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La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , en mi calidad de diputada informante de la Comisión Investigadora encargada de estudiar y reunir antecedentes sobre la situación que afecta a los trabajadores del país, a raíz del proceso de transformación y modernización de los terminales portuarios, paso a informar a la Cámara de Diputados acerca del cometido que ella tuvo a bien encomendarle.
Aprovecho de recordar, como una especie de justo homenaje a nuestro querido colega Ramón Pérez Opazo (Q.E.P.D.), quien fue diputado integrante y presidente de esta Comisión.
Respecto de su origen, en la sesión 5ª de la legislatura extraordinaria de sesiones, celebrada el 8 de octubre de 2002, la honorable Cámara, después de un debate e intercambio de opiniones en el que participaron diputados y diputadas de todas las bancadas políticas representadas en la Corporación, aprobó un proyecto de acuerdo suscrito por la diputada señora Rosa González y los diputados señores Galilea, don Pablo ; Varela y Vilches , por el cual se proponía la creación de una Comisión Investigadora encargada de estudiar y reunir antecedentes sobre la situación que afecta a los trabajadores portuarios del país, a raíz del proceso de transformación y modernización de los terminales portuarios.
La Comisión celebró 18 sesiones ordinarias, además de una sesión constitutiva, y una visita inspectiva a la ciudad de Iquique, dedicando un total aproximado de 34 horas y 30 minutos a dichas sesiones.
En el marco del plan de trabajo ya citado, la Comisión invitó a diversas personas y entidades vinculadas al tema en cuestión, que podían aportar mayores antecedentes al conocimiento del problema.
Para tal efecto, contó con la asistencia de las siguientes personas: el ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones , señor Jaime Estévez ; el subsecretario de Transportes , señor Guillermo Díaz ; la contralora general de la República subrogante, señora Noemí Rojas Llanos ; el señor Patricio Pérez , jefe de la División Vivienda , Urbanismo y Transportes de la Contraloría General de la República; el señor Mario Garrido , jefe de la División de Auditoría del mismo servicio, y los señores Marcial Barnier y Anderson Weldt , ambos fiscalizadores de la Contraloría General de la República; el señor Andrés Rengifo , director de Empresas del Sistema de Empresas Públicas ; el señor Patricio Fernández Séller , gerente general del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec; el señor Jorge Bustos , presidente de la Federación de Trabajadores Marítimos , Portuarios y Afines de Valparaíso; los señores Luis Fuentes Contreras , Juan Carlos Pérez Silva y Eliecer Valencia Vivanco , ex trabajadores portuarios de Lirquén.
La Comisión, en el marco de su investigación, se constituyó en visita inspectiva en la ciudad de Iquique el 19 de noviembre de 2004, con el objeto de recabar en terreno los antecedentes respecto de los convenios firmados por el Gobierno con los trabajadores portuarios y sobre las denuncias existentes acerca de las irregularidades en su implementación.
La materia que investigó la Comisión se originó en el interés del Ejecutivo por modernizar el sector portuario estatal, el cual llevó a la dictación de la ley Nº 19.542.
De acuerdo con lo expuesto en el mensaje que originó dicha ley, el cuerpo normativo buscó modernizar la Empresa Portuaria de Chile en razón de que el país requería con urgencia promover la inversión privada en los puertos estatales.
En definitiva, la ley Nº 19.542, dispuso, en lo sustancial, la creación de diez empresas, continuadoras legales de la Empresa Portuaria de Chile, Emporchi , en todas sus atribuciones, derechos, obligaciones y bienes. Tales empresas poseen personalidad jurídica de derecho público, constituyen una empresa del Estado con patrimonio propio y duración indefinida, y se relaciona con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
A partir de estas normas, se generó la necesidad de incorporar soluciones laborales o previsionales para cientos o miles de trabajadores de la Emporchi que perderían su fuente de empleo.
La Contraloría General de la República, previo al inicio de esta investigación y a petición de algunos señores diputados que, haciendo uso de su atribución de fiscalizar los actos del Gobierno, le habían solicitado informes respecto de la materia objeto del cometido de esta Comisión, y, con posterioridad, contestando un oficio enviado por esta instancia investigadora, puso a disposición de ella informes que daban cuenta de aspectos que resultaban cuestionables en el proceso de desvinculación laboral de los trabajadores portuarios, a raíz del proceso de transformación y modernización de los terminales portuarios del país.
En dichos informes, el organismo contralor destaca en forma resumida que, con fecha 26 de agosto de 1997, se suscribe un acuerdo final entre la Empresa Portuaria de Chile y la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile, donde se convienen beneficios para los trabajadores de la Emporchi.
Ese mismo día se firma otro documento, denominado “Anexo al Acuerdo Final”, refrendado por los señores Juan Villarzú , ministro secretario general de la Presidencia , y Claudio Hohmann , ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Finalmente, el 18 de agosto 1999, se firma un acuerdo, “Programa de Protección Social”, con el entonces ministro secretario general de la Presidencia , señor José Miguel Insulza Salinas .
El denominado “Programa de Protección Social”, se desglosa en: Programa de Desvinculación Laboral, Programa de Empleo con Sueldo Base Garantizado y Programa de Fomento a la Microempresa.
Hubo tres llamados, en los que es posible distinguir claramente los responsables en el aparato del Estado.
En el primer llamado, participaron el Ministerio de Transportes, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
En el segundo y tercer llamados el ente a cargo fue la Subsecretaría de Transportes.
A solicitud de la Federación de Trabajadores Portuarios de Valparaíso, Fetrapoval, la Subsecretaría de Transportes aprobó un convenio ad referéndum con la Intendencia de la Quinta Región , con el objeto de otorgar beneficios a 43 ex trabajadores portuarios, por un monto de 220 mil millones de pesos, bajo el sistema de administración de fondos de terceros.
El acuerdo de 18 de agosto de 1999 aparece suscrito, entre otros, por el señor Walter Astorga Lobos, el que no se habría encontrado en el país en esa fecha.
Respecto del programa de reconversión laboral, recibieron beneficios 53 personas, que no cumplían con los requisitos habilitantes -mayor de 40 años, 15 de desempeño en el sector y haber sido desplazado de él-, recibiendo aportes por un monto de 428 millones 520 mil pesos.
Se observa que 38 carpetas no cuentan con los antecedentes de respaldo para acreditar los años de servicio en el sector portuario y que, a pesar de ello, recibieron beneficios por un monto de 298 millones 920 mil pesos.
En la entrega de beneficios a ex trabajadores beneficiarios del Programa de Reconversión, es posible observar la ausencia de respaldo con documentos fehacientes de la calidad de tales.
Sólo se cuenta con fotocopia de cédula de identidad y una declaración jurada sobre la entrega de fondos, por un monto de 220 millones de pesos.
Se entregaron recursos por un monto de 428 millones 520 mil pesos a personas que no reunían los requisitos estipulados.
Se entregaron recursos por un monto de 298 millones 920 mil pesos a ex trabajadores con antecedentes incompletos.
Conclusiones.
Analizados los contenidos precedentemente expuestos en este informe, que dan cuenta de la situación que afecta a los trabajadores portuarios del país, a raíz del proceso de transformación y modernización de los terminales portuarios, la Comisión llegó a las siguientes conclusiones, en estricto cumplimiento del mandato entregado por la Sala:
Acuerdos suscritos por el Gobierno con los trabajadores portuarios relativos a sus beneficios en materia de jubilación, reconversión laboral e indemnizaciones.
Los colegas encontrarán en las páginas 66 y 67 del informe la identificación clara y precisa de cada uno de los instrumentos suscritos en el marco de la implementación de los beneficios poslaborales del proceso de privatización de los puertos.
Forma en que se ha dado cumplimiento a estos acuerdos y los dineros involucrados en ellos, detallando específicamente su destino y el número e identificación de los trabajadores portuarios beneficiados.
A partir de los antecedentes obtenidos en el marco de la investigación es posible observar, a partir del marco normativo de la ley Nº 19.542 y de los programas de beneficios implementados para los trabajadores portuarios, al menos, la existencia de un acuerdo nacional que operó y opera en la mayoría de los puertos privatizados; un programa especial para ex trabajadores del puerto de Lirquén, y un acuerdo privado para parte de los ex trabajadores portuarios de Iquique.
La existencia de denuncias de infracciones en la implementación de los diversos programas de beneficios que arrancan de cada uno de estos instrumentos, permite conocer, a partir de informes de la Contraloría General de la República, los montos involucrados, sus destinos y los trabajadores sujetos de los mismos, como consta en el Anexo I del presente informe.
En la especie, la Contraloría General de la República ha formulado un reparo en juicio de cuentas por la suma de 2.220 millones 50 mil pesos, en contra de los señores Vicente Patricio Tombolini Véliz , ex subsecretario de Transportes ; Roberto Marcelo Alvarado Arriagada , ex coordinador portuario de la Subsecretaría de Transportes, y Luis Andrés Rengifo Briceño , ex jefe del Departamento de Operaciones de dicha entidad.
Asimismo, y en forma separada, se está formulando, por el citado organismo contralor, otro reparo por la suma de 220 millones de pesos en contra de Vicente Patricio Tombolini Véliz , ex subsecretario de Transportes, por haber autorizado pagos a beneficiarios, eximiéndolos de los requisitos para tales efectos.
Los colegas encontrarán en las páginas 68, 69 y 70 del informe la identificación clara y precisa de cada de una de las autoridades que suscribieron los acuerdos y actos administrativos comprometidos en el marco de la implementación de los beneficios poslaborales del proceso de privatización de los puertos.
Catastro de las presuntas irregularidades detectadas en los procesos descritos anteriormente, con pronunciamiento en torno a las responsabilidades involucradas.
A la luz de su investigación, la Comisión detectó las siguientes irregularidades en los procesos anteriores:
El denominado Programa de Protección Social, firmado por el señor José Miguel Insulza , entonces ministro secretario general de la Presidencia , se desglosa en los siguientes programas: de Desvinculación Laboral; de Empleo con Sueldo Base Garantizado, y de Fomento a la Microempresa.
Entre otros aspectos, es necesario hacer notar y subrayar que el Programa de Desvinculación Laboral consideró, en calidad de requisitos habilitantes, el hecho de que los postulantes tuvieran más de 40 años de edad, 15 años de servicios en la actividad portuaria y haber sido desplazados del sector.
Asimismo, se debe tener presente que el Programa de Protección Social originó convenios entre Sercotec, Fosis , Sence y Subsecretaría de Transportes .
Desde la perspectiva de la suscripción y selección de los beneficiarios, es posible observar antecedentes que podrían incorporar elementos de responsabilidad administrativa y/o penal, en su caso, los que han sido objeto de presentaciones a la Contraloría General de la República y a los tribunales del crimen, específicamente al Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso , proceso Rol 139-001-H.
Desde la perspectiva de la selección de los beneficiarios, debemos tener presente los siguientes aspectos:
Hubo tres llamados, en los que es posible distinguir claramente a los responsables del aparato del Estado. En el primer llamado participaron el Ministerio de Transportes, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En el segundo y tercer llamados el ente a cargo fue la Subsecretaría de Transportes.
Que a solicitud de la Federación de Trabajadores Portuarios de Valparaíso, Fetrapoval, la Subsecretaría de Transportes aprobó un convenio ad referéndum con la Intendencia de la Quinta Región , con el objeto de otorgar beneficios a 43 ex trabajadores portuarios, por un monto de 220 millones de pesos.
El acuerdo de 18 de agosto de 1999 aparece suscrito, entre otros, por don Walter Astorga Lobos, quien no se habría encontrado en el país en esa fecha.
Respecto del Programa de Reconversión Laboral, recibieron beneficios 53 personas que no cumplían con los requisitos habilitantes -mayor de 40 años, 15 de desempeño en el sector y haber sido desplazado de él-, por un monto de 428 millones 520 mil pesos.
Se observa que 38 carpetas no cuentan con los antecedentes de respaldo para acreditar los años de servicio en el sector portuario, y a pesar de ello recibieron beneficios por un monto aproximado de 300 millones de pesos.
En la entrega de beneficios a ex trabajadores del Programa de Reconversión es posible observar ausencia de respaldo de la calidad de tales con documentos fehacientes; sólo se cuenta con fotocopias de las cédulas de identidad y una declaración jurada de la entrega de fondos por un monto de 220 millones de pesos.
Se entregaron recursos por una suma de 428 millones de pesos a personas que no reunían los requisitos exigidos.
Se entregaron recursos por un monto de alrededor de 300 millones de pesos a ex trabajadores con antecedentes incompletos.
Al margen del acuerdo final con los trabajadores portuarios de Iquique, se pactaron condiciones de otorgamiento de los beneficios pactados que no guardan relación con la seriedad y rigurosidad con que debieran administrarse los recursos públicos.
Proposiciones de la Comisión.
Por las consideraciones anteriores, que son el resultado de un laborioso, meditado y estudiado análisis de los numerosos antecedentes y testimonios recogidos durante el desarrollo de esta investigación por parte de los integrantes de esta instancia, nuestra Comisión expone a esta honorable Corporación las siguientes proposiciones:
1. Solicitar al Consejo de Defensa del Estado el estudio de estos antecedentes, con el objeto de que interponga acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables de los eventuales delitos que se puedan haber cometido por parte de funcionarios públicos;
2. Solicitar a la Contraloría General de la República que instruya los correspondientes sumarios administrativos en contra de aquellos funcionarios públicos que aparecen comprometidos en los hechos investigados;
3. Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que imparta las instrucciones pertinentes y necesarias, a fin de que situaciones como las producidas en este proceso no vuelvan a repetirse en los futuros llamados para el otorgamiento de los beneficios en los cupos aún no entregados, y
4. Encomendar a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Corporación el seguimiento y fiscalización de los diversos aspectos involucrados en la entrega de beneficios, en el marco del proceso de transformación y modernización de los terminales portuarios del país.
Como se puede apreciar, después de este breve informe, debido al escaso tiempo de que disponía, en el proceso de transformación de los terminales portuarios hay más de 2 mil millones de pesos que no llegaron a manos de quienes correspondía. Si los colegas se toman el tiempo para leer el informe completo, podrán comprobar que son muchos los errores y las faltas a la ética en que se incurrió.
Por lo tanto, agradecería que se enviara este informe al Presidente de la República a la mayor brevedad posible porque, a pesar de las conclusiones a que llegó esta Comisión Investigadora, se siguen produciendo los mismos hechos en Iquique.
He dicho.
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