DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN EN LAS OPERACIONES DE CRÉDITO. Primer trámite constitucional. El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que establece normas para asegurar el derecho a la no discriminación de los usuarios y consumidores en las operaciones de crédito. Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Gonzalo Arenas. Antecedentes: -Moción, boletín N° 2987-05, sesión 13a, en 4 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta N° 7. -Informe de la Comisión de Economía, sesión 17a, en 2 de mayo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 3. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante. El señor ARENAS.- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, originado en una moción presentada por los diputados señores Francisco Encina , Patricio Hales , Antonio Leal y Eugenio Tuma , que establece normas para asegurar el derecho a la no discriminación de los usuarios y consumidores en las operaciones de créditos. El proyecto destaca que en una economía social de mercado la libertad y el acceso universal al crédito es un derecho esencial de los actores económicos y denuncia que, en los hechos, este acceso no se daría por prácticas discriminatorias de algunas instituciones financieras. Para evitar ese trato, la moción establece la exigencia de hacer públicos los criterios de evaluación de riesgo de los bancos e instituciones financieras y de fundamentar por escrito el rechazo de las solicitudes de crédito. Además, establece un mecanismo de reclamo y de tutela jurisdiccional en caso de que el cliente o usuario del banco o institución financiera se vea discriminado por el rechazo de su solicitud de crédito. La Comisión contó con la participación de importantes personalidades que entregaron su parecer acerca del proyecto. Entre ellas destaca a don Gustavo Arriagada , superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , quien especificó que, en una economía social de mercado, no existe un derecho al crédito; que el crédito es un bien escaso; que los bancos prestan dinero ajeno -no propio- y, por lo tanto, deben sujetarse a normas estrictas y específicas en su relación crediticia con los clientes. Además, señaló la inconveniencia de hacer públicos los criterios de evaluación de riesgo, por cuanto revelar por escrito la negativa de un banco a otorgar un crédito podría producir un efecto adverso para que el cliente pudiera acceder a otras instituciones bancarias que, tal vez, dentro de su evaluación de riesgo pudiera haber estado dispuestas a operar con él. Por su parte, el señor Alejandro Alarcón , gerente general de la Asociación de Bancos, determinó graves deficiencias en el sistema de tutela jurisdiccional establecido en el proyecto. Hizo especial hincapié en que la iniciativa le quita a la competencia la oportunidad de la especialización básica de las instituciones financieras, que son precisamente especialistas en riesgo. Agregó que la propia Asociación de Bancos ha establecido mecanismos de protección para los solicitantes de créditos, a través de lo que denominó el defensor del cliente. Asimismo, la Comisión contó con la opinión del señor Carlos Rubio , jefe de la División Jurídica del Ministerio de Economía , Fomento y Reconstrucción, quien señaló expresamente que le parecía innecesario el proyecto, toda vez que sus normas de no discriminación estarían contempladas en la ley Nº 19.496. La Corte Suprema hizo cinco reparos a la llamada tutela jurisdiccional establecida en el proyecto, la que adolecía de algunas deficiencias que no la hacían conveniente. Finalmente, escuchamos la opinión de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus , que sí se mostró partidaria de legislar, pero planteó tales reparos que la Comisión estimó que, prácticamente, correspondían a un proyecto distinto al presentado. Discutida la iniciativa en la Comisión, se concluyó que los fines que perseguía eran loables, en el sentido de transparentar el mercado del crédito, pero que no era necesaria una ley para establecer esa no discriminación, ya que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a través de instructivos, podía perfectamente regularizar y orientar criterios de publicidad objetivos. Por todo lo anterior, la Comisión rechazó la idea de legislar, por seis votos y cuatro abstenciones. Es todo cuanto puedo informar. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente , este proyecto, originado en moción, dice relación con la asimetría que existe entre los prestadores de los servicios de créditos y los usuarios de esas operaciones. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras cumple bien su rol de proteger la industria bancaria y los capitales aportados por ahorrantes y por los dueños de los bancos y de cautelar que esos recursos no sean amenazados por eventuales quiebras bancarias o por el otorgamiento de créditos que no podrán cobrarse, lo cual se encuentra absolutamente reglamentado en la ley de bancos. Hoy tenemos una industria bancaria bastante exitosa y no queremos afectar ese logro. Sin embargo, nos parece indispensable que los usuarios conozcan cuáles son los requisitos que exigen los bancos para acceder a sus servicios. Eso es lo que propone el proyecto. Algunos actores del mercado, principalmente vinculados a la Asociación de Bancos, se han movilizado porque no quieren establecer transparencia de las condiciones contractuales de sus prestaciones. Los demandantes de créditos son tratados, en oportunidades, como deudores de tercera categoría, en circunstancia que sólo son consumidores de créditos y, como tales, tienen derecho a la transparencia. Actualmente, cuando un usuario se acerca a un banco para solicitar un crédito le piden un requisito; dos días después, le piden otro; luego, le dicen que su caso pasó a comité; enseguida, que el comité le está solicitando un examen de salud, una radiografía de tórax. Después le piden un aval y, a éste, el estudio de título de sus propiedades, que si tiene diez, tiene que llevar diez estudios de título. Los autores de la moción perseguimos que los bancos compitan, tal como lo hacen todos los sectores del mercado, a través de los requisitos que van a exigir a los usuarios de créditos. La iniciativa no impone condiciones a los bancos para su dinero. Lo que pedimos es que hagan públicas las condiciones contractuales para prestar su dinero. El proyecto persigue el principio de la transparencia y el derecho a la información de los usuarios de créditos. Muchas veces se discrimina al demandante de crédito, negándoselo por el sólo hecho de haber aparecido en el Boletín de Informaciones Comerciales con una morosidad, sin considerar si tiene capacidad de pago o alguna garantía, en circunstancias que la ley sobre protección de la privacidad de las personas es clara en el sentido de que hay información que no se puede utilizar. Los bancos tienen su propia base de datos. La Superintendencia de Bancos y la Asociación de Bancos tienen un sistema que actualiza información que está absolutamente caducada. Si un deudor tuvo una morosidad hace quince años, esa información la maneja toda la banca y no sólo el banco acreedor, el que tiene derecho a negarle el crédito y a manejar esa información. Pero no es posible que todos los bancos sigan informando, por años, de una morosidad de hace quince años; incluso la hacen llegar a las entidades bancarias que se están constituyendo. ¡Si la ley sobre protección de la privacidad de las personas fue aprobada por unanimidad y está vigente! Por lo tanto, los datos relacionados con deudas, sean de obligaciones pagadas o extinguidas, no pueden comunicarse; sin embargo, los bancos lo siguen haciendo. Por eso, cuando niegan un crédito no dan a conocer la verdadera razón de la decisión. Por lo tanto, es necesario que los bancos transparenten los requisitos para acceder a un crédito, que los publiciten en un lugar visible al público. Es bueno que compitan entre ellos, porque así los usuarios podrán elegir. Si un banco pide muchos requisitos, el demandante de crédito se irá a otro; y si no cumple con los requisitos, se quedará sin préstamo. Pero que no se siga jugando con las personas pidiéndoles una serie de exigencias para luego decirles que no les van a dar el crédito. Queremos transparencia de las condiciones para acceder a un crédito, y en caso que se niegue la petición, la razón debe ser fundada y formalizada por escrito. El superintendente de Bancos señaló que el proyecto era perjudicial para el usuario, porque la obligación de fundamentar por escrito las razones por las cuales no se otorga un crédito, podrían conllevar la necesidad de darla a conocer a toda la industria financiera, cerrándosele así las puertas a los usuarios. El argumento me parece bastante discutible, porque esa información no tiene por qué ser conocida por terceros. El Servicio de Registro Civil, por ejemplo, no hace públicos los antecedentes personales. Los bancos tampoco deberían hacer pública información privada de un potencial cliente. De manera que ese argumento es una falacia que no resiste análisis. Quisiéramos reponer en esta Cámara la idea de legislar sobre este proyecto, porque la transparencia es necesaria para los usuarios de crédito. No tenemos por qué defender el ocultamiento y el secretismo de las condiciones contractuales para resolver un crédito. ¡Que lo resuelva como quiera, pero fije las condiciones y hágalas públicas! La ley no les va a imponer otorgar créditos basados -como alguien dijo- en relaciones de confianza. Es cierto que se trata de una relación de confianza, pero nada impide que los usuarios conozcamos de antemano cuáles son los requisitos que los bancos van a exigir para prestar sus servicios. Por último, si no lo quieren prestar, que el deudor sepa por qué no fue atendido en esa institución crediticia. En definitiva, esta iniciativa no busca más que equilibrar derechos entre los bancos y los miles de usuarios, que no se sienten protegidos por ninguna legislación que vele por sus intereses. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente , la intervención del diputado señor Eugenio Tuma , con quien firmamos uno de estos proyectos, me ahorra bastante argumentación. Una de las dificultades con que se encuentran los usuarios de créditos de consumo y los empresarios de la pequeña y mediana empresa, es que los bancos, sin respetar la ley sobre la privacidad de la información, siguen manteniendo el registro histórico. Como todos saben, la información del deudor debe eliminarse cuando la persona o la empresa cuando pagan la deuda. Algunos bancos -también el del Estado- han negado un crédito porque el usuario aparece en el registro histórico. En el caso del Banco del Estado, tuvimos que judicializar el tema y los tribunales nos dieron la razón, porque no se puede utilizar información caduca para negar un crédito. Sin embargo, los bancos siguen manteniendo el registro histórico y, en virtud de él, niegan los créditos. Esta materia ha sido discutida profusamente por la Asociación de Bancos, porque durante los últimos años han perdido la accesibilidad de sectores económicos de la sociedad chilena al negarse a conceder créditos, especialmente de consumo entre 200 y 800 UF, por considerar que no tenían las condiciones económicas para acceder a ellos. Lo anterior ha obligado a la gente a recurrir a las tiendas comerciales para obtener créditos, lo que a su vez ha provocado el fenómeno de que los bancos han otorgado sólo 2.700.000 tarjetas, mientras que las entregadas por las casas comerciales ascienden a 10.800.000. Durante muchos años -se lo hicimos presente muchas veces a nuestro amigo Hernán Somerville cuando era presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras- los bancos negaron la accesibilidad al crédito a gente que posteriormente consiguió crédito y tarjeta a través de las casas comerciales, a pesar de que pagan tasas de interés más altas. Felizmente, gracias a parlamentarios ligados a esta iniciativa, obtuvimos la disposición del Banco Central para regular las tarjetas de las casas comerciales y para que el cobro de interés se atenga a la tasa máxima referencial. Quienes somos partidarios del mercado, consideramos que éste debe tener dos características esenciales: transparencia y competencia. No obstante, cuando los bancos deciden una política única y oficial respecto de cómo tratar los créditos para determinados estratos de ingreso de la sociedad chilena, no existe competencia abierta para ofrecer mejores condiciones al usuario, aunque esto ha cambiado en el último año y medio, porque hay una mejor situación económica en el país, una disminución de la cesantía y también porque los bancos han visto que han perdido clientes entre quienes hoy piden créditos o compran a crédito a través de las casas comerciales, que se han transformado en verdaderos bancos. En ese sentido, el proyecto de ley tiende a generar las condiciones para que haya transparencia en cuanto a los requisitos que los bancos exigen a sus usuarios para obtener un crédito. Lo que estamos planteando es que el banco publique los requisitos para que la gente sepa cuales son. Porque no hay nada peor para un pequeño o mediano empresario que ir -me consta respecto de los pequeños y medianos empresarios mineros de la región de Atacama- veinte veces a un banco, porque en cada oportunidad le piden documentos y certificaciones distintas para otorgarle un crédito, el que finalmente es negado. Con esa forma de proceder le están haciendo perder un tiempo precioso a los pequeños y medianos empresarios que están dedicados a levantar la actividad económica en las regiones. Por eso, queremos transparencia en la actividad de los bancos, que fundamentamos en el principio constitucional de la no discriminación, en el espíritu de la ley de los derechos del consumidor y en la necesidad de que el mercado financiero sea transparente. Por eso presentamos el proyecto. Queremos que la información se universalice para que la gente sepa que puede conseguir un crédito en una entidad financiera determinada si reúne las características y condiciones exigidas. Anuncio a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras que vamos a perseguir drásticamente y de manera judicial a quienes utilicen el registro histórico de Dicom para negar los créditos. Cada vez que a un usuario le digan, como ha ocurrido en ciertos bancos, seguramente por falta de experiencia de alguno de sus funcionarios, que no le conceden crédito porque figura en el registro histórico, vamos acudir a los tribunales, porque no se puede burlar la ley de esa manera. Por lo tanto, pedimos que se respete la ley, que se otorgue al usuario una oferta cada vez mayor de parte del sistema financiero y que se actúe con transparencia, especialmente con este núcleo de clientes de sectores medios populares, a los cuales los bancos están comenzando a retomar después de haber cometido el error que han reconocido, de no permitirles el acceso al crédito, en circunstancias de que tienen ingresos regulares, los que les permite obtener créditos a través de otros mecanismos. Quiero decir a los colegas que no conocen el sector minero -lo que no ocurre con el colega Eluchans , porque, aunque proviene del mundo de las finanzas, conoce el tema minero-, que los pequeños mineros no tienen acceso a los bancos, ya que sistemáticamente les niegan el crédito. La única institución que les presta plata a ellos e, incluso, a los medianos mineros, es la Empresa Nacional de Minería. Por lo tanto, como portavoces de esa gente, que realmente necesita recursos, sobre todo ahora que el cobre y el oro han logrado elevar sus precios en el mercado internacional, y que tienen capacidad de endeudamiento y recursos para tecnologizar su producción, pedimos mayor transparencia de parte del sistema financiero en el establecimiento de las condiciones del crédito. Después de discutir con nosotros el proyecto, algunos bancos lo están haciendo y han avanzado en algunas soluciones. Esto que aquí causa sorpresa, es de común ocurrencia en Europa. Ustedes pueden encontrar información detallada en Italia o en Francia respecto de los requisitos que exigen los bancos para acceder al crédito. Es un mercado más transparente y más abierto. Eso es lo que queremos aquí: más mercado; pero, como dije, con competencia, con transparencia y con apertura a todos los sectores que necesitan acceder al crédito y que cumplan los requisitos establecidos por los bancos. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente , en el ejercicio de nuestra labor parlamentaria, muchas veces caemos en la tentación de regularlo todo a través de leyes. Creo que nuestro país, sobre todo en materia de operación de mercados, tiene suficientes regulaciones e incrementarlas no contribuye a que funcionen mejor. Por lo tanto, la opinión del Ministerio de Economía y del Ejecutivo es compartida por mí y por la bancada de Renovación Nacional, en el sentido de que el principio de no discriminación se encuentra ya contemplado en la ley N° 19.496, por lo que es absolutamente innecesario legislar nuevamente sobre el particular. Lo mismo ocurre respecto del artículo 4°, que establece una instancia judicial para reclamar en contra de la infracción de este principio, puesto que en dicha ley se establecen los mecanismos de reclamo por violaciones a los derechos de los consumidores. La opinión de la Corte Suprema también es absolutamente desfavorable a esta moción. Además, considero que adolece de un error conceptual, porque el crédito no es precisamente un derecho dentro de un sistema económico, sino un bien escaso, cuya regulación se efectúa mediante un precio, que en este caso es el interés, el que, a su vez, corresponde a las ganancias legítimas de la entidad financiera que lo otorgó. No en vano los contratos con quienes reciben los créditos son absolutamente personales, individuales. ¿Por qué a algunos se les pide garantía? ¿Por qué a otros se les solicita aval? ¿Por qué se cobra una tasa de interés menor a ciertas personas? Precisamente, porque existe el factor riesgo, y se deben resguardar los intereses de los dueños de la plata, que son los ahorrantes y no los bancos, ya que estos sólo son los intermediarios. Reitero, el crédito no es un derecho ni existe la obligación de entregar un crédito solicitado, porque es un bien escaso. Por eso los bancos deciden a quién le conceden crédito y cómo lo otorgarán, como una forma de resguardar los recursos. Finalmente, existe una suerte de potencial inconstitucionalidad en la iniciativa, pues establece la obligatoriedad de la publicación de las bases objetivas en virtud de las cuales se deberían conceder los créditos y la de justificar por escrito y fundadamente la negativa a su otorgamiento. Puede entenderse que existe obligación de contratar, esto es, obligación de otorgar el crédito al solicitante, lo que, de ser así, violaría la libertad de asociación y de contratación, tutelada, entre otros, en el artículo 19, números 15° y 16° de la Constitución Política del Estado. Por lo señalado, Renovación Nacional votará en la Sala en contra de la moción parlamentaria, tal como hizo en la Comisión. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber. El señor SILBER.- Señor Presidente , quiero argumentar en contra de la propuesta de la Comisión y pedir que se reponga este importante proyecto que mejorará la condición de la mayoría de los consumidores que actualmente operan en el sistema financiero. Lo que pedimos es bastante simple: un articulado que no atente para nada contra el sistema financiero y no ponga en riesgo a las instituciones financieras y bancos que operan en el sistema, por cuanto sólo se pide que la negativa de alguna casa comercial respecto de una operación de crédito de dinero sea fundada y por escrito. Con ello queremos evitar la arbitrariedad y velar por el derecho de igualdad establecido en la Constitución. Lo que no queremos es la negativa caprichosa, mañosa y que elude los avances que hemos logrado en esta materia, como la eliminación del Dicom histórico, más conocido por algunos como el famoso Peneca verde. Cuando señalamos que queremos que las reglas del juego sean iguales para todos, no sólo nos referimos a los empresarios y a las casas comerciales, sino también a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas que quieren acceder al crédito, y que la negativa se funde respetando el orden público económico vigente. El crédito no es sólo una operación entre privados. No se trata sólo de una autonomía privada. Por tanto, el Estado, como cautelador del interés público, no puede estar ausente. Hemos avanzado sustantivamente en la materia, tenemos una Superintendencia que regula esta actividad y, por qué no decirlo, hay intereses macrosociales en juego que hacen entender que en el crédito hoy esté presente la fe pública. Y si hablamos de fe pública, entendemos que ella también comprende el derecho del consumidor, de la persona que solicita un crédito de conocer por qué determinada casa comercial se lo niega. Esta iniciativa viene a transparentar el mercado del crédito, pues robustece y apertrecha de herramientas a los consumidores para defenderse. Con ella también se evitará la gran proliferación de prestamistas del mercado informal que existe ante el compartimiento estanco que están asumiendo los bancos e instituciones financieras. Por otra parte, quiero hacer presente que me extraña profundamente la posición del Ejecutivo respecto de esta materia, por cuanto si bien existen normas generales que pueden aplicarse en estos casos, entendemos que se requieren normas especiales al respeto. Todos hemos visto en los medios de comunicación cómo los bancos y casas comerciales quieren enquistar a los consumidores préstamos de consumo para que formemos parte del sistema financiero. Incluso, una norma del Código Civil, redactado por Andrés Bello en 1850, establecía que por todo pago debía exigirse un recibo por escrito, lo que tenía mucha importancia en aquella época. En la actualidad, todavía son normas que no son, en absoluto, leoninas con las casas comerciales. Es muy importante que el consumidor conozca la razón de la negativa y que se le dé por escrito. Cuando hablamos de los derechos de las personas, del principio de igualdad ante la ley y de la no discriminación arbitraria, nos referimos a proyectos como el que estamos tratando. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas. El señor ARENAS.- Señor Presidente , cuando escucho hablar a los diputados Tuma y Leal sobre este proyecto, me da la impresión de que se están refiriendo a una iniciativa distinta de la que analizamos en este momento. Este proyecto atenta contra la competencia del mercado del riesgo y, por lo tanto, contra el otorgamiento del crédito. Además, entorpece y dificulta aún más la posibilidad de que los usuarios del sistema financiero puedan acceder a un crédito. Expreso esto principalmente porque se establece una tutela jurídica, una acción para demandar al banco hasta por el monto del crédito solicitado, en caso de que la negativa no sea justificada. Francamente, en vez de darse la situación señalada por el diputado Tuma , en el sentido de que la persona vaya diez veces al banco a entregar documentos, deberá ir veinte veces, porque éste le va a pedir gran cantidad de antecedentes para resguardarse de una eventual acción en su contra. El banco va a tratar de armar carpetas de cada cliente para establecer plena prueba. Por lo tanto, en vez de un certificado o un informe médico, le va a pedir dos certificados o dos informes médicos, porque es la única forma de defenderse de un eventual juicio en caso de rechazar esa operación de crédito. De manera que, en vez de treinta documentos, le va a pedir sesenta y, en vez de ir cuatro veces al banco, deberá hacerlo ocho veces, lo que entrabará aún más la posibilidad de acceder a un crédito. Por otra parte, el proyecto atenta contra la competencia del mercado del riesgo, porque establece causales objetivas, iguales para todas las instituciones financieras. Eso implica que los bancos no se podrán especializar en determinados clientes; por lo tanto, deberán evaluar y arriesgarse más que la competencia para acceder al mercado de los usuarios del sistema financiero. En consecuencia, lo único que produce la iniciativa es atentar contra la competencia, contra la especialización de los bancos en cuanto a determinar la ganancia de uno y otro en el sistema del crédito, si se arriesgan más o no en dar esos créditos, y contra la facilidad que tienen los usuarios para exigirlos y proporcionar los documentos que les van a pedir. El tercer elemento que establece el proyecto tiene que ver con la información, tema que siempre es bueno. Mientras más información haya, es mejor. El punto es que publicar en paneles las condiciones generales de contratación y los requisitos para el otorgamiento de créditos no debe ser materia de ley, porque lo único que se va a conseguir es que esas causales objetivas se rigidicen y, por lo tanto, que tengamos que discutir todos los años cómo modificar las normas sobre publicidad cada vez que cambia el mercado. Por eso, el superintendente de Bancos señaló que no se requiere una ley para dar mayor información, sino que basta con instrucciones de la propia Superintendencia de Bancos para aumentar el factor de publicidad respecto del otorgamiento de los créditos y evitar así el trato arbitrario y discriminatorio. Por lo tanto, la ley es innecesaria; perjudica a las personas que solicitan créditos y a la necesaria especialización del mercado del riesgo. Por último, no puedo dejar pasar lo señalado por su señoría, en el sentido de que los bancos prestan dinero a veinte personas y las casas comerciales a cuarenta, señalando la gran diferencia de que el otorgamiento del crédito debe ser más democrático por parte de las casas comerciales. Obtener un crédito en las casas comerciales es mucho más fácil, y así debe ser, pues éstas prestan recursos propios y los bancos recursos de terceros. Cuando uno presta dinero que no es propio debe ser más exigente que cuando lo es. Así como se da la injusticia de que trabajadores mineros van veinte veces al banco a pedir un crédito y no se les otorga, se puede producir la misma injusticia cuando un pensionado de la tercera edad, que ha ahorrado durante toda su vida en el banco, se encuentre con que el banco prestó la plata a alguna empresa que quebró y, por lo tanto, pierda todos sus ahorros. Por eso, considero que el proyecto es malo, innecesario y no se condice con los objetivos propuestos por sus autores, los cuales se pueden lograr a través de instrucciones que imparta la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, haré una defensa del proyecto presentado por su señoría y por el diputado Tuma. En primer lugar, solicito a los representantes de la Concertación actuar unidos, lealmente, a fin de rechazar los dos informes de la Comisión de Economía. El diputado señor Arenas señaló que, en este caso, no se necesita una ley, pero, por su intermedio, señor Presidente , quiero decirle que sí se necesita. Quiero recordar que, con los diputados Burgos y Tuma , tuvimos que obligar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que cumpliera con algo obvio: transparentar el cobro de las comisiones por distintos instrumentos que los bancos otorgan. Algunos de esos instrumentos se entregaron a los cuentacorrentistas con el compromiso de que iban a ser gratuitos, pero luego cambiaron las reglas del juego. Se presentaban situaciones grotescas. Por ejemplo, por un sobregiro de 3 ó 4 mil pesos el banco cobraba 3 ó 4 veces ese valor. Eso no se informaba a ningún cuentacorrentista en las cartolas que se le envían todos los meses. Después de varios oficios solicitados en Incidentes, en 2003, la Superintendencia señaló, a través de una circular, que era obligatorio transparentar los cobros de las comisiones. La actividad bancaria registra muchos antecedentes de falta de transparencia. En esa ocasión, la Superintendencia sólo pidió transparentar los cobros, pero no puso límites a las comisiones. Por eso, volvimos a intervenir en Incidentes para solicitar oficios al ministro de Hacienda y al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. Después de 6 ó 7 meses se publicó otra circular que establece un límite para los cobros por comisiones y servicios, a fin de terminar con el abuso de que cuando un cuentacorrentista se sobregiraba en 4 mil pesos debía pagar 16 ó 20 mil pesos al banco. Entonces, señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle al diputado señor Arenas que sí se necesita una ley para regular esta materia, porque la experiencia demuestra que, sin las presiones de este órgano representativo, la entidad que debe velar porque haya transparencia y equidad, la Superintendencia, no lo hacía. Por eso, publicaron dos circulares en tiempos distintos y frente a peticiones expresas de los diputados. ¿Cuál es el tema de fondo? Si la industria bancaria fuera seria, honesta y no discriminatoria, sería coherente con aquello que nos dicen como verdad neoliberal: en la economía contemporánea de mercado -citan al economista austriaco Schumpeter - el capitalismo es un proceso de destrucción creadora. Por eso, el 80 ó 90 por ciento de las pequeñas y medianas empresas fracasan. Ello forma parte de las reglas del juego de la economía de mercado, según los teóricos neoliberales. Sin embargo, eso que parece tan natural, en la práctica, cuando un pequeño o mediano empresario, o un agricultor tiene un problema, pasa a ser un estigma. Ellos no pudieron pagar sus deudas en la crisis de 1982, a veces, por razones que no tenían ninguna relación con la economía nacional, o porque le creyeron a Pinochet que el dólar nunca subiría de 39 pesos. El proceso de destrucción creadora que describe Schumpeter pasa a ser una verdadera L en el pasaporte para ser sujeto de crédito. ¿Son naturales los créditos productivos para el pequeño y mediano empresario? Nos dicen que las quiebras muestran la sanidad del sistema económico; sin embargo, no hay nunca una segunda oportunidad para un pequeño empresario urbano o agrícola. En el caso de los consumidores de créditos de consumo, ¿qué se les dice hoy a los ciudadanos de este país? Que estudiar es aprender a aprender; tenemos que prepararnos para tener 8 ó 9 empleos a lo largo de nuestra vida activa, porque los empleos se crean y se destruyen rápidamente en esta economía tan dinámica. Por eso, se pide flexibilización laboral, para despedir a los trabajadores con las menores cortapisas posibles. Pero, ¡ay de aquellos que perdieron su empleo en la crisis de 1982 o en la crisis asiática de 1997 por razones que no tenían nada que ver con su eficiencia o con su honradez, sino con variables económicas relacionadas incluso con una devaluación en Tailandia, porque si piden un crédito de consumo les aparece la R , que significa restricción, Dicom histórico! Es como la L en el pasaporte; en este caso, un impedimento para ser sujeto de crédito. A través de estos dos proyectos de ley, que lamentablemente la Comisión de Economía ha rechazado por mayoría, pretendemos terminar con esa situación. Queremos que un crédito productivo o de consumo se niegue sólo cuando quien lo solicita no sea capaz de asegurar capacidad de pago; pero si una persona es capaz de demostrarla razonablemente, porque tiene flujo suficiente, debe otorgársele, aunque haya tenidos problemas comerciales en el pasado, hace 8, 10, 20 ó 25 años, que lo hicieron quedar en el Dicom histórico, lo cual los bancos utilizan ilegalmente, incluido el del Estado. Digo ilegalmente, porque la ley de protección de la vida privada de las personas fue muy clara en ese sentido, pero se ha vulnerado su espíritu. Las instituciones financieras se encuentran conectadas en línea y se traspasan los antecedentes de sus clientes morosos. Ésa es la razón por la que a una persona -que en el pasado tuvo problemas comerciales y que lleva seis meses trabajando, después de haber estado cesante un año y medio o más- que quiere pedir un crédito de consumo para cambiar su televisor, aunque muestre contrato de trabajo o boletas de honorarios que prueben su capacidad de pago suficiente, le van a decir: No señor, porque usted, como quedó cesante en 1992 o en 1997, dejó de cumplir sus compromisos y quedó en la Dicom. Tenemos los datos y los estamos ocupando. Usted está en el Peneca Verde y marcado con una R, que significa restricción. Eso es lo que queremos cambiar, por lo que pido a los colegas de la Concertación que actúen lealmente con los diputados que patrocinamos esta moción, que también somos de la Concertación, y rechacen los informes de la Comisión de Economía. Por su parte, a los diputados de derecha les pido por favor que mediten un poco sobre la incoherencia que supone pronunciar discursos en favor de los pequeños y mediamos empresarios y de los agricultores, por una parte, y, por otra, rechazar estas mociones, que buscan justamente que esos pequeños y medianos empresarios y agricultores tengan acceso al crédito y no favorecer a la industria bancaria, que durante décadas ha obtenido las utilidades más brutales del país: más del 20 por ciento calculado sobre el capital y reservas. Pido lealtad a la Concertación y consecuencia a la Derecha. Rechacemos estos informes de la Comisión de Economía. He dicho. -Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente , pido a los parlamentarios de la Concertación que, con la misma fuerza y energía con que el diputado Saffirio expuso sus puntos de vista, soliciten a su Gobierno -ahora que el precio del cobre ha alcanzando niveles extraordinariamente altos- que presente un proyecto para derogar el impuesto de timbres y estampillas, que representa el 20 por ciento del costo de un crédito para el pequeño, mediano o gran empresario. Así se facilitaría a esa gente el acceso al crédito, porque disminuiría su costo. También les pediría que, con la misma fuerza, soliciten al Gobierno que flexibilice los requisitos para acceder al Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario, Fogape, y que establezca que el Banco del Estado no sólo preste dinero a los deudores de categoría A, esto es, a quienes no tienen ningún problema. Asimismo, pidan al Gobierno que flexibilice la tasa máxima convencional, para que cada institución financiera pueda medir el riesgo real de la actividad económica. Esas son medidas centrales para que se pueda ampliar la base de los sujetos de crédito. Pretender establecer una regulación como la que plantea la iniciativa en debate, más que favorecer a los eventuales clientes, los perjudica. El negocio de las instituciones financieras consiste en prestar dinero y recuperarlo. Para ello pueden poner infinidad de condiciones, de requisitos, de normas, pero si no se da la confianza entre el cliente y la institución financiera, elemento básico en toda relación comercial, el negocio no prosperará. Es así de simple. Nadie va a inducir a que el negocio se realice o no se realice porque se establecen más o menos requisitos o porque se explica más o menos fundadamente la negativa al otorgamiento de un crédito. ¿Qué pasa si se aprueba la norma de que la negativa fundada se entregue al cliente? Perfectamente, en el ámbito del intercambio de información de las instituciones financieras -los acreedores-, pueden establecer un registro interno entre ellos para comunicarse si una persona tiene o no créditos rechazados, y en la pantalla del computador aparecerá que tiene dos créditos rechazados. Entonces, llamarán a la institución financiera para saber el motivo del rechazo. En definitiva, con esta normativa no solucionamos el problema de fondo. Por lo tanto, los invito a discutir los temas que permiten aumentar la base de crédito, eliminar la ley de Timbres y Estampillas, ampliar la base de operación del Fogape y eliminar la tasa máxima convencional. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Francisco Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, en la Cámara hemos discutido extensamente varios proyectos, y siempre se ha dado el mismo argumento: que esto va a entorpecer las relaciones de mercado y va a perjudicar a los consumidores. Discutimos cinco años la ley del Consumidor, tres o cuatro la ley Dicom y la ley de intereses colectivos y difusos. Si hoy examinamos su aplicación, veremos los resultados positivos en una situación desequilibrada que se produce en el mercado entre los consumidores y usuarios y quienes proveen estos bienes o servicios. Ése es el tema de fondo. Aquí no podemos esgrimir los argumentos de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Me parece inaceptable que los parlamentarios tengamos que argumentar igual que los bancos o que el Ejecutivo. En definitiva, creo que tenemos independencia y libertad para opinar sobre este tipo de temas, aunque sean discutibles. Sinceramente, esto no es una regulación. Pedir transparencia en el mercado bancario es lo menos que se puede exigir. Saber por qué se rechaza una solicitud de crédito me parece lo mínimo que se puede pedir. Esto no es regulación, sino transparencia. Es lo que queremos argumentar para rechazar los informes de la Comisión, para tener una herramienta que sirva a la ciudadanía. ¡Cuántos pequeños empresarios, pequeños mineros y pequeños agricultores se ven sin ninguna posibilidad de acceder ni siquiera a las razones por las cuales no se les otorga un crédito! Muchas veces se ha burlado, como señaló su señoría, la ley que dice relación con la eliminación de los registros históricos de deudores, y el Banco del Estado también cae en la misma práctica. De eso queremos defender al pequeño empresario, al pequeño agricultor, al pequeño comerciante; queremos que las mínimas exigencias de este proyecto de ley permitan tomar conocimiento de estas situaciones. Vuelvo a repetir que leyes tan importantes como la ley del consumidor, la ley Dicom o la que tiene que ver con los intereses difusos y colectivos -que ha tenido una tremenda importancia-, han sido fundamentales para defender los derechos del consumidor y equilibrar el mercado. Eso es lo que estamos pidiendo. Los argumentos de la Asociación de Bancos o del Ejecutivo tienen la importancia de un antecedente más; pero, por favor, pido a los parlamentarios que votemos por los consumidores, por los usuarios, por los pequeños empresarios y no por los bancos. He dicho. -Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Edmundo Eluchans. El señor ELUCHANS.- Señor Presidente , cuando hace algunos días en la Comisión de Economía discutimos esta iniciativa, junto al proyecto que viene inmediatamente a continuación en el Orden del Día, que en definitiva propone lo mismo, pensé que podrían haberse tratado conjuntamente, en forma refundida, con un solo informe, pero no ha sido así. En la Comisión, seis señores diputados votaron en contra de la idea de legislar y cuatro señores diputados se abstuvieron. Aquí se ha mencionado el hecho de que este proyecto, no obstante ser iniciativa de diputados de la Concertación, que tienen mayoría en la Comisión, no fue votado favorablemente por ninguno de ellos. Ingenuamente -ahora me doy cuenta de que no es así- creí que se habían convencido de lo innecesario de legislar por las contundentes informaciones que la Comisión recibió. En efecto, durante la discusión acordamos invitar al Superintendente de Bancos , a la Asociación de Bancos, a la ministra de Economía y a su asesor legal, para que nos dieran su opinión. También, a sugerencia del diputado Marcelo Díaz , se convocó a la Asociación de Consumidores, Conadecus. Pues bien, la ministra de Economía, el Superintendente de Bancos -es importante recordar que este funcionario de Gobierno es dependiente del Ministerio de Hacienda-, los directivos de la Asociación de Bancos y de la Conadecus fueron enteramente contrarios a legislar sobre esta materia. Y no por razones caprichosas, como se ha pretendido dar a entender aquí, sino porque todos estimaron que esta iniciativa es innecesaria. ¿Cuáles son los objetivos, muy loables por cierto? Primero, protección a la vida privada de los clientes respecto de los bancos, los que hacen circular unas listas, que les dan el carácter de siniestros, donde aparecen sus nombres e historia; y, segundo, el igual acceso al crédito. Pues bien, la vida privada de los clientes no puede ser expuesta de esa manera, toda vez que el propósito de ese listado es de uso exclusivo interno de los bancos sólo para su información. Además, hay sanciones penales y muy severas para quienes infringen lo dispuesto por la ley. De manera que ese aspecto ya está legislado. El segundo propósito es la igualdad de acceso al crédito; esto es, la no discriminación y que también está legislado. En la ley de protección al consumidor, si bien no está expresamente establecido que el acceso al crédito es uno de los servicios que debe ser protegido -cosa que se ha interpretado así desde siempre-, no hay opinión en contrario. Por eso decimos que esta legislación nos parece innecesaria. Además, es importante que repasemos la relación de un banco con un cliente. Ya lo decía el diputado Alvarado. Existe una relación de confianza. A un banco no se le puede obligar a que preste plata, pero sí a que no discrimine. Si a determinada persona le otorgan un crédito con ciertas condiciones, otra podría exigir lo mismo. Pero ¡ojo!, cada operación de crédito es distinta. Los bancos no pueden poner en pizarras las condiciones de los créditos, porque cada uno de ellos es un traje a la medida. Está hecho especialmente, de acuerdo al proyecto que hay detrás de cada solicitud. En consecuencia, un préstamo otorgado por el mismo monto, el mismo plazo y con las mismas garantías, por la sola circunstancia de tener un deudor distinto, ya es una operación distinta. Como ya lo expresé, tiene que existir una relación de confianza y ésta es la que se da por parte del banco respecto del cliente como también del cliente hacia el banco. Además, debemos recordar que el dinero que prestan los bancos no es propio, sino que es el que captan del público. Por otra parte, si hay un banco que paga la tasa más alta, podría pensarse que toda la gente depositará el dinero en esa institución. Pero, en la práctica, no ocurre así, porque la gran mayoría de las veces los bancos que pagan una tasa inferior son los que más reciben depósitos ¿Por qué? Porque hay una relación de confianza entre el depositante y el banco. Esa misma relación de confianza debe existir al revés, entre el banco y el cliente. En consecuencia, tratar de obligar a los bancos a señalar en una pizarra las condiciones de los créditos, me parece completamente inconveniente. Eso atentaría en contra del sistema bancario, que goza de gran prestigio a nivel mundial. Quizás, contribuiríamos a su destrucción. La Superintendencia de Bancos es uno de los organismos con más prestigio en el mundo en lo que se refiere a la supervigilancia de la actividad bancaria. Esta entidad no vela sólo por los bancos, sino también por la economía del país y por la seriedad con que deben funcionar nuestras instituciones. Tiene la obligación de calificar a los bancos en función de cómo desempeñan su actividad, y lo hace por gestión y por solvencia. Insisto, pretender legislar sobre estas materias es completamente inconveniente, innecesario, incluso, perjudicial para el sistema. Si creemos que basta con un padrón que señale las condiciones para el otorgamiento de un crédito, a lo mejor no tendríamos sistema bancario. Podríamos tener un solo banco estatal que le preste a todo el mundo en las condiciones establecidas en una pizarra. Pero me imagino que eso no es lo que queremos, sino un sistema bancario, como el que tenemos, que goza de prestigio en todo el mundo. En síntesis, el proyecto es malo e inconveniente. Ingenuamente, como lo dije al comienzo de mi intervención, pensé que los patrocinantes de esta iniciativa se habían convencido de ello, pues como van a ver, inmediatamente a continuación en el Orden del Día, cuando se votó el otro proyecto en la Comisión, también fue rechazado por cinco votos y cuatro abstenciones. O sea, no hubo ningún voto a favor para ninguno de los dos proyectos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente , he escuchado con bastante interés la discusión que se ha generado en torno a esta iniciativa, cometido que le corresponde al Congreso Nacional: debatir en el contexto de la necesidad de requerimiento que la ciudadanía expresa, formas, mecanismos, caminos a través de los cuales intentamos mejorar la convivencia ciudadana. Leí el proyecto. De repente escucho algunas afirmaciones que no sé en qué medida reflejan lo que estamos discutiendo. Pero quiero hacer pública mi mirada sobre el tema. El artículo 1° básicamente se orienta a la no discriminación en las operaciones de crédito. El artículo 2° dice que para ello es un elemento esencial la publicidad en las operaciones de crédito. Y los artículos 3° y 4° buscan establecer la responsabilidad ante la negativa de dar cumplimiento a las condiciones de créditos establecidas públicamente. Desde el punto de vista de la coherencia, me parece un buen tema de discusión. Porque, en el fondo, estamos discutiendo en qué medida el mercado financiero está en condiciones ideales para responder a las necesidades. Hemos escuchado distintas opiniones sobre la materia. En primer lugar, quiero decir que no soy tan ingenuo como para creer que todos los chilenos somos iguales ante el sistema bancario y financiero actual. Cualquiera que va a un banco sabe que eso es falso. Hoy, las tasas preferenciales y las condiciones de créditos son distintas para unos y otros. Creo que todos los señores parlamentarios habrán conocido o vivido más de una experiencia al respecto. La Cámara de Diputados tiene por misión velar por que los preceptos constitucionales se hagan realidad y, según entiendo, los ciudadanos estamos protegidos por el principio de igualdad ante la ley; es algo que nos obliga. Por lo tanto, si vemos que en el sistema financiero existen desigualdades, no podemos negarnos a discutir cómo abordar esa situación. Hoy, la transparencia adquiere gran relevancia cuando se plantea para las instituciones estatales, y en todas las leyes, debates e instancias es exigida para los agentes públicos, pero cada vez que se plantea para los agentes privados, miles de voces arguyen que atenta contra la libre competencia. (Hablan varios señores diputados). Perdón, la transparencia es exigible para todos, no sólo para algunos, y más aún para las instituciones reguladas. Me dirán que no hay necesidad de regular esa materia por ley, porque la Superintendencia de Bancos cuenta con una normativa para esos efectos. Señores diputados, les puedo garantizar que la gran mayorías de sus electores no conocen a la Superintendencia y tampoco saben cómo regula a las instituciones financieras. Porque soy partidario de no discriminar y, por ende, de legislar para disminuir los niveles de discriminación en el sistema financiero, bancario y comercial chileno; porque soy también partidario de la transparencia, tanto para el sector público como para el privado y, por lo tanto, enemigo del secretismo con el cual se toman decisiones en múltiples operaciones financieras privadas, y de fomentar fuertemente la responsabilidad de la empresa privada en su gestión, que al final de cuentas se traduce en costos que pagamos todos los ciudadanos; porque el secretismo, la discrecionalidad en la aplicación de tasas al final se refleja en utilidades que pagamos todos los chilenos, soy partidario de aprobar la idea de legislar y, por lo tanto, de rechazar la proposición de la Comisión. He dicho. -o- -El señor LEAL ( Presidente ).- anuncia que se encuentra en las tribunas, invitado por el Grupo Interparlamentario Chileno-Israelita, el embajador de Israel en Chile, excelentísimo señor David Cohen, acompañado de dirigentes del Comité Representativo de Entidades Judías de Chile, a quien le agradece su visita a la Cámara de Diputados. Agrega que en esta fecha se conmemora el quincuagésimo octavo aniversario de la fundación del Estado de Israel, motivo por el cual este encuentro con el Grupo Interparlamentario Chileno-Israelita adquiere un significado especial. -o- El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy. El señor GODOY.- Señor Presidente , después de escuchar este debate, me gustaría que no perdiéramos el norte, que en este caso es uno y simple: verificar si estos dos proyectos van realmente en beneficio de los consumidores; es decir, de las personas que ahorran y de las que piden un crédito. Cuando se escucha cierto tipo de argumentos, uno se da cuenta de que hay quienes creen que el crédito es un derecho. En realidad, bajo ninguna condición puede ser un derecho, porque la entidad bancaria no los otorga con cargo a recursos propios, sino con cargo a dinero de los ahorrantes. Y a ella le corresponde velar por los intereses de esas personas. Creo que éste es el primer punto fundamental en que este proyecto no ayuda. En segundo lugar, el fundamentar por intermedio de una nota escrita el porqué no se otorga un crédito, va en directo desmedro de aquellas personas que van a solicitarlo. ¿Por qué? Porque si voy a un banco, pido un crédito y me es negado, esa información debe hacerse pública. Por lo tanto, si yo quiero pedirlo a otra institución, ya vengo marcado desde antes por la institución que no me lo concedió. En tercer lugar, debemos entender que la resolución negativa también debe fundarse, lo que significa estandarizar el crédito. Eso quiere decir que si una persona cumple con los requisitos que se exigen, debe otorgársele el crédito. Frente a una normativa en ese sentido, a los bancos no les va a interesar entregar recursos a personas con mayor riesgo. Por tanto, qué proponemos. Como consideramos que ambos proyectos son muy negativos, no sólo para los bancos, sino para quienes ahorran y solicitan créditos, la bancada de Renovación Nacional -espero- en pleno va a votar en contra de ambos proyectos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente , éste ha sido un gran debate, porque nos ha permitido conocer la opinión de expertos del sector bancario. Reconozco la experiencia de Edmundo Eluchans como director de banco, y la de Claudio Alvarado como ejecutivo bancario. Sus experiencias nos dan luces respecto de la mirada que debemos dar a estos proyectos. Reconozco también la labor del resto de los parlamentarios que representan a miles de usuarios de bancos que no tienen ninguna posibilidad de establecer un equilibrio entre quienes prestan el servicio y quienes lo reciben. Con este proyecto no se obliga a nada ni a nadie, sólo se pide información y transparencia respecto de los requisitos que deben cumplir los bancos para prestar servicios. No estamos obligando a nadie a otorgar créditos. Ningún banco ni acreedor se va a sentir obligado a prestar su dinero. Estamos pidiendo que los bancos, como son instituciones que han obtenido una concesión -un banco es una concesión otorgada por el Estado-, cumplan ciertas obligaciones, como es transparentar los requisitos que piden para prestar un servicio. Me parece legítima la moción del diputado señor Eduardo Saffirio , y de otros diputados de la Democracia Cristiana, quienes sostienen la necesidad de que se informe la razón por la cual no conceden el crédito. Es simple establecer esa transparencia. Este proyecto no ha sido lo suficientemente aquilatado por parte de la bancada de la Derecha, desde el punto de vista de los intereses de los usuarios. Quiero que Edmundo Eluchans sepa que la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus , no rechazó el proyecto, sino que presentó indicaciones para modificarlo y señaló que es demasiado modesto, que debería regularse mucho más. Ellos consideran favorable este proyecto. Saludo a sus dirigentes, quienes están en las tribunas. Esta iniciativa también representa la bandera de los usuarios de los créditos, quienes también tienen que tener un respaldo legislativo. Por lo tanto, invito a mis colegas a aprobar por unanimidad esta iniciativa sobre los derechos de los usuarios de bancos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas. El señor ARENAS.- Señor Presidente , se ha querido dar una imagen de que este proyecto enfrentaría a los bancos con sus usuarios. Nada más ajeno a la verdad. Este tema no afecta a los bancos, sino a los ahorrantes, es decir, a los miles de chilenos que, con un esfuerzo gigantesco, ahorran una parte significativa de sus ingresos en una libreta de ahorros, en un depósito a plazo, en un fondo mutuo, con el objeto de financiar a futuro los estudios de sus hijos, tener mejores jubilaciones, o adquirir una casa propia y otros fines importantes. Ellos son los principales perjudicados con este proyecto de ley; no los bancos. Son los millones de personas que ahorran día a día para tener un futuro mejor. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor LEAL ( Presidente ).- En votación general el proyecto de ley que establece normas para asegurar el derecho a la no discriminación de los usuarios y consumidores en las operaciones de créditos, con excepción del artículo 4° que requiere quórum de ley orgánica constitucional. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 4 abstenciones. -Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado en general el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Patricio. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Chahuán Chahuán Francisco; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Isasi Barbieri Marta. El señor LEAL ( Presidente ).- En votación general el artículo 4°. Hago presente a la Sala que para su aprobación se requiere del voto afirmativo de 69 señores diputados en ejercicio. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Rechazado el artículo 4°. Despachado el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Patricio. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Díaz Díaz Marcelo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Isasi Barbieri Marta.
DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN EN LAS OPERACIONES DE CRÉDITO. Primer trámite constitucional.