REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 354ªSesión 10ª, en jueves 6 de abril de 2006(Ordinaria, de 10.40 a 14.06 horas) Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; Burgos Varela, don Jorge, y Pérez Arriagada, don José. Presidencia accidental del señor Jarpa Wevar, don Carlos Abel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 7 II. Apertura de la sesión 11 III. Actas 11 IV. Cuenta. - Archivo de proyectos 11 V. Orden del Día. - Informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar las normas legales y reglamentarias que regulan los procedimientos y contrataciones de terceros por parte de Codelco 11 - Modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados para regular la comparecencia de los ministros de Estado 31 VI. Proyectos de acuerdo. - Medidas para evitar cierre de compañías de bomberos de la Quinta y Décima regiones. Asignación de recursos fiscales para Bomberos de Chile 42 - Reformulación de coeficientes de cálculo de subsidios habitacionales 44 VII. Incidentes. - Aniversario de la comuna de Caldera. Oficio 46 - Información sobre instalación de red de gas natural entre Los Ángeles y Santa Fe. Oficios 47 - Mejoramiento de caminos en Décima Región. Oficios 47 - Alza de tasa de embarque de vuelos internacionales. Oficios 48 - Información sobre cursos de posgrado realizados en Aisén. Oficios 48 - Información sobre implementación de Plan Transantiago en San Bernardo. Oficio 49 - Homenaje a comuna de Maipú en un nuevo aniversario de la Batalla de Maipú. Oficio 50 - Antecedente de plan regulador de comuna de La Reina. Oficio 51 - Subsidios habitacionales de emergencia para familias afectadas por incendios en Iquique. Oficio 51 - Aumento de cargos médicos en Hospital San Juan de Dios de La Serena. Oficio 51 - Reconocimiento a trabajadores de la salud por conmemoración de Día Mundial de la Salud. Oficios 52 - Aumento de subsidio habitacional en Aisén. Oficios 52 - Información sobre obras ejecutadas por Merval en el sector El Salto, Viña del Mar, y sobre programas de generación de empleo. Oficios 53Pág. - Saludo a funcionarios de hospitales de Copiapó, Chañaral y Diego de Almagro, con motivo del Día Mundial de la Salud. Oficios 53 - Vigencia de límite de remuneraciones de funcionarios públicos. Oficios 53 - Modificación de mecanismo de postulación a subsidio de mejoramiento de la vivienda familiar y su entorno. Oficio 54 - Apoyo a radioemisoras de zonas extremas. Oficio 55 - Homenaje al profesor don Julio Suazo Pedreros. Oficio 56 VIII. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio del H. Senado por el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a dos de las modificaciones propuestas al proyecto sobre competencia desleal, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá constituirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República. (boletín N° 3356-03) 58 2. Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recaído en el proyecto, iniciado en moción, que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de regular la comparecencia de los ministros de Estado a la citación a que se refiere el artículo 52, N° 1, letra b), de la Constitución Política de la República. (boletín N° 4128-169) 58 3. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Errázuriz, que modifica el artículo 174 del Código Civil respecto del divorcio. (boletín N° 4135-07) 63 4. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Errázuriz, que prohíbe a los alumnos portar teléfonos celulares en los colegios. (boletín N° 4136-04) 64 5. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Enríquez-Ominami; Aguiló; Montes y Paredes, que amplía el concepto de patrimonio incorporado por la ley N° 20.088, a la ley N° 18.575, Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, y establece nuevas exigencias que indica. (boletín N° 4137-07) 64 6. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Monckeberg; Bertolino; Forni, Galilea, y de la diputada señora Rubilar, que otorga permiso laboral por muerte y nacimiento de parientes que indica. (boletín N° 4138-13) 67 7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Dittborn, Barros, Estay, Forni, Lobos, Moreira, Norambuena, Salaberry, Ward, y de la diputada señora Cubillos, que modifica la ley N° 18.290, de tránsito, para agregar una nueva letra d) en el artículo 196, penalizando la adulteración del kilometraje adómetro de un vehículo. (boletín N° 4139-09) 68 8. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alvarez-Salamanca y Palma, que fija normas sobre producción del vino. (boletín N° 4140-01) 69 9. Proyecto iniciado en moción de los Diputados señores Monckeberg, don Cristián y Godoy, que establece transparencia en la información de las boletas de ventas y servicios. (boletín N° 4141-03) 70Pág. 10. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Paya, Bobadilla, Chahuán, Forni, Lobos, Salaberry, y de las diputadas señoras Cubillos, Nogueira y Turres, que establece la obligación de separar en cada boleta de compraventa el valor agregado del IVA en la operación. (boletín N° 4142-03) 71 IX. Otros documentos de la Cuenta. 1. Oficios - Oficio de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para remitir al archivo los proyectos que a continuación se indican: a) Establece una ley de protección al comercio y medidas sobre normas extraterritoriales extranjeras. (boletín N° 2804-03); b) Subsidio al pago de agua potable y servicio de alcantarillado o de aguas servidas, estableciendo la obligación de informar la disminución en los porcentajes de subsidios de agua potable. (boletín N° 2908-03); c) Modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores para establecer la obligatoriedad de indicar en el etiquetado de los productos su composición química. (boletín N° 3001-03); d) Modifica la ley N° 19.628, con el propósito de fortalecer la transparencia en el sistema de registro de anotaciones de la información comercial. (boletín N° 3066-03); e) Obliga a deudores a informar el título por el cual ocupan la vivienda que habitan y sobre cualquier cambio de domicilio. (boletín N° 3275-11); f) Prohíbe el expendio de combustibles líquidos derivados del petróleo, a través del sistema de autoservicio. (boletín N° 3276-03); g) Regula el envío de mensajes publicitarios por correo electrónico. (boletín N° 3304-03); h) Modifica la ley N° 18.525, para perfeccionar los mecanismos de resguardo en contra de la competencia externa desleal. (boletín N° 3432-03); i) Regula la rotulación del país de origen de los productos alimenticios. (boletín N° 3453-03); j) Modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos del consumidor y regula las ofertas en divisa extranjera. (boletín N° 3456-03), y k) Modifica la ley N° 19.496, sobre protección del consumidor, en lo relativo a la publicidad de los créditos. (boletín N° 3459-03). - Oficio de la Comisión de Salud por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para remitir al archivo los proyectos que se mencionan a continuación, por haber sido incluidos en el Boletín N° 3825-11, cuya materia se encuentra próxima a ser consagrada como ley de la República: a) Modifica la ley N° 19.419, en relación a la venta y promoción de productos asociados al tabaco. (boletín N° 3199-11); b) Regula el consumo, comercialización y publicidad del tabaco. (boletín N° 3205-11); c) Modifica la ley N° 19.419, que regula actividades relacionadas con el tabaco, con el objeto de ampliar la prohibición de fumar en establecimientos educacionales. (boletín N° 3641-11), y d) Modifica el artículo 3° de la ley N° 19.419, que regula actividades relacionadas con el tabaco, prohibiendo la venta o entrega gratuita a menores de edad. (boletín N° 3890-11). 2. Comunicaciones 1. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que procedió a constituirse el Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino, eligiendo como presidente al Diputado señor Tuma y como Vicepresidentes a la Diputada señora Rubilar y a los Diputados señores Moreira y Sabag. 3. De la jefa de bancada del Partido por la Democracia, por la cual informa que integrarán el Comité del Partido Radical Social Demócrata los diputados señores Accorsi y Tuma. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (105)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Aedo Ormeño, René RN III 5Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alinco Bustos, René PPD XI 59Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60Araya Guerrero, Pedro PDC II 4Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Barros Montero, Ramón UDI VI 35Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VII 45Burgos Varela, Jorge PDC RM 21Bustos Ramírez, Juan PS V 12Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14De Urresti Longton, Alfonso PS X 53Delmastro Naso, Roberto IND X 53Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Enríquez-Ominami, Gumucio Marco PS V 10Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49Farías Ponce, Ramón PPD RM 30Forni Lobos, Marcelo UDI V 11Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60Hernández Hernández, Javier UDI X 55Herrera Silva, Amelia RN V 12Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28Isasi Barbieri, Marta PAR I 2Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35Leal Labrín, Antonio PPD III 5León Ramírez, Roberto PDC VII 36Lobos Krause, Juan UDI VIII 47Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Moreira Barros, Iván UDI RM 27Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Paredes Fierro, Iván IND I 1Pascal Allende, Denise PS RM 31Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Quintana Leal, Jaime PPD IX 49Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rojas Molina, Manuel UDI II 4Rubilar Barahona, Carla RN RM 17Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20Silber Romo, Gabriel PDC RM 16Soto González, Laura PPD V 13Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43Tohá Morales, Carolina PPD RM 22Turres Figueroa, Marisol UDI X 57Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Valcarce Becerra, Ximena RN I 1Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32Vallespín López, Patricio PDC X 57Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48Verdugo Soto, Germán RN VII 37Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54Ward Edwards, Felipe UDI II 3 -Asistió, además, el senador señor Pedro Muñoz.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.40 horas. El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 5ª se declara aprobada. El acta de la sesión 6ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.ARCHIVO DE PROYECTOS. El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, que figura en el número 3 de la Cuenta, en orden a archivar las mociones indicadas. ¿Habría acuerdo? Acordado. Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la petición de la Comisión de Salud de archivar los proyectos de ley consignados en el punto 4 de la Cuenta, por tratarse de materias incluidas en el proyecto de ley que regula el consumo, comercialización y publicidad del tabaco, próximo a ser consagrado como ley de la República. ¿Habría acuerdo? Acordado.-o- El señor MONTES.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto de Reglamento. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor MONTES.- Señor Presidente, hace tiempo determinamos la necesidad de volver a constituir la Comisión especial encargada de analizar la situación que afecta a la Pequeña y Mediana Empresa. Por lo tanto, solicito que la Mesa informe qué ha sucedido al respecto. El señor LEAL (Presidente).- Hay acuerdo en tal sentido. En todo caso, trataremos el tema en la reunión de Comités que se efectuará el martes. La próxima semana se deberán constituir el resto de las Comisiones especiales, de manera que solicitamos a los jefes de los Comités entregar los nombres de los señores diputados que las integrarán. V. ORDEN DEL DÍAINFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE ANALIZAR LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTRATACIONES DE TERCEROS POR PARTE DE CODELCO. El señor LEAL (Presidente).- Informo a la Sala que se invertirá el orden de los proyectos consignados en la Tabla de la presente sesión, debido a que el informe de la iniciativa de reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados que regula la citación a los ministros de Estado se encuentra en proceso de reproducción, incluidas las modificaciones incorporadas por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento. En primer lugar, corresponde conocer el informe de la comisión investigadora encargada de analizar las normas legales y reglamentarias que regulan los procedimientos y contrataciones de terceros por parte de Codelco, recaído en el proyecto de acuerdo N° 672. Antecedentes: -Informe de la Comisión Investigadora, sesión 56ª, en 8 de noviembre de 2005. Documentos de la Cuenta N° 15. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante, señor Francisco Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, me dirijo a las señoras diputados y a los señores diputados presentes con el objeto de dar a conocer el informe de la comisión investigadora encargada de analizar las normas legales y reglamentarias que regulan los procedimientos y contrataciones de terceros por parte de Codelco. Dejo constancia de que en su oportunidad la comisión especial encargada de analizar esta materia designó como informante al entonces diputado señor Rodolfo Seguel. En primer término, es necesario precisar que a esta comisión se le encomendó, en virtud del proyecto de acuerdo N° 672 de la honorable Cámara de Diputados, por una parte, recopilar los antecedentes en relación con determinados contratos y analizar las normas legales y reglamentarias que regulan la forma y los procedimientos utilizados por Codelco para la contratación de terceros, ya sea para asesorías, consultorías o prestaciones de servicios, como, asimismo, las prácticas con que ellas se determinan y ejecutan y, por otra parte, proponer a esta Corporación el establecimiento de nuevas normas o la modificación de las existentes relativas a la materia señalada, si fuere el caso. No me referiré a cada uno de los contratos denunciados, así como tampoco detallaré el análisis de cada uno de ellos o de los antecedentes que de cada uno aportó Codelco, elementos que pueden ser consultados por las señoras diputadas y los señores diputados en el texto del informe que se encuentra a su disposición. En cambio, mencionaré los contratos en su conjunto, toda vez que las conclusiones a que arribó la comisión se refieren en iguales términos a la totalidad de ellos. En el marco de esta labor de investigación la comisión se abocó, en primer término, al análisis de una serie extensa de contratos respecto de los que plantearon denuncia escrita los diputados señores Alejandro García-Huidobro y Pedro Araya, y denuncia verbal el diputado señor Antonio Leal, actual Presidente de la Cámara de Diputados, las cuales se encuentran íntegramente contenidas en el texto del informe. La comisión recibió al ministro de Minería de la época, señor Alfonso Dulanto, en su calidad de presidente del directorio de Codelco; al entonces presidente ejecutivo de Codelco Chile, señor Juan Villarzú Rhode, y al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Otto Kunz, entre otros, cuyas declaraciones se encuentran íntegramente transcritas en el texto del informe tenido a la vista. En cuanto a la naturaleza de los contratos por investigar, la comisión acordó delimitar su estudio a los contratos de asesorías en que resultare acreditado, o en que, de los antecedentes aportados por los denunciantes, se desprendiera, de forma indubitada, que los terceros contratados son personas relacionadas con Codelco. Se trata de una relación jurídica en términos de lo establecido en el artículo 100 de la ley N° 18.045, sobre mercado de valores, a la que también se refiere la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas, ambas plenamente aplicables a Codelco, así como a toda sociedad anónima abierta. La citada ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas, obliga a que las operaciones -en este caso, contratos entre sociedades coligadas-, entre una matriz y sus filiales, entre filiales, o con coligadas, y las que efectúe toda sociedad anónima abierta, cual es el caso de Codelco, con sus personas relacionadas, deberán observar condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado, siendo sus administradores responsables por las pérdidas o perjuicios que tales operaciones causen a las respectivas empresas. De las disposiciones legales descritas se concluye que la contratación con personas relacionadas por sí sola no constituye una ilegalidad o irregularidad, siempre que sean observadas ciertas exigencias o restricciones adicionales. Las respuestas de Codelco. Citado por la comisión, el señor Villarzú, presidente ejecutivo de Codelco, señaló que, en el período que media entre enero de 2003 y mayo de 2005, Codelco suscribió contratos de consultorías y servicios por la suma de 189 millones de dólares, cifra que representa sólo el 3,5 por ciento del total de compras de bienes y servicios de la Corporación. De esos 189 millones de dólares, 153 millones se han comprometido por la vía de la licitación, y sólo 35,5 millones de dólares, es decir, el 20 por ciento de los contratos de consultorías, por la vía de la asignación directa. Estos 35 millones, a su vez, representan el 0,7 por ciento, es decir, menos del 1 por ciento del total de los contratos celebrados por la Corporación. Se ha denunciado que el crecimiento desmedido de las consultorías podría estar afectando seriamente los resultados de Codelco. Sin embargo, el señor Villarzú sostuvo que “los datos demuestran claramente que ese tipo de gastos no tiene la relevancia que se le ha querido dar”. En relación con los contratos por los que se ha denunciado a Codelco -esto es, los celebrados por la Corporación con personas relacionadas para la provisión de asesorías y servicios-, aclaró que Codelco se rige por las disposiciones legales vigentes aplicables a toda sociedad anónima, las que permiten -no prohíben- la contratación con empresas relacionadas, incluso con sus propios directores y ejecutivos en la medida en que esos negocios sean conocidos, informados y se celebren en condiciones “de mercado”. Sin perjuicio de ello -aclara la normativa específica de Codelco-, su ley orgánica, así como sus disposiciones internas, en particular la denominada NCC N° 18, de 2002, extienden el concepto de persona relacionada y someten a las mismas restricciones a ejecutivos y funcionarios de Codelco, a quienes afectan respecto de los terceros a contratar, relaciones “de familia”, “de propiedad” e, incluso, “de gestión”. En virtud de esta exhaustiva regulación, la contratación de consultorías y asesorías por parte de Codelco puede celebrarse bajo alguna de las tres siguientes modalidades: licitación pública, licitación privada o contratación directa. Por regla general, será pública la licitación si los montos a contratar por consultorías -servicios personales- son de 10 millones de dólares o más. La licitación será privada si se trata de contratos de entre 50 mil dólares y 10 millones de dólares, exigiéndose un mínimo de tres invitaciones. Si el monto a pagar es inferior a 50 mil dólares, se requerirá una licitación privada con un mínimo de dos invitaciones. Sólo excepcionalmente y cumpliéndose determinados requisitos y condiciones, se podrá contratar este tipo de servicios por la vía de la asignación directa. Habrá lugar a ella cuando exista una situación debidamente calificada de urgencia o cuando se cuente con un único proveedor de un servicio especialmente delicado. El detalle de las restricciones y exigencias aplicadas por Codelco a este tipo de contratación puede ser revisado por las señoras diputadas y señores diputados en la normativa interna, así como en la descripción que de ella hace su presidente ejecutivo, transcritas en este informe. En definitiva -asegura el presidente ejecutivo de Codelco-, la Corporación ha dado cabal cumplimiento a la normativa legal, tanto la de general aplicación a las sociedades anónimas abiertas como a su ley específica y a su normativa interna en la celebración de los contratos que han sido impugnados y que dieron lugar a la comisión investigadora que en este acto informa. Por su parte, el señor Dulanto, ministro de Minería y presidente del directorio de Codelco, se refiere en particular a la contratación de servicios profesionales y asesores del ministro en cuanto presidente del directorio de Codelco. El hecho de que algunos de tales asesores sean a la vez funcionarios o empleados de Codelco ha motivado la denuncia de una doble contratación. Sin embargo, el señor Dulanto precisa que se trata de una práctica legal, detalladamente regulada en el artículo 50 bis de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas, que establece la obligatoriedad de incluir en el presupuesto de las empresas un ítem de gastos para que la junta de accionistas y el directorio puedan contratar ese tipo de asesorías con cargo a los fondos de la sociedad. En particular, cita el informe reservado N° 36.354, de 4 de agosto de 2005, que certifica que los asesores del ministro de Minería, empleados de Codelco y remunerados por ésta se encuentran en comisión de servicios y no reciben otra remuneración por parte del Ministerio de Minería. Así, concluye el señor Dulanto, se descarta toda denuncia de dobles sueldos, o sobresueldos que se pagarían por parte de Codelco y del Ministerio de Minería. Por último, la misma Codelco anuncia a la comisión que se encuentra en desarrollo la modificación y actualización de la normativa interna, en pos de perfeccionar los meca-nismos de contratación y lograr mayores niveles de transparencia. La visión de los terceros contratistas. La Comisión recabó el parecer de representantes de empresas independientes de consultorías o asesorías profesionales, con el propósito de determinar si Codelco incurre en prácticas discriminatorias o irregulares en la contratación de terceros para este tipo de servicios. En tal sentido, el señor Otto Kunz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, destacando que para los asociados a dicha entidad Codelco es uno de los clientes más importantes con que se relacionan por la vía de las licitaciones, tanto públicas como privadas, declaró ante la comisión que “nunca la Cámara Chilena de la Construcción ha recibido de sus empresas asociadas la información de que hubieran realizado prácticas dolosas o indebidas que afectaran a representantes de Codelco, ni existen conductas dolosas en la relación de la cuprífera con empresas contratistas. Con Codelco trabaja un grupo grande de contratistas y nadie ha formulado esa reclamación”. Concluye que los procesos licitatorios desarrollados por Codelco, si bien son perfectibles, no han generado irregularidades en los contratos de Codelco. En similar sentido declaró ante esta comisión el señor Pascual Veiga, presidente de la Asociación Gremial de Grandes Proveedores Industriales de la Minería de Chile, Aprimin, quien señaló que “durante años, la Asociación ha tenido una relación muy transparente, definida y positiva con Codelco.” Quiero terminar con el texto definitivo de las conclusiones y recomendaciones aprobadas por la comisión. Algunas por unanimidad y otras tuvieron un voto de minoría. Sin embargo, expresan el trabajo que realizó la comisión y que concluye en propuestas para mejorar la transparencia de una empresa estatal tan importante como Codelco.Conclusiones finales y proposiciones de la comisión. Tras el análisis jurídico de los contratos denunciados y de su correspondencia con las disposiciones legales y administrativas supuestamente infringidas, la comisión ha concluido que, del universo de contratos impugnados, una parte escapa a su competencia fiscalizadora, toda vez que en ellos no se presenta la condición jurídica de “relacionada” de la persona, natural o jurídica, contratada por Codelco. Sobre la parte restante de los contratos impugnados, respecto de los cuales la comisión profundizó el análisis y recibió por parte de Codelco plena justificación de su proceder, ha concluido que, en tales casos, Codelco cumplió con todas las disposiciones habilitantes, tanto de orden legal como administrativo, interno o externo, que le eran exigibles (por ejemplo, autorización previa por parte del directorio, requisitos de publicidad, etcétera). En definitiva, la Comisión Investigadora ha concluido que, en la contratación de servicios de asesoría y consultoría, Codelco no ha incurrido en acciones irregulares o ilegales.Proposiciones. En el mandato conferido a esta Comisión Investigadora, se le encargó que, sin perjuicio del análisis de los contratos específicos impugnados, una vez finalizada su labor, propusiera las modificaciones normativas, tanto de orden legal como administrativo, que considerara pertinentes para perfeccionar el procedimiento de selección, asignación, suscripción y seguimiento de este tipo de contratos. En cumplimiento de esta parte del mandato la Comisión acordó elaborar las siguientes propuestas de modificación de la norma interna que regula a Codelco, clasificadas según la etapa del procedimiento de contratación en que incide la enmienda sugerida:1. Selección de habilitados para presentar propuestas. En la materia, que hace relación a la determinación de los terceros aptos para participar en un proceso de contratación ante Codelco, la Comisión acordó proponer las siguientes modificaciones del “Manual de Contratación de Servicios”. 1.1 En la contratación de consultorías o asesorías:a) Que, tratándose de propuestas para “contratos mayores” (esto es, de más de un millón de dólares o multidivisionales), sólo se pueda operar con contratistas inscritos en el Registro Integral de Contratistas, Regic. Esta limitación debería aplicarse a partir del 1 de enero de 2006.b) Que, tratándose de propuestas para “contratos intermedios” (esto es, de entre 20 mil dólares y un millón de dólares), sólo se pueda operar con contratistas inscritos en el Registro Integral de Contratistas. Esta limitación debería aplicarse a partir del 1 de julio de 2006. c) Finalmente, las propuestas en que participan aquellos contratistas que mantienen una relación regular o permanente con Codelco, y que superen un determinado monto, podrán desarrollarse sólo con contratistas inscritos en el Registro Integral de Contratistas. Esta limitación debería aplicarse a partir del 1 de enero de 2007. 1.2. Por otro lado, en la contratación para la adquisición de bienes, la selección de los invitados a participar en ellas habría de someterse a lo siguiente:a) Que, tratándose de propuestas para “contratos mayores” (esto es, de más de un millón de dólares o multidivisionales), sólo se pueda operar con proveedores inscritos en el Registro Integral de Contratistas.b) Que, tratándose de propuestas para “contratos intermedios” (esto es, de entre 20 mil dólares y un millón de dólares), solo se puede operar con proveedores inscritos en el Registro Integral de Contratistas. c) Finalmente que, en las restantes propuestas, sólo se puede operar con contratistas inscritos en el “Q-Market” (mercado electrónico Quadrem). 1.3. Como regla de general aplicación, toda selección de proveedores o contratistas obtenida del Regic debe ser “trazable”, es decir, en ella debe hacerse constar los criterios de selección utilizados y el resultado de las empresas seleccionadas.2. Apertura de propuestas. En la materia, siendo la regla general la postulación de las ofertas a través de sistemas electrónicos, respecto de aquellas que sean presentadas a través de medios alternativos, la Comisión acordó proponer modificaciones del “Manual de Contratación de Servicios”, para exigir el cumplimiento de las siguientes condiciones:a) Las propuestas para “contratos mayores” (de más de un millón de dólares) deberán ser abiertas ante notario público.b) Por su parte, las propuestas para “contratos intermedios” (que para estos efectos son aquellos de entre trescientos mil dólares y un millón de dólares), serán abiertas necesariamente en presencia de los proponentes. c) Si la apertura de ofertas no se realiza ante notario o en presencia de ningún proponente, debe efectuarse, al menos, ante dos funcionarios de Codelco, los que deberán levantar un acta, firmarla y despacharla de inmediato, por vía electrónica, a la Gerencia Corporativa de Abastecimiento.d) En caso de ofertas presentadas en sobres separados, que contengan la oferta técnica, por un lado, y la económica, por otro, esta última quedará en custodia del ministro de fe correspondiente hasta que se efectúe su apertura. Si en dicha apertura participan representantes de Codelco, la custodia será responsabilidad de quien presida el acto.e) A todo acto de apertura de propuestas podrán asistir los proponentes u oferentes que hayan participado en el proceso.3. Asignaciones directas. A efectos de limitar la asignación directa de los contratos, modalidad que tiene lugar cuando, por alguna razón que ha de ser debidamente justificada, no se decide la contratación por la vía de la licitación pública o privada, la Comisión acordó incorporar las siguientes modificaciones en el “Manual de Contratación de Servicios”:a) Rebajar el límite máximo de su monto autorizado, en el caso de las divisiones, a quinientos mil dólares, o su equivalente en la moneda de que se trate, debiendo, en las decisiones del respectivo gerente general, concurrir -tanto en la de hacer uso de la modalidad como en la asignación misma-un vicepresidente corporativo que sea miembro del respectivo Comité de Administración Divisional.b) Rebajar el límite máximo de su monto autorizado, en el caso de la casa matriz, a quinientos mil dólares, o su equivalente en la moneda de que se trate, debiendo en las decisiones del respectivo vicepresidente corporativo, concurrir -tanto en la de hacer uso de la modalidad como en la asignación misma- un segundo vicepresidente corporativo.c) Rebajar el límite máximo de su monto autorizado, en el caso de la Presidencia Ejecutiva, a un millón de dólares, o su equivalente en la moneda de que se trate, actuando el presidente ejecutivo a propuesta del gerente general divisional o de dos vicepresidentes corporativos.d) Establecer que, en los casos en que la asignación directa supere la suma de un millón de dólares, o su equivalente en la moneda de que se trate, debe ser aprobada por el Comité de Contratos Corporativo.e) Establecer la aprobación previa del Comité de Auditoría del Directorio como requisito de asignación directa a partes vinculadas, cualquiera sea su monto.f) Establecer la obligación de informar trimestralmente al directorio sobre los montos y objeto de las compras de bienes y servicios en que se haya utilizado la modalidad de asignación directa, yg) Publicar en la página web de la Corporación y en las notas explicativas, tanto de la Fecu como de los estados financieros, una lista de todas las operaciones con partes relacionadas que hayan sido conocidas y aprobadas durante el período financiero-contable de que se trate.4. Negociaciones. Con el propósito de impedir que, una vez adjudicado un contrato, éste sufra modificaciones que impliquen alterar las bases de la licitación a que se sometieron, incluso, los oferentes que no resultaron adjudicados, la Comisión acordó sugerir una modificación del “Manual de Contratación de Servicios”. Con ello, se desea contribuir de forma importante a la transparencia del proceso, impidiendo que un oferente altere las condiciones y, en particular, baje artificialmente el precio de su oferta para, posteriormente, una vez adjudicado, incrementarlo al valor real. A su vez, se pretende evitar que el oferente adjudicado sea presionado para rebajar su oferta, lo que podría comprometer la calidad del servicio o producto contratado. La enmienda es del siguiente tenor: “Que, una vez cerrado el proceso de licitación y conocidos los resultados de las evaluaciones técnica y económica que determinarán el o los adjudicatarios, no se podrá desarrollar ninguna negociación que altere los resultados ni los términos establecidos en las bases.”5. Tipo de licitación (pública o privada). A efecto de establecer clara y explícitamente que la regla general en el procedimiento de contratación por parte de Codelco debe ser la modalidad de “licitación pública”; que, en defecto de ésta, cuando por determinadas razones no pueda recurrirse a ella, será admisible una “licitación privada”, y que, finalmente, sólo en situaciones estrictamente excepcionales se podrá contratar a través de la modalidad de “asignación directa”, la Comisión acordó proponer las siguientes modificaciones al “Manual de Contrataciones y Servicios”: 5.1. Tratándose de licitaciones para la adquisición de bienes, se procederá:a) Sobre veinte millones de dólares, mediante licitación pública.b) Sobre diez millones de dólares, mediante licitación pública, recurriendo al mercado electrónico.c) Bajo diez millones de dólares, mediante licitación pública o privada, recurriendo al mercado electrónico. 5.2. Tratándose de licitaciones para la contratación de servicios:a) Sobre diez millones de dólares, mediante licitación pública. b) Bajo diez millones de dólares, mediante licitación pública o privada, recurriendo al mercado electrónico. Excepciones: tratándose de bienes y servicios altamente especializados, en los cuales, por razones técnicas, solamente algunas empresas puedan calificar, no se exigirá proceder mediante licitación pública y, en su defecto, habrá lugar a licitación privada, y en casos excepcionales y calificados, a la asignación directa del contrato.6. Principios básicos y consideraciones generales. A fin de perfeccionar el procedimiento contractual empleado por Codelco para la contratación con terceros, la Comisión acordó proponer una serie de otras modificaciones a distintas normas internas de la empresa, que tienen relación con aspectos éticos de la relación con los contratistas, consultores o asesores, así como con personas relacionadas o vinculadas política o familiarmente. Ello implica incorporar nuevos conceptos o ajustar las disposiciones de normas como la NCC 18, o las Bases Administrativas Generales para Contratos de Construcción, Ingeniería y Servicios, entre otras. Los elementos que han de considerarse son los siguientes: 6.1. Distinguir, por una parte, entre el concepto de partes o personas relacionadas -en los términos en que lo entiende la legislación aplicable a las sociedades anónimas abiertas- y, por otra, el concepto, más amplio, de partes o personas vinculadas -en los términos en que lo ha definido o lo defina en el futuro el Directorio de Codelco-, siendo el primero un subconjunto del segundo que incluye, además, a otras personas naturales o jurídicas, y en el que se atiende a condiciones como la amistad, el parentesco o la pertenencia política. 6.2. Someter a la aprobación previa del Comité de Auditoria, e informar sobre ello al Directorio de la empresa, de toda “operación con parte o persona relacionada”. Se entiende por “aprobación previa” aquella que es solicitada al recibirse las ofertas en el caso de licitaciones públicas o privadas y antes de adoptar decisión en el caso de asignaciones directas. 6.3. Someter a la aprobación previa del Comité de Auditoria del Directorio toda “operación con persona o parte vinculada” de la naturaleza descrita en el punto inmediatamente anterior, cualquiera que sea su monto, y 6.4. Ampliar el concepto de partes o personas vinculadas, para comprender en él a aquellas personas naturales o jurídicas con las cuales, sin que haya vinculación de propiedad o de parentesco con directores o ejecutivos de Codelco, existan vínculos de amistad íntima, relación política u otra que pueda causar un eventual conflicto de intereses, siempre que ese vínculo pueda o necesariamente deba ser conocido por aquellas personas que deban tomar la decisión. 7. Composición del directorio En relación con la composición del Directorio de Codelco-Chile, la Comisión acordó proponer que sea incorporada una serie de modificaciones, con el propósito de depurar su composición de representantes no estrictamente vinculados con el quehacer y los intereses de la empresa. Así, en la composición del Directorio se observarán las siguientes directrices:a) Lo integrará y presidirá el ministro de Minería, y en él habrá representación de los trabajadores, a través de la Federación de Trabajadores del Cobre, tal como ocurre hasta hoy. b) Se excluirá a los representantes de las Fuerzas Armadas y al ministro de Hacienda.c) La designación de directores que corresponde al Presidente de la República no podrá recaer en personas que ocupen responsabilidades ejecutivas o que sean propietarias de empresas privadas del sector minero.8. Disposiciones varias Por último, la Comisión acordó proponer la incorporación de una serie de otras exigencias a Codelco:a) No será admisible la delegación, en funcionarios pagados por Codelco, de funciones ajenas a su labor propia o la comisión de servicios con tales propósitos. Por ejemplo, aquellas por las que se dispone la asesoría al ministro de Minería, en cuanto presidente del Directorio de Codelco.b) Considerar el fortalecimiento del concepto de holding, a través de las divisiones territoriales que conforman la empresa, a objeto de evitar el excesivo centralismo que implica la suscripción de contratos corporativos, en el nivel central, sin consideración a los requerimientos de las divisiones. Esto significa que el procedimiento de contratación de servicios a terceros deberá considerar la opción de que cada división suscriba, de forma independiente, los contratos que requiera para su adecuado funcionamiento.c) Como una medida de difusión periódica del actuar de la empresa, disponer que su presidente ejecutivo rinda una cuenta semestral ante las comisiones de Minería y Energía, de Trabajo y Seguridad Social, de Hacienda y de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. En dicha cuenta se comprenderá un resumen de los principales proyectos de inversión desarrollados por la empresa en el período, así como de los resultados comerciales relevantes y de las variables de mercado más significativas que afecten a dichos resultados. Ésa ha sido una reseña del informe elaborado por la Comisión. Además, es necesario señalar que, en forma posterior a la elaboración del presente informe, el propio presidente ejecutivo de Codelco de la época, señor Juan Villarzú, envió los antecedentes a la Contraloría General de la República, lo que dio origen a un informe de este órgano contralor y a una ulterior respuesta de Codelco. Ese proceso todavía no ha terminado. Es preciso aclarar que cuando la Comisión preparó su informe final no tuvo ante sus ojos esos nuevos antecedentes -todavía no habían sido elaborados-, los que probablemente serán parte de la discusión que surgirá a continuación por parte de los señores diputados, fundamentalmente de la Oposición, y nos lleven a un debate muy distinto al desarrollado en la Comisión. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, en esta materia, hay que referirse al contexto del “acoso” a Codelco; de lo fundadas o no de las denuncias, y a las conclusiones. Debo ser categórico al señalar que tuvimos acceso sólo a parte de la información, porque según las potestades legales de que goza toda gran empresa, por razones estratégicas o de otro tipo, Codelco no especificó el contenido de algunos contratos y estudios. Pero hay un contexto. Como he señalado, no obstante las críticas de que pueda ser objeto Codelco, se ha pretendido transformar a la empresa, cuyo directorio estuvo encabezado durante los últimos años por Juan Villarzú, en algo parecido al sueldo de Chile. Debo recordar a la Sala que, hace seis años, hubo quienes proponían vender la empresa en 8 mil millones de dólares. Pues bien, en sólo dos años, con los actuales precios del cobre, ésta ha entregado al país, sólo en impuestos, una suma superior. Se logró su expansión, se materializaron sus proyectos de crecimiento, se atrajo capital, se colocaron bonos, se consiguió endeudamiento barato, asociaciones, etcétera. Hoy día, algunas instituciones independientes calculan su valor por sobre los 20 mil millones de dólares. Por cierto, hay dificultades en Codelco. Existen críticas que compartimos, y el informe se hace cargo de ellas, pero no de las denuncias genéricas sobre irregularidades e ilícitos, que hacen aparecer a la empresa como un nicho de tráfico de influencias y de contratos ilícitos. Es más, a la Comisión asistieron representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, quienes reconocieron que las licitaciones son transparentes, que más del 90 por ciento de ellas son públicas y que sólo algunas son privadas. ¡Por favor! El 90 por ciento de las grandes empresas contratistas que trabajan con Codelco son empresas históricas de la minería vinculadas a empresarios de otras ideas políticas o a transnacionales francesas, canadienses o suecas. Quienes somos mineros sabemos cuáles son las empresas contratistas que se adjudican el 90 por ciento de los contratos y, hasta donde yo sé, no hay ninguna que tenga vinculaciones políticas. Incluso, el señor Melnick, destacado panelista de un programa de televisión y ex dirigente del gremialismo, es contratista de la División El Teniente, porque Codelco es una empresa grande que debe hacer distinto tipo de contratos. Uno de los cuestionamientos resulta insólito en un país pequeño como el nuestro: que podría haber un acto ilícito en la adjudicación de contratos por un contratista de Rancagua, porque tiene un hermano que es contralor de una fundición del norte vinculada a Codelco. En todo caso, Codelco hizo correcciones el 2001 o el 2002 -no recuerdo con exactitud-, en el sentido de que se obligó a los ejecutivos a cumplir con un reglamento interno que establece que deben abstenerse de participar en cualquier licitación en la cual exista algún pariente vinculado directamente con ellos. Resulta ridículo sugerir que en una empresa de tal magnitud, con su nivel de outsourcing, no haya personas con algún grado de vinculación. Es cierto que debe haber más transparencia. Por eso, se sugirió que se acoten las licitaciones privadas, que exista un registro de las empresas que están habilitadas debido a sus buenas prácticas laborales, a la excelencia de sus consultorías y de sus contratos, a los pocos accidentes fatales ocurridos en ellas, etcétera, de manera que cuando se trate de licitaciones privadas o urgentes, sean conocidas públicamente. Ahora, como explicaron los gerentes, en algunos casos, prácticamente hay monopolios naturales, y dieron como ejemplo los neumáticos gigantescos que usan los camiones que operan en Chuquicamata, que son fabricados en forma exclusiva por una empresa. Entonces, se cuestiona ese tipo de contratos y, muchas veces, por ignorancia, se va metiendo todo en un mismo paquete. Incluso, se llegó a cuestionar la asociación que mantienen las grandes empresas mineras del mundo, con el objeto de mejorar los sistemas de comunicación, precisamente, para que haya más transparencia sobre los proveedores, generándose verdaderas redes de información. Esto existe en un país centroamericano; es una especie de red virtual, que ha sido cuestionada como un negocio ilícito. Creo que con las conversaciones se ha ido aclarando el asunto. Estoy de acuerdo en que hay algunos contratos cuestionables o inoportunos. Tampoco es conveniente que cuando las autoridades políticas -incluso, parlamentarios que han desarrollado sus labores en la propia Cámara- dejan sus cargos, celebren de inmediato contratos con empresas públicas. Bueno, habrá que legislar sobre la materia, así como hay una prohibición para asumir roles públicos. Pero son cuestiones opinables. Codelco es una empresa que tiene excelencia y una lógica profesional, y son conocidas públicamente las grandes empresas contratistas que trabajan con ella; ha buscado regular y ser más estricta en sus contratos y mostró voluntad de avanzar en acotar los contratos de asignación directa. Es una empresa de todos los chilenos, a pesar de su falta de pacto social con los contratistas, de su ausencia en negocios tecnológicos, del exceso de centralización, de cierta gracia administrativa y de los bonos que se entregan a sus ejecutivos, que nos sorprenden. Pero ésas son otras materias. El mandato de la Comisión consistía en investigar si había prácticas corruptas e ilegales en los contratos de Codelco. Después de escuchar a los actores del sector privado y de conocer todos los antecedentes, la Comisión llegó a la conclusión de que no era una práctica en Codelco. A eso se limitó el mandato a la Comisión, y a eso nos tuvimos que circunscribir. Es la conclusión a que llegamos después de revisar los diversos antecedentes. En consecuencia, cuidemos a esta empresa, formulemos críticas, dictemos los reglamentos, veamos si es necesario poner limitaciones a las contrataciones, pero terminemos con las críticas al voleo a cualquier práctica realizada por las empresas públicas bien administradas, como ocurre con Codelco. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García Huidobro. El señor GARCÍA HUIDOBRO.- Señor Presidente, antes de hacer uso de la palabra, quiero saber de cuánto tiempo dispone nuestra bancada, porque el diputado informante tenía 15 minutos y utilizó más de 20. Por lo tanto, quiero saber si tendremos más tiempo para analizar esta supuesta investigación a Codelco. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, su Comité cuenta con 16 minutos y 30 segundos, y no se ha inscrito ningún otro diputado de su bancada. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias, señor Presidente. Lo primero que quiero comentar es que el análisis de esta seudo comisión investigadora de Codelco que, en el fondo, no investigó absolutamente nada, se originó en dos proyectos de acuerdo: uno, presentado por parlamentarios de la Alianza por Chile, y otro, por parlamentarios de la Concertación. Obviamente, como constituían mayoría, se aprobó el presentado por los diputados de la Concertación. Ese proyecto de acuerdo estaba tan acotado que todas las denuncias que se realizaron, tanto por los medios de comunicación como por diputados de la Alianza por Chile, no pudieron ser investigadas. En ese sentido, valoro que la última reforma constitucional permita crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio y que ellas puedan solicitar antecedentes a cualquier organismo o funcionario del Estado, a petición de un tercio de sus miembros. Esta disposición va en el camino correcto y nos habría gustado que mucho antes hubiera existido voluntad política de la Concertación para investigar las graves denuncias que el país conoció en su oportunidad. Esta Comisión, o seudo comisión investigadora, jamás recibió antecedentes sobre los contratos suscritos por Codelco. Por ejemplo, nunca conoció los contratos relacionados con la asesoría que firmó con la empresa el ex ministro Puccio, cuando era embajador en Brasil. El señor Puccio, conjuntamente con un socio, el señor Álvaro Briones, que era vicepresidente de Correos de Chile, entregaban asesorías a Codelco en materias que hasta hoy desconocemos. El entonces ministro Puccio dijo que iba a informar y que el país conocería, incluso por medio de su contador, los ingresos que había recibido por ese concepto. Hasta hoy, el país nada ha conocido. Lo importante es que Codelco es una empresa de todos los chilenos, no es privada. Por lo tanto, sus dueños, es decir, los chilenos y quienes somos sus representantes, tenemos derecho a saber lo que se hace con los excedentes que les pertenecen, fundamentalmente, a los más pobres. La Comisión tampoco pudo investigar los contratos de asesoría a Codelco efectuados por la anterior subdirectora del Sernam, señora Miriam Verdugo, por intermedio de la sociedad denominada Servicio Tecnología y Multimedia High Dreams. A la Comisión no llegó copia alguna de dicho contrato ni ninguna información concreta, razón por la cual no pudimos saber si efectivamente la asesoría se realizó. Para qué hablar del caso del actual alcalde de Maipú y ex director del Sernac, señor Alberto Undurraga, quien también entregaba boletas de honorarios a Codelco por concepto de asesorías en algunos proyectos. No tuvimos conocimiento de ello. Tampoco tuvimos posibilidad de acceder a los contratos que suscribieron con Codelco las ONG de la Concertación. Por ejemplo, la Corporación Tiempo 2000 celebró contratos por 750.000 dólares. ¿Quién presidía esa Corporación? El anterior director de Codelco, señor Jorge Navarrete. ¿Qué tipo de asesoría entregó? Asesoría legislativa. El Centro de Estudios para el Desarrollo firmó contratos con Codelco por 250 mil dólares. Obviamente, esa organización estaba integrada por un director de Codelco, el señor Patricio Meller. Tampoco tuvimos ninguna información sobre la materia. También suscribieron contratos con Codelco la Fundación Chile XXI, por 17 millones de pesos, y la corporación Justicia y Democracia. Otros antecedentes que solicitamos dicen relación con el financiamiento irregular del Ministerio de Minería. Había, al menos, 17 asesores del presidente del directorio de Codelco, desde 1998 en adelante, que recibían pagos de Codelco, cuando los debería haber hecho el Ministerio de Minería. ¡Para qué hablar de los contratos políticos con personeros de la Concertación! Ex senadores, ex diputados y personeros del comité central del Partido Socialista, como el señor Raúl Álvarez Cortés, quien tenía una doble calidad y en su momento manifesté que era como “el rey del pituto”, pues, por un lado, asesoraba a Codelco y, por otro, a la Federación de Trabajadores del Cobre, y ambas asesorías las pagaba Codelco. Por lo tanto, ganaba por partida doble. También están los casos de otros personeros relacionados con la Concertación, como el del ex presidente de EFE y vicepresidente del Metro, señor Ajenjo. El caso del ex diputado Felipe Valenzuela, que planteó un parlamentario de la Concertación, tampoco se investigó. Pero nuestras denuncias y las que se hicieron a través de los medios de comunicación, y que todos conocieron, la Comisión no quiso investigarlas por razones políticas, electorales. No le interesaba que el país conociera la verdad. Pero la verdad llegó, aunque no antes de las elecciones. Aquí tengo el informe de la Contraloría General de la República respecto de ese tipo de denuncias. El señor Villarzú pidió a la Contraloría General de la República que investigara algunos contratos. Envió una muestra de ellos. Por su parte, la Contraloría General de la República le pidió a Codelco que le enviara más contratos y la empresa se demoró dos meses en entregar la información referida a contratos celebrados con empresas relacionadas con los propios ejecutivos y directores y contratos políticos. Se demoró en entregar los antecedentes, porque no les convenía que esto se supiera antes de las elecciones. La razón que dio Codelco es vergonzosa. Se argumentó que tenía que entregar mucha información a los miembros de la Comisión investigadora de Codelco de la Cámara, en circunstancias de que no entregó ninguna. El argumento es increíble, pero los chilenos no somos tontos. Respecto de las empresas relacionadas, la Contraloría General de la República señala: “Ahora bien, revisada la información puesta a disposición de esta Entidad Fiscalizadora por parte de Codelco, y practicadas diversas verificaciones con otras bases de datos, se pudo determinar que 29 contratos celebrados entre la citada empresa y “personas relacionadas”, entre los años 2003 y 2005, no contaron con la debida autorización.” “En los hechos descritos se advierte una trasgresión a la normativa que rige las negociaciones de esta naturaleza en Codelco. En efecto, prescribe el artículo 8°, inciso final, del decreto ley N° 1.350, de 1976, que crea la Corporación Nacional del Cobre, que a los directores, al presidente ejecutivo y a los gerentes generales se les aplicará las incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones que la ley N° 18.046 establece para los directores de sociedades anónimas.” Sobre los contratos de asesoría, la Contraloría precisa que la Corporación informó que el total de los contratos de bienes y servicios suscritos durante el período comprendido entre enero de 2003 y mayo de 2005 -que fue lo que investigó parcialmente la Contraloría-, por un valor de 5.320 millones de dólares, se demuestra a continuación que: “dentro del total de contratos de servicios que se indica en el cuadro, Codelco señaló que 2.113 corresponden a capacitación y 3.478 a asesorías y consultorías, por un valor de 226.411.567 millones,”. Además, la Contraloría agrega: el 46.41 por ciento se hizo por adjudicación privada. Es decir, licitación no pública. Solamente el 3,92 por ciento de esos contratos se hizo por licitación pública -reitero, 3.92 por ciento-, y por adjudicación directa, equivalente a más de 108 millones de dólares, 48.03 por ciento, los que sumados a quienes fueron invitados -por cuanto a las licitaciones privadas se cita a quienes ellos quieran- arrojan una cifra cercana al 97 por ciento de los contratos. Por su parte, la Contraloría estableció que los contratos por asignación directa eran 3.112. Pero de los 122 contratos analizados, solamente 82 -porque en su informe dice “solamente”- eran por asignación directa, y 37 por licitación privada. ¿Saben cuántos de los 122 contratos de la muestra analizada por la Contraloría fueron asignados por licitación pública? Sólo uno. ¡Ésta es la transparencia que ha tenido el señor Villarzú en la dirección de esa empresa! ¡Y para qué hablar de lo que sucedió después de la modificación a las condiciones originales de la contratación! Muchas veces las asignaban por licitación, pero luego se valía de la vía directa. Por lo tanto, ésta era una práctica habitual que, espero, sea desechada por el actual presidente ejecutivo, porque debido a ella en esa empresa estatal se instauró una verdadera cultura de la asignación directa y del “pituto”. A mayor abundamiento, la Contraloría estableció que hay contratos suscritos con fecha posterior al inicio de las asesorías. Por ejemplo, determinó que se inició una en julio de 2004, pero el contrato aparece suscrito en abril de 2005, esto es, 270 días de retraso respecto de su firma. Obviamente, la prestación ya estaba cancelada. Es importante hacer una investigación completa al respecto. Por eso, los diputados de la Alianza le hemos pedido al Contralor General de la República que no sólo investigue una muestra de los contratos celebrados en el período 2003-2005, sino todo el período correspondiente a la administración del señor Villarzú, desde marzo de 2000 hasta marzo de 2006. Más adelante volveré a intervenir. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Aedo. El señor AEDO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar lo importante que es la minería para el país, pues más del 52 por ciento de las exportaciones en dólares corresponden a ese sector productivo, y el 30 por ciento de la producción minera corresponde a la minería estatal, específicamente, a Codelco. Por eso es tan importante debatir en esta Sala la falta de transparencia en la gestión de una empresa que pertenece a todos los chilenos. El informe entregado por la Comisión investigadora de contrataciones de terceros por parte de Codelco, a la cual dio origen el proyecto de acuerdo N° 672, como se ha dicho, da cuenta de una investigación incompleta, que no ha permitido indagar a fondo los contratos, especialmente de relacionados, y los procedimientos utilizados por la empresa, en los que se aprecia una clara falta a la ética y a la transparencia. En algunos casos se elude la normativa, como la NCC N° 18, de 2002, y la ley de sociedades anónimas, que también se aplica a Codelco. En todos los contratos -los casos del director Navarrete, de Hernán Sandoval, de Gescam, de TOP consultores, de los hermanos Trivelli y de H.E. Fiberglass- hay atisbos de inhabilidades e incompatibilidades y de ajustes posteriores a las reglamentaciones de la empresa Codelco. No es posible que en una empresa tan importante como Codelco el 97 por ciento de las licitaciones sean privadas, porque ello significa que se asignan contratos en forma directa a través de sus directivos superiores, simplemente teniendo dos o tres oferentes privados a los cuales ellos invitan. Esto involucra no solamente bienes de capital, sino también servicios superiores a diez millones de dólares. Durante la actual administración de Codelco no deberían realizarse licitaciones de servicios por valores superiores a un millón de dólares. Para ello, propongo estudiar una modificación a la forma de asignar las licitaciones privadas, para que no se efectúen cuando se trate de servicios por cifras mayores a un millón de dólares, porque la Comisión propone hasta diez millones de dólares. Por último, más allá de la votación nuestra del informe de la Comisión, la opinión pública se ha formado una visión de los hechos. Por eso, debemos establecer medidas precautorias para que situaciones como las ocurridas en Codelco no se repitan. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya. El señor ARAYA.- Señor Presidente, lamento la conclusión a la que se arriba en forma tan categórica en el informe emitido por la Comisión investigadora en cuanto a que en Codelco no existen irregularidades, porque hice llegar antecedentes al respecto. Sigo pensando que debemos realizar una investigación más exhaustiva en la empresa. Hay contratos no aclarados, como el que se celebró con el señor Felipe Valenzuela, que denuncié en su oportunidad. Es primera vez que veo que en la Administración del Estado se pague un trabajo antes de que se realice. Más aún, dicho trabajo aún no se termina y en Codelco nadie da respuesta de ello. Estoy a la espera de que la Contraloría General de la República entregue el informe definitivo para hacerlo llegar a la Cámara. Asimismo, lamento que Codelco, en este afán de transparencia que anunció en sesión de la Cámara su entonces presidente don Juan Villarzú, no haya cumplido con la remisión de todos los antecedentes que se pidieron relativos a una serie de contratos ligados fundamentalmente a publicidad y publicaciones hechas por Codelco. En esa línea, no ha existido suficiente transparencia por parte de la empresa, pues al no entregar la información sembró un manto de dudas en nosotros respecto de su actuación, sobre todo en lo que se refiere a contratos directos. No hay claridad al respecto. De constituirse una nueva comisión investigadora, espero que se establezca fehacientemente la forma de asignar los contratos directos. Hemos visto que los contratos licitados por Codelco son prácticamente mínimos en relación con los adjudicados por asignación directa. Los montos de contratación directa manejados por Codelco son realmente sorprendentes, y nos sorprenden todavía más las empresas que se adjudican esos contratos, por cuanto muchos de los trabajos no se realizan y nadie responde por esa situación. Espero que la nueva administración de Codelco nos entregue esa información, de modo de efectuar un análisis claro de lo que está ocurriendo en la principal empresa del Estado. El tema es preocupante. Si bien todos estamos de acuerdo en la no privatización de Codelco, queremos que siga siendo una empresa estatal. Nos interesa que sea una empresa transparente, donde se conozca a quiénes se adjudican los contratos, los montos que reciben y si hacen o no el trabajo por el cual son contratados. Eso es lo que le da transparencia y solidez a Codelco. Hoy estamos ante la posibilidad de desentrañar la forma en que se ha llevado adelante la gestión de esa empresa durante los últimos seis años. Todos reconocemos y valoramos el tremendo esfuerzo hecho por el señor Juan Villarzú para duplicar el valor empresa y aumentar los ingresos fiscales aportados por Codelco. Pero, insisto, también queremos que haya transparencia en cuanto a la administración de los contratos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, nadie tiene la intención de pronunciarse respecto del fondo de las conclusiones de la Comisión. Por lo demás, ésta no tiene mucho que aportar, por cuanto sesionó en circunstancias bastante adversas -pleno período electoral-, y por distintos motivos, no recibió todos los antecedentes que requería para llegar a una conclusión seria. De hecho, la Contraloría General de la República, por razones que desconocemos, entregó su informe con posterioridad a las conclusiones emitidas por los diputados. Repito, no vale la pena referirse al fondo de este trabajo, pues basta con examinar las conclusiones finales. Mientras el informe de mayoría de la Comisión señala que Codelco cumplió con todas las disposiciones habilitantes, tanto de orden legal como administrativo interno y externo, la Contraloría, un mes y medio después, determinó absolutamente lo contrario. Señaló: “Todos los informes emitidos por dichas entidades están contestes en señalar que existen deficiencias y debilidades en los rubros analizados, las que son coincidentes, por lo demás, con las expuestas en el presente informe.” Entonces, mi primera pregunta es qué hizo mal la Cámara de Diputados para evacuar un informe tan distinto al del órgano fiscalizador por excelencia de nuestro país. Probablemente, no fuimos suficientemente pacientes y debimos haber esperado más tiempo para tener el informe de la Contraloría. No puede ser que las conclusiones de las comisiones investigadoras se cierren, aunque así lo quiera la mayoría, cuando está pendiente la recepción de informes de fiscalización de la Contraloría o datos sustanciales para las conclusiones del organismo fiscalizado, porque, finalmente, todo eso atenta contra la credibilidad de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados. En todo caso, pese a que no concuerdo en absoluto con las conclusiones del informe de la Comisión, valoro el esfuerzo realizado para proponer ciertas medidas que sería conveniente profundizar. Cuando en el informe de la Comisión se propone restringir los montos por los cuales se hacen asignaciones directas, creo que eso va en la línea correcta. A lo mejor, la restricción es muy escasa y hay que ser más estricto. Codelco está en deuda con Chile en cuanto a su transparencia. Eso no ha funcionado bien, al margen de las administraciones. Aquí hay ciertas propuestas que deben entrar en el debate. Soy un abierto partidario de que Codelco se abra a la bolsa. No estoy hablando de un cambio de propiedad, pero que, por lo menos, la empresa se rija por todas las normas que hoy garantizan la transparencia a las sociedades anónimas. Actualmente, el derecho comercial ofrece una enorme cantidad de instrumentos que permite que Codelco continúe siendo propiedad del Estado y que, al mismo tiempo, tenga las ventajas de una sociedad anónima abierta. Es el caso de la denominada golden share, que permite objetar todas las acciones administrativas dentro del gobierno. Se debe estudiar seriamente la posibilidad de que Codelco ingrese a la Bolsa de Valores y una junta de accionistas fiscalice a sus ejecutivos. Así, Codelco no tendría que emitir bonos para ser fiscalizado por la Superintendencia de Valores y Seguros, como sucede en la actualidad. ¿Cuánto vale Codelco? Nadie lo sabe. El informe de Golden Sack señala una cifra: 26 mil millones de dólares. Con todo, esa información fue proporcionada por la propia Codelco, ya que nadie ha hecho nunca una valoración real de la empresa. Dejando a un lado ideologías e intereses políticos y particulares, llegó el momento de buscar una fórmula que permita a Codelco ingresar a la Bolsa, aun cuando -en esto no tengo ningún prejuicio- el Estado siga siendo el dueño mayoritario de la empresa. Esto se puede llevar a cabo a través de variadas formas comerciales. Hoy, la Superintendencia tiene facultades para pedir, por oficio, antecedentes a Codelco. Pero eso no es suficiente: debería investigar in situ, lo que habría evitado muchos de los problemas actuales. Por último, tanto el Gobierno como la Oposición no quieren seguir sorprendiéndose con Codelco. Un ejemplo. Su presidente declaró, primero, que los gastos operacionales de la empresa alcanzaban los 450 millones de dólares, pero después reconoció que eran 250 millones de dólares, ello debido a que el presupuesto fue corregido a fin de año. ¡Eso no es serio! Ahora, nuevamente nos han sorprendido con los bonos de producción entregados a ejecutivos de la empresa. A pesar de que aumentaron los gastos, de que la producción se redujo en 40 mil toneladas y de que se han dado a conocer una serie de denuncias por poca transparencia, los bonos se mantienen altos. Eso no habla bien de la administración actual de la empresa. Tengo esperanzas en el trabajo que llevará a cabo el nuevo presidente de Codelco. Sin embargo, el Congreso debe entregarle un mejor marco legal para que la empresa, que pertenece a todos los chilenos, sea mucho más transparente. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, junto con el diputado Pedro Araya presentamos el proyecto de acuerdo que dio origen a esta comisión investigadora, por lo que no participamos en ella. Hay empresas que, si bien pertenecen a todos los chilenos, no están sujetas a la fiscalización de la Cámara de Diputados. Se nos eligió para cumplir esa función -no es atribución del Senado-, pero no podemos llevarla a cabo. La alternativa es la Contraloría General de la República. Pedimos un informe a la Contraloría General de la República para determinar sobre cuántas empresas del Estado están amparadas bajo la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. La respuesta fue veintiún empresas, entre ellas, las portuarias, astilleros, Ferrocarriles, Codelco, Banco del Estado y Televisión Nacional. Sin embargo, el informe de la Contraloría señala que el Banco del Estado no es fiscalizado por esa entidad -tampoco por la Cámara de Diputados-, por lo que puede considerarse un banco privado. Lo mismo sucede con Televisión Nacional. Tanto es así que hay un juicio de cuentas contra esa entidad televisiva. Tengo en mis manos el oficio de la Contraloría, de 27 de febrero de 2006, donde se le demanda al director Carlos Mladinic a contestar, indicando que está obligado a ello en virtud de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. A pesar de eso, no responde y se hace merecedor a una multa equivalente a un sueldo. Ahora, asume Francisco Vidal y tenemos confianza en que todo va a ser distinto. Las empresas públicas tienen que estar bajo la supervisión de la Cámara de Diputados y de la Contraloría General de la República. Hoy existe un juicio de mera certeza jurídica para precisar el alcance de la fiscalización de la Contraloría en Ferrocarriles y en Codelco. Sin embargo, no aceptan la fiscalización de la Cámara de Diputados, y tampoco contestan los oficios remitidos por la Contraloría. Sin ir más lejos, recuerdo que en diversas ocasiones, durante las discusiones presupuestarias, junto con la senadora Matthei y los senadores Foxley y Ominami, planteamos que dentro del Sistema de Empresas Públicas -esperamos que Patricio Rojas, su nuevo director, entienda esto- no debe haber ninguna empresa que sea, por así decirlo, 007, esto es, secreta. ¡Qué tienen que esconder! ¡Por qué no pueden estar sujetas a la misma fiscalización que el resto de los organismos públicos! Si hay información que consideren estratégica, reservada o que puede afectar sus negocios -es bastante amplio- que la manden en documento reservado, secreto, o que lo digan. En los hechos ha quedado demostrado que no sólo nosotros, sino también la Contraloría, estamos impedidos de fiscalizar a Codelco. Alguien tiene que dilucidar esta situación. Hay que establecer claramente si hay empresas fuera del sistema normal de control. Si va a ser así, que se haga en forma seria, porque, de lo contrario, ¿qué va a pasar? Lo que expresó el diputado Nicolás Monckeberg: habrá que abrirlas a la bolsa y privatizarlas. No obstante, hago presente que siempre me he opuesto a que se privaticen ciertas empresa del Estado, como Enap y Codelco, especialmente ahora, después de lo que ocurrió con el IVA, porque si las compraran empresas multinacionales, se les aplicará una tasa de 17 por ciento, en tanto que a los chilenos se nos aplica una de 19 por ciento. Sería espectacular el negocio para ellos. A lo menos esperamos que el nuevo presidente ejecutivo de Codelco, el señor Arellano, que fue ministro y que es un demócrata, no venga con “cuchufletas” como ésta y le conteste a la Cámara de Diputados y a la Contraloría General de la República, que no pueden fiscalizar a la empresa. Ése fue el argumento que utilizaron para enviarnos un informe como el que obra en su poder, señor Presidente, que no dice nada. Ellos contestan lo que quieren, y la Cámara de Diputados, una vez más, ¡buenas noches los pastores! He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, si bien no formé parte de esta Comisión Investigadora, tengo algunas reflexiones acerca de lo que sucede con Codelco, en cuanto empresa del Estado, y quiero compartirlas con la Sala. En cuanto a su transparencia y por ser una empresa de todos, debería estar sujeta a estrictas medidas de fiscalización que aseguren ese principio en su gestión. Lamentablemente, tratándose de Codelco, las normas que contempla nuestro ordenamiento jurídico respecto del tema no son suficientes. El hecho de que se rija por la ley de sociedades anónimas y se encuentre bajo la supervigilancia de la Superintendencia de Valores y Seguros no es suficiente, pues ello no ha permitido que sea más transparente. En esta materia, quiero hacerme eco de las palabras de mi colega el diputado Lorenzini, en cuanto a que la Cámara de Diputados debería abocarse a estudiar mecanismos de fiscalización eficientes. Hace poco nos informamos de lo establecido respecto de la Agencia Nacional de Inteligencia, cuyo estatuto legal dispone que debe existir una comisión especial de control del sistema de inteligencia del Estado. Tratándose de una empresa de la naturaleza y envergadura de Codelco, ¿no sería apropiado que el Congreso Nacional también constituya una comisión especial de control y fiscalización? Respecto de la integración del directorio de Codelco, me limitaré a decir, por una parte, que me parece que quienes forman parte de él deberían ser profesionales competentes, con amplia experiencia en el rubro principal de la empresa, esto es, el negocio y la explotación minera, y, por otra, que coincido con la Comisión en que, no obstante los aportes que hayan efectuado en el pasado para la buena dirección de Codelco, se debe excluir a las Fuerzas Armadas del directorio. En tercer lugar, considero oportuno recordar que en el último tiempo los costos de Codelco han subido considerablemente y no se condicen con los de otras empresas internacionales del mismo rubro y giro. En la actualidad, alcanzan a alrededor de 1 dólar por tonelada. Si el precio de la libra de cobre no hubiera alcanzado los niveles que hoy exhibe, posiblemente la empresa arrojaría pérdidas. Además, se han ejecutado una serie de proyectos de desarrollo científico y tecnológico, que consideraron grandes inversiones, destinados a estudiar formas de abaratar esos costos. Estos proyectos, al parecer, han resultado ser ineficientes. Por último, es importante que los planes de inversión de Codelco sean más cuidadosos. Los que se han formulado no han satisfecho las expectativas previstas ni han cumplido las metas ni han utilizado los montos estipulados en su momento. Generalmente, hay que acordar nuevas inversiones, porque los montos originales fueron mal calculados. Señor Presidente, este debate nos debe hacer reflexionar, como Congreso Nacional, en cómo mejoramos y contribuimos a que esta empresa tenga un mejor desempeño y una mayor eficiencia. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Francisco Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, miradas las cosas, después del informe de la Contraloría pudiesen ser distintas, a pesar de que debemos ser claros y categóricos en que tal como queda de manifiesto tanto en el informe de la Comisión como en el de la Contraloría, hasta el momento no hay ninguna situación que no se ajuste plenamente a la ley de sociedades anónimas sobre la contratación de terceros. La Contraloría todavía no ha emitido un informe final, pero todos queremos, por el bien de la transparencia, que se pronuncie. Quiero recordar al diputado García-Huidobro que él aprobó gran parte de las conclusiones de la Comisión. Entonces, no puede ahora querer sacar las castañas con la mano del gato, decir que no participó en la Comisión y que no estuvo de acuerdo con muchas de las conclusiones. Es cierto que, como ya señalé, no estuvo de acuerdo con algunas. Además, fue Codelco la que mandó los antecedentes a la Contraloría, a solicitud del directorio, lo que me parece bien. No tengo ningún problema en que se investigue si efectivamente existen algunas irregularidades e ilegalidades y que ésta o cualquier otra comisión analice el tema. Coincidimos -las conclusiones de la Comisión así lo señalan- en la necesidad de cambiar una serie de situaciones internas en Codelco, tales como las contrataciones, aperturas, tipos de licitación -públicas o privadas-, etcétera. En definitiva, propuestas que ojalá Codelco o el Ejecutivo consideren, a fin de evitar problemas en el futuro. Tengo la impresión de que para algunos señores diputados, Codelco es una empresa en caos, en crisis; que se cometen irregularidades e ilegalidades. Si bien pudiese haberlas -hay que esperar el informe definitivo de la Contraloría para emitir un juicio-, creo que no es así. Todos aceptamos que se fiscalice y que los procedimientos sean más transparentes y claros. No tenemos ninguna objeción a eso, y lo digo con claridad. Hemos creado una serie de comisiones investigadoras en las que hemos participado con el máximo de criterio y racionalidad. Codelco, empresa de todos los chilenos, que entrega recursos al país para salud y educación, ha duplicado su rentabilidad en los últimos seis años. En 2005, entregó 5.500 millones al país. La discusión de fondo es que muchos sectores de la Oposición aspiran a que se privatice. Está en los programas de los candidatos presidenciales y hay opiniones de algunos señores parlamentarios de que funcione como sociedad anónima. No hay problema, pero incorporémosle capital de las AFP o capital privado. Todos sabemos que ese camino apunta a la búsqueda de intereses de ciertos sectores para aprovecharse de la empresa más importante de Chile y obtener más recursos, maximizando sus ganancias a través de ella. Al respecto, quiero enfatizar que Codelco es de todos los chilenos y no se va a privatizar. La señora Presidenta ha sido categórica en ello, como también lo han sido el ministro de Minería y el presidente ejecutivo de Codelco. No queremos participación de capital privado en Codelco. ¡Por favor!, que esto les quede claro. Esperamos que siga sirviendo a los chilenos y que sus excedentes sean bien invertidos. Podemos discutir el destino de los excedentes para que parte de ellos se utilice en cumplir el rol social que le compete al Estado y que no sólo se destine al ahorro o a prepagar deudas. Pero quiero decir categóricamente que no está en crisis ni está dispuesta a ser transada para servir los intereses de algún capital privado -nacional o extranjero-, sino que seguirá siendo de todos los chilenos. También queremos que sus cuentas sean transparentes, que los mecanismos de adjudicación de contratos sean claros, y compartimos el criterio de que sea fiscalizada. A quienes señalaron algunas supuestas irregularidades, puedo decirles que tanto del informe de la Contraloría como del de la comisión investigadora se deduce que sólo hay minucias y pequeñas cosas que podemos corregir, pero que no constituyen el fondo del problema. El tema de fondo es generar crisis en una empresa que no lo está y que queremos siga siendo de todos los chilenos. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al diputado Encina que en la Comisión acordamos mejorar los procedimientos para la transparencia interna de Codelco, respecto de lo cual ningún parlamentario de la Alianza estuvo en contra. Lo que sí dije es que las denuncias reales que se presentaron en la Comisión no se pudieron analizar porque no fueron respondidas por Codelco, lo cual es distinto de lo señalado por el diputado Encina. Respecto de la privatización, en la última campaña presidencial los tres candidatos manifestaron que Codelco debía seguir en manos de todos los chilenos. Por lo tanto, no es materia de discusión. Debo aclarar que no soy partidario de su privatización, pero tampoco de que algunos pocos se aprovechen de esta empresa, sino que sirva a todos los chilenos, ojalá a los más pobres. Eso es lo importante. No puedo omitir un problema que es clave. Hay ilegalidades en la conducción de Codelco, porque no se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros de todos los negocios con las empresas relacionadas, sino sólo de los pequeños negocios con empresas coligadas. Cito un caso: tengo antecedentes de la asignación, entre licitación privada y asignación directa, de casi un millón de dólares a la empresa Gescam, de propiedad de los señores Sandoval y Durán. Ellos recibieron prácticamente un millón de dólares por contratos Codelco hasta el año 2006. Sin embargo, esto no fue informado a la Superintendencia. Ninguno de los directores de Codelco lo informó en la nota de los estados financieros, ni tampoco en la negociación o contrato de algunos de los ejecutivos de Codelco. Por lo tanto, aquí no solamente hay una irregularidad, sino una ilegalidad, respecto de la cual se hizo una presentación a la Superintendencia en su momento, como también a la Contraloría General de la República, porque creemos que debieron pronunciarse sobre el particular. En la Comisión se informaban hasta 2 ó 3 mil dólares respecto de empresas filiales de Codelco, pero no de las de los directores, ejecutivos o personas relacionadas con el anterior presidente de la República, señor Ricardo Lagos. ¿Por qué decimos que Gescam está relacionada? Por un lado, el señor Sandoval era director de una filial , por otro, el presidente tiene la atribución de nombrar a los directores de la empresa. En consecuencia, Gescam también debiera haber figurado en la nota de los estados financieros como información de empresa relacionada. Por razones obvias, eso no ocurrió. Esperamos que en adelante el nuevo presidente ejecutivo de Codelco tome el toro por las astas y haga lo necesario para que esta empresa, que pertenece a todos los chilenos, siga siendo nuestra y no de unos pocos que sólo quieren aprovecharse de ella. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos: El señor LEAL (Presidente).- En votación el informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar las normas legales y reglamentarias que regulan los procedimientos y contrataciones de terceros por parte de Codelco, recaído en el proyecto de acuerdo N° 672. La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, de acuerdo con el inciso primero del artículo 145 del Reglamento, me voy a abstener en la votación del informe de la Comisión investigadora sobre Codelco. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 42 votos. No hubo abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Goic Boroevic Carolina; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vidal Lázaro Ximena. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA REGULAR LA COMPARECENCIA DE LOS MINISTROS DE ESTADO. El señor LEAL (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para regular la citación a los ministros de Estado conforme a la letra b) del N° 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República. Diputado informante de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento es el señor Gabriel Ascencio. Antecedentes: -Informe de la Comisión de Régimen Interno, boletín N° 4128-16.Documentos de la Cuenta N° 2, de esta sesión. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a la Comisión de Régimen Interno que me permita informar acerca de esta modificación al Reglamento, que regulará la comparecencia de los ministros de Estado a la citación a que se refiere la letra b) del N° 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, o lo que comúnmente conoceremos a continuación como interpelación. Esta modificación al Reglamento es extraordinariamente importante, ya que, una vez aprobada, pondremos en marcha uno de los instrumentos más relevantes que tendrá la Corporación en el ejercicio de las facultades que señala el artículo 52 de la Constitución. Recuerdo a los señores diputados que el N° 1 del artículo 52 de nuestra Carta Fundamental dice que son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados fiscalizar los actos del Gobierno. En las reformas constitucionales aprobadas el año pasado se modificó ese artículo y se agregaron dos atribuciones muy relevantes. Se modificó la que dice relación con la creación de las comisiones investigadoras, en el sentido de que ahora se pueden constituir a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio. Es decir, se bajó el quórum. Entonces, bastan 48 diputados para solicitar la creación de una comisión investigadora. En la letra b) del artículo 52 se agregó la institución de la interpelación, que consiste en citar a un ministro de Estado a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. El punto central es que nuestro Reglamento debe contener el procedimiento que haga posible el ejercicio de la facultad de citar a un ministro. Para esos efectos, el diputado que habla presentó un proyecto de modificación al Reglamento, cuyo contenido se encuentra en el informe. La iniciativa se debatió y se aprobó por unanimidad en general y en particular. Al respecto, podríamos hablar perfectamente de un acuerdo político. Los jefes de los Comités y la Mesa acordamos establecer este procedimiento que ahora presento a consideración de la Sala. Además, requerimos la unanimidad de las señoras diputadas y de los señores diputados para su aprobación, pues ello nos permitirá tener un Reglamento con mayor legitimidad. Por eso, hicimos los esfuerzos necesarios para alcanzar acuerdo en ese sentido. No es bueno que el Reglamento sea aprobado por una mayoría y rechazado por una minoría. Requiere la unanimidad de los diputados, pues de esa manera su aplicación es mucho más legítima. En la Comisión se discutió sobre la conveniencia de que los ministros de Estado pudieran entrar a la Sala acompañados de un asesor, aspecto que se resolvió favorablemente. Un segundo punto de debate se refirió a los requisitos que debería cumplir la solicitud formulada para citar a los ministros o las ministras. Además, se discutió sobre la tramitación que tendrán este tipo de solicitudes y se precisó el plazo y la forma en que se deberá notificar a los secretarios de Estado. Otros importantes aspectos que fueron objeto de discusión dicen relación con la petición de comparecencia -atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, establecida en el artículo 52 de la Constitución Política-; los requisitos que debería cumplir la solicitud formulada para citar a los ministros o ministras, la presentación y tramitación de esa solicitud, la notificación, el desarrollo de la sesión y otras consideraciones de carácter general. Respecto de la comparecencia, la Constitución Política faculta a la Cámara de Diputados para citar a un ministro o ministra de Estado con el objeto de formularle preguntas relacionadas con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Sin embargo, un mismo ministro o ministra no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados o diputadas en ejercicio. La asistencia del ministro o ministra será obligatoria y deberá responder directa y personalmente a las preguntas sobre la materia que motiva la citación, sin perjuicio de que podrá asistir acompañado de un asesor, sin que éste pueda hacer uso de la palabra. La solicitud respectiva será presentada por escrito en la Secretaría de la Corporación y deberá indicar el cuestionario temático sobre el que versarán las preguntas que se formulen al ministro o ministra. Ella podrá comprender, además, los documentos que los peticionarios estimen pertinente acompañar. La solicitud deberá ser suscrita por un número de diputados que, a lo menos, representen al tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara. Respecto de su tramitación, se establece que se dará cuenta de la solicitud en la sesión más próxima que celebre la Cámara y que en ella el Presidente de la Corporación deberá señalar el día determinado para la comparecencia del ministro o ministra. La sesión a la que deba asistir el secretario o secretaria de Estado se celebrará no antes de cinco ni después de diez días, contados desde la notificación respectiva. La solicitud se entenderá aprobada con el asentimiento de la Sala, existiendo el quórum necesario. Si hubiere oposición, deberá someterse a votación, la cual se entenderá por aprobada si cuenta con el voto favorable de un tercio de los diputados y diputadas en ejercicio. Para la comparecencia del ministro o ministra el Presidente de la Corporación podrá fijar una sesión especial o destinar un tiempo no inferior a una hora, a continuación de la lectura de la Cuenta, de alguna de las sesiones ordinarias que se celebren dentro del plazo establecido. El ministro o ministra requerido será notificado personalmente o por cédula por el Secretario General de la Cámara o por el funcionario que éste designe, dentro de las 48 siguientes a la aceptación de la solicitud. Se concordó establecer un procedimiento similar al de las acusaciones constitucionales, reduciéndose el plazo a 48 horas. En cuanto al desarrollo de la sesión, llegado el día y hora de la sesión, el diputado o la diputada designada para formular las preguntas al ministro o ministra dará lectura a cada una de ellas. El ministro o ministra deberá responder las preguntas una a una inmediatamente después de formuladas y dispondrá de un tiempo no superior a cinco minutos por cada una. El diputado o diputada que formule las preguntas tendrá derecho a pedir de inmediato aclaraciones sobre las respuestas. Para ello, dispondrá de un tiempo no superior a tres minutos. De igual forma el ministro o ministra responderá a la solicitud de aclaración por un término no superior a cinco minutos. Concluidas las preguntas, repuestas y aclaraciones de parte del ministro o la ministra, los jefes o jefas de las distintas bancadas o aquellos a quienes éstos designen dispondrán de hasta tres minutos, cada uno, para hacer las precisiones que estimen necesarias en relación con la materia de la convocatoria. El mismo procedimiento se utilizará para los ministros o ministras. Es decir, tendrán un total de tres minutos para hacer sus comentarios. La bancada a la que pertenezca la diputada o diputado nominado para formular las interrogantes será la última en formular sus preguntas o precisiones. Por último, en las disposiciones generales se contempla que el ministro o ministra, excepcionalmente, podrá excusarse de contestar, indicando el motivo. Además, deberá precisar la sesión en que concurrirá a responder. Se estableció también que si el diputado o diputada designada para formular la o las consultas no se encuentra presente en la Sala cuando el ministro o ministra se disponga a responder, se entenderá que ha renunciado a la pregunta pertinente. Cuando la materia sobre la que recae una pregunta es de aquellas que la ley declara secreta, el presidente o la presidenta de la Cámara deberá constituir la Sala en ese carácter hasta que concluyan las respuestas y aclaraciones correspondientes. La hora de término de estas sesiones se entenderá siempre prorrogada hasta que se formule la última pregunta, se entreguen las respuestas y se efectúen las respectivas aclaraciones, incluido el tiempo otorgado a las diversas bancadas. Por último, el diputado o diputada designada para formular las preguntas deberá hacerlo de pie desde su ubicación en el hemiciclo y el ministro o ministra responderá desde el podio que se ubica a un costado de la testera. Estas modificaciones tienen por objeto mejorar la función fiscalizadora que debemos cumplir los diputados y diputadas en ejercicio. Reitero que, tanto en general como en particular, los jefes de Comités lo aprobaron en forma unánime. Además, debo señalar que se trata de un avance extraordinario en lo relativo a la interpelación a los ministros y ministras. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, después de la taxativa y rigurosa relación del diputado informante, sólo quiero hacer un par de consideraciones de carácter general. Creo que es bueno decirlas al momento de consumar, al parecer, un cambio sustancial en el derecho parlamentario, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, como señaló al comienzo el diputado Ascencio, es discutible hablar de interpelación, ya que ésta es una institución nueva. Interpelación viene de una institución de los regímenes parlamentarios que en su lengua original se denomina “impeachment”, y que, incluso, puede terminar con la censura de un ministro. Se vota y comienzan a operar las mayorías o minorías que forman estos distintos regímenes. Estamos en presencia de una institución que se tuvo a la vista con ocasión de las reformas a la Constitución Política de 1980, aprobadas el año recién pasado. Pero, ¿cuál es la lógica? Que de acuerdo con el constituyente había una asimetría notable entre las facultades de un régimen eminentemente presidencial, exacerbado, versus un parlamento disminuido. Aquellos que creen que Chile debe avanzar hacia un régimen parlamentario -entre quienes me encuentro-, tienen que estar contentos por el avance que ello significaría en una institución ajena a un régimen presidencial, puesto que constituye la búsqueda de simetría de los poderes. Debemos aplaudir el esfuerzo que los Comités realizan para buscar un acuerdo consensual en una institución de esa naturaleza. Sin embargo, debemos tener la capacidad de ver en la práctica lo que esto significa. Resulta difícil reglamentar una institución que no se conoce, que no se ha puesto en práctica. Por ejemplo, se ha querido dar formalidad al exigir al ministro que permanezca de pie, en el podio, mientras es sujeto de interrogatorio. Si sumamos los tiempos de preguntas y respuestas de los distintos comités, fácilmente podríamos llegar a una sesión de varias horas, porque el tiempo, que no está limitado, va a depender del número de preguntas que se hagan. Habrá que ver si una persona puede mantenerse seis o siete horas de pie en una sesión de esta naturaleza. En general, hay que estudiar el funcionamiento. Debemos aplaudir la posibilidad de llegar a un consenso, porque es un derecho de los parlamentarios, pero también debemos tener apertura para ver cómo funcionará en la práctica. Entiendo que éste será ocupado en forma razonable y responsable para que se enriquezca la labor parlamentaria y no se convierta en un instrumento eminentemente politizado. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, una norma lógica, central y de sentido común en un buen funcionamiento democrático es que el gobierno que ha obtenido mayoría gobierne y la minoría fiscalice y se preocupe, dentro del Estado de derecho, que las cosas funcionen lo mejor posible, sobre todo si se trata de cautelar los dineros fiscales. En esa materia, la Constitución Política de 1980, de la que he sido partidario, estaba quedando atrás. Las últimas reformas, fruto de un amplio consenso político, las modificaciones a la ley orgánica del Congreso Nacional que están en marcha y esta propuesta que hizo Gabriel Ascencio cuando fue Presidente de la Cámara de Diputados, van en el sentido correcto, que no es otro que dar a la Cámara, entidad fundamentalmente fiscalizadora, colegisladora y representativa, y a los diputados, individualmente considerados, en especial si son de Oposición, la posibilidad de fiscalizar efectivamente los actos de Gobierno. El diputado Ascencio lo explicó muy bien. Un tercio de los diputados en ejercicio podrán solicitar la comparecencia de un secretario de Estado para formularle determinadas preguntas respecto de su quehacer y, de esa manera, ejercer su rol fiscalizador y función opositora. Obviamente, dicha instancia o posibilidad de interrogar no es interpelación, puesto que -ya se dijo- ésta es propia de los regímenes parlamentarios, donde la responsabilidad política de los ministros es cobrada por la Cámara y no por el Presidente de la República. Como estamos ante una institución nueva, vale la pena expresar que la doctrina ha planteado -agradezco mucho la información entregada al respecto por los eficientes funcionarios de la Cámara- algunas consideraciones muy precisas sobre lo que significan estas preguntas. Por ejemplo, la literatura dice que, a través de las preguntas, que son instrumentos de información y de fiscalización en manos de las Cámaras, los diputados pueden inquirir al gobierno sobre sus diversos asuntos y éste queda obligado a contestar. Con ello, se asegura una vía de conocimiento, de comprobación de hechos y problemas de trascendencia pública. También es obvio que la información que se desprenda de las preguntas sea aprovechada para expresar críticas o juicios acerca de la actuación del gobierno en la materia cuestionada. En ese caso, las preguntas actúan como instrumentos al servicio de la función de representación o de expresión política. Las preguntas que estamos introduciendo en nuestro derecho parlamentario son verdaderos instrumentos de inspección o información, ya que permiten conocer, comprobar o fiscalizar una determinada realidad. Es muy importante establecer esto. En cuanto a precedentes, las preguntas existen en todos los congresos. La legislación comparada así lo indica. Son de antigua data, proceden de las asambleas estamentales de la baja Edad Media. En Inglaterra, existen como institución parlamentaria desde 1712; en Francia, desde 1830; en Bélgica, fueron establecidas a fines del siglo XIX, como medio para contrarrestar el crecimiento desmesurado de las interpelaciones; en Italia, el procedimiento de las preguntas apareció en 1868; en Alemania, en 1912. Hay preguntas verbales, que estamos introduciendo, y preguntas escritas que actualmente se realizan a través de los oficios de fiscalización. Es importante hacer notar que el objeto de la pregunta, para que tenga validez y eficacia política, debe ser siempre convenientemente delimitado. En ese sentido, no veo un problema tan grande acerca de la duración de la sesión, porque el cuestionario temático va a delimitar suficientemente las preguntas y su finalidad, cual es obtener información sobre algún asunto de la actividad del gobierno. Ahora, es muy importante resaltar que el sujeto activo de las preguntas son los diputados considerados individualmente. En esta materia, las bancadas o los comités no tienen tanta importancia como la tarea de cada uno de los diputados y será su responsabilidad ejercer en forma adecuada esta función. El sujeto pasivo de las preguntas siempre es el gobierno o alguno de sus componentes. En este sentido, va a haber cierta tensión interesante, porque la política también tiene algo de drama entre el diputado que interroga -sujeto activo, parado frente a su micrófono-, y el ministro -sujeto pasivo- que contesta desde el podio, como agente del ejecutivo. Hay que utilizar bien esa tensión. No obstante que la moción original y la redacción de lo que se pondrá en votación lo señala; me gustaría dejar establecida para la historia fidedigna de la ley, de que, en el pleno, el diputado que haga las veces de interrogador, o sea, el sujeto activo o quien lo reemplace, dará lectura a cada pregunta del cuestionario. No se trata de que haga cuatro, cinco, seis o siete preguntas continuas. Más que dar lectura, formula, porque las preguntas son verbales, cada una de ellas en un tiempo no superior a dos minutos y el ministro las responde en seguida en un tiempo no superior a cinco minutos. Luego, el diputado interrogador, o el que lo reemplace, tendrá derecho a pedir inmediatamente las aclaraciones sobre su respuesta, en el tiempo que le otorga el texto que vamos a aprobar, y el ministro responde la solicitud de aclaración, también en su tiempo. La idea es que haya -discúlpenme lo poco académico de la expresión- una especie de pimpón, de preguntas y respuestas que expresen directamente el diputado, en su escaño, de pie, y el ministro, en el podio, respectivamente. Esto es muy importante, porque así preservaremos la dinámica parlamentaria que queríamos mantener. O sea, una pregunta, una respuesta y así, sucesivamente, en una especie de contrapunto. Ésa es la idea contenida en el texto del artículo 303 sexies que vamos a discutir y a aprobar. Se trata de un buen avance y es importante haber llegado a un consenso sobre la materia. Es bueno para la institucionalidad del país, para la marcha de la democracia chilena y para las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, después de un arduo trabajo en la Comisión de Régimen Interno, valoro el acuerdo a que hemos llegado en relación con el reglamento de la denominada interpelación parlamentaria, vale decir, el que regulará la comparecencia de los ministros de Estado a la citación a que se refiere el artículo 52, N° 1), letra b), de la Constitución Política de la República. En primer lugar, esto refuerza, sin duda, la capacidad de control y de fiscalización del Congreso Nacional. Es verdad lo que se ha dicho. Numerosos son los tratadistas que opinan que si el fenómeno de la interpelación tiene lugar en un régimen presidencial, no podría llamarse estrictamente así, dado que la razón de ésta es siempre la censura del ministro. Muchas veces, en los regímenes parlamentarios o semiparlamentarios, el ministro es un parlamentario más y, por tanto, cuando acude a la Cámara fiscalizadora, ésta lo trata como a un par. En esos regímenes, el objetivo de la interpelación es -reitero- la remoción del ministro. Estamos incorporando en un régimen presidencial una interpelación cuyo objetivo no es similar al del régimen parlamentario; sin embargo, en varios sistemas políticos presidenciales ya existe la interpelación a los ministros. En el caso argentino, por ejemplo, el ministro del Interior concurre todos los meses a la Cámara de Diputados, a fin de rendir cuenta de su gestión. Es una interpelación también reglada y especial respecto de la que conocemos en Inglaterra que, históricamente, nació a través de preguntas y se extendió posteriormente a Francia. Hoy, la interpelación parlamentaria a los ministros, en relación con su responsabilidad política, existe, al menos, en más de cuarenta sistemas políticos. El reglamento que hemos elaborado y consensuado es bueno, puesto que permite que el ministro comparezca conociendo de antemano y en detalle el tema respecto del cual se le preguntará. No hemos querido que en ese reglamento se disponga conocer las preguntas a priori, porque, obviamente, se trata de que el diputado interpelante pueda consultar con amplitud al ministro, en el tiempo que el reglamento establece, cual es tres minutos por pregunta de los diputados y de cinco minutos por respuesta del ministro. Por el contrario, quisimos que haya un cuestionario temático en el que, en conjunto con el título del tema sobre el cual se preguntará al ministro, se detallen aquellos elementos esenciales de la interpelación, de manera que el ministro asista preparado para responder a ese temario. Nadie quiere sorprenderlo. El objetivo de la interpelación -por eso, es importante nuestro raciocinio al respecto-, en el sistema presidencial, no es censurar al ministro, dado que éste es nombrado por el jefe del Estado -en este caso, la Presidenta de la República- y, por tanto, no es censurable en el marco del ejercicio de la interpelación, sino que nos interesa subrayar que el ministro pueda ser fiscalizado, interpelado, por diputados y, al mismo tiempo, que el país conozca detalladamente la información requerida. Como lo señaló el diputado Gabriel Ascencio, también hemos establecido lo siguiente: que la interpelación debe ser solicitada para un ministro; que no se le podrá citar para ese efecto más de tres veces dentro de un año calendario; que, a lo menos, un tercio de los diputados en ejercicio deberá firmar la respectiva solicitud y que, una vez que se dé cuenta de ella en la Sala, si hay alguna objeción, deberá someterse a votación y se entenderá aprobada si cuenta con el voto favorable de un tercio de las diputadas y diputados presentes en la Sala. De manera que también se establecen mecanismos que permitirán que la interpelación sea utilizada con responsabilidad, con altura, a fin de fortalecer la capacidad fiscalizadora de la Cámara de Diputados y, por consiguiente, enriquecer el sistema político chileno. Estoy absolutamente convencido de que los pasos que se dieron en la última reforma constitucional, en cuanto a modificar el quórum para la creación de comisiones especiales investigadoras y a incorporar esta tremenda novedad de la interpelación, obviamente, representan un factor de enriquecimiento de las facultades fiscalizadoras y de control de esta Cámara y también del sistema político en su conjunto. Espero que ésta sea una señal para construir, en el futuro, un régimen semipresidencial, semiparlamentario, que permita descentralizar y otorgar mayores competencias a los diversos poderes, como asimismo que exista mayor equilibrio entre ellos, con el objeto de que la democracia funcione de manera más competitiva. En ese sentido, estamos avanzando. Saludo la buena voluntad de todos los Comités por haber consensuado un reglamento que no era fácil de confeccionar y que, naturalmente, puede ser susceptible de mejoras en el futuro, una vez que evaluemos cómo funciona la interpelación parlamentaria. Señor Presidente, en función de ese acuerdo, por su intermedio, pido a los señores diputados que seamos cuidadosos con este reglamento que da seriedad al nuevo instrumento con que contará la Cámara de Diputados para sus tareas de fiscalización. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Forni. El señor FORNI.- Señor Presidente, el informe rendido por el diputado Ascencio ha sido muy completo y, además, coincido con todas las intervenciones anteriores. Quiero destacar la buena voluntad del Presidente de la Cámara de Diputados para buscar este acuerdo. Considero que no había otra posibilidad que no fuera el consenso, porque la señal que hoy debemos dar es que nuestras facultades fiscalizadoras deben fortalecerse y no debilitarse. Ojalá que no llegáremos a usar el mecanismo de la interpelación y que los ministros, los subsecretarios y el gobierno, en general, considere que los oficios de información y fiscalización también son herramientas válidas que utilizamos los diputados para ejercer nuestra función. Lo digo, porque muchas veces no son respondidos por el Ejecutivo. Estamos dando un paso importante; veamos cómo se desarrolla la instancia de la interpelación en la práctica y ojalá que las modificaciones al Reglamento sean consensuadas. Señor Presidente, me parece que su señoría ha puesto un muy mal ejemplo, porque creo que los ministros de Estado sí tienen capacidad para estar de pie durante dos, tres o cuatro horas, ya que han desarrollado su musculatura gracias a los “casa a casa” que realizan durante las campañas presidenciales. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, quiero confirmar lo dicho por un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a que tenemos un régimen extraordinariamente presidencialista, en el cual los parlamentarios tenemos muy pocas facultades. Incluso, la Constitución de 1980, dictada durante el régimen del general Pinochet, determinó un presidencialismo mucho más autoritario, con un Presidente de la República que goza de una gran cantidad de atribuciones que son demasiado exageradas para el presente siglo. Por eso, me parece que la adecuación del Reglamento de la Cámara de Diputados al artículo 52, N° 1, letra b) de la Constitución es un avance, por cuanto los representantes del pueblo vamos a poder exigir respuestas de un ministro interpelado en relación con materias vinculadas a su cargo. En democracias anglosajonas, como la australiana, el primer ministro y los secretarios de Estado son interpelados una vez a la semana por los parlamentarios a través de un questions time. La iniciativa permitirá que el parlamento tenga mayor capacidad de fiscalización al poder preguntar a los ministros de cara a la ciudadanía. Sin embargo, pienso que nos estamos restringiendo en nuestra labor fiscalizadora, porque no podremos citar a un ministro o a una ministra más de tres veces al año. No entiendo esta limitación, porque la importancia de algunas carteras podría ameritar la presencia de sus titulares en más oportunidades. Entiendo que existe un acuerdo para aprobar la iniciativa en estos términos, al cual nos suscribimos, pero -insisto- nos estamos limitando, lo que me parece absurdo. Por otro lado, el ritual que se quiere imponer a los ministros para que respondan ante la Sala, tal como lo expresó el diputado Juan Bustos, me parece exagerado. Si podemos preguntar desde nuestro escritorio, no veo por qué los ministros no puedan responder desde cualquier lugar de la Sala. El que contesten de pie no influye en la forma y en el fondo de sus argumentaciones. Por último, estoy de acuerdo en que es necesario precisar las materias que serán consultadas a los ministros, pero no necesariamente las preguntas, porque terminaremos preguntando, y ellos respondiendo, a través de los medios de comunicación más que en la Sala. Creo que la fortaleza de la iniciativa radica en que nuestro sistema presidencial entregará un poco más de libertad a los parlamentarios. Pienso que debiéramos avanzar en otros temas del mismo tenor, con el objeto de tener un país mucho más cercano a la gente y donde sus representantes tengan más atribuciones que las actuales. Por lo tanto, vamos a concurrir con el voto favorable al proyecto. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, algunas de los temas que ha planteado ameritarían reforma constitucional, por lo que no son parte de este debate. Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, nos propone las modificaciones necesarias al Reglamento para implementar la facultad que la Constitución Política de la República le otorga a esta Cámara de Diputados en el artículo 52, número 1), letra b). Esta facultad, incorporada en la última modificación a nuestra Constitución, forma parte de las propuestas que la Oposición, particularmente Renovación Nacional, impulsan desde hace más de 10 años y que sólo ahora se han consagrado constitucionalmente. La propuesta nace como una necesidad de someter a un mínimo de control al gobierno y a sus ministros, que persistentemente se rehúsan a informar y a responder a esta Cámara, porque consideran que no deben dar cuenta de sus actos y decisiones. Son innumerables las ocasiones en que los ministros han venido a esta Sala a repetir un discurso, en el que nada aclaran, y a responder lo que quieren. La contestación a los oficios enviados por la Secretaría, por la Oficina de Informaciones o, incluso, a través de los mecanismos que la misma Constitución contempla, en un porcentaje superior al 50 por ciento no son respondidos; cuando lo son, las respuestas son incompletas, inexactas o, simplemente, se limitan a eludir la consulta que se hace. El sistema que hoy se reglamenta, de preguntas, interpelaciones, consultas, o como quiera denominarse, es mirado por algunos diputados con cierta desconfianza, fundada en aspectos teóricos. Esta facultad no acomoda a quienes centran su acción parlamentaria en una obediencia irreflexiva a lo que se les ordena desde el gobierno; no les gusta a los que entregan sus atribuciones, facultades y también sus obligaciones y se suman a la comodidad de ser mayoría y que, escudados en ella, impiden cualquier esfuerzo por tener una mayor transparencia en la administración del Estado. Se dice a priori que esta institución es un engendro, ya que es similar a instrumentos de que disponen las asambleas en sistemas parlamentarios y no tendría cabida en un sistema presidencial. Esa opinión no es más que un argumento académico mal digerido, ya que no reconoce que las instituciones sólidas e incorporadas a un sistema político son coherentes o no con él, en la medida en que son necesarias y útiles. Por lo anterior, cabe preguntarse si este mecanismo de fiscalización resulta necesario o no, antes de descalificarlo, y no recorrer imaginariamente los parlamentos del mundo para desacreditar un mecanismo nuevo en nuestro sistema que, a la luz de nuestra experiencia, es un positivo avance en transparencia y un efectivo freno a la corrupción. Los ministros no pueden seguir en el estatus actual en el que poco consideran la fiscalización de los diputados de Oposición, amparados en sus mayorías parlamentarias. Recuerdo a las diputadas y a los diputados que esta discusión ya se dio y sus resultados culminaron en la reforma constitucional que consagró el mecanismo que hoy reglamentamos. La reglamentación que se discute tiene y debe tener algunos límites. A saber, no puede ir más allá de lo que la Constitución señala y ninguna de las disposiciones reglamentarias puede impedir, dificultar o restringir, de manera alguna, la facultad otorgada a los diputados en el texto constitucional. Teniendo presente estas dos exigencias es que fijaremos nuestra posición respecto de los artículos propuestos. El artículo 303 bis reproduce la disposición constitucional y es conveniente que así sea, ya que es la matriz sobre la que se funda todo el desarrollo de esta modificación. Se deberá tener presente que cualquier discusión que contraponga el sentido y alcance de las disposiciones reglamentarias que hoy se aprueben y el artículo 303 bis, se definirá a favor de éste por recoger el mandato constitucional que prevalece sobre normas de inferior jerarquía. En el artículo 303 quinquies se establece cuánto tiempo debe mediar entre la solicitud y la asistencia del ministro. Creemos que se ha consensuado una forma que garantiza que la asistencia del ministro sea oportuna en el tiempo y que no ocurra -como hemos visto- que la Cámara trate los temas cuando ya no hay posibilidad alguna de incidir en ellos. El artículo 303 sexies es una propuesta de la Oposición y apunta a dar mayor solemnidad e importancia a esta herramienta de fiscalización y a garantizar la debida atención del ministro a las consultas que se le formulen. Hoy por la mañana se ha incluido la presencia de un asesor que acompañe al ministro. Queremos dejar claro que el que debe responder es el ministro, pues se trata de una obligación que le impone la Constitución Política y que no puede delegar bajo ninguna circunstancia. Estimamos que la reglamentación propuesta es la adecuada y la votaremos favorablemente. Por último, como reflexión final, consideramos importante señalar que los ministros y funcionarios de Gobierno deben tomar consciencia de que están al servicio de los chilenos, administran sus recursos y reciben su remuneración con fondos de todos los ciudadanos. Somos nosotros, los diputados, los encargados de que las autoridades de Gobierno respeten a la gente como se merece y el mecanismo que hoy reglamentamos es una herramienta útil y necesaria para cumplir nuestra obligación. Con esta reglamentación esperamos colaborar para terminar con los ministros que dirigen su imperio burocrático y se olvidan de que son servidores públicos, que se deben a las personas y que por ello deben rendir cuenta. Finalmente, quiero valorar el grado de consenso alcanzado en la Comisión de Régimen Interno para potenciar este nuevo instrumento que consagra nuestra Constitución Política. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Faltan tres minutos para terminar el Orden del Día. Solicito el acuerdo de la Sala para que la diputada Adriana Muñoz y el diputado Cristian Monckeberg puedan hacer uso de la palabra por cinco minutos respectivamente. No hay acuerdo. Tiene la palabra, por dos minutos, la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, con esta reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados estamos incorporando una figura novedosa, propia de los regímenes políticos parlamentarios. Instalar en un sistema político presidencial como el nuestro la figura del interpelador, esa posibilidad de que la Cámara de Diputados cite a un ministro para interrogarlo sobre distintas materias vinculadas al ejercicio de su cargo, concita interés por ver cómo funcionará esta figura híbrida entre un sistema parlamentario y uno presidencial. La Constitución Política establece que un ministro puede ser citado hasta tres veces en un año, lo que me parece un exceso en un sistema presidencial como el nuestro, en consideración a que existen veinte ministerios. Cuando pongamos en marcha el nuevo Reglamento, veremos cómo funciona este híbrido de sistemas políticos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos: El señor LEAL (Presidente).- En votación general el proyecto de reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados que regula la citación a los ministros de Estado conforme al artículo 52, N° 1, letra b), de la Constitución Política de la República. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosi-lla Roberto; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe -Se abstuvo el diputado señor Encina Moriamez Francisco.El señor LEAL (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular. VI. PROYECTOS DE ACUERDOMEDIDAS PARA EVITAR CIERRE DE COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DE LA QUINTA Y DÉCIMA REGIONES. ASIGNACIÓN DE RECURSOS FISCALES PARA BOMBEROS DE CHILE. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario leerá el primer proyecto. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 3, de los señores Bauer, Alvarado, Barros, Rojas, Egaña y de la señora Herrera, doña Amelia. “Considerando: Que, cada año, cuando el Ejecutivo remite al Congreso Nacional la ley de Presupuestos, los legisladores se preocupan de los recursos -escasos- asignados al Cuerpo de Bomberos de Chile, ya que, evidentemente, el Estado, con el mezquino o prácticamente nulo aporte económico que da, no retribuye de manera equivalente la importante labor social y de seguridad que Bomberos presta a la población; Que, evidentemente, las ciudades, las comunas y los pueblos sufren de una innegable falta de recursos para resguardar a sus habitantes. No obstante, esta falta de seguridad está tomando un rumbo demasiado peligroso. Es sumamente grave que en Chile, ejemplo para Latinoamérica en materia económica, existan situaciones tan dramáticas como las que experimentan los bomberos de la comuna de Máfil, en la Décima Región, de Los Lagos, y de la Quinta Región, de Valparaíso; Que, en ambos casos, el problema principal es el financiamiento mínimo para que Bomberos desarrolle su misión. Los voluntarios de Máfil están cerrando su cuartel y los de Valparaíso se encuentran rematando por Internet sus carrobombas. Este hecho es vergonzoso, por lo que se hace imperiosa la intervención del Estado para solucionar, aunque sea en parte, esta dramática situación, y Que la seguridad de la población, definitivamente, es de competencia exclusiva y excluyente del Estado. De seguir esta situación, el Estado estaría faltando a su deber constitucional de dar resguardo y seguridad a los habitantes. No es posible que treinta y cinco mil privados subvencionen a Bomberos de Chile, es decir, 'le hagan la pega al Estado’. Éste, que debe cumplir con su rol, establecido en la Constitución Política de la República, hace caso omiso del cierre de un cuartel y del remate de carrobombas, en ambos casos, por falta de financiamiento. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar al ministro del Interior que instruya a los intendentes de la Décima Región, de Los Lagos, y de la Quinta Región, de Valparaíso, al objeto de que adopten medidas rápidas, urgentes y necesarias para evitar que los cuerpos de Bomberos de ambas ciudades cierren sus cuarteles por falta de financiamiento. Asimismo, que estudie los procedimientos tendentes a asegurar la viabilidad económica permanente de todos los cuerpos de Bomberos de Chile, lo cual ha de traducirse en la asignación de recursos en la próxima ley de Presupuestos.” El señor BURGOS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado Roberto Delmastro. El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, cada vez que discutimos el proyecto de ley de Presupuestos, vemos que uno de los hermanos pobres que figuran en él son los Bomberos de Chile. Todos estamos conscientes de que esta organización de voluntarios permite que el Estado prácticamente se desentienda de la seguridad ciudadana en materia de siniestros en habitaciones, en industrias y en áreas rurales. La pobreza que ha afectado durante años a Bomberos de Chile está llegando a límites críticos, por lo que es conveniente que, como Cámara, nos preocupemos seriamente de esta institución. Recordemos que hace unos años creamos la Comisión Especial de Bomberos. Éste es un tema que merece la atención y preocupación de todas las autoridades sin excepción. Cuando un siniestro nos toca de cerca, nos damos cuenta del esmero con que actúa Bomberos de Chile para proteger nuestras propiedades y, muchas veces, nuestras vidas. La crisis ha llegado a tal punto que, no obstante ser un país que se precia de ser casi desarrollado y con estándares económicos extraordinarios, existen dos compañías de bomberos que están a punto de dejar de operar, una en la ciudad de Máfil, perteneciente a mi distrito, y la otra de Valparaíso, la cual puso en remate sus vehículos y equipos, porque no pueden financiar sus gastos operativos. Por eso, por una parte, hemos pedido al ministro del Interior que instruya a los respectivos intendentes de la Décima y Quinta regiones, a fin de que provean las medidas necesarias para impedir la terminación de esas compañías bomberiles, y por otra, hago un llamado a los señores diputados para que en la próxima discusión del proyecto de ley de Presupuestos de la nación pongamos especial atención en este servicio de asistencia pública para otorgarles los medios de financiamiento mínimos para que continúe funcionando y cumpliendo con su labor de salvaguardar la vida y las propiedades de los chilenos. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, nadie puede negarse a apoyar un proyecto de acuerdo de esta naturaleza, porque se trata de una institución solidaria, de un servicio de emergencia, que coadyuva a la acción del Estado en seguridad ciudadana. Hay precedentes de compañías de bomberos con problemas de financiamiento, respecto de las cuales solicitamos ayuda al gobierno respectivo, el que se la otorgó. Pero creo que ésa no es la forma de ayudar a Bomberos de Chile. Por lo tanto, hago hincapié en lo señalado por el diputado Delmastro, en el sentido de que reactivemos la Comisión Especial de Bomberos, porque en ella se estuvo trabajando con personal de ese servicio para elaborar una ley marco que, entre otras cosas, estableciera una forma de presupuesto periódico y permanente, que evitara el esfuerzo de todos los años para conseguir recursos para realizar su gestión. El proyecto de acuerdo está muy bien orientado, porque me da la impresión de que, además de las compañías mencionadas, debe haber muchas otras que están con los mismos problemas. Por lo tanto, hay que elaborar una ley marco, como la que estuvimos estudiando en la Comisión especial, donde, además, se analizaron medidas administrativas y legislativas para Bomberos. Anuncio que votaré a favor del proyecto de acuerdo. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor diputado que desee hablar en contra del proyecto. Ofrezco la palabra. ¿Habría acuerdo para aprobar por unanimidad el proyecto de acuerdo? Acordado.REFORMULACIÓN DE COEFICIENTES DE CÁLCULO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES. El señor BURGOS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 4, de los señores Melero, Dittborn, Correa y Rojas; de la señora Turres, doña Marisol, y de los señores Palma y Egaña. “Considerando: Que Chile cuenta con diversas características geográfico-climáticas a lo largo de su territorio, lo que incide directamente en que cada zona enfrente distintos requerimientos para el desarrollo de su población. Esto tiene particular importancia en el caso de las viviendas, las que deben contar con condiciones específicas para resistir de manera óptima las inclemencias del tiempo y adecuarse a los elementos de cada terreno que puedan influir en su mantenimiento; Que los subsidios habitacionales que ofrece el Estado se otorgan sin distinción alguna a lo largo del país, sin considerar los diferentes precios de la construcción de una vivienda en cada región, ya sea por los valores propios de los terrenos como por los costos de los materiales necesarios para una edificación de calidad; Que esta misma igualdad en los subsidios ha llevado a la imposibilidad de levantar viviendas de un mismo metraje y calidad en todas las zonas del país, lo que genera una fuente de inequidad para quienes se esfuerzan por tener casa propia en diversos lugares; Que, en los proyectos habitacionales, los secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo se ven obligados a cumplir con el metraje de las viviendas en detrimento de su calidad, con el consecuente conflicto, constatado en distintas zonas del país, de que las construcciones destinadas a los beneficiarios de subsidio sufren serios daños estructurales al poco tiempo de ser entregadas, y Que es indispensable que el sistema de cálculo de los subsidios habitacionales tome en cuenta este tipo de diferencias y que ellos se otorguen en consideración a los reales costos que deben cubrir las personas en las distintas zonas del país para optar a ser propietarias de una vivienda. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la reformulación de los coeficientes de cálculo de los distintos subsidios habitacionales que ofrece el Estado a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, creando un sistema diferenciado de subsidios, en razón de la región en la cual se postula a ser propietario de la vivienda.” El señor BURGOS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, resulta difícil de entender cómo una medida de la naturaleza de la que se propone no se haya implementado hasta ahora. Porque es evidente que el costo de la construcción en las distintas regiones es diferente y, por lo tanto, resulta bastante absurdo que la política pública que se concreta en los subsidios habitacionales no haga esa distinción, sino que subsidie de igual forma a todas las casas que se construyen a lo largo del país por medio de los programas del Serviu. La política actual de promediar y dar un mismo valor a la construcción en todo el país castiga a las regiones donde el costo de construcción es mayor. Por ello, parece razonable que los subsidios habitacionales reflejen la realidad de los costos de construcción de cada zona. La política de diferenciación debiera darse también en otros sectores, por ejemplo -lo hemos hablado en la Corporación-, en los subsidios educacionales, dependiendo de los costos reales de la educación, para premiar la calidad de la educación, con el objeto de mejorar la de los niños más pobres. Entiendo que el Gobierno implementará próximamente distintas subvenciones educacionales para niños de distintos orígenes socioeconómicos. Por lo tanto, parece de toda sensatez proceder en esa línea, por lo que hemos presentado este proyecto de acuerdo. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, no puedo estar más a favor de este proyecto de acuerdo, ya que es muy atinente a la situación que hoy vive la región de Aisén. En octubre del año pasado, mediante decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se entregaron subsidios solidarios diferenciados a la región de Magallanes -a lo mejor con justa razón, porque tienen los méritos-, por un monto de 420 UF, una cantidad muy importante, mientras que a la región de Aisén se le entregaron sólo 360 UF. Ello significa una diferencia importante, ya que los costos de construcción son similares en ambas regiones. Hoy, en Coyhaique se construyen casas en sitios de 60 metros cuadrados; son viviendas absolutamente indignas, porque el subsidio entregado por el Estado no alcanza a cubrir el costo del sitio más el de la construcción. Aprovecho de solicitar que en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se estudien subsidios acordes con la realidad regional, ya que en el caso de la región de Aisén el costo de construcción es incluso superior al de la de Magallanes, y tiene un subsidio menor en 60 UF. Por lo tanto, invito a los colegas a votar favorablemente el proyecto, pues hará justicia con muchas regiones, sobre todo las extremas, que tienen diversos costos de construcción. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto. Ofrezco la palabra. Solicito el asentimiento de la Sala para aprobar el proyecto de acuerdo por unanimidad. No hay acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, la Mesa tuvo dudas sobre su resultado. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Mulet Martínez Jaime; Núñez Lozano Marco Antonio; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Súnico Galdames Raúl; Turres Figueroa Marisol; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Ward Edwards Felipe. El señor BURGOS (Vicepresidente).- El proyecto N° 5, referido a la creación de una comisión investigadora sobre la construcción de la pista del aeropuerto internacional de Santiago, fue retirado por todos los diputados patrocinantes. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Ascencio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, pido al diputado Ward, principal autor del proyecto de acuerdo mediante el cual se solicita al Presidente de la República crear la región de El Loa, que lo discutamos en la sesión del próximo martes, con el objeto de llegar a acuerdo sobre la materia. Además, en las próximas semanas deberemos debatir los proyectos que crean la región de Los Ríos y la de Arica y Parinacota. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ward. El señor WARD.- Señor Presidente, como lo señala el diputado Ascencio, la idea es fusionar el proyecto con otro que estamos estudiando y debatirlo en primer lugar en la próxima sesión. El señor BURGOS (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo respecto de lo solicitado por el diputado Ascencio? Acordado. VII. INCIDENTESANIVERSARIO DE LA COMUNA DE CALDERA. Oficio. El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, hoy se celebra en Caldera una muy importante reunión de alcaldesas y concejalas de todo el país, cuyo acto inaugural contará con la presencia de la Presidenta de la República. Junto con ello, dicho municipio, anfitrión del encuentro, cumple un nuevo aniversario: más de 150 años. El puerto de Caldera ha sido histórico no sólo por el hecho de que en sus cercanías se construyó el primer tren que hubo en Chile y, por cierto, en Sudamérica, sino también porque ha entregado a la patria hombres y hechos muy importantes para el devenir de nuestra historia. En Caldera se construyó el primer cementerio laico y se instaló el primer colegio de mujeres de nuestro país. Su gente, muy sufrida y trabajadora, hoy tiene un encuentro especial. Su alcaldesa ha convocado a las ediles y concejalas de todo Chile para celebrar este nuevo aniversario y trabajar con los gobiernos locales para incrementar la participación de las mujeres en el desarrollo de cada una de las comunas de nuestro país. Por ello, en nombre de la Cámara de Diputados, pido que se envíe una nota de saludo a todos los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Caldera por la celebración de un nuevo aniversario. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE RED DE GAS NATURAL ENTRE LOS ÁNGELES Y SANTA FE. Oficios. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, quiero dar a conocer la peligrosa situación que afecta a familias de Los Ángeles. En 2003, la empresa GasSur instaló una red de gas natural entre Los Ángeles y Santa Fe, utilizando para ello una franja de terreno de propiedad fiscal, pero cerca de las viviendas, lo que la hace peligrosa, a mi juicio, para la seguridad de esas familias. El justo temor de los comuneros se valida por la falta total de información de que fueron objeto. De la noche a la mañana, aparecieron obreros con maquinaria pesada e instalaron el ducto de gas sin entregar ninguna información a los propietarios de los predios colindantes. Por lo tanto, pido que se oficie al director de Vialidad de la zona, a fin de que informe si la obra ha sido recepcionada en conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. De ser así, solicito copia de todas las resoluciones dictadas para llevar a cabo esa construcción. En segundo lugar, para que informe si existió instrucción de un sumario y, de ser así, que remita copia del mismo. Por otra parte, solicito que se oficie al superintendente de Electricidad y Combustibles para que nos informe si esa instalación se ajusta a derecho y si cumple con las normas mínimas de seguridad que se deben considerar cuando hay una población aledaña a su ubicación. Asimismo, solicito que se me remita copia de las autorizaciones otorgadas respecto de esta infraestructura y se me informe si existen reclamos de cualquier naturaleza a la Superintendencia con ocasión de esa red de gas natural, detallando la causa y la resolución adoptada. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN DÉCIMA REGIÓN. Oficios. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, quiero referirme al estado de algunos caminos de mi distrito. En primer lugar, a la primera mitad del que va desde el cruce Cuatro Vientos hacia Puerto Octay se le hizo un cambio de estándar y se le aplicó un doble tratamiento asfáltico. Pero ya han transcurrido 18 años y todavía no se concreta la segunda etapa. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que informe cuándo está considerado completarla considerando que existe un estudio de ingeniería concluido y que sólo falta asignar los recursos para la ejecución de la obra. En segundo lugar, me referiré al camino Frutillar Bajo Totoral, entre las comunas de Frutillar y Llanquihue. Se trata de una ruta que requiere con urgencia mejorar su estándar, pues tiene mucho tráfico y recorre una zona de gran interés turístico, ya que forma parte de la llamada ruta interlagos, que une diversos lugares en los que se realizan cada vez más inversiones turísticas. De ahí la urgencia de asfaltar el camino. En consecuencia, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que nos informe si ese tramo de la ruta interlagos será mejorado, si se le elevará el estándar al de camino asfaltado y, de ser así, en qué fecha se hará. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.ALZA DE TASA DE EMBARQUE DE VUELOS INTERNACIONALES. Oficios. El señor RECONDO.- Señor Presidente, en otro orden de cosas, quiero recordar que hace unos meses el Presidente Lagos, casi al finalizar su período, subió el valor de la tasa de embarque de los vuelos internacionales de 26 dólares a 30 dólares, tal como consta en un decreto publicado en el Diario Oficial en enero pasado. El compromiso público que asumió el Presidente Lagos en ese momento -existen testimonios recogidos por los medios de comunicación- fue que, de los cuatro dólares que subía la tasa, dos se destinarían a cumplir una obligación asumida por el país en orden a ayudar a combatir la pobreza a nivel internacional y a controlar algunas pandemias, como el sida, y los otros dos, a la promoción turística de Chile en el extranjero. Ayer supimos que el actual ministro de Hacienda, señor Velasco, propuso rebajar la tasa de embarque en dos dólares, es decir, a 28 dólares. En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Hacienda y a la ministra de Economía para que nos informen si al rebajar dicha tasa se mantendrá el compromiso del Gobierno de destinar dos dólares de la misma a la promoción turística del país en el exterior, a través de la Corporación de Promoción Turística de Chile. Ése fue el compromiso del Presidente Ricardo Lagos, el compromiso del gobierno de la Concertación con el sector turístico. Quiero saber si se mantendrá y cómo se materializará. Es indispensable saber si las nuevas autoridades cumplirán el compromiso asumido por el Presidente de la República con el sector turístico para promocionar nuestro país en el extranjero. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.INFORMACIÓN SOBRE CURSOS DE POSGRADO REALIZADOS EN AISÉN. Oficios. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado René Alinco. El señor ALINCO.- Señor Presidente, en uso de las facultades fiscalizadoras que le competen a cada uno de los diputados y a la Corporación en general, pido que se oficie al intendente de la Undécima Región para que nos envíe la siguiente información:1. Un listado de las personas de Aisén, debidamente individualizadas, que han recibido apoyo financiero del Estado, entre 1999 y 2006, para cursar posgrados, especialmente diplomados y magíster. En la información debe incluirse el monto de los recursos otorgados, sea a través de becas -como la Presidente de la República-, sea a través de recursos provenientes directamente del gobierno regional de Aisén o que se hayan gestionado por su intermedio;2. Un informe acerca de las condiciones en que se encuentran las personas que hayan recibido algún apoyo del Estado en lo referido al punto anterior. Esto es, si se han graduado o terminado sus cursos, incluido el hecho de haber obtenido el título o grado respectivo o no;3. Si existieran personas que no se hubiesen titulado o terminado sus cursos en un período aceptable o reglamentario, o se hubiesen retirado, se informe respecto de las acciones que se hayan tomado en tal sentido por parte de quienes deben velar por el uso de los recursos fiscales. De existir funcionarios públicos involucrados, saber qué comunicados formales, anotaciones, evaluaciones, sumarios u otras acciones administrativas o judiciales se han tomado por parte de sus superiores para velar por el buen uso de los recursos fiscales. De existir título o grado, éste sea respaldado por las respectivas certificaciones, y4. Se informe de los reglamentos o resguardos considerados para la entrega de tales beneficios, como así también cómo se ha realizado la selección de los beneficiarios. A su vez, solicito que se oficie al Contralor General de la República y a la directora nacional del Servicio Civil, en los mismos términos que en los puntos anteriores, para que realicen una investigación administrativa en la Undécima Región de Aisén respecto de lo señalado. Los antecedentes de que dispongo para solicitar estas acciones me indican que existen personas que han recibido tales beneficios en más de una oportunidad, aun cuando no han cumplido con los plazos y obligaciones contraídas con el fisco. No pueden existir privilegiados ni intocables en esta materia, más aún cuando sabemos que existen marginados. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Pablo Galilea. INFORMACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN TRANSANTIAGO EN SAN BERNARDO. Oficio. El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, el proyecto Transantiago tiene muchas bondades y cuando esté en plena aplicación tendrá un impacto importantísimo en la capital. Desgraciadamente, como todo proyecto, tiene sus pro y sus contra. En el distrito 30, que represento en esta Cámara, particularmente en San Bernardo estos “contra” se hacen saber. Dicho proyecto no cubre toda la Región Metropolitana, ya que excluye gran parte de mi distrito. Me preocupa el efecto de rebote que causa la implementación de este proyecto, el cual se produce cuando no se cierra totalmente el círculo. Pues bien, más de la mitad de San Bernardo ha quedado fuera del Plan Transantiago. Aun así, se ha anunciado el retiro de algunas líneas de transportes sin que aparentemente se reemplacen por igual servicio. Es así como se ha anunciado el retiro de la línea de buses Expreso San Bernardo E-05, a partir de octubre del 2006, con lo cual se aumentarán los tiempos de viaje desde y hacia San Bernardo. Actualmente el trayecto se hace en 30 minutos, ya que, por ser una línea expreso, no suben vendedores ambulantes ni realiza paradas intermedias. Sin embargo, con el cambio al Plan Transantiago el trayecto se alarga en una hora. Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro del Transportes y Telecomunicaciones con el objeto de que a la brevedad informe a esta Cámara si es efectivo el retiro del recorrido de los buses Expreso San Bernardo E-05, Santiago-San Bernardo, en octubre del 2006. Si la respuesta es afirmativa, que indique si se debe a la implementación del Plan Transantiago o a una decisión unilateral de la empresa. Por último, que señale si los recorridos del Plan Transantiago contemplan una ruta expresa Santiago-San Bernardo y viceversa. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. HOMENAJE A COMUNA DE MAIPÚ EN UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE MAIPÚ. Oficio. El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar. El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, es la primera vez que hago uso de la palabra en esta Sala, y lo hago por un motivo muy especial. Ayer me habría gustado haber hecho uso de la palabra, pero no hubo oportunidad porque se discutía un proyecto muy importante, en cuyo debate expresamos cada cual nuestra visión y sensibilidad respecto de un principio de solidaridad, el mismo principio que en un 5 de abril de 1818 se expresara en la Batalla de Maipú, que tuvo lugar en el ahora distrito que represento en esta Cámara, que además incluye las comunas de Cerrillos -Los Cerrillos del Maipo se llamaba antiguamente Maipú- y Estación Central. Como ayer no hubo Incidentes, hoy quiero adherir a esa fecha y traer a colación las palabras del alcalde de Maipú, señor Alberto Undurraga, en el contexto de los actos que conmemoran el 5 de abril de 1818. En un acto realizado en el colegio José de San Martín, decía, entre otras cosas, en relación con esa escuela, que el abrazo de los héroes es un llamado actual e imperioso a la unidad de la comunidad escolar, pero muy concretamente de los padres y apoderados. Se refirió al bajo rendimiento que arrojó la prueba Simce en ese establecimiento educacional y reconoció que no ha habido avances. Al respecto habría que reflexionar sobre cómo los conflictos de los adultos afectan a los niños. También ayer, 5 de abril, el alcalde Alberto Undurraga, pedía que el abrazo de San Martín y O’Higgins, que tuvo lugar al amparo de la Virgen del Carmen, en los campos en que hoy está el Templo Votivo de Maipú, -que se encuentra enfrente de este colegio justamente- fuera, ojalá, inspirador de nuevas convivencias fraternas. Adhiero a sus palabras en términos de que nuestros hijos y nuestros alumnos están primero. Finalizó su intervención con un llamado especial a la participación, independientemente de la instancia que él promueve en su calidad de alcalde y yo, como diputado de la República -que es un signo del ejercicio de la ciudadanía-, para que nuestra aspiración se transforme en realidad y genere fraternidad. Por tanto, solicito oficiar al señor alcalde de Maipú para hacerle llegar un saludo, por su intermedio, a todos los habitantes de la comuna del Abrazo. He dicho. (Aplausos). El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por su señoría, adjuntando copia de su intervención.ANTECEDENTES DE PLAN REGULADOR DE COMUNA DE LA REINA. Oficio. El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, quiero manifestar mi preocupación por los hechos acaecidos en la comuna de La Reina con motivo del anuncio hecho por el alcalde en términos de modificar el plan regulador. Es muy importante que los vecinos sepan, para tranquilidad de ellos, que no se va a construir ni un centímetro cuadrado en La Reina sin que cuente con la participación de los vecinos. Para ello, hemos propiciado un plebiscito con el fin de eliminar todas las trabas que pudieran afectarnos. Dicho plebiscito será histórico, ya que por primera vez una comuna va a someter a la consulta de sus ciudadanos las modificaciones que se pretenden hacer al plan regulador. Además, tendrá la característica de ser vinculante. Por lo tanto, hago un llamado a todos los vecinos de La Reina para que se informen y participen activamente en el desarrollo de su comuna, para lo cual es importante su participación en este acto ciudadano. Para tal efecto, solicito oficiar al alcalde de la comuna de La Reina para que envíe el plan regulador actual, que fue aprobado el 2001. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.SUBSIDIOS HABITACIONALES DE EMERGENCIA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR INCENDIOS EN IQUIQUE. Oficio. El señor JARPA (Presidente accidental).- En el tiempo correspondiente al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi. La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, la madrugada del sábado 25 de marzo fue muy triste para Iquique porque un voraz incendio causó la muerte de cuatro personas: una joven madre, dos hijas menores de edad y una nieta, que era guagua. Esa familia, al igual que muchas otras, vivía hacinada en una pieza de madera. A los pocos días, en menos de una semana, ocurrió un segundo incendio, dejando a más de 24 familias damnificadas en la población Caupolicán, quienes afrontan hoy el grave problema de no tener dónde vivir, porque lo perdieron todo. Algunas están viviendo en casas de emergencia y sueñan con reconstruir sus casas en el mismo lugar del siniestro, porque son dueñas del terreno y no han tenido acceso al subsidio habitacional. Debo informar que el 27 de marzo recién pasado me apersoné en la Intendencia regional con el objeto de buscar una solución a este problema, pero, lamentablemente, la intendenta de la región de Tarapacá no me pudo recibir ese día ni tampoco la semana recién pasada. Ante esta situación, solicito oficiar a la ministra de la Vivienda, a fin de que otorgue subsidios habitacionales de emergencia, mediante el Programa Fondo Solidario de la Vivienda, y de esa manera devolver en parte la tranquilidad a esas familias iquiqueñas. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Francisco Chahuán y René Aedo, y de las diputadas señoras Karla Rubilar y Ximena Valcarce.AUMENTO DE CARGOS MÉDICOS EN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA. Oficio. El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, solicito enviar oficio a la ministra de Salud para que disponga la creación de cuatro cargos de médicos anestesistas para el servicio de urgencia del hospital San Juan de Dios, de La Serena. En la actualidad, sólo hay dos médicos de esa especialidad para atender a los 180 mil habitantes de esa ciudad, más los derivados de los hospitales de las comunas de Vicuña, Paihuano, Andacollo y La Higuera. Ese recargo laboral genera muchas dificultades para el desempeño laboral, ya que ellos trabajan con la modalidad de llamados. Asimismo, pido aumentar la dotación de cargos de psiquiatras infantiles para cubrir la demanda existente. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.RECONOCIMIENTO A TRABAJADORES DE LA SALUD POR CONMEMORACIÓN DE DÍA MUNDIAL DE LA SALUD. Oficios. El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, mi primera intervención en este hemiciclo es para referirme a un tema muy importante: al Día Mundial de la Salud que se celebra mañana viernes. Con motivo de esta fecha, me es muy grato enviar un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud, de los consultorios y de los hospitales, quienes, aun cuando trabajan en condiciones poco adecuadas, contribuyen a que miles de chilenos vivan mejor. Por ello, pido a esta Cámara enviar un reconocimiento a las distintas asociaciones de funcionarios de la salud, como la Confenats, Confusam y otras, en especial a los hospitales y consultorios de las comunas de Renca, Conchalí y Huechuraba de mi distrito. Asimismo, quiero hacer extensivo este reconocimiento a la señora ministra de Salud y a todos los funcionarios, desde el que realiza labores más modestas, como es el auxiliar de servicio, hasta el médico especialista, pues todos contribuyen a que haya una población más saludable. Por eso, pido que esta Cámara haga el reconocimiento que corresponde en el Día Mundial de la Salud a todos los trabajadores de la salud del país. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien preside y de todos los diputados que así lo indican.AUMENTO DE SUBSIDIO HABITACIONAL EN AISÉN. Oficio. El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, el 30 de septiembre de 2005 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dictó el reglamento del Programa Fondo Solidario de Vivienda, que establece subsidios diferenciados para las regiones. Es así como a las comunas de la Duodécima Región de Magallanes se les asignó un subsidio de 420 UF, con excepción de Punta Arenas, y lo mismo ocurrió con Isla de Pascua. Sin embargo, a las comunas de la Undécima Región de Aisén se les asignó un subsidio de 360 unidades de fomento, lo que las deja en una situación desmedrada en comparación con el resto, debido al alto costo que implica construir en Aisén. Además, la gente debe vivir hacinada en forma indigna, porque se ha visto obligada a construir en sitios de sesenta metros cuadrados para que les alcance el subsidio, situación que ha sido denunciada por los alcaldes de Aisén y Coihaique. Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, a fin de que considere la posibilidad de aumentar a 420 UF el subsidio que se entrega a las comunas de la Región de Aisén, porque los altos costos de construcción existentes allí y el bajo subsidio asignado han generado condiciones de vida indignas para sus habitantes. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen a la Mesa.INFORMACIÓN SOBRE OBRAS EJECUTADAS POR MERVAL EN EL SECTOR EL SALTO, VIÑA DEL MAR, Y SOBRE PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE EMPLEO. Oficios. El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en la misma línea de lo manifestado por la diputada Karla Rubilar, quiero expresar mis felicitaciones a los funcionarios del hospital Gustavo Fricke y de los consultorios de Concón y Viña del Mar. Mi intervención tiene por objeto pedir el envío de dos oficios: Al director de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Quinta Región, para que nos informe si Merval ha cumplido con las obras del proyecto IV Etapa, en el sector El Salto, porque su nuevo trazado ha impedido la implementación de planes de contingencia en casos de incendio y el tránsito peatonal y vehicular de los sectores aledaños. Al Contralor General de la República, a fin de que instruya a los contralores regionales para que nos informen respecto de todas las investigaciones que se hayan llevado a cabo relacionadas con los programas de generación de empleo en el país. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.SALUDO A FUNCIONARIOS DE HOSPITALES DE COPIAPÓ, CHAÑARAL Y DIEGO DE ALMAGRO, CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD. Oficios. El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor René Aedo. El señor AEDO.- Señor Presidente, sólo para sumarme a la celebración del Día Mundial de la Salud y enviar, en mi nombre y en el de la Corporación, un afectuoso saludo a todos los funcionarios de los hospitales de Copiapó, Chañaral y Diego de Almagro, a quienes felicito. Gracias al arduo trabajo que realizan la población tiene un buen nivel de salud, el cual esperamos mejorar en el futuro. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.VIGENCIA DE LÍMITE DE REMUNERACIONES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Oficios. El señor JARPA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, el 5 de abril del año en curso, el diario “La Tercera”, en su página 24, publicó la siguiente información: “Codelco da bono de $ 22 millones a ejecutivos. Un bono de desempeño que en promedio llegó a $ 22 millones brutos obtuvo cada uno de los 14 altos ejecutivos de Codelco en el año 2005, una gratificación que se calcula en relación al sueldo base y a la evaluación de su gestión en el año.”. A mediados del 2003, don Ricardo Lagos Escobar, a la sazón Presidente de la República, luego de la polémica generada en este hemiciclo por los diputados Rodrigo Álvarez y quien habla, se resolvió que en ningún ente del Estado: administración central, empresas públicas, podía haber funcionarios, cualquiera que fuera su calidad, con sueldos superiores al de un consejero del Banco Central, que hoy -hay distintas informaciones- fluctúa entre 7,5 y 8 millones de pesos mensuales líquidos. Esa decisión fue aplaudida por todo el mundo y entiendo que fue adoptada mediante decreto supremo. Pues bien, a partir de esta información que nos entrega la prensa, pregunto ¿qué pasa en Codelco con el límite o techo fijado por el Presidente de la República? ¿Rompen tal decisión los 22 millones de pesos brutos entregados a determinadas personas en virtud de su buena gestión, la que, por cierto, no pongo en duda? Si la rompen, es bueno que se diga que se ha revisado y que tal límite no rige, por ejemplo, para las gratificaciones convencionales o legales. Pero que se diga; que se transparente. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro secretario general de la Presidencia -quien en su momento coordinó este tema-; al ministro de Minería, mediante el cual Codelco se relaciona con la administración central, y al presidente del Sistema Administrador de Empresas, con el objeto de que nos informen en forma clara y precisa sobre la vigencia del límite o techo de las remuneraciones de los funcionarios públicos, cualquiera que sea su lugar de trabajo. Quiero saber si ese límite se respeta en forma estricta o si hubo razones para modificarlo. La información de prensa señala que se debió a situaciones del mercado, pero ésa no es una buena respuesta. Si el mercado privado paga más, todo el mundo tiene derecho a postular a él. Pero no es una buena respuesta. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.MODIFICACIÓN DE MECANISMO DE POSTULACIÓN A SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FAMILIAR Y SU ENTORNO. Oficio. El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, en enero del 2003, en conjunto con la diputada señora Eliana Caraball presentamos un proyecto de acuerdo, que fue aprobado por unanimidad, con el objeto de que se creara un subsidio para reparación de viviendas. El subsidio fue creado por el Supremo Gobierno, pensando no sólo en los pobladores más modestos, sino que también en los grupos urbanos medios y en las familias campesinas. El programa, denominado Mejoramiento de la Vivienda Familiar y su Entorno, está operando en todo Chile desde 2005, para las viviendas urbanas y para las rurales. Se hizo un primer llamado a fines del año pasado, y son miles las familias que están siendo beneficiadas. Sin embargo, quiero referirme a dos problemas que va a generar la aplicación práctica del subsidio de reparación de viviendas en el 2006, si no se hacen algunas correcciones urgentes, las que, mediante oficio, voy a solicitar sean analizadas por las autoridades pertinentes. El primer problema es que, entre los años 2005 y 2006, como se sabe, subieron los montos de los avalúos. Hoy está ocurriendo que muchas familias de clase media que el 2005 tenían derecho a optar al subsidio para reparación de viviendas porque el avalúo era de 520 unidades de fomento, aproximadamente, 9 millones 300 mil pesos, están quedando fuera debido al nuevo avalúo de sus viviendas. El segundo problema es que para los subsidios rurales no se ha diseñado un mecanismo que permita acreditar la antigüedad de la vivienda -15 años de acuerdo con el decreto N° 84 del Ministerio de Vivienda-, distinto de la recepción municipal, porque las viviendas rurales no están sujetas a este trámite. Por eso, quiero pedir que se oficie a la ministra de Vivienda, a fin de que se estudie un mecanismo que permita salvar la situación del 2006, de modo que todas las personas que forman parte de comités constituidos, muchos de ellos el 2005 y, que de acuerdo con el avalúo vigente ese año tenían derecho al subsidio urbano y que hoy lo están perdiendo debido al aumento del avalúo de sus viviendas, sean consideradas en los subsidios que se otorgarán el presente año. Junto con esto, creo que hay que estudiar un mecanismo permanente que permita establecer tramos precisos, eventualmente distinto del avalúo fiscal, dado que está en un proceso de modificación, de manera que, sin romper los criterios de equidad que fija el decreto N° 84, que busca beneficiar a las familias de clase media y de los sectores populares, durante el 2007 y el 2008 no se produzca la misma situación que hoy afecta a esas familias. Doy un solo ejemplo que refleja la importancia de este asunto. En el Comité de Los Trapiales, en Temuco, de acuerdo con las pautas del 2005, 65 familias tenían derecho al subsidio, hoy día, con el cambio del avalúo, sólo 15. Entonces, es urgente efectuar un cambio antes del llamado a concurso de este año. Asimismo, es necesario establecer un mecanismo distinto de la recepción municipal para acreditar los 15 años de antigüedad de la vivienda rural, porque -reitero- no existe dicho trámite en este caso. Para terminar, mis parabienes y mucho éxito a la ministra de Vivienda y Urbanismo y a su jefe de gabinete, señor Luis Klenner, convencido de que, atendida su eficiencia ya demostrada en el servicio público, lo harán muy bien en los cargos que hoy están desempeñando. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen a la Mesa.APOYO A RADIOEMISORAS DE ZONAS EXTREMAS. Oficio. El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, quiero felicitar al diputado Pablo Galilea, con quien estuvimos durante mucho tiempo en la zona de Coihaique y Aisén. Me parece válido que se preocupe de las zonas extremas, de las más pequeñas como Arica, Aisén, Punta Arenas, y en eso lo voy a acompañar siempre y estoy seguro de que él también me va a acompañar porque conoce la situación que afecta a las pequeñas radioemisoras locales de su zona. La globalización está llegando hasta los pueblos más pequeños: Curepto, Putú, Tamaule. Seguramente, ocurre lo mismo en Chile Chico y en otras pequeñas ciudades de Aisén, en las cuales las radioemisoras grandes -igual que el cuento del camaleón- se comen a las chicas. Y esas radios comunales, donde la señora Juanita, la señora María y don Pepe van a comentar los hechos sociales, el deporte, donde van los jubilados, deben cerrarse. Y las cierran con razón, con reglamentos técnicamente bien hechos en Santiago, pero muy complicados. El pastor evangélico que tiene una radioemisora o el municipio que con mucho esfuerzo logra instalar una con dos o tres personas no los conocen, se atrasan, no les informan sobre los cambios, sobre las antenas, los metros, los kilovatios, etcétera. El diputado Galilea sabe lo que significa mantener una radio en las zonas aisladas. Él representa lugares a los que cuesta llegar; hay que hacerlo en aviones chicos y se sufre mucho para lograrlo. Lo mismo ocurre en la Región del Maule y en la Décima Región. Entonces, esas radioemisoras deben ser ayudadas, asistidas. porque es la mejor manera de mantenerlas. Son del pueblo de Chile. Ayer aprobamos las pensiones asistenciales. Con algunos resquemores pasamos el IVA. Ojalá algún día paguen las multinacionales. Pero no permitamos que desaparezcan las radios pequeñas. Lo mismo para el diario El Centro, de Talca. El Mercurio está por todos lados. En Chillán, en Concepción, etcétera. Al nuevo ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Sergio Espejo, un hombre que conoce el tema, brillante, que ha llegado con ánimo, quiero enviarle un oficio a fin de que se busque la manera de asistir y mantener a las pequeñas radios del país. Son radios comunitarias y están en un pueblo o en una localidad. No digo que es ilegal lo que se ha hecho ni que se han cerrado por cosas que no corresponden. Lo que pido es que ojalá puedan ser tratadas con un poco más de cariño y no se les aplique simplemente la ley en beneficio de las grandes cadenas de F.M. Pido que se oficie en este sentido para conocer el planteamiento del ministro respecto de las radios pequeñas de las distintas comunas de Chile. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que así lo manifiestan.HOMENAJE AL PROFESOR DON JULIO SUAZO PEDREROS. Oficio. El señor JARPA (Presidente accidental).- En el tiempo que les resta al Partido Radical Social Demócrata y al Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, siguiendo la tradición de la Cámara de Diputados, quiero aprovechar la solemnidad que nos da el Congreso Nacional para rendir un merecido homenaje a un educador que silenciosamente ha entregado su vida al servicio de su país. Allí, en la provincia de Valdivia, en la ciudad de La Unión, vive don Julio Suazo Pedreros, destacado y respetado docente del liceo Rector Abdón Andrade Coloma e integrante de mérito de instituciones filosóficas. Don Julio Suazo ingresó el año 1962, cuando tenía 24 años de edad, al servicio docente y hoy está a punto de terminar su carrera, tras 44 años de servicio ininterrumpido. Los años de entrega no importan, pero es de sabios pretender descansar y disfrutar una merecida jubilación junto a su distinguida esposa, la señora Ilse Schwencke Von Johnn, también profesora e hija de una respetada familia de colonos alemanes del sur de Chile. Don Julio será recordado por varias generaciones de hombres y mujeres de ese hermoso lugar de la Décima Región de Los Lagos, ya que en las aulas y en los patios del liceo fueron accediendo a la luz del conocimiento y formándose en los valores humanos que han hecho de La Unión una tierra de gente de mucha identidad y de esfuerzo. Muchos les debemos lo que somos hoy a ilustres ciudadanos como don Julio Suazo Pedreros, quien, dejando de lado las posibilidades de enriquecimiento material, aspiró al enriquecimiento espiritual. Hizo de la docencia la parte central de su vida. Hoy, su familia, esposa e hijos, siente la alegría de la consideración que prácticamente una ciudad entera le entrega a su señor padre y esposo. Don Julio también será recordado por su trabajo con personas muy especiales. Primero, con los alumnos de la jornada nocturna, hombres y mujeres adultos que, pese al transcurso de los años, han sido capaces de retomar sus estudios, compatibilizándolos con el trabajo y con la atención del hogar e hijos. Allí hubo una labor que todos recordaremos: el trabajo hasta medianoche en el liceo vespertino de La Unión. Don Julio también dejó una huella por su trabajo con aquellos hombres y mujeres que alguna vez infringieron la ley. Fue docente en la escuela de la cárcel presidio unionina, que con su guía trataron de recuperar años perdidos de centenares de reclusos que vie-ron en la educación una fórmula de salir del delito y de construir un futuro mejor para ellos y sus familias. Allí estuvo por años don Julio, con esa varillita simbólica, corrigiendo errores. Hoy, cuando se apresta a iniciar el descanso ganado, quiero enviar a mi amigo Julio Suazo, a su esposa Ilse Schwencke y familia, mi saludo y agradecimiento como diputado representante de esa zona de la Décima Región de Los Lagos. Su nombre y sus enseñanzas quedarán para siempre en nuestras mentes. Gracias, profesor y maestro don Julio Suazo Pedreros. Hombres de principios, como usted, son los que hacen grandes a las instituciones y al país. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviará el texto de la intervención en la forma solicitada por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.06 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio del Senado. “Valparaíso, 5 de abril de 2006. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de ayer, tomó conocimiento del rechazo de esa Honorable Cámara a dos de las modificaciones propuestas por esta Corporación al proyecto de ley sobre competencia desleal, correspondiente al Boletín Nº 3.356-03, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República. Al respecto, el Senado acordó que los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Economía concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta. Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6066, de 21 de marzo de 2006. Dios guarde a Vuestra Excelencia. (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.2. Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, recaído en la moción que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de regular la comparecencia de los ministros de Estado a la citación a que se refiere el artículo 52, N° 1, letra b), de la Constitución Política de la República. (boletín N° 4128-16)“Honorable Cámara: La Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento pasa a informar sobre un proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados en lo atinente a la regulación de la atribución que la letra b) del número 1) del artículo 52 de la Constitución Política de la República otorga a la Cámara de Diputados para citar a un Ministro de Estado con el objeto de interrogarlo sobre materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Es dable señalar a la Honorable Cámara que la normativa pertinente se desglosó de un proyecto que introduce diversas enmiendas en el Reglamento Interno, suscrito por el Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla.Antecedentes constitucionales Los preceptos modificativos del Reglamento contenidos en el proyecto en análisis guardan relación con la letra b) del número 1) del artículo 52 de la Carta Fundamental, que habilita a la Corporación para que, a requerimiento de no menos de un tercio de los Diputados en ejercicio, cite a un Secretario de Estado a efectos de formularle preguntas vinculadas con aspectos propios de su cargo, indicando que el ministro requerido deberá obligatoriamente asistir a la sesión que se le indique y responder a las interrogantes que se deriven del objeto de la citación. Por último, la preceptiva constitucional dispone que un mismo ministro no puede ser citado para ese efecto por más de tres veces dentro de un año calendario, sin que exista el parecer favorable de la mayoría absoluta de los Diputados en ejercicio.Contenido de la moción del Diputado Gabriel Ascencio Las disposiciones del proyecto objeto de este informe -el cual consta de cinco disposiciones- recogen, en su artículo 303 bis, las reglas de la Constitución cuyo contenido se describió en el capítulo anterior. Precisan, asimismo, que el Ministro que fuere citado en virtud de este procedimiento constitucional podrá concurrir a la sesión acompañado de un asesor, en procura de asegurar que las consultas se respondan adecuadamente, con el concurso de los especialistas con que cuente la respectiva Secretaría de Estado. En seguida, el artículo 303 ter puntualiza que el requerimiento pertinente debe ser formulado por escrito y entregado en la Secretaría de la Corporación, indicándose en él, además, la materia a que se refiere la petición y las preguntas que se formularán al Ministro. A continuación, establece que cuando la solicitud sea hecha por más de un Diputado, los peticionarios tienen la obligación de indicar el nombre del Parlamentario que hará de interrogador en la Sala o de quien, eventualmente, lo pudiere reemplazar en tal función. Detalla, además, que el contenido de la solicitud y las respectivas consultas han de estar referidas únicamente a un Ministro de Estado, precisando que ellas deben circunscribirse a términos precisos y concisos para describir su finalidad, sin que puedan incluir comentarios. Igualmente, no permite efectuar preguntas acerca de asuntos reservados o secretos o de interés personal o de índole estrictamente jurídica. En virtud del artículo 303 quáter, se dispone que, para iniciar el procedimiento, debe darse cuenta del requerimiento a la Cámara en la sesión más próxima que celebre, pronunciándose ésta de inmediato y sin discusión, entendiéndose aprobado si concurre el voto favorable de, a lo menos, un tercio de los Diputados en ejercicio. Los antecedentes pertinentes deben ponerse, con la mayor brevedad posible, en conocimiento del Ministro de Estado respectivo. Por su parte, el artículo 303 quinquies, prescribe que la sesión que ha de celebrarse con tal objetivo se llevará a cabo en un plazo no menor de cinco ni superior a diez días, contado desde la adopción del acuerdo correspondiente, pudiendo al efecto fijarse una sesión especial o destinar un tiempo de, a lo menos, una hora en alguna sesión ordinaria de la Corporación. El artículo 303 sexies estatuye toda la regulación concerniente a la forma de llevar adelante el cuestionario, los tiempos susceptibles de utilizar tanto para las preguntas cuanto para las respuestas y sus respectivas aclaraciones y réplicas. Se concede al Ministro requerido la facultad de no contestar alguna pregunta, si señala, por cierto, el motivo que lo induce a observar tal conducta, debiendo precisar el día en que estará dispuesto a responderla. En la eventualidad de que el autor de la pregunta no se encontrare en la Sala cuando el Secretario de Estado estuviere dispuesto a responder, se entenderá que se ha renunciado a la consulta. Por último, se encomienda a la decisión del Presidente de la Cámara de Diputados determinar el aplazamiento del debate para la sesión siguiente, si, en virtud de razones justificadas, el Ministro estuviere ausente.Discusión general y particular Durante el debate habido en la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, se estimó oportuno y necesario introducir esta adecuación en el Estatuto, interno, de modo de facilitar el ejercicio de las atribuciones que en materia de fiscalización la última reforma a la Ley Matriz le confirió a la Cámara de Diputados. Se arguyó que a diferencia de otros aspectos, incorporados por la reforma, este asunto, requería únicamente de una enmienda reglamentaria que regulara los aspectos procedimentales de la misma. Lo anterior motivó que la iniciativa fuera aprobada en general en forma unánime. En lo tocante a la discusión en particular, el debate se centró, básicamente, en determinados aspectos del proyecto. La primera cuestión planteada apuntó a la conveniencia de que los Ministros de Estado pudieran entrar a la Sala acompañados de un asesor. Se sostuvo que esa propuesta innovaba el criterio histórico mantenido en la Corporación respecto de quiénes tienen derecho a ingresar a sus sesiones y, en tal sentido, pareció más pertinente mantener la regla general en cuanto a que sólo pueden ingresar a la Sala los Secretarios de Estado. Sin embargo, atendida la especialidad y tecnificación que presentan muchas de las materias que competen a los ministerios, en definitiva, se aprobó autorizar la presencia de un asesor sin derecho a hacer uso de la palabra. Un segundo punto de discusión se refirió a los requisitos que debería cumplir la solicitud formulada para citar a los ministros o las ministras. Se planteó la necesidad de ampliar la convocatoria a más de una materia a tratar, aumentar a lo menos a un tercio de los miembros de la Cámara el número de Diputados que deben suscribir la presentación, y de de eliminar la exigencia de fijar un cuestionario a priori. Este último aspecto no se llegó a materializar por cuanto se consideró que la idea de esta institución es fundamentalmente la obtención de información, antecedentes y elementos de juicio sobre los aspectos consultados, estimándose que la mejor manera de lograr tal finalidad se cumple si el secretario de Estado requerido está en conocimiento del cuestionario temático sobre el que será interrogado. En el mismo plano, se sugirió la posibilidad de que la convocatoria pudiera efectuarse a más de un ministro o ministra, principalmente, en atención a que existen múltiples materias cuya competencia puede corresponder a más de un Cartera. No obstante, atendido el texto de la norma constitucional, se optó por dejar constancia que la citación debe limitarse a sólo un ministro o ministra. Con el propósito de concretar una nueva redacción del artículo 303 ter, surgió en el seno de la Comisión una redacción alternativa que fue sancionada por unanimidad. Un tercer aspecto debatido se concentró en la forma en que la Sala debía aprobar este tipo de solicitudes. Al respecto, se estimó adecuado facilitar la adopción de tal acuerdo recabando el asentimiento de la Sala cuando exista el quórum constitucional exigido. En caso de existir oposición a ese procedimiento, deberá tomarse la votación respectiva, entendiéndose aprobada la solicitud si ella cuenta con el voto afirmativo de un tercio de los diputados en ejercicio. Al mismo tiempo, se propuso precisar la oportunidad en que tendría lugar la comparecencia, disponiéndose que el Presidente de la Corporación, junto con dar cuenta de la petición, señalaría el día en que la misma se llevará a efecto. Otro aspecto debatido en relación a estos temas fue la forma en que se notificaría a la Ministra o Ministro citado. Se concordó establecer un procedimiento similar al establecido en las acusaciones constitucionales reduciendo el plazo a 48 horas. Mediante sendas indicaciones, aprobadas por unanimidad, se incorporaron los tópicos precitados en el artículo 303 quáter. El debate habido respecto al artículo 303 quinquies giró en torno al momento en que debía realizarse esta comparecencia ministerial cuando se destinare parte de una sesión ordinaria. Al respecto, se juzgó necesario realzar este procedimiento para lo cual se dispuso trasladar este trámite desde el término del Orden del Día a luego de leída la Cuenta. Un importante cambio de opiniones tuvo lugar en relación con el artículo 303 sexies que regula la ritualidad de la formulación de las preguntas, las respuestas y la posibilidad de aclarar estas últimas. También en esta oportunidad se abordaron las cuestiones relativas a quiénes podrían efectuar el interrogatorio y el tiempo que se destinaría a la intervención de unos y otros. Un asunto no menos substancial del debate de este precepto se relacionó con la posibilidad de que el ministro o ministra convocado pueda, en forma excepcional y por motivos justificados, excusarse de contestar las preguntas formuladas, debiendo en todo caso señalar la oportunidad en la que concurrirá a dar respuesta a la cuestión planteada, entendiéndose que esta comparecencia es parte de la misma citación para todos los efectos. Con el propósito de procurar la participación de otros Diputados, se estimó pertinente destinar un tiempo para hacer precisiones por parte de los jefes de las bancadas o por quienes ellos designen que, dentro de un plazo breve, permita al resto de la Cámara efectuar puntualizaciones sobre la materia analizada, quedando el último turno de esta ronda reservado para el Comité al que pertenezca el diputado que dio lectura a las preguntas. Dos temas adicionales se sugirieron incorporar en este artículo. El primero se refiere a la forma en que se obrará cuando la materia consultada, por disposición de la ley, tenga el carácter de secreta. En tal caso, el Presidente de la Corporación deberá declarar secreta la sesión, manteniéndose esa condición mientras el debate se refiera a dicho asunto. El segundo tema, apunta a la ritualidad de la sesión en cuanto se declara que se entenderá prorrogada en su hora de término lo que sea necesario para que se formule cada pregunta y se escuche la respectiva repuesta como sus aclaraciones. Todas las observaciones planteadas precedentemente fueron recogidas, en forma unánime, en el texto final del artículo 303 sexies. Por último, se agrega un nuevo artículo 303 septies que tiene por objeto precisar el lugar en el hemiciclo que ocuparán tanto el Ministro citado como el Diputado designado para formular el respectivo cuestionario.-o- En consecuencia, en mérito de las razones expuestas y de los demás antecedentes que dará a conocer el señor Diputado informante, vuestra Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recomienda aprobar el siguiente:Proyecto de acuerdo “Artículo único.- Agrégase en el libro tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados el siguiente título, con el epígrafe y los artículos que a continuación se indican:“TÍTULO IVDE LAS PREGUNTAS A LOS MINISTROS DE ESTADO Artículo 303 bis.- La Cámara puede citar a un ministro o ministra de Estado para formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo ministro o ministra no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los Diputados o Diputadas en ejercicio. La asistencia del ministro o ministra será obligatoria y deberá responder directa y personalmente a las preguntas y consultas sobre la materia que motiva la citación. El Secretario de Estado podrá asistir acompañado de un asesor, sin que éste pueda hacer uso de la palabra. Artículo 303 ter.- La solicitud respectiva será presentada por escrito en la Secretaría de la Corporación y deberá indicar el cuestionario temático sobre el que versarán las preguntas que se harán al ministro o ministra. Ella podrá comprender, además, los documentos anexos que los peticionarios estimen pertinente acompañar. La solicitud deberá ser suscrita por un número de diputados que, a lo menos, representen al tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara. Artículo 303 quáter.- De la solicitud se dará cuenta en la sesión más próxima que celebre la Cámara y en ella el Presidente deberá señalar el día determinado para la comparecencia del ministro o ministra. Se entenderá aprobada la solicitud con el asentimiento de la Sala, existiendo el quórum necesario. Si hubiere oposición, la petición deberá someterse a votación debiendo entenderse aprobada si cuenta con el voto favorable de un tercio de los diputados en ejercicio. El ministro o ministra requerido será notificado personalmente o por cédula por el Secretario General de la Cámara o por el funcionario que éste designe, dentro de las 48 horas siguientes a la aprobación de la solicitud. En todo caso, se le entregará al ministro o ministra respectivo copia íntegra de la solicitud y de sus anexos. Artículo 303 quinquies.- La sesión a la que deba asistir el ministro o la ministra de Estado se celebrará no antes de cinco ni después de diez días, contados desde la notificación respectiva. Se podrá fijar para estos efectos una sesión especial o destinar un tiempo no inferior a una hora, a continuación de la lectura de la cuenta de alguna de las sesiones ordinarias que se celebren dentro del plazo establecido en el inciso anterior. Artículo 303 sexies.- En el Pleno, el Diputado o la Diputada designado para interrogar al ministro o ministra formulará las preguntas de una en una, pudiendo referirse a los antecedentes que justifican su formulación en un término de hasta tres minutos por cada una de ellas. El ministro o ministra deberá responder las preguntas una a una inmediatamente después de formuladas, en forma sucesiva y durante un lapso no superior a cinco minutos por cada una. El Diputado o la Diputada designado para formular la pregunta tendrá derecho a pedir de inmediato aclaraciones sobre la respuesta, por un tiempo no mayor de tres minutos. El ministro o ministra responderá a la solicitud de aclaración por un término no superior a cinco minutos. Concluidas todas las preguntas y aclaraciones y entregadas por el ministro o ministra respectivo las respuestas a las interrogantes planteadas, los jefes o jefas de las distintas bancadas o aquellos a quienes éstos designen dispondrán de hasta 3 minutos, cada uno, para hacer precisiones sobre la materia de la convocatoria. En esta instancia, la bancada a la que pertenezca la Diputada o Diputado nominado para formular las interrogantes será la última en formular sus precisiones. Por su parte, el ministro o ministra dispondrá de un total de 3 minutos para hacer sus comentarios. El ministro o ministra podrá excepcionalmente excusarse de contestar, indicando el motivo. En este caso, deberá precisar la sesión en que concurrirá a responder. Si el diputado o la diputada designado para formular la consulta no se halla presente en la Sala cuando el ministro o ministra se disponga a responder, se entenderá que ha renunciado a la pregunta pertinente. Cuando la materia sobre la que recae una pregunta es de aquellas que la ley declara secreta, el Presidente o la Presidenta de la Cámara deberá constituir la Sala en ese carácter hasta que concluyan las respuestas y aclaraciones correspondientes. La hora de término de estas sesiones se entenderá siempre prorrogada hasta que se formule la última pregunta, se entreguen las respuestas y se efectúen las respectivas aclaraciones, incluido el tiempo otorgado a las diversas bancadas. Artículo 303 septies. El Diputado o la Diputada designado para formular las interrogantes deberá hacerlo de pie desde su ubicación en el hemiciclo y el ministro o ministra responderá desde el podio que se ubica a un costado de la testera.”. Se designó diputado informante al señor Ascencio, don Gabriel. Sala de la Comisión, a 6 de abril de 2006. Acordado en sesiones celebradas los días 22 y 23 de marzo y 5 y 6 de abril de 2006, con la asistencia del señor Leal, don Antonio (Presidente) y de los señores Burgos, don Jorge (Primer Vicepresidente); Pérez, don José (Segundo Vicepresidente); Accorsi, don Enrique; Alvarado, don Claudio, Ascencio, don Gabriel; Becker, don Germán; Cardemil, don Alberto; señora Cristi, doña María Angélica; Duarte, don Gonzalo; Forni, don Marcelo; Galilea, don Pablo; Jarpa, don Carlos Abel; Lorenzini, don Pablo; Moreira, don Iván; señora Muñoz, doña Adriana; Paredes, don Iván; Quintana, don Jaime y Ulloa, don Jorge. Concurrieron también los Diputados señores Monckeberg, don Cristián y Monsalve, don Manuel. (Fdo.): CARLOS LOYOLA OPAZO, Secretario General de la Cámara de Diputados”.3. Moción del diputado señor Errázuriz. Modifica el artículo 174 del Código Civil respecto del divorcio. (boletín N° 4135-07)“Considerando:1. Que el artículo 174 del Código Civil señala que “el cónyuge que no haya dado causa al divorcio tendrá derecho a que el otro cónyuge lo provea de alimentos, según las reglas generales”;2. Que la palabra “divorcio” no significaba disolución del vínculo matrimonial antes de la dictación de la nueva Ley de Matrimonio Civil;3. Que lo anterior ha significado que algunos crean de que, aún entre los cónyuges cuyo vínculo matrimonial está disuelto, existe la posibilidad de demandar alimentos;4. Que, efectivamente, como lo han señalado diversos profesores universitarios, hubo una omisión del legislador al no modificar la norma del artículo 174 del Código Civil, junto con elaborarse la nueva Ley de Matrimonio Civil, en el sentido de sustituir la palabra “divorcio” por “separación judicial”. Esta última sí que da derecho a pedir alimentos, vengo en proponer el siguientePROYECTO DE LEY ARTÍCULO ÚNICO: Sustitúyese en el artículo 174 del Código Civil la palabra “divorcio” por la expresión “separación judicial”.4. Moción del diputado señor Errázuriz. Prohibe a alumnos portar teléfonos celulares en los colegios. (boletín N° 4136-04) “Considerando:1. Que el uso de los teléfonos celulares es cada vez más frecuente en nuestro país, alcanzando en este momento un número aproximado a los siete millones de aparatos;2. Que hay estudiantes, incluso de enseñanza básica y media, que tienen teléfono celular, los llevan a sus establecimientos educacionales y pueden usarlos incluso para transferir conocimientos durante las pruebas de evaluación;3. Que hay países, como Alemania y otros, donde se ha prohibido que los estudiantes lleven teléfonos celulares a los colegios donde estudian, vengo en proponer el siguientePROYECTO DE LEY ARTÍCULO 1 °.- Se prohibe a los estudiantes de enseñanza básica y media llevar teléfonos celulares a los establecimientos educacionales donde estudian. ARTÍCULO 2°.- El alumno que sea sorprendido con un equipo de telefonía celular será sancionado en la forma que lo determine el reglamento del respectivo colegio o escuela. En ningún caso la sanción podrá consistir en la suspensión de asistir a clases.5. Moción de los diputados señores Enríquez-Ominami, Aguiló,Montes y Paredes. Amplía el concepto de patrimonio incorporado por la ley Nº 20.088 a la ley Nº 18.575 orgánica sobre bases generales de la administración del estado y que establece nuevas exigencias que indica. (boletín N° 4137-07)1. Prolegómenos. El patrimonio conforme a los postulados de la doctrina clásica, se lo considera como un atributo de la personalidad y se le define como una universalidad jurídica (cuestión sometida actualmente a un intenso debate) compuesta por todos los derechos y obligaciones apreciables en dinero que tienen por titular a una misma persona. Los derechos que integran el patrimonio, activa y pasivamente, pues se caracterizan porque representan una ventaja de orden económico o pecuniario. Esta ventaja se la suele procurar el titular del derecho directamente sobre las cosas susceptibles de proporcionarla, sin ningún intermediario. Otras veces, este provecho pecuniario se consigue, no ya en virtud de un poder directo sobre la cosa (derecho real), sino a través del poder o facultad del titular del derecho para que otra persona se lo proporcione, realizando en su favor determinada prestación (derecho personal). Conforme a nuestra añeja regulación los derechos patrimoniales se agrupan en estas dos grandes categorías, pues el art. 576 del Código Civil estatuye que “las cosas incorporales son derechos reales o personales”. Teniendo en cuenta las nociones anteriores, es posible sostener que el criterio seguido en las leyes relativas a probidad administrativa –como se verá más adelante-, no asumen en sus deposiciones lo que la doctrina tradicional considera como elementos integrantes del patrimonio, sino mas bien, conceptos ambiguos o bien un cierto esquema acotado resultando insuficiente con una idea de transparencia en el ejercicio de una función pública.2. Historia legislativa. Los primeros intentos por regular el tema propuesto, aparecen con seriedad en el mensaje del proyecto sobre probidad administrativa aplicable de los órganos de la administración del Estado (Boletín 1510-07) antecesor directo del acto de poder que dio luz a la ley Nº 19.632 [publicada en el Diario Oficial de 14.12.99] que incorporo un nuevo título a la ley Nº 18.575 sobre bases generales de la administración del Estado. Aunque inicialmente la propuesta de lege ferenda se encaminaba a una declaración de patrimonio, intereses y actividades, la Comisión de Constitución del H. Senado se encargo de reducirla a una mera declaración de intereses durante los treinta días posteriores de asumir el cargo por parte del funcionario, criterio ambiguo, que se mantuvo hasta finalizada su tramitación. Sobre el particular, tan insatisfactoria resultaba la regulación propuesta, que coetáneamente al fin del proceso legislativo se proponía un nuevo proyecto con miras a establecer como obligatoria la declaración jurada patrimonial de bienes a las autoridades que ejercen una función pública (Boletín 2394-07) y que es el antecedente directo de la ley Nº20.088 [publicada en el Diario Oficial de 05.01.06 y aún en período de vacancia legal], según la cual es señal de transparencia y probidad, el que la opinión pública se informe de la situación patrimonial de quienes ejerciendo un servicio público ocupan un cargo de autoridad en algunas de las funciones del Estado, pese al avance logrado en esta iniciativa, aun persiste un concepto acotado del patrimonio, no resultando coherente con su verdadera noción, persiste además una severa limitación en cuanto al pasivo del funcionario sin explicación racional. Cuestión aparte es la insólita disposición en el nuevo art. 241 bis del Código Penal, que establece una indemnización de perjuicios de pleno derecho respecto del funcionario que resultare absuelto en contra del denunciante o querellante, sin precedentes en nuestro sistema y que es una autentica intimidación.3. Derecho comparado. Desde el punto de vista de las regulaciones existentes podemos mencionar entre otras, a modo de referencia, en Argentina la Ley de Etica de la Función Pública, N° 25.188, que dispone en su art. 4 y ss., la obligación de los funcionarios que indica de efectuar una declaración jurada patrimonial; en España, la ley N° 12/1995 de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, que establece como obligación de los funcionarios públicos efectuar una declaración de actividades, bienes y derechos (art. 4 y 5); en Estados Unidos, Programa de Ética a cargo de la OGE -la Office of Government Ethics (OGE) establecida por la Ley de Ética en el Gobierno (Ethics in Government Act, EGA) de 1978. La función pública debe enmarcarse dentro de catorce principios enumerados en la sección 101 de la O.E. 12.674 de 1989, como por ejemplo: Carecer de intereses financieros en conflicto con el desempeño concienzudo de sus deberes. 4. Ideas matrices. Una adecuada coherencia desde el punto de vista de la transparencia y la probidad administrativa, supone dar cuenta de todos los ámbitos que al funcionario público (que puede ser autoridad u otra “denominación”) aparezcan comprensivos de su patrimonio, respecto de que cosas, derechos o créditos, así como aquello que debe y respecto de quienes. Especial cuidado merece la relación societaria especialmente cuando la persona jurídica tiene vínculos contractuales vigentes, ya sea con empresas públicas o privadas. Sólo así, es posible predicar la absoluta independencia en el ejercicio de una función pública. Lo anterior supone un juicio ex ante que pueden realizar los ciudadanos desde la incorporación a un cargo y la situación ex post, ambas situaciones sujetas al mismo régimen sancionatorio. Es por eso, que sobre la base de los antecedentes indicados vengo en proponer el siguiente proyecto de ley. Art. 1. Modifíquese el art. 60 C, de la ley 18.575 en el siguiente sentido: Artículo 60 C.- La declaración de patrimonio deberá comprender la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, individualizándolos de la siguiente manera:a) inmuebles del declarante, indicando su avalúo fiscal, las prohibiciones, hipotecas, embargos, litigios, usufructos, fideicomisos y demás gravámenes que les afecten, con mención de las respectivas inscripciones;b) Monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras nacionales o extranjeras, en cuentas corrientes, de ahorro, a plazo, o de cualquier índole semejante. c) vehículos motorizados, indicando su inscripción;d) copia de la declaración de renta del año tributario inmediatamente anterior a la adscripción al cargo;e) valores del declarante a que se refiere el inciso primero del artículo 3º de la ley Nº 18.045, sea que se transen en Chile o en el extranjero;f) derechos que le corresponden en comunidades o en sociedades constituidas en Chile o en el extranjero. g) el objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tengan intereses. h) Informar la existencia de contratos pendientes o cauciones, de las sociedades de cualquier clase en las que tengan intereses.i) Las obligaciones que posea, con la individualización de los acreedores y sumas de dinero comprometidas. Art. 2. En el inciso cuarto del art. 5D de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional:a) intercálese entre la preposición “con” y la palabra “multa”, la siguiente frase “la suspensión del cargo,”;b) a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido se agrega la siguiente frase: “la suspensión quedará sin efecto desde el momento que se cumpla la obligación establecida en esta disposición”. Art. 3. En el Código Penal, deróguese el inciso final del art. 241 bis.6. Moción de los diputados señores Monckeberg, Bertolino, Forni, Galilea y de la diputada señora Rubilar. Otorga permiso laboral por muerte y nacimiento de parientes que indica. (boletín Nº 4138-13) La legislación laboral ha experimentado una evolución permanente desde su nacimiento, en favor de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la regulación laboral suele acarrear costos a la contratación de los trabajadores, por lo que los derechos que la ley otorga pueden conspirar contra quienes carecen de trabajo. Siendo así, los procesos de mayor protección laboral deben ser paulatinos y prudentes y alejarse de posturas extremas que en definitiva sobreprotegen a quienes tienen trabajo e impiden encontrarlo, a veces por tiempo indefinido, a quienes no lo tienen o lo buscan por primera vez. Un derecho que es de toda justicia y que en principio, ya existe en la legislación laboral, si bien en forma limitada, es el que tiene por objeto permitir la concurrencia del trabajador a la atención del nacimiento de su hijo, o al fallecimiento de éste o de su cónyuge. Sin embargo, se trata de solo un día de permiso y que es procedente solo por el nacimiento o muerte de un hijo o por la muerte del cónyuge. Adicionalmente, nada dice la ley respecto de la situación que se refiere al caso de los mortinatos, puesto que aquí se conjugan dos aspectos que son relevantes y que indudablemente justifican plenamente el permiso a que puede dar lugar el mismo: por un lado ha muerto un hijo y como dicha muerte se produjo en el período de gestación la situación psicológica de la mujer esta desmejorada. La reciente ley N° 20.247, de 2 de septiembre de 2005, otorgó al padre trabajador cuatro días adicionales al que ya tenía, solo por el nacimiento del hijo; como se observa, nada se dice del fallecimiento del padre o madre, o del actual conviviente, que son motivos igualmente justificativos de un permiso especial, que no es contrario a la práctica de la vida laboral, si bien pueden producirse casos en que se niegue la posibilidad de abandonar el lugar de trabajo con ese propósito, que es lo que la ley debe tutelar en beneficio del trabajador. Por otra parte, un día de permiso por alguno de estas circunstancias parece insuficiente, atendida la gravedad de la muerte o la posibilidad de disfrutar el nacimiento de una nueva vida. De hecho, en un día no resulta posible asistir un oficio religioso un día y participar en un funeral, lo que requiere de dos días como mínimo. En el caso del derecho del padre trabajador por el nacimiento del hijo, se establecieron en total cinco días, lo que parece razonable. Por otra parte, el aumento a cinco días de permiso laboral por los conceptos antes señalados, no peden sumarse a los días de permiso que, según se señaló, ya tiene el padre trabajador, por lo que deben incompatibilizarse ambos permisos, pero pudiendo el trabajador optar por el de cinco días corridos del nuevo artículo 66, que se viene sustituyendo, o por el del inciso segundo del artículo 195, que permite una mayor flexibilidad en el ejercicio de este derecho. En esta forma, de propone modificar el artículo 66 del Código del Trabajo para darle una nueva redacción con el preciso propósito, que constituye la idea matriz de esta iniciativa, de aumentar de uno a cinco días el permiso por el nacimiento o muerte del hijo, de uno a cinco días por muerte del cónyuge, y establecer adicionalmente, cinco días de permiso por muerte del actual conviviente, del padre o de la madre del trabajador. En consecuencia, se propone el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo:a) Sustitúyese el artículo 66 por el siguiente: “Artículo 66.- En los casos de nacimiento y muerte de un hijo así como en el de muerte del cónyuge o actual conviviente, del padre o madre, todo trabajador tendrá derecho a cinco días de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Este permiso se aplicará también en el caso de la muerte de un hijo durante el período de gestación, hecho que deberá estar debidamente certificado por el médico tratante en la forma establecida por reglamento respectivo. El permiso deberá hacerse efectivo a partir del día en que tiene lugar el hecho que lo motiva o desde que se tomó conocimiento de la muerte fetal en su caso. Este permiso es incompatible con el que se establece en el inciso segundo del artículo 195, correspondiendo al trabajador optar por uno u otro.”b) Elimínase en el inciso segundo del artículo del artículo 195, la expresión “Sin perjuicio del permiso establecido en el artículo 66”.c) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 195, la expresión “cuatro” por “cinco”.7. Moción de los diputados señores Dittborn, Barros, Estay, Forni, Lobos, Moreira, Norambuena, Salaberry, Ward y de la diputada señora Cubillos. Modifica la ley Nº 18.290, del transito para agregar una nueva letra d en el articulo 196, penalizando la adulteracion del kilometraje odometro de un vehiculo. (boletín 4139-09)1. Antecedentes generales No existe normativa directa que regule las irregularidades que se cometen en la compraventa de automóviles. Sin perjuicio de ello, tal conducta puede configurar el delito de entrega fraudulenta regulado por el artículo 467 del Código penal: “El que defraudare a otro en la sustancia, cantidad y calidad que le entregare en virtud de un título obligatorio, será penado:1. Con presidio menor en su grado medio a máximo, si la defraudación excediere de cuarenta sueldos vitales.2. Con presidio menor en su grado medio, si la defraudación excediere de cuatro sueldos vitales y no pasare de cuarenta sueldos vitales.3. Con presidio menor en su grado mínimo, si el valor de la defraudación no excediere de cuatro sueldos vitales ni bajare de medio sueldo vital. Si el valor de la cosa defraudada excediere de cuatrocientos sueldos vitales, se aplicara la pena de presidio menor en su grado máximo” El penalista Alfredo Etcheverry señala que para configurar este delito no solo se debe defraudar a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que se entregan en virtud de un título obligatorio, como puede ser el de la compraventa, si no que además de perjudicar con la conducta realizada al patrimonio de la víctima se debe realizar un engaño, es decir, un ardid, una apariencia engañosa para que la contraparte se forme una apariencia falsa de la realidad en relación con la cantidad, calidad o sustancia de lo entregado. Sin perjuicio que la adulteración del kilometraje de un automóvil por parte del vendedor en el contrato de compraventa puede configurar el delito de defraudación sancionado en el 467 del Código Penal, no es menos cierto que por lo expuesto precedentemente, el delito no esta específicamente tipificado, por lo que al comprador en el juicio penal le puede resultar engorroso probar los elementos de la configuración del delito. Especialmente el ardid que realizó el vendedor para crear esa apariencia falsa de la realidad, en este caso, la calidad del vehículo.PROYECTO DE LEY ARTÍCULO ÚNICO: Para agregar una nueva letra D bis en el artículo 196 de la ley N° 18.290 del Transito. Letra D bis: El que adultere el “kilometraje odómetro” de cualquier tipo de vehículo de transporte usado con una manifiesta intención de defraudar, será castigado con las penas señaladas en al artículo 467 Del Código Penal.8. Moción de los diputados señores Álvarez-Salamanca y Palma. Fija normas sobre la producción del vino. (boletín N° 4140-01) “Considerando: Que, el gran prestigio y calidad de la producción de vino chileno y las continuas transgresiones a la ley, por falsificación de vino a partir de alcohol. Que, el masivo uso de excedentes de uva de mesa y variedades hibridas para la producción de vino, que alcanzan a mas 80 millones de kilos anuales, cambiando el destino de estas plantaciones, cuyo objetivo original es la producción de uvas para consumo en fresco o deshidratados, provoca graves distorsiones al mercado interno de uvas, cuyo objetivo esencial es la vinificación. Que, el peligro real de daño al buen prestigio alcanzado por el vino chileno en los mercados internacionales y también en el mercado interno, a causa de los vinos falsificados o de mala calidad, a partir de uva de mesa y alcohol, prestigio debido a un proceso que ha costado años y que significa un gran logro para toda la empresa chilena, no solo para el vino, sino que también afectaría todo “producto chileno exportado” Que, esta modificación a la ley, no daña en nada el excelente negocio de la uva de mesa, solo evita el daño a los productores de vino, en su gran mayoría pequeños agricultores y el consecuente aumento de la cesantía en las regiones productoras de vino, principalmente en las Regiones V, VI, VII y VIII. Que, el destino de las plantaciones de cepas viníferas es claro y único, producir vino. Que, el propósito del cultivo de variedades hibridas y uvas de mesa, también es claro, consumo directo, como tal y no la vinificación. Que, por esto último la modificación propuesta, en nada transgrede el espíritu de la ley, al contrario, lo mantiene y lo cautela.Proyecto de Ley Modifica el artículo 16 inciso primero de la Ley N° 18.455 , quedando cómo sigue. “El vino solo podrá obtenerse de la fermentación alcohólica del mosto de variedades de uvas frescas o asoleadas de Ia especie vitis vinifera, cultivadas con este propósito, exceptuándose todas aquellas variedades cuyo destino específico es el consumo fresco o deshidratado”.9. Moción de los diputados señores Cristián Monckeberg y Godoy. Establece transparencia en la información en las. boletas de ventas y servicios. (boletín N° 4141-03) Nuestras instituciones han realizado de manera permanente un esfuerzo por hacer de la transparencia un principio rector de la actividad pública. Es así como la reciente reforma constitucional estableció, en las Bases de la Institucionalidad, específicamente en el inciso segundo del artículo 8º, que “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. (...)”. Por otra parte la mantención y profundización del sistema económico basado en le mercado y la iniciativa de los particulares también exige transparencia en la transacciones. Pensamos que una contribución en ese sentido sería que en la boleta en la cual se da cuenta de la venta de una bien o un servicio se separe claramente la cantidad que corresponde a impuestos, a los que se refiere al Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, entre los que destacan el impuesto al valor agregado y los impuestos especiales a las ventas y servicios. Recordemos que sólo por concepto de IVA el Fisco recauda anualmente alrededor de US$ 11.412 millones, los cuales provienen del bolsillo de los consumidores. Además de proponer la norma que establece la separación del valor de los impuestos en las boletas, se agrega un artículo transitorio que establece que la ley en proyecto se aplique 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, con el objeto generar un espacio de tiempo que permita preparar las cambios que la medida requiere. En base a lo precedentemente expuesto sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el siguienteProyecto de ley Artículo único. Intercálase el siguiente inciso segundo al artículo 53 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios: “Las boletas que están obligados a otorgar las personas a que se refiere este párrafo deberán indicar separadamente la cantidad recargada por concepto de impuestos, cualquiera sea su naturaleza.” Artículo transitorio. Esta ley empezará a regir 90 días después de su publicación en el Diario Oficial”.10. Moción de los diputados señores Paya, Bobadilla, Chahuán, Forni, Lobos, Salaberry y de las diputadas señoras Cubillos, Nogueira y Turres. Establece la obligación de separar en cada boleta de compraventa el valor agregado del IVA en la operación. (boletín N° 4142-03) Los ciudadanos cada día pagan tributos al Estado a través de una serie de mecanismos, siendo el más importante de ellos el cobro del Impuesto al Valor Agregado. Desafortunadamente el Fisco recibe estos ingresos sin que exista conciencia en las personas en torno al monto que aportan en cada compra venta que realizan, puesto que el impuesto aparece confundido con el precio final del producto. Ello colabora a que las personas atribuyan todo el costo de los bienes al vendedor, y nada al Fisco recaudador de impuesto que se hace presente a través del IVA. Este impuesto al consumo es sin duda el más relevante para la mayoría de la población y el más importante en cuanto herramienta recaudadora para el Estado. Por lo mismo, la transparencia respecto del monto del impuesto que se paga no sólo favorece el acceso a la información de los ciudadanos al momento de consumir, sino que también, como efecto colateral de la mayor conciencia de las personas, hace mucho más responsable a la autoridad en el uso de los recursos obtenidos por este expediente. La experiencia internacional indica que la exposición separada del costo de la venta y el pago del impuesto en cada recibo o boleta colabora en el sentido antes señalado, apuntando a que el consumidor pase de ser un actor pasivo frente a la política impositiva y al uso de los fondos fiscales a convertirse en un ciudadano con opinión formada frente al tema, y mucho más dispuesto a juzgar a las autoridades por el manejo que hagan de su dinero. La sentida aspiración de que nuestro país transite desde una mera sociedad de consumo a una sociedad de ciudadanos se hace más cercana con una iniciativa como ésta. Del mismo modo, si se favorece el que las personas puedan tener una percepción mucho más transparente de lo que realmente están pagándose fortalece una condición esencial para que el mercado funcione de modo fluido, libre y transparente. En este sentido este proyecto apunta a establecer la obligación de consignar en las boletas de compra venta el monto del impuesto pagado en cada operación, debiendo ir esta información luego del precio final a fin de evitar confusiones en el público entre el costo antes y después del impuesto. El proyecto desea informar y no provocar un conflicto adicional a los establecimientos comerciales, los cuales, por cierto, no tendrán la obligación de modificar sus precios de vitrina o exhibición, por cuanto los precios no se verán alterados por este nuevo deber de información. Por otro lado, y para no sobrecargar las obligaciones de los vendedores, en especial aquellos que nos disponen de sistema automatizados de impresión, se establece un mínimo a partir del cual las boletas de compraventa deban entregar información adicional. Por las razones antes expuestas y basados en el firme convencimiento del derecho que asiste a los ciudadanos de poder, informadamente, exigir el uso transparente y eficaz de los recursos públicos, es que venimos en proponer el siguiente proyecto de ley: Artículo único: Agregase un nuevo inciso segundo a la letra b) del Art.53 del DL. 825: “Las boletas correspondientes a operaciones que alcance un valor superior a 1/2 unidad de fomento deberán consignar, luego de la expresión del precio, la información del monto correspondiente al impuesto al valor agregado pagado por el consumidor. Esta información deberá ser proporcionada de modo claro y preciso de modo que no llame a confusión con el precio pagado.”