-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650948/seccion/akn650948-ds50-ds32
- http://datos.bcn.cl/recurso/nulo = "[5] Artículo 5° del Decreto 75 de 2004 del MOP sobre el Registro de Contratistas MOP."^^xsd:string
- http://datos.bcn.cl/recurso/nulo = "[7] Mayor detalle sobre la mecánica aplicable en los estados de pagos ver en Acta 8ª. de la Comisión de fecha 10 de agosto de 2005 (páginas 4 a 14)."^^xsd:string
- http://datos.bcn.cl/recurso/nulo = "[8] Mayor detalle al respecto ver Acta 10ª. de la Comisión de 31 de agosto de 2005 (páginas 5 y siguientes)."^^xsd:string
- http://datos.bcn.cl/recurso/nulo = "[4] La legalidad de la asesoría a la inspección fiscal se sustenta en los artículos 4° y 110 del Reglamento para el contrato de obra pública (Decreto 75 de 2004 MOP). También la Contraloría General de la República reconoció esta institución por dictámenes N° 19.721 de 1989 y N° 26.801 de 2003."^^xsd:string
- http://datos.bcn.cl/recurso/nulo = "[6] Mayor detalle de las labores realizadas por las asesorías de gestión ver Acta 6ª. de la Comisión de fecha 1 de agosto de 2005 (páginas 14 a 24)."^^xsd:string
- http://datos.bcn.cl/recurso/nulo = "[2] Según antecedentes entregados por el señor Estévez en 1973 habían 40 mil funcionarios en el MOP los que se redujeron a 13 mil en 1977 y a menos de 8 mil en 1990."^^xsd:string
- http://datos.bcn.cl/recurso/nulo = "[1] Texto entre comillas procede de “Diagnóstico sobre la Coordinadora General de Concesiones Gibrán Harcha junio 2003. Se omite por la denunciante la palabra “aparente” entre paréntesis entre los términos “ausencia” y “de” del citado texto."^^xsd:string
- http://datos.bcn.cl/recurso/nulo = "[10] Mayor detalle ver Acta 11ª. de la Comisión de 7 de septiembre de 2005 (página 7)."^^xsd:string
- http://datos.bcn.cl/recurso/nulo = "[9] Ibíd."^^xsd:string
- http://datos.bcn.cl/recurso/nulo = "[3] En el Acta 4ª. de esta Comisión de 18 de julio de 2005 (páginas 7 y siguientes) se detallan las funciones principales del inspector fiscal y las labores realizadas por algunas asesorías."^^xsd:string
- bcnres:tieneTramiteConstitucional = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- dc:title = "Informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar y elaborar un informe relativo a las denuncias efectuadas por la ex jefa de la División de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas sobre presuntas irregularidades en dicha repartición."^^xsd:string
- rdf:type = bcnres:InformeComisionInvestigadora
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- rdf:type = bcnses:SeccionDocumentoCuenta
- bcnres:tieneTramiteReglamentario = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/comisiones-investigadoras
- rdfs:label = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- bcnres:tieneTerminoLibre = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/division-de-comunicaciones
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650948/seccion/akn650948-ds50
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650948
- rdf:value = " Informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar y elaborar un informe relativo a las denuncias efectuadas por la ex jefa de la División de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas sobre presuntas irregularidades en dicha repartición.
“Honorable Cámara:
La Comisión Investigadora informa acerca de la materia indicada en el epígrafe.
I. Proyecto de Acuerdo.
La Cámara de Diputados, en sesión 9ª, de fecha 22 de junio de 2005, aprobó el Proyecto de Acuerdo N° 655, del tenor siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO.
“Considerando:
Que la opinión pública ha sido informada, a través de diversos medios de comunicación social, de nuevas y presuntas irregularidades ocurridas en el interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que involucran millonarios recursos fiscales y eventuales responsabilidades de diversos funcionarios y autoridades de esa repartición. En concreto, la ex jefa de la División de Comunicaciones del MOP ha señalado públicamente que, con fecha 26 de julio de 2003, informó al entonces titular de la Cartera, señor Javier Etcheberry , sobre las eventuales irregularidades acaecidas con ocasión de tres asesorías a la inspección fiscal de obras concesionadas, adjudicadas en diciembre de 2002, por varios millones de dólares. En la denuncia, subyace la existencia de desembolsos excesivos y la incertidumbre respecto a la efectividad de la prestación de los servicios contratados, que dieron lugar al pago de estas cuantiosas sumas.
Que los Diputados de la Concertación han rechazado todos los proyectos de acuerdo presentados con el propósito de constituir una Comisión Investigadora a fin de analizar la responsabilidad política de las autoridades y funcionarios públicos involucrados en las eventuales irregularidades conocidas por la opinión pública como los casos MOP-Gate, MOP-Ciade y MOP-Idecon. Esto constituye una renuncia voluntaria, manifiesta e irresponsable a la posibilidad de que la Cámara de Diputados cumpla su función fiscalizadora de los actos del Gobierno.
Que, en relación con los hechos denunciados por la ex funcionaria del MOP, es deber y obligación de los Diputados investigar a fondo lo que realmente está sucediendo, toda vez que es su atribución fiscalizar los actos de la Administración del Estado y esclarecer, frente a la ciudadanía, los equívocos hechos que han ido apareciendo en torno a los casos mencionados. El propósito de este proyecto de acuerdo no es establecer algún tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa, ya que ello escapa al mandato constitucional. Se pretende, simplemente, determinar las eventuales responsabilidades políticas comprometidas en los hechos señalados precedentemente.
Que ningún Diputado puede obstaculizar el funcionamiento de las instituciones del país. Desde esta perspectiva, nadie puede negarse a que esta Corporación se aboque al estudio de las presuntas irregularidades que han resentido fuertemente la fe pública y la confianza de los chilenos. Lo que está en juego aquí es, precisamente, la defensa de los valores que sustentan a todo Estado de Derecho.
LA CÁMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Crear una Comisión Especial Investigadora que, en un plazo no superior a ciento veinte días, estudie, analice y elabore un informe relativo a las denuncias efectuadas por la ex jefa de la División de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde se da cuenta de presuntas irregularidades en dicha repartición, con un eventual pero, de ser efectivo, serio y grave perjuicio para el Fisco, y donde se involucra a familiares del Presidente de la República y al propio Ministro de Obras Públicas de esa época, señor Javier Etcheberry .
Para estos efectos, la Comisión podrá solicitar al Ministerio de Obras Públicas todos los antecedentes relativos a los procesos de licitación de obras o proyectos a particulares y analizar en profundidad dichas operaciones, con el propósito de esclarecer la legalidad de estos procesos y determinar las responsabilidades políticas, si las hubiere.”.
Lo que me corresponde poner en conocimiento de Ud.
Dios guarde a Ud.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain , Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados; Adrián Álvarez Álvarez , Prosecretario de la Cámara de Diputados.
II. PERSONAS INVITADAS O CITADAS POR LA COMISIÓN.
Concurrieron a sus sesiones los señores Jaime Estévez ; Ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones; Camilo Rojas , Coordinador General de Concesiones; Rafael Ibarra , Fiscal de Coordinación General de Concesiones; Andrés Vargas , Jefe de la Unidad de Explotación de Concesiones ; Pablo Huenchumilla , Inspector Fiscal de Contratos de Concesiones ; Javier Etcheberry , ex Ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones; en representación de Axioma Consultores, los señores Jorge Manríquez , Gerente General; Américo Vera , Ingeniero Civil; Ramón Gómez, Abogado ; en representación de Gescam S.A., los señores Hernán Durán , Gerente General , y Juan Pablo Hermosilla , Abogado, y el señor Eduardo Arriagada , ex Director General de Obras Públicas .
Entregaron por escrito sus puntos de vista la denunciante señora Irene Rojas y los señores Víctor Faraggi , Jorge Piddo , Gibrán Harcha y Clemente Pérez .
III. DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA COMISIÓN.
1. Carta denuncia de fecha 11 de julio de 2005, de la señora Irene Rojas , ex Jefa de la División de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que en lo pertinente a esta investigación plantea, entre otras consideraciones, lo siguiente:
-que, su denuncia obedece a la convicción de que la institucionalidad pública, representada en este caso por la Coordinadora General de Concesiones del Ministerio de OO.PP., ha sido utilizada sistemáticamente por el poder político para desviar fondos públicos hacia fines ajenos a los determinados por los presupuestos oficiales. Ello se inscribe en el contexto del caso MOP-Gate.
-que, los procedimientos relacionados con la licitación y adjudicación de contratos de asesoría a la inspección fiscal de obras, constituirían ilícitos graves en la administración del Estado y en la asignación de sus recursos, toda vez que ésta ha de basarse en rigurosos criterios de equidad de acuerdo a los principios básicos con que la autoridad responsable debe ejercer sus facultades.
-que, el conocimiento al interior del gabinete del ex titular de la cartera Javier Etcheberry en torno a la “ausencia de controles internos sobre aspectos claves tales como: preparación y licitación de contratos de asesoría a la IF, de estudios de inversión y de justificación de pagos realizados” así como “una absoluta discrecionalidad a la hora de decidir, gastar, invertir y justificar” por parte de la Coordinadora General de Concesiones (CGC), abre una amplio cuestionamiento a dichos procedimientos amparados en una institucionalidad colapsada y calificada de corrupta por quienes participaron de un diagnóstico confidencial sobre el tema y, posteriormente, decidieron investigarlo [1].
-que, en dicho contexto le fue delegada la tarea de realizar un informe sobre los tres contratos -el de Gescam-Faraggi, Jorge Piddo Ingeniería y Axioma- a fin de realizar una presentación ante el ministro , su jefa de gabinete, señora Isabel Undurraga , el asesor de Concesiones, Gibrán Harcha y el coordinador general de concesiones, señor Camilo Rojas , quien en ese momento aún no era ratificado formalmente en el cargo. El objetivo de dicha reunión era solicitar explicaciones y fundamentos a este último funcionarios respecto de las tres asesorías cuestionadas. Cabe destacar que las bases de licitación de dichos contratos responden a la misma matriz en cuanto a sus contenidos, fechas y requerimientos básicos: coordinar desde un nivel “macro” procedimientos en cada contrato concesionado. A modo de aclaración cada asesoría aborda un grupo de obras urbanas (Gescam-Faraggi), interurbanas ( Jorge Piddo ) y del extremo sur (Axioma). Los primeros dos contratos se refieren a la coordinación en la ejecución de obras concesionadas mientras que el tercero alude a la coordinación de obras concesionadas en explotación, es decir, ya finalizadas y operativas. La presentación aludida anteriormente nunca se realizó mientras que el titular de la cartera desistió -aparentemente- indagar en el tema y procedió a apoyar públicamente la gestión del coordinador de Concesiones en un giro radical.
-que, la primera irregularidad que hay que investigar es precisamente la reacción de una autoridad pública como era el ministro Javier Etcheberry , quien ante la exposición de los datos efectuada el 28 de julio del 2003 en el marco de una catastro de gastos y contrataciones en materia de comunicación y difusión del MOP, me dice que no le entregue nada, que no quiere nada en su computador y menos en papel, ordenándome guardar la información, a no compartirla con nadie y hacerla desaparecer porque “es una bomba”. Es desde esa perspectiva que mi denuncia apunta a un problema sistémico en el cual podría considerarse la investigación de todas las asesorías a la IF y no sólo de los tres contratos que la prensa ha difundido como la base de mi declaración ante la magistrado Gloria Ana Chevesich .
-que, precisa que en su declaración ampliada en tres oportunidades ante la jueza fueron puestos en su conocimiento con exposición de los hechos y la entrega de los antecedentes que los acreditan, más de 60 contratos por asesorías a la Inspección Fiscal adjudicados durante el 2003, por un monto superior a los $ 31 mil millones.
-que, en el 2003, Jorge Piddo -una de las consultoras investigadas por los Tribunales- se adjudicó 5 contratos por un valor total de $ 6.700 millones, mientras que durante el 2001 le fueron asignados nueve contratos. Ello genera la presunción de que hay empresas “regalonas” en la cartera de OO.PP., motivando críticas al interior de ese mercado. No obstante, el riesgo de quedar fuera del registro de contratistas imposibilita un pronunciamiento formal por parte de los afectados, dando lugar a una retroalimentación perversa del sistema.
-que, lo cuestionable de estas asesorías no sólo radica en determinar si existieron, si se realizaron los trabajos comprometidos o si éstos se pagaron al justo precio que el mercado debiera asignar. Existe un punto previo y de especial relevancia en cuanto a la naturaleza de una repartición pública, puesto que si las funciones propias del ministerio han sido externalizadas por esta vía, ¿qué sentido tiene la existencia de un aparato público, con 8 mil funcionarios expertos en todas las áreas, si su rol sustancial garantizado por los principios de responsabilidad funcionaria, probidad y eficiencia, no es exigible a instituciones privadas?
-se pregunta si ¿Acaso se debiera plantear la necesidad de supervisar estas contrataciones de apoyo a la inspección fiscal con inspectores fiscales de los servicios prestados? La pregunta de fondo es ¿quién controla? Desde esa perspectiva, los más de $ 31 mil millones adjudicados durante el 2003 fueron claramente botados a la calle. Un solo ejemplo: la “Asesoría a la Inspección Fiscal en la Gestión de Contratos Urbanos de la Coordinación de Administración de Contratos de Concesión” adjudicada al consorcio Gescam-Faraggi debía coordinar la gestión de cinco obras urbanas concesionadas en ejecución y mitigar su impacto de distinto orden; sin embargo, en octubre del 2003 esa coordinación falló ya que en la intersección de V. Mackenna con Américo Vespucio se produjo el “taco más grande de nuestra historia”, según consignó la prensa de la época. El colapso significó la paralización del tráfico vehicular por varias horas.
-que, en ese contexto se inscribe la descoordinación de la puesta en marcha de los tag, e incluso de los cuellos de botella en el Acceso Sur a Santiago por los cuales debemos pagar altos peajes. Y la falta de señalética en las obras en ejecución que atenta contra la seguridad ciudadana.
-que, recientemente la prensa publicó que la Corema Metropolitana inició un proceso de sanción contra el proyecto “Acceso Sur a Santiago” por incumplimientos en materias de emisión atmosférica, accesos y señalización. ¿De qué sirvieron los títulos de idoneidad y excelencia académica obtenidos en prestigiosas universidades extranjeras si el resultado del servicio prestado fue de total ineficacia? Ineficacia onerosa, por cierto, de miles de millones sobre la cual nadie dijo nada.
-que, la institucionalidad de los asesores externos inaugura una época de modernidad en Chile, la del total desprendimiento de responsabilidades, consecuencias y sanciones para los mismos. En tanto, las reparticiones públicas subsisten sin que las autoridades intenten seriamente fortalecer su funcionamiento a través de un plan modernizador de sus estructuras. Sin embargo, debo hacer una distinción fundamental: el MOP como institución a través de sus funcionarios ha construido país desde hace décadas y los chilenos le debemos tributo a quienes abnegadamente han dedicado sus vidas a la labor pública. Baste destacar el rol de Vialidad en los estados de emergencia. Su denuncia no apunta al ministerio en sí, sino a los funcionarios de confianza que ocupan cargos políticos y valiéndose de esa investidura y de la institucionalidad deciden el destino de los recursos y bienes de todos los chilenos.
-que, por otra parte, constituye elemento de la misma declaración la denuncia respecto de la poca transparencia con que las autoridades superiores del MOP administraron fondos de uso del titular de la cartera, financiando contratos a dos consultoras de gestión. Con respaldo de estos fondos fueron adjudicados contratos por asesorías en diversas áreas del ministerio, sin que éstas estén registradas e individualizadas en la Dirección de Contabilidad y Finanzas, de acuerdo al total de servicios prestados y montos involucrados; más bien todo lo contrario, están diluidas en dichos registros como gastos de las direcciones. Las asignaciones se realizaron bajo la modalidad de trato directo o invitación, existiendo antecedentes respecto de que al poco tiempo de asumir el ministro Etcheberry , se impartieron instrucciones en orden a adjudicar este tipo de asesorías a la misma empresa.
En síntesis, los principales aspectos que plantea la denunciante son:
-Ella tendría la convicción de que la institucionalidad pública ha sido utilizada para desviar fondos dentro del contexto MOP-Gate.
-Las licitaciones y adjudicaciones serían ilícitos graves por faltas de equidad.
-Habría ausencia de controles en relación con las licitaciones, los contratos de asesoría, los pagos realizados y, por último, discrecionalidad en general.
-La institucionalidad se encontraría colapsada y corrupta, como consecuencia de los hechos denunciados.
-Se le habría delegado una tarea como exDirectora de Comunicaciones que luego fue abortada.
-Plantea investigar el ocultamiento de hechos relacionados con las asesorías de la inspección fiscal (AIF), según lo solicitado por el ex Ministro Etcheberry .
-Existirían empresas regalonas para el MOP, según la frecuencia con que se adjudicaron los contratos de asesoría.
-Plantea la posible inexistencia de asesorías y pagos fuera de los niveles de mercado.
-Duda del rol que desempeñan los funcionarios del MOP.
-Se pregunta, ¿quién supervisa las contrataciones de apoyo a la inspección fiscal (IF)?
-Destaca la falta de responsabilidades, de sanciones y de transparencia en los procesos de licitaciones de AIF.
2) Los siguientes Oficios que dan respuesta a consultas formuladas por la Comisión, o que fueron motivados por su investigación:
-Antecedentes remitidos por el Diputado señor Pablo Lorenzini, en respuesta al Oficio N° 6 de la Comisión, de fecha 12 de julio de 2005.
Contiene carta enviada por el Diputado señor Pablo Lorenzini al Ministro de Obras Públicas Jaime Estévez requiriendo diversos antecedentes sobre las asesorías que indica; Oficio del Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputado señor Felipe Letelier al Ministro de Obras Públicas solicitando idénticos antecedentes; Oficio del Ministro de Obras Públicas al Presidente de la Cámara de Diputados donde se adjunta información solicitada.
Contiene: “Bases de Licitación de Asesoría a la Inspección Fiscal en la Gestión de Contratos Urbanos de la Coordinación de Administración de Contratos de Concesión; Informe Ejecutivo de Actividades de la Asesoría; Oferta técnica de la oficina de Ingeniería que señala; concurso consultoría de Asesoría a la Inspección Fiscal en la gestión de contratos urbanos de la coordinación de administración de contratos de concesión; Antecedentes de toma de razón por la Contraloría General de la República y documentos varios relativos a la Asesoría a la Inspección Fiscal en la gestión de contratos urbanos de la coordinación de administración de contratos de concesión; Bases de Licitación de “Asesoría a la Inspección Fiscal en la gestión de contratos interurbanos de la coordinación de administración de contratos de concesión”; Antecedentes Generales de Asesoría a la Inspección Fiscal en la gestión de contratos interurbanos; Oferta técnica de oficina que Ingeniería que señala; Concurso: “Asesoría a la Inspección Fiscal en la gestión de contratos interurbanos de la coordinación de administración de contratos de concesión”; Antecedentes de toma de razón por la Contraloría General de la República y documentos varios relativos a la Asesoría a la Inspección Fiscal en la gestión de contratos interurbanos de la coordinación de administración de contratos de concesión; Bases de Licitación: “Asesoría a la inspección de obras viales concesionadas en explotación: zona extremo sur y otros”; Oferta técnica de Consultores que indica, y Concurso: “Asesoría a la inspección de obras viales concesionadas en explotación: zona extremo sur y otros”.
-Carta del ex Ministro de Obras Públicas , señor Javier Etcheberry , en la que responde el Oficio N° 12 de la Comisión, de fecha 13 de julio de 2005.
Se refiere a la versión de la señora Irene Rojas en cuanto a la existencia de una reunión en que le habrían solicitado destruir cierta documentación.
-Oficio N° 1994, de 18 de julio de 2005, del señor Ministro de Obras Públicas mediante el cual remite copia de presentación en power point denominada “Comunicaciones” de la ex funcionaria Irene Rojas .
El citado power point aborda un diagnóstico del área, la dependencia financiera, la operación del sistema y formula conclusiones al respecto.
-Oficio N° 1991 del señor Ministro de Obras Públicas , mediante el cual responde el Oficio N° 10 de la Comisión, de fecha 13 de julio de 2005, señalando que no existe constancia alguna en su Cartera de la recepción del documento denominado “Diagnóstico sobre la Coordinación General de Concesiones” atribuido al señor Gibrán Harcha .
-Oficio N° 1992 del señor Ministro de Obras Públicas , mediante el cual responde el Oficio N° 10 de la Comisión, de fecha 13 de julio de 2005, mediante el cual se adjunta minuta acerca del vínculo laboral de Irene Rojas con dicha Cartera elaborado por la División de Recursos Humanos del MOP.
-Oficio Reservado N° 18 del señor Ministro de Obras Públicas , mediante el cual responde Oficios N° 2 y 9 de esta Comisión, de fechas 7 y 12 de julio de 2005, por el cual remite individualización y principales antecedentes de los inspectores fiscales de obras públicas y de los inspectores fiscales adyacentes y una carpeta denominada “De los Contratos de Inspectores Fiscales de todos los contratos de asesoría a la inspección fiscal vigentes”.
-Oficio N° 1993 del señor Ministro de Obras Públicas , mediante el cual responde los Oficios N°s. 2 y 9 de la Comisión, de fechas 7 y 12 de julio de 2005.
Se adjuntan los siguientes antecedentes:
1) Bases de Licitación de los contratos que señala; 2) diversos documentos relacionados con los referidos contratos de asesoría, 3) Contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de concesión “Sistema Norte - Sur”, Contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de concesión “Sistema Oriente - Poniente”, Contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de concesión “Américo Vespucio Norponiente”, Contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de concesión “Américo Vespucio Sur”; 4) cuadro esquemático sobre los contratos de asesoría a la inspección fiscal de las autopistas concesionadas que se encuentran vigente, y 5) Oficio Reservado relativo a los inspectores fiscales.
-Oficio N° 1989 del Ministro de Obras Públicas , mediante el cual responde Oficio N° 2 de la Comisión, de fecha 7 de julio de 2005, en relación con la División de Comunicaciones del MOP.
Remite información referente al personal de planta y a contrata que se habría desempeñado en la División de Comunicaciones en el período que indica.
-Oficio N° 2125 del Ministro de Obras Públicas , a través del cual remite nombres, cargo y currículum de las personas que formaron parte de las Comisiones de Apertura y de Evaluación en los contratos de “Asesoría a la Inspección Fiscal en la Gestión de Contratos Urbanos de la Coordinación de Administración de Contratos de Concesión”, “Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras Viales Concesionadas en Explotación: Zona Extremo Sur y Otros” y “Asesoría a la Inspección Fiscal en la Gestión de Contratos Interurbanos de la Coordinación de Administración de Contratos de Concesión”.
-Oficio de la Ministra en Visita Extraordinaria del 17° Juzgado del Crimen de Santiago por el cual da respuesta al Oficio N° 7, enviado por la Comisión, solicitando los antecedentes y declaraciones recibidas de la señora Irene Rojas en el marco de la investigación, al cual responde que, por razones de encontrarse el proceso en estado de sumario no es posible acceder a lo solicitado.
-Oficio N° 2151 del señor Ministro de Obras Públicas , mediante el cual responde el Oficio N° 10 de la Comisión, de fecha 13 de julio de 2005, mediante el cual adjunta fotocopia de la carta e informe que recibió recientemente el respectivo Gabinete, del señor Gibrán Harcha , relativo al documento “Diagnóstico sobre la Coordinación General de Concesiones”.
-Oficio del Coordinador General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, a través del cual envía la documentación referente a: Asesoría a la Inspección Fiscal Concesión Variante Melipilla; Asesoría a la Inspección Fiscal Concesión Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco por Isla Rocuant ; Asesoría a la Inspección Fiscal Concesión Internacional Embalse Illapel, y Asesoría a la Inspección Fiscal Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 1.
-Antecedentes entregados por el Ministerio de Obras Publicas en relación a los Estados de Pago en licitaciones adjudicadas por Consorcio Faraggi-Gescam.
-Instructivo para los procesos de Inscripción, Renovación y Modificación en el Registro de Consultores entregado por el señor Ministro de Obras Públicas a la Comisión.
-Minuta de documentos entregados por el señor Javier Etcheberry, en sesión del 10 de agosto de 2005.
-Carta del señor Gibrán Harcha , por la cual se excusa de asistir a la sesión del 31 de agosto de 2005 de esta Comisión y formula algunas opiniones respecto de la investigación.
Hace presente que el informe de diagnóstico por él elaborado ha sido utilizado de manera tendenciosa por la señora Irene Rojas, con el fin de darle sustento a sus denuncias.
-Carta del señor Víctor Faraggi a través de la cual se excusa de asistir a la sesión del 31 de agosto de 2005 de esta Comisión y formula algunas opiniones respecto de la investigación.
-Carta del señor Jorge Piddo por la cual expone sus puntos de vista en relación a la ejecución de la Asesoría de la Inspección Fiscal en la Gestión de Contratos Interurbanos de la Coordinación General de Concesiones.
-Antecedentes entregados por el señor Jorge Manríquez , Gerente General de Axioma , en relación a la Asesoría de Obras Viales Concesionadas en Etapa de Explotación, en sesión del 31 de agosto de 2005.
-Carta del señor Clemente Pérez por la cual expone sus puntos de vista en relación a la investigación realizada por esta Comisión.
-Respuesta del señor Hernán Durán al oficio Nº 15, de fecha 7 de septiembre de 2005 de esta Comisión, por la cual señala que los antecedentes solicitados no se encuentran en su poder.
IV. NORMATIVA APLICABLE A LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA INVESTIGACIÓN
-Decreto N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas.
-Decreto N° 956, de 1999, del Ministerio de Obras Públicas, que establece el Reglamento de Concesiones, y que forma parte integrante de los contratos de concesión que celebra dicho Ministerio.
-Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas que, aprueba el Reglamento para el Contrato de Obra Pública. En el artículo 4° establece qué se entiende por inspector fiscal, asesoría de inspección, bases administrativas, licitación, y presupuesto oficial, entre otros conceptos; en el artículo 5° señala la norma base relativa al Registro General de Contratistas del MOP y describe el documento denominado “Registro de Contratistas-Categorías y Especialidades, y en el artículo 110 se regula la labor de la inspección fiscal.
-Decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, sobre Contratación de Trabajos de Consultoría.
V. OPINIONES ENTREGADAS A LA COMISIÓN POR PERSONAS VINCULADAS A LA INVESTIGACIÓN.
El señor Jaime Estévez , Ministro de Obras Públicas manifestó que con su intervención en la Comisión se propone demostrar que los contratos cuestionados son esenciales para cumplir las obligaciones del Ministerio, que han sido correctamente adjudicados y han sido bien ejecutados, y que la denuncia revela un desconocimiento básico de cómo funciona el Ministerio de Obras Públicas y el mercado en general. Precisó que los referidos contratos ocurrieron con posterioridad al inicio de la investigación del caso Gate, sin conexión alguna con éste u otros procesos, en los cuales nunca se ha visto involucrado un contrato de inspección fiscal, lo que se explicaría por la propia naturaleza de dichos contratos.
Puntualizó que la inspección fiscal es una columna vertebral del Ministerio de Obras Públicas. El MOP planifica, diseña, construye, mantiene y explota las obras públicas de infraestructura que requiere el país. Estas obras sólo excepcionalmente se realizan por administración directa. Casi en su totalidad son ejecutadas por empresas privadas, elegidas mediante licitaciones públicas, según la reglamentación vigente. Por lo tanto, le corresponde al MOP asegurarse de que estas obras de infraestructura se efectúen con la calidad especificada y dentro del marco de plazos y costos establecidos, para lo cual debe fiscalizar a los contratistas. Lo anterior se realiza tanto para obras de infraestructura que decida construir o concesionar el MOP, como para otras que, por mandato de otros Ministerios o reparticiones públicas, tome el MOP bajo su responsabilidad. Por ejemplo, cuando a la Dirección de Arquitectura se le encarga que construya escuelas u otras dependencias.
Para el desarrollo de la mencionada fiscalización se requiere nominar a un representante oficial del MOP ante el contratista, denominado inspector fiscal, que equivale a lo que en el sector privado se denomina inspector técnico de obras, o ITO, que es un hecho conocido y de común y permanente ocurrencia en el sector privado, y cuyas funciones son comparables con las que ejecuta el inspector fiscal público. De acuerdo con la magnitud de la obra, el inspector fiscal debe contar con el apoyo de personal profesional, técnico y administrativo, que conforma la denominada Asesoría de Inspección, según se explica más adelante.
Hacia 1978, sostuvo, se decidió modificar la estructura del MOP, de modo de no contemplar la existencia de personal permanente de planta que estuviera en condiciones de cumplir con estas funciones, sino que este personal fuera contratado caso a caso con empresas privadas, mediante licitación pública, por el tiempo de duración de cada contrato de obras y una curva ocupacional por especialidad adaptada al requerimiento técnico de cada obra, significando esta alternativa una economía importante para el MOP. El conjunto de personal así conformado, con sus recursos logísticos necesarios para desarrollar las funciones de inspección, constituye la Asesoría a la Inspección Fiscal [2].
El inspector fiscal es normalmente un funcionario de planta o a contrata del Ministerio, aunque puede serlo alguien contratado a honorarios, en la medida en que sea declarado agente público. El MOP cuenta hoy, para un millar de contratos, con 366 inspectores fiscales y agentes públicos. No todos los agentes están ejerciendo como inspectores fiscales. De éstos, poco más de la mitad, 195, son de Vialidad; 72, de Obras Hidráulicas; 43, de Concesiones, y 25 de Obras Portuarias. Hay alrededor de 150 asesorías de inspección fiscal vigentes, con un millar de obras. Esto se explica porque hay varias asesorías que agrupan obras que se apoyan conjuntamente con la mantención de caminos de una región y que pueden adjudicarse en una sola asesoría de inspección.
Reiteró el señor Estévez que hay alrededor de 150 asesorías de inspección fiscal vigentes, las que, en el caso de Vialidad, equivalen a un costo que oscila entre 5% y 8% del proyecto. Mientras que en Concesiones, pese a que son mucho más complejas, dada la magnitud de la inversión, la asesoría cuesta entre 1,5% y 2,5% de la obra. Por cierto, el gasto por este concepto es aprobado en la Ley de Presupuestos, en cuya discusión se detallan las más relevantes de ella, incluyendo las asesorías específicas de mayor volumen que se van a licitar.
En el caso particular de la inspección fiscal dentro de la concesión de obras públicas, señaló que cuando se creó el sistema de concesiones, también nació la necesidad de fiscalizar los contratos, no sólo durante la construcción, como ocurre con el resto del Ministerio, sino durante toda la vida de la concesión, lo que dio lugar al caso especial de inspección fiscal para la explotación de obras.
Las funciones del inspector fiscal se consignan en el Reglamento de la Ley de Concesiones, el cual contiene una enumeración mínima de funciones que deben contener las bases de licitación, pudiendo, las bases, establecer, además, otras funciones, distintas y más amplias que las contenidas en el citado reglamento [3].
Planteó el señor Ministro que el tema de fondo dice relación con el carácter de la administración: o bien se patrocina una Administración con una gran cantidad de profesionales y recursos que, además de encarecer inadecuadamente el presupuesto ministerial, sólo en determinadas ocasiones prestarán las funciones para los cuales se contrató o, por el contrario, se patrocina una Administración moderna con los profesionales y recursos necesarios, que se ha de limitar a fijar, a través de sus normas, las reglas del juego económico y social, y a garantizar la libertad de los empresarios y el respeto por la competencia entre ellos. Argumentó que sostener o pretender sostener que las funciones antes señaladas, tanto por su naturaleza como por su cantidad, pueden ser desarrolladas por una sola persona es un absurdo. De ahí que el Reglamento de la Ley de Concesiones en su artículo 41, número 2, contemple expresamente la posibilidad que, con la autorización del director respectivo, se pueda ordenar que el inspector fiscal sea asesorado por ingenieros civiles, arquitectos, constructores civiles y otros profesionales. Las actividades y obligaciones de estos últimos asesores se establecerán en el convenio que con ellos se celebre para estos efectos [4].
En consecuencia, sostuvo el señor Estévez que existe una necesidad de asesoría en inspección fiscal y, por ende, un mercado de asesores dispuestos a cubrirla. Como ocurre en todas las actividades económicas y en todos los mercados, hay empresas que se especializan en prestar estos servicios, tal como las hay para satisfacer otras necesidades, como las que prestan servicios de alimentación para los funcionarios o las que se dedican a la mantención de los computadores. Pero, finalmente, sólo son dos o tres las que se disputan los contratos, porque la competencia ha ido seleccionando, por costo y calidad, a ciertas empresas para que cumplan esta función, las que, por cierto, están inscritas en un registro al efecto.
No hay nada de extraño ni de sospechoso en que una empresa gane, en el transcurso de varios años, diversos contratos, porque así funciona el mercado. Raro sería lo contrario, esto es, que cada vez el contrato se lo adjudicara una empresa distinta, creada ad-hoc, y que luego desapareciera. Eso sería insostenible. Que por el simple hecho de que haya empresas que han ganado contratos en diversas oportunidades se las considere regalonas o sospechosas, revela completa ignorancia acerca de cómo opera la economía en nuestro país o mala leche, aseveró.
El señor Camilo Rojas , Coordinador General de Concesiones , complementó la exposición precedente refiriéndose a las categorías de consultores que existen conforme al Reglamento que regula el Registro de Consultores [5] . En el caso particular de las diez asesorías que se solicitaron en el mismo período de tiempo y que fueron adjudicadas en 2003, se establecieron diversas exigencias. Se trata del grupo donde están incluidas las tres en cuestión y que participaron en el mismo proceso. En el caso de Costanera, no tan solo se requería estar en categoría primera superior en inspecciones, sino también en túneles, por el efecto que se producía en Costanera. Ésas son las condiciones que debía cumplir el consultor o los consultores, actuando como consorcio.
Precisó que el inspector fiscal no está asociado a obras, sino a un contrato, el cual puede ser de servicios. Si se analizan algunos casos, se comprobará que algunos procesamientos no tienen que ver con obras, sino con la responsabilidad del inspector fiscal respecto del contrato. Lo que define al inspector fiscal es un concepto bastante básico. El inspector fiscal es el profesional funcionario a quien el MOP le ha encargado velar por el cumplimiento de un contrato y no por el cumplimiento de una obra en construcción o explotación. Ahora, dicho contrato perfectamente puede ser un contrato de servicios. Por lo tanto, el inspector fiscal tiene respecto de ese contrato la misma responsabilidad que tiene un inspector fiscal de obras.
En el caso particular del inspector fiscal de una concesión -como es el caso particular de un inspector fiscal de una obra de vialidad, hidráulica o portuaria-, él es inspector fiscal por dos resoluciones distintas e independientes, de la construcción de la obra y de la asesoría a la inspección fiscal. Se entiende que la asesoría a la inspección fiscal va a formar parte del equipo de trabajo de apoyo al inspector fiscal; pero bajo ningún punto de vista se entiende que éste no pueda fiscalizar ni velar por que la asesoría a la inspección fiscal cumpla con los antecedentes entregados hoy respecto de lo que está establecido tanto en su oferta como en las bases de licitación. Por lo tanto, el inspector fiscal es doblemente responsable: debe velar por el cumplimiento de la asesoría a la inspección fiscal, que debe apoyarlo a él, y velar por el cumplimiento del contrato de concesión, que es lo que debe realizar en este caso el concesionario, y si se trata de una obra de vialidad, lo que debe realizar el contratista.
En los diez contratos referidos participaron en total 17 consultores de nivel superior. Los tres contratos particulares que se cuestionan, no son contratos independientes del resto de los siete. Están absolutamente asociados, y forman parte del mismo paquete de licitación. Si se revisan los precios, porque están disponibles las ofertas, la evaluación, los evaluadores, las actas de recepción, las ofertas económicas de cada uno de ellos y las ofertas técnicas de los ganadores, se va a verificar que las cifras son más o menos similares entre los consultores que ahí se presentan. Los porcentajes de utilidad a que ellos se refieren se estiman entre 8% y 10%. Ello dependerá de que el Estado no los rebaje, porque el resto corresponde al gasto general.
Señaló que, en concesiones, en seis años, se han licitado 36 contratos de asesoría de inspección fiscal: año 2000, 5 contratos; año 2001, 5; año 2002, 2; año 2003, 10, que son los que están en la lista entregada; año 2004, 8; año 2005, 6. Vigentes a la fecha, 22 contratos. Los viales vigentes son sólo 14.
Las platas que se han gastado, conforme a la asignación presupuestaria, son las siguientes: año 2000, 7 mil millones de pesos; año 2001, 11 mil millones de pesos; año 2002, 8 mil millones de pesos; año 2003, 9.300 millones de pesos; año 2004, 11.470 millones de pesos; año 2005, 13.500 millones de pesos.
Clarificó que son 22 contratos los que están vigentes.
Profundizó el señor Rojas diversos aspectos relativos a la génesis, desarrollo y resultado de las asesorías de gestión. Al interior del Ministerio afirmó, hubo grandes debates con las autoridades respectivas, sobre la necesidad de: primero, generar un centro de control de gestión que permitiera como sistema de concesiones, dada la incapacidad existente a esa fecha, almacenar y obtener la información con replanteo técnico en terreno y almacenarla a través de instrumentos informáticos o tecnológicos. Y, segundo, afrontar un problema de ciudad. La experiencia, que hasta esa fecha había, era que se carecía de la experticia necesaria para abordar el concepto de ciudad.
Al concepto de ciudad se refirió, desde la perspectiva de que había que intervenirla, recordando que las obras de Costanera, dado su modificación de trazado, parten principalmente a fines de 2000 e inicios de 2001, y son coincidentes con la Autopista Central . Se produciría un lapso en que las cuatro concesiones urbanas, de los cuatro ejes fundamentales, iban a actuar en forma paralela, con consecuencias y defectos en el tráfico, en los cambios de servicios, en la desprotección, en las medidas ambientales y territoriales y que, además, se generarían una serie de conflictos por localizaciones sociales producto de las expropiaciones. La complejidad del tema, sumado al hecho que la cartera de proyectos desde el punto de vista interurbano significaba agregar, aproximadamente, 20 proyectos nuevos a los existentes, significaba que se iba a llegar a completar 49 contratos de concesiones.
La preparación del sistema, en términos de infraestructura, era precaria. En el caso de la ciudad, la complejidad de los cambios de servicios es bastante complicada, afirmó; los cambios son húmedos y secos. En los húmedos, hay colectores. En lo seco no sólo están las postaciones y las torres eléctricas que hubo que reubicar, sino también el sistema de fibra óptica de la telefonía celular y una serie de recambios de servicios altamente gravitantes, no tan sólo por su costo, sino también por su complejidad.
Sostuvo que la responsabilidad de llevar a cabo los cambios de servicios -por razones obvias: era muy difícil de predecir- no se incluyó como una condicionante para los concesionarios, porque esto habría generado una enorme incertidumbre económica y financiera, que habría redundado en que no se habría contado con oferentes. En efecto, si se hubiera establecido que sería responsabilidad de los concesionarios financiar y hacerse cargo de los cambios de servicios que aparecieran -la gente relacionada con la materia y los parlamentarios que dominan el tema económico saben que es así-, habría significado, en la práctica, decirles que no se presentaran. Por lo tanto, lo que hizo el MOP en las bases de los contratos de concesión urbanos fue hacerse cargo de los costos y de los cambios de servicios que había que llevar a cabo.
Lo que se hizo, puntualizó, fue entregar en pleno período de inicio de la construcción esa responsabilidad directamente a las sociedades concesionarias bajo la supervisión y con la asesoría de gestión, con el objeto de llevar un catastro detallado sobre los cambios de servicios y el precio que se pagó por ellos. En otros se reembolsaba a las sociedades concesionarias el valor exacto del cambio de servicio que generaban con sus propios recursos. En primer lugar, lo financiaron y, en segundo término, se hicieron responsables de que el cambio de servicio fuera el adecuado, desde el punto de vista técnico, y otros se hicieron responsables de velar y verificar técnicamente, a través de esta asesoría de gestión, que los cambios de servicio efectuados eran los más convenientes para el Fisco de Chile.
En la parte urbana, destacó la circunstancia de cómo se era capaz de generar un centro de control y gestión de tráfico que permitiera llevarlo en tiempo “on line”. En tal sentido la plataforma tecnológica es la herramienta fundamental.
El señor Rafael Ibarra , Fiscal de Concesiones , explicó el proceso de licitación, desde el momento de la confección de las bases hasta la adjudicación de los respectivos contratos. Señaló que es el decreto supremo N° 48, de Obras Públicas, sobre contratación de trabajos de consultoría, la normativa que rige y fija el procedimiento a través del cual el Ministerio de Obras Públicas lleva a cabo los contratos de estudio, proyectos y asesoría que celebra a través de todo el territorio nacional.
Los tres contratos en cuestión se rigieron por esa reglamentación, señaló. De lo anterior se colige que las tres adjudicaciones se llevaron a efecto mediante concurso público, en el cual podían participar las empresas que estuvieran inscritas en los registros del MOP, en la categoría y especialidad correspondiente.
En relación con el Consorcio CGU (Faraggi-Gescam) explicó que participaron como consorcio, por lo que en conjunto tuvieron que reunir la categoría de especialidad que establecía el llamado a concurso. En el caso de Gescam, no estaba inscrito en Primera Superior, pero sí en los registros del MOP.
Las empresas consultoras que podían participar en este concurso de tres contratos eran empresas que debían estar inscritas en el área de inspección, especialidad de obras viales y aeropuertos y en la categoría Primera Superior. Precisó que el número de empresas inscritas en Primera Superior , especialidad 7.1 -obras viales y aeropuertos-, en la fecha del llamado a concurso eran 25 y en la actualidad hay 27 empresas inscritas en esa categoría.
En cuanto al consorcio indicado, el Reglamento otorga expresamente la posibilidad, si las bases así lo establecen, de que puedan participar empresas formando un consorcio, siempre y cuando cada integrante se encuentre inscrito en los registros del Ministerio de Obras Públicas y que el conjunto de empresas que forman el consorcio cumplan con los requisitos tanto de la especialidad como de la categoría que establece el llamado a concurso. En este caso, el artículo 4.1 de las bases de licitación de esos tres contratos, consagró expresamente la posibilidad de que pudieran participar consorcios. Gescam estaba inscrita en los registros del MOP, pero no en la categoría Primera Superior, pero sí lo estaba la empresa Faraggi, por lo tanto el consorcio Faraggi-Gescam cumplía con la categoría y especialidad exigida en las bases de licitación, confirmó.
El señor Ibarra precisó que la resolución por la cual se adjudicó este contrato (urbanos) es la número 259, de 18 de diciembre de 2002 y la Contraloría General de la República tomó razón de ella, el 13 de marzo de 2003. El oficio del alcance de la Contraloría lleva el N° 10.383, de 14 de marzo de 2003. El adjudicatario fue el consorcio Víctor Faraggi y Gescam, consultores ambientales. La oferta fue por 2.895.530.000 pesos, mientras que el presupuesto oficial era de 2.999.800.000 pesos. El acta de apertura de las ofertas técnicas se realizó el 24 de octubre de 2002; el acta de evaluación de las ofertas técnicas, el 5 de noviembre de 2002, y la apertura de las ofertas económicas, el 7 de noviembre de 2002. Quince empresas adquirieron las bases, pero sólo cuatro participaron en el concurso.
El señor Pablo Huenchumilla , Inspector Fiscal del MOP , se refirió a las dos asesorías de gestión que estaban a su cargo, siendo similares en cuanto a los trámites, pero los principios que habían detrás de cada una de ellas tenían su particularidad propia. En la asesoría de gestión urbana, el principio que movía hacia la tecnologización de las herramientas de gestión, apuntaban, básicamente, a que había cinco contratos de concesión que iban a estar interviniendo simultáneamente en Santiago, en conjunto con otras obras que iba a ejecutar el servicio: el Metro, el Serviu, el Transantiago, cuando se intervino la Alameda; la Municipalidad de Providencia, cuando intervino avenida Los Leones ; el colector Tomás Moro hecho por la Municipalidad de las Condes, todo lo cual conducía a que Santiago, como sistema, se vería estresado y sometido a una tremenda presión por la construcción simultánea de todas estas obras. En este sentido, aclaró, no son constructores de desvíos ni cambiadores de servicios ni constructores de colectores; su misión y objetivo último es construir las obras concesionadas y ponerlas en operación. Pero para eso había que enfrentar una serie de dificultades e interactuar con una serie de organismos, como aquellos que tienen las facultades para autorizar, dar el visto bueno o la aprobación final de un proyecto y que están dimensionados para la carga de trabajo que habitualmente tienen [6].
Por otra parte, destacó el señor Huenchumilla que una de las exigencias que tenía el montaje de la plataforma tecnológica era que fuera escalable y flexible. Eso significa que no obstante que hay ocho contratos primarios con los cuales se diseña el sistema, para probar que efectivamente es flexible y escalable, se incorporaron otros contratos. Cada contrato, independiente del área, esta dividido en sub áreas que tienen bibliotecas digitales, imágenes, documentos, videos, etcétera.
El señor Pablo Huenchumilla explicó también el marco conceptual en el cual se generan los estados de pago. Éstos tienen un régimen jurídico regido por el Reglamento para Contratación de Trabajos y Consultorías, en particular el Título VIII, y por el detalle que se especifica en las bases de licitación de cada contrato. La explicación es válida para los contratos de gestión urbana e interurbana [7].
El señor Andrés Vargas , Jefe de la Unidad de Explotación de Concesiones , se refirió a los fundamentos generales en que está sustentada la naturaleza jurídica y técnico-administrativa de los contratos de asesoría de inspección fiscal a los contratos de concesiones que se encuentran actualmente en fase de operación.
Afirmó que en este momento la coordinación en explotación tiene treinta contratos concesionados: 19 contratos viales interurbanos, 9 contratos aeroportuarios y 2 contratos viales urbanos, que se encuentran en fase de operación. Debido a esa gran cantidad de contratos y atendiendo también a un concepto básico-económico, que es la economía de escala, se decidió en su momento agrupar estos contratos de concesión para tener una economía de escala respecto de la contratación de inspecciones particulares para cada uno de los proyectos, toda vez que además deben existir criterios homogéneos que sean aplicados, regulados y fiscalizados en cada uno de los contratos de igual forma por los distintos inspectores fiscales. En ese sentido, actualmente se cuenta con tres inspecciones fiscales de explotación, que atienden los contratos que hoy se encuentran en operación.
La totalidad de los contratos están radicados en tres contratos de asesoría de inspección técnica de explotación. En el caso particular de la asesoría en cuestión, algunos aspectos generales dan cuenta de que fue adjudicada el 17 de marzo de 2003 a la empresa consultora Axioma Ingenieros Consultores S.A. En ese contrato de asesoría se contempla el apoyo a la inspección fiscal de seis contratos viales interurbanos y tres contratos aeroportuarios de concesión en etapa de explotación al momento de su inicio. En ese sentido, apoya la labor de los nueve inspectores fiscales de explotación, a cargo de la correcta fiscalización de todas las consideraciones contractuales.
Por otra parte, destacó que la Coordinación de Explotación cuenta con 19 profesionales, de los cuales siete son inspectores fiscales de explotación, quienes en la actualidad tienen a su cargo 21 contratos viales en operación, tanto interurbanos como urbanos. Mencionó que desde la perspectiva de Concesiones, estos contratos necesitan obligadamente el apoyo técnico de un equipo multidisciplinario, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo, que permita apoyar el trabajo de estos inspectores fiscales en el marco de las obligaciones, tanto propias de la administración, como también de las sociedades concesionarias.
Apuntó que en la actualidad se está en pleno proceso de licitación de asesorías, porque es claro y evidente que los inspectores fiscales de explotación y la concepción propia de la coordinación de explotación hacen posible que esta fiscalización, que está contemplada en los contratos, se realice a través de este apoyo técnico multidisciplinario.
El señor Javier Etcheberry , ex Ministro de Obras Públicas , señaló que en su gestión como Ministro se planteó dos objetivos principales: El primero, tratar de consolidar y acelerar el crecimiento de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los chilenos, perfeccionando el sistema de transporte. Hizo notar que, a enero de 2002, cuando asumió el cargo, había un problema de sobre ejecución presupuestaria que significaba que no había dinero suficiente para pagar a todas las empresas constructoras contratadas para realizar los trabajos ese año, por lo que hubo que llegar a un acuerdo con ellas y con el Ministerio de Hacienda para regularizar la situación de sobre ejecución en varios años, lo cual permitió el importante avance de infraestructura en el país. Otro tema prioritario decía relación con concesiones, debido a que los flujos de tráfico habían sido planos, por tres años, inferiores a los que estaban proyectados, por lo que la gran mayoría de la empresas concesionarias no estaban en condiciones de obtener endeudamiento adicional para efectuar las obras necesarias para mejorar estas concesiones.
El segundo objetivo que se fijó fue tratar de mejorar la gestión del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, producto del sostenido aumento de la inversión en obras públicas. Desgraciadamente, los sistemas, las personas, los procedimientos no estaban adecuados a este gran crecimiento en las inversiones que se estaba haciendo en el país. Por un lado, había personal contratado a través del sistema de “outsourcing”, es decir, que no era contratado directamente por el Ministerio de Obras P��blicas. Además, había una gran cantidad de gastos realizados a través de los proyectos y no directamente por el Ministerio. Seguramente porque no eran suficiente los ítem de gasto corriente, esos gastos se cargaban a los proyectos. Eso era legal; en las bases de licitación de los proyectos se permitía. Sin embargo, no se conocía bien la cantidad total de personas contratadas de esa manera en el Ministerio.
Hizo hincapié en que llegó al Ministerio a principios de 2002. Pudo conseguir la información de todos los proyectos y se llegó a la conclusión de que en el Ministerio, en total, había mil personas contratadas con cargo a los proyectos o a honorarios o a contrata, lo que era un número muy grande. Además, se gastaba en celulares, en vehículos, en un montón de cosas, con cargo a los proyectos. Ése fue uno de los temas que se resolvió en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Se acabaron los llamados “gastos inherentes”, que si bien eran legales y tomaba razón de ellos la Contraloría, de todas maneras eran de difícil control para el Ministro y para el Director de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas. Eso se regularizó y, desde 2004, el 100% de los gastos está en los ítems de gastos correspondientes. Ya no hay gastos de funcionamiento cargados a los proyectos.
Por otra parte, a fines de 2003 se redujo la planta de personal a honorarios y a contrata en quinientos funcionarios; doscientos eran a honorarios y a contrata y otros doscientos cincuenta se jubilaron y no se reemplazaron. Ésa también fue una medida dolorosa, pero permitió hacer más eficiente el Ministerio, en la medida en que se han podido liberar gastos para hacer otras labores en él.
Por otra parte, estaba la situación de los directivos que recibían sobresueldos. Como Ministro , a principios de 2002, no sabía mucho cómo se pagaban. Después se supo cómo. A través de trabajos adicionales, se les hizo contratos transparentes, de los cuales tomó razón la Contraloría General.
Felizmente, eso fue superado a principios de 2003, cuando el Congreso Nacional aprobó la ley sobre funciones críticas.
Hizo presente que el gasto corriente, sumando personal, representaba el 30% de las inversiones del presupuesto de 2002, cifra que, en 2004, disminuyó a 17%. O sea, ese ordenamiento significó que para hacer una inversión, en vez de tener un gasto corriente del 30%, se bajó a 17%. Por lo tanto, eso quiere decir que al año hubo disponible una cantidad adicional de 80 mil millones de pesos para invertir en diversos proyectos. Ése fue un importante trabajo de reordenamiento llevado a cabo durante esos años en el Ministerio de Obras Públicas.
Otro tema relevante fue la modernización del reglamento de contratación de obras públicas. Desde luego, había una cierta normativa. Pero, desgraciadamente, muchas veces en los contratos había que hacer gastos adicionales, se mezclaba la parte técnica con la económica y se les daba un puntaje que se promediaba. Además, entre otras cosas, los ex funcionarios del Ministerio obtenían un puntaje adicional para lograr una mejor calificación en las distintas categorizaciones de consultorías del Ministerio.
Se elaboró un nuevo reglamento mejor que el anterior, el cual fue consensuado con los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y de la Cámara Chilena de la Construcción. Finalmente, se dictó un decreto supremo firmado por el Presidente de la República , del cual tomó razón la Contraloría General de la República.
También se impulsó un artículo de la Ley de Presupuestos, mediante el cual se establecía la obligación de hacer licitaciones públicas por montos mayores a 10 mil UTM. Antes, quedaba a discreción del Ministro determinar si algo era una emergencia o cuando se hacía licitación privada. En cambio, la Ley de Presupuestos obliga a hacer licitación pública sobre dicho valor, salvo que haya una emergencia.
Por ejemplo, en 2002, de un total de 80.700 millones de pesos licitados, el 62,7% de los montos contratos en obras y consultorías fue adjudicado a través de propuestas públicas. En cambio, en 2004, de un total de 378.800 millones de pesos, el 93,4% de los montos fue adjudicado por licitación pública. O sea, se aumentó del 62,7% al 93,4% el número de licitaciones públicas. La misma tendencia se aprecia en los tratos directos, que disminuyeron del 24%, en 2002, al 4,7%, en 2004.
Por otra parte, históricamente, el Ministro siempre había tenido en el Gabinete una serie de asesores y el Subsecretario de Obras Públicas otros, todos los cuales muchas veces se encargaban de los mismos temas. Tomó la decisión de unificar los gabinetes, lo cual no sólo redujo la cantidad de gente, sino que, además, permitió una mayor coordinación entre Ministros y Subsecretarios.
Respecto de los casos Coimas , MOP-Gate y MOP-Ciade, su actitud, como Ministro , que además fue la del Gobierno, fue aceptar la irrestricta colaboración con la justicia. Más aún, muchas veces se tomó la iniciativa de enviar información a la Contraloría para que hiciera la investigación o se enviaron datos que la justicia no disponía.
En el caso Coimas, se pidió a los tribunales de Justicia de Rancagua que iniciaran un proceso criminal y, para tal efecto, se nombrara un Ministro en visita. Es decir, el Gobierno tomó la iniciativa y pidió que se investigara a fondo una situación sobre la que ya habían llegado algunas denuncias y había sospechas. Esa actitud se mantuvo, al margen de que hubo varias personas importantes involucradas, que fueron condenadas por la justicia, por lo menos, en primera instancia.
Ésa fue la actitud frente al Ministro Carlos Aránguiz y la Ministra Gloria Ana Chevesich .
En cuanto al tema de las comunicaciones y de la señora Irene Rojas, explicó que dentro de la idea de coordinar los gabinetes parecía que había que coordinar también las comunicaciones entre ellos, sobre todo, respecto a lo que se invertía en comunicaciones en el Ministerio: volantes, letreros camineros, revistas, etcétera. Se buscó una persona que coordinara toda esa labor y se hizo a través de la empresa externa C. & S. Para llenar estos cargos no interesó el color político de las personas, sino que buscar a alguien que cumpliera con los objetivos. En este caso, claramente, no se cumplió con los objetivos si se analiza el desempeño de la señora Rojas, afirmó.
La señora Irene Rojas fue contratada a honorarios en el ámbito de Comunicaciones y Relaciones Públicas el 1 de junio de 2003. Luego, a contar del 1 de agosto del mismo año, firmó su contrato como agente público a honorarios. El 13 de agosto de 2003, mediante una resolución de la Subsecretaría de Obras Públicas, se creó la División de Comunicaciones, con el objetivo de apoyar y asesorar la gestión de la Subsecretaría en todos los temas mencionados. La División de Comunicaciones tuvo carácter funcional y dependía del Subsecretario Clemente Pérez .
La no renovación del contrato a fines del año 2003 de la señora Irene Rojas obedeció a que no logró en su gestión alcanzar los objetivos para los cuales se le contrató. Ya sea por conflictos con otras personas, por falta de conocimiento u otras razones, no produjo lo que se esperaba de ella y, por eso, no se le renovó el contrato.
En diciembre de 2003, la señora Irene Rojas hizo una presentación ante la Contraloría General de la República denunciando haber sido objeto de arbitrariedades, la que fue oficialmente respondida al organismo contralor por la Subsecretaría de Obras Públicas en un informe de febrero de 2004, en el que se acreditó que no existía arbitrariedad alguna en la determinación de no extender su contrato.
Planteó que durante varias semanas en la prensa se le ha dado amplia difusión a las declaraciones de la señora Rojas , en las que asegura que siendo él Ministro le habría pedido destruir antecedentes sobre presuntas irregularidades en tres contratos de asesorías de la Coordinación General de Concesiones. Sistemáticamente, esa misma persona ha seguido lanzando todo tipo de acusaciones, mezclando a su antojo algunas situaciones reales con mentiras, con el claro objetivo de sembrar un manto de dudas respecto de su actuación.
Tal como explicó en la respuesta al oficio N° 12, de 13 de julio de 2005, que envió la Comisión y en el que se le solicitó que informara sobre la veracidad de los dichos de doña Irene Rojas, es absolutamente falso que en esa reunión, o en cualquier otra oportunidad, la señora Rojas le haya entregado información acerca de alguna ilegalidad o irregularidad referida a cualquier contrato del Ministerio de Obras Públicas, y más falso aún que él le haya ordenado destruir esos documentos. Destacó que nunca ha sido esa su línea de conducta. Por el contrario, cada vez que se detectó algún hecho que pudiera revestir características de irregularidad, remitió los antecedentes a la Contraloría General de la República y a los tribunales de justicia para que los investigara.
En la reunión del 28 de julio de 2003, a la que ella hace alusión, sólo presentó los resultados de un catastro de gastos de actividades que, según entiende, no fue destruido y que el propio Ministro Estévez entregó a esta Comisión. En él no hay nada que haga pensar que había algo ilegal o irregular. Ella hizo lo que muchos estaban haciendo en otras áreas: determinar cuáles eran los gastos y si era posible rebajarlos y cómo lograr mayor eficiencia.
Hasta la fecha no sabe de ninguna irregularidad respecto de esos tres contratos, afirmó.
En relación con los contratos licitados a Jorge Piddo , Faraggi-Gescam y Axioma, el señor Etcheberry sostuvo que tienen su origen en un requerimiento de la Coordinación General de Concesiones y fueron adjudicados a través de una licitación pública de diciembre de 2002. Las resoluciones respectivas fueron firmadas por el Director General de Obras Públicas y enviadas a la Contraloría General de la República para que tomara razón de ellas. Sin embargo, fueron retirados del organismo contralor, en febrero de 2003, sin que éste hubiera tomado razón, pues objetó partidas relacionadas con gastos administrativos del inspector fiscal, como vehículo, equipo de computación y secretaria, y con los gastos en comunicaciones, de reproducción de planos, fotografías y filmaciones, que estaban orientados a informar a la comunidad. La Contraloría estimó que dichos gastos debían imputarse a los ítems de gasto corriente del presupuesto del Ministerio y no a los de inversiones.
En consecuencia, la Contraloría no dijo que estuviera mal realizar dichos gastos, sino que estaban mal imputados, que debían imputarse a gasto corriente y no a inversiones. El problema fue que en el Ministerio estaban restringidos en cuanto a gasto corriente, así que no se podía hacer de ese modo.
Derivado de lo anterior, el 10 de febrero de 2003, mediante oficio del Director General de Obras Públicas, para no seguir demorando los contratos, el Ministerio de Obras Públicas informó a la Contraloría que se suprimirían las partidas objetadas, acompañando la aceptación de la empresa, ajustada a los presupuestos. Basada en lo anterior, el 14 de marzo de 2003, la Contraloría General de la República tomó razón de las resoluciones de adjudicación, ya que la Dirección General de Obras Públicas había comprometido y ordenado la disminución del contrato, lo cual había sido aceptado por las empresas.
En el caso específico del contrato con el consorcio Faraggi-Gescam, la reprogramación se formalizó por resolución del Director General de Obras Públicas de 20 de enero de 2003, con lo cual se disminuyó el contrato en 537 millones de pesos. De dicho contrato la Contraloría tomó razón el 11 febrero de 2003.
Precisó el ex Ministro que no tuvo participación directa en ninguna de las etapas de tramitación de esos contratos y que no firmó ninguno de ellos.
Está acreditado documentalmente, afirmó, que al momento del proceso de tramitación de los contratos en la Contraloría la rebaja de los montos destinados a comunicaciones ya estaba acordada y comprometida.
En consecuencia, es absolutamente falso lo denunciado por la señora Irene Rojas en cuanto a que esas partidas fueron eliminadas luego de que ella, supuestamente, informara de la existencia de irregularidades en los contratos en una reunión de 28 de julio de 2003. De hecho, ella ni siquiera había entrado al Ministerio cuando ya se habían rebajado esos montos en la Contraloría.
Respecto de las declaraciones de Gibrán Harcha, señaló que no las conocía con antelación, y que sólo las conoció a través de El Mercurio. La verdad es que no le dio mayor importancia. No era un tema oficial ni se refería a algún documento que él tuviera que firmar. Si lo hubiera firmado, habría estudiado bien los antecedentes y se habría percatado de que muchas de las cosas estaban un poco exageradas, para decirlo en términos suaves. Gibrán Harcha jamás le dio a entender algo parecido a lo que expresan algunas de las frases que ahí aparecen, aunque puede ser que haya utilizado un lenguaje coloquial. En todo caso, el ex Ministro reconoció que fue una persona muy valiosa. Fue Coordinador de Concesiones y luego asesor suyo. Fue de gran ayuda para el progresivo crecimiento de la infraestructura en el país, porque, tal como dijo al comienzo de su intervención, había problemas que resolver en concesiones.
Por Axioma Ingenieros Consultores intervinieron en la Comisión los señores Jorge Manríquez , Gerente General y Américo Vera , Ingeniero Civil, quienes explicaron la trayectoria de la empresa y la experiencia de sus socios, encontrándose calificados en Primera Categoría en el MOP en materia de obras viales, tanto en asesorías como en proyectos. En relación con los trabajos técnicos y los recursos empleados en las asesorías a la inspección fiscal se remitieron a lo expuesto por los representantes de Concesiones. Entregaron, sin embargo, diversos antecedentes sobre la estrategia que siguió la empresa para ganar la asesoría en cuestión [8].
Por Gescam S.A. concurrió el señor Hernán Durán , Gerente General , quien, en primer lugar, dio a conocer su punto de vista respecto del tema ético y legal vinculado al hecho que haya celebrado contratos con el Estado, siendo cuñado del Presidente de la República .
Planteó que se debe clarificar que el tema de la ética no es un concepto que tenga que ver con definiciones generales, sino que dice relación con el comportamiento de la gente dentro de una sociedad, es decir, con lo establecido en sus normas y en las leyes aprobadas en forma democrática.
Sostuvo que estudiado el tema seriamente ha podido darse cuenta de que en ningún país desarrollado se plantean restricciones respecto de las actividades que realicen los parientes de un Primer Mandatario. Ello no puede ser así porque, de lo contrario, se estarían coartando dos derechos fundamentales, como la libertad de trabajo y la de emprendimiento, ambos relacionados con la libertad económica de los ciudadanos. Por lo tanto, esa prohibición no existe. Lo que sí existe y ha existido históricamente, es una crítica, desde el punto de vista ético, a un problema que tiene que ver con el nepotismo, relacionado con los papas, con Sixto VI, y con otras personas que nombraban a sobrinos y a parientes ineptos para cumplir determinadas funciones. El nepotismo no dice relación con cuestiones abstractas, sino con un aspecto específico, como es la ineptitud para cumplir determinadas funciones. No se cuestiona el tema del parentesco, señaló.
Respecto del tema legal, lo que sí se norma en algunos casos específicos es una cuestión muy concreta: cuando hay un vínculo directo entre la persona que está siendo contratada y el contratante, se le pide al funcionario público que se inhiba de participar en la contratación de esa otra persona. Pero la ética, la ley y los criterios fundamentales sobre esta materia no establecen que esa persona relacionada no deba postular. Eso dice la normativa de diferentes países, como Estados Unidos de América, y lo han ratificado connotados abogados a través de la prensa.
En relación con la actividad que desarrolla señaló que en Chile, el trabajo ambiental es muy complejo, porque el país aprobó su normativa ambiental sólo en marzo de 1994, con la promulgación de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente . Recién en 1997 se dicta el reglamento que regula el sistema de evaluación de impacto ambiental.
Por las razones indicadas, en 1997-1998 no existían suficientes profesionales capacitados para cubrir la demanda de trabajo, la gestión del aparato público y los estudios que se requieren en ese momento.
Mencionó que en su calidad de experto y de ex funcionario internacional, puede señalar que, en este tema, Chile está entre los países más atrasados de América Latina.
Comentó que empezó a trabajar entre 1979 y 1980. Tuvo el privilegio de participar en uno de los primeros seminarios que se realizaron en América Latina, organizado por la Cepal, que versó sobre los estilos de desarrollo y el medio ambiente. Tuvo el privilegio, además, de conocer a gente como Fernando Henrique Cardoso y Aníbal Pinto , quienes lo ayudaron en su formación, en una época en que no había especialistas en el tema.
Durante muchos años, trabajó como consultor de organismos internacionales, tales como el Banco Mundial y el BID. En esa época, por diversas circunstancias, le era imposible trabajar en Chile. Realizó trabajos esporádicos en distintos organismos internacionales, por lo que entraba y salía del país.
En 1990, asumió la responsabilidad de un proyecto a nivel latinoamericano sobre gestión ambiental, en el cual estuvo trabajando hasta 1997. Ese año, se retiró de Naciones Unidas convencido de que podía y quería hacer un aporte al país. Sin embargo, como no podía hacerlo en el sector público, porque no es una persona activa en el campo político para aspirar a cargos públicos, decidió formar su propia empresa consultora -reitera, en 1997-, una de las pocas que, en esta área, había en el país. Ése es el origen de Gescam, su empresa.
Para eso, se puso de acuerdo con los pocos especialistas que, sobre la materia, había en el país y que podían trabajar con él, dado el hecho de que le eran cercanos, como Francisco Brzovic , Marcelo Castillo , Hernán Sandoval y Hervé Boisier , un excelente profesional que fue su alumno en el Departamento de Industria de la Escuela de Ingeniería -había hecho su memoria con él-, así que le constaba que se había capacitado en este campo.
Con ese equipo, se prepararon para trabajar tanto con el sector público como con el privado, porque querían trabajar en el mercado ambiental en general, que, como señaló, era incipiente y estaba mal regulado, mal estructurado, mal formado.
Al comparar la situación de Gescam, que participa en 52 contratos en diferentes sectores, con la de otras tres empresas que se manejan en el área, es claro que no difieren mayormente. Incluso, es muy probable que ellos tengan muchos más contratos directos que los que tiene Gescam.
Se preguntó en seguida, ¿por qué los contratos directos? Respondió que por la naturaleza de su trabajo. En ese momento, en el país, era de los pocos especialistas que había en materia de gestión de residuos, al punto que si una empresa como la división Chuquicamata de Codelco quería hacer un plan de manejo de sus residuos -es un tema enorme en esa empresa-, no tenía muchas empresas consultoras a las cuales recurrir.
Entonces, señaló que el problema de los 52 contratos tiene que ver con la naturaleza de su trabajo y que lo que pasó con la empresa no difiere en nada de lo que sucedió con las de la competencia.
Referente a lo sustantivo de su trabajo se preguntó: ¿Por qué esa diversidad en temas ambientales? ¿Por qué el tema ambiental cruza a diversos organismos, como el Ministerio de Obras Públicas y el de Hacienda? ¿Por qué está presente con sus trabajos en distintos organismos del sector público y en diversas empresas del sector privado -ha trabajado para empresas de la celulosa, de la minería, salmoneras, etcétera? Porque éste es un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, respondió. En su empresa no sólo hay ingenieros, sino también agrónomos, médicos, geógrafos, arquitectos, en fin, diferentes profesionales, lo que les permite mirar los temas desde distintas perspectivas, como debe ser, tratándose del tema medioambiental. Lo que él hace, simplemente, es dirigir un excelente grupo de profesionales que entregan sus visiones acerca de una misma situación.
En el tema ambiental, afirmó: Hay que tener presente la historia de esta materia [9].
Respecto a si en los Gobiernos de Patricio Aylwin y de Eduardo Frei , en los cuales el actual Presidente Ricardo Lagos fue Ministro de Educación y de Obras Públicas , respectivamente, tuvo contratos con el Estado respondió que en los Gobiernos de la Concertación no ha tenido ningún cargo en el sector público.
Durante el Gobierno del Presidente Lagos fue nombrado como su representante en el Consejo Consultivo de Conama, instancia formada por once personas provenientes de los sectores académico, gremial, social, laboral y científico. El rol del Consejo consultivo es entregar una opinión independiente y representativa de los sectores mencionados al Comité de Ministros respecto de temas y conflictos cuya resolución está en manos de Coremas.
El reglamento interno establece que siempre que exista algún tema relacionado con la actividad de alguno de los integrantes, éste debe inhibirse de participar en los debates.
La participación en el Consejo no es remunerada. Sin embargo, requiere destinar una gran cantidad de tiempo. En efecto, pese a que sesiona sólo un par de veces al mes, existe una importante cantidad de informes por revisar.
En consecuencia, la participación en el Consejo constituye una especie de voluntariado público, que él realiza con agrado, dado que es una contribución para la protección del medio ambiente. Por lo tanto, manifestó que las acusaciones que ha recibido al respecto se deben a un desconocimiento de la naturaleza de dicho Consejo y a una incomprensión sobre la disposición de algunos para contribuir al bien común sin retribuciones materiales o políticas.
Precisó que la información sobre sus contratos no fue conocida como consecuencia del resultado del estudio de esta Comisión Investigadora o de la acción del Poder Judicial , sino que fue obtenida de lo que, en forma voluntaria, hicieron público en la página Web de Gescam. Este hecho constituye un testimonio claro y concreto acerca de la transparencia y honestidad con que han actuado. O sea, aquí no hubo resultados de una investigación en que aparecieron de repente 54 contratos, no. Dicha información la han mantenido en forma pública, durante todo el tiempo, a disposición de toda la gente que quiera conocerlos.
Los contratos respectivos corresponden a los trabajos realizados entre los años 1997 y 2005, y los montos sobre los cuales se esgrimen las acusaciones son bastante modestos para una empresa formada por quince a veinte personas. En promedio, esos contratos significan más o menos del orden de los 8 millones de pesos al mes. Además, se debe tener claro que, en la actualidad, el sector público no representa más del 30% de sus clientes.
De los cincuenta y cuatro contratos, veintiuno fueron por asignación directa, lo que representa un 39%; catorce, por licitación pública, lo que corresponde a 28%, y diez, por licitación cerrada. De esos veintiún contratos por asignación directa, que representan el 39%, en todos ellos lo más probable es que se hayan pedido más de dos cotizaciones, de las cuales no tienen por qué estar informados ni preguntar sobre ellas.
De esos cincuenta y cuatro contratos, seis se le hicieron a él personalmente, como consultor, a través de Gescam; otro se hizo con Francisco Brzovic , otro especialista que trabaja en Gescam, y dos subcontratos se realizaron a terceras empresas que, a su vez, vendían sus servicios a Corfo y a Codelco en distintos tipos de materias.
Los cincuenta y cuatro contratos con el sector público en todo el período deben ser comparados en términos porcentuales con los de las empresas de la competencia, porque sacar conclusiones sobre la base de esa cantidad de contratos y considerar que son muchos o pocos no depende de lo que a uno le parezca, sino de cómo opera la competencia [10].
Respecto a la participación en el contrato de la empresa GCU (Faraggi-Gescam) precisó que la parte de Gescam representaba el 2% del total del contrato de gestión de concesiones urbanas. Este 2% del contrato GCU equivale al 0,135% de los 31 mil millones de pesos, que es el objeto de la investigación de esta Comisión, según la denuncia de la señora Irene Rojas . Es decir, el 0,135%, o sea, menos del 1%. Sin embargo, lo que esta Comisión investiga son los contratos de la empresa Gescam con el MOP.
Por otra parte, destacó que en los proyectos del Ministerio de Obras Públicas, el componente ambiental va adquiriendo cada vez mayor relevancia. Como en las asesorías hay que abordar temas ambientales, Faraggi, que es un ingeniero de reconocido prestigio y trayectoria en nuestro país, les pidió en diversas ocasiones que le hicieran estudios concretos.
Cuando se hizo el llamado a licitación para la adjudicación de la asesoría en cuestión, había dos alternativas: presentarse como subcontratistas o como socios. Optaron por la segunda y se asociaron en los porcentajes ya conocidos.
El señor Eduardo Arriagada, ex Director General de Obras Públicas se refirió a las declaraciones de la denunciante en cuanto a que todos los contratos del Ministerio son irregulares, afirmando que ello no es cierto.
Precisó que los tres contratos que interesan a la Comisión, fueron de asesoría a la inspección fiscal, no de estudio. Los contratos de asesoría a la inspección fiscal no son susceptibles de corrupción, porque pueden controlarse muy directamente. Se contrata un inspector fiscal que dice, por ejemplo: este señor ofreció tantos expertos, tales camionetas, tantos computadores, etcétera. Lo que se controla es exactamente que se cumplan esas condiciones. Distinto es el caso de los contratos de estudios, que son vagos, amplios, y a lo mejor en ellos se pueden cometer irregularidades, porque se puede decir que se va a demorar uno, dos o tres meses en ejecutarlos y no hay manera de controlarlos.
Por lo tanto, los contratos de asesoría fiscal no son sujetos de corrupción, esto es, para poner plata para otros objetivos, porque son contratos de inspección. Además, se hizo una licitación con muchos oferentes, que ganó Gescam por su especialidad en el tema medioambiental. En uno de esos contratos iba asociado con la firma Faraggi, que es una de las principales empresas chilenas dedicadas al rubro de asesoría.
El señor Arriagada acotó que, respecto de la empresa Faraggi y Gescam, en la cual Faraggi tenía el 98 por ciento y Gescam el 2 por ciento, indudablemente Faraggi pensó que la empresa Gescam, en que funcionaban parientes del Presidente y un amigo de él, sería evaluada, no por el Presidente , sino por las personas competentes con más simpatía hacia esa empresa. Expresó que tuvo varios contratos que le tocó encargar a la empresa Faraggi y nunca tuvo ninguna dificultad. Por lo demás, en el Ministerio, en la Dirección General de Obras Públicas, hay una unidad dedicada a controlar a las empresas consultoras. Cualquier falla que se encuentre en un contrato queda inmediatamente consignada y le impide presentarse a una nueva propuesta. Esto es muy competitivo, es decir, todas las empresas que no son Faraggi están listas para que cualquier falta de ésta quede consignada.
El señor Arriagada argumentó que en las licitaciones que realiza Concesiones no hay ninguna ventaja en ser pariente o amigo del Presidente de la República . Estas licitaciones son abiertas. Los que están participando dicen: "Este señor tuvo tal porcentaje en la parte técnica. Y, ¿por qué tan alto si en una participación anterior había tenido mucho menos? Ahora, la propuesta económica, ¿por qué determinaba cuando en otra ocasión tenía una propuesta de tal tipo?” Se ve en detalles. No cree que haya habido una ventaja en asignar el trabajo por ser pariente. Agregó, sin embargo, que no creía que fuera necesario incorporar a Gescam en la asesoría.
VI. CONSIDERACIONES QUE SIRVEN DE BASE A LAS CONCLUSIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN.
En la fase de la investigación propiamente tal, realizada en sus primeras once sesiones, la Comisión tuvo a la vista los antecedentes que se consignan en los párrafos I, III y IV de este Informe, efectuándose un completo análisis de los hechos que constituyeron el objeto de la investigación conforme al proyecto de Acuerdo N° 655, mediante la participación de aquellos invitados individualizados en el párrafo II precedente y de las consultas que le fueron formuladas por los integrantes de la Comisión, las cuales se encuentran consignadas en las respectivas Actas.
En la sesión conclusiva, se debatió acerca de consignar en las conclusiones la inexistencia de irregularidades en los contratos investigados y la legalidad de los mismos, y referirse también, a la conveniencia de legislar en materia de contratos en que participan parientes de autoridades del Estado, produciéndose acuerdo al respecto. En relación con la conveniencia de legislar sobre el particular, algunos Diputados propusieron hacer referencia a iniciativas en actual tramitación legislativa; sin embargo, no se acogió la idea dado que se estimó que el tema también debía ser estudiado desde una perspectiva del agente público que adjudica el contrato.
VII. CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN.
1) Que luego de haber realizado un análisis extenso y detallado de las labores y funciones de la asesoría a la inspección fiscal del Ministerio de Obras Públicas, en relación con los tres contratos referidos en la denuncia a que dio lugar el proyecto de Acuerdo materia de este Informe, adjudicados el año 2003; del proceso de licitación de los contratos; de la ejecución de los mismos; de las tareas y responsabilidades del personal, profesional como administrativo, tanto del sector público como privado, la Comisión ha comprobado la existencia y utilización de los recursos y maquinarias, como también, de las plantillas de gastos de las empresas contratadas, concluyendo que no existe irregularidad alguna y que su acción y trabajo se ajustaron a la legalidad vigente.
2) Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión estima conveniente legislar para dar un marco jurídico moderno a los contratos en que participen parientes de las autoridades del Estado.
3) Los miembros de la Comisión se permiten informar a la H. Sala de la Cámara de Diputados que realizaron su labor contando con una información pormenorizada de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, de la Coordinación General de Concesiones, de los empresarios de las respectivas consultoras y de las demás personas especializadas en el tema que fueron convocadas, llegando a través del análisis objetivo de los antecedentes puestos a su disposición a la referida convicción.
VIII. CONSTANCIAS.
En conformidad al mérito de la investigación y a las conclusiones precedentes no corresponde que se envíe el presente informe a los órganos señalados en el punto 6° del artículo 301 del Reglamento de esta Corporación.
La Comisión Investigadora sesionó los días 6, 11, 13, 18 y 20 de julio, 1, 3, 10, 17 y 31 de agosto, 7 de septiembre y 5 de octubre, de 2005, con la asistencia de los Diputados señores Escalona, don Camilo ( Presidente ); Burgos, don Jorge ( Villouta, don Edmundo) , Dittborn, don Julio ; Hales, don Patricio ; Longueira, don Pablo ; Meza, don Fernando (Robles, don Alberto) ; Monckeberg, don Nicolás (Cardemil, don Alberto) ; Pérez , señora Lily ( Galilea, don Pablo) ; Pérez, don Víctor (Cardemil, don Alberto) ; Riveros, don Edgardo ; Saa , señora María Antonieta (Sánchez, don Leopoldo) ; Saffirio, don Eduardo , y Salaberry, don Felipe .
Concurrieron a sus sesiones los Diputados señores Accorsi, don Enrique ; Espinoza, don Fidel ; Forni, don Marcelo ; Guzmán , señora María Pía ; Hernández, don Javier ; Hidalgo, don Carlos ; Kuschel, don Carlos Ignacio ; Letelier, don Juan Pablo ; Lorenzini, don Pablo ; Masferrer, don Juan ; Molina, don Darío ; Moreira, don Iván ; Pérez, don José ; Prieto don Pablo ; Recondo, don Carlos ; Seguel, don Rodolfo ; Vargas, don Alfonso , y Vilches, don Carlos .
En sesión de fecha 5 de octubre de 2005, a la que asistieron los Diputados señores Escalona, don Camilo ( Presidente ); Burgos, don Jorge ; Hales, don Patricio ; Galilea, don José Antonio ; Longueira, don Pablo ; Pérez , señora Lily; Pérez, don Víctor ; Riveros, don Edgardo ; Robles, don Alberto ; Saa , señora María Antonieta ; Saffirio, don Eduardo , y Salaberry, don Felipe , se aprobaron las conclusiones de este informe en los términos siguientes: los números 1 y 3 por unanimidad. El número 2 por mayoría de votos (6 a favor 4 en contra y una abstención). Los cuatro votos en contra se pronunciaron por agregar al párrafo 2 una mención sobre las iniciativas legales en actual tramitación legislativa.
Se designó diputado informante al señor Escalona, don Camilo .
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
"