Moción de los diputados señores Enríquez-Ominami, Ascencio y Montes. Modifica la sistematizacion de informacion financiera. (boletín N° 4184-03) Moción de los diputados señores Enríquez-Ominami , Ascencio y Montes . Modifica la sistematizacion de informacion financiera. (boletín N° 4184-03) “Considerando: La seguridad crediticia es un valor, pero de esto no se sigue que pueda ser conseguido a cualquier medio. Esto es particularmente relevante si se considera que del adecuado manejo y regulación de la seguridad crediticia depende una cuestión tan relevante en Chile de hoy como la posibilidad de emprender para pequeños y medianos empresarios. Lamentablemente, nuestra regulación actual en materia de seguridad crediticia deja bastante que desear en lo que se refiere a los medios a través de los cuales se la protege. Esto produce un efecto circular en la vida de muchas personas, ya que éstas no encuentran trabajo por estar en el Boletín Comercial y están en este Boletín porque no encuentran trabajo. Así, se llega a la lamentable situación que la vida de muchas personas depende de aparecer o no en el Boletín Comercial. REGULACIÓN ACTUAL: El Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de de Hacienda de 1928, entrega la labor de recopilación y sistematización de esta información a la Cámara de Comercio de Santiago, la que con el carácter de exclusividad puede elaborar el Boletín Comercial, única fuente en la actualidad para información crediticia. Este Decreto Supremo en términos económicos crea importantes barreras a la entrada, expresadas en la casi nula sustituibilidad, en el mercado de las Informaciones Comerciales, tanto por el lado de la demanda (no existen productos suficientemente similares al Boletín Comercial en cuanto a su función, precio y atributos para ser considerados por los usuarios como sustitutos), como así también por el lado de la oferta y la competencia potencial (ya que el carácter oficial que se le atribuye al Boletín Comercial impide la existencia de oferentes de información comercial perfectamente sustituibles a la Cámara de Comercio). Dentro del Boletín Comercial existe una sección relativa a aclaraciones, en la cual se deja constancia de aquellas morosidades de las cuales el deudor finalmente se hizo cargo. Para efectuar una aclaración no basta que el deudor pague la deuda y sus intereses, sino que también debe cancelar una tarifa a la Cámara para que esta introduzca la correspondiente aclaración. Desde el punto de vista del deudor, la aclaración que realiza la Cámara no tiene sustitutos, es decir, no la puede hacer ningún otro organismo, lo que genera una posición absolutamente dominante de la Cámara frente a los deudores. Así, se da la situación que un deudor, no obstante haber cumplido con su obligación puede seguir apareciendo en el Boletín, mientras no cancele la tarifa fijada por la Cámara. Esta situación parece bastante injusta. Es por esta razón que el 18 de mayo del 2005, la Fiscalía Nacional Económica ha presentado un requerimiento en contra de la Cámara de Comercio de Santiago ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La presentación se funda en el abuso de posición dominante de esta asociación gremial en el mercado de la información crediticia, materializado en el cobro de estas tarifas por las aclaraciones, las que para la Fiscalía son absolutamente ilegales y que carecen de fundamentos económicos. Actualmente la Cámara está obteniendo sólo por concepto de aclaraciones ingresos de más de 3 mil millones de pesos al año, ingresos que representan más del 83% de todos los ingresos totales obtenidos por la misma y además, como se constata desde la estructura de costos de la Cámara de Comercio para la distribución y manejo de la información financiera de acuerdo a la información que ésta aportó a la investigación desarrollada por la Fiscalía, no tienen fundamentos económicos. Si se quiere terminar con situaciones irregulares como la antes descrita y cumplir con el imperativo de mantener bajo el costo de financiamiento de las Pymes, lo que corresponde es la derogación de este decreto. En consecuencia, los diputados que suscriben, proponen el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo único.- Deróguese el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda. DOCUMENTOS DE LA CUENTA