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El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 32, que se encontraba pendiente.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 32, de la señora Turres, doña Marisol; de los señores Ward, Alvarado, Lobos; de la señora Nogueira, doña Claudia; y de los señores Masferrer, Norambuena, Recondo, Paya y Ulloa.
“Considerando:
Que una serie de reformas judiciales se han implementado para mejorar el acceso a la justicia en el país, tales como la Reforma Procesal Penal o la creación de los Tribunales de Familia, con una importante inversión pública.
Que la Reforma Procesal Penal contempló la creación de un servicio público -descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente-, denominado Defensoría Penal Pública. Ésta proporciona defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes de Apelaciones, en su caso, y que carezcan de abogado (artículos 1° y 2° de la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública).
Que, por razones inexplicables, la Reforma no consideró un servicio que prestara asistencia jurídica de igual calidad para las víctimas de los delitos, por lo que éstas se encuentran sin la representación judicial necesaria para la defensa de sus derechos, más aun, cuando es menester contar con un abogado para querellarse y demandar por los perjuicios ocasionados en la comisión de un crimen, simple delito o falta.
Que es de público conocimiento la frustración que ha generado la puesta en marcha de los Tribunales de Familia en miles de familias, pues no se ha cumplido con las expectativas creadas y existe gran dilación y postergación, especialmente para las mujeres jefas de hogar que no cuentan con abogados que las representen.
Que la misma frustración la sufren los trabajadores y las personas de escasos recursos que requieren y no cuentan con asistencia jurídica gratuita que garantice su acceso real a la Justicia.
Que, actualmente, la asistencia jurídica del Estado se presta en múltiples servicios no integrados: cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, Servicio Nacional de Menores ( Sename ), Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Defensoría Penal Pública, abogados de tumo, Fundación de Asistencia Legal y Social de la Familia y otros.
Que las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial no cuentan con medios físicos ni con el personal necesario para atender a las personas de escasos recursos y descansan, esencialmente, en el trabajo de los alumnos egresados de las carreras de Derecho.
Que, en su artículo 19, número 3°, la Constitución Política de la República asegura a todas las personas ‘igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida […]. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos […]’. Sin embargo, el Estado no está cumpliendo con este mandato constitucional.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la creación del Servicio Nacional de Asistencia Jurídica y Social, de carácter profesional, que haga realidad el acceso a la Justicia para las personas de menores recursos.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , en los últimos años, se ha hecho un gran esfuerzo tanto por el Congreso Nacional como por el Ejecutivo , para implementar una serie de reformas que persiguen mejorar el acceso a la justicia, entre ellas, la reforma procesal penal, la creación de los tribunales de familia, el proyecto de ley sobre reforma especial penal para el adolescente, así como reformas en materia laboral.
Pero cada una de ellas se ha encontrado con un importante tropiezo.
La reforma procesal penal contempló la creación de la defensoría penal pública, que tiene por objeto otorgar asesoría jurídica gratuita a todos los imputados de un delito, lo que me parece bien. Sin embargo, las víctimas de los delitos carecen de una asesoría profesional de la misma calidad y del mismo nivel que la de los imputados. El hecho de que haya fiscales absolutamente colapsados por el número de causas que lleva cada uno y de que los imputados sólo tengan derecho a voz, hace que muchas de las causas sean archivadas provisionalmente, porque las víctimas no tiene quién defienda sus derechos en los tribunales orales o de garantía, o muchas veces, ante el fiscal.
Por su parte, la creación de los tribunales de familia ha generado gran frustración a miles de mamás, pues lo que en principio vieron como una bonanza, cual es la posibilidad de recurrir ante los tribunales sin la asesoría de un abogado, al final ha resultado ser un bumerán, por cuanto ellas presentan sus demandas personalmente, pero el demandado usualmente llega patrocinado por un abogado.
La ley penal del adolescente, cuyo lamentable aplazamiento votaremos en estos días, contempla la contratación de cuarenta nuevos abogados y, a partir del próximo año, la licitación de estudios jurídicos particulares para defender a los menores que delinquen. Muchos de ellos, si no la mayoría, no han tenido una vida familiar sana, educación o las oportunidades de otros, pero sí tienen noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Sin embargo, tendrán un profesional que los defenderá, pero sus víctimas continuarán en la indefensión.
Se están estudiando reformas en materia laboral para mejorar los derechos de los trabajadores que no son respetados por los empleadores, pero tampoco serán debidamente representados en los juicios respectivos.
En Chile existen diversos organismos que prestan asesoría jurídica gratuita, como las corporaciones de asistencia judicial, algunos organismos que dependen del Sename y del Sernam y la Defensoría Penal Pública. No obstante, hace mucha falta contar con corporaciones regionales o con un sistema nacional de asistencia jurídica, debidamente descentralizado, que tenga por objeto defender a las personas que no tienen recursos para contratar a un abogado, a fin de que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que su contraparte.
El primer inciso del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas sus derechos constitucionales, dice:
“3° La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida…”
Su inciso segundo dispone: “La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no pueden procurárselas por si mismos.”
Por lo tanto, el objeto del proyecto de acuerdo es solicitar al Presidente de la República , a quien corresponde la iniciativa, la creación de un servicio nacional de asistencia jurídica y social u otro organismo de carácter profesional gratuito que haga realidad el acceso a la justicia para las personas de menores recursos.
Pido el apoyo de las distintas bancadas para el proyecto de acuerdo, pues se hace cargo de una realidad que se observa día a día en nuestros distritos y porque no se puede decir que impera el estado de derecho en un país sin acceso a la justicia para todos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS .-
Señor Presidente , en relación con el tema, que es importante desde el punto de vista del acceso a la justicia, cabe recordar que el país ya cuenta con la Corporación de Asistencia Judicial, la cual atiende a gente de escasos recursos para entablar las acciones legales correspondientes.
En varias regiones, por ejemplo en la Quinta, la Corporación de Asistencia Judicial cuenta con una entidad para la protección de las víctimas, a quienes presta servicio en todos los aspectos, tanto desde punto de vista jurídico -para iniciar querellas criminales en casos de delito-, como social y laboral, para brindarles ayuda psicológica o para atender los problemas de las víctimas. En consecuencia, habría que dotarla de más recursos para que desarrolle en todo el país lo que realiza en algunas regiones, a fin de que pueda brindar acceso igualitario a la justicia para todos.
Por lo tanto, no es necesaria la creación de un nuevo servicio nacional de asistencia jurídica y social, pues existe la Corporación de Asistencia Judicial, que cuenta con personal capacitado. Lo único que falta -reitero- es dotarla de mayores recursos, para que pueda atender de mejor forma las materias de carácter civil y penal, en este caso, la interposición de querellas criminales en favor de las víctimas de delitos.
Por las razones señaladas, me opongo al proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER .-
Señor Presidente , tal como lo planteó el diputado señor Bustos , existe la Corporación de Asistencia Judicial, de manera que si bien el objeto del proyecto de acuerdo es importante -hacer posible la garantía constitucional respecto del acceso a la justicia para todos- la solución no pasa por la creación de más servicios, de más burocracia, sino en repotenciar la Corporación.
Debemos recordar que el año pasado se hizo un esfuerzo muy importante al fusionar el Programa de Asistencia Jurídica, otro mecanismo con similar labor, con la Corporación de Asistencia Judicial, así como la instalación de oficinas para la atención de las víctimas de delitos violentos. En todo caso, es bueno señalar que a dicho programa le faltan recursos y normas adecuatorias.
En cuanto a la persecución del microtráfico, dentro de algunos meses, por iniciativa de la Corporación de Asistencia Judicial, se relanzará el centro jurídico antidrogas, al cual el Ministerio del Interior delegará facultades, pues debido a la reforma procesal penal, es imposible que pueda ejercer la acción penal pública.
También es bueno reiterar que, en la medida de lo posible, nuestro sistema debe avanzar en desjudicializar la justicia.
Se encuentran pendientes algunos temas relativos a los tribunales de familia y laborales, para posibilitar que las personas de escasos recursos y, en general, todos los ciudadanos, puedan acceder directamente a los tribunales, sin necesidad de ser acompañados por abogados o procuradores.
Los pasos que se deben dar en materia de justicia es asignar más recursos a los servicios judiciales existentes y posibilitar, desde el punto de vista legal, que las personas no requieran de un abogado ni de un procurador para acceder a la justicia.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Bustos Ramírez Juan; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Fuentealba Vildósola Renán; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Farías Ponce Ramón; Goic Boroevic Carolina; Leal Labrín Antonio.
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