-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650745/seccion/akn650745-po1-ds34-ds48
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2696
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- rdf:type = bcnres:Participacion
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/1
- rdf:value = "
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Bustos.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, existe pleno consenso acerca de que esta ley conlleva un cambio radical respecto de lo que existe en nuestro país, tan radical como el que ha significado la reforma procesal penal.
Por eso, resulta sumamente sorprendente que algunos parlamentarios estén en contra de la postergación de la entrada en vigencia de esta ley y, más sorprendente aún, que el diputado Forni cite la época de la dictadura, en circunstancias de que en ese entonces lo que se hizo fue matar a jóvenes, muchos de los cuales pasaron a formar parte de los detenidos desaparecidos. A mi juicio, es muy lamentable apelar a ese período para plantear algún argumento que justifique el rechazo a la postergación de la entrada en vigencia de la ley N° 20.084.
La Concertación se ha preocupado de este tema. Desde 1996 en adelante, comenzó a hacer seminarios a lo largo del país, con participación de jueces de menores, de diferentes organizaciones sociales y de las ONG que se dedican a esta materia, con el objeto de hacer una reforma profunda respecto de lo que existe en Chile, que perjudica enormemente a los jóvenes, tanto en el sentido de dejar a algunos libres como de dejar a otros con delincuentes, lo que significa, por lo tanto, que esos jóvenes no puedan tener una inserción social.
Desde 1996 en adelante, se realizó una gran cantidad de seminarios y de discusiones para configurar el proyecto de ley, el cual ingresó a tramitación en el Congreso Nacional en 2002, donde estuvo hasta 2005, año en que fue sancionado como ley de la República. Durante ese período, muchos sostenían que era necesario apresurar su despacho, pero sin considerar que se trataba de una iniciativa sumamente importante y vital para el país, no simplemente de un tema retributivo o de aplicar la represión, lo que habría sido sumamente sencillo: establecer para los jóvenes las mismas penas del Código Penal. Pero no era ése el objetivo. Por ello, tuvo lugar una amplia y profunda discusión, porque se trataba de que, junto con la sanción, se estableciera la posibilidad de inserción social de los jóvenes, con el objeto de cortar su carrera criminal. Sólo así -lo ha demostrado la experiencia de diferentes países-, cuando se pone atención en la juventud, es posible lograr que los índices de criminalidad desciendan, porque en esa etapa de la vida se inicia la actividad criminal.
Por eso, había que plantear el proyecto sobre la materia sumamente compleja, que considerara los aspectos social, educativo, de salud y del combate a las drogas. No era un tema fácil, sino, reitero, sumamente complejo, porque sólo en la última instancia se aplicaba la internación cerrada. Pero lo más básico y lo más importante dice relación con la libertad asistida, con la libertad asistida especial y con los establecimientos semicerrados. Por eso nos demoramos cuatro años en discutir esta materia.
Hoy, cuando simplemente se plantea postergar por un año la entrada en vigencia de la ley, se levantan las manos y se rasgan vestiduras, en circunstancias de que sólo queremos que la ley tenga la efectividad que buscamos y que cumpla con los objetivos que nos propusimos.
Entonces, no entiendo de qué responsabilidad se puede hablar aquí, cuando, precisamente, el deber del Congreso Nacional es preocuparse de que se cumplan los objetivos de las leyes que aprueba. Entonces, si el problema es tan complejo -todos estamos conscientes de que lo es-, desde los puntos de vista social, educativo, de salud y de drogas, obviamente, también será difícil su solución.
Evidentemente, hubo un error de cálculo al estimar que después de seis meses de publicada la ley podría existir coordinación entre los ministerios de Educación, de Salud, las policías, Gendarmería de Chile y otras instituciones de servicio social. Pero es nuestra responsabilidad elaborar leyes que realmente cumplan sus objetivos.
Por eso, diversos parlamentarios -los diputados Burgos , Ceroni y quien habla, entre otros- en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia planteamos que se creara una comisión de seguimiento, con el objeto de constatar que se cumplan los plazos establecidos, de aquí al 8 de junio del 2007.
Apelo a la responsabilidad de todos los señores diputados para que no se den el gusto de votar en contra o de abstenerse, a fin de que esta ley cumpla sus objetivos.
He dicho.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650745/seccion/akn650745-po1-ds34
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650745