transportes, a los integrantes de la Comisión Técnica de Facilitación y Simplificación del Transporte Marítimo, del contenido del estudio sobre Cabotaje Regional entregado recientemente por los consultores al BID. En este caso se propone una apertura a nivel Mercosur, en donde las naves de un país pueden además efectuar cabotaje en los otros. En septiembre de 2004, el Senador Jaime Orpis presentó un proyecto de ley que consagra el libre cabotaje para los puertos de la provincia de Iquique, con una redacción similar a la actualmente vigente para los puertos de la provincia de Arica. Posición de expertos de la Cepal. Se han publicado varios trabajos elaborados por especialistas de Cepal, en donde se analiza la situación del cabotaje en Chile y se proponen alternativas para aumentar la oferta de servicios a la carga general de cabotaje. En el estudio titulado “Transporte marítimo regional y de cabotaje en América Latina y el Caribe: el caso de Chile”, Jan Hoffmann, Unidad de Transporte de Cepal, Septiembre de 2001, se formulan las siguientes propuestas para promover los servicios marítimos de cabotaje: Reducir las desventajas fiscales del cabotaje marítimo frente al transporte camionero. Reducir los requerimientos administrativos exigidos al cabotaje. Discontinuar acuerdos bilaterales que en la actualidad protegen determinados flujos internacionales. En foros latinoamericanos, buscar acuerdos regionales de cabotaje en base a la reciprocidad. Permitir a los servicios regulares internacionales de aprovechar su capacidad ociosa para transportar carga general también dentro de Chile. Los estudios hacen referencia a la existencia de servicios de línea regular extranjeras que atienden el comercio exterior chileno, los que recalan en algunos casos en más de un puerto nacional, y que se ven impedidos de realizar cabotaje. Lo anterior es aplicable en particular a puertos del Norte del país. En efecto, existen varios operadores que recalan en puertos del Norte antes de hacerlo en los de la zona Central y, que, en sus rutas de salida contemplan algunas recaladas en dichos puertos. En la ruta de entrada a Chile (Southbound), los operadores extranjeros tienen 8 recaladas mensuales en Arica, 32 en Iquique y 16 en Antofagasta. En la ruta de salida (Northbound), 12 recaladas mensuales en Antofagasta y ninguna en Iquique y Arica. Pese a existir esta oferta de servicios y a las facilidades para obtener un “waiver” (dispensa para utilizar un buque extranjero en actividades de cabotaje, cuando no hay disponibilidad de buques nacionales), a lo que se suma la apertura que opera desde el año 1995 para el puerto de Arica, no se utilizan estas naves, por cuanto el costo de este transporte es superior al carretero, por las distorsiones que se comentaron anteriormente. Los waiver son usados esporádicamente, pese a ser fáciles de obtener y no tener un costo asociado como ocurre en otros países. A lo anterior, se debe agregar que la tendencia actual en los servicios de línea regular, que se evidencia también en el caso chileno, es a utilizar naves de mayor capacidad, disminuir las recaladas a puertos secundarios concentrándose en los puertos pivotes, para distribuir posteriormente estas cargas con sistemas “feeder” (sistema de distribución de carga mediante el cual ésta llega a un puerto en un buque grande y es distribuida a otros en buques de menor tamaño). Lo anterior se puede graficar en las recaladas que hace un año efectuaba uno de estos servicios en puertos del Norte chileno y los que efectúan actualmente. Potencialidad del cabotaje de carga general. El objetivo de las empresas navieras nacionales es seguir creciendo al menos a tasas como las logradas en la década pasada. Pese a no existir estudios actualizados, se dispone de cifras que indican que el transporte de carga por carretera, que se desplaza anualmente a distancias superiores a los 500 kilómetros en el sentido longitudinal del país, es considerable, estimándose en aproximadamente 20 millones de toneladas anuales. Estas cifras indican que la participación del cabotaje de carga general alcanza sólo al 5% del total, existiendo un amplio margen de crecimiento si se presentan condiciones de una competencia sana. Obviamente, jamás se podrá esperar que la mayoría de esta carga se traslade del camión al buque, pero si se lograra que un porcentaje de un 10% lo hiciera, en particular las cargas que se desplazan a distancias considerables, se triplicaría el transporte de cabotaje de carga general, con múltiples beneficios para el país, en economía de combustibles, reducción de la congestión y accidentes, mantenimiento de rutas no concesionadas, entre otros. Razones de mantener la reserva del cabotaje. El cabotaje, satisface una necesidad imprescindible para el desarrollo del país, desde el punto de vista geográfico, económico y de seguridad. Las naves y dotaciones de la Marina Mercante Nacional forman parte de la Reserva Naval de la República. Las naves que estarán siempre e inmediatamente disponibles son las que se destinan al cabotaje. Cabe señalar además, que las naves de bandera nacional dedicadas al comercio exterior, son pocas, por lo que la reserva descansa principalmente en las dedicadas al cabotaje. Fragilidad del sistema terrestre que se ve interrumpido por temporales y otros desastres naturales que frecuentemente cortan puentes y parte de la carretera Panamericana. En estos casos, las autoridades recurren al cabotaje para solucionar los problemas de aislamiento y transporte del país. Empleo directo e indirecto a más de 20.000 personas empleadas a bordo, administración, mantenimiento, construcción naval, servicios, escuelas de formación y centros de entrenamiento de dotaciones nacionales, etc. KnowHow que se adquiere a bordo de vital importancia para la administración de los negocios marítimos, agenciamiento de naves, practicaje y pilotaje, negocios portuarios, etc. Respeto al principio de reciprocidad consagrado en la ley chilena. Disposición de cierta capacidad propia de transporte para las necesidades del país, en caso de crisis externa que afecte o disminuya la oferta de transporte marítimo internacional. Respeto a la directiva que, en este sentido, Chile ha pactado en numerosos tratados internacionales. III. IDEAS FUNDAMENTALES O MATRICES DEL PROYECTO. La iniciativa legal tiene por finalidad establecer que, en el puerto de Arica, al igual que en el resto de los puertos del país, el cabotaje quede reservado a las naves chilenas. A. Objetivos del proyecto. Explicaron los autores de la moción que es un hecho que se presume conocido de todos los beneficios introducidos por la ley N° 19.420. Su artículo 34, relativo al transporte marítimo, establece una excepción a la reserva de cabotaje, lo que ha ido en detrimento del transporte terrestre. De esta manera, las naves extranjeras que tengan por destino el puerto de Arica pueden transportar cargas, incluso, inferiores a 900 toneladas. Lo anterior claramente vulnera el principio de igualdad que debe existir en el trato económico de las diferentes actividades, lo que hace necesario una urgente revisión de los beneficios concedidos en la ley antes aludida y que sirven de base al presente proyecto de ley. En efecto, la referida normativa especial, estableció una excepción a la reserva de cabotaje, al disponer la no aplicabilidad de ésta si el puerto de embarque o destino era el puerto de Arica. Lo anterior ha significado que naves extranjeras han participado del cabotaje entre puertos nacionales, incluso en un tonelaje inferior a 900 toneladas, omitiendo el requisito de la licitación previa. La reserva de cabotaje a las naves nacionales constituye un concepto doctrinario muy arraigado en la gran mayoría de las legislaciones de los países marítimos. Idéntico principio consagra el inciso primero del artículo 3°, del decreto ley N° 3.059, de 1979, ley de fomento de la marina mercante. Como explica el profesor García3, “el cabotaje es el transporte marítimo fluvial o lacustre de pasajeros y de carga entre puntos del territorio nacional, y entre estos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva”. Como consecuencia de los razonamientos precedentes, la vigencia de la excepción a la reserva de cabotaje ha significado en la práctica consecuencias desfavorables para el transporte terrestre, que no estaban en la intención del legislador de la ley 19.420, por lo que no se advierten razones para mantener su régimen excepcional, siendo necesaria su derogación. B.Comentario sobre el articulado del proyecto. El proyecto de ley consta de un artículo único que deroga el artículo 34 de la ley N° 19.420, que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota y modifica cuerpos legales que indica. IV. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO. a) En general. Durante la discusión general del proyecto, se conoció la opinión del señor Pablo Ortiz, Jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de la Subsecretaria de Transportes quien, en lo sustancial, expresó lo siguiente. La ley Arica estableció un régimen de excepción con respecto al régimen general, que dispone una reserva para el régimen marítimo de carga para el cabotaje, es decir, el transporte marítimo que se realiza entre distintos puertos del territorio de la República. Este régimen general está reconocido en la ley de Fomento de la Marina Mercante. La ley Arica estableció una norma especial respecto de aquellas cargas que tenían como origen o destino el puerto de Arica. Esta norma apuntaba a generar un flete más barato, permitiendo que no solo accedieran al transporte de carga naves chilenas, sino, también, naves extranjeras. Sin embargo, esta es una situación excepcional, que rompe el esquema del cabotaje. En el mundo, por regla general, en el transporte marítimo, el cabotaje está reservado para las marinas mercantes nacionales. En general, en las negociaciones que se llevan a cabo en el marco de la Organización Mundial de Comercio, dentro del listado de compromisos, el tema de la apertura del cabotaje es fundamental. En la última propuesta de Chile a la Organización Mundial de Comercio, se omitió este compromiso, toda vez que liberalizar el cabotaje implicaría una modificación de la ley, lo que no permite un compromiso en el corto plazo. Por otra parte, las naves que antiguamente realizaban transporte de comercio exterior a través del puerto de Arica, ahora lo hacen a través del puerto de El Callao, en Perú. Actualmente, la nave “Colca”, perteneciente a una empresa croata, con bandera de conveniencia de Antigua y Barbuda, realiza transporte de carga entre los puertos de El Callao, Arica e Iquique, una vez a la semana. Adicionalmente, la nave chilena “Huasco” efectúa cabotaje en la zona. El régimen general en Chile es el del cabotaje reservado para naves nacionales y, en el concierto mundial, la mayoría de los países reservan el cabotaje para naves nacionales. En el entendido que esta iniciativa otorgaría consistencia y coherencia a la legislación, en particular, en lo que dice relación con la ley de Fomento a la Marina Mercante, toda vez que su artículo 1° establece que es deber del Estado fomentar la marina mercante nacional, la opinión del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es favorable al proyecto de ley en estudio. Por su parte, el Diputado autor de la iniciativa, explicó que el decreto ley N° 3.059, de 1979, regula el cabotaje en todos los puertos de Chile y determina la forma en que buques extranjeros pueden sacar carga de esos puertos, en desmedro de los buques chilenos. Se establece que la carga que pueden sacar los buques extranjeros debe ser superior a 900 toneladas, que el dueño de la carga la licite con 30 días de anticipación y que no existan buques chilenos que estén en condiciones de transportarla. Esta norma rige para todos los puertos chilenos, con excepción de Arica. Ello, en razón de que, en el artículo 34 de la ley Arica, se estableció como un beneficio para la zona. En efecto, se consideró que esta ley iba a permitir la instalación de múltiples industrias, para las cuales esta excepción constituiría un incentivo para el transporte de sus productos. Sin embargo, ello no aconteció ya que no se instalaron las industrias que se esperaba. En la actualidad, el puerto de Arica está a disposición de un barco extranjero que incluso puede transportar containers vacíos, sin ninguna limitación. Uno de los planteamientos del pliego de peticiones de los transportistas que recientemente estuvieron en paro en Arica era derogar el artículo 34 de la ley Arica, de manera de analogar el puerto de Arica a todo el resto de los puertos de Chile. En su concepto, esta norma actualmente está perjudicando la actividad del transporte y, por consiguiente, generando cesantía en la zona. Aseveró que esta propuesta ha sido concordada también con los Senadores de la Región. Finalmente, explicó que el proyecto de ley presentado consta de un artículo único que tiene como único propósito derogar el artículo 34 de la ley N° 19.420. De esta manera, el puerto de Arica quedará sometido a las mismas condiciones en las que están todos los puertos de Chile. Durante el debate que se produjo en el seno de la Comisión respecto de esta iniciativa, hubo consenso en el hecho de que la moción contiene una norma que permite igualar el puerto de Arica al sistema general de reserva de cabotaje para el resto de los puertos de Chile. Sin embargo, se manifestaron algunas aprensiones respecto de la señal que podría significar para las empresas extranjeras que iniciaron sus operaciones con cierta normativa y, luego, se modifican las disposiciones legales, en su perjuicio. Asimismo, se consideró que no existe certeza respecto de que el hecho de impedir el cabotaje por parte de naves extranjeras se traduzca, necesariamente, en un beneficio para los transportistas terrestres nacionales. Por estos motivos, se requirieron mayores antecedentes al señor Ortiz, Jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de la Subsecretaria de Transportes, en particular, respecto de los efectos prácticos que generaría la derogación de esta norma, quien los proporcionó por escrito mediante la minuta que a continuación se reseña. “Minuta sobre procedimiento aplicable a las autorizaciones de cabotaje en naves extranjeras Autorización de naves extranjeras para hacer cabotaje Pese a que la regla general es que el transporte de cabotaje (transporte entre dos puntos del territorio de la República) está reservado a naves nacionales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6° del decreto ley N° 3.059 (ley de Fomento a la Marina Mercante), es posible que se reputen como chilenas las naves extranjeras fletadas y operadas por las empresas navieras chilenas, hasta en un 50% de sus tonelajes propios, siempre que así lo soliciten y se acredite que no existe disponibilidad de naves. Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11, inciso segundo, del decreto supremo N° 237, que reglamenta el decreto ley N° 3.059, se entenderá que no existe nave disponible, en caso que la espera de la nave chilena o reputada como tal, produjere atrasos en el embarque de las cargas superiores a ocho días y, tratándose de productos perecibles o de pronto deterioro o corrupción, no superior a tres días corridos. Ahora bien, en la práctica el procedimiento consiste en que se solicita la reputación al Ministerio de Transportes por parte de una naviera nacional para la realización de un tráfico de cabotaje, durante un período de tiempo determinado, solicitud que amerita una consulta de disponibilidad hacia las demás navieras nacionales que, en el evento de ser respondida en forma negativa y, ajustándose a los términos del límite del 50% del tonelaje propio, dará lugar a la respectiva reputación que, posteriormente, será comunicada por el Ministerio de Transportes a la autoridad marítima vía fax. Cabe consignar que este trámite dura aproximadamente tres días. En todo caso, es necesario tener presente que este procedimiento se aplica a los embarques de carga iguales o inferiores a 900 toneladas métricas de peso; con respecto a embarques que excedan dicho volumen, las naves mercantes extranjeras podrán participar en el cabotaje, previa licitación pública efectuada por el usuario, convocada con la debida anticipación. Régimen de excepción de la ley Arica Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 19.420, las naves extranjeras no tienen obligación de solicitar la autorización exigida, en conformidad al decreto ley N° 3.059. Consecuencia de la eventual derogación del artículo 34 La derogación del citado artículo, traería como consecuencia que, para que se pueda utilizar una nave extranjera, será necesario que, previamente, se solicite la reputación de la nave como de bandera nacional, naturalmente, previa acreditación de no existir nave de bandera nacional y, ajustándose al límite del 50% del tonelaje propio de la naviera chilena solicitante. En otros términos, la derogación del mencionado artículo no impedirá la contratación de una nave extranjera, aún cuando, es necesario reiterar que se deberá cumplir con el procedimiento antes descrito.” Cerrado el debate y puesto en votación general el proyecto de ley, la Comisión procedió a aprobarlo, por unanimidad, con el voto favorable de los Diputados Alinco, Alvarado, Goic y Paredes. b) En particular. Artículo único Deroga el artículo 34 de la ley N° 19.420, que permite el cabotaje de naves extranjeras en el puerto de Arica. Sometido a votación el artículo único, fue aprobado por unanimidad, con el voto favorable de los Diputados Alinco, Alvarado, Goic y Paredes. V. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN. En mérito de las consideraciones anteriores y por las que, en su oportunidad, pudiere añadir el Diputado informante, vuestra Comisión recomienda la aprobación del siguiente PROYECTO DE LEY. Artículo único.- Derógase el artículo 34 de la ley N° 19.420. Se designó diputado informante al señor Iván Paredes Fierro. Sala de la Comisión, a 12 de septiembre de 2006. Acordado en sesiones de fecha 23 de agosto, 6 y 12 de septiembre de 2006, con la asistencia de los Diputados Claudio Alvarado Andrade (Presidente), René Alinco Bustos, Rodrigo Álvarez Zenteno, Pablo Galilea Carrillo, Carolina Goic Boerevic, Iván Paredes Fierro, Manuel Rojas Molina, Fulvio Rossi Ciocca y Ximena Valcarce Becerra. Asistieron, además, los Diputados Marta Isasi Barbieri y Carlos Recondo Lavandero. (Fdo.): MIGUEL CASTILLO JEREZ, Secretario de la Comisión”. Moción de los diputados señores Barros, Bobadilla, Estay, Forni, Hernández, Lobos, Moreira, Norambuena, Rojas y Ward. Modifica la ley N° 19.300, aumentando el plazo para formular indicaciones en los estudios de impacto ambiental. (boletín N° 451812) “La ley N° 19.300 sobre bases generales del medio ambiente señala el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la protección del medio ambiente, a la preservación de la naturaleza y a la conservación del patrimonio ambiental. La actual ley menciona que es deber del Estado facilitar la participación ciudadana y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases y, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental son, a modo de ejemplo los Acueductos, embalses o tranques, líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones, centrales generadoras de energía mayores, reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas, vertederos etc. Son titulares de la acción ambiental, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado. Sin embargo, la legislación actual en esta materia establece que se podrán formular observaciones al estudio de Impacto Ambiental, ante el organismo competente, dentro de un plazo de 60 días, lo que resulta un tiempo limitado para evaluar si proyectos de tan gran envergadura son rigurosos y, efectivamente, no afectan al medio ambiente. En este sentido, la ley orgánica constitucional de municipalidades señala que para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán ciertas atribuciones esenciales, sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros organismos públicos. Las municipalidades podrán colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro de los límites comunales. Por esta razón es fundamental modificar el artículo 29 de la actual ley de medio ambiente, en el sentido de extender el plazo para observaciones ante un proyecto de impacto de estudio ambiental. PROYECTO DE LEY Artículo Único: Modificase el inciso primero del artículo 29 de la ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, de la siguiente forma: “Las organizaciones ciudadanas y las personas naturales a que se refiere el artículo anterior podrán formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, ante el organismo competente, para lo cual dispondrán de un plazo de “noventa días”, contado desde la respectiva publicación del extracto.” Moción de los diputados señores Arenas, Bobadilla, Correa, Estay, Hernández, Masferrer, Norambuena, Rojas, Urrutia y Von Mühlenbrock. Sobre difusión de garantías para los consumidores. (boletín N° 451903) 1. Actualmente en nuestro país, la información sobre las condiciones de garantía de los productos, no constituye un factor importante para determinar la elección de un bien por parte del comprador, lo cual, en comparación con mercados más avanzados, refleja una deficiencia que va en perjuicio directo de los consumidores. 2. Si bien las condiciones de la garantía de los productos que se venden en el mercado, están contempladas en la llamada “información básica comercial” que debe ser entregada al consumidor según lo dispone el artículo 32 de la ley sobre Protección al Consumidor, la información sobre ellas, no es actualmente de fácil acceso y lo más grave, tampoco se hace en forma oportuna, es decir, con anterioridad a la compra. 3. Un mejor y más fácil acceso a la información de los términos de garantía de los productos que se comercializan en el mercado, permitirá una mayor competencia, lo que ayudará a perfeccionar una de las más grandes falencias de nuestro mercado, como lo es el servicio postventa. 4. Hoy en día, por ejemplo, la actual ley del consumidor establece ciertos derechos ante el desperfecto o defectos de los bienes comprados, que son en muchos casos desconocidos por parte de los consumidores, a saber: Que existe una garantía legal para todos lo productos de 3 meses (artículo 21 inciso 1°) y de 7 días en el caso de productos destinados a ser usados o consumidos en plazo breve (artículo 21 inciso 6°) La garantía se puede hacer cumplir en el mismo lugar en donde se compró el producto (artículo 21 inciso 5°) Que el consumidor puede optar entre la reparación, su reposición o devolución de lo pagado (art. 20). 5. Por lo anterior, presentamos un proyecto de ley que busca hacer de las condiciones de garantía, un elemento más a la hora de ejercer el derecho a elección por parte del consumidor, imponiendo obligaciones tanto a los proveedores como a los fabricantes de productos. Para los proveedores, la obligación de mostrar en el lugar más próximo a la venta del producto los términos generales de la garantía y para los fabricantes, la obligación de colocar mediante etiquetas, la información básica de la garantía. 6. Se consideran los siguientes requisitos básicos de información: (i) Plazo de la garantía. (ii) Lugar donde hacerla efectiva y nombre del garante, teléfono y mail. Exclusiones o limitaciones de la garantía. Las opciones del cliente en caso de desperfecto: arreglo, cambio o restitución de lo pagado. PROYECTO DE LEY Agréguese un nuevo artículo 15 A, a la ley N° 19.496, sobre protección del consumidor, del siguiente tenor: “Artículo 15A: Los fabricantes deberán incorporar a sus productos, etiquetas en las que se informe adecuadamente sobre las condiciones mínimas de la garantía de sus productos. En el caso de no contar los productos con dicha etiqueta, será obligación de los proveedores el informar de un modo claramente visible, en la estantería o vitrina, las condiciones mínimas de la garantía. Se entenderá por condiciones mínimas de la garantía la información relativa al plazo de vigencia de la misma, los derechos del titular, la identificación de garante y las limitaciones o exclusiones de la misma.” Moción de los diputados señores González, Araya, De Urresti, Insunza, Paredes, Quintana, Venegas, don Samuel; Valenzuela, y de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia y Muñoz, doña Adriana. Modifica la ley N° 19,712, del Deporte con la finalidad de flexibilizar las normas sobre régimen de garantía de los aportes y facilitar la adecuación estatutaria de las organizaciones deportivas. (boletín N° 452229) “Considerando: 1°Que la ley del Deporte, aprobada tras una larga discusión el año 2001 y la nueva institucionalidad creada bajo su alero, ha sido considerada como una de las innovaciones más importantes que se han realizado en la historia de nuestro país para crear las condiciones idóneas para que la práctica deportiva, tanto un faz masiva y recreacional como de competitiva y de alto rendimiento. Siguiendo la experiencia extranjera, se ha creado una Institucional Pública y un conjunto de instrumentos de gestión, para facilitar la organización y estimular el trabajo de las organizaciones deportivas insertas desde antiguo en la estructura social de nuestro país. 2°Que, sin embargo, los objetivos tenidos en vistas, hasta el momento no han podido ser satisfechos plenamente, debido, entre otras cosas, a rigideces normativas que deben ser eliminadas pues de lo contrario inhiben el cabal cumplimiento de los objetivos buscados. Una de estas rigideces es la que establece el artículo 50 de la Ley del Deporte referido a la obligatoriedad de las organizaciones deportivas de generar limitaciones al dominio de bienes propios de las organizaciones deportivas y cauciones a favor del Fisco para asegurar la afectación de los recursos que le han sido entregados para el desarrollo de proyectos financiados con recursos provenientes de la nueva institucionalidad deportiva. En efecto, el artículo 50 de la ley del Deporte, prescribe que las obras construidas o habilitadas, en todo o parte, con los recursos contemplados en la ley, no se podrán enajenar, gravar, prometer gravar o enajenar, salvo previa autorización del Instituto y precisa que en caso de generarse las autorizaciones para enajenar, las organizaciones deberán reintegrar al instituto los recursos aportados por el Estado. Así se indica que deberán restituirse “aquella parte del precio de venta equivalente a la proporción del aporte en el precio original de compra del inmueble”. Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la ley prescribe en la misma disposición que el convenio que formalice el aporte respectivo deberá suscribirse mediante escritura pública, la cual deberá contener cláusula expresa sobre la prohibición de enajenar sin la previa autorización del Instituto y el régimen de restituciones ante eventuales enajenaciones. Dicha prohibición deberá inscribirse en el correspondiente registro del Conservador de Bienes Raíces respectivo y anotarse al margen de la inscripción de dominio del inmueble. En todo caso, la prohibición de enajenar el inmueble respectivo expirará, por el solo ministerio de la ley, a los cuarenta años de la fecha de la inscripción. Como se puede apreciar el Estado se ha asegurado, con justo motivo, el buen destino de los recursos evitando que estos terminen desviándose a fines no deportivos, lo cual resulta no sólo jurídico procedente sino que necesario para dar seriedad a todo el sistema de aportes públicos o privados para la práctica deportiva. Sin embargo, la forma en que se logra este aseguramiento de objetivos en los hechos desincentiva a las organizaciones a emplear la institucionalidad deportiva, pues el mecanismos es gravoso desde una doble perspectiva: primero porque genera una limitación del derecho de dominio que no es fácil de entender y menos asumir por parte de los asociados a las entidades deportivas, muchas de las cuales tras largos años de trabajo y hasta lucha social se han convertido en dueños de sus bienes inmuebles y porque además desde un punto de vista operativo significa incurrir en costos muy altos fruto de la necesidad de solventar gastos actuariales y notariales, vg: reducción de convenios a escritura pública, pago de derechos de inscripción de prohibiciones y gravámenes en los registros del Conservador de Bienes Raíces del lugar en donde estén sitos los bienes, etc. 4°Que en atención a lo anterior, los diputados que suscribimos postulamos una flexibilización de la legislación vigente que sin dejar de lado el aseguramiento de los fines de los recursos entregados al fomento deportivo, no signifiquen ni limitar el dominio de los bienes de las organizaciones mi menos generarles gastos que no están en condiciones de solventar. Pensando en la generación de un sistema efectivo y económico en cuanto a su implementación, postulamos que las organizaciones deportivas cuando reciban aportes del Estado caucionen el correcto destino de los recursos que tiene su origen en la ley del Deporte, mediante la suscripción de títulos de créditos, letras de cambio o pagarés no endosables a favor del Instituto Nacional del Deporte, los cuales, se podrán expresar en unidades reajustables según determine la autoridad mediante un reglamento, para lo cual se mandata expresamente al Ejecutivo para que lo elabore dentro de un plazo de 60 días después que entre en vigencia esta ley. 5°Que otro problema que aqueja a las organizaciones deportivas dice relación con el proceso de adecuación de sus estatutos a lo preceptuado por el artículo 39 de la nueva ley del Deporte, lo que implica iniciar procesos largos, complejos y onerosos, pues supone, adecuar los estatutos de conformidad a las normas de la Ley con la cual fueron otorgados los estatutos originales. Así por ejemplo, una fundación sin fin de lucro deberá efectuar todo el procedimiento de reforma, lo que supone desembolsar importantes sumas de dinero en gastos actuariales y notariales, como pago de notarios públicos, reducción a escritura pública de las actas de las asambleas, etc, lo que sin dudad inhibe la formalización de estas instituciones y su correcta adecuación a la nueva normativa legal vigente. Para solucionar este grave problema, postulamos derechamente que se exima del pago de derechos notariales a estas entidades, presumiendo su pobreza y el beneficio anexo, que deberá ser otorgado por la entidad pública facultado para ello (las corporaciones de asistencia judicial) atendido el hecho de que se trata de entidades de bien público que objetivamente carecen de medios para solventar estos gastos. Todo esto sin perjuicio de que el Estado pueda disponer por la vía administrativa algún otro sistema que les permita exonerarse a las instituciones del pago (subsidios, convenios con el Notariado, etc). Creemos, que el desarrollo de estas entidades, especialmente en el mundo popular, es esencial para la mejor calidad de vida de la población, y que por ende establecer barreras de entrada como el costo de actuaciones ante auxiliares de la Administración de Justicia es un obstáculo que puede y debe ser removido por este Congreso Nacional. Por lo anterior postulamos reformar, a estos afectos lo dispuesto en el Artículo 39 de la ley del Deporte, estableciendo al presunción de pobreza de las organizaciones y entidades deportivas en proceso de adecuación estatutaria, para liberarlos del pago de derechos del arancel notarial. 6°Que, finalmente, convocamos a la H. Cámara de Diputados a iniciar una discusión profunda sobre estos dos tópicos precisos de la ley del Deporte que hoy en día significan una seria limitación a la aplicación práctica de esta ley y a su desarrollo posterior como instrumento de desarrollo social y generador de bienestar, salud y en definitiva una mejor calidad de vida de nuestra población. Por tanto, Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY ARTÍCULO ÚNICO.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley N° 19.712, del Deporte: 1. Reemplázase el inciso 5° del artículo 50, por el siguiente: “Para el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores, junto a la firma del convenio que formalice el aporte respectivo las organizaciones deportivas emitirán una letra de cambio o pagaré nominativo y no endosable a favor del Instituto, expresada en unidades reajustables, por el monto de los aportes recibidos, la cual servirá de garantía suficiente del fiel destino de los recursos obtenidos.” 2. Agréguese el siguiente inciso 5° y final al artículo 39: “Se presumirá de pleno derecho que las organizaciones deportivas en proceso de adecuación estatutaria gozan del privilegio de pobreza para practicar las actuaciones notariales de rigor.” 3. Agréguese el siguiente inciso 6° y final del artículo 39: “No será requisito para postular a los beneficios de esta ley la readecuación de estatutos establecida en este artículo, aunque si lo será para hacer uso y goce de los mismos.” Moción de los diputados señores Montes, Burgos, Encina, Enríquez-Ominami, Monckeberg, don Cristián; Mulet, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica y Saa, doña María Antonieta. Regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos. (boletín N° 452315) Vistos: Lo dispuesto en los artículos 1º, 19 numeral 1º y 5º, y en los numerales 3) y 20) del artículo 63 de la Constitución Política de la República y en la ley N° 18.168, general de Telecomunicaciones. Considerando: 1.Que las comunicaciones son fundamentales para el desarrollo de la vida moderna, constituyendo un importante adelanto tecnológico en beneficio de la calidad de vida de las personas. 2.Que, sin embargo, como ocurre con muchas manifestaciones propias del desarrollo, pese a ser concebidas con propósitos positivos, éstas son también utilizadas con fines negativos, sirviendo a la planificación y ejecución de hechos delictivos. 3.Que así, por ejemplo, ha ocurrido con las comunicaciones a través de la red Internet. Tal situación ha motivado la preocupación internacional reflejada en sendas conferencias de Naciones Unidas, en la instalación en dicho organismo de un grupo especializado sobre la materia y en diversas resoluciones de entidades multilaterales como el Consejo de Europa. 4.Que ello motivó, asimismo, la inclusión en nuestro país, a través de la ley N° 19.927, de la actual disposición en ese sentido contenida en el inciso quinto del artículo 222 del Código Procesal Penal. 5.Que, sin embargo, nuestro país no cuenta con una adecuada regulación respecto de las comunicaciones telefónicas, las que han demostrado ser una vía privilegiada para la perpetración y comisión de delitos. En efecto, se han hecho frecuentes las denuncias de estafas cometidas a través de la telefonía y se ha detectado el uso de dichos aparatos para la organización de bandas delictuales. 6.Que las posibilidades que brinda el medio telefónico son infinitas. Así, las estadísticas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones indican que en nuestro país existen cerca de 3.400.000 líneas de telefonía fija y más de 10.000.000 de equipos de telefonía celular. Particularmente significativo es el hecho que de estos últimos, 8.263.988 aparatos sean de prepago, respecto de los cuales existe escasa o nula posibilidad de obtener la identificación de sus propietarios, convirtiéndose, entonces, en un valioso instrumento para la comisión de ilícitos. 7.Que lo anterior pone de manifiesto las dificultades que el Ministerio Público y las policías enfrentan para cumplir su labor en la investigación y represión de tales hechos. 8.Que ello dista de la experiencia internacional, pues se encuentran en aplicación o en curso diversas medidas tendientes a una mejor regulación de la tenencia de dichos equipos. Así, la Convención del Consejo de Europa sobre la Cybercriminalidad, texto acordado en Budapest el 2001 y en cuya preparación participaron también naciones ajenas al viejo continente y que se encuentra abierto a la suscripción de países ajenos a éste en calidad de asociados, prescribe, en su artículo 17, respecto de las comunicaciones de telefonía móvil, que: “1. A fin de asegurar la conservación de los datos de tráfico, en aplicación del artículo 16, las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para: a.procurar la conservación inmediata de los datos de tráfico, cuando uno o más prestadores de servicio hayan participado en la transmisión de dicha comunicación; y b.asegurar la comunicación inmediata a la autoridad competente del Estado, o a una persona designada por dicha autoridad, de datos de tráfico suficientes para permitir la identificación de los prestadores de servicio y de la vía por la que la comunicación se ha transmitido.” En forma más reciente, en el mismo sentido apunta la directiva sobre Retención de Tráfico Telefónico y de Comunicaciones Electrónicas, aprobada por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea. Este último texto, despachado en Febrero pasado, obliga los Estados miembros a que legislen exigiendo a las empresas de telecomunicaciones mantener a disposición de los organismos pertinentes, información acerca del tráfico telefónico y de las direcciones IP visitadas por los usuarios de Internet, con el objeto de facilitar la investigación de delitos. Siguiendo estas directrices Suiza ya ha establecido normas tendientes a la creación de un registro de propietarios de equipos de telefonía móvil, medida que han seguido diversas naciones del sudeste asiático. 9.Que, por lo anterior, los diputados que suscriben creemos conveniente la dictación de normas que apunten en los siguientes sentidos: a.Mantener a disposición de las investigaciones criminales, por un lapso adecuado, la información sobre el tráfico de llamadas telefónicas, no en lo referido a su contenido, sino a los números de origen y destino y localización de las mismas. Lo anterior, se mantiene hoy en archivo, con el objeto de facturar, pero por un plazo insuficiente. b.Identificar a los adquirentes de equipos de telefonía móvil, de tarjetas SIM (Subscriber Identity Module) y de las tarjetas de prepago, y c.Fortalecer las medidas tendientes a suspender el servicio de teléfonos móviles robados, utilizados frecuentemente en la comisión de ilícitos. 10. Que estamos convencidos que las normas propuestas no afectan de ningún modo los derechos de las personas, al no interferirse en forma alguna el contenido de sus comunicaciones y que las eventuales molestias que pudieran generar estas normas son mínimas comparadas con el positivo impacto que ellas pueden tener para facilitar la investigación de los delitos, garantizando así la seguridad de todos. Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Intercálese en el inciso quinto del artículo 222 del Código Procesal Penal, a continuación del punto seguido que sucede a la palabra “abonados”, la frase siguiente: “Del mismo modo, las empresas concesionarias de servicio público telefónico fijo o móvil, deberán conservar, a lo menos por un año, la localización y los datos de tránsito de las llamadas que realicen sus usuarios, tales como el número de origen y destino y la duración de éstas. Lo anterior no se extenderá al contenido de las mismas, cuya interceptación deberá sujetarse a lo dispuesto en el inciso primero.” Artículo 2º.- Agréguese a la ley N° 18.168, general de Telecomunicaciones, los siguientes nuevos artículos 24 ter y 24 quater: “Artículo 24 ter.- Las empresas concesionarias de servicio público telefónico móvil deberán mantener un registro actualizado de sus abonados, sean éstos contratados o de prepago. Con tal efecto deberán requerir la identificación de sus clientes, en cualesquiera de las modalidades señaladas y de los adquirentes de tarjetas SIM (Subscriber Identity Module) y de prepago. A la misma obligación quedará sujeto todo aquél que comercialice tales artículos. La nómina de suscriptores será reservada y los datos contenidos en ella tendrán carácter de personales, según lo señalado en la ley N° 19.628.” “Artículo 24 quater.- Las empresas concesionarias de servicio público telefónico móvil deberán proceder al inmediato bloqueo de los equipos que se denuncien como robados y de las líneas telefónicas asociadas a éstos. Transcurridos dos meses sin que el titular identificado en el registro informe de su recuperación ambos deberán inactivarse definitivamente. La infracción de la norma precedente y de aquéllas señaladas en los incisos primero y segundo del artículo anterior, serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 de la presente ley, en tanto la vulneración de la confidencialidad del listado previsto en la parte final del inciso 24 ter estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 23 de la ley N° 19.628.” “Artículo 3º.- Las empresas concesionarias de servicio público telefónico móvil deberán adoptar las medidas tendientes a la inscripción de sus actuales abonados de prepago en el registro a que hace referencia el artículo 24 ter de la ley N° 18.168. Con este efecto, transcurrido un año desde la publicación de la presente ley, deberán proceder al bloqueo de todos los equipos que no se encontraren incluidos en dicho registro y a la inutilización de los números asociados a ellos. Con todo, los usuarios afectados por esta medida tendrán el derecho de requerir la reposición del servicio en sus equipos, con otra numeración, una vez practicada la inscripción.” Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Bertolino, Lobos, Martínez, Monckeberg, don Cristián; Rojas, Verdugo, y de la diputada señora Valcarce, doña Ximena. Modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de que las cédulas de votaciones incluyan fotografías de cada candidato. (boletín N° 452406) Fundamentos del proyecto. La ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, establece en sus artículos 24 y 25, las menciones que deben tener impresas las cédulas de votaciones, dependiendo de si se trata de elecciones para senadores y diputados o sólo de diputados, o de Presidente de la República, respectivamente. Las normas para las elecciones municipales, se contienen en el Título V de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, contenida en el Decreto con Fuerza Ley N° 1 de 2006, en cuyo artículo 105, se establece que para en todo lo que no sea contrario a este cuerpo legal, regirán las disposiciones de la mencionada ley N° 18.700. Si bien las referidas menciones tienen por objeto individualizar adecuadamente a los diversos candidatos, se estima que, al igual como ocurre en otros países, las cédulas deben contener al lado del nombre de cada candidato, una fotografía reciente del mismo, cuyas características fijará el Servicio Electoral. Esta medida permitirá, en nuestro concepto, que el elector identifique de la mejor forma posible a cada candidato, evitando confusiones, que bien pueden darse cuando existen candidatos con el mismo apellido. Con el avance de la tecnología computacional, hoy en día es perfectamente posible imprimir una fotografía en colores en este tipo de documentos, que sea fácilmente identificable por los electores. En mérito a las consideraciones que anteceden, venimos en someter a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente PROYECTO DE LEY: Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios: 1.En el inciso segundo del artículo 24, agrégase a continuación de la palabra “independiente” seguida de un punto final, la siguiente frase: “Asimismo deberá estar impresa una fotografía reciente del candidato, cuyo tamaño y características serán fijadas por el Servicio Electoral”. 2.Agrégase un inciso segundo al artículo 25, del siguiente tenor: “Asimismo, deberá estar impresa al lado derecho, después del nombre de cada candidato, una fotografía reciente del candidato, cuyo tamaño y características serán fijadas por el Servicio Electoral”. Moción de los diputados señores Uriarte, Forni, Hales, Insunza, Moreira, Mulet, Norambuena, Salaberry, Tuma y Ulloa. Facilita la información sobre infracción de las obligaciones contractuales de los proveedores. (boletín N° 452503) “Honorable Cámara: La protección de los derechos de los consumidores fue modificada en aspectos trascendentes en julio de 2004, mediante la ley N° 19.955. Entre las modificaciones de mayor importancia se encuentra la posibilidad de que los consumidores afectados por un mismo proveedor puedan intentar en su contra una acción de clase o “class action”, sobre la base de los supuestos procesales que establecen los artículos 50 y siguientes de la ley vigente. Uno de tales supuestos es que, si la acción no es interpuesta por el Sernac o por una asociación de consumidores, puedan interponer la demanda un grupo de no menos de 50 personas, unidas contractualmente con el mismo proveedor. Ello supone algún mecanismo de información que permita a los distintos consumidores tomar conocimiento de algún hecho que pueda afectar también a, al menos, otras 49 personas. Tal mecanismo, actualmente, esté entregado enteramente al azar, en la medida que solo mediante una situación accidental o casual se podrá conocer que varias personas han sido afectadas, en su calidad de consumidores, por el incumplimiento de un mismo proveedor. El presente proyecto de ley tiene, entonces, por objeto generar una instancia de información adecuada para cumplir con el propósito antes indicado, de forma tal, que las personas afectadas puedan tomar conocimiento de sus problemas comunes. El origen de una class action sobre la base de la actividad de personas individuales merece tal vez mayor atención que el caso de un organismo público, o se asociaciones preestablecidas, y de las cuales todavía no se observa un grado significativo de desarrollo. En cambio, si un grupo de consumidores experimenta directamente la necesidad de intentar una acción de clase, parece necesario proveer mecanismos de información que les permita accionar judicialmente. Ello se lograría en forma expedita y económica tomando en cuenta el acelerado desarrollo de instrumentos informáticos en nuestro país, lo que significa que con mucha facilidad una persona afectada por el incumplimiento del proveedor se encontrará cerca de un terminal de computación que le permita conocer si existen casos similares al suyo, o bien registrar su experiencia para la información de otros posibles afectados, y de esa forma, cumplir con el requisito de la letra c) del Nª1 del artículo 51 de la ley N° 19.494 en orden a reunir un número mínimo de 50 personas para dar inicio a la acción legal. Por lo anterior, vengo en proponer el siguiente PROYECTO DE LEY: Artículo único.- Intercálase en el artículo 51 de la ley N° 19.496, a continuación de la letra c) del N° 1, el siguiente inciso penúltimo: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, el Servicio Nacional del Consumidor mantendrá en su página web un registro abierto donde cualquier persona podrá anotar su nombre, cédula de identidad, domicilio y exponer, en calidad de consumidor, los hechos que pudieren dar lugar a una acción en defensa del interés colectivo o difuso de otros consumidores, respecto del mismo proveedor. El Servicio establecerá un índice por materias, que permita la expedita y adecuada información de cualquier interesado.”. 10. Moción de los diputados señores Uriarte, Accorsi, Forni, Hales, Moreira, Mulet, Norambuena, Paya, Ulloa y Tuma. Evita la captura indefinida del consumidor o del usuario de un servicio, por la tramitación abusiva al término del contrato. (boletín N° 452603) “Honorable Cámara: Los derechos de los consumidores han quedado fijados en la ley N° 19.496, modificada por la ley N° 19.955. Dichas leyes constituye un todo armónico que permite el sano y justo equilibrio entre quienes ofrecen bienes y servicios y los usuarios o el consumidor. Sin embargo, existe un aspecto puntual que no refleja equitatitamente el debido equilibrio entre ambos sectores, y es el que se refiere a los trámites para poner término a un contrato de suministro o consumo domiciliario. En síntesis, la situación, conocida ya por muchas personas que la han experimentado, consiste en que las empresas de algunos servicios, como telefonía u otros, ofrecen todas las facilidades y comodidades al potencial usuario para obtener la contratación de los servicios. Pero, si el usuario desea o necesita poner término al contrato, entonces no existen ni las facilidades ni las comodidades, sino, por el contrario, aparecen toda clase de trabas burocráticas que obligan al consumidor a seguir pagando los servicios más allá de la utilidad que tienen para él. Por esta razón, resulta necesario establecer legalmente la equipariedad entre la forma en que se celebra un contrato y la forma como se la pone término, puesto que en derecho las cosas de deshacen tal como inicialmente se hicieron. En consecuencia, vengo en presentar el siguiente PROYECTO DE LEY: Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.496: 1.Introdúcese a continuación del artículo 15 y dentro del párrafo 4º del Título II, el siguiente artículo 15 bis: “Artículo 15 bis.- Todo contrato celebrado entre proveedor y consumidor, puede ser resuelto en la misma forma, medios y procedimiento utilizados en su celebración, sin que la forma de desahuciarlo o de ponerle término pueda significar un costo o una tramitación adicional o más gravosa que la que le dio origen. Lo dispuesto en este artículo no autoriza para poner término unilateralmente a un contrato al margen de sus disposiciones o de la ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.”, y 2.Introdúcese, en el artículo 23, el siguiente inciso segundo: “Asimismo, comete infracción el proveedor que, ante la solicitud de un consumidor o usuario para poner término al contrato, impusiere condiciones, tramitaciones o exigencias que hicierenla gravosa, la dificultaren o entorpecieren.”. Moción de los diputados señores Godoy, Accorsi, Núñez y Sepúlveda, don Roberto. Modifica la ley N° 19.966, que establece un régimen de garantías en salud, con el objeto de disponer la voluntariedad del procedimiento de mediación establecido en ella. (boletín N° 452711) Fundamentos del proyecto: La ley N° 19.966, una de las leyes del “Plan Auge”, establece en su artículo 43, que para ejercer acciones jurisdiccionales contra prestadores institucionales públicos y privados de salud, debe el demandante, previa y obligatoriamente, someterse al procedimiento de mediación establecido en el párrafo II del cuerpo legal referido. Ello implica que para demandar, por ejemplo al Servicio de Salud para obtener una indemnización de perjuicios derivados de una negligencia médica, es necesario someterse a este procedimiento administrativo, previo y obligatorio en todo caso, el que se tramita ante el Consejo de Defensa del Estado. Igual procedimiento se debe realizar previo a demandar a las clínicas y hospitales privados, claro que en este caso la mediación se realiza ante mediadores acreditados ante la Superintendencia de Salud. Ocurre que tengo conocimiento que el porcentaje de mediaciones, en el caso de prestadores públicos de salud, en que se ha llegado a un acuerdo es muy bajo. Ello porque no se proveyó a los Servicios de Salud de fondos especiales para alcanzar acuerdos extrajudiciales en casos de negligencias médicas. Vistas así las cosas, este procedimiento de mediación, más que una oportunidad para alcanzar rápidos acuerdos previo al juicio, obteniéndose justas reparaciones para las víctimas de negligencias médicas, se ha transformado, más bien, en un obstáculo, un requisito que deben superar las víctimas de negligencias médicas en su largo proceso por alcanzar justicia. Creo que fue un error establecer un procedimiento de mediación obligatoria, sin otorgar fondos especiales para alcanzar acuerdos, en el caso de acciones indemnizatorias contra el Estado, a través de los Servicios de Salud. Ello, estimamos, de algún modo, tergiversa el espíritu de la ley, que fue facilitar y no obstaculizar el acceso a reparaciones por parte de los usuarios de los servicios de salud públicos y privados. La mediación debe ser un mecanismo opcional para los usuarios de los prestadores públicos y privados de salud, los que deben tener la posibilidad de dirigirse, antes de iniciar una acción legal, ante mediadores a fin de, en ciertos casos, intentar obtener rápidamente una reparación o solución al problema que les aqueja. En algunos casos, los usuarios afectados no buscan una reparación económica, sino prestaciones de salud. En estos casos, la mediación es útil. De hecho, hasta donde sé, los pocos casos en que la mediación ha sido útil para los usuarios afectados, han sido casos en que se ha llegado a un acuerdo sobre la base de otorgar prestaciones de salud, y no reparaciones económicas. A mayor abundamiento, hago presente que el derecho de todo ciudadano a recurrir de forma libre y rápida a la justicia, en este caso estimo se lesiona, desde la perspectiva que el ciudadano afectado no puede, sin más, iniciar un procedimiento civil reparatorio por casos de negligencia médica, dirigido contra prestadores de salud públicos y privados, sin que previamente se haya sometido al procedimiento de mediación referido. Más aún, hago presente que, siendo el proceso civil ordinario ya lento y largo, la exigencia de mediación previa, que he señalado es útil en muy pocos casos, lo que hace es retardar aún más la conclusión del proceso civil ordinario, aumentándose el tiempo de espera para la obtención de justicia. En mérito de lo expuesto, someto a la aprobación de la Cámara de Diputados el siguiente: PROYECTO DE LEY: Artículo único: Sustitúyase el artículo 43 de la ley N° 19.966, que establece un régimen de garantías en salud, por el siguiente: “Previo al ejercicio de las acciones jurisdiccionales contra los prestadores institucionales públicos que forman las redes asistenciales definidas por el artículo 16 bis del decreto ley N° 2.763, de 1979, o sus funcionarios, para obtener la reparación de los daños ocasionados en el cumplimiento de sus funciones de otorgamiento de prestaciones de carácter asistencial, podrá el interesado someter su reclamo al procedimiento de mediación ante el Consejo de Defensa del Estado, el que podrá designar como mediador a uno de sus funcionarios, a otro en comisión de servicio o a un profesional que reúna los requisitos del artículo 54. En el caso de prestadores privados, los interesados podrán también someterse a un procedimiento de mediación ante mediadores acreditados por la Superintendencia de Salud, conforme a esta ley y el reglamento, procedimiento que será de cargo de las partes. Ellas deberán designar de común acuerdo al mediador y, a falta de acuerdo, la mediación se entenderá fracasada. Las mediación es un procedimiento no adversarial y tiene por objetivo propender a que, mediante la comunicación directa entre las partes y con intervención de un mediador, se llegue a una solución extrajudicial de la controversia”.