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El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Constitución, legislación y Justicia, paso a informar sobre el proyecto de ley que suspende la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal.
Concurrieron a la Comisión el señor Isidro Solís , ministro de Justicia ; la señora Verónica Baraona , subsecretaria de dicha cartera; la señora Paulina Fernández , directora del Servicio Nacional de Menores; el señor Eduardo Sepúlveda , Defensor Nacional; el señor Alfredo Bañados , director nacional de Gendarmería de Chile , entre otros.
En el mensaje, se hace presente que el Gobierno ha puesto la política pública sobre la infancia y la adolescencia en el centro de las prioridades. Fruto del consenso que existió, se aprobó en el Congreso Nacional la ley sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, publicada en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2005.
El mensaje señala que una preocupación fundamental de todos los intervinientes en el proceso de discusión de dicha ley fue contar con un sistema adecuadamente preparado para su aplicación. En efecto -explica-, la ley en cuestión ha previsto un sistema especializado de juzgamiento y sanciones para los adolescentes que infrinjan la ley penal entre los 14 y los 18 años de edad.
Manifiesta que este sistema especializado se basa en una serie de disposiciones que exigen una respuesta muy fina del mismo, que permita la efectiva reinserción social de los adolescentes infractores de la ley penal.
Asevera que la especialidad implica centros privativos de libertad diferentes y enfocados exclusivamente en los adolescentes, que posibiliten una intervención orientada a la plena integración social. Significa también que el procedimiento de persecución penal debe recoger las especificidades de la etapa adolescente considerando, por ejemplo, el lenguaje juvenil, con estándares que garanticen que las audiencias sean entendidas cabalmente por el adolescente imputado y se conviertan en parte de su proceso socioeducativo.
Finalmente, implica la especialidad de todos los actores del sistema de justicia, desde las policías hasta los jueces, pasando por fiscales, defensores, educadores de los centros y delegados de libertad asistida, todos los cuales han de estar capacitados tanto en los aspectos legales de esta crucial reforma como en, quizás aún más importante, los ámbitos criminológicos y de inserción social.
En definitiva, esto tiene que ser todo un sistema que realmente permita cumplir con el objetivo, no sólo de sancionar, sino también -y fundamentalmente- de reinsertar al infractor de entre catorce y dieciocho años de edad.
El ministro de Justicia nos explicó que existen notables avances en diversas áreas del proceso de implementación de la ley Nº 20.084, pero que también hay retrasos en la construcción de algunos centros semicerrados, por lo que se estableció que el inicio de la entrada en vigencia de esa ley, el próximo 8 de junio -según la norma vigente-, presentaría diversos problemas, pues no se contaría con la oferta suficiente de centros semicerrados en todas las regiones.
Además, hay otras áreas en que existe déficit, como, por ejemplo, en el área educacional de algunos de los centros existentes y en el tratamiento de rehabilitación de drogas en la mayor parte del país.
Asimismo, el ministro nos explicó que la implementación de esta ley ha significado trabajar muchos temas, como, por ejemplo, los normativos. En el fondo, se trata de que la legislación sea la adecuada para lo que significa la implementación de esta ley en materia reglamentaria, administrativa, de circulares, de convenios, de decretos y de funcionamiento de los distintos centros.
Incluso, se estableció una mesa de justicia penal adolescente, coordinada por el Ministerio de Justicia, en que se han creado diversas comisiones de trabajo. Una situación similar se ha producido en materia informática y estadística, aspecto que se ha logrado implementar.
La Defensoría Penal Pública nos informó que ha capacitado y especializado a sus defensores en cursos que se iniciaron el pasado 15 de marzo, los que tendrán una duración de dos meses.
El Poder Judicial también ha efectuado capacitación, de manera que su personal esté adecuadamente preparado para enfrentar la entrada en vigencia de esta ley. La Academia Judicial es la encargada de realizar los cursos de especialidad, incluso, los licitó a través de todo el país.
En cuanto al tema espacial y de infraestructura, nos informó que, a través de la Subsecretaría de Justicia, se han efectuado inversiones que alcanzan los 38 mil millones de pesos para garantizar que se cuente con centros especiales para adolescentes en todo el país, que permitirán que éstos se encuentren totalmente separados de los adultos.
Falta por gastar -aunque están contemplados en el presupuesto del sector- cerca de 3.700 millones de pesos en el diseño y construcción de un centro cerrado de privación de libertad en la Región Metropolitana.
Además, nos señaló que, por primera vez en nuestra historia, cuentan con un centro cerrado por región. En total, son diecisiete centros, exclusivos para adolescentes del nuevo sistema de justicia penal. En este momento, se está en fase de diseño de un nuevo centro para la Región Metropolitana, que vendrá a complementar los actualmente existentes.
Los antecedentes sobre lo que se ha avanzado son conocidos, especialmente a través del informe del Senado, porque el de la Cámara de Diputados es muy escueto.
¿En qué áreas tenemos déficit? En la que tiene que ver con la infraestructura de los centros semicerrados, que es fundamental. Naturalmente, sin ella, la ley no puede funcionar de manera adecuada.
El plan de inversiones en centros semicerrados contempla lo siguiente: a junio de 2006, habrá un total de cinco centros en la Primera, Décima , Undécima y Duodécima regiones.
En enero de 2007, se agregarán siete centros más en la Segunda, Cuarta , Quinta , Sexta y Décima regiones, y en la Metropolitana, en Calera de Tango, un centro femenino.
En mayo de 2007, se agregarán al circuito dos centros más en las regiones Séptima y Novena . Adicionalmente, en noviembre de 2007, en la Región Metropolitana, se contará con otros centros semicerrados para varones. Los dos centros restantes están sujetos a aspectos técnicos en la Tercera y Octava regiones.
En materia de centros semicerrados, a junio de 2006 solamente habrá cinco. Es decir, tendremos un gran déficit en todas las otras regiones. Eso hace muy difícil implementar la ley sobre responsabilidad penal juvenil.
No sólo en el área anterior hay déficit. También lo hay en educación. Actualmente funcionan 12 escuelas en centros privativos de libertad, de 17 que tendrían que haber. Explicó el ministro , que la oferta es insuficiente, toda vez que no contempla todos los niveles educativos. Hay poco interés en esta materia. ¿Qué alternativa hay en estudio para solucionar este problema? Una adecuación legal para que el Mineduc cuente con una subvención especial que otorgue un incentivo adicional a los sostenedores educacionales, puesto que, tal como está la situación, los distintos establecimientos educacionales o sostenedores no se interesan por cumplir con todo un programa educacional para la reinserción social de estos jóvenes.
Asimismo, se piensa en modalidades a través del programa Chile Califica o que directamente el Sename asuma la oferta de los centros donde no se cuente con sostenedores interesados en impartir la educación, lo que es necesario.
Otro tema muy importante es el tratamiento de rehabilitación del consumo de droga, y ahí tenemos otro déficit. Durante el año 2006, explicó el ministro , se están ejecutando nueve proyectos. Siete financiados por el Sename y dos por el Conace, con una cobertura de 460 plazas y con un costo total de 471 millones de pesos, en las regiones Primera, Segunda, Quinta , Sexta , Octava , Décima y Metropolitana. Faltan más dispositivos especializados para la atención de consumidores problemáticos y/o abusivos de drogas.
Allí hay una gran falla y debemos tener en cuenta que la ley establece en su artículo 7º que el juez estará facultado para establecer como sanción accesoria a las penas señaladas, siempre que sea necesario en atención a las circunstancias de los adolescentes, la obligación de someterlos a tratamiento de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol. Es decir, el juez puede ordenar que se le rehabilite, que se le someta a tratamiento, pero tenemos un gran déficit en ese sentido.
Según estudios realizados por el Sename y el Conace, de los infractores de la ley penal entre los 14 y los 17 años de edad, un 70 por ciento presenta consumo de drogas ilícitas, y dentro de este porcentaje, un 50 por ciento es consumidor de varias sustancias adictivas. Es decir, los infractores a la ley penal adolescente, en un gran número, son consumidores de drogas ilícitas y, por lo tanto, van a necesitar rehabilitación.
Por todo esto, se ha propuesto la postergación de la entrada en vigencia de la ley Nº 20.084. Así, en definitiva, en su artículo 1º transitorio se propone reemplazar la expresión “seis meses” por “dieciocho meses”, con lo cual su entrada en vigencia sería el 8 de junio de 2007.
En el Senado se incorporó el siguiente artículo 4º transitorio, nuevo: “Establécese una comisión formada por expertos, la que se encargará de evaluar la implementación de la presente ley e informar trimestralmente acerca del estado de avance de la misma a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Esta comisión será coordinada por el Ministerio de Justicia.” La idea es que la Cámara de Diputados y el Senado cuenten con información cabal sobre el avance de la implementación de la ley N° 20.084, de manera de tener todo preparado para su aplicación el 8 de junio de 2007.
El proyecto fue aprobado, en general y en particular, por 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, en los términos propuestos por el Senado.
La Comisión deja constancia de que el proyecto no contiene disposiciones de rango orgánico constitucional o que requieran ser aprobadas con quórum calificado ni que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
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