-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650933/seccion/akn650933-po1-ds15-ds20
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1667
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- rdf:type = bcnres:Participacion
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/1
- rdf:value = "
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , esta moción parlamentaria tiene como origen dos congresos realizados en la Cámara de Diputados sobre condominios de viviendas sociales, donde hubo un fuerte debate acerca de las limitaciones de la ley y la realidad.
En cuanto al estudio del proyecto en sí, agradezco el aporte que hicieron al trabajo de la Comisión dirigentes sociales de distintas comunas, la presidenta del Capítulo Metropolitano de Jueces de Policía Local y los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales.
En la Comisión hubo unanimidad para enfocar y reconocer el problema y buscar mejores soluciones.
No está empezando ahora, y en este sentido discrepo de lo señalado por el diputado Hales . Ya en 1997 incorporamos un capítulo especial en la ley de copropiedad inmobiliaria, imponiendo ciertas exigencias a la política pública respecto de los condominios de viviendas sociales existentes en el país.
Con posterioridad, en 1998, logramos incorporar un fondo especial en la ley de presupuestos para dichos proyectos. Estas dos iniciativas no fueron suficientes porque dejaron fuera muchas situaciones.
Éste es un problema de la construcción de departamentos, pero también lo es, en general, de la política de viviendas sociales. Por ejemplo, los estándares de espacios públicos, de equipamiento comunitario, de tamaño y características de los lugares son muy bajos.
En conclusión, como imagen global, se podría decir que todo lo construido con el modelo Serviu debe tender a recuperar parte importante del modelo Corvi. Se deben elevar los estándares, a fin de construir mejores condiciones de vida para la gente.
Está claro que ello dice directa relación con la especulación del suelo, de manera que el requisito fundamental en esta materia es una política de suelo más sólida.
La realidad de los condominios de viviendas sociales es muy compleja. Hoy el problema de vivienda no afecta sólo a quienes no tienen techo, sino también a los que lo poseen, particularmente a los que viven en edificios Serviu, construidos desde 1977 ó 1978 hasta la fecha.
Hay problemas de desorganización, razón por la que impera la ley del más fuerte, y muchas dificultades debido al deterioro físico de edificios y espacios comunes, lo que produce un gran daño social. No es extraño encontrar copropiedades donde los que mandan son cuatro, cinco o seis grupos relacionados con la droga o lugares donde el nivel de posesión de armamentos es muy alto.
La forma de enfrentar los problemas que la política pública generó ha sido muy débil. Necesitamos una política pública que -insisto- proyecte estándares distintos para el futuro y que sea capaz de dar cuenta de lo que ya existe.
¿Qué están haciendo Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, y Francia en esta materia?
En Estados Unidos han resuelto demoler los condominios de viviendas sociales que se construyeron con características parecidas a las nuestras, pero con estándares superiores. Tuve la ocasión de estar en uno de ellos, respecto del cual llegaron a la conclusión que no era posible reconstruir la vida, de manera que lo demolieron y en su reemplazo construyeron barrios heterogéneos, con otras características, con casas y algunos pocos departamentos de dos pisos.
En el caso de Francia han hecho algo similar, pues han procedido a ralear, es decir, a demoler una parte y mantener el resto de las construcciones, mecanismo con el que se logra gran disminución de la densidad poblacional.
Recomiendo a todos leer el primer capítulo del libro titulado “El respeto”, el cual se refiere al caso norteamericano de la vida en condominios de viviendas sociales.
Este tema es internacional. Nosotros heredamos de Estados Unidos el modelo de densificar o apretar a la gente en determinados lugares, lo que trajo como consecuencia una enorme baja en su estándar de vida. Ello ocurrió porque no hubo voluntad política para regular la especulación del suelo, aspecto que, al fin de cuentas, induce a este tipo de situaciones. En nuestro caso tampoco hemos tenido esa voluntad.
Se buscó hacer frente a esa realidad con el capítulo que en 1997 se introdujo a la ley de copropiedad inmobiliaria, el cual ha tenido muchos problemas de aplicación y que incorporamos en el marco del debate de las modificaciones a ese cuerpo legal, debido a que el Ministerio de Vivienda no lo había considerado.
El problema de organización es quizás el más serio, dadas las características de este tipo de conjuntos habitacionales.
¿Qué pasaba antes? El problema de la construcción de viviendas sociales en altura viene de los años cuarenta. Sin embargo, antes había estándares mayores, mejores espacios y más organización, porque funcionaban los partidos políticos. En el caso de las viviendas sociales construidas en el último tiempo se echa de menos la participación de los partidos políticos en la base. Se necesita gente capaz de articular y proponer dirigentes para concursar con visiones, porque en la actualidad las organizaciones no son fuertes. Eso no existe ni ha sido reemplazado por una política pública capaz de generar organización sólida.
¿Qué han hecho los franceses? Ante la debilidad de la sociedad civil han generado políticas públicas y financiado a profesionales jóvenes para prestar asesoría y apoyo y generar organización. Aquí eso no existe.
El proyecto busca fortalecer y facilitar la organización. Las disposiciones más importantes en esta materia están contenidas en el artículo transitorio, el cual permite la subdivisión de los límites y tamaños de los condominios de manera discrecional por parte de las direcciones de obras. En el país hay condominios con mil viviendas sociales -hay otros con aproximadamente seiscientas o quinientas viviendas sociales-, lo que supone contar con un quórum de ochenta por ciento para tomar decisiones, lo que resulta imposible.
La iniciativa faculta a la dirección de obras por un plazo determinado -mecanismo que constituye una especie de ley del mono- para redefinir los límites de las copropiedades, con las debidas compensaciones y equilibrios, para no provocar daño patrimonial a nadie. Este sistema generará unidades de menor tamaño, las que podrán ser autodirigidas por quienes vivan en ellas y les permitirá recibir distintos programas de apoyo de política pública.
Otro aspecto muy importante del proyecto dice relación con la inversión pública. Eso lo mencionó el diputado Hales .
La inversión pública, de acuerdo con el capítulo relativo a la copropiedad inmobiliaria, sólo se puede orientar hasta ahora hacia los bienes comunes. El proyecto de ley señala, por primera vez, que también puede orientarse hacia los bienes privados.
Al respecto, se han aprobado programas sobre ampliaciones de viviendas sociales, que no se encuentran en pañales, como se ha dicho, con estándares constructivos y dentro de las normas vigentes.
Como se puede ampliar, algunos departamentos pueden aumentar a dieciocho o veinte metros, y mejorar la calidad y condiciones de vida de sus habitantes. En otros casos, pueden unirse dos departamentos.
Se permite, entonces, que la inversión pública pueda orientarse, con estas condiciones, a los condominios. Esto se plantea -reitero- no sólo a los bienes comunes, sino también a los bienes privados.
Se planteó, además, la necesidad de mantener la plena transparencia respecto de quienes viven en los condominios. Hoy, no existe ese registro.
Al respecto, los mayores problemas de organización se presentan cuando no se sabe quiénes son los dueños de las propiedades. Por lo tanto, existirá la obligación de llevar un registro desde el primer habitante.
Se busca elevar los estándares. Es muy importante contar con un estacionamiento por cada dos departamentos, como mínimo. Su costo estaría incluido en el precio. Ahora los estacionamientos no están incluidos en el precio; se ponen a la venta aparte, modalidad que ha distorsionado el sistema.
Sabemos de condominios que todavía forman parte de la empresa constructora, puesto que pocos disponen de los recursos necesarios para comprarlos. Además, hay poca cantidad disponible.
Se elimina, también, la facultad de permutar parte del equipamientos de los loteos y condominios por recursos para el municipio, y no para hacer áreas verdes y mejorar las condiciones de vida.
Además, se eleva el nivel de la responsabilidad municipal. Esta normativa corresponde a una ley de quórum calificado. Se obliga al municipio a tener capacidad mediadora. Además, cuando hay problemas, tiene que responder el municipio.
Si los vecinos lo llaman por un conflicto a la mediación extrajudicial, el municipio tiene la obligación de responder; no como hoy, que su concurrencia es voluntaria. Desgraciadamente, pocos municipios lo han hecho.
Quiero reconocer el esfuerzo de las municipalidades de Las Condes, de San Bernardo y de Santiago, que ha sido digno de ejemplo. Esos municipios han contado con equipos de profesionales con vocación y voluntad para presentar su testimonio con real preocupación. Además, han contado con profesionales de los distintos sectores políticos, quienes han actuado con mucha sensibilidad frente a este problema social tan profundo, cuna de muchos otros problemas.
Se amplía, también, la posibilidad de nombrar a los administradores. El proyecto señala que el Serviu dispone de la facultad para nombrarlos por un plazo más indefinido, que ha sido la solución adoptada por otros países, como México. En Chile, la empresa constructora Geosal adoptó esa fórmula en algunos lados y la incorporó a los costos.
Se extiende, además, la posibilidad de que el gobierno regional y los municipios nombren a los administradores a su costo, como una forma de ayudar a la organización.
En fin, es muy importante la posibilidad de facilitar la generación de ingresos de parte de las copropiedades.
Como quedan algunos temas pendientes, el diputado Jaramillo ha presentado una indicación.
Dijimos que una cosa es el loteo, el cual puede tener tres, cuatro, cinco o seis condominios, y tiene que ver con los diseños; pero otra cosa es el tamaño de la unidad de autoadministración de quienes viven dentro de la copropiedad social. Si es muy grande, es muy difícil que puedan autoadministrarse.
Se plantea la idea de buscar un límite de cantidad de unidades dentro del condominio, porque ese límite permitiría una capacidad de autoadministración de quienes viven ahí. Si es muy grande, no se podría.
Al respecto, hubo un debate y las empresas constructoras se opusieron. La Cámara Chilena de la Construcción sostuvo que afecta a muchas personas, porque, de repente, puede haber condominios más grandes dado el costo del suelo, etcétera.
Este problema no lo hemos resuelto. Por lo tanto, debemos buscar una solución, porque no puede quedar pendiente. Se podría subsanar por la vía de poner un límite, con una facultad de excepción a los municipios, para regular la situación.
En segundo lugar, respecto de los jueces de policía local, el problema no quedó resuelto, pese a que se ha discutido. Ellos nos presentaron indicaciones y propuestas. Se planteó que quien no concurra a la segunda citación, puede ser multado. Pero, ¿es suficiente? Se propuso bajar el quórum requerido, pero ello no puede ser cuando hay decisiones patrimoniales, porque sería inconstitucional.
Entonces, hay que buscar una mejor solución y eso está pendiente, no está bien logrado.
Por ejemplo, la gente que vive en los primeros pisos ocupa espacios comunes y trata de evitar que los vecinos se organicen, porque perderían lo que se tomaron. Por lo tanto, debe haber una autoridad que ayude a que exista dicha organización, cual es, en la parte punitiva, el juez de policía local.
Una de las razones por las cuales no se ha establecido bien esa organización es el altísimo costo de los aranceles del Conservador de Bienes Raíces y de los notarios. Se solicitó al señor ministro de Justicia que presentara una indicación, en el sentido de considerar, dentro del beneficio del privilegio de pobreza, las copropiedades o a la organización de vecinos que se inscriba a fin de regularizarse. Lamentablemente, esa indicación no ha llegado; está pendiente.
En este proyecto se han tomado dos decisiones muy importantes para facilitar la organización.
En primer lugar, los comités de administración son reconocidos como si tuviesen personalidad jurídica para los efectos de presentar proyectos. Es absurdo que no lo puedan hacer porque algunos alcaldes interpretan que no tienen personalidad jurídica. Son entes jurídicos; tienen RUT y todo lo que los identifica como tales y, por lo tanto -insisto-, pueden concursar a todos los fondos de cualquier tipo de organización comunitaria.
En segundo lugar, en las actuaciones que deban realizar los condominios de viviendas sociales, la exigencia de contar con un notario público se entenderá cumplida si participa en ellas, como ministro de fe, el secretario municipal respectivo o el oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación competente. Con eso se busca abaratar los costos y facilitar el proceso.
Se estima que alrededor de un millón de familias viven en condominios de viviendas sociales.
¿Cuántos condominios de vivienda social están organizados? No alcanzan al 5 por ciento y el grueso dice relación con los edificios Serviu, porque los edificios Corvi tienen otro estándar que facilita mucho las cosas.
Cuando se vive en esas condiciones, la responsabilidad de la política pública y, por consiguiente, de la ley para dar una base normativa, es que haya posibilidad de organizarse, de tomar iniciativas, que se resuelvan los problemas. En ese sentido apunta esta moción que han firmado varios diputados que están preocupados o directamente vinculados con el tema. Por ejemplo, a los diputados Uriarte , Melero , Riveros y a la diputada Caraball , se les presenta ese problema en sus distritos con mayor fuerza. Asimismo, al diputado Juan Pablo Letelier , en la Sexta Región, donde hay más condominios de viviendas sociales junto con la Región Metropolitana y la Quinta Región.
Esperamos que este proyecto sea aprobado en general y vaya a la Comisión para un segundo informe, de manera de resolver los problemas pendientes. Después, entre todos, haremos fuerzas para que el Senado lo apruebe, porque apunta a mejorar las condiciones de vida y a poner mayores exigencias y responsabilidades a la política pública que, lamentablemente, en los últimos años disminuyó al mínimo el fondo de inversiones para condominios de viviendas sociales al cual postulaban las organizaciones de las personas que viven en viviendas Serviu. Es una irresponsabilidad de la política pública cuando se preocupa sólo de hacer nuevas casas, de resolver el problema de los sin techo, y no es suficientemente consistente con quienes ya tienen techo, pero sus condiciones de vida no son las más adecuadas.
Agradezco la unanimidad que ha habido al respecto, porque se ha logrado focalizar el tema y el espíritu de buscar entre todos las mejores soluciones posibles.
He dicho.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650933/seccion/akn650933-po1-ds15
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650933