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El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , la ley sobre responsabilidad juvenil es de enorme importancia y trascendencia. Es producto de un trabajo serio que responde a dos dimensiones de un mismo problema: mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y proteger los derechos de los jóvenes y de los jóvenes infractores. No se trata sólo de una ley punitiva, pues también garantiza a estos últimos un trato adecuado para que respondan y encuentren el camino que les permita reincorporarse adecuadamente a la sociedad.
Coincido con el planteamiento de otros diputados de la Concertación, en el sentido de que no es bueno tener que votar favorablemente la postergación de la entrada en vigencia de una ley de tanta relevancia. No hubiésemos querido tener este debate; sin embargo, la realidad nos obliga.
Es importante que el tiempo de prórroga que estamos concediendo sea aprovechado intensamente para cumplir con las condiciones de base de la ley sobre responsabilidad juvenil eficaz, y para informar y socializar sus objetivos ante la opinión pública y la ciudadanía.
Agradezco la buena disposición de las autoridades del Ministerio de Justicia -con las que hemos conversado- para recorrer el país y visitar distintas comunidades, a fin de socializar al máximo los alcances de la ley, porque tenemos la sensación de que sólo es vista como el castigo que reciben quienes cometen un delito, sin revelar su otra dimensión, que es reinsertar a los menores infractores.
Tenemos que hacer un enorme esfuerzo como país para ampliar y ajustar nuestra mirada en este tema. Venimos saliendo de un proceso electoral importante, en el que hemos elegido diputados, senadores y Presidenta de la República . En la última década la agenda de seguridad ciudadana se ha transformado en un arma electoral arrojadiza que permite ganar puntos a los candidatos más duros, más severos, a los que ofrecen más penas y más castigos.
Como representantes de los ciudadanos, tenemos la obligación de analizar el problema con más profundidad, y eso significa incorporar la dimensión de oportunidades que aún no se brindan a los jóvenes, que están en la columna del debe en lugar de estar en la del haber.
Por ello, a partir de esta lamentable necesidad de postergar la entrada en vigencia de la ley, el Congreso Nacional tiene la oportunidad de hacer un esfuerzo. En ese sentido, la creación de un comité de expertos puede ser de gran ayuda para abordar el problema como política de Estado, y así podremos todos colaborar activamente en disminuir la sensación de inseguridad que aqueja a la población. El diputado Burgos mencionó cifras que indican que la comisión de delitos disminuyó, y ese es un logro del conjunto de la ciudadanía y no sólo del Gobierno. Todos debemos hacer esfuerzos en esa dirección.
Por eso, hago un llamado a los colegas para que aprovechemos esta oportunidad y asumamos una lógica de Estado que permita que la ley sobre responsabilidad juvenil responda a las dos dimensiones que referí al comienzo de mi intervención: mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y proteger y garantizar los derechos de los jóvenes y los de los jóvenes infractores.
He dicho.
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