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- rdf:value = " COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE DEUDA A PROFESORES POR EL NO PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 40 DEL DECRETO LEY Nº 3.551, DE 1981.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 19, de los señores Martínez, Galilea, Araya, Chahuán, Bertolino, Monckeberg, don Nicolás; Monckeberg, don Cristián; y de las señoras Sepúlveda, doña Alejandra; Valcarce, doña Ximena, y Rubilar, doña Karla.
“Considerando:
Que, por las consecuencias derivadas del traspaso del sector educacional a las municipalidades durante la década de los ochenta, es de público conocimiento la preocupación de un conjunto de profesores, específicamente, respecto de la deuda ocasionada por la carencia de recursos económicos para solventar la aplicación íntegra y oportuna de la asignación especial prevista en el artículo 40 del decreto ley N° 3.551, de 1981, situación conocida como ‘deuda histórica’;
Que esta ‘deuda histórica’ se originó porque, a la fecha del denominado ‘traspaso’ de los docentes a las municipalidades, ellos poseían la calidad de funcionarios públicos, regidos por el Estatuto Administrativo, contemplado en el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960. Además, el decreto ley N° 2.327, de 1978, y el decreto supremo N° 1.191, de 1978, regulaban su carrera funcionaria;
Que, al dictarse el decreto ley N° 3.551, de 1981, se dispuso un régimen de remuneraciones para el sector público. Su artículo 40 estableció una ‘asignación especial’ no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación, fijando un calendario para el pago de dicha asignación profesional, que debía ser cumplido entre 1981 y 1984, cuyos plazos y porcentajes fueron modificados mediante las leyes N° 18.134 y N° 18.641, que en modo alguno alteraron el origen de las citadas asignaciones y la legitimidad de sus destinos;
Que los docentes percibieron esta asignación sólo hasta el momento del traspaso a las municipalidades. En razón de su pago diferido, los profesores traspasados en 1981 y 1982 percibieron el 25% del total y los traspasados en 1986, el 65%. Las cuotas correspondientes a diciembre de 1986 y 1987 y enero de 1988 no fueron pagadas a los profesionales, en razón de haber finalizado el proceso de traspaso;
Que tal situación ha llevado a profesores de diversas comunas de país a recurrir a los Tribunales de Justicia, y, en muchos casos, han logrado sentencia favorable, la cual ha declarado, incluso, la responsabilidad del Estado, en cuya representación los municipios adquirieron la obligación;
Que, efectivamente, existen también sentencias desfavorables para los docentes recurrentes, como de hecho ocurre con el fallo del Segundo Juzgado Civil de Santiago , de 18 de mayo de 2005, ‘que acoge la excepción de prescripción de la acción hecha valer por el demandado Fisco de Chile’;
Que dicho fallo alude a una cuestión meramente formal, como es el plazo o lapso transcurrido desde el momento en que el Gobierno de la época ordenó el traspaso hasta la fecha de presentación de los recursos, circunstancia que, si bien tiene sustento jurídico, no invalida el fondo de la situación, dada la existencia de las leyes y los decretos que la avalan y el conocimiento público de que dicha obligación no fue pagada en su oportunidad ni en lo sucesivo, meramente por falta de recursos económicos de los municipios que asumieron la responsabilidad de administrar la educación;
Que, por tanto, la obligación existe y, como tal, se transforma en un problema de orden moral que el Estado de Chile no puede desconocer, por los antecedentes históricos fidedignos y las consecuencias económicas, previsionales y sociales que la privación de tal derecho produjo a los profesores beneficiarios;
Que, a través del Estado, la sociedad chilena ha venido conociendo, reconociendo y subsanando situaciones que han lesionado los derechos de las personas por acción de determinados organismos del propio Estado o sus agentes. Estas acciones han concitado el respaldo de la ciudadanía a través de sus representantes, muchas de las cuales han requerido, incluso, de iniciativas legislativas que se han transformado en leyes, y
Que dicho espíritu unitario ha estado también presente en el Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados y el Senado, en distintos años, han estudiado fórmulas para solucionar definitivamente este problema.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que disponga la formación de una comisión especial, integrada por representantes del Ejecutivo, de la Asociación Chilena de Municipalidades y del Colegio de Profesores, al objeto de que estudie el tema, determine la cantidad de profesores afectados y proponga medidas concretas sobre los plazos y condiciones para atender la deuda originada por el no pago de la asignación especial contemplada en el artículo 40 del decreto ley N° 3. 551, de 1981.”
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo, más allá de las consideraciones jurídicas o políticas, tiene un factor mucho más significativo y trascendente: el moral.
Expreso esto por la singularidad del período en que se produjo la medida y las especiales características que tuvo, lo que hacía imposible que el trabajador, en este caso el profesional de la educación, pudiera accionar medidas a favor del derecho que legítimamente le correspondía. Más aún, la actuación del Estado chileno, que no pudo desconocer dicho derecho, aun cuando las circunstancias y sus conductores son muy distintos, ha venido produciendo a los afectados graves consecuencias económicas, previsionales y sociales.
En el transcurso de estos años nuestra sociedad ha venido conociendo, reconociendo y subsanando situaciones que han lesionado los derechos de las personas por acción de determinados organismos del propio Estado.
Dichas acciones y propósitos han concitado el respaldo de la ciudadanía y de sus representantes, muchos de los cuales han requerido iniciativas legales que se han transformado en leyes aprobadas por este Congreso.
Nuestra democracia se ha ido profundizando. Son mayoritarios quienes la valoran y, por cierto, aunque imperfecta aún, la prefieren a cualquier otro sistema de gobierno. Pero creo sinceramente que esta democracia será más profunda y más madura cuanta más capacidad tenga para reconocer y restituir los derechos conculcados por el accionar del Estado o de sus agentes.
Por ello y considerando la existencia de las leyes y decretos que avalan esta deuda, además del conocimiento público de que dicha obligación no fue cancelada en su oportunidad ni en lo sucesivo -no porque no existiera el derecho, sino meramente por la falta de recursos económicos en los municipios que asumieron la responsabilidad de administrar la educación-, solicito muy respetuosamente a cada uno de mis colegas presentes aprobar este proyecto de acuerdo, porque es de justicia y, más aún, porque con él también estamos dando una señal muy precisa no sólo a los docentes afectados -muchos de los cuales ya no están-, sino al país y a sus jóvenes generaciones.
En este lugar, donde están representadas las soberanías populares y las distintas visiones que la sociedad tiene, existe una sola mirada cuando hay que reconocer errores: la mirada de justicia y de futuro.
He dicho.
(Aplausos)
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente , en mi condición de ex dirigente del Colegio de Profesores y, por tanto, conocedor de una larga lucha que los profesores han dado a lo largo del país para hacer justicia sobre esta materia, felicito a los diputados que han propuesto este proyecto de acuerdo.
También quiero dejar constancia de que ésta es una responsabilidad que probablemente deberá asumir este Gobierno, aun cuando fue el gobierno militar el que congeló la aplicación de esta ley, la cual había sido un logro de las luchas gremiales de los profesores.
Simplemente quiero sumarme y pedir a mis colegas diputados que aprobemos este proyecto de acuerdo destinado a crear una comisión que busque reparar una injusticia que se arrastra por mucho tiempo y que los profesores de todo el país han estado solicitando largamente.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Martínez Labbé Rosauro; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
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