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El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente , cuando escucho hablar a los diputados Tuma y Leal sobre este proyecto, me da la impresión de que se están refiriendo a una iniciativa distinta de la que analizamos en este momento. Este proyecto atenta contra la competencia del mercado del riesgo y, por lo tanto, contra el otorgamiento del crédito. Además, entorpece y dificulta aún más la posibilidad de que los usuarios del sistema financiero puedan acceder a un crédito.
Expreso esto principalmente porque se establece una tutela jurídica, una acción para demandar al banco hasta por el monto del crédito solicitado, en caso de que la negativa no sea justificada. Francamente, en vez de darse la situación señalada por el diputado Tuma , en el sentido de que la persona vaya diez veces al banco a entregar documentos, deberá ir veinte veces, porque éste le va a pedir gran cantidad de antecedentes para resguardarse de una eventual acción en su contra. El banco va a tratar de armar carpetas de cada cliente para establecer plena prueba. Por lo tanto, en vez de un certificado o un informe médico, le va a pedir dos certificados o dos informes médicos, porque es la única forma de defenderse de un eventual juicio en caso de rechazar esa operación de crédito. De manera que, en vez de treinta documentos, le va a pedir sesenta y, en vez de ir cuatro veces al banco, deberá hacerlo ocho veces, lo que entrabará aún más la posibilidad de acceder a un crédito.
Por otra parte, el proyecto atenta contra la competencia del mercado del riesgo, porque establece causales objetivas, iguales para todas las instituciones financieras. Eso implica que los bancos no se podrán especializar en determinados clientes; por lo tanto, deberán evaluar y arriesgarse más que la competencia para acceder al mercado de los usuarios del sistema financiero.
En consecuencia, lo único que produce la iniciativa es atentar contra la competencia, contra la especialización de los bancos en cuanto a determinar la ganancia de uno y otro en el sistema del crédito, si se arriesgan más o no en dar esos créditos, y contra la facilidad que tienen los usuarios para exigirlos y proporcionar los documentos que les van a pedir.
El tercer elemento que establece el proyecto tiene que ver con la información, tema que siempre es bueno. Mientras más información haya, es mejor. El punto es que publicar en paneles las condiciones generales de contratación y los requisitos para el otorgamiento de créditos no debe ser materia de ley, porque lo único que se va a conseguir es que esas causales objetivas se rigidicen y, por lo tanto, que tengamos que discutir todos los años cómo modificar las normas sobre publicidad cada vez que cambia el mercado.
Por eso, el superintendente de Bancos señaló que no se requiere una ley para dar mayor información, sino que basta con instrucciones de la propia Superintendencia de Bancos para aumentar el factor de publicidad respecto del otorgamiento de los créditos y evitar así el trato arbitrario y discriminatorio.
Por lo tanto, la ley es innecesaria; perjudica a las personas que solicitan créditos y a la necesaria especialización del mercado del riesgo.
Por último, no puedo dejar pasar lo señalado por su señoría, en el sentido de que los bancos prestan dinero a veinte personas y las casas comerciales a cuarenta, señalando la gran diferencia de que el otorgamiento del crédito debe ser más democr��tico por parte de las casas comerciales. Obtener un crédito en las casas comerciales es mucho más fácil, y así debe ser, pues éstas prestan recursos propios y los bancos recursos de terceros. Cuando uno presta dinero que no es propio debe ser más exigente que cuando lo es. Así como se da la injusticia de que trabajadores mineros van veinte veces al banco a pedir un crédito y no se les otorga, se puede producir la misma injusticia cuando un pensionado de la tercera edad, que ha ahorrado durante toda su vida en el banco, se encuentre con que el banco prestó la plata a alguna empresa que quebró y, por lo tanto, pierda todos sus ahorros.
Por eso, considero que el proyecto es malo, innecesario y no se condice con los objetivos propuestos por sus autores, los cuales se pueden lograr a través de instrucciones que imparta la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
He dicho.
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