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El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra (de pie).-
Señor Presidente , honorables diputados y diputadas:
Como representante de la Democracia Cristiana es para mí un honor celebrar hoy en este hemiciclo un nuevo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y niñas.
Esta convención nos obliga a garantizar un conjunto de derechos básicos para el desarrollo de la infancia, que deben hacerse efectivos mediante políticas públicas y mecanismos legales e institucionales que los hagan exigibles.
Desde hace quince años se ha avanzado en este tema, en que podemos destacar el derecho a condiciones de vida dignas, a la educación, a vivir en familia, a la protección legal y a la justicia, entre otros, que día tras día luchamos por alcanzar en favor y beneficio de los niños.
Sin embargo, para un gran número de niños y de niñas de todo el mundo, esto no se ha concretado. Los conflictos armados, que causan estragos en todas partes, han suscitado terribles abusos a los derechos de los niños. Cientos de miles de niños y niñas han sido forzados a servir como soldados. Millones se han convertido en refugiados, han sido desplazados de sus hogares y, a menudo, han sido separados de sus familias, con un futuro incierto.
En Chile, gracias a la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, aseguramos que todos los niños y niñas, sin ningún tipo de discriminación, se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y de asistencia, lo que les garantiza que tengan acceso a servicios como la educación, la atención de salud y que puedan desarrollar plenamente sus capacidades, personalidades, habilidades y talentos, y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa.
En Chile, durante los últimos quince años se avanzó en la creación y consolidación de mecanismos legales e institucionales para hacer efectivos estos derechos. Entre los cambios más importantes es posible destacar, sin duda, la reforma constitucional que garantiza a todos los niños y niñas los doce años de escolaridad, la jornada escolar completa; la ley que reformó el Código Civil y puso fin a la distinción entre hijos e hijas legítimos e ilegítimos, la que creó los tribunales de familia, la que establece el plan Auge de salud, el proyecto de ley que sanciona los actos de violencia intrafamiliar -que hemos aprobado hoy- y la iniciativa sobre delitos sexuales.
Todas estas iniciativas legales, dirigidas en forma paralela a terminar con diferentes formas de discriminación y exclusión entre los niños y niñas, buscan garantizar un nivel básico de condiciones de vida y de desarrollo personal para todos.
En Chile, en estos años, ha disminuido a la mitad la pobreza y la indigencia entre los menores de dieciocho años, así como la proporción de hogares que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad, salubridad o no tienen sus servicios básicos. Al mismo tiempo, el acceso a la educación se ha expandido en forma significativa, especialmente entre los niños y niñas adolescentes de hogares con más carencias, y se han mejorado los índices de salud. Con todo, aún tenemos muchas tareas por hacer.
Chile debe comprometerse a reducir la inmensa desigualdad que actualmente separa a los niños y niñas de las familias más pudientes de los del resto del país, lo que califica a Chile como una de las naciones con peor distribución de la riqueza.
La pobreza y la exclusión son negativas no sólo porque dañan la dignidad de la persona, sino porque limitan el desarrollo intelectual, social y afectivo de los niños y niñas, lo que más adelante restringirá sus capacidades para beneficiarse de las oportunidades de este desarrollo social, situación que aún afecta a una proporción no menor de niños, niñas y adolescentes chilenos. Hoy también debemos enfrentar temas como el de la prostitución y trabajo infantil.
El derecho de los niños a vivir en familia supone un entorno positivo para su desarrollo, y es responsabilidad del Estado y de la comunidad apoyar a los padres y madres para que cuenten con los medios necesarios para llevar a cabo sus funciones de amparo y orientación.
La Convención sobre los Derechos del Niño tiene como uno de sus pilares fundamentales el fortalecimiento de la relación del niño o de la niña con su familia. Por ello, establece un conjunto de protecciones al desarrollo de la infancia, cuyos principales responsables son los padres, pero, asimismo, es obligación del Estado tomar todas las medidas necesarias para apoyar a los padres en su función orientadora.
Por otra parte, hay una ley que quiero mencionar. Me refiero a la de filiación, que ha provocado una transformación cultural en la sociedad chilena, haciéndola más equitativa, igualitaria y democrática. Esta reforma ha sido una de las más trascendentales en nuestro período, ya que sienta las bases a los procesos crecientes de igualdad.
Otro logro significativo ha sido el esfuerzo por eliminar la violencia como forma de relacionarse al interior de la familia. Aunque la ley no cambia la realidad, es un paso necesario para poner término a una supuesta legitimidad o neutralidad del Estado a los malos tratos en el ámbito familiar.
Tenemos especial preocupación por las cifras que revelan un aumento en la cantidad de jefas de hogar, situación que debemos asumir acorde con la nueva realidad, pero, lamentablemente, no hemos sido flexibles.
Nos preocupa la feminimización de la pobreza y las consecuencias que esto tiene para nuestros hijos e hijas. Debemos abordar la tarea que corresponde.
En nuestro país ya no se trata de acceder a la educación, sino de lograr niveles adecuados y satisfactorios de aprendizaje; no sólo de asegurar el derecho de la convivencia familiar, sino de tener un entorno libre de maltrato infantil, tanto físico como sicológico; no sólo de conseguir el desarrollo personal y de evitar la malnutrición y la enfermedad, sino de elevar cada día la calidad de vida de los niños y niñas.
Tenemos que seguir trabajando, porque a ellos les debemos un Chile libre de violencia y con igualdad de oportunidades.
He dicho.
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