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El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , estamos en presencia de un proyecto cuyo objetivo único es postergar por un año la entrada en vigencia de una importante reforma, que permitirá enfrentar un problema que afecta a nuestra sociedad: la infracción a la ley penal por parte de adolescentes.
Todos estamos contestes en que el actual sistema mediante el cual se da tratamiento punitivo y se rehabilita a los adolescentes infractores de la ley penal es malo porque es decimonónico y funciona mal. Todo demuestra que la determinación del discernimiento no tiene lógica alguna desde el punto de vista de la rehabilitación y del efecto punitivo que se persigue. Por ello, hubo consenso en la necesidad de reformar el sistema.
Habla bien de los gobiernos de los Presidentes Eduardo Frei Ruiz-Table y Ricardo Lagos haber puesto este tema en el debate y, después de largas tramitaciones y de presentar preproyectos, haber acordado, a mediados del año pasado, una reforma sustancial y estructural al sistema. Durante muchos años se dijo que había que cambiarlo, pero no se hizo nada. Sin embargo, en esos dos períodos presidenciales se tomó la decisión política, estructural y de financiamiento destinada a ese propósito.
Ahora, postergar la entrada en vigencia de una ley como ésta no es una buena noticia. Por tanto, no cabría sostener que el presente proyecto es positivo. No obstante, las informaciones que en las comisiones técnicas han dado el ministro de Justicia y la subsecretaria de esa cartera, la directora del Servicio Nacional de Menores y los representantes de Gendarmería indican que dicha postergación es indispensable, a fin de que la ley se aplique en un régimen de funcionamiento correcto.
Se creyó, de buena fe, que la ley podría comenzar a regir a contar del 8 de junio próximo, pero las dudas que se manifestaron respecto de algunas construcciones y de ciertos cursos de acción demostraron que ello no será posible, y no es bueno que una reforma de esta magnitud entre a la vida del derecho con una mano amarrada o caminando a medias. Ello no obsta reconocer con honestidad que tampoco es bueno que al momento de determinar su entrada en vigencia en el plazo original del 8 de junio próximo -que todavía está vigente-, se haya errado en el diagnóstico -de buena fe-, por temas de constructibilidad y de disposiciones financieras. Por eso, es conveniente que quienes deben hacerse cargo de la implementación de este cuerpo legal sean capaces de decir que es preferible que se aplique de forma completa y no a medias. Esta situación es parecida a lo que ocurrió cuando se suspendió por seis meses la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en Santiago, y, hoy, todos coincidimos en que fue una buena decisión, haciendo salvedad de lo ocurrido, porque estamos en un buen momento desde el punto de vista de la seguridad pública. Eso lo ha tenido presente el Ministerio de Justicia y el Gobierno al pedir esta postergación.
Este proyecto apunta a la seguridad ciudadana. Lo que pasa es que en el país hablamos poco acerca de estos temas cuando no estamos cerca de una campaña electoral. Ahora estamos lejos. Entonces, el tema de la seguridad es menos “marquetero”; pero, como es importante, siempre hay que aludirlo.
Ayer, el Ministerio del Interior entregó un buen informe sobre denuncias de delitos de mayor connotación social, que dice -textualmente-: “La tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social (Dmcs) -todos sabemos cuales son: homicidios, robos con fuerza, etcétera-, correspondientes a enero-marzo de 2006, registra una baja de -1,6 por ciento (de 605,94 a 596,47 casos cada 100 mil habitantes) en comparación con igual trimestre del año anterior.” Es decir, con el trimestre móvil, no con el inmediatamente anterior. Ésa es una muy buena noticia de lo que pasa en el país con la seguridad ciudadana.
A su vez, el Conace acaba de entregar una encuesta sobre prevalencia en el consumo de drogas. Si uno mira los cuadros comparativos -es bueno hablar con información- respecto de la evolución en los últimos años de la prevalencia de las tres drogas que más se consumen en nuestra sociedad, marihuana, pasta base y cocaína, podrá apreciar que el consumo de marihuana durante 2000 y 2004 se ha mantenido, el de pasta base también registra una situación similar y el de cocaína, incluso, una baja. No todos los países pueden contar, después de implementar durante de 6 ó 7 años un plan estratégico, que las tendencias de consumo o prevalencia empiezan a detenerse.
Entonces, si uno considera que en el segundo trimestre hay una baja en los delitos de mayor connotación social en la prevalencia del consumo, si empezamos a discutir un tema muy importante desde el punto de vista orgánico cuál es un nuevo Ministerio Público o un Ministerio del Interior en una versión más de seguridad pública, si evaluamos ciertas buenas cifras de los cuadrantes con la necesidad de mayor gestión de los mismos, uno se da cuenta de que, como Estado, como sociedad, estamos empezando a dar ciertos pasos que indican resultados concretos de mejoría en un tema central de la cotidianeidad de los chilenos, que es la seguridad pública. Desde esa perspectiva, hay un tema también muy importante que es el ingreso en régimen de esta ley, porque todos sabemos que en Chile tenemos un problema con los menores infractores. Hay un alza en la comisión de delitos y tenemos una ecuación casi perfecta, según algunos datos, entre consumo de droga e infracción delictual de menores.
Por ejemplo, un estudio de la Fundación Paz Ciudadana, cuyos datos no han sido discutidos por nadie, revela en una muestra hecha en la zona sur de Santiago porcentajes altísimos de relación entre consumo de droga y acto delictual.
Todo indica que si no estamos en condiciones de entregar a un menor infractor primerizo la oportunidad de rehabilitarse, por ejemplo, a través de cursos adecuados -de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, no estamos bien preparados para eso-, es preciso postergar la puesta en marcha del sistema de responsabilidad penal de los adolescente. No nos podemos hacer los lesos. No vamos a sacar a los menores del delito por el simple hecho de llevarlos a un sistema cerrado, semi cerrado o de libertad asistida. Si esos jóvenes no tienen capacidad para reinsertarse, estamos haciendo mal nuestro trabajo, porque nadie en el país entenderá que el problema de los jóvenes infractores o delincuentes -como otros los denominan- es un problema de la sociedad. Por ende, esta postergación, que obviamente es una novedad, una mala noticia para quienes trabajamos en este proyecto, es indispensable desde el punto de vista de apostar a un buen camino, al mismo que estamos siguiendo como Estado, cual es empezar a derrotar la inseguridad ciudadana.
He dicho.
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